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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01418-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01418-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del siete (7) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual, se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Miguel Ramiro Mendoza Caicedo, en contra del Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana. 18 Expediente No. 2017-01418-01(206-2025) Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas en instancia. CUARTO: Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-010-2017-01418-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 76001233301020170141801 (206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Fuerza Aérea Colombiana
Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Pensión de jubilación tiempo continuo Decreto 1214 de
1990
Decisión: Decide recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia del siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

El señor Miguel Ramiro Mendoza Caicedo, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, para
solicitar la nulidad del acto administrativo N° 20163541018573 del 21 de
diciembre de 2016, por medio del cual, la Fuerza Aérea Colombiana le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por tiempo continuo consagrada en

1 Magistrado ponente Oscar Alonso Valero Nisimblat. En casos similares, el ponente ha presentado
impedimento y este, se ha declarado infundado. Al respecto, se cita el proceso 0264-2023.
2 Índice 0001 del aplicativo Samai del Tribunal del Valle del Cauca, cuaderno demanda principal

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990. En síntesis, pidió que se acceda a las
siguientes:

1.1. Pretensiones

3.1Que se declare la nulidad del acto administrativo No20163541018573 de
fecha 21 de diciembre de 2016, emitido por el director de Personal de la FUERZA
AÉREA COLOMBIANA, Coronel Javier Neira Pedraza, donde despachó en forma
desfavorable la solicitud de pensión de jubilación por tiempo continuo conforme
al artículo 98 del decreto 1214 de 1990 aplicable a los servidores públicos que
prestan sus servicios a las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA.

3.2 Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se declare que MIGUEL RAMIRO MENDOZA CAICEDO es beneficiario de la
pensión de jubilación por tiempo continuo conforme al artículo 98 del decreto
1214 de 1990 aplicable a los servidores públicos que prestan sus servicios a las
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA.

3.3 Que se ordene al Director de las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA que
emita la correspondiente Resolución mediante la cual se otorga la mencionada
pensión de jubilación por tiempo continuo a mi prohijado.

3.4 Que conceda el correspondiente retroactivo desde la fecha en que el
demandante obtuvo el derecho a pensionarse conforme al Decreto 1214 de 1990,
incluyendo los factores salariales del mencionado Decreto, así como los factores
enunciados en la Ley 4a. de 1992, Decreto 1158 de 1994 y ley 33 de 1985, y los
pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, sumas que deberán
ser debidamente indexadas, así como el reconocimiento de los intereses a que
haya lugar.

3.5 Que los intereses sean reconocidos en la forma señalada en el último inciso
del artículo 192 del C.C.A.

3.6 Que la entidad demandada deberá cumplir con respecto a la sentencia con
los artículos 189 y 195 del C.C.A

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Miguel Ramiro Mendoza Caicedo, nació el 22 de marzo 1964, en Cali, Valle del
Cauca. Prestó su servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana desde el 30 de
junio de 1982 hasta el 20 de enero de 1984.

El demandante, para la fecha de la presentación de la demanda, está vinculado
en la entidad demandada, en el cargo de orgánico de escuadrilla mantenimiento
general CACOM 7 Grute Esman desde el 1 de noviembre de 1995 hasta la fecha
de presentación de la solicitud de conciliación.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

El accionante, ostenta un tiempo continuo y consolidado de labores en la Fuerza
Aérea Colombiana de 21 años y 23 días, que sumado al tiempo de servició militar
equivalente a 01 año, 06 meses y 20 días, arroja un total de tiempo certificado de
23 años y 01 mes, tiempo de servicio que le permite acceder al reconocimiento
de la pensión de que trata el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990.

Describió que, radicó petición el 25 de noviembre de 2016, con el objetivo que se
reconociera la mencionada pensión de jubilación. Sobre el particular, la entidad
accionada mediante el acto administrativo N° 20163541018573 del 21 de
diciembre de 2016, negó el reconocimiento de la prestación, con lo cual quedó
agotada la vía administrativa.

