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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00148-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00148-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora María Teodocia Santisteban Bolívar contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, según lo manifestado en las consideraciones que anteceden. Tercero.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2019-00148-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de octubre de 2023

Radicado: 85001-23-33-000-2019-00148-01 (0396-2023)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00148-01 (0396-2023)
Demandante: María Teodocia Santisteban Bolívar
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Régimen de cesantías con retroactividad de docente oficial.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora María Teodocia Santisteban Bolívar instauró demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 2640 del 29 de octubre de
2018, expedida por la Secretaría de Educación del Casanare – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se ordenó el pago de unas
cesantías definitivas.

Que a título de restablecimiento del derecho se declare que tiene derecho a que se
le reconozca y pague las cesantías definitivas de forma retroactiva, tomando como
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 85001-23-33-000-2019-00148-01 (0396-2023)

base el tiempo de servicios a partir de su vinculación como docente, esto es, desde
el 1.º de agosto de 1989 y liquidada sobre el último salario devengado con la
totalidad de los factores salariales devengados, de conformidad con la Ley 6.ª de
1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

Que se condene a la demandada, a pagar el valor de las diferencias que resulten
entre los valores efectivamente cancelados, con el resultante de la reliquidación, por
concepto de cesantía definitiva retroactiva, con los correspondientes ajustes de ley.

Que se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley
1437 de 2011.

Que, sobre las sumas adeudadas, se incorporen los ajustes de valor conforme al
IPC, según lo estipulado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

Que se condene al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, conforme lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Que se condene en costas a la entidad demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida al municipio de
Tauramena, desde el 1.º de agosto de 1989, como docente con vinculación nacional
– situado fiscal.

Que presentó el 3 de septiembre de 2018, solicitud de reconocimiento y pago de
sus cesantías definitivas y mediante Resolución 2640 del 29 de octubre de 2018, se
reconoció la prestación solicitada con base en el régimen anualizado, que a efectos
de liquidarlas se tomó como fecha desde el 21 de mayo de 1991, sin tener en cuenta
que fue nombrada desde el 1.º de agosto de 1989 en el municipio de Tauramena.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 12 de diciembre de 2019 y notificada a
la entidad accionada, la que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda,
expresando que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente en
la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y a los docentes
nacionales y vinculados a partir del 1.º de enero de 1990, se les aplicarían las
disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un

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sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de
intereses.

Que, respecto del reconocimiento de las cesantías de la demandante en el régimen
retroactivo, no es procedente por cuanto su vinculación como docente, se produjo
con posterioridad al 1.º de enero de 1990, por lo que, en ese sentido, le es aplicable
el régimen anualizado de cesantías conforme lo señala el ordinal 3, literal b) del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Consideró que, no es posible equiparar las condiciones salariales y prestacionales
de docentes a la de los demás empleados del régimen territorial o de aquellos que
conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en tanto que los
docentes ostentan un régimen especial y en esa medida gozan de unas previsiones
especiales en cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones independientemente de su
carácter.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 11 de agosto de
2022, negó las pretensiones sin condena en costas, expresando que la Ley 91 de
1989, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló de
manera integral el tema de las prestaciones sociales que debían ser reconocidas a
favor de los maestros en sus diversas condiciones y que, en su artículo 15 reguló lo
concerniente a las cesantías de los docentes. Que la Ley 60 de 1993, en su artículo
6.º, contempló los parámetros que permitieron la administración de personal
docente de las entidades territoriales, para concluir manifestando que a los docentes
nacionales y los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990, sin atender su tipo de
vinculación, les será aplicable el régimen anualizado de cesantías sin retroactividad
y el derecho a que le sean reconocidos los intereses a que haya lugar.

Concluyó que la actora no tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías
con retroactividad, pues su vinculación en propiedad como docente se efectuó con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 lo que implica que, se le
aplica el régimen anualizado.

