Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-31-000-2011-00033-05
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-31-000-2011-00033-05
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-31-000-2011-00033-05
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05 (Acumulado:
850013331001200800092-00)
Actor: Marco Julio Univio Chirivi
Accionados: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Municipio de Yopal,
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y Departamento de Casanare1
Vinculados: Socha Pérez Inmuebles S.A.S.2; Proyectos y Triturados de Oriente
S.A.S. en liquidación; Meyan S.A.3; Agregados Crasurca S.A.S.4; Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres5; Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos y Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres6
Coadyuvantes: Veeduría ciudadana7 y Gloria Concepción Bonilla Cruz8
Terceros con interés: Pedro Antonio Vargas Calderón, Pablo Antonio Rodríguez
Molina, Germán Daniel Archila Vargas, Ecert Rafael Tabaco, Antonio Jiménez,
Gilberto Peña Pico, Leonel Oswaldo Peña Cely, César Alejandro Ávila Cruz, Jairo
Castro, José Ángel López Arias, Delfina Zotaquira Vega, Rosa Elvira Sanabria
Martínez y Pedro Emilio Silva Caro9
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía, el Municipio de Yopal, la Unidad Nacional para
1 Cfr. índice 1 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
C:F85001233100020110003305CARATULA1SG20141024091154(.DOC).
2 Vinculada mediante auto proferido el 26 de agosto de 2014.
3 Fue vinculada junto con la sociedad anterior en inspección judicial realizada el 11 de junio de 2009. Cfr. Ver
folios 289 a 290 del Cuaderno Principal, expediente físico acumulado.
4 Vinculada mediante auto proferido el 24 de septiembre de 2009. Cfr. Ver folio 333 del Cuaderno Principal 1,
expediente físico acumulado.
5 Vinculada mediante auto proferido el 26 de abril de 2012. Cfr. Ver folios 757 a 758 del Cuaderno Principal 3,
expediente físico.
6 Fue vinculado junto con el fondo anterior en mediante auto proferido el 23 de abril de 2012. Cfr. Ver folios 751
a 753 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
7 Veeduría a “Estudios, diseños y ejecución de obras que se contraten o adelanten con el fin de contrarrestar
inundaciones y socavaciones, sobre las ri[b]eras del río Cravo Sur y su cauce desde el puente de la cabuya
hasta el rincón de la Manga”. Vinculada mediante auto proferido el 5 de marzo de 2012.
8 Vinculada mediante auto proferido el 12 de mayo de 2011.
9 Vinculados en audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 19 de abril de 2012. Cfr. Ver folios 723 a 726
del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
la Gestión del Riesgo de Desastres, Socha Pérez Inmuebles S.A.S. y la Fiduciaria
La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A. contra la sentencia de 3 de abril de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
Las demandas
1. Los señores Marco Julio Univio Chiviri y Robert Jalil Preciado Cárdenas
presentaron demandas10 contra la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía,
el Departamento de Casanare, el Municipio de Yopal y el Instituto Nacional de Vías
• INVIAS, en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener la
protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano,
de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; ii) a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; iii) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público; iv) a la seguridad y salubridad públicas; v) a la defensa del
patrimonio público; vi) a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; vii) a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y viii) a la moralidad
administrativa.
Pretensiones
2. Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda identificada con el
número único de radicación 850012331002201100033-00, son las siguientes:
“[…] 1. Se declare que los habitantes de las Veredas de la Manga y la Calceta del
Municipio de Yopal, se encuentra en un riesgo inminente en épocas de invierno, que
amenaza sus vidas y bienes, producto de las inundaciones ocasionadas por el
desvío del cauce del RÍO CRAVO SUR.
10 Cfr. Ver folios 1 al 4 y 1 al 9 de los Cuadernos Principales 1, expedientes físicos, respectivamente.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
2. Que se declare que por desvío el del cauce del RÍO CRAVO SUR se encuentran
amenazada la carretera y el puente que conecta la Vereda de la Manga con la ciudad
de Yopal.
3. Que se declare que el desvío del cauce del RÍO CRAVO SUR es un hecho cierto
y notorio, y que son previsibles técnicamente los desastres que en época de invierno
pude llegar a accionar a los habitantes de las Veredas de La Manga y La Calceta.
4. Se ordene al GOBERNADOR DE CASANARE, ALCALDESA DE YOPAL Y AL
DIRECTOR DE CORPORINOQUÍA, la intervención inmediata, con el fin de dirigir el
caudal del RIO CRAVO SUR por su cauce original, de no ser así que se reparta el
caudal del agua por los dos brazos, el original y el actual.
5. Se ordene al GOBERNADOR DE CASANARE, ALCALDESA DE YOPAL Y AL
DIRECTOR DE CORPORINOQUÍA disponer de los recursos, maquinaria y equipos
necesarios con el fin de dar cumplimiento a la pretensión anterior.
6. Se ordene incentivo a mi favor […]”11.
3. Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda identificada con el
número único de radicación 850013331001200800092-00, son las siguientes:
“[…] Solicito a este honorable Juzgado administrativo de la manera más respetuosa
lo siguiente:
PRIMERO: Que se tomen las medidas contingentes y pertinentes para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos e intereses colectivos, enumerados anteriormente al cual están sometidos
la (sic) ciudadanos de Yopal Casanare
SEGUNDO: Que se tomen las medidas contingentes encaminadas a evitar que se
siga erosionando el cause (sic) de la rivera de la cuenca hidrográfica del [rí]o [C]ravo
[S]ur.
TERCERO: Que se tomen las medidas técnicas para preservar y recuperar el
parque denominado la iguana. Bien sea señor juez que una vez este apto para el
público (sic) se de en concesión privada u otro mecanismo, o aun darlo a la oficina
de turismo del departamento de Casanare, [S]ecretaria de [A]gricultura, encaminado
a que siempre este (sic) en condiciones de ser utilizado y así evitar el abandono por
parte de los entes territoriales a saber, restaurantes, ventas ambulantes, etc.
QUINTO: Que adelanten obras de infraestructura en el puente [L]a [C]abuya.
SEXTO: Frente a las anteriores pretensiones solicito: Que se ordene la construcción
de obras de infraestructura que logren recuperar el parque [L]a [I]guana de tal
manera que cuando el rio cravo sur se desborde de su cause (sic) normal, no cause
daños a dicho parque.
Así mismo se deben adelantar obras de infraestructura el (sic) la rivera del rio cravo
sur en especial a la zona en donde circunda al municipio de Yopal, obras tales que
eviten que se sigan deteriorando sus laderas, pueden ser obras de tipo natural o
artificial (Ejemplo de ello son estrellas de concreto o bultos de arena, o muralla de
contención.)
SÉPTIMO: Que se decrete el incentivo de Ley, y se condene en costas […]”12.
11 Cfr. Ver folio 3 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
12 Cfr. Ver folio 3 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
Presupuestos fácticos
Dentro del proceso identificado con número único de identificación
850012331002201100033-00:
4. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:
4.1. Afirmó que el río Cravo Sur perdió su caudal original debido a fuertes lluvias,
desviándose por un brazo que se abre frente a la finca de Morrocolandia ubicada
aproximadamente en la vía que conduce de Yopal a la vereda de La Manga, la cual
empalma con el caño Palomero.
4.2. Adujo que ha afectado más de sesenta (60) familias y se han perdido grandes
cultivos y animales, además, se han deteriorado “[…] las vías carreteables y
amenaza con derrumbar el puente que comunica la vereda de la Manga con la
ciudad de Yopal […]”.
4.3. Agregó que el Municipio de Yopal adelantó unos trabajos para conducir el
cauce del Río; sin embargo, fueron insuficientes y posteriormente manifestó no
tener recursos.
Dentro del proceso identificado con número único de identificación
850013331001200800092-00:
5. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:
5.1. El actor indicó que el río Cravo, en su recorrido va erosionando las laderas
de su cauce, en especial, “[…] el que circunda el perímetro urbano y rural del
municipio de Yopal […]”.
5.2. Señaló que la erosión descrita “[…] se agranda dramáticamente […]” en
épocas de invierno, tras el aumento del cauce del río.
5.3. Afirmó que, ni la administración municipal, ni departamental, ni la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía han emprendido las acciones
encaminadas al control y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cravo
Sur, respecto a sus posibles desbordamientos y evitar la erosión de sus laderas,
situación que puede “causar un desastre de magnitudes titánicas”.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
5.4. Precisó que, con ocasión de los desbordamientos del río Cravo Sur en época
de invierno, se ha generado un deterioro del parque La Iguana, asimismo, indicó
que el deterioro del parque es consecuencia del abandono por parte de la
administración municipal y de la falta de inversión de recursos.
5.5. Finalmente, mencionó que el puente La Cabuya se encuentra en mal estado
con ocasión de la falta de mantenimiento preventivo y de ejecución de obras de
infraestructura tendientes a mejorar las condiciones del mismo por parte del Instituto
Nacional de Vías.
Contestaciones de la demanda
Dentro del proceso identificado con número único de identificación
850013331001200800092-00:
6. El Municipio de Yopal13 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas con fundamento en los siguientes argumentos14:
6.1. Indicó que no se encuentra probada, por parte del actor popular, la vulneración
al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, asimismo, resaltó que en el escrito de la demanda “[…] se transcriben
todos los derechos colectivos que contienen la ley, para ver cual les surte […]”.
6.2. Manifestó que el Municipio no ha sido omisivo en el cumplimiento de sus
funciones, pues adujo que la administración municipal, antes de presentarse la
demanda del medio de control sub examine, elaboró, a través de su Secretaría de
Obras, un informe en el que se describen las circunstancias y amenazas
presentadas en el río Cravo Sur originadas por una avalancha “[…] que en algún
tiempo bastante atrás el río hizo […]”. Expuso que, con ocasión de la elaboración
de dicho informe, el Municipio de Yopal pactó acuerdos con el Gobierno Nacional y
el Departamento de Casanare que se comprometió a la realización de “[…] trabajos
serios que conduzcan a evitar que días venideros se presente ese mismo fenómeno
natural […]”.
6.3. Propuso las excepciones que denominó: “ausencia de omisión por parte del
Municipio de Yopal” y “ausencia de vulneración de derechos colectivos”.
13 Por intermedio de apoderado.
14 Cfr. Ver folios 61 al 68 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
7. El Departamento de Casanare15 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos16:
7.1. Adujo que el Municipio de Yopal es quien debe atender las actividades
tendientes a la prevención de desastres pretendidas por el actor, lo anterior por
cuanto así se encuentra señalado en los Planes de Desarrollo en los que se estipula
que son los municipios quienes, en primera instancia, deben propender por prevenir
y atender las necesidades de la comunidad en materia de desastres naturales.
7.2. Estimó que el Departamento de Casanare ha cumplido con sus funciones por
cuanto ha realizado, a través de la Oficina de Atención y Prevención de
Emergencias y Desastres, los estudios necesarios y las actividades para mitigar las
inundaciones en la zona del Municipio de Yopal, de igual manera, expuso que la
entidad ha brindado atención a la población afectada en épocas de lluvias cuando
así se ha requerido.
7.3. Propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
8. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía17 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos18:
8.1. Expuso que la Corporación, como Autoridad Ambiental, ha actuado de
acuerdo a sus competencias legales y constitucionales, buscando garantizar que
las entidades encargadas de la gestión ambiental y municipal, puedan cumplir los
cometidos a ellas encomendados de manera oportuna y preventiva.
8.2. Sostuvo que no es función de la entidad ejecutar obras, sino que su función
es la de estudiar, analizar y orientar a los organismos competentes en la ejecución
de obras, buscando que con estas no se afecte el medio ambiente o que el impacto
se minimice. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
9. El Instituto Nacional de Vías19 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos20:
15 Por intermedio de apoderado.
16 Cfr. Ver folios 111 al 114 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
17 Por intermedio de apoderado.
18 Cfr. Ver folios 121 al 130 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
19 Por intermedio de apoderado.
20 Cfr. Ver folios 201 al 204 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
9.1. Advirtió que la responsabilidad atribuida por el actor popular a la entidad es
inexistente, por cuanto el puente La Cabuya no presenta daños y el Instituto ha dado
mantenimiento al mismo de forma permanente.
9.2. Esbozó que la entidad no tiene injerencia sobre los cauces de los ríos, y que,
a juicio de la entidad, corresponde al Municipio de Yopal y el Departamento de
Casanare responder por el direccionamiento del río Cravo Sur y por los daños que
presenta. Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva y pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
10. Meyan S.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con
fundamento en los siguientes argumentos21:
10.1. Manifestó que el área concesionada por el Instituto Colombiano de Geología
y Minería - INGEOMINAS y licenciada ambientalmente por la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía - Corporinoquía se encuentra
aproximadamente a 4 kilómetros abajo del perímetro urbano del Municipio de Yopal,
en una zona donde el Río Cravo Sur experimenta una reducción de su cauce activo.
10.2. Expuso que, en las zonas de transición entre Pie de Monte y Llanura, los ríos
presentan cambios en la pendiente y en la sección transversal, lo que causa una
disminución en la velocidad del flujo y la formación de depósitos de materiales de
construcción. Esto incrementa la cota natural y desplaza la corriente hacia los
costados.