El 6 de febrero de 2017 acudió ante la Procuraduría 59 Judicial II para Asuntos
Administrativos para llevar a cabo conciliación administrativa convocando a la
Fuerza Aérea Colombiana FAC, pero la entidad no compareció a la audiencia.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos 2, 6, 29, 25 y 58, Ley 6a de 1945, artículo 4º, Ley
4a de 1966, artículos 3 leyes 33 y 62 de 1985, artículo 2º de la Ley 5a. de 1969,
artículos 9 y 11 de la Ley 71 de 1988, Código Civil artículo 10, artículos 98 y 103
del Decreto 1214 de 1990, Decreto 2743 de 2010, Decreto 1070 de 2015-Decreto
Único Reglamentario del Sector Defensa, Decreto 1743 de 1966, Decreto 1045 y
Decreto 1042 de 1978.

Como concepto de violación, en síntesis, explicó lo siguiente:

La parte actora explicó que, el Decreto-ley 1214 de 1990 estableció el régimen
salarial, prestacional y pensional de los servidores públicos civiles del Ministerio
de Defensa Nacional, y dicha normativa fue modificada mediante el Decreto-ley
1792 de 2000 que regula la administración de personal para los servidores
públicos civiles del Ministerio de Defensa Nacional.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

Se entiende por personal civil, para todos los efectos del mencionado decreto, el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado de
la Policía Nacional. Los servidores públicos que prestan sus servicios en las
entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional se rigen por
las normas vigentes propias de cada organismo.

Puso de presente que, de acuerdo con el artículo 2o del Decreto-ley 1792 de
2000, el servicio que prestan los servidores públicos civiles o no uniformados es
esencial para el cumplimiento de las funciones básicas del Ministerio de Defensa
Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, esto es, la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional, así como para brindar las condiciones necesarias para garantizar
el ejercicio de los derechos humanos, las libertades públicas y la convivencia
pacífica de los residentes en Colombia.

El Decreto-ley 1792 de 2000 rigió a partir de la fecha de su publicación y derogó
las disposiciones que le eran contrarias, en especial, las del Decreto- ley 1214
de 1990 y el Decreto 2909 de 1991, con excepción de las relativas a los
regímenes pensional, salarial y prestacional. Señaló que, el Decreto 1214 de
1990, estableció en el artículo 98 la pensión de jubilación por tiempo continuo,
para los empleados del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que
cumplan 20 años continuos, incluido el servicio militar hasta por 24 meses.

Por otro lado, argumentó que, la ley no tiene barreras al derecho que le asiste al
personal civil que presta sus servicios a las fuerzas militares y define con claridad
el derecho a pensionarse con 20 años de servicio y cualquier edad a estos
servidores públicos, por su especial subordinación, el apoyo logístico y
operacional a la milicia, la obligatoriedad de disposición a los requerimientos
militares y el pertenecer a una planta global y flexible.

En lo referente a los argumentos de reproche respecto del acto acusado, señaló
en primer lugar que, este se encuentra viciado de nulidad “por violación directa
por interpretación errónea de la norma”(sic). Sobre el particular, expresó lo
siguiente:

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

“Se pretende excluir, a los beneficiados del régimen especial de las Fuerzas
Armadas, del derecho otorgado en el Decreto 1214 de 1990 y demás normas en
el análisis constitucional y jurídico que expondré más adelante donde se define
claramente que el personal civil que presta sus servicios a las fuerzas armadas de
Colombia, son parte integral de sus fuerzas y que por tanto tiene derecho
a pensionarse conforme al artículo 98 del DECRETO 1214 DE 1990, DECRETO
2743 DE 2010 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Defensa
DECRETO 1070 DE 2015” (sic).

En segundo lugar, manifestó que el acto enjuiciado también está viciado de
nulidad por falsa motivación. A su juicio: «los hechos que tuvo en cuenta la
FUERZA AÉREA COLOMBIANA para desconocer la solicitud de pensión del
peticionario no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se
incurrió por tanto en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el
escenario táctico que el Director de Personal de la FAC supuso que existía al
tomar la decisión, al considerar que el Decreto 1214 de 1990 no permite otorgar
la pensión de jubilación por tiempo continuo, sino que sustenta su negación en la
supuesta aplicación de la Ley 100 de 1993, desconociendo el orden superior y la
estricta estructura piramidal de las leyes, cuando el acto legislativo 01 de 2005 y
el Decreto 1070 de 2015-DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
DEFENSA, dejaron incólumes los derechos de los servidores públicos civiles que
prestan sus servicios a las Fuerzas Militares de Colombia».

