Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-003-2015-00559-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-003-2015-00559-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-003-2015-00559-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
25 de mayo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 76001-23-33-003-2015-00559-01 (61.135)
Demandante: IVAN RODRÍGUEZ RIAÑO Y OTRO
Demandado: NACIÓN – INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN – DAÑO POR ACTO ADMINISTRATIVO
Síntesis del caso: se pide indemnización de perjuicios porque el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses destituyó e inhabilitó al actor pese a que se encontraba prescrita la acción
disciplinaria y además omitió cancelar la anotación respectiva en el registro de antecedentes
disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 218 a
225 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2017
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca (fls. 207 a 211 cdno.
apelación) mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva de este proveído”. (fl. 211 cdno. apelación –
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 21 de mayo de 2015 (fls. 57. cdno. ppal.), Iván Rodríguez
Riaño, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad María de los
Ángeles Rodríguez, presentó demanda de reparación directa en contra del Instituto
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Expediente: 76001-23-33-003-2015-00559-01 (61.135)
Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 50 a 57 cdno. ppal.) con las
siguientes pretensiones:
“DECLARACIONES O CONDENAS
PRIMERA: Que se declare extracontractual y administrativamente
responsable al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES de los perjuicios materiales y daños morales causados al Dr.
Iván Rodríguez Riaño y a su hija menor María de los Ángeles Rodríguez por
la sanción disciplinaria impuesta a mi poderdante estando ésta prescrita y
por la omisión en que ha incurrido el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, de no cancelar la anotación de la sanción
disciplinaria en el Registro de Antecedentes Disciplinarios en la Procuraduría
General de la Nación del Dr. Iván Rodríguez Riaño.
CONDENAS
Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES, como reparación del daño ocasionado, a pagar a mis
mandantes, el equivalente en pesos colombianos de las siguientes
cantidades de dinero:
Perjuicios materiales:
1. Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES a pagar a mi mandante el Dr. Iván Rodríguez Riaño, la suma de
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($335.000. 000), por concepto de lucro cesante desde
septiembre de 2007 hasta abril de 2013.
Perjuicios morales:
1. Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES a pagar a mi mandante el Dr. Iván Rodríguez Riaño la suma
de Cien Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por cada uno como
perjuicios morales, en su calidad de hija, equivalente a la suma de SESENTA
Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($61.600.000).
2. Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES a pagar a mi mandante María de los Ángeles Rodríguez
Salamanca, la suma de Cien Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
por cada uno como perjuicios morales, en su calidad de hija, equivalente a
la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($61.600.000).
3. Condenar a la entidad demandada, al pago de costas procesales.
4. La condena administrativa será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad
con los índices de precios al consumidor.
5. La sentencia después de su ejecutoria causará intereses comerciales en
los primeros seis meses y luego de este término intereses moratorios de
conformidad con el artículo 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
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Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
6. Se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos (30 días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia) como lo ordena el artículo 176 del
Código Contencioso Administrativo.
INTERESES
Se debe a cada uno de los actores, intereses comerciales y los de mora a
partir del otro día de la ejecutoria de la sentencia, de acuerdo con el artículo
1653 del Código Civil.
INDEXACIÓN O CORRECCIÓN MONETARIA
Por este concepto se deben liquidar los valores correspondientes a la
corrección monetaria de las sumas de dinero pagaderas en efectivo hasta la
fecha del pago de la sentencia”. (fls. 50 a 52 cdno. ppal. – negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento de las súplicas se narraron, en síntesis, los siguientes hechos:
1) Mediante Resolución no. 00370 del 31 de julio de 2002, el señor Iván Rodríguez
Riaño fue nombrado en el cargo de profesional universitario medio tiempo forense
clase v grado 14 en la Unidad Básica de Palmira (Valle) del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses; se posesionó en dicho empleo el 13 de marzo de
2002 y para tal efecto presentó el certificado judicial expedido por el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS- y el certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación donde no figuraba ninguna sanción ni inhabilidad
alguna.