Adicionalmente, indicó que desde que terminó su primer vínculo contractual a la
fecha en que nuevamente fue reincorporada como docente por ese mecanismo,
transcurrieron algo más de 4 meses lo que implica que el servicio no se prestó de
manera continua y que, dada su condición de docente, no resulta procedente
aplicarle el régimen de cesantías propio de los servidores territoriales, pues es
beneficiaria del régimen especial consagrado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993
y 115 de 1994 y porque la Ley 344 de 1996 excluyó de su campo de aplicación a
dichos servidores.

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EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia,
expresando que se desconocieron la totalidad de los tiempos prestados por la
demandante desde 1.º de agosto de 1989, de manera ininterrumpida, mientras que
la entidad, toma como fecha de su ingreso al magisterio oficial, el 21 de mayo de
1991.

Luego de citar decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó que el artículo 15 numeral 3 literal
a de la Ley 91 de 1989, exige que los docentes nacionalizados que estuvieran
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, lo que no implica que el docente
hubiese estado nombrado en propiedad ni se le exige continuidad por el tiempo a
31 de diciembre de 1989.

Que hubo una equivocada interpretación de la ley en cuanto al sistema de
liquidación de cesantías de los docentes territoriales, ya que se estimó que la Ley
91 de 1989 modificó sustancialmente la fórmula para calcular dicha prestación social
a los docentes, sin entender que la misma mantuvo intacto el régimen de liquidación
de los docentes vinculados por las entidades departamentales y municipales, en
tanto la Ley 60 de 1993 dispuso en su artículo 6.° que a estos se les respetaría el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

Que hasta el 31 de diciembre de 1996 el Legislador previó la existencia del régimen
retroactivo de cesantías para los empleados públicos del orden territorial, que con
posterioridad a dicha fecha – 1º de enero de 1997 -, surgió un nuevo esquema en
la liquidación de las prestaciones sociales, imponiéndose una liquidación
anualizada; pero aquellos docentes vinculados con anterioridad a dicha normativa
conservan el régimen retroactivo de liquidación, es decir, con el último salario
devengado se liquida sobre la totalidad del tiempo de servicio prestado, aumentando
considerablemente el monto de cesantías liquidado y efectivamente pagado.

Solicitó que no sea condenada en costas, al considerar que la sola denegación de
las pretensiones, no implica la condena en costas, se debe estar ante un proceder
de mala fe que sea apreciable, verificable y que implique un reproche o abuso del
derecho o la inexistencia de un fundamento razonable en el ejercicio de la acción,
situaciones que no se observan en el presente caso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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Teniendo en cuenta que no hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público, guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá resolver si la demandante, en su calidad de docente con
vinculaciones temporales a través de contratos de prestación de servicios anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, puede ser beneficiaria de la
liquidación de cesantías con el sistema de retroactividad previsto en la Ley 6.ª de
1945.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 6.ª de 1945 En el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal
a), de dicha norma, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados
y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías
se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo
devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a
ese lapso.

El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos
que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar
oportunamente el auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores
oficiales»1, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»2. Con tales
finalidades, el artículo 3.º del decreto en mención determinó que las cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo. Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión
Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

1 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
2 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

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Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la norma en cita empezó el llamado
«desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la
liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las
entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo
laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales
del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure
a favor de cada empleado.

Por su parte, el Decreto 432 de 1998, mantuvo el objetivo de administrar, de manera
eficiente, las cesantías3, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese
auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor
adquisitivo4. Además, en los artículos 6.º y 7.º, se fijó un monto por concepto de
intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de
cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

La Ley 344 de 1996, dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de
liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar,
en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente
Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no
sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
(negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el

3 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
4 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

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régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o
en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los
pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la
Sala).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitirse a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es
la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5.º y
siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores5.

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos6 se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:

Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad,
que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá
de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la
fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales
podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a
este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las
cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el

5 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de

1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
6 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.

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cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se
resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 2.º del Decreto 1252 de 20007 y 3.º del Decreto 1919 de 20028.