10.3. Advirtió que, respecto al sistema de explotación, la autoridad ambiental
aprobó un sistema combinado de piscinas y explotación continua para la fuente de
materiales, predominando esta última. Este método se utiliza para dragar el río y
mantener el flujo central, reduciendo las posibilidades de desbordamiento en el área
licenciada y fortaleciendo los taludes con la disposición periódica de sobretamaños.
10.4. Señaló que no existen asentamientos humanos afectados en la zona de
influencia del proyecto, por el contrario, las actividades de explotación han
mantenido estable la morfología del río, sin desbordamientos recientes que
comprometan los taludes a pesar de la reducción de la sección en esa zona.
10.5. Indicó que las entidades gubernamentales realizan grandes inversiones en
dragado para prevenir desastres y que la sociedad ejecuta esta actividad
21 Cfr. Ver folios 299 y 300 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
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periódicamente, con la aprobación de las autoridades pertinentes, para controlar el
cauce y minimizar el impacto en los taludes ribereños.
10.6. Solicitó su desvinculación del proceso argumentando que las actividades en
el río Cravo Sur se realizan conforme a lineamientos técnicos, mineros y
ambientales que no afectan aguas arriba ni al perímetro urbano de Yopal, ni a las
obras de protección implementadas.
11. Proyectos y Triturados de Oriente S.A.S. en liquidación contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos22:
11.1. Indicó que, durante la época invernal, el cauce de los ríos, incluido el Cravo
Sur, tiende a aumentar su caudal, lo que es un fenómeno general y no exclusivo de
dicho río.
11.2. Manifestó que no tiene conocimiento respecto a la omisión o actitud pasiva
de las entidades accionadas dado que no ha participado activamente en el control
de dichas entidades.
11.3. Indicó que no es una entidad pública sino una persona jurídica privada y,
según el certificado de constitución, no tiene obligación de proteger derechos
colectivos ni de preservar el medio ambiente como se solicita en la acción popular.
11.4. Advirtió que realiza actividades de explotación y beneficio de material pétreo
del cauce del río Cravo Sur con todas las autorizaciones mineras y ambientales
correspondientes, de acuerdo con la Resolución 200-41/08/0028 de 23 de enero de
2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –
Corporinoquía, por lo que no hay razón para su vinculación a la demanda debido a
que cumple con la normativa vigente.
11.5. Señaló que los monitoreos de calidad del aire y generación de ruido
ambiental, así como la operación de sus plantas de trituración y mezcla asfáltica,
cumplen con la legislación ambiental vigente, eximiéndola de responsabilidad en las
pretensiones del actor.
11.6. Expuso que su vinculación es improcedente teniendo en cuenta que las
entidades responsables de la protección del medio ambiente y del recurso hídrico
son el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, la Corporación Autónoma Regional de la
22 Cfr. Ver folios 307 y 309 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
Orinoquía - Corporinoquía, el Departamento de Casanare y el Municipio de Yopal.
La empresa no controla el medio ambiente, el espacio público, ni el recurso hídrico;
por lo cual solicitó su desvinculación del proceso.
12. Agregados Crasurca S.A.S. contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos23:
12.1. Manifestó que, mediante Resolución 200.15.0301 de 9 de agosto de 2001,
la autoridad ambiental otorgó la licencia ambiental al señor Luis Felipe González
Parra para el proyecto de extracción, beneficio, transporte y comercialización de
materiales de construcción extraídos del Río Cravo Sur.
12.2. Expuso que, mediante Resolución 200.15.05.0034 de 26 de enero de
2005, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía prorrogó la licencia
ambiental otorgada al señor Luis Felipe González Parra por el término de la duración
del contrato de concesión otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y
Minería – INGEOMINAS.
12.3. Indicó que, mediante Resolución 200.41.09-1327 de 11 de noviembre de
2009, la autoridad ambiental autorizó la cesión del 100% de los derechos y
obligaciones de la licencia ambiental del señor Luis Felipe González Parra a favor
de la Sociedad Agregados Crasurca S.A.
12.4. Señaló que el Instituto Colombiano de Geología y Minería - INGEOMINAS
otorgó un Contrato de Concesión Minero de placa 20804 con una duración de 30
años, registrado ante el Registro Minero Nacional el 4 de junio de 1997.
12.5. Explicó que, desde la expedición de la Ley 685 de 15 de agosto de 200124,
las autoridades mineras y ambientales iniciaron acciones para reglamentar en forma
concertada los temas de interés común para garantizar el desarrollo armónico del
ciclo minero con el medio ambiente.
12.6. Detalló que el Código de Minas regula la explotación de recursos mineros
para fomentar la exploración técnica, la explotación racional, y el desarrollo
sostenible del país, regulando las relaciones jurídicas entre el Estado y los
particulares
23 Cfr. Ver folios 307 y 309 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
24 “[…] Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones […]”.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
12.7. Describió que el proyecto minero se encuentra en el Km 3 Vía Sirivana del
Municipio de Yopal, dentro de las coordenadas planas concesionadas por la
autoridad minera, mediante el contrato de concesión de placa 20804, abarcando un
área de 241 Ha y 9000 m².
12.8. Indicó que la preparación del yacimiento no incluye la remoción de la capa
vegetal, ya que el material extraído se encuentra en depósitos desprovistos de
vegetación. Asimismo, el arranque del mineral se realiza de manera mecánica con
una retroexcavadora para fragmentar el macizo rocoso en tamaños manipulables
para el cargue y transporte.
12.9. Manifestó que se presentó un Estudio de Impacto Ambiental ante la
Corporación Autónoma Regional para obtener la licencia ambiental, el mismo
incluye la descripción del medio físico, social y económico, así como los planes de
manejo ambiental correspondientes.
12.10. Detalló que se implementa un método de explotación continuo, en franjas
paralelas a lo largo de los playones centrales del área licenciada, para minimizar el
golpe de agua a los taludes. Agregando que la explotación está supervisada por la
Autoridad Ambiental, que realiza visitas de control semestrales, y que se deben
presentar informes de interventoría semestral para mitigar y controlar los impactos
ambientales
12.11. Indicó que han tomado medidas de manejo ambiental para minimizar los
impactos, en las cuales ha incluido: i) el llenado o tanqueo de combustible de la
máquina retroexcavadora se realiza en el hangar destinado al almacenamiento de
hidrocarburos, mientras que el tanqueo de las volquetas se efectúa en estaciones
de servicio en el casco urbano del Municipio de Yopal; ii) está prohibido lavar la
máquina Retroexcavadora y las volquetas en el área de extracción, estos deben
limpiarse en lugares autorizados para tal fin; iii) no se deben arrojar basuras a la
corriente de agua, los residuos deben ser depositados en bolsas y trasladados a la
zona de beneficio, desde donde serán manejados y dispuestos por la empresa de
aseo urbano; iv) se deben mantener medidas de seguridad e higiene en el lugar de
trabajo, incluyendo charlas a los operadores sobre los posibles efectos y causas en
el sitio; y v) no se debe realizar mantenimiento a la maquinaria y equipos cuando se
encuentren en el cauce del Río Cravo Sur.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
Dentro del proceso identificado con número único de identificación
850012331002201100033-00:
13. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía25 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos26:
13.1. Señaló que sí se presentaron inundaciones; sin embargo, no le consta que
haya sido en la ubicación registrada en la demanda. Además, advirtió que es
arriesgado asumir que se va a derrumbar en caso de creciente, lo que sí está
sucediendo es que la zona del puente se está debilitando.
13.2. Indicó que el secretario de Gobierno del Municipio de Yopal solicitó,
mediante Oficio 110.02.6-11532 de 2 de agosto de 2010, permiso especial para
intervenir ciertos puntos de la ocupación del cauce para extraer material
sedimentado que contribuía al desbordamiento. Mediante Oficio 500.13.10.01805
de 24 de septiembre de 2010, la entidad respondió señalando que se conceden ese
tipo de permisos solamente si se cumple una serie de requisitos e instó i) al
Municipio para que realice unos estudios técnicos para diseñar aguas de protección
de taludes y del cauce para, posteriormente, ejecutar las obras pertinentes; y ii) al
Departamento de Casanare para que mantenga un constante monitoreo en el área
objeto del presente caso.
13.3. Afirmó que el Municipio y el Departamento han solicitado los permisos
ambientales necesarios para efectuar obras de protección frente a esta
problemática y la entidad ha cumplido con su labor de control y seguimiento a dichos
permisos concedidos.
13.4. Resaltó que el Municipio, a quien se le otorgó Permiso de Ocupación de
Cauce, no construyó unas obras que, entre otras, había propuesto: realizar un
dragado en la margen izquierda con longitud aproximada de 300 metros, de ancho
30 metros y de profundidad 1 metro o colocar material granular junto al talud de la
margen derecha del brazuelo del río que se viene erosionando.
13.5. Reveló que el principal inconveniente es la gran sedimentación que
presenta el río Cravo Sur en toda su línea como producto de la intensa deforestación
aguas arriba. Al respecto, agregó que mediante Convenio Interadministrativo 160-
25 Por intermedio de apoderado.
26 Cfr. Ver folios 48-63 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
12-02-06-015 de 2006, suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Yopal, se acordó “[...] [r]ealizar el aislamiento, establecimiento, primer y segundo
mantenimiento de 88.7 hect[á]reas en la parte media de la cuenca del río Cravo Sur,
en el departamento de Casanare, en áreas degradadas de conservación y
protección, con reforestaciones de tipo protector, protector-productor y/o sistemas
agroforestales […]”.
13.6. Señaló que con el Departamento de Casanare existen convenios para
comprar predios en la parte superior de la cuenca con el fin de cercarlos y reforestar
para disminuir la erosión del terreno.
13.7. Indicó que el brazo derecho del río Cravo Sur, dividido a la altura de la isla
La Manga, tiene menor capacidad hidráulica por lo que cuando el caudal se recarga
por este brazo se presentan inundaciones en todo su recorrido, especialmente en
las veredas Palomas, La Manga y Calcetas. En ese sentido, mediante Resolución
200.41.09.0631 de 4 de junio de 2009 se otorgó permiso de ocupación de cauce
para las obras de protección geotécnica a realizar sobre los dos márgenes del brazo
derecho; sin embargo, en el término otorgado de dos meses no se realizaron dichas
obras.
13.8. Advirtió que como autoridad ambiental ha realizado diferentes actividades
con el fin de ayudar en la solución de esta problemática, además de asesorar al
Departamento y al Municipio indicando técnicamente cómo minimizar los impactos
causados con las obras. Asimismo, formuló el Plan de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas –POMCA de la cuenca de río Cravo Sur.
13.9. Afirmó que elaboró y socializó la Agenda de Gestión Ambiental Municipal
como herramienta para la operativización de los instrumentos de planificación que
se han desarrollado entre la autoridad ambiental y las entidades territoriales.
13.10. Indicó que con el Programa Regional de Educación Ambiental – PREA
realiza procesos de educación ambiental como acompañamiento a instituciones
educativas o capacitación en veredas sobre distintas temáticas.
13.11. Agregó que las inundaciones no están relacionadas con la época invernal
sino con la dinámica fluvial del río Cravo Sur.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
13.12. Manifestó que elaboró el Plan de Acción para la Atención y Mitigación de la
Emergencia Invernal, de acuerdo con el Decreto 510 de 24 de febrero de 2011 27,
en el cual incluyó el sector del río Cravo Sur como proyecto prioritario de
financiación.
13.13. Presentó las excepciones denominadas “falta de integración de
Litisconsorcio necesario” y “pleito pendiente”.
14. El Departamento de Casanare28 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos29:
14.1. Señaló que no es competencia del Departamento tomar las medidas
pertinentes para declarar la situación de riesgo de las personas que habitan en las
veredas de La Manga y La Calceta del Municipio del Yopal con ocasión de las
inundaciones originadas por el desvío del cauce del río Cravo Sur, sino que, a juicio
de la entidad, la declaración de esa zona de alto riesgo es competencia exclusiva
de la administración municipal. Lo mencionado, en virtud del principio de
planificación que implica el deber de los municipios de prever las posibles
situaciones de desastre o calamidad pública, estableciendo un inventario y
diagnóstico de los inmuebles afectados para establecer el grado de afectación de
cada uno y establecer las condiciones de adecuación, reconstrucción o reubicación.
14.2. Indicó que la “declaración de situación de amenaza” no se puede pretender
con el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por
cuanto la declaración de zona de riesgo obedece a un estudio de formulación y
elaboración de planes, programas y proyectos que incluyen el componente de
prevención de riesgos, como consecuencia del análisis de vulnerabilidad que
contempla y determina la probabilidad de la presentación de desastres en sus áreas
de jurisdicción.
14.3. Advirtió que la zona de alto riesgo expuesta en los hechos, que pretende
ser declarada en el proceso, ya está contemplada en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Yopal dentro de las áreas expuestas a amenazas y
riesgo de inundación; por lo tanto, debe aparecer dentro del plan de contingencias
y debe contar con un plan de atención a los habitantes del sector.
27 “[…] Por el cual se adoptan las directrices para la formulación del Plan de Acción para la Atención de la
Emergencia y la Mitigación de sus efectos [...]”.