2) A través de la Resolución no. 00811 de 28 de septiembre de 2004 dicho instituto lo
nombró en el cargo de profesional universitario forense clase iv grado 13 y se
posesionó en ese empleo el 9 de noviembre de 2004.
3) Luego, mediante Resolución no. 000671 del 21 de septiembre de 2007, la entidad
demandada declaró insubsistente la designación efectuada en el cargo de profesional
universitario forense clase iv grado 13, ese acto fue confirmado por la Resolución no.
000886 del 7 de noviembre de 2007.
4) Finalmente, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses destituyó al actor y lo inhabilitó por 12 años por medio de la
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Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
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Resolución de 17 de diciembre de 2008, pese a que la acción disciplinaria se
encontraba prescrita, decisión que fue confirmada por la Resolución no. 1402 del 28
de diciembre de 2009 aunque disminuyó la inhabilidad a 10 años.
5) El 31 de enero de 2013 el Consejo de Estado dejó sin efectos dicha sanción por
cuanto “la acción disciplinaria se encontraba prescrita” y se había cumplido la
sentencia penal el 3 de abril de 2003, por lo cual anuló la Resolución de 17 de
diciembre de 2008 proferida por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Resolución no.1402 de 28 de diciembre
de 2009 emitida por la Dirección de Medicina Legal.
6) El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se ha negado a cumplir la
mencionada sentencia del Consejo de Estado que fue notificada por edicto el 13 de
abril de 2012, pues, aún no ha cancelado la respectiva anotación que pesa en contra
del actor en el registro de antecedentes disciplinarios e inhabilidades, lo cual les ha
ocasionado a él y a su hija los daños reclamados, toda vez que no puede contratar con
hospitales sus servicios como médico general.
7) El 22 de abril de 2013, la Procuraduría General de la Nación le informó al actor que
aún no ha recibido la respectiva petición de la entidad demandada para efectuar la
cancelación del antecedente disciplinario de 10 años que existe en contra de aquel
(fls. 52 a 54 cdno. ppal.).
3. Contestación de la demanda
La demanda fue admitida el 24 de septiembre de 2015 por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca quien ordenó notificar al Ministerio Público y al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 59 a 60 cdno. ppal).
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su contestación replicó
los hechos, se opuso a las pretensiones de la demanda, propuso las excepciones de
“culpa exclusiva de la víctima”, “genérica o innominada” y, finalmente, adujo que el
demandante no adelantó oportunamente el trámite en el Sistema de Información -
SIRI- de la Procuraduría General de la Nación para la cancelación del registro de la
sanción y de la inhabilidad, sumado al hecho de que tampoco probó los perjuicios
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Apelación sentencia
pretendidos; por consiguiente, el daño reclamado no le es imputable a la entidad
demandada (fls. 74 a 113 cdno. ppal.).
4. La sentencia apelada
El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora por las
siguientes razones principales:
1) Frente a los perjuicios provenientes de la sanción disciplinaria impuesta al actor por
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses existe cosa juzgada,
porque, el 31 de enero de 2013 el Consejo de Estado anuló los actos administrativos
sancionatorios debido a que la acción disciplinaria se encontraba prescrita y también
porque esta jurisdicción en primera y segunda instancias1 se abstuvo anular el acto
que había declarado insubsistente el nombramiento del demandante en el cargo que
ocupaba en esa entidad por encontrarse inhabilitado para desempeñarlo, razón por la
cual los perjuicios reclamados devienen de dichos actos que fueron previamente
enjuiciados y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho era el
adecuado para su reconocimiento2.
2) Respecto del daño derivado por la presunta omisión del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses en cancelar la referida sanción disciplinaria
después de que el 31 de enero de 2013 el Consejo de Estado había anulado los actos
administrativos sancionatorios, se encuentra acreditado que el 23 de abril de 2014 la
Procuraduría General de la Nación canceló dicha sanción en virtud de la petición que
presentó la entidad demandada mediante oficio de 8 de abril de 2014 con el objeto de
cumplir con dicho fallo judicial, el cual todavía no se encontraba ejecutoriado por existir
unas solicitudes de aclaración que se resolvieron el 23 de octubre de 2014 y se
1
Sentencia de 13 de abril de 2011 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali,
confirmada el 11 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca.