2. Contestación de la demanda3

El Misterio de Defensa Fuerza Aérea Colombiana, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones. Consideró que el demandante, no tiene derecho a la prestación
reclamada como lo consideró el A quo, porque el señor Mendoza Caicedo se
vinculó a la institución con posterioridad al 1 de abril de 1994, siendo aplicable
para su caso, las disposiciones de la Ley 100 de 1993, sin que pueda pretenderse
acudir a la regulación del Decreto 1214 de 1990.

3. La sentencia de primera instancia4.

3 Índice 0007 del aplicativo Samai del Tribunal del Valle del Cauca, cuaderno demanda principal

pdf.
4 Índice 00020 aplicativo Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió a las pretensiones
de la demanda y en consecuencia ordenó lo siguiente:

PRIMERO. – DECLARAR LA NULIDAD DEL OFICIO 20153541018573 DEL 21
DE DICIEMBRE DE 2016, por el que la Dirección de Personal del Comando
General de las Fuerzas Militares negó al señor Miguel Ramiro Mendoza
Caicedo, la aplicación de las disposiciones del articulo 98 del Decreto 1214 de
1990 para el reconocimiento de la pensión de jubilación a que tiene derecho,
por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- En consecuencia, de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Dirección de Personal del
Comando General de las Fuerzas Militares para que, una vez se verifique el
retiro efectivo del servicio del señor Miguel Ramiro Mendoza Caicedo, a través
de la dependencia correspondiente expida el acto administrativo que reconozca
la pensión de jubilación por tiempo continuo de que trata articulo 98 del Decreto
1214 de 1990.

TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- El cumplimiento de la sentencia se dará en los términos del artículo
192 del CPACA.

QUINTO.- ABSTENERSE de condenar en costas a la parte activa, conforme a
los argumentos descritos en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO.- En firme esta decisión, ARCHIVAR el expediente, dejando las
anotaciones de rigor en los sistemas informáticos con los que cuenta esta
Corporación.

El tribunal explicó, luego de referirse a la pensión de jubilación por tiempo
continuo establecido en el artículo 98 de la Ley 1214 de 1990, y hacer referencia
a las pruebas allegadas al proceso que, para el caso del demandante no se
desconoce que este empezó a prestar sus servicios como civil en el grado de
adjunto segundo, despacho de aeronaves a partir del 1 de noviembre de 1995,
pero argumentó que ésta sola circunstancia no sirve de fundamento para que la
prestación por jubilación se deba reconocer bajo el régimen de Ley 100 de 1993.

Argumentó que, fue el parágrafo del artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, el que
indicó que se entendería por tiempo continuo, aquel que tuviera interrupciones
superiores a quince días seguidos, excepto cuando se tratase de servicio militar
obligatorio. En concordancia con lo dicho, del texto del mismo artículo 98 se
desprende que, los 20 años de servicio, incluirían el servicio militar obligatorio
hasta por periodo de 24 meses, los cuales podrían prestarse en cualquier tiempo.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

De otra parte, señaló que, para el caso del señor Miguel Ramiro Mendoza, la
constancia completa del tiempo de servicio, revela que existió una primera
vinculación para cumplir con el servicio militar obligatorio por espacio de 18
meses y 20 días a partir del 30 de junio de 1982 y hasta el 20 de enero de 1984,
siendo claro que se cumplen los presupuestos normativos para que se computen
continuamente los tiempos correspondientes al servicio militar obligatorio y al
cuerpo civil.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que, accederá parcialmente a lo pretendido
en la demanda, pues resulta posible en el caso concreto, que al señor Miguel
Ramiro Mendoza Caicedo se le reconozca y liquide su pensión de jubilación en
los términos del artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, en la medida en que es
viable acumular el tiempo atinente al servicio militar obligatorio, y el cuerpo civil,
como se evidenció en líneas que preceden. Sobre el restablecimiento del
derecho, es de indicar que éste se limitará a que, el acto administrativo que
llegara a expedirse y que está sujeto al retiro efectivo del servicio, tome como
punto de partida las disposiciones del tantas veces mencionado artículo 98 del
Decreto 1214 de 1990 para calcular la pensión de jubilación a que tenga derecho
el servidor.

