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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2019-00058-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2019-00058-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca en el proceso promovido por la señora Rosio Zambrano Padilla contra la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 21 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca] 9 Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021) Demandante: Rosio Zambrano Portilla SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 81001-23-39-000-2019-00058-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1)
Tema: Régimen de retroactividad de cesantías

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que la
referida providencia será confirmada.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La señora Zambrano Portilla instauró demanda contenciosa administrativa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación (Ministerio de Educación, Fomag), con el objeto de que se declare la nulidad
parcial de la Resolución 027 del 10 de enero de 2019, mediante la cual se reconoció y
ordenó el pago de sus cesantías parciales.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la demandada que
reconozca y liquide su prestación con el sistema de retroactividad y pague las diferencias
que a causa de ello se originen, con los correspondientes ajustes de ley, particularmente
los previstos en el artículo 187 del CPACA;2 que disponga el cumplimiento de la sentencia
en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem e imponga condena en costas a la
entidad demandada.

3. Argumentó que ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida desde el 1.º
de febrero de 1987 y, a través de petición del 21 de diciembre de 2018, reclamó el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, solicitud que fue resuelta mediante la
Resolución 027 del 10 de enero de 2019, por la cual se reconoció su prestación, pero la

1 En adelante, Fomag.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

liquidación se efectuó con el sistema de liquidación anual y no con el retroactivo que le
corresponde, pues la entidad tomó como fecha de inicio de su relación laboral, el 15 de
junio de 1995.
4. Agregó que aunque la Ley 91 de 1989 «modificó sustancialmente la fórmula para
liquidar» las cesantías de los docentes, no ocurrió lo mismo con el «sistema de
liquidación» de dicha prestación, para los vinculados a las entidades territoriales, a
quienes se les aplica el de retroactividad previsto en la Ley 6.ª de 1945, el cual estuvo
garantizado, incluso, con posterioridad a la citada ley de 1989, según lo dispuesto en los
artículos 6 de la Ley 60 de 1993, 2 de la Ley 4.ª de 1992 y 115 de la Ley 115 de 1994,
entre otras disposiciones, pues solo a partir de lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley
344 de 1996 y 1.º del Decreto 1582 de 1998 se hizo extensivo, para los empleados
territoriales, el régimen de liquidación anual, el cual solo cobija a aquellos vinculados con
posterioridad al 1.º de enero de 1997.

Contestación de la demanda.

5. La Nación (Ministerio de Educación, Fomag) se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, alegando que en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se
estableció el régimen de liquidación de cesantías que rige para todos los docentes
vinculados a partir de dicha disposición que no es otro que el de liquidación anual
aplicable a los empleados del orden nacional.

6. Propuso las excepciones de indebida integración del litisconsorcio necesario,
ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, legalidad de los actos
acusados y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA APELADA.

7. El Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda
señalando que la actora pretende acreditar la continuidad en el desarrollo de la labor
docente desde el 1.º de febrero de 1987; sin embargo, para ello adjuntó diferentes
órdenes de prestación de servicios que no pueden servir de base para el reconocimiento
prestacional que reclama pues si bien es cierto existe una presunción de relación laboral
de aquellos docentes que, para ese entonces, se les llamaba «de solución educativa»
también lo es que ese escenario solo ha permitido reconocer aportes pensionales, pero
ello no ocurre respecto de las cesantías, pues en el evento de resultar prósperas las
pretensiones en dicho escenario judicial3 se ordenaría su pago directamente al contratista
sin intermediación del fondo administrador.

8. Por lo anterior, consideró que como la relación laboral continua acreditada en el
expediente fue aquella que inició el 14 de junio de 1995, se debe sujetar a lo dispuesto
en la Ley 91 de 1989 para efecto de la liquidación de sus cesantías, esto es, la aplicación
del sistema anual que se empleó en el acto acusado. Finalmente, decidió no imponer
costas procesales.

3 Refiriéndose a un hipotético proceso de declaratoria de la relación laboral encubierta o subyacente.

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Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

III. RECURSO DE APELACIÓN.

9. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación en el
que aseguró que el Tribunal no reparó en estudiar las normas que rigieron las
vinculaciones de los docentes con posterioridad al 1.º de enero de 1990 en especial los
artículos 6 de la Ley 60 de 1993, 5 del Decreto Reglamentario 196 de 1995, 115 de la
Ley 115 de 1994, 13 de la Ley 344 de 1995 y 1.º del Decreto Reglamentario 1582 de
1998.