2
Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 2011-00027-00 (0099-2011), el actor
solicitó: i) la nulidad de las resoluciones de 17 de diciembre de 2008 y número 001402 de 29 de
diciembre de 2009 por medio de las cuales la entidad demandada lo destituyó e inhabilitó y, ii) el
reconocimiento y pago de perjuicios morales y daños a la vida de relación. El 31 de enero de 2013, la
Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado anuló esos actos administrativos porque la
acción disciplinaria se encontraba prescrita, pero, negó la indemnización solicitada porque no se
acreditó el daño emergente ni el lucro cesante pues, en este caso no se probó que el daño reclamado
era cierto y determinable (fls. 26 a 41 cdno. pruebas).
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notificaron el 12 de febrero de 2015; por consiguiente, la omisión alegada no se
configuró.
3) En consecuencia, el daño alegado por esa anotación disciplinaria no es antijurídico
porque la actuación estaba debidamente soportada en los actos administrativos que la
impusieron y el actor en su condición de empleado público estaba en el deber de
asumir y también de controvertir, tal como efectivamente lo hizo (fls. 207 a 211 cdno.
apelación).
5. El recurso de apelación
La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se
accedan a las pretensiones de la demanda (fls. 218 a 225 cdno. apelación), por
considerar, fundamentalmente, lo siguiente:
1) En el proceso se acreditó que el actor sufrió afectación en su vida profesional,
laboral y económica por los hechos que son objeto de la demanda, la cual ha sido
permanente.
2) No existe cosa juzgada, porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter laboral que se presentó contra el acto de insubsistencia del nombramiento
del demandante pretendía su reintegro, el pago de salarios, prestaciones y demás
bonificaciones e incrementos salariales dejados de percibir, mientras que el presente
asunto busca la reparación de los daños causados por la imposición de una sanción
disciplinaria e inhabilidad encontrándose prescrita la acción.
3) No es cierto que la anotación en el registro de antecedentes disciplinarios del
demandante se canceló con antelación a la firmeza del fallo del Consejo de Estado
que declaró la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, pues, el daño se
prolongó cuando la entidad demandada solicitó la aclaración de dicha decisión judicial.
4) Cuando el actor se posesionó en el empleo desconocía que estaba inhabilitado,
porque según el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación
del 1º de octubre de 2007 no registraba sanciones disciplinarias.
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6. Actuación surtida en segunda instancia
El 3 de mayo de 2018 se admitió el recurso de apelación, el 13 de julio de 2018 se
decretaron pruebas3, y finalmente, el 12 de diciembre de 2018 se corrió traslado a las
partes para alegaciones finales por el término común de diez (10) días y, al Ministerio
Público para que emitiera concepto (fls. 242, 245 a 249 y 309 cdno apelación, quienes
expresaron lo siguiente:
1) La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, solicitó
que se revoque la decisión de primera instancia y que se declare la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la entidad demandada, debido a que en el proceso se
acreditaron los perjuicios que le causó la sanción disciplinaria y la inhabilidad impuesta
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (fl. 324 a 330 cdno.
apelación).
2) A su turno, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pidió que se
confirme el fallo de primera instancia, toda vez que la cancelación de la sanción
disciplinaria del actor del registro de antecedentes de la Procuraduría General de la
Nación se realizó el 23 de abril de 2014, esto es, antes de la providencia que resolvió
sobre la aclaración del fallo de 31 de enero de 2013 proferido por el Consejo de Estado,
la cual se notificó el 12 de febrero de 2015; por consiguiente, que se cumplió con lo
dispuesto en dicha sentencia judicial antes de que se emitiera la respectiva aclaración
solicitada por ambas partes. Por otro lado, sostuvo que la cosa juzgada a la que hace
referencia el tribunal tiene que ver con el reconocimiento de perjuicios por la nulidad
de las resoluciones sancionatorias expedidas por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, los cuales fueron negados en esa oportunidad y ahora la
parte demandante pretende nuevamente reclamarlos. Finalmente adujo que no se
demostró la afectación psicológica del demandante ni los perjuicios morales y
económicos que presuntamente padeció (fl. 312 a 323 cdno. apelación).