28 Por intermedio de apoderado.
29 Cfr. Ver folios 307 a 313 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
14.4. Mencionó que el Departamento no es competente para adelantar las obras
de infraestructura pretendidas por el actor popular, sino que, a juicio de la entidad,
correspondería a la administración municipal, así como buscar resolver la situación
de riesgo que representa los asentamientos humanos en dicha zona y la explotación
en ciertas actividades.
14.5. Resaltó que las pretensiones del accionante son imposibles de cumplir, por
cuanto el río Cravo Sur no presenta control de escorrentía y su formación
geomorfológica no permite que técnicamente se realicen obras de contención allí,
como sucede con todos los ríos existentes en Piedemonte Llanero.
14.6. Finalmente, propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.
15. El Municipio de Yopal30 contestó la demanda31 y se opuso a las pretensiones
formuladas con fundamento en que tiene criterio contrario a “[…] a la prosperidad
de la acción popular por haber operado el decaimiento de la jurisdicción , en razón a
que el juzgado primero administrativo cursa el proceso No. 2008092, cuyo objeto es
precisamente la prevención de un eventual desbordamiento del río CRAVO SUR […]”.
Actuaciones en primera instancia
Dentro del proceso identificado con número único de identificación
850013331001200800092-00:
16. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal profirió auto de 28 de mayo de
200832 mediante el cual admitió la demanda.
17. El 12 de noviembre de 200833 se adelantó la audiencia de pacto de
cumplimiento y se declaró fallida, toda vez que las partes no propusieron fórmulas
de arreglo.
Dentro del proceso identificado con número único de identificación
850012331002201100033-00:
18. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal profirió auto de 3 de marzo de 2011
en el que declaró la falta de competencia para conocer la demanda y lo remitió al
Tribunal Administrativo de Casanare.
30 Por intermedio de apoderado.
31 Cfr. Ver folios 296 a 297 del Cuaderno Principal 2, expediente físico
32 Cfr. Ver folio 12 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
33 Cfr. Ver folios 263 a 264 del Cuaderno Principal, expediente físico acumulado.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
19. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió auto de 10 de marzo de 201134
mediante el cual admitió la demanda.
20. Posterior al estudio pertinente, el Tribunal profirió auto de 19 de enero de 201235
decretando la acumulación de los procesos identificados con número único de
radicación 850012331000201100033-00 y 850013331001200800092-00.
21. El Tribunal Administrativo de Casanare celebró la audiencia de pacto de
cumplimiento en varias sesiones, la primera fue el 16 de diciembre de 201136, en la
que se suspendió la diligencia hasta que se definiera la conducta procesal a seguir
con relación al proceso identificado con número 850013331001200800092-00,
asimismo, ordenó al Municipio de Yopal y al Departamento de Casanare que
realizaran un resumen ejecutivo de la problemática existente en las veredas
Paloma, Manga, La Calceta, Barbascos y zonas adyacentes acerca de las
inundaciones provocadas por el río Cravo Sur.
22. Una vez se decretó la acumulación, continuó el proceso en la etapa de la
audiencia especial de pacto de cumplimiento realizada en distintas fechas, en donde
se realizó lo siguiente:
22.1. El 23 de marzo de 201237 se suspendió la audiencia de pacto de
cumplimiento para que las partes tuvieran un término prudencial con el propósito de
elaborar el plan de trabajo que se convertiría en pacto.
22.2. El 19 de abril de 201238 se propuso una posibilidad de acuerdo parcial; sin
embargo, se suspendió la audiencia por la vinculación del Fondo Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo para la Defensa de Derechos e
Intereses Colectivos.
22.3. El 3 de mayo de 201239 se suspendió la diligencia por la falta de
comparecencia de algunas partes debido a que su intervención es determinante
para concretar integralmente el pacto.
34 Cfr. Ver folios 20 y 21 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
35 Cfr. Ver folio 3 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
36 Cfr. Ver folios 409 a 411 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
37 Cfr. Ver folios 678 a 680 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
38 Cfr. Ver folios 723 a 726 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
39 Cfr. Ver folios 771 a 772 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
22.4. Más adelante, el 6 de julio de 201240 se continuó la audiencia de pacto de
cumplimiento en la cual se llegó a un acuerdo parcial con los siguientes
compromisos:
“[…]
Responsable
Actividad Producto esperado Plazo máximo
Directo
Destinar MIL
QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS
($1.500.000.000) del
superávit de la vigencia
Hasta diez (10)
fiscal de 2011, para
Acuerdo municipal y días siguientes a
cofinanciar el estudio
certificado de Municipio de la aprobación del
sobre la hidráulica fluvial
disponibilidad Yopal pacto, para
integral al río Cravo Sur y
presupuestal producir los actos
la construcción de las
administrativos
obras planificadas que
arroje ese estudio
(Literales C y D del
numeral PRIMERO) (folio
699).
Apropiar y destinar
Estudio integral
TRESCIENTOS
sobre la hidráulica
SESENTA MILLONES
fluvial integral al río
($360.000.000) para
Cravo Sur, cuando
cofinanciar junto con el
menos entre el
municipio de Yopal y el
puente de la Cabuya Conjuntos con los
departamento de
y el extremo más Corporinoquía del municipio de
Casanare los diseños de
distante (aguas Yopal.
las obras planificadas
abajo) de la isla
que arroje el estudio
Manga y en general,
sobre la hidráulica fluvial
sector de riesgo
integral al rio Cravo Sur
objeto de la acción
(Literal D del numeral
popular.
PRIMERO)
Un (1) mes
Suscripción y siguiente a la
Convenio legalizado Yopal +
legalización del convenio aprobación del
y acta de iniciación. Corporinoquía
de cooperación. pacto (mes 1 de
vida del convenio)
Alcance de
30 días hábiles
actividades y
Etapa precontractual siguientes a la
productos, Yopal
concurso de méritos. iniciación del
presupuesto y plan
convenio.
de inversión.
Publicación de
Tres (3) meses
apertura,
siguientes a la
Proceso contractual adjudicación y Yopal
iniciación del
contrato legalizado,
convenio.
acta de iniciación.
Estudio integral de la
cuenca del río Cravo
Sur y diseño de
Doce meses
obras en el área de
siguientes a la
jurisdicción de Yopal, Yopal +
Ejecución del contrato iniciación del
orientado a la Corporinoquía
contrato de
solución de la
consultoría.
problemática
debatida en el
proceso popular.
[…]”.
40 Cfr. Ver folios 863 a 867 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
Sentencia aprobatoria de pacto parcial de cumplimiento, en primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Casanare41, mediante sentencia de 12 de julio de
2012, resolvió:
“[…] 1º APROBAR el pacto parcial de cumplimiento configurado por YOPAL y
CORPORINOQUÍA con la parte activa, en los términos consignados en la motivación.
Los plazos correrán a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta decisión.
2º DISPONER la conformación de un comité de verificación integrado como se indicó
en la parte considerativa; sesionará por convocatoria del presidente o dos de sus
miembros y rendirá informes trimestrales o cuando se presenten novedades
significativas de las que deba ser avisado el Tribunal.
3º ORDENAR la continuación del proceso popular respecto de las pretensiones no
acordadas, orientadas a la solución integral del problema colectivo descrito en esta
providencia.
4° En firme, líbrense las comunicaciones de rigor a los representantes legales de las
entidades, dependencias y demás estructuras organizacionales estatales
concernidas; igualmente, a los integrantes del comité de verificación y a la Defensoría
del Pueblo. Esta se ocupará de la inserción en el registro previsto en el art. 80 de la
Ley 472 de 1998. Remítase copia auténtica y completa de este pronunciamiento, con
constancia de ejecutoria.
5° Cumplido lo anterior, vuelva el cuaderno principal de la actuación al sustanciador
para proveer impulso […]”.
Sentencia proferida, en primera instancia
24. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 3 de abril de
2014, resolvió:
“[…] 1° Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
invocada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y, en consecuencia, excluirlo de
los mandatos que se imparten en este fallo.
Declarar no probadas las demás excepciones procesales invocadas por los
integrantes de la parte pasiva.
2° DECLARAR vulnerados los derechos colectivos consagrados en los literales a), c),
d), e), g), l) y m) del art. 4° Ley 472 de 1998, en los términos indicados en la
motivación, por la omisión de deberes del municipio de Yopal, del departamento de
Casanare, de CORPORINOQUÍA, de la Nación (Fondo Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres) y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
4° (sic) ORDENAR al municipio de Yopal, al departamento de Casanare, a
CORPORINOQUÍA, a la Nación (Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres)
y a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ejecutar las actividades,
medidas o intervenciones de mediano y largo plazo que se consignan a continuación,
las cuales se cumplirán conforme a los lineamientos señalados en la motivación
(medidas de fondo), así:
41 Cfr. Ver folios 873 a 878 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
Aporte
Destinatarios Órdenes Plazo de ejecución
presupuestal
Hacer cumplir
integralmente el
contrato de consultoría
El fijado en la
# 699 del 30 de abril
aprobación del pacto
del 2013 que se
parcial. Doce (12) No aplica
celebró en virtud del
meses a partir de acta adición.
pacto parcial de
de iniciación (17 de
cumplimiento; adoptar
mayo de 2013).
las determinaciones
10.1.1. Municipio de acordadas en dicho
Yopal y pacto.
CORPORINOQUÍA Someter los resultados
del producto genera
(sic) de la consultoría a
evaluación de la mesa Hasta tres (3) meses a
técnica que partir de la entrega de No aplica
conformarán Yopal, los estudios finales del adición.
Casanare, consultor.
Corporinoqu[í]a y la
UNRGD (ver actividad
del consultor 10.1.4).
Preparar proyecto
integral de
actualización y ajuste
del POMCA rio Cravo
Sur, para armonizarlo
con los resultados
definitivos de los
estudios técnicos que
Hasta seis (6) meses a
entregue la consultoría
partir de la entrega de
10.1.2. aludida en la actividad 100%
los estudios finales del
Corporinoqu[í]a 10.1.1 Igualmente, Corporinoqu[í]a
consultor (producto de
actualizar, someter a
actividad 10.1.1).
proceso decisorio y
adoptar o hacer
adoptar la Guía
Metodológica de
Manejo del Cravo Sur,
cuando menos en el
tramo objeto de este
fallo.
Identificar las
necesidades de
armonización del
Hasta tres (3) meses
POMCA actualizado
para la revisión integral
respecto del río Cravo
del POT en lo atinente
Sur, tramos objeto de
al POMCA del río
este fallo, con el POT
Cravo Sur y expresar
de Yopal y los
las observaciones o
proyectos de planes
recomendaciones
parciales que le
técnicas que
10.1.3. someta el municipio de 100%
correspondan.
Corporinoqu[í]a Yopal en lo relativo a Corporinoqu[í]a
las riberas del río,
Hasta tres (3)
áreas urbana y rural;
meses adicionales a
entregar las
los indicados en la
recomendaciones
actividad 10.1.2. para
técnicas que estime
DECIDIR y ADOPTAR
pertinentes para la
la actualización de
administración
rigor.
municipal y adoptar el
aludido POMCA
actualizado.
10.1.4. YOPAL, Constituir la mesa Constituir la mesa No aplica
CASANARE, técnica para evaluar el técnica, definir su adición
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
UNGRD (Fondo producto de mecanismo de
Nacional de Gestión consultoría (actividad operación,
de Riesgo de 10.1.1.), expresar las coordinación y
Desastres) y observaciones a que dirección: hasta un (1)
CORPORINOQU[Í]A haya lugar, exigir al mes siguiente a la
contratista (por entrega del producto
conducto de la entidad de consultoría
contratante) los (actividad 10.1.1.).
ajustes que se Identificar y requerir los
requieran conforme al ajustes que deban
objeto del contrato y la exigirse al contratista
ley; definir plan de consultor y señalarle
trabajo para ejecutar plazo perentorio
las recomendaciones conforme al contrato y
No aplica
técnicas que la la ley, incluido régimen
adición.
Administración estime de garantías
necesarias, (cumplimiento, calidad,
presupuestal, etcétera): hasta tres (3)
financiera, jurídica y meses siguientes a la
socialmente viables. instalación de la mesa
técnica.
Contratar y hacer
ejecutar o realizar
directamente los
estudios técnicos
complementarios que Cofinanciación
se requieran en el por partes
proceso decisorio: iguales, cada
hasta seis (6) meses obligado el 25%.
siguientes a la entrega
del producto final de la
consultoría (actividad
10.1.1.).
Hasta seis (6) meses
siguientes a la
conclusión del proceso
de evaluación que
haga la mesa técnica a
que se refieren las
actividades 10.1.1 y
No aplica
10.1.4: definir plan de
adición.
trabajo; preparar
presupuesto de
inversiones; identificar
fuentes de
Recuperar espacio financiación; apropiar
público, incluida la o gestionar los
10.1.5. Yopal y ronda protectora del recursos requeridos.
Casanare río; rehabilitar y Hasta un (1) año
entregar al uso público adicional al plazo
el parque La Iguana precedente, para
EJECUTAR en su
totalidad los trabajos
de recuperación del
parque para darlo al
No aplica
uso público, si fuere
adición.
técnicamente
recomendado por la
consultoría y
convalidado por la
mesa técnica
(actividades 10.1.1. y
10.4.4)
10.1.6 YOPAL, Concluidos los Hasta seis (6) meses
CASANARE, procesos decisorios a siguientes a la No aplica
UNGRD (Fondo que se refiere la culminación del grupo adición.