Finalmente precisó que, es necesario esclarecer que la norma cuya aplicación se
pretende, sujeta el reconocimiento de la prestación de jubilación al retiro efectivo
del servicio, circunstancia que por las certificaciones anexas y la información
aportada por el demandante no había ocurrido hasta el momento de interposición
de la demanda, es decir, el 27 de junio de 2017. En ese orden de ideas, no es
posible acceder al restablecimiento del derecho solicitado por el actor en el
sentido de que se pague el retroactivo generado con posterioridad al 11 de abril
de 2014, pues se insiste en que para ese momento el señor Mendoza Caicedo
estaba inscrito a la institución, devengando su salario de manera habitual como
técnico.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

4. El recurso de apelación

El ministerio de defensa, Fuerza Aérea expuso que está en desacuerdo con la
sentencia de primera instancia, por cuanto el operador judicial efectuó una
interpretación errónea de la norma y la jurisprudencia, siendo necesario aclarar
que, no es plausible computar la vinculación para cumplir con el servicio militar
obligatorio que en este caso aconteció por espacio de 18 meses y 20 días, con
el tiempo laborado al servicio de la entidad Ministerio de Defensa Nacional en
calidad de personal civil, siendo evidente el incumplimiento de los presupuestos
normativos para que se computen tiempos correspondientes al servicio militar
obligatorio y al cuerpo civil para acceder al derecho reclamado, que además es
evidente la interrupción de aproximadamente 10 años y, en este entendido la
norma no permite que estos lapsos se articulen entre sí, máxime sí su vinculación
como personal civil acontece con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993.

Argumentó que, al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, le son
respetados los derechos adquiridos y, por ende, se le aplican los preceptos
contenidos en el Decreto 1214 de 1990, si fueron vinculados antes de la entrada
en vigencia del régimen general de pensiones, esto es, la Ley 100 de 1993, no
obstante, si se vincularon con posterioridad al ingreso de ésta última norma, se
le aplica la misma en su integridad. Pasando al caso que nos ocupa, de las
pruebas allegadas, se avizora que el señor Miguel Ramiro Mendoza Caicedo, se
vinculó el 11 de noviembre de 1995, como personal civil en la Fuerza Aérea
Colombiana, razón por la cual de entrada se colige que no le son aplicables las
disposiciones normativas del Decreto 1214 de 1990 para el reconocimiento de la
pensión aducida, pues lo cobija el régimen general de pensiones, teniendo en
cuenta su fecha de vinculación al servicio.

Puso de presente que, si bien el actor solicita en la demanda que le sea tenida
en cuenta la fecha desde la cual, se vinculó para la prestación del servicio militar
obligatorio, esto es, 30 de enero de 1982 y el 20 de enero de 1984, para la
aplicación del régimen especial contenido en el Decreto 1214 de 1990, lo cierto

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

es que, el servicio militar obligatorio no genera vínculo laboral alguno con el
Estado, pues el mismo comporta el cumplimiento de un deber legal.

Finalmente solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, toda vez
que, para el 01 de abril de 1994 cuando empezó a regir la Ley 100 de 1993 el
demandante no se encontraba vinculado a las Fuerzas Armadas, dicha
vinculación solo se efectuó hasta el 11 de noviembre de 1995, luego entonces,
no es beneficiario del régimen exceptuado y por lo tanto, no es posible acceder
al reconocimiento del Decreto Ley 1214 de 1990, aunado al hecho que no es
viable entrar a analizar la situación del demandante bajo los preceptos de la Ley
100 de 1993, toda vez que, esto no fue solicitado en la demanda ni en vía
administrativa.

5. Trámite en segunda instancia

En auto del 24 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar comoquiera
que no hubo pruebas por practicar.

II. CONSIDERACIONES
1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

5 Índice 00004 aplicativo Samai Consejo de Estado
6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la
Sala debe decidir si en el presente caso ¿el señor Miguel Ramiro Mendoza
Caicedo es beneficiario de la pensión de jubilación por tiempo continuo
consagrada en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco jurídico y jurisprudencial del régimen prestacional del
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; 2.2. Hechos
probados; 2.3. Caso concreto y 2.4. Condena en costas.