3) El Ministerio Público guardo silencio.
3
Ese auto decretó como pruebas en segunda instancia: la demanda de disminución de cuota alimentaria
presentada por el actor dentro del proceso2017-00403-00 que se tramita en el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Palmira Valle del Cauca y el respectivo auto admisorio (fls. 245 a 249 cdno.
apelación).
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) hechos probados, 3) análisis de la responsabilidad, 4 conclusión y, 5)
condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna4, la Sala debe verificar si el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es responsable patrimonial y
extracontractualmente por haber destituido e inhabilitado al actor pese a que la acción
disciplinaria se encontraba prescrita y, por no haber cancelado dicha sanción en el
registro de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación una
vez quedó en firme el fallo judicial que la anulo.
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones
de la demanda porque, frente a la primera reclamación, la fuente del daño no
deviene de un hecho u omisión de la entidad demandada sino de actos
administrativos sancionatorios5 que el actor reputa ilegales con el fin de obtener la
4
La demanda pretende la indemnización de perjuicios i) por la sanción de destitución e inhabilidad que
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses le impuso al actor pese a que la acción
disciplinaria se encontraba prescrita y, ii) por la presunta omisión de dicha entidad en cancelar esa
sanción en el registro de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación una vez
quedó en firme la decisión judicial que la anuló.
En cuanto al primer daño se observa que los actos administrativos sancionatorios fueron anulados el 31
de enero de 2013 por el Consejo de Estado, decisión que quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 2015,
por tanto, la parte actora tenía hasta el 18 de febrero de 2017 para demandar a través del medio de
control de reparación directa, de modo que como el libelo se presentó el 21 de mayo de 2015 previo
agotamiento del respectivo requisito de procedibilidad, no se configuró la caducidad de dicho medio de
control conforme lo previsto en el artículo 164-i del CPACA (fls. 47 a 49 y 57 cdno. ppal. y 245 y 262
cdno. pruebas).
Finalmente, respecto del daño alegado por la omisión en cancelar dicha sanción en el registro de
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación a partir de la firmeza del referido
fallo judicial, se advierte que el plazo para presentar oportunamente la demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa también fenecía el 18 de febrero de 2017, de suerte que como el libelo
introductorio se presentó en la fecha anteriormente indicada previo agotamiento de la conciliación
extrajudicial, tampoco se produjo la caducidad de dicho medio de control según la normatividad citada
(fls. 47 a 49 y 57 cdno. ppal.).
5
Resolución de 17 de diciembre de 2008 que destituyó e inhabilitó al actor por 12 años la cual fue
confirmada en todas sus partes por la resolución no. 1402 de 28 de diciembre de 2009 y que además
disminuyó la inhabilidad a 10 años.
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Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
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indemnización de perjuicios que le fue denegada por esta jurisdicción dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó previamente por
las mismas razones alegadas en esta oportunidad6, por lo cual, según lo dispuesto
en los artículos 138 y 140 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia de esta
Sección7, el medio de control de reparación directa no es procedente con ese
propósito ni tampoco para reclamar nuevamente dicha indemnización cuando no
se probó o solicitó dentro del proceso primigenio, sin desconocer, como lo advirtió
la primera instancia, que frente algunas de esas súplicas existe cosa juzgada
porque fueron resueltas negativamente en el referido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De otra parte, en torno al daño proveniente de la presunta omisión en que incurrió
el Instituto Nacional de Medicina Legal por no cancelar la mencionada sanción
disciplinaria en el registro de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación luego de la firmeza de la decisión judicial que la anuló 8, advierte la
Sala que la antijuridicidad del daño alegado no se configuró, toda vez que se
demostró que la entidad demandada solicitó eliminar dicha sanción antes de que
quedase ejecutoriado el mencionado fallo que profirió esta Corporación, razón por
la cual, tampoco se estructuró la omisión alegada ni se produjo el daño reclamado.