10. Sostuvo que la accionante laboró como docente de forma ininterrumpida desde
el 1.º de febrero de 1987, según consta en los folios 37 a 41 del cuaderno 1, pese a que
su ingreso oficial ocurrió el 14 de junio de 1995, pero, extrañamente, la entidad no certificó
la totalidad del tiempo. En todo caso, la Ley 91 de 1989 garantizó a los docentes
territoriales el régimen prestacional previsto en la Ley 6.ª de 1945, y no les exigió «que
hubiese[n] estado nombrado[s] en propiedad ni mucho menos […] continuidad por el
tiempo a 31 de diciembre de 1989»; en ese sentido, solo se vieron cobijados por el
régimen de liquidación anual, a partir de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 344 de
1996.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

11. Mediante auto proferido el 27 de enero de 2021 y notificado por estado del 18
de febrero de 2021 se admitió el recurso de apelación.

12. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio durante esta
etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

14. De conformidad con los reparos concretos planteados procederá la Sala a
estudiar i) si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías con
retroactividad y ii) si el Tribunal examinó las normas que rigieron las vinculaciones de los
docentes con posterioridad al 1.º de enero de 1990, o si se abstuvo de hacerlo.

Marco normativo y jurisprudencial.

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Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

15. La Ley 6.ª de 1945 estableció el auxilio de las cesantías a favor de los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente en el equivalente a un mes de
sueldo por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año, el cual se
liquida tomando como base «el último sueldo o jornal devengado», a menos que este
hubiere «tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se
hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo
de servicio, si éste fuere menor».4 Dicha normativa comprende el denominado régimen
de retroactividad de cesantías, en el que la liquidación se realizaba tomando todo el
tiempo de servicio y el último salario devengado por el empleado.

16. Las estipulaciones en torno a las prestaciones sociales previstas en el artículo
17 de la Ley 6.ª de 1945 se hicieron extensivas para los empleados de los departamentos,
municipios, intendencias y comisarías, conforme a lo señalado en el artículo 1.º del
Decreto 2767 de 1945.

17. A través del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro y
dentro de sus objetivos se estableció el de «[p]agar oportunamente el auxilio de cesantía
a empleados públicos y trabajadores oficiales». En el artículo 27, dicha norma previó la
liquidación anual del auxilio que se realizaría con base «en el salario promedio mensual
devengado por el empleado o trabajador en los tres últimos meses de cada año» 5. Dicha
normativa tenía como destinatarios a «los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional».

18. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su decreto reglamentario,
1582 de 1998, destinados a «las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades
del Estado», hicieron extensivas las previsiones que, en materia de cesantías, están
señaladas en «los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50
de 1990» para aquellos que se vincularan a un fondo privado administrador; mientras
que aquellos que se afiliaran al Fondo Nacional del Ahorro estarían sometidos a lo
dispuesto en el artículo 5 y normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

19. En todo caso, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 abrió la posibilidad de
que los beneficiarios del régimen de retroactividad se acogieran al de liquidación
anual, previo el procedimiento allí establecido

20. En lo que tiene que ver con los docentes, la Ley 91 de 1989, en su artículo
3.º, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual estaría a
cargo del pago de las prestaciones sociales de sus afiliados y concretamente, en
materia de cesantías, la norma en cita dispuso lo siguiente:

4 Decreto 1160 de 1947, artículo 6.
5 Artículo 29 del Decreto 3118 de 1968.

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Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con
las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley.

[…]
3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes
de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o
en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las
cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas
cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del
personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Se resalta]

21. En el caso de los docentes territoriales, tanto la Ley 60 de 1993, artículo 6,6
como su Decreto Reglamentario 196 de 1995,7 previeron su incorporación al Fomag y les
garantizaron el respeto del régimen prestacional que tenían en cada una de las entidades
territoriales en las que se encontraban vinculados. El trámite para dicha incorporación o
afiliación se reguló tanto en el decreto citado como en el Decreto Nacional 3752 de 2003.

22. A partir de las disposiciones anteriores, la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha sido pacífica en considerar lo siguiente:8

6 «El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva
entidad territorial.»
7 «[…]A estos docentes se les respetará el régimen prestacional que tengan al momento de la

incorporación[…]»
8 Sentencia del 16 de julio de 2020, radicación: 15001 23 33 000 2016 00169 01, número interno: 2320-18,

M.P. William Hernández Gómez. Postura también adoptada, entre otras, en las siguientes providencias:
del 26 de octubre de 2023, radicado: 85001 23 33 000 2019 00148 01, número interno: 0396-2023, M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; del 2 de noviembre de 2023, radicación: 25000 23 42 000 2016 02878 01,

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Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

(i) que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad
territorial, es decir, el sistema de retroactividad y;

(ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 (lo que
según la definición contenida en los artículos 1.º y 2.º, corresponde a los nacionales
o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer
distinción entre nacionales y territoriales), se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses. [negrilla propia]

Caso concreto.