2.1 Marco Jurídico y jurisprudencial del régimen prestacional del personal
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Mediante el Decreto 2339 de 1971 el Gobierno Nacional expidió el Estatuto de
Personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que fue
modificado por el Decreto 2247 de 1984. Posteriormente, por medio del Decreto
Ley 1214 de 1990 se reformó el estatuto y el régimen prestacional del personal
civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, y la Policía Nacional.

En dicha normativa, se estableció la pensión de jubilación por tiempo continuo, a
la que tendrían derecho, los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de
la Policía Nacional que cumplieran 20 de años de servicio continuo a dichas
entidades. Los requisitos para acceder a dicha prestación, se regularon en el
artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR TIEMPO CONTINUO. El
empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite
veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar
obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo,
tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público se le
pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente
al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera que
sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 de
este Decreto.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

PARÁGRAFO. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del
presente Decreto, se entiende por tiempo continuo, aquel que no haya tenido
interrupciones superiores a quince (15) días corridos, excepto cuando se trate del
servicio militar”.

La Sala destaca que, los artículos 98 y 100 del Decreto 1214 de 1990 fueron
declarados exequibles por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1143 de
2004, al considerar que, el legislador se encuentra constitucionalmente habilitado
para expedir un régimen prestacional, de carrera y disciplinario especial para los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En razón de ello, los
exceptuó de la aplicación de la Ley 100 de 1993, tal como quedó expresamente
consagrado en el artículo 279 de esta normativa, en el que se indicó lo siguiente:

“ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990,
con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley,
ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas (…)”.

Ahora bien, es importante poner de relieve que, la excepción prevista en el
artículo 279 precitado, tiene una doble connotación. En el caso de los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional obedece al mandato superior
consagrado en los artículos 217 y 218 de la Constitución Política de 1991, que
asignaron al legislador, la creación de un régimen prestacional especial para
éstos debido a su importante labor de protección del estado constitucional;
mientras que la del personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 estaban
vinculados, encuentra su fundamento en la salvaguarda de los derechos
adquiridos y regulados por el Decreto 1214 de 1990, norma especial que les era
aplicable.

En la mencionada decisión, la Corte concluyó que los civiles que laboran al
servicio del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, vinculados con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no cuentan con un régimen
especial, sino que, por el contrario, se encuentran sujetos a la normatividad
general del régimen de seguridad social, aplicable a todos los servidores del
Estado, es decir, al régimen consagrado en la Ley 100 de 1993.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

En tal sentido, la Corte fue precisa en señalar, en la sentencia C-1143 de 2004,
que el trato diferencial formulado en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 entre
el régimen prestacional de los miembros de las Fuerzas Militares y el régimen del
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se
justifica precisamente en lo siguiente:

«Mientras que a los primeros se les excluye del régimen general por mandato
constitucional, a los segundos se les excluye para únicamente salvaguardar los
derechos adquiridos. Es decir, mientras que todos los miembros de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional quedan excluidos total y definitivamente del
régimen prestacional general, sin importar cuándo se vincularon a la institución,
en el caso del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional sólo
se excluyó a aquellas personas que al momento de ser expedida la Ley 100 de
1993, se encontraban cobijados por el Decreto Ley 1214 de 1990.

[…]

4.6. Finalmente, el Decreto 1214 de 1990 consagra en las normas demandadas
la pensión de jubilación y la pensión por aportes para el personal civil del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, una vez cumplan los requisitos a
que se refieren los artículos 98 y 100 acusados, pero solamente cobija a
aquellas personas que se incorporaron con anterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993, como lo dispone el artículo 279 de esa normatividad, artículo éste
que fue declarado exequible por esta Corte, en aras de proteger los derechos
adquiridos de quienes se encontraban en esa particular situación, como quedó
visto en esta sentencia. Ello se traduce en que los civiles que laboran para el
servicio de esas entidades, vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993 no cuentan con un régimen especial, sino que por el contrario, se
encuentran sujetos a la normatividad general del régimen de seguridad social,
aplicable a todos los servidores del Estado.