2. Hechos probados
La Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para resolver la
presente controversia:
1) El 20 de marzo de 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira (Valle
del Cauca) declaró penalmente responsable al señor Iván Rodríguez Riaño por
6
En esa ocasión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 2011-00027-00
(0099-2011), el señor Iván Rodríguez Riaño solicitó la nulidad de las resoluciones de 17 de diciembre
de 2008 y número 001402 de 29 de diciembre de 2009 por medio de las cuales la entidad demandada
lo destituyó e inhabilitó como también el reconocimiento y pago de perjuicios morales y daños a la vida
de relación, el 31 de enero de 2013, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado anuló
esos actos administrativos porque la acción disciplinaria se encontraba prescrita, pero, negó la
indemnización solicitada porque no se acreditó el daño emergente ni el lucro cesante pues, en este caso
no se probó que el daño reclamado era cierto y determinable (fls. 26 a 41 cdno. pruebas).
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011. exp. 26.758. Asimismo, ver
entre otras las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16.474; del 19 de julio de 2007, exp. 30.905;
del 31 de agosto de 2005. exp. 29.511.
8
El fallo de 31 de enero de 2013 quedó en firme el 17 de febrero de 2015, luego de que se resolvieron
las peticiones de aclaración presentadas por las partes (fls. 245 y 262 cdno. pruebas).
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Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
cometer el delito de acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir
previsto en el artículo 300 del CP en contra de Martha Cecilia Zamora Alarcón, por
lo cual fue condenado a la pena principal de 24 meses de prisión y a las accesoria
de interdicción de derechos y, por el mismo lapso, suspensión en el ejercicio de la
profesión de médico por un año; decisión que quedó ejecutoriada el 3 de abril de
2001 (fls. 2 a 19 cdno. pruebas).
2) El 13 de septiembre de 2002, el actor se posesionó en el cargo de profesional
universitario forense grado 14 en la Unidad Local de Palmira del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el cual fue nombrado mediante la
resolución no. 000370 de 31 de julio de 2002; el 9 de noviembre de 2004 se
posesionó como profesional universitario forense grado 13 en esa misma unidad
de la entidad demandada, empleo en el que fue designado a través de la Resolución
no. 000811 del 28 de septiembre de 2004 (fls. 2 a 5 cdno. ppal.).
3) La entidad demandada declaró insubsistente el nombramiento del actor en el
citado cargo de profesional universitario mediante resolución no. 00671 de 21 de
septiembre de 2007, por el hecho de haber incurrido en la inhabilidad prevista en el
artículo 150 de la Ley 270 de 1996 debido a que había sido condenado penalmente
por la comisión de un delito, decisión que fue confirmada mediante la resolución no.
00886 de 7 de noviembre de 2007 (fls. 6 a 10 cdno. ppal.).
4) El 5 de febrero de 2008, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses inició una investigación disciplinaria
en contra del actor por encontrarse presuntamente inhabilitado cuando se posesionó
en el cargo de profesional universitario grado 14 en dicha entidad; posteriormente, el
17 de diciembre de 2008, fue encontrado disciplinariamente responsable por dicha
circunstancia, por lo cual se lo sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años,
acto que fue confirmado por la resolución no. 001402 del 28 de diciembre de 2009
que modificó la inhabilidad por el término de 10 años (fls. 11 a 25 cdno. ppal y 142 a
164, 190 a 189 y 212 a 215 cdno. de pruebas).