Nacional de Gestión actividad 10.1.4. de actividades 10.1.4
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de Riesgo de ADOPTAR políticas de para definir políticas,
Desastres) y manejo integral de la formular el plan de
CORPORINOQU[Í]A problemática del río trabajo y decidir qué
Cravo en el tramo del ajuste[s] finales
que se ocupa este requieran los diseños
fallo; FORMULAR el de las obras que
plan de trabajo a que dispongan ejecutar.
haya lugar; ajustar los Hasta seis (6) meses
DISEÑOS definitivos siguientes a los
de las obras que se anteriores para abrir y
requieran según sus adjudicar los procesos
decisiones técnicas y contractuales a que
CONTRATAR los haya lugar.
trabajos a que hay
lugar. Todo ello La ejecución de los
orientado a trabajos se someterá a
PROTECCIÓN DE los plazos
Financiación de
INFRAESTRUCTURA contractuales que se
los contratos:
PÚBLICA; pacten, estrictamente
25% Casanare;
RECUPERACIÓN, supervisados por la
35% Fondo
REHABILITACIÓN Y entidad que actúe
Nacional de
RECUPERACIÓN DE como contratante y por
Gestión de
LA RONDA la mesa técnica. No se
Riesgo de
PROTECTORA y tolerarán
Desastres
CONTENCIÓN DE suspensiones,
(UNGRD); 20%
RIESGO O adiciones de plazo ni
Yopal; y 20%
AMENAZAS otras contingencias en
Corporinoqu[í]a
MITIGABLES acorde la ejecución, que
con el POT de Yopal, obedezcan a causas
el POMCA del río diferentes a fuerza
Cravo Sur (tramo mayor o caso fortuito,
objeto del fallo) y los rigurosamente
estudios técnicos. controladas por la
administración, bajo la
vigilancia judicial del
Tribunal, en el contexto
del fallo popular.
Hasta un (1) año
Identificar usos siguiente a la
actuales no terminación de las
compatibles con el actividades 10.1.4
mapa de riesgos o para culminar
amenazas diagnósticos, elaborar No aplica
determinados por el plan de trabajo, definir adición.
POT de Yopal, el metas, productos
POMCA río Cravo Sur esperados y adoptar
(tramos objeto de este las decisiones de
fallo) y los resultados ejecución que se
finales de los estudios requieran.
10.1.7 YOPAL,
técnicos (actividad Financiación de
CASANARE,
10.1.4); censar costos de
UNGRD (Fondo
ocupantes, reubicación, si
Nacional de Gestión
explotadores del hay lugar a ellos,
de Riesgo de
cauce, de la ronda, la o de
Desastres) y
ribera en general o el indemnizaciones
CORPORINOQU[Í]A
área que deba ser reconocidas en
Hasta un (1) año
sustraída de usos sede
adicional para ejecutar
incompatibles; administrativa
las decisiones
reubicar a las (consenso de la
administrativas que se
personas que mesa técnica,
adopten.
requieran y tengan sin perjuicio de
derecho a la asistencia lo que
estatal y hacer cesar dispongan
todo los usos eventuales
incompatibles con el futuras
estado de cosas. sentencias en
contenciosos de
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
interés
particular): 25%
Casanare; 35%
Fondo Nacional
de Gestión de
Riesgo de
Desastres
(UNGRD); 20%
Yopal; y 20%
Corporinoqu[í]a.
Identificar en área
urbana y de futura
expansión urbana,
áreas incompatibles
con usos humanos
(vivienda, industria,
institucionales entre
otros) por amenaza de
riesgo medio o bajo 100% Yopal
mitigables, en las que Hasta seis (6) meses (estudios
se pretenda licenciar, siguientes a la entrega técnicos y
10.1.8 YOPAL,
autorizar, ejecutar, del producto de determinaciones
sujeto a concepto
renovar o de cualquier consultoría (actividad administrativas
previo de la mesa
otro modo desarrollar 10.1.1.) sin perjuicio de acerca de uso
técnica
nuevos proyectos lo que se dispondrá por del suelo y
urbanísticos, los medidas cautelares. urbanismo en
cuales no podrán general)
autorizarse ni
ejecutarse sin que
previamente se
hayan realizado las
obras de prevención
y mitigación que se
requieran, acorde con
los hallazgos técnicos.
5° ORDENAR al municipio de Yopal, al departamento de Casanare, a
CORPORINOQUÍA, a la Nación (Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres)
y a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ejecutar sin esperar a
ejecutoria del fallo las medidas cautelares señaladas en la parte considerativa, que
se consignan a continuación, las cuales se cumplirán conforme a los lineamientos
señalados en la motivación (medidas cautelares), así:
Plazo de Aporte
Destinatarios Órdenes
ejecución presupuestal
Ejercer las funciones de Hasta un (1) mes
policía administrativa, para efectuar
coordinar con la Policía diagnóstico del
Nacional las de estado del parque y
competencia de esta definir el plan de
institución y con la trabajo; hasta un (1)
Empresa de Acueducto mes adicional para
Alcantarillado y Aseso (sic) INICIAR los
de Yopal lo que procesos de 100% YOPAL,
corresponda y acometer restitución de bien si se requieren
10.2.1 Yopal las actividades de de uso público que recursos
restitución de bienes de se requieran, los económicos
uso público, seguridad de cuales deberán adicionales.
los visitantes y aseo adelantarse con
general de las áreas rigurosa
destinadas a recreación observancia de los
activa o pasiva en el términos legales;
parque La Iguana, de hasta dos (2)
manera que pueda darse meses para
al uso público en el estado efectuar las labores
físico en que se encuentre, de limpieza; hasta
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
esto es, sin nuevas dos (2) meses para
inversiones públicas, ejecutar las
mientras se inician los actividades
plazos de ejecución de las policivas relativas a
órdenes de fondo relativas seguridad. Todos
a dicho parque. los plazos
empiezan a correr a
partir del día
siguiente a la
notificación del
fallo.
Ejercer las funciones de
policía administrativa y
coordinar con la Policía
Nacional las de
competencia de esta
institución en lo que
corresponda y acometer
Hasta un (1) mes
las actividades de
para efectuar
restitución de bienes de
diagnóstico del
uso público en la ronda
estado general de
protectora del río Cravo
la ronda y definir el
Sur, desde el puente La
plan de trabajo;
Cabuya (vía Yopal - Pore)
hasta un (1) mes
hasta el extremo inferior de 100% YOPAL,
adicional para
la isla La Manga, de si se requieren
INICIAR los
10.2.2 Yopal manera que se hagan recursos
procesos de
cesar ocupaciones o económicos
restitución de bien
intervenciones de la adicionales.
de uso público que
misma para preservarlas
se requieran, los
para el uso público
cuales deberán
exclusivamente, por ahora
adelantarse con
en el estado en que se
rigurosa
encuentran, esto es, sin
observancia de los
nuevas inversiones
términos legales.
públicas, mientras se
inician los plazos de
ejecución de las órdenes
de fondo relativas a la
caracterización técnica
definitiva y recuperación
de dicha ronda.
Identificar y censar en el Desde el día de la
terreno en área urbana y notificación del
de futura expansión fallo, para
urbana, áreas SUSPENDER
incompatibles con usos actuaciones
humanos (vivienda, administrativas en
industria, institucionales curso y ORDENAR
entre otros) por amenaza suspender la
de MUY ALTO y de ALTO ejecución de las
RIESGO, acorde con la que se encuentren
delimitación del Plan de en curso, relativas a 100% YOPAL,
Ordenamiento Territorial cualquier nueva si se requieren
10.2.3 Yopal de Yopal (2013); ordenar intervención recursos
la SUSPENSIÓN antrópica o económicos
INMEDIATA de toda desarrollo adicionales.
nueva intervención urbanístico en el
antrópica incompatible; área de MUY ALTO
SUSPENDER de y de ALTO RIESGO
inmediato en el estado en definida por el POT;
que se encuentren los dos (2) meses
trámites para otorgamiento siguientes a
de licencias, permisos o notificación de la
autorizaciones sentencia, para
urbanísticas de cualquier efectuar el
tipo; e INICIAR de diagnóstico general
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
inmediato los trámites aquí ordenado;
administrativos de su hasta dos (2)
competencia, o provocar meses siguientes al
ante las autoridades que diagnóstico, para
correspondan los demás, INICIAR los
orientados a obtener la procedimientos de
REVOCATORIA revocatoria, los
DIRECTA a que haya lugar cuales tendrán que
respecto de las que ya llevarse con
hayan sido otorgadas, o rigurosa
los judiciales que se observancia de los
requieran si no fuere términos legales
jurídicamente posible para adoptar
revocar, todo lo anterior decisiones
orientado a CUMPLIR Y definitivas. Hasta
HACER CUMPLIR las dos (2) meses
regulaciones del POT siguientes a los
2013. Para ello se tendrán anteriores para
en cuenta las INSTAURAR los
caracterizaciones (mapas medios de control
de riesgo) vigentes cuando que sean del caso,
menos desde el Plan sin perjuicio de
Básico de Ordenamiento agilizar las
Territorial del 2003, con las pertinentes
sucesivas actualizaciones. demandas si
En los medios de control, hubiere riesgo de
si fuere el caso, SE caducidad.
TENDRÁN QUE PEDIR
debidamente sustentadas
en lo fáctico, probatorio y
jurídico, las pertinentes
medidas cautelares.
Publicar de inmediato
aviso al público en el portal
institucional (web) del
Al día siguiente de
municipio, en las
la notificación del
carteleras de acceso
fallo, para fijar los
general a la alcaldía
avisos al público.
municipal, en las de
Además, deberá
Planeación y Gobierno, el
publicarse el texto
texto que se indica en los
en los medios de
lineamientos de las 100% YOPAL,
comunicación
medidas cautelares, si se requieren
regional y local
10.2.4 Yopal acerca de la recursos
(televisión, radio y
SUSPENSIÓN de todo económicos
prensa), durante un
proceso de licenciamiento adicionales.
(1) mes, con
de actividades
frecuencia no
constructivas o de
menor a un (1)
desarrollo urbanístico y de
aviso semanal en
la ejecución de toda nueva
cada medio que
actividad antrópica en las
escoja la
áreas de MUY ALTO
Administración.
RIESGO Y ALTO
RIESGO, acorde con el
РОТ 2013.
Realizar monitoreo o
vigilancia periódica, con
visitas técnicas de campo Desde el día
50% Yopal y
no menos de dos (2) siguiente a la
50% Casanare,
mensuales o con más notificación de la
en que
10.2.5 YOPAL Y asiduidad si se requiere, sentencia y hasta
corresponda a
CASANARE acorde con el ciclo de cumplirse todas las
las actividades
lluvias, durante las órdenes cautelares
de vigilancia
temporadas de mayores y de fondo
periódica.
precipitaciones con impartidas en ella.
incidencia en el río Cravo
Sur en el tramo objeto de
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
este fallo, para identificar
eventuales modificaciones
del estado actual de riesgo
de desastres previsibles y
mitigables técnicamente,
hasta el agotamiento de
los efectos del fallo.
Efectuar el mantenimiento
periódico de las obras de
protección (jarillones y
enrocados) ya ejecutadas
en el cauce o las riberas
del río Cravo Sur en el
tramo objeto de este fallo, Desde el día 50% Yopal y
en cuanto sean siguiente a la 50% Casanare,
técnicamente necesarias notificación de la en lo que
10.2.6 YOPAL Y para impedir la agravación sentencia y hasta corresponda a
CASANARE del estado actual del cumplirse todas las eventuales
riesgo respecto de la órdenes cautelares nuevos trabajos
infraestructura pública o y de fondo urgentes de
los bienes de uso público, impartidas en ella. protección.
acorde con los resultados
de la vigilancia periódica
del comportamiento del río
(actividad
10.2.5 medidas
cautelares).
Una semana, a
partir del día
siguiente a la
notificación del
fallo, para evaluar
estado de cosas y
tomar decisiones.
Hasta quince (15)
Definir la pertinencia, días más para
necesidad y viabilidad apropiar recursos
técnica de las obras de con cargo a la
RECONSTRUCCIÓN del atención de
jarillón en Morrocolandia, emergencias o de
para remediar la falla o las fuentes de
fractura ocurrida en el presupuesto que
10.2.7 YOPAL Y invierno 2013, puesta de decida la autoridad 50% Yopal y
CASANARE presente en inspección administrativa para 50% Casanare.
judicial del 1° de abril de financiar y contratar
2014. Si se estima los trabajos. La
necesario para prevenir o ejecución, si es
mitigar nuevas técnicamente
inundaciones, contratar y necesaria la obra,
ejecutar a la brevedad los deberá realizarse
trabajos que se requieran. antes de la
terminación del
actual verano o de
la agudización del
ciclo de invierno
2014 y del aumento
previsible del
caudal del Cravo
Sur en el sector.