En igual sentido, el Consejo de Estado7 en análisis del régimen prestacional de
las fuerzas militares y policía nacional, en contraste con el de los civiles que
laboran para dichas instituciones, ha dicho que, el régimen prestacional no es el
mismo, sobre el particular, precisó lo siguiente:

1) El grupo conformado por los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional no es equiparable con el grupo conformado por los civiles que laboran
para la misma cartera e institución;
2) para gozar de los beneficios prestacionales derivados del Decreto 1214 de 1990
se requiere encontrarse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993;
3) el sistema integral de la seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 no se
aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que se

7 C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P. Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00166-01(1641-12). primero (1) de
septiembre de dos mil catorce (2014).

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Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea colombiana

encontraban en servicio a la fecha de entrada en vigencia del mismo, es decir
que por tratase de un régimen exceptuado no se puede invocar el régimen de
transición del artículo 36, por quien a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
ostentaba la calidad de militar en servicio (…).

Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
concepto de 12 de agosto de 20038, concluyó que «[e]l personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional que ingresó a la Institución con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993 continúa regido por el régimen pensional
exceptuado, contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990, en razón a que la Ley
797 de 2003 no modificó ni derogó la excepción contenida en el artículo 279 de
la Ley 100 respecto de estos servidores». Igualmente, en concepto emitido el 22
de febrero de 20119, sostuvo lo siguiente:

Como corolario de lo anterior se tiene que el Sistema de Seguridad Social
integral de que trata la ley 100 de 1993 no se aplica a los miembros activos
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional independientemente de la
fecha de su vinculación, ni al personal regulado por el decreto ley 1214 de
1990, esto es, al personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, que había sido vinculado antes de entrar en vigencia la ley 100 de
1993. Por el contrario, al personal Civil de estas instituciones cuya
vinculación fue posterior a la vigencia la ley 100, se le aplica en su totalidad
el referido Sistema.

Así las cosas, quienes con anterioridad al 1° de abril de 1994 estuviesen
vinculados como personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía
Nacional, la justicia penal militar y su Ministerio Público y acumulen 20 años de
labor continua, tendrán derecho a recibir la pensión de jubilación de que trata el
artículo 98 del Decreto ley 1214 de 1990, a partir del retiro del servicio.

Precisado lo anterior, a continuación, la Sala procederá a pronunciarse sobre la
viabilidad de reconocer la pensión de jubilación de que trata el artículo 98 del
Decreto 1214 de 1990 acumulando el tiempo de servicio prestado en el servicio
militar, y si este servicio debe llevarse a cabo de forma continua para tener
derecho a beneficiarse de la prestación.

8 C. P. Jorge Murgueitio Cabrera.
9 Consejo de Estado (sala de consulta y servicio civil); expediente 11001-03-06-000-2010-

00081-00 (2020); C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
Demandante: Miguel Ramiro Mendoza Caicedo
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Ahora bien, sobre el contenido del artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, norma
invocada por el demandante en el presente caso, la Sección Segunda ha
señalado que10, la referida prestación social periódica se reconoce y paga sólo
en el evento en que el empleado público demuestre: (i) haber prestado sus
servicios laborales personales en el Ministerio de Defensa Nacional y/o en la
Policía Nacional; (ii) por un lapso no inferior a veinte (20) años, pero además que
el mismo se haya prestado; (iii) en forma continua.

Sobre la referida continuidad, la Sala precisó11 que para tener derecho a la
pensión por tiempo continuo, no puede existir solución de continuidad en la
prestación del servicio por espacio superior a 15 días, esto teniendo en cuenta
que, el parágrafo del artículo 98, dispone que para los reconocimientos que se
hagan a partir de la vigencia del Decreto 1214 de 1990, se entiende por tiempo
continuo, aquel que no haya tenido interrupciones superiores a quince (15) días
corridos, excepto cuando se trate del servicio militar.

Así mismo, la Sala destacó que si “la relación laboral se ha mantenido
invariablemente por todo el tiempo de labores, independientemente de que el
empleado se encuentre en una situación administrativa (licencia, permiso,
comisión, vacaciones, etc.), no podrá predicarse discontinuidad en la prestación
del mismo, pues es claro que en estos particulares asuntos el vínculo jurídico
laboral se ha sostenido de manera ininterrumpida”.