5) El 13 de abril de 2011, el Juzgado Noveno Administrativo de Cali (Valle del Cauca)
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
el actor presentó para que se anulara la referida Resolución no.00671 de 21 de
septiembre de 2007 que declaró la insubsistencia del nombramiento del cargo que
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Expediente: 76001-23-33-003-2015-00559-01 (61.135)
Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
ocupaba en la entidad demandada y se efectuaran las condenas consecuenciales;
decisión que fue confirmada el 11 de noviembre de 2012 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (fls. 217 a 227 vlto. cdno. pruebas).
6) El 31 de enero de 2013, la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado
anuló los referidos actos administrativos sancionatorios porque la acción disciplinaria
se encontraba prescrita y denegó las indemnizaciones solicitadas porque no fueron
probadas, providencia que quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 2015, previa
resolución negativa de las solicitudes de aclaración formuladas por las partes (fls. 26
a 41 cdno. ppal y 228 vlto. a 245 y 253 a 262 cdno. de pruebas).
7) Mediante oficio de 14 de junio de 2016, la Procuraduría General de la Nación
informó puntualmente que respecto de la referida sanción disciplinaria e inhabilidad
que le impuso la entidad demandada y que fue anulada por esta Corporación el 31
de enero de 2013, se canceló su registro el 23 de abril de 2014 del sistema de
información de registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI), en virtud de la
petición que presentó la entidad demandada para dar cumplimiento al citado fallo (fls.
161 a 165 cdno. ppal).
3. Análisis de la responsabilidad
3.1 La reclamación por el daño derivado de los actos administrativos
sancionatorios ilegales porque había prescrito la respectiva acción
disciplinaria
1) Esta Subsección ha reiterado que el medio de control judicial de reparación directa
consagrado en el artículo 140 del CPACA está concebido para demandar la reparación
del daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por
cualquiera otra causa, siempre que esta última no consista en un acto administrativo
porque, cuando este constituye la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé
como medio de control generalmente pertinente el de nulidad y restablecimiento del
derecho.
No obstante, existen casos excepcionales en los que el medio de control de reparación
directa es procedente cuando el daño proviene de actos administrativos, los cuales
esta Subsección ha precisado así:
12
Expediente: 76001-23-33-003-2015-00559-01 (61.135)
Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este momento se
han identificado en la jurisprudencia y que permiten afirmar que la acción de
reparación directa es el cauce procesal idóneo cuando el origen del daño lo
constituya una actuación administrativa: (i) reparación de perjuicios
causados por la ejecución de actos administrativos consonantes con el
ordenamiento jurídico en los que no se controvierta su legalidad y se atente
contra el principio de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de
perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo
ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la
propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto
administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la configuración de un
daño derivado de una manifestación de la administración contra la cual no
procede la acción de legalidad pertinente, como ocurre con los actos
preparatorios o de trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la
anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere
beneficiado al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa.
Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las
pretensiones cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que si
no se discute la legalidad de aquél sino los efectos que produce y que
ponen al afectado en una situación de desequilibrio frente a las cargas
públicas, la reparación directa se torna viable para encausar las
pretensiones así formuladas, bajo el título de imputación de daño
especial por provenir de una actividad lícita y legítima del Estado. A
contrario, si lo que en el fondo se produce es un ataque contra el acto
administrativo, así se invoque una acción diferente, la que procede es
la de nulidad y restablecimiento.” .
Por tanto, cuando la fuente del daño es un acto administrativo y el medio de control
ejercido es el de reparación directa, es necesario examinar si el caso se ajusta a alguna
de las cuatro excepciones que jurisprudencialmente se han identificado, sin perjuicio
de que puedan presentarse otros eventos.
2) En este caso no hay duda de que el daño reclamado deviene de los referidos actos
administrativos sancionatorios9 mediante los cuales la entidad demandada destituyó e
inhabilitó al actor y que en esta sede reprocha nuevamente su validez sobre la base
de que la acción disciplinaria se encontraba prescrita, tal como en su momento lo
controvirtió ante esta Corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho10 que el demandante había presentado con antelación.