Evaluar con el rigor técnico Hasta un (1) para
a que haya lugar, vistas las efectuar revisión
advertencias indicadas en integral del
la motivación del fallo y proyecto y entregar
10.2.8 YOPAL 100% Yopal
bajo la responsabilidad del resumen ejecutivo
alcalde de Yopal, la al Tribunal, con las
necesidad, pertinencia, conclusiones de la
justificación, urgencia, Administración y la
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
eficacia y propósitos justificación de la
reales respecto de la decisión que se
protección de derechos adopte.
colectivos, del proyecto de
ENROCADO en el sector
de Morrocolandia, área
adyacente al predio
conocido como "Casa
Vieja", entre otros, al que
aludieron las autoridades
locales en la inspección
judicial del 1° de abril de
2014.
Evaluar con el rigor técnico
a que haya lugar, vistas las
advertencias indicadas en
Hasta un (1) mes
la motivación del fallo y
siguiente a la
bajo la responsabilidad del
radicación del
director de la Unidad, la
proyecto definitivo
necesidad, pertinencia,
que prepare la
justificación, urgencia,
administración de
eficacia y propósitos
Yopal, con la
reales respecto de la
pertinente
10.2.9 UNGRD protección de derechos 100% UNGRD
justificación
colectivos, del proyecto de
técnica. De lo que
ENROCADO en el sector
decida la UNGRD
de Morrocolandia, área
deberá remitir
adyacente al predio
resumen ejecutivo
conocido como "Casa
al Tribunal, con la
Vieja", entre otros, al que
pertinente
aludieron las autoridades
sustentación.
locales en la inspección
judicial del 1° de abril de
2014.
Mantener y exigir el
estricto cumplimiento de
las medidas policivas de
protección del puente
peatonal de acceso a la Desde el día
isla La Manga, para siguiente a la
impedir el uso vehicular notificación de la 100% Yopal si
incompatible con sus sentencia y hasta se requieren
10.2.10 YOPAL
especificaciones técnicas. cumplirse todas las recursos
Igualmente, realizar las órdenes cautelares adicionales.
labores periódicas de y de fondo
mantenimiento preventivo impartidas en ella.
y correctivo para
garantizar el transito
seguro para el cual fue
diseñado y construido.
Verificar el estado actual Hasta un (1) mes
de actividades de para efectuar el
extracción de materiales diagnóstico; hasta
pétreos en el cauce y en un (1) mes
general los playones y adicional para
riberas del río Cravo Sur, adoptar el plan de
constatar el cumplimiento trabajo. Hasta un
de la regulación minera y (1) mes adicional
10.2.11 100%
de las respectivas para librar las
CORPORINOQU[Í]A Corporinoqu[í]a
licencias ambientales; órdenes de policía
adoptar de inmediato las administrativa de
determinaciones de policía ejecución
administrativa ambiental inmediata y para
de su competencia para iniciar los demás
hacer cesar la minería procedimientos a
ilegal que se esté que haya lugar, los
realizando o pretenda cuales deberán
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realizar en cualquier punto concluir con
del tramo del río Cravo Sur decisiones de fondo
objeto de este fallo; iniciar, definitivas con
llevar a su culminación y estricto
ejecutar los demás cumplimiento de los
procedimientos y términos legales.
decisiones que sean
necesarias para someter:
la minería extractiva en
dicho tramo a la legislación
minera y ambiental.
Hasta un (1) mes
para efectuar el
Verificar el estado actual diagnóstico; hasta
de los canales artificiales un (1) mes
para el uso o adicional para
aprovechamiento de adoptar el plan de
aguas del río Cravo Sur en trabajo. Hasta un
el tramo objeto de este (1) mes adicional
fallo; adoptar de inmediato para librar las
las determinaciones de órdenes de policía
policía administrativa administrativa de
10.2.12 100%
ambiental de su ejecución
CORPORINOQU[Í]A Corporinoqu[í]a
competencia para hacer inmediata y para
cesar las ocupaciones o iniciar los demás
usos ilegales; iniciar, llevar procedimientos a
a su culminación y ejecutar que haya lugar, los
los demás procedimientos cuales deberán
y decisiones que sean concluir con
necesarias para someter decisiones de fondo
dichos usos a la regulación definitivas con
ambiental. estricto
cumplimiento de los
términos legales.
Impedir en ejercicio de las
competencias y poderes
como autoridad ambiental, Desde la
la INICIACIÓN de notificación del
cualquier nueva actividad fallo, obligación de
de minería extractiva de verificar estado de
materiales de arrastre o cosas (solicitudes
pétreos en las zonas pendientes,
10.2.13 100%
críticas del Cravo Sur actividades con
CORPORINOQU[Í]A Corporinoqu[í]a
objeto de este fallo, hasta permiso o licencia
tanto concluyan los no iniciadas).
estudios globales de Vigilancia de policía
consultoría acerca del administrativa
manejo integral de la ambiental
problemática colectiva de permanente.
la que se ocupa la
sentencia.
Evaluar la incidencia de la Hasta seis (6)
actividad de extracción de meses siguientes a
materiales pétreos en el la entrega del
cauce y en general los producto de
playones y riberas del río consultoría (objeto
Cravo Sur, en la del pacto de
morfología y la hidráulica cumplimiento
10.1.14 del mismo y establecer si aprobado por 100%
CORPORINOQU[Í]A son compatibles o en qué decisión judicial Corporinoqu[í]a
manera puedan ser ejecutoriada) para
compatibles con las el DIAGNÓSTICO y
medidas e intervenciones definir el plan de
técnicas que recomienden trabajo; hasta un (1)
las autoridades que año adicional, para
conformarán la mesa EJECUTAR las
técnica a que se alude en determinaciones
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
las medidas definitivas o que adopte. Todo
de fondo (además de ello sin perjuicio de
Corporinoqu[í]a, UNGRD, las medidas
Casanare y Yopal); hacer cautelares de
los ajustes que carácter más
correspondan a las urgente, indicadas
licencias y promover ante en precedencia.
la autoridad competente
las demás decisiones que
se requieran para el
manejo integral de la
problemática del río,
incluido, si es necesario,
suspender o terminar
alguna o algunas de ellas.
6° Denegar las demás pretensiones expresadas por la parte actora, entre ellas, la
protección a la moralidad administrativa y el incentivo popular.
7º Designar como auditores del cumplimiento del fallo, a título de Comité de
Verificación, al alcalde de Yopal o su delegado, quien lo coordinará, al gobernador de
Casanare, al representante legal de CORPORINOQU[Í]A, al director de la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, al procurador 23 judicial lI ambiental y agrario, al
actor popular del proceso 2011-00033-00, a un vocero de las comunidades de la
ribera izquierda del río Cravo Sur en el área objeto de fallo y a otro de las comunidades
de la ribera derecha.
Los cuatro primeros podrán delegar en funcionarios del nivel directivo; los voceros de
las comunidades los escogerán los presidentes de las respectivas juntas de acción
comunal dentro del mes siguiente a la notificación del fallo, de cuya actuación
acompañarán copia del acta con el primer informe del comité. Si no lo hacen o no hay
acuerdo, los seleccionará directamente el magistrado sustanciador.
El comité rendirá informes periódicos al finalizar cada trimestre, a partir de la
notificación en lo relativo a medidas cautelares; y desde ejecutoria hasta cuando se
declare agotado el objeto del fallo, respecto de las demás determinaciones. Cuando
lo soliciten y el comité lo encuentre fundado, serán oído los interesados que hayan
participado en el proceso o puedan contribuir a dar claridad acerca de su
cumplimiento.
8º Sin costas en la instancia.
9º Sin esperar a ejecutoria, remítase copia de la sentencia a los órganos de control
Fiscalía Seccional de Casanare, Procuraduría Regional de Casanare, Contraloría
General de la República - Gerencia Casanare y Contraloría Departamental de
Casanare) para que se pondere la procedencia de averiguaciones penales,
disciplinarias y fiscales, por las omisiones en que hayan incurrido las autoridades de
Yopal respecto de las regulaciones del PBOT (2003 y 2007) y del POT en lo atinente
a la continuación de actividades humanas no compatibles con las áreas de muy alto
o alto riesgo no mitigable ubicadas en el área de influencia del río Cravo Sur objeto
de este fallo, conforme se advirtió en la motivación.
10° Sin esperar a ejecutoria, remítase copia de la sentencia a la Procuraduría
Regional de Casanare, Contraloría General de la República - Gerencia Casanare Y
Contraloría Departamental de Casanare, para la vigilancia preventiva relativa a
medidas cautelares, conforme se indicó en la motivación.
11° En firme, líbrense las comunicaciones de rigor a los representantes legales de las
entidades, dependencias, empresas y demás estructuras organizacionales estatales
concernidas; igualmente, a la Defensoría del Pueblo, que se ocupará de la inserción
en el registro previsto en el art. 80 de la Ley 472 de 1998. Remítase copia auténtica
y completa de este pronunciamiento, con constancia de ejecutoria.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
12° La Secretar[í]a agregará al cuaderno separado de medidas cautelares copia de
la sentencia, de las constancias de notificación y del trámite subsiguiente hasta
eventual remisión al Consejo de Estado, para control de cumplimiento de las medidas
cautelares dispuestas en el fallo, el cual ejercerá el magistrado ponente […]”42.
Consideraciones del Tribunal
25. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] Se trata de establecer si en las inundaciones del río Cravo Sur en el área de su
influencia (sector de La Cabuya al extremo inferior de la isla de Manga), que afectan
bienes de uso público y presuntamente privados han incidido la actividad de las
entidades demandadas, de quienes se predican omisión e intervenciones materiales
sin adecuada planeación técnica, comprometiendo o amenazando los derechos
colectivos invocados por los actores populares […]”43.
26. El Tribunal consideró que es un hecho notorio el riesgo que representa el río
Cravo Sur para los habitantes de sus riberas por posibles inundaciones, al respecto,
el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas indicó que dicha cuenca
presenta degradación alta de laderas, en las cuales se ubican varios cascos
urbanos. Además, que el parque La Iguana y la zona de ribera del Río se encuentra
en zona de amenaza alta o muy alta de inundaciones.
27. Indicó que las entidades territoriales de orden municipal tienen competencia
en asuntos ambientales de interés local y les compete velar por el cumplimiento de
los deberes del Estado y de particulares en materia ambiental; los departamentos
tienen a su cargo, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales, la
promoción, cofinanciación o ejecución de obras y proyectos de irrigación,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces
corrientes de agua para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas
hidrográficas.
28. En ese sentido, aseveró que las corporaciones autónomas regionales tienen
funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas
relacionadas con el medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. Dentro de las mismas destacó que deben promover y ejecutar obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua en coordinación con los organismos directores y ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras.
42 Cfr. Ver folios 2496 a 2500 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
43 Cfr. Ver folio 2465 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
29. El Tribunal aclaró que, en defensa del interés y la posición procesal del Fondo
Nacional de Calamidades, convertido en Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, comparecieron la Administradora Fiduciaria La Previsora S.A. y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD; esta última es
la coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y le atañe
articular los esfuerzos institucionales de todos los integrantes de dicho sistema.
30. Agregó que la defensa del patrimonio público es un derecho e interés
colectivo que debe protegerse en tanto que las inversiones que hacen las entidades
públicas para la protección de vidas o bienes de uso público, incluso algunos
particulares, cuando se encuentren en riesgo, implican que los recursos para pagar
dichos trabajos provienen del tesoro público.
31. Señaló que el pacto parcial aprobado para que se realizara la contratación
de estudios de consultoría fue relevante debido a que permitió definir el verdadero
escenario de la problemática; sin embargo, al revisar la ejecución de los
compromisos allí adquiridos se evidenció que el contrato de consultoría 699 de 30
de abril de 2013 solamente se cumplió en un 30% para la fecha límite que se había
acordado, por lo cual se extendió el plazo.
32. Precisó que, teniendo pleno conocimiento de las circunstancias, hay
ocupación del espacio público en la ronda protectora del río Cravo Sur, en zonas de
muy alto y alto riesgo no mitigable en usos no compatibles con las definiciones del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial y el Plan de Ordenamiento Territorial de los
años 2003, 2007 y 2013; por lo tanto, ordenó culminar los estudios técnicos y tomar
decisiones administrativas que propendan por la cesación del uso incompatible de
dichas zonas desalojando los predios o viviendas, siendo algunos reubicados por el
Estado si es conforme a la normativa.
33. Indicó que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía ha otorgado,
al Departamento de Casanare y al Municipio de Yopal, permisos de ocupación del
cauce del río Cravo Sur para la realización de obras de mitigación del riesgo.
34. Con relación a la actividad minera, resaltó que existen seis (6) proyectos
mineros con título minero, licencia ambiental y autorización para extraer material en
el Río.
35. El Tribunal manifestó que la acción popular no tiene el alcance ni el propósito
de defender la propiedad individualmente considerada; por lo tanto, no es posible
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30
Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
proteger los bienes materiales de quienes ilegalmente han tomado posesión de
dichas zonas, la prioridad radica en preservar las vidas humanas. A pesar de ello,
la función del Estado sí radica en establecer medidas para que la problemática
existente no se agrave.
36. Adicionó que para el Tribunal es novedoso que se intente acelerar la
construcción del enrocado en la zona de Morrocolandia donde se pretende
adelantar un proyecto de desarrollo urbanístico, según la radicación de la solicitud
ante la oficina de planeación del Municipio de Yopal, cuando el proceso de todas
las otras intervenciones en la zona del río, por indicación de las autoridades locales,
han sido pausadas hasta la obtención de los resultados del estudio de consultoría
completo, incluyendo la reconstrucción del jarrillón fracturado en Morrocolandia. Por
lo mencionado ordenó alertar a los órganos de control como la Procuraduría y
Contraloría.