Hasta lo aquí dicho, la pensión de jubilación por tiempo continuo, estatuida en el
artículo 98 referido, establece dos excepciones respecto a la continuidad, en
primer lugar que, las interrupciones sean inferiores a 15 días y en segundo
término que, se trate del servicio militar.

Ahora bien, para efectos de la mencionada interrupción, es necesario tener en
cuenta que, para que ella tenga ocurrencia se requiere que el empleado esté

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2002,

NI. 2176764. CP. Alfonso Vargas Rincón. En esta sentencia la Sala se pronunció sobre la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Héctor Manuel Alemán Niño
en contra del Ministerio de Defensa. En este caso se reclamó la pensión de jubilación continua
del artículo 99 de la Ley 12 14 de 1990.
11
Ibidem.

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laborando en el Ministerio de Defensa o en la Policía Nacional, y estando en dicha
situación se interrumpa la prestación del servicio como empleado público por
menos de 15 días o por la prestación del servicio militar obligatorio, en este
evento, no pierde el derecho a la prestación. Contrario sensu, si sobrepasa tal
tiempo, pierde el derecho a la pensión especial de que trata el precitado artículo
98 ya mencionado.

2.2. Pruebas aportadas

El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los
hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

(i) Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Miguel Ramiro Mendoza
Caicedo.
(ii) Fotocopia de la Tarjeta de identidad del personal civil de la Fuerza
Aérea Colombiana-FAC, a nombre de Miguel Ramiro Mendoza
Caicedo.
(iii) Fotocopia de la petición de fecha 25 de noviembre de 2016.
(iv) Fotocopia del acto administrativo N° 20163541018573 de fecha 21 de
diciembre de 2016, en donde se niega el derecho pensional.
(v) Fotocopia de la constancia de historia laboral expedida por el director
de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana.
(vi) Desprendible de pago del mes de noviembre de 2016.
(vii) Orden Administrativa de personal - OAP N° 1-021 de fecha 01 de
noviembre de 1995, donde se vincula laboralmente al señor Miguel
Ramiro Mendoza Caicedo a la entidad.

2.3. Caso concreto.

De acuerdo con el expediente administrativo allegado al proceso, se observa que,
el demandante a Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
llevaba prestando sus servicios en favor de la demandada, por un tiempo de 22
años, 7 meses y 13 días que se distribuyeron de la siguiente manera:

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A título de servicio militar obligatorio, por espacio de 1 año, 6 meses y 20 días,
comprendidos entre el 30 de junio de 1982 y el 20 de enero de 1984.

Reingresó como civil el 11 de noviembre de 1995, hasta el 24 de noviembre de
2016 (fecha en que se expidió la certificación). Todo este tiempo, de modo
continuo y por espacio de 21 años y 23 días.

De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos empleados que
con anterioridad al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro
(1994) estuviesen vinculados como personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional, de la Policía Nacional, o de la Justicia Penal Militar y el Ministerio
Público y acumulen 20 años de labor continua, tendrán derecho a recibir la
pensión de jubilación de que trata el artículo 98 del Decreto ley 1214 de 1990, a
partir del retiro del servicio.

En el sub lite, se tiene que si bien es cierto, el demandante prestó el servicio
militar en la Fuerza Aérea Colombiana desde el 30 de junio de 1982 hasta el 20
de enero de 1984, esto es, de forma anterior a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, también lo es que, solamente se incorporó como personal civil en
el cargo de orgánico de escuadrilla mantenimiento general CACOM 7 Grute
Esman, el 11 noviembre de 1995, esto es, cuando habían trascurrido 11 años
y 7 meses desde que había culminado la prestación del servicio militar.

De acuerdo con lo anterior, es evidente para la Sala que, el demandante perdió
la continuidad que exige el mencionado parágrafo del artículo 98 de la Ley 1214
de 1990 para tener derecho a la mencionada prestación.