9
Resolución de 17 de diciembre de 2008 que destituyó e inhabilitó al actor por 12 años la cual fue
confirmada en todas sus partes por la Resolución no. 1402 de 28 de diciembre de 2009 y que además
disminuyó la inhabilidad a 10 años.
10
En esa ocasión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 2011-00027-00
(0099-2011) el señor Iván Rodríguez Riaño solicitó la nulidad de las resoluciones de 17 de diciembre
de 2008 y número 001402 de 29 de diciembre de 2009 por medio de las cuales la entidad demandada
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Apelación sentencia
De igual manera, se observa que en este proceso la parte actora pretende obtener la
indemnización de perjuicios que le fue denegada en el fallo que anuló esas decisiones
sancionatorias, porque, la acción disciplinaria se encontraba prescrita dentro del
referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho11.
3) En ese contexto, según lo dispuesto en los artículos 138 y 140 de la Ley 1437
de 2011 y la jurisprudencia citada, estima la Sala que no se presenta ninguna de
las excepciones para predicar que el medio de control de reparación directa incoado
es procedente para solicitar la reparación de perjuicios, debido a que el origen del
daño dimana de actos administrativos disciplinarios sancionatorios que se reputan
ilegales en esta oportunidad por la misma razón que generó su anulación en esta
jurisdicción.
En efecto, la demanda plantea que esos actos disciplinarios sancionatorios
causaron los daños que ahora se reclaman debido a que la acción disciplinaria se
encontraba prescrita, lo cual, a juicio de la Sala, constituye nuevamente un reproche
sobre la validez de esas decisiones; controversia que fue debatida previamente en
esta jurisdicción a través del referido proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y que fue zanjada mediante la anulación de dichas decisiones, pese a que
se denegaron los perjuicios morales y de daño a la vida de relación por cuanto no
fueron acreditados.
4) Dentro de ese contexto, el medio de control de reparación directa tampoco es
procedente para reclamar nuevamente los perjuicios denegados o aquellos otros
que no se solicitaron dentro del aludido proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, tal como lo pretende esta vez la parte actora al solicitar el reconocimiento
de perjuicios morales y materiales debido a que la acción disciplinaria se
encontraba prescrita.
lo destituyó e inhabilitó como también el reconocimiento y pago de perjuicios morales y daños a la vida
de relación (fls. 26 a 41 cdno. pruebas).
11
El 31 de enero de 2013, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado anuló esos actos
administrativos porque la acción disciplinaria se encontraba prescrita, pero, negó la indemnización
solicitada porque no se acreditó el daño emergente ni el lucro cesante, pues en este caso no se probó
que el daño reclamado era cierto y determinable.
14
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En ese orden de ideas, es preciso señalar, tal como lo advirtió la primera instancia,
que en este caso se presenta el fenómeno de la cosa juzgada frente a los perjuicios
morales reclamados nuevamente en esta oportunidad por el actor, toda vez que se
demostró que esos perjuicios fueron denegados en el mencionado proceso de
nulidad y restablecimiento debido a que no se acreditaron; de ahí que le
correspondía a la parte actora dentro de dicha causa probar los perjuicios que le
fueron denegados y solicitar y acreditar también los perjuicios materiales que
pretende en este proceso.
.
5) Por consiguiente, según lo expuesto, los perjuicios que ahora se reclaman con
ocasión de los actos administrativos disciplinarios que destituyeron e inhabilitaron
al demandante debido a que la acción disciplinaria se encontraba prescrita,
debieron solicitarse dentro del citado proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues, el presente medio de control no es el adecuado o procedente para
dicho propósito debido a que el sustento del daño consiste en la ilegalidad de los
actos administrativos12, más aún cuando esta esta Subsección ha sostenido que no
existe limitación del tipo de perjuicios que se pueden solicitar a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho13.