En lo que respecta al personal docente, debe indicarse que el artículo 3.º de la
Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
cual estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales9 que se causaran a favor
del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa
ley.

La aludida norma, en su artículo 1.º, numeral 3.º, precisó que los docentes
territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2.º consagró lo relativo al
reconocimiento de las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y
las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que
se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley,
son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la
Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las
entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que
resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles. (Destaca la Sala).

En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento a favor de todos los
docentes, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales o nacionalizados, se
estableció en el artículo 15 de la legislación bajo estudio, en los siguientes términos:

7 «Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de

cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral
en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
8 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad

de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y
el Decreto 1252 de 2000.»
9 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

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Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de
enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y
para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero
sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de
1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés,
que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido
la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo
período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta
el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales
vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Resalta la
Sala).

Es importante precisar que cuando la norma en cita se refirió a los docentes
vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 hizo alusión a todos aquellos
cuya relación laboral iniciara en forma posterior a esa fecha, sin importar si se trata
de nacionales, nacionalizados o territoriales (municipales o departamentales) y por
ello la Sala entiende que además de los nacionales y nacionalizados a que se refiere
la primera frase de la norma, adiciona o incluye a aquellos que se vincularan al
servicio docente con posterioridad a la fecha límite allí establecida, y en torno a
estos no se hizo diferenciación en relación con la autoridad de la que proviniera el
nombramiento del docente, por lo que ha de entenderse que se trata de todos, sin
discriminación alguna.

La Ley 60 de 1993, en su artículo 6.º, en torno a los docentes territoriales determinó
que «[serían] incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la respectiva
entidad territorial». No obstante, en el artículo 3.º, numeral 5.º de dicha norma,
acerca de los de la planta de personal de los establecimientos educativos
territoriales, que fueran remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que
tenían el carácter territorial, en los siguientes términos:

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de

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personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de
acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la
administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6o. de la presente Ley.

El artículo 175 de la Ley 115 de 1994 estableció la posibilidad de que los docentes
que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en los niveles de
preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de
educación media, se afiliaran al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Sin embargo, solo hasta el Decreto 196 del 25 de enero de 1995 se
reglamentaron los artículos 6.º y 176 de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, y en
lo que respecta a la afiliación de los docentes territoriales a dicho fondo, determinó:

Artículo 5º.- Docentes departamentales, distritales y municipales financiados
con recursos propios. Los docentes departamentales, distritales y
municipales financiados con recursos propios de las entidades
territoriales que estén vinculados a la fecha de vigencia del presente
Decreto, serán incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, previo el procedimiento establecido en el capítulo
IV de este Decreto y el cumplimiento de los requisitos formales establecidos
para el efecto, quedando eximidos de los requisitos económicos fijados para
afiliación, siempre y cuando se encuentren vinculados a una caja de previsión
o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les respetará el
régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación y no se
les podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las
entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente
Decreto. Los docentes que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio con posterioridad a la incorporación de que trata el
inciso inmediatamente anterior, deberán cumplir todos los requisitos de
afiliación de naturaleza formal o normativa y económica y se afiliarán con
sujeción al régimen establecido en la Ley 91 de 1989, en sus decretos
reglamentarios y en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o
sustituyan. (Resalta la Sala).

Valga aclarar que el aludido decreto, también se refirió a la clasificación de docentes
que estaba contenida en la Ley 91 de 1989, pues, en su artículo 3.º lo previó así:

Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente
Decreto, los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de
ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del
situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.

Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:

a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad
territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de
personal;

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b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la
Nación-Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se
encuentran vinculados a plazas departamentales o municipales. (Se resalta).

La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los docentes
territoriales al aludido fondo, el Decreto Nacional 3752 de 2003, estableció:

Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público
educativo que estén vinculados a las plantas de personal de los entes
territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos
en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de
2004.

Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de
las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las
sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.
(Negrilla fuera de texto).
Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las
entidades territoriales de manera provisional deberán ser afiliados
provisionalmente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
mientras conserve su nombramiento provisional.