La conclusión, a la que llega en esta oportunidad la Sala, guarda coherencia con
una decisión anterior de la Sección Segunda de esta Corporación12, en la que, al

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de octubre de 2001, NI. 0403-

2001. MP. Ana Margarita Olaya. En esta providencia la Sala decidió la demanda presentada por Edgar
Castillo Tibabisco, quien laboró como personal civil en el ejército nacional por un tiempo total de 18 años y
cuatro meses. Solicitaba que se tuvieran en cuenta los años que se desempeñó como cadete en la Escuela
Militar de Cadetes José María Córdoba. La Sala negó las ´pretensiones de la demanda por que consideró
que no se cumplió con la continuidad, ya que el demandante prestó el servicio militar el 1 de febrero de
1970, y se vinculó como empleado público del Ministerio de Defensa el 1 de octubre de 1980. El

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resolverse un caso, con similares contornos al presente, se indicó en su
oportunidad lo que a continuación se cita:

Supone lo anterior, en el caso en que se presenten las excepciones que
contempla la norma, que el empleado esté laborando en el Ministerio de
Defensa o en la Policía Nacional; por ello, resulta equivocada la interpretación
que del citado artículo hace la parte demandante y el a quo, de pretender que
por haber prestado el servicio militar como cadete, en tiempo pretérito, se
coloque, por ese sólo hecho, dentro de la excepción del parágrafo y así se haga
acreedor a la pensión de jubilación, sin requerimiento de la edad, pues la
finalidad de la norma no es esa; es decir, no es el hecho de haber prestado el
servicio militar y acreditar el tiempo de servicio requerido lo que lleva a tener
derecho a la prestación, ya que la norma contemplada en el artículo 98, exige,
además, que no exista interrupción, o que si ésta se da, encaje dentro de los
supuestos de la excepción, cuestión que no se da en su caso.

El demandante confunde el hecho de poder acumular el tiempo prestado como
empleado público y el del servicio militar, lo cual sí es posible para acreditar
tiempo de servicio, por permitirlo tanto el artículo 98 como el 99 del Decreto
1214, con la exigencia de la continuidad en éste, para colocarse dentro de la
excepción, por el hecho de haber prestado el servicio militar, cuando ese no es
el alcance del precepto, pues, se repite, no es por la circunstancia de haber
prestado el servicio militar y acreditar un tiempo al Ministerio de Defensa que se
tiene derecho a la pensión especial de que trata el citado artículo 98. El precepto
es muy claro en la exigencia de la continuidad del servicio, la cual sólo permite
dos excepciones: que la interrupción sea menor de 15 días, o que tal
interrupción se presente por la prestación del servicio militar, la cual, como es
obvio, supera este tiempo.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, en el caso sub examine, si bien podía el
demandante acumular el tiempo de servicio como empleado público del
Ministerio de Defensa y el del servicio militar, tenía que acreditar, para acceder a
la pensión por tiempo continuo a la cual aspira, que no existió solución de
continuidad en la prestación del servicio, hecho que no sucedió, con lo cual, no
puede pretender que se le tenga en cuenta bajo la excepción del parágrafo del
artículo 98 ya analizado.

Vistas así las cosas, le asiste razón a la entidad apelante, al señalar que el
demandante no tiene derecho a la prestación que reclama, lo que impone revocar
el fallo apelado y, negar las súplicas de la demanda. Lo anterior, no obsta para
que el demandante, solicite ante la administración el reconocimiento del derecho
pensional a la luz de la Ley 100 de 1993, que como se ha expuesto, en el marco

criterio que se tuvo en cuenta consistió en señalar que la interrupción del servicio militar se superó
en el tiempo. Luego no cumplió con la excepción de interrupción de que trata el parágrafo del art.
98 de la Ley 1214 de 1990.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
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normativo de esta providencia, dicho dispositivo legal es el régimen que
corresponde al personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
que se vinculó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Sobre el particular, la Sala no podrá pronunciarse, toda vez que, no se aportaron
las pruebas relacionadas con la afiliación a entidades de previsión social, ni
constancias de cotizaciones.

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su
lugar negar las pretensiones.

2.4. Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del siete (7) de Noviembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual, se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Miguel Ramiro Mendoza Caicedo,
en contra del Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana.

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Expediente No. 2017-01418-01(206-2025)
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SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas en instancia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

19

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