3.2 La reclamación por el daño derivado de la omisión de la entidad
demandada en cancelar la sanción disciplinaria e inhabilidad ante la
Procuraduría General de la Nación luego de la ejecutoría del fallo que la
anuló
1) Frente al daño proveniente de la presunta omisión en que incurrió el Instituto
Nacional de Medicina Legal por no cancelar la mencionada sanción disciplinaria en
el registro de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación
luego de la firmeza de la decisión judicial que la anuló14, advierte la Sala que el
daño alegado no se configuró.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. 5 de
febrero de 2021, radicación 25000-23-26-000-2011-01499-01 (48.950), CP Marta Nubia Velásquez
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, proceso no. 25000-23-26-000-2011-01589 01
(50195), CP. Alberto Montaña Plata.
14
El fallo de 31 de enero de 2013 quedó en firme el 17 de febrero de 2015, luego de que se resolvieron
las peticiones de aclaración presentadas por las partes (fls. 245 y 262 cdno. pruebas).
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2) Según se acreditó fehacientemente, la entidad demandada solicitó eliminar dicha
sanción e inhabilidad incluso antes de que quedase ejecutoriado el mencionado
fallo que profirió esta Corporación, tal como lo manifestó la Procuraduría General
de la Nación.
En efecto, mediante oficio de 14 de junio de 2016, dicha entidad informó que el
registro de la sanción disciplinaria e inhabilidad que le impuso el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que fue anulada por esta jurisdicción
dentro del referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se eliminó el
23 de abril de 2014 del sistema de información de registro de sanciones y causas
de inhabilidad (SIRI), en virtud de la petición de 8 de abril de 2014 que presentó la
entidad demandada para dar cumplimiento al referido fallo.
Habida cuenta que dicha providencia quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 2015
luego de que se resolvieron negativamente las peticiones de aclaración
presentadas por las partes, es evidente que no se estructuró la omisión reprochada
y, por ende, no se produjo el daño alegado.
3) Por consiguiente, no hay lugar a predicar la responsabilidad de la entidad
demandada por la omisión reclamada.
4. Conclusión
No prospera el recurso de apelación, por cuanto se verificó, de un lado, que la parte
actora no podía reclamar perjuicios a través del medio de control de reparación
directa porque la fuente del daño proviene de actos administrativos disciplinarios
que se reputan ilegales y aquellos no fueron o solicitados o probados dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó previamente el
actor, sin dejar de lado que frente algunas de esas reclamaciones se presentó el
fenómeno de la cosa juzgada y, de otra parte, porque tampoco se configuró el daño
alegado derivado de la omisión de la entidad demandada en cancelar el registro de
la sanción disciplinaria e inhabilidad en el sistema SIRI de la Procuraduría General
de la Nación luego de la ejecutoria del fallo que la anuló. Por tanto, se confirmará
el fallo apelado y se condenará en costas en esta instancia a la parte demandada.
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Apelación sentencia
Condena en costas
Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, salvo en los procesos en se
ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el artículo 365
del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte
vencida en el proceso (…) cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias”.
En este caso, la parte vencida es la parte demandante, por consiguiente, se la
condenará a pagar las costas por concepto de gastos y expensas en esta instancia,
en la medida de su comprobación, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen
en forma concentrada según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
De otra parte, respecto de las agencias en derecho el numeral 4 del artículo 366 del
CGP dispone que para su liquidación debe tenerse en cuenta “la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente”,
es claro que las partes vencedoras intervinieron con sus respectivos apoderados en
esta instancia; por lo tanto, las agencias en derecho en esta instancia se fijaran en
favor de las entidad demandada en tres (3) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a esta fecha a cargo de la parte actora de conformidad con lo establecido
para el efecto en Acuerdo no. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 expedido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Confirmase la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
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Actor: Iván Rodríguez Riaño y otro
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2º) Condénase en costas por concepto de expensas y gastos en esta instancia a la
parte demandante, las cuales deberán liquidarse por la primera instancia de forma
concentrada en caso de haberse causado.
3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho en segunda instancia la suma de
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia a
cargo de la parte demandante y en favor de la entidad demandada.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
FREDDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022
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