23. A efecto de resolver los problemas jurídicos, la Sala, en primer lugar, analizará
si la demandante cumple con los requisitos para que la liquidación de sus cesantías
parciales se haga con el régimen de retroactividad, pues tal como se observa en la
Resolución 027 de 2018,9 aquella se hizo bajo el sistema anual, efecto para el cual se
indicó que su labor al servicio docente comprende el tiempo transcurrido del «14/06/1995
AL 30/12/2017»; por ello, se tomó en cuenta el reporte de cesantías realizado ante el
Fomag desde el año 1995.

24. La accionante aseguró que el inicio de su actividad como docente data del 1.º
de febrero de 1987 y para tal efecto, adjuntó los siguientes documentos:

i) Contratos de prestación de servicios técnicos, en el programa «soluciones
educativas», identificados con los números 0002-224, 0002-2035, 0002-203,
suscritos entre el gobernador del departamento de Arauca y la demandante,
para prestar su servicio en una institución educativa territorial, por espacio de
10 meses, cada uno, entre el 1.º de marzo y el 31 de diciembre de los años
1993, 1994 y 1995.10
ii) Orden de trabajo 0135, dirigida a la demandante, para prestar el servicio
docente en la Concentración Alfonso López de Saravena, durante de 10
meses, entre el 1.º de febrero y el 30 de noviembre de 1989, suscrita por el
intendente nacional de Arauca y su secretario de educación.11
iii) Constancia expedida el 17 de octubre de 2001, por el coordinador de nómina
de docentes de la Secretaría de la Cultura, Educación y el Deporte de la
Gobernación de Arauca, en la cual refiere que la prestación del servicio de la
demandante, en el sistema de solución educativa departamental transcurrió en
los siguientes periodos: «desde 01 de febrero de 1988 hasta el 30 de
noviembre de 1988, desde 01 de febrero de 1989 hasta el 30 de noviembre de
1989, desde 01 de febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1990, desde
01 de enero de 1991 hasta el 30 de noviembre de 1991, desde el 01 de enero

número interno: 2769-2022, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar y del 26 de septiembre de 2024,
radicación: 85001 23 33 000 2020 00030 01, número interno: 1916-2023, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
9 Folio 32 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2.
10 Folios 38 a 40 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2.
11
Folio 42 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2.

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Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1992, desde 01 de enero de 1993 hasta
el 31 de diciembre de 1993, desde 01 de Enero de 1994 hasta el 31 de
diciembre de 1994, desde el 01 de enero de 1995 hasta 13 de junio de 1995,
nombrado (a) mediante Decreto No. 492 del 14 de junio de 1995 y posesionado
(a) el mismo día en la CONCENTRACION ALFONSO LOPEZ del Municipio de
SARAVENA del Departamento de Arauca»12.
iv) Decreto 492 del 14 de junio de 1995, a través de cual se nombró en propiedad
a la demandante, en el cargo de docente departamental, en el nivel de básica
primaria, en la Concentración Alfonso López, ubicada en el municipio de
Saravena. Empleo del cual tomó posesión en la misma fecha, según consta en
el acta 169.13
v) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral, generado
por Fomag el 10 de diciembre de 2018, en el cual se relaciona que el régimen
de cesantías es anual, que su vinculación docente ocurrió por virtud del
Decreto 492 del 14 de junio de 1995 y que posteriormente tuvo un traslado de
institución educativa.14
vi) Formato de solicitud de cesantía parcial, suscrito por la demandante, con fecha
de radicación del 19 de diciembre de 2018, en el que se señala que su último
ingreso a la docencia oficial fue el 14/06/1995. 15
vii) Extracto en el que consta el reporte de cesantías al Fomag desde 1995 hasta
2017.16

25. Del recaudo probatorio que antecede, la Sala concluye que si bien es cierto
existen constancias y contratos u órdenes de prestación de servicios que demuestran
que la accionante sí ejerció como docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 91 de 1989, estos no pueden ser tenidos en cuenta para conceder el derecho de
liquidar las cesantías con retroactividad, pues es evidente que no corresponden a una
misma relación jurídica de trabajo. Al respecto, es oportuno indicar que aunque las Leyes
6.ª de 1945 y 65 de 1946 permiten computar tiempos discontinuos, estos deben hacer
parte «de un mismo contrato o de una misma relación jurídica de trabajo, aunque haya
habido suspensiones o interrupciones en el trabajo mismo, como las provenientes de
licencias, prestación del servicio militar u otras causas semejantes»17.