37. Resaltó que debe restituirse al uso público y recuperarse una zona de
protección hídrica de 100 metros que no puede ser usada con destino a vivienda o
explotación económica. Adicionalmente para las zonas de amenaza alta y muy alta
no está permitida la localización de asentamientos humanos.
38. Manifestó que la autoridad ambiental no podrá permitir la apertura a una
nueva actividad minera debido a que alteraría el delicado equilibrio que con esfuerzo
se ha logrado en el sector de Morrocolandia.
39. Encontró menoscabo del patrimonio público en razón de, entre otras, la
destrucción de carreteras, deterioro de puentes, inversión en jarrillones que no han
representado utilidad real para la contención de las aguas, improvisación en la
contratación y ejecución de obras civiles.
40. Señaló que el Municipio está encargado de la organización general del
territorio y es el primer obligado a ocuparse de la protección, preservación y
restauración de los derechos e intereses colectivos del caso concreto. Además,
como partícipe del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
el Municipio, entre otras, debe articularse con los demás agentes del sistema para
implementar los procesos de gestión del riesgo e integrar en la planificación del
desarrollo local las estrategias en materia de gestión del riesgo.
41. Advirtió que el Departamento de Casanare también tiene deberes en este
escenario, derivado de los principios de concurrencia, complementariedad y
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31
Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
subsidiariedad; por lo tanto, el Tribunal convalidó la oferta voluntaria de dicha
entidad territorial de contribuir con un veinticinco por ciento (25%) de los recursos
necesarios para ejecutar las obras pertinentes.
42. Manifestó que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía tiene
deberes específicos de control y poderes correctivos en calidad de autoridad
ambiental con relación a las intervenciones antrópicas, incluyendo las actividades
licenciadas que se realizan en el río Cravo Sur.
43. Indicó que el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres, como
entidad de orden nacional, absorbe la mayor parte de las rentas que pagan los
contribuyentes, teniendo en cuenta que se trata de una problemática compleja que
no debería abordar únicamente el Municipio. Asimismo, según el Acto Legislativo 5
de 18 de julio de 201144, la mayor parte de los recursos de las regalías dependen
de la voluntad del gobierno; por lo tanto, el Fondo deberá contribuir con recursos
económicos a través de los mecanismos de administración, representación y
ordenación de gasto que corresponden a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres y de la administración financiera a cargo de la Fiduprevisora
S.A.
44. Respecto a la actividad minera, adujo que aún no se conocía la incidencia
real de la minería legítima en la alteración del cauce o las riberas del Río; por lo
tanto, era necesario esperar los estudios técnicos de consultoría contratados en
virtud del pacto parcial de cumplimiento, en ese sentido no ordenó concretamente
cesar dichas acciones teniendo en cuenta que los intereses de las compañías no
pueden estar sobre el interés general.
45. Señaló que para distribuir las cargas presupuestales de las ordenes tuvo en
cuenta la oferta voluntaria del Departamento, la capacidad fiscal del Municipio y la
naturaleza del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
46. Resaltó como prioridad que la ronda protectora y demás bienes de uso
público deberán ser totalmente restituidos y protegidos mediante los poderes de
policía propios del alcalde municipal, además, la misma autoridad deberá adoptar y
ejecutar las decisiones para identificar, actualizar el censo y reubicar personas, si
es necesario, para que en las zonas de muy alto y alto riesgo no mitigable no haya
habitantes.
44 “[…] por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones […]”.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
Recursos de apelación
47. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía45 interpuso recurso
de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó
su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
3.1. Señaló que no es la entidad supervisora del Contrato de Consultoría 699 de
30 de abril de 2013, solamente cumple dicha función respecto al Convenio 1191 de
21 de noviembre de 2012; sin embargo, ha participado activamente como miembro
de la Unidad de Gestión de Riesgo.
3.2. Destacó que, ante la necesidad de actualización del Plan de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA, se formuló un proyecto de acuerdo a
la guía técnica para la formulación expedida mediante Resolución 1907 de 27 de
diciembre de 201346, teniendo en cuenta los nuevos componentes de la normativa
y fue presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en aras de
buscar financiación debido a que el área de cobertura y el nivel de complejidad es
amplio.
3.3. Adujo que, solamente si el Ministerio apoya con la financiación, es posible
llevar a cabo la ejecución del proyecto de ajustes del Plan de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas - POMCA, lo cual no puede realizarse en un término
inferior a un (1) año debido a que es necesario evaluar el comportamiento de la
cuenca en épocas críticas, tanto en intenso verano como fuerte invierno; por lo
tanto, se debe reconsiderar el tiempo otorgado para el cumplimiento, el cual debe
incluir la consecución de recursos y el proceso de contratación.
3.4. Advirtió que el Municipio de Yopal es el encargado de adoptar en el Plan de
Ordenamiento Territorial los ajustes de actualización del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica que haga la Corporación de acuerdo con los
resultados del estudio de dinámica fluvial del río Cravo Sur.
3.5. Mencionó que ya existen las mesas técnicas, por las cuales se ha realizado
una serie de actuaciones a partir de la conformación del comité técnico operativo y
durante la ejecución del Convenio 1191 de 21 de noviembre de 2012, dentro de las
45 Cfr. Ver folios 2512 al 2519 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
46 “[…] Por la cual se expide la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas […]”.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
cuales el Municipio de Yopal tiene calidad de contratante y supervisor; por lo tanto,
es competente para exigir el cumplimiento de los contratos de consultoría.
3.6. Manifestó que no tiene certeza que, dentro de los productos a entregar en
desarrollo de la consultoría, deba ser incluida en la actividad de cofinanciación de
estudios complementarios debido a que no tiene seguridad de que los estudios
propuestos sean competencia de la entidad.
3.7. Adicionó que su competencia está limitada a una labor de apoyo a las
entidades territoriales, es decir, participa activamente en las actividades
desplegadas por los municipios en asuntos relacionados con la gestión del riesgo
realizando los estudios necesarios para los planes de ordenamiento.
4. El Municipio de Yopal47 interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en
los siguientes argumentos:
4.1. Señaló que las cargas establecidas en la sentencia proferida en primera
instancia son desproporcionadas, si bien la entidad territorial tiene
responsabilidades en el asunto, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía
debería tener mayor responsabilidad.
4.2. Destacó que, de acuerdo con el Decreto 1640 de 2 de agosto de 201248, la
principal responsable de la defensa de la ronda de protección del río es la autoridad
ambiental, quien no fue obligada. Asimismo, la competencia de los municipios en
materia ambiental consiste en la descontaminación de corrientes o depósitos de
agua afectados por vertimiento del mismo, lo cual no ocurre en el presente caso.
4.3. Adujo que la Corporación Autónoma Regional tiene “[…] la obligación de
inversión de recursos para la defensa de inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, la protección del medio ambiente y la adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces
y reforestación […] razón por la cual debió ser condenada en mayor proporción que
el municipio de Yopal en los eventos en que lo fueron conjuntamente, y debió
ordenarse su participación especialmente en la orden impuesta en el numeral 10.1.5
47 Cfr. Ver folios 2520 al 2522 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
48 “[…] Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones […]”.
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de la parte resolutiva de la sentencia en donde solamente se impusieron deberes al
municipio de Yopal y al departamento de Casanare […]”.
4.4. Advirtió que en la distribución de cargas no se tuvo en cuenta que el Contrato
de Consultoría 699 de 30 de abril de 2019 fue financiado principalmente con
recursos del Municipio de Yopal.
4.5. Mencionó que el artículo 42 del Decreto 1640 de 2012 establece con carácter
potestativo que las entidades territoriales pueden invertir en proyectos relacionados
con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, sin que se releve a
la autoridad ambiental como entidad responsable. A la par, se repite el escenario
frente al artículo 60 ibidem relacionado con la financiación de los proyectos.
4.6. Manifestó que sus deberes de ordenamiento en el territorio municipal no
implican ejecución de recursos y, en ese sentido, debería ser absuelto de realizar
aportes económicos.
5. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres49 interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que
solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
5.1. Señaló que no se demostró la omisión de la entidad respecto a la vulneración
de los derechos e intereses colectivos; al contrario, las pruebas determinan como
responsables al Municipio de Yopal, al Departamento de Casanare y a la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
5.2. Indicó que a la autoridad ambiental le corresponde responder por la presunta
invasión de la ronda hidráulica y ocupación de cauce del río Cravo Sur, teniendo en
cuenta que la problemática se ha generado a partir de extracción de materiales
pétreos que causan degradación en los lechos, amenaza los puentes y bancos, se
generan cambios morfológicos en el río que a largo plazo desencadenan procesos
de altas velocidades.
5.3. Advirtió que el Municipio de Yopal y el Departamento de Casanare han
omitido el cumplimiento de las políticas públicas establecidas en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial - PBOT de 2017 y el Plan de Ordenamiento Territorial -
POT de 2013.
49 Cfr. Ver folios 2541 al 2544 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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5.4. Resaltó que hace más de una década en el río Cravo Sur hay inconvenientes
con la restitución, recuperación y preservación de la ronda protectora, además de
la proliferación de usos, ocupaciones y actividades humanas incompatibles con el
Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca - POMCA y con el mapa de riesgo
del Municipio.
5.5. Afirmó que el Municipio es el encargado de hacer cumplir las normas relativas
a la protección y el goce de la ronda hidráulica del Río, asimismo es el encargado
de conceder las licencias o permisos para controlar el uso de este recurso.
Adicionalmente, en materia de riesgo de desastres, el alcalde de la entidad territorial
es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del
riesgo.
5.6. Agregó que, de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia
y subsidiariedad, el Departamento de Casanare tiene el deber de poner en marcha
y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su
territorio.
5.7. Adujo que es una entidad del nivel central nacional con competencias de
mera coordinación y dirección del sistema de gestión de riesgo de desastres en el
cual debe formular, implementar, articular y evaluar la política pública nacional en el
asunto.
5.8. Acorde con lo mencionado señaló que en la audiencia de pacto de
cumplimiento celebrada el 6 de julio de 2012 el Municipio, el Departamento y la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía sí se comprometieron a tomar
acción de acuerdo a sus competencias, de las cuales solo se ha cumplido un 30%.
6. Socha Pérez Inmuebles S.A.S.50 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
6.1. Solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio
de las demandas acumuladas y se remita el proceso a la oficina de reparto judicial
de los Juzgados Administrativos del Circuito de Yopal.
6.2. Adujo que se configuró una usurpación de competencias incurriendo en
nulidad debido a que el Consejo de Estado resolvió conflicto de competencias en el
50 Cfr. Ver folios 2552 al 2569 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
proceso 850013331001200800092-00, entre el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, definiendo que debía
ser el Juzgado quien tuviera conocimiento en primera instancia; sin embargo,
cuando en los Juzgados se recibió el proceso 850012331000201100033-00 se
admitió la demanda en el Tribunal, quien asumió la competencia sin hacer reparo a
lo definido por el Consejo de Estado en previa ocasión.
6.3. Señaló que el Tribunal aseveró que: i) “[…] el predio casa Vieja de propiedad
de Pedro Socha, tiene una probable ocupación de la franja de la ronda protectora
del río Clavo (sic) Sur, sin existir prueba que le permita arribar a esa conclusión
[…]”; y ii) que los estudios y diseños de las obras de protección y mitigación de la
socavación de la margen derecha del río Cravo Sur se están realizando para
favorecer el proyecto Casa Vieja de propiedad del representante legal de la
sociedad.
6.4. Destacó que se enteró del presente proceso con la socialización de la
sentencia proferida el 9 de abril de 2014 y concurrió a este proceso por ser un
tercero con interés que, a su juicio, debía ser vinculado como consecuencia de la
inspección judicial realizada el 1 de abril de 2014, debido a que en la misma se
estableció que “[…] en el sector denominado Morrocolandia, objeto de inspección,
en la construcción de las obras denominada[s] enrocados, tiene[n] como
funcionalidad es la protección de un predio privado, donde la obra ya se ejecutó sin
que la administración de Yopal, Corporinoquía hayan tenido conocimiento ni se
hayan ocupado del asunto, que esa intervención la hizo el propietario del predio
Pedro Socha […]”. Además, adujo que el Tribunal indicó que el “[…] predio casa
Vieja al parecer de propiedad de Pedro Socha […] al parecer tiene una probable
ocupación de la franja de la ronda protectora del mismo hasta la vía asfaltada que
conduce a palomas y otras veredas […]”.
6.5. Respecto a lo anterior, indicó que las obras realizadas en su predio,
identificado con Matricula Inmobiliaria 470-4917, las ha realizado con la aprobación
de las autoridades del Municipio de Yopal con un propósito que no es de exclusivo
beneficio para “Morrocolandia” y no han sido causantes del desbordamiento de la
rivera derecha del río Cravo Sur, precisando que el talud del margen derecho está
realizado por material fácilmente erosionable por el efecto del río en ese predio
donde las aguas se cargan al costado derecho del brazo.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
6.6. Advirtió que, en caso contrario a la prosperidad de la nulidad, se revoquen
los ordinales de medidas cautelares y el número 5 de la parte resolutiva de la
sentencia proferida en primera instancia.