[…]
Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades
territoriales. Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad
territorial, dentro de los sesenta (60) días siguientes, se adelantará el
siguiente procedimiento: (…). [Negrita fuera de texto].

El caso concreto

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

• De acuerdo con los documentos aportados con la demanda y los antecedentes
administrativos aportados por la entidad demandada, la señora María Teodocia
Santisteban Bolívar, tuvo los siguientes nexos:

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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00148-01 (0396-2023)

1) Contrato de Trabajo 0361, prestación de servicios en el Colegio José María
Córdoba del Municipio de Tauramena, desde del 1º de agosto de 1989 hasta
el 30 de noviembre de 1989.
2) Contrato de prestación de servicios 081, para prestar los servicios técnicos
educativos del Programa de Soluciones Docentes en el municipio de
Tauramena, Colegio José María Córdoba, desde el 16 de abril de 1990 hasta
el 31 de marzo de 1991.
3) Decreto 001 del 20 de mayo de 1991, que la nombra en propiedad y acta de
posesión del 21 de mayo de 1991.

• A través de Resolución 2640 del 29 de octubre de 2018, la Secretaría de Educación
de Casanare reconoció las cesantías definitivas solicitadas por la demandante. La
liquidación correspondiente se realizó con base en el sistema anualizado y, por ello,
se invocó la Ley 91 de 1989.

En primer lugar, la Sala considera necesario señalar que tal como se demostró con
los antecedentes administrativos allegados, la vinculación legal y reglamentaria de
la libelista como docente en propiedad, ocurrió con posterioridad al año 1990,
concretamente en el año 1991.

Si bien obra prueba en el expediente, que evidencia que existió una relación
contractual de la actora como educadora en el municipio de Tauramena anterior al
31 de diciembre de 1989, lo cierto es que ésta fue discontinua en relación con las
posteriores al año 1990, pues debido a su naturaleza temporal, se observa que no
hubo unidad entre uno y otro nexo contractual, más aún, si se tiene en cuenta, por
ejemplo, que entre el 30 de noviembre de 1989 y el 16 de abril de 1990,
transcurrieron más de 4 meses.

Tal intermitencia permite asumir que dicho lapso no constituye tiempo de servicio
ininterrumpido que se sume al que dio origen a la reclamación de las cesantías y
que tampoco lo sean los contratos celebrados con posterioridad al 16 de abril de
1990, pues al vencimiento de los respectivos períodos, evidentemente, finalizó el
vínculo con el Estado.

Más aún, cuando del acto administrativo demandado se dilucida que el auxilio de
cesantías definitivas reconocido fue liquidado con un periodo comprendido entre
1991 y 2018, esto es, de manera posterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989 y, bajo ese entendido, no se acogerá el argumento planteado por el apelante
en su recurso, pues, se repite, se trata de tiempos de servicio interrumpidos, que
no permiten el reconocimiento de la prestación, tal y como lo está planteado en el
escrito de la demanda.

Así las cosas, la Sala comparte la interpretación que se realizó en la sentencia para

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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00148-01 (0396-2023)

determinar el régimen de cesantías que cobija a la señora Santisteban Bolívar, por
cuanto debe tenerse en cuenta que como su ingreso a la docencia oficial se produjo
con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, es decir, después de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, su régimen de cesantías es el que aplicaba para
los empleados públicos del orden nacional, esto es, anualizado, sin retroactividad y
sometido al reconocimiento de intereses10.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia que denegó la aplicación del régimen de retroactividad.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a
ello, ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables de defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

10 A partir de lo previsto en el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968, la liquidación de las cesantías

de los empleados públicos del orden nacional, es anual y no retroactiva.

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Radicado: 85001-23-33-000-2019-00148-01 (0396-2023)

F AL L A

Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que denegó las pretensiones de la demanda,
en el proceso promovido por la señora María Teodocia Santisteban Bolívar contra
la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo.- ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en las consideraciones que anteceden.

Tercero.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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