26. En aplicación de la norma citada, y atendiendo la modalidad mediante la cual
la accionante desempeñó su labor docente con antelación al año 1995 —contratos y
órdenes de prestación de servicios con interrupciones aproximadas de 3 meses— se
infiere que no es viable computar dicho tiempo de servicio con aquel prestado como
consecuencia de la relación laboral continua que unió a la demandante con su empleador
desde el año 1995, en primer lugar, porque la labor docente previa ocurrió por virtud de
órdenes o contratos de prestación de servicios que, en principio, no constituyen una

12 Folio 41 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2. La transcripción incluye

los posibles errores originales del texto.
13 Folios 43 y 44 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2.
14
Folios 51 y 52 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2.
15 Folio 49 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2.
16
Folio 55 del expediente digital, archivo ED_01CUADERNO01(.PDF) NroActua 2.
17 Artículo 5 del Decreto 1160 de 1947.

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Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

relación laboral18 y en segundo lugar, porque para tomar en cuenta tiempo de servicio
discontinuo con tal finalidad era necesario que este hiciera parte de una misma relación
jurídica de trabajo y que las suspensiones o interrupciones provinieran de las causas
previstas en la ley, situaciones que no se demostraron en este caso.

27. Sobre el particular, la Subsección, al resolver asuntos similares, se ha
pronunciado en los siguientes términos:19

La postura reiterada de esta Subsección20 ha sido enfática en afirmar que el
reconocimiento de las cesantías bajo el régimen retroactivo procede para el servicio
ininterrumpido, e, incluso, cuando se producen las suspensiones o interrupciones en la
labor, autorizadas por la ley, siempre y cuando no ocurra la terminación del vínculo laboral.

28. En consecuencia, resulta evidente que la demandante está amparada por el
régimen de liquidación anual de cesantías, toda vez que la relación laboral continua que
demostró en el expediente es aquella que inició el 14 de junio de 1995, producto del
nombramiento efectuado en el Decreto 492 de igual fecha, lo que conlleva la aplicación
de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual dicho sistema rige
para «los docentes que se [vincularon] a partir del 1 de enero de 1990». Con fundamento
en lo anterior, no prosperan los fundamentos de reproche propuestos en el recurso de
apelación.

29. En cuanto al otro reparo advertido por la demandante según el cual el a quo
se abstuvo de analizar algunas normas con el fin de decidir la controversia,
particularmente aquellas que garantizaron la aplicación del régimen prestacional anterior
para los docentes territoriales que se afiliaron al Fomag, se debe señalar que al revisar
la providencia recurrida se constata que, en efecto, no se reparó en ellas, pues el estudio
que se realizó partió de la fecha de vinculación ininterrumpida de la docente y, con base
en ello, se concluyó que no había lugar a conceder el derecho reclamado. En ese sentido,
la Sala considera que, en el caso concreto, no era necesario pronunciarse sobre las
normas que echa de menos la recurrente, pues solo habría sido necesario acudir a su
estudio si se hubiera demostrado una vinculación continua o discontinua —en el marco
legal ya citado— anterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, lo que no se
demostró en el sub lite.

18 Salvo que así sea declarado, previa la valoración de pruebas y el análisis de la situación concreta.

Circunstancia que no fue reclamada en este proceso y que escapa del ámbito de competencia de la sala.
19 Sentencia del 26 de septiembre de 2024, radicación: 85001 23 33 000 2020 00030 01, número interno:

1916-2023, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
20 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19

de agosto de 2010, radicación: 20001-23-31-000-2004-00783- 01, número interno: 1004-07, M.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto
de 2024, radicación: 85001-23-42-000-2019-00129-01 (0293-2022), M.P Rafael Francisco Suárez Vargas.»

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Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

30. Con todo, es preciso reiterar que no se puede desconocer el mandato expreso
contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual «[para] los docentes que
se vinculen a partir del 1 de enero de 1990» la liquidación de sus cesantías se hace
«anualmente y sin retroactividad» y, en ese sentido, el respeto del régimen prestacional
que tenían los docentes en cada una de las entidades territoriales en las que se
encontraban vinculados, solo se predica respecto de aquellos que tenían una vinculación
anterior a la mencionada ley, ya sea continua o discontinua, con las precisiones
realizadas previamente; razón que además descarta el planteamiento de la demandante
en el que se predica que los docentes territoriales solo están sometidos al régimen de
liquidación anual con posterioridad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1995,
pues fue clara la Ley 91 de 1989 en determinar que la retroactividad no procedía para
aquellos vinculados desde su entrada en vigencia. En consecuencia, se confirmará la
decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en Costas.

31. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)21 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

32. Al revisar el caso concreto, se considera que el fundamento de la apelación no
se aprecia como huérfano de fundamento legal por lo que resulta improcedente la
condena en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Arauca en el proceso promovido por la señora Rosio Zambrano Padilla
contra la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag), por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

21 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida

en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

9

Radicación: 81001 23 39 000 2019 00058 01 (4077-2021)
Demandante: Rosio Zambrano Portilla

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala, en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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