6.7. Mencionó que en la sentencia proferida en primera instancia no se
establecieron mecanismos para que los licenciatarios de la explotación ambiental
compensen y mitiguen los daños de las explotaciones, ni recuperen lo afectado por
el ejercicio de su actividad; por lo cual solicitó que se conmine a los dueños de los
títulos mineros a que tomen medidas y que asuman una posición de garantes en
materia ambiental.
6.8. Manifestó que la orden de suspender todas las licencias de construcción,
urbanización, parcelación o cualquier otro tipo de desarrollo urbanístico en las zonas
de alto y muy alto riesgo, sin especificar a qué zonas del Municipio de Yopal se
refería, extralimitó las funciones del juez debido a que hizo pronunciamientos sobre
asuntos que no eran objeto de estudio en el presente caso.
7. Fiduciaria La Previsora S.A. – FIDUPREVISORA S.A.51 interpuso recurso
de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó
su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
7.1. Señaló que es representante legal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y, al momento de ser citada para la reanudación de la audiencia de
pacto de cumplimiento, solicitó la nulidad del proceso debido a que no había sido
debidamente notificada de la acción popular. En respuesta a dicha solicitud, el
Tribunal profirió auto indicando que no se configuraba la nulidad debido a que su
llamamiento al proceso no era para que figurara como parte sino fue convocada
para que el Fondo pueda ser oído como sujeto procesal.
7.2. Manifestó que el error persiste cuando en la sentencia proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se refiere a las competencias del Fondo dando por
hecho que está representado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y Fiduprevisora S.A. En realidad, la UNGRD es la ordenadora del gasto
en la cuenta principal del Fondo, el cual está representado por Fiduprevisora S.A.
7.3. Afirmó que no incurrió en vulneración de los derechos e intereses colectivos
teniendo en cuenta que únicamente puede disponer de recursos cuando el
representante legal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
51 Cfr. Ver folios 2524 al 2528 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
así lo indica. En revisión de las ocasiones en las que se recibieron instrucciones de
giro por parte de los ordenadores del gasto, para atención de emergencias
ocasionadas por el desbordamiento del río Cravo Sur, se encuentran:
7.3.1. En primer lugar, de la cuenta principal se suscribió Contrato núm. 9677-04-
1143-2013 de 25 de enero de 2013, entre el Fondo Nacional y el consorcio
Dragados del Oriente 2012, por un valor de dos mil millones de pesos
($2.000.000.000) con el objeto de “[…] [e]jecutar el contrato de obra para la
rehabilitación de la red vial terciaria y secundaria, adecuaciones hidráulicas de
drenaje y demás actividades que se requieran en los Departamentos de Meta y
Casanare según las necesidades de respuesta inmediata a emergencias, de
acuerdo con las solicitudes formales que los Entes Territoriales realicen a la
UNGRD, de acuerdo a los requerimientos técnicos estipulados en los estudios
previos […]”.
7.3.2. En segundo lugar, de la subcuenta “Colombia Humanitaria” se aprobó el
proyecto denominado “[…] [p]rotección de Talud y espolón Tramo (65 Metros)
Sector Isla de la Manga - Derecha […]” por valor de doscientos cuarenta y nueve
millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos
($249.959.634) para ejecución a cargo del Municipio de Yopal.
7.3.3. Y, en tercer lugar, de la subcuenta “Colombia Humanitaria” se aprobó el
proyecto denominado “[…] [p]rotección de Talud y espolón Sector de Morrocolandia
tramo de 60 metros […]” por valor de doscientos treinta y cuatro millones doscientos
cincuenta y seis mil setenta pesos ($234.256.070) para ejecución a cargo del
Municipio de Yopal.
7.4. Informó que todas las instrucciones de pago han sido cumplidas por el Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, carece de competencias
para cumplir con las exigencias que le impone la sentencia de 3 de abril de 2014.
Actuaciones posteriores a la sentencia proferida, en primera instancia
8. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, el Departamento de
Casanare, el Municipio de Yopal, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A. y Socha Pérez
Inmuebles S.A.S. interpusieron recursos de apelación contra la sentencia proferida
en primera instancia.
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9. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare profirió
auto de 30 de abril de 201452 mediante el cual: i) rechazó de plano la intervención
de Pedro Antonio Socha Pérez, por extemporánea; ii) rechazó de plano la solicitud
de nulidad presentada por Pedro Antonio Socha Pérez, por carencia de legitimación
para actuar en el proceso; iii) se abstuvo de dar trámite a los recursos de apelación
de Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A. y del señor Pedro Antonio Socha
Pérez; iv) declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el Departamento
de Casanare por falta de carga argumentativa; y v) concedió, en efecto suspensivo,
los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Yopal, la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres contra la sentencia proferida, en primera instancia.
10. El Departamento de Casanare y Socha Pérez Inmuebles S.A.S. interpusieron
recurso de reposición contra el auto de 30 de abril de 2014.
11. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto de 14 de mayo de 201453
mediante el cual confirmó la orden de declarar desierto el recurso del Departamento
de Casanare y corrigió los numerales 1, 2, 3 y 7 de la parte resolutiva del auto de
30 de abril de 2014 en el sentido de: i) rechazar de plano la intervención de la
sociedad Socha Pérez Inmuebles S.A.S., representada por Pedro Antonio Socha
Pérez; ii) rechazar la solicitud de nulidad, por carencia de legitimación en el proceso;
y iii) rechazar el recurso de apelación presentado por la misma sociedad contra la
sentencia proferida, en primera instancia.
12. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto de 19 de mayo de 201454
mediante el cual revocó la orden de abstenerse de dar trámite al recurso interpuesto
por Fiduprevisora S.A. y, en sentido contrario, ordenó conceder, en efecto
suspensivo, el mencionado recurso de apelación presentado contra la sentencia
proferida en primera instancia.
13. El Despacho sustanciador profirió auto de 23 de julio de 201455 mediante el
cual se declaró de oficio la nulidad de los numerales 1, 2 y 3 de los autos de 30 de
abril y 14 de mayo de 2014, los cuales rechazaban las solicitudes de intervención,
de nulidad y de concesión del recurso de apelación presentados por Fiduprevisora
S.A. y el señor Pedro Antonio Socha Pérez, contra la sentencia de 3 de abril de
2014.
52 Cfr. Ver folios 2587 y 2588 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
53 Cfr. Ver folios 2601 a 2603 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
54 Cfr. Ver folios 2605 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
55 Cfr. Ver folios 141 a 147 del Cuaderno de Queja, expediente físico.
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14. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto de 26 de agosto de
201456 mediante el cual ordenó citar al señor Socha Pérez para notificarlo del
proceso y correr traslado de su solicitud de nulidad.
15. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto de 17 de
septiembre de 201457 mediante el cual denegó la solicitud de nulidad presentada
por Socha Pérez Inmuebles S.A.S. Asimismo, en la parte motiva de la providencia,
señaló que el Tribunal sí era competente para conocer el presente caso, en primera
instancia, debido a que el proceso 2008-00092-00 dio inicio antes de la expedición
de la Ley 1395 de 12 de julio de 201058, conforme a la cual los juzgados sí eran
competentes; sin embargo, en virtud de la acumulación con el proceso 2011-00033-
00, pasó a ser competencia del Tribunal por la vinculación de una entidad de orden
nacional, que para el caso concreto se trata de la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía.
16. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió autos de 29 de septiembre de
201459 mediante los cuales ordenó conceder los recursos de apelación presentados
por Socha Pérez Inmuebles S.A.S. contra: i) la sentencia proferida el 3 de abril de
2014, en primera instancia; y ii) el auto de 17 de septiembre de 2014 que negó la
solicitud de nulidad.
17. El Despacho sustanciador profirió auto de 22 de septiembre de 201660
mediante el cual confirmó el auto de 17 de septiembre de 2014 y ordenó devolver
el expediente al Tribunal Administrativo de Casanare para que diera trámite a los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida en primera
instancia.
18. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto de 19 de febrero de
201861 mediante el cual ordenó declarar desierto el recurso de queja interpuesto por
el Departamento de Casanare y remitir el expediente al Consejo de Estado para que
provea lo pertinente sobre los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.
56 Cfr. Ver folios 2621 a 2622 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
57 Cfr. Ver folios 2652 a 2656 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
58 “[…] Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial […]”.
59 Cfr. Ver folios 2682 y 2683 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
60 Cfr. Ver folios 2845 a 2852 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
61 Cfr. Ver folio 2880 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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19. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 17 de abril
de 201862 mediante el cual admitió los recursos de apelación interpuestos por la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, el Municipio de Yopal y la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
20. Asimismo, profirió auto de 5 de junio de 201863 mediante el cual admitió el
recurso de apelación presentado por la sociedad Socha Pérez Inmuebles S.A.S.
contra la sentencia de 3 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en primera instancia.
21. El Despacho sustanciador profirió posteriormente el auto de 7 de noviembre
de 201864 a través del cual negó el decreto de pruebas aportadas en segunda
instancia y decretó de oficio pruebas documentales que obran en el cd visible a folio
2514(a), a saber: i) copia del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca
del río Cravo Sur; ii) la Resolución núm. 200.15.07-01333 de 31 de diciembre de
2007, por la cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica - POMCH; y, iii) las actas núms. 001 a 015 sobre la conformación del
Comité Técnico Operativo del Convenio núm. 1191 de 21 de noviembre de 2012.
22. El Despacho sustanciador profirió auto de 20 de noviembre de 201865 en el
cual corrió traslado para la presentación de alegatos de conclusión en segunda
instancia. En atención a ello, presentaron escrito de alegatos reiterando el contenido
de las contestaciones de la demanda y adicionando los siguientes elementos, en
cada caso, las siguientes entidades:
22.1. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía66 trajo a colación que
había suscrito una serie de Contratos como: i) el 100.14.1.16-562 con el objeto de
construir obras de protección en el Tramo 3 del sector Puente La Manga y
reforzamiento del puente La Manga; y ii) el 100.14.4.16-564 con el objeto de realizar
la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica
sobre la ejecución y cumplimiento del contrato de obra anterior. Asimismo, indicó
que había suspendido otros por la temporada invernal y que ha mantenido la
propuesta de aportar económicamente en la implementación de protección en el
sector La Iguana, de conformidad con la orden de la sentencia.
62 Cfr. Ver folios 2885 a 2886 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
63 Cfr. Ver folios 2894 y 2895 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
64 Cfr. Ver folios 2905 a 2908 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
65 Cfr. Ver folio 2919 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
66 Cfr. Ver folios 2928 y 2929 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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22.2. El Departamento de Casanare67 señaló que había adelantado gestiones
orientadas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia proferida,
en primera instancia, las cuales incluyeron, entre otras: visitas de campo,
contrataciones para construcción y mantenimiento de obras, adecuaciones de
terraplén, compromisos de aportes económicos y la contratación de un experto para
contextualizar el Contrato de Consultoría núm. 699 de 2013 a la realidad del río
Cravo Sur.
22.3. Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A.68 manifestó que no ha
incurrido en acciones u omisiones que puedan ser vulneradoras de derechos e
intereses colectivos debido a que únicamente es administradora del Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo y de Desastres, quien ordena el gasto es la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.
22.4. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres69 indicó que la
representación judicial del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres
está a cargo de la Fiduprevisora S.A. y no de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres. Igualmente, advirtió que no tiene función como mecanismo
de financiación en materia de gestión del riesgo y de desastres, cada entidad
territorial tiene la obligación de presupuestar sus gastos propios, así como la
competencia de la reubicación de población ubicada en zona de alto riesgo
corresponde a los Municipios.
22.5. El Ministerio Público presentó concepto el 17 de enero de 2019.
23. El Despacho sustanciador profirió auto de 22 de julio de 202470 mediante el
cual admitió el recurso de apelación interpuesto por Fiduciaria La Previsora –
Fiduprevisora S.A. contra la sentencia de 3 de abril de 2014.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
24. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; v) el marco
67 Cfr. Ver folios 2932 a 2935 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
68 Cfr. Ver folios 2939 a 2941 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
69 Cfr. Ver folios 2946 a 2953 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
70 Cfr. índice 74 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 39Auto que
admite_APa20113305MarcoJuli(.pdf) NroActua 74
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normativo y desarrollo jurisprudencial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres; vi) el marco normativo sobre la competencia de las entidades
territoriales en materia de gestión del riesgo de desastres; vii) el marco normativo
sobre las competencias de los municipios en la gestión del riesgo de desastres, en
el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; viii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las Corporaciones
Autónomas Regionales en materia ambiental; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
25. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201971, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15072 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
26. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
27. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, el
Municipio de Yopal, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y
Socha Pérez Inmuebles S.A.S. en los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de 3 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare,
de conformidad con los artículos 32073 y 32874 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201275, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 472.
71 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
72 Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564, “[...] [p]or medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones [...]”. Aplicable en virtud del artículo 306 de la Ley 1437.
73 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
74 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
75 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Problemas jurídicos
28. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:
28.1. Si las autoridades apelantes son o no responsables de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos ocasionada por los desbordamientos del río Cravo
Sur; y, consecuencialmente, si estas entidades son o no competentes para tomar
medidas orientadas a la superación de la problemática del presente caso.
28.2. Si las medidas ordenadas a las autoridades encargadas de solucionar la
problemática expuesta, en el caso concreto, son las apropiadas para la superación
de la situación de vulneración de los derechos e intereses colectivos.
29. Si es procedente o no el análisis de cumplimiento de los compromisos
acordados en la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 6 de julio de 2012
y si la solicitud de nulidad, propuesta en los términos de los recursos presentados
por la sociedad Socha Pérez Inmuebles S.A.S. y Fiduciaria La Previsora S.A., es
procedente o no frente a las circunstancias del caso concreto.
30. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 3 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
31. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
32. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
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33. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
34. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la accionada; ii) un daño contingente,
peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la
relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los
derechos e intereses.
35. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”76.
36. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
37. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
38. Visto el artículo 2.º de la Constitución Política77 sobre los fines esenciales del
Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
39. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen
las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.
40. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.
41. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala78 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En
tal sentido ha señalado lo siguiente:
“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
77 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
78 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número: 13001-23-31-
000-2011-00315-01(AP). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida
en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de
las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su
bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por
la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
42. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por desastres
naturales previsibles o antrópicos.
Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
43. Vistos: i) los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 14 y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión
del riesgo de desastres, la responsabilidad de las autoridades y de los habitantes
en dicha gestión, las definiciones, el rol de los alcaldes y las Corporaciones
Autónomas Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4.° del Decreto 4147
de 3 de noviembre de 201179, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
44. La Gestión del Riesgo de Desastres –según lo dispuesto en el artículo 1.º de la
Ley 152380– es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
79 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y
estructura”.
80 “Artículo 1.º DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante
la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.
Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha
denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias
y reducción de riesgos […]”.
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y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, medidas y acciones,
entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, para
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.
45. El artículo 2.º de la Ley 1523 de 24 de abril de 201281 establece que la
gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes
del territorio nacional.
46. El artículo 4.º de la misma norma define riesgo de desastres como “[…] los
daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no
intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente[,] el riesgo de
desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad […]”.
47. El artículo 5.° de la ley en cita establece que el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es “el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.
48. El artículo 8.° prevé como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres a: i) las entidades públicas –por su misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión–, ii) las entidades
privadas con ánimo y sin ánimo de lucro –por su intervención en el desarrollo a través
de sus actividades económicas, sociales y ambientales– y iii) la comunidad –por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales,
ambientales, culturales y participativas–.
49. El artículo 12 establece que los gobernadores y alcaldes son conductores
del Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
81 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.
50. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con el rol de los alcaldes
en el Sistema Nacional, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.
51. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.
Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de gestión del riesgo de desastres
52. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.
53. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
54. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 2011 82 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.
55. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.
56. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:
1. De la Nación
82 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones
[…]”.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.
200. Del Departamento
a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.
200. De los Distritos Especiales
a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
PARÁGRAFO 1º. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.
57. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de competencias administrativas se fundamenta, entre otros, en la
descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de
que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
58. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199483
y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que “[…] [e]l
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio […]”;
y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté en capacidad
de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de
la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para este caso,
en materia de gestión del riesgo de desastres.
59. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.
Marco normativo sobre las competencias de los municipios en la gestión del
riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres
60. El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los alcaldes como jefes de la
administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y como conductores del desarrollo local son responsables directos de la
83“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el área de su jurisdicción,
incluyendo su conocimiento y la reducción y el manejo de desastres. Además, los
alcaldes “[…] deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública […]”.
61. En relación con la función pública del ordenamiento del territorio municipal y
los planes de ordenamiento territorial en materia de gestión del riesgo, de
conformidad con los artículos 8.°84, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, estos
planes se componen de: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de
expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por riesgo
no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario de las
zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
determinación sobre “[…] las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de
“[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres,
así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v)
“[…] mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…]
[l]a localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y
vii) los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación.
62. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los programas y
84 Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 de 2021.
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proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley
1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas
que deben orientarse no solo a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino
también prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de
desastres.
63. El artículo 3.° de la Ley 136 modificado por el artículo 6.° de la Ley 1551 de
6 de julio de 2012, en su numeral 9.°, establece como función de los municipios:
“[…] formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales
[…]”.
64. En concordancia con lo anterior, el artículo 10.° de la Ley 388 de 18 de julio
de 199785, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, en su literal d)
ordena que los municipios tengan en cuenta en la elaboración y adopción de sus
planes de ordenamiento territorial, las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las
áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
65. Adicional a lo anterior, en los términos de los artículos 121 de la Ley 388, 76
de la Ley 715 y de la Resolución 448 de 17 de julio de 201486, los alcaldes tienen
la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras
entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de
alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo
rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de
85 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
86 Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para
que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.
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riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos
de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.
66. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán
[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las
tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de
manejo de desastres […]”.
67. De esta manera, se resalta que, el principal responsable de la gestión del
riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza del
alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio
de 201687.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales en materia ambiental
68. La Constitución de 1991 atribuyó al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales, las cuales
se conciben como organismos administrativos que forman parte de la estructura
estatal “dentro de un régimen de autonomía”, con identidad propia, autonomía e
independencia.
69. Así, la Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental SINA, como el conjunto
de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales 88. El
parágrafo del artículo 4.° de la Ley 99 establece que la jerarquía en el Sistema
Nacional Ambiental es el siguiente: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones
Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o municipios.
70. Por un lado, el artículo 23 de esta ley define las Corporaciones Autónomas
Regionales como “[…] entes corporativos de carácter público, creados por la
ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
87 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
88 Artículo 4.° de la Ley 99.
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biogeográfica o hidrogeográfica […]” con autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, “[…] encargadas de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]”.
71. Y, por el otro, el artículo 30 de la misma norma en cita, establece lo
concerniente a su objeto, al respecto, determina que éste se circunscribe a la “[…]
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio del Medio Ambiente […]”.
72. Ahora, en lo que atañe a sus funciones, el artículo 31 de la Ley 99 establece,
entre otras, que a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde “[…]
[e]jercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”, así como:
“[…] 20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras
de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección
o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables […]” (Destacado fuera de texto).
73. El parágrafo 4.° del artículo 31 prevé que las Corporaciones Autónomas
Regionales deben realizar sus tareas “[…] en estrecha coordinación con las
entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado
responsabilidades de su competencia […]”. (Destacado fuera del texto original)
Análisis del caso concreto
74. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine89:
74.1. Copia del Acuerdo 007 de 8 de junio de 199890 mediante el cual se
estableció el área de protección especial del patrimonio ecológico del Municipio de
Yopal denominada “[…] PARQUE MUNICIPAL ‘LA IGUANA’ […]”.
89 Cfr. índice 77 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
90 Cfr. Ver folios 2768 a 2773 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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74.2. Copia de Resolución 200.15.04.0081 de 2 de marzo de 200491, expedida
por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante la cual se otorgó
un permiso de ocupación de cauce para la construcción de obras de protección en
el río Cravo Sur, en el sector comprendido entre el puente La Cabuya – el parque
La Iguana y el hospital Yopal. Dichas labores corresponden a: “[…] 1. Un dique de
trescientos setenta y cinco (375) metros de largo, al inicio de la barra donde se
encuentra actualmente el parque de la Iguana. […] 2. Un Box de un (1) metro de
ancho sobre el canal que actualmente deriva agua hacia los caños 1 y 2
referenciados en los planos presentados a la corporación y que corren internamente
por la barra del parque la Iguana. […] 3. Un canal en piedra cemento de sección
trapezoidal, según los diseños contemplados en el documento denominado ‘Diseño
de obras de protección contra las inundaciones en el río Cravo Sur, tramo puente la
Cabuya- Hospital Yopalzona de protección ambiental parque la Iguana Municipio de
Yopal Departamento de Casanare’ […]”. Igualmente incluyó actividades de
protección para mitigar los daños presentes en los taludes de la margen derecha
del Río.
74.3. Copia de Resolución 200.15.05.0348 de 10 de mayo de 200592, expedida
por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante la cual otorgó un
permiso especial de ocupación de cauce al Departamento de Casanare, en el cual
se definieron las siguientes obras para proteger el talud erosionado por el agua: i)
gavión de protección de la orilla derecha; ii) dique en piedra pegada ara impedir el
ingreso del río al Brazuelo y frente a la urbanización La Arboleda; iii) dique
compactado con un colchón reno sobre puesto para impedir la entrada del Río al
brazo derecho; y iv) estructura de protección del talud con relleno de material y
colocación de un colchón reno.
74.4. Copia de Resolución 200.15.06.413 de 8 de mayo de 200693, expedida por
la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante la cual otorgó un
permiso de ocupación de cauce al Departamento de Casanare para la construcción
de obras de protección contra inundaciones en el río Cravo Sur incluyendo, entre
otras, reconformación del talud, diques, gaviones, espolones y box coulvert.
74.5. Copia de Resolución 200.15.07.0139 de 20 de febrero de 200794, expedida
por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante la cual otorgó un
91 Cfr. Ver folios 144 a 158 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
92 Cfr. Ver folios 166 a 174 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
93 Cfr. Ver folios 175 a 193 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
94 Cfr. Ver folios 194 a 200 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
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permiso de ocupación de cauce al Departamento de Casanare para realizar
dragados en distintos puntos del Río junto con unos estudios para diseñar obras de
protección de taludes y del cauce.
74.6. Copia de Contrato 263-1 de 14 de mayo de 200895, expedido por el
Instituto Nacional de Vías, el cual tiene como objeto “[…] atención obras de
emergencia en carreteras acargo (sic) de la territorial mediante la reparación cables
del puente colgante La Cabuya sobre el río Cravo Sur vía Yopal-Paz de Ariporo
[…]”.
74.7. Copia de Conceptos Técnicos 01-2008 de 17 de mayo de 200896 y 01-
2008 de 9 de junio de 200897, expedidos por la Alcaldía del Municipio de Yopal,
mediante los cuales se informó la situación ambiental relacionada con el río Cravo
Sur y la necesidad de tomar acciones inmediatas de contingencia que permitan
reforzar el dique para evitar daños.
74.8. Copia del Oficio 130.09.069 de 9 de marzo de 200998, expedido por la
Secretaría de Planeación del Municipio de Yopal, mediante el cual se respondió el
requerimiento relacionado con los recursos invertidos por el Municipio en
preservación, manejo y cuidado de la cuenca hidrográfica del río Cravo Sur
relacionados con, entre otros: i) adquisición de predios; ii) realización de actividades
de conservación y vigilancia de las áreas ambientales; iii) análisis y evaluación de
estudios, diseños y obras ejecutadas para proteger prioritariamente al río Cravo Sur;
y iv) asistencia técnica para definir las áreas ambientales estratégicas para la
protección y conservación de cuencas abastecedoras.
74.9. Copia de Oficio SGYD/E382 de 30 de marzo de 200999 mediante el cual la
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento de Casanare
relacionó las “[…] acciones y estudios realizados en las riberas del río Cravo sur, en
relación a la protección del Municipio de Yopal […]” por la Oficina Asesora para la
Prevención y Atención de Desastres de Casanare -OAPAED complementando la
gestión del Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres
de Yopal -CLOPAD. Entre dichas actividades se encuentra reconstrucción de paso
elevado peatonal sobre el Río, construcción de colchón reno para proteger margen
derecha y dragado de material.
95 Cfr. Ver folios 216 a 225 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
96 Cfr. Ver folios 103 a 110 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
97 Cfr. Ver folios 96 a 102 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
98 Cfr. Ver folios 273 y 274 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
99 Cfr. Ver folios 280 a 285 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
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74.10. Copia de Resolución 200.41.09.0631 de 4 de junio de 2009100, expedida
por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante la cual otorgó un
permiso de ocupación de cauce al Municipio de Yopal para la construcción de unas
obras de protección geotécnica a realizar en las dos márgenes del brazuelo derecho
y sobre el río Cravo Sur.
74.11. Acta de inspección judicial realizada el 11 de junio de 2009101 por el
Juzgado Primero Administrativo de Yopal, mediante la cual se recaudó la siguiente
información: i) evidenciaron la socavación de la rivera por desbordamiento en la
margen derecha del río Cravo Sur por la orientación del caudal hacia ese costado,
además, se observó la presencia de una retroexcavadora que está allí para obras
de protección; ii) más adelante, al costado izquierdo por el paso de la red de
acueducto, encontraron obras de gaviones y un muro de piedra; iii) luego de cien
metros evidenciaron que el agua rompió las obras de contención y se desbordó
hacia el lado derecho donde queda el casco urbano del Municipio; iv) al llegar al
parque de La Iguana vislumbraron que no hay ningún tipo de mantenimiento y a la
altura de la calle 6 constataron la destrucción de los diques; v) el puente La Cabuya
se encontró en buen estado, a pesar que tenía unas guayas sueltas que se estaban
arreglando porque en días anteriores fueron reventadas por un vehículo automotor;
vi) a la altura de la calle 12 vislumbraron que las viviendas se encuentran a diez (10)
metros del lecho del Río, no como establece la normativa que señala una distancia
mínima de treinta (30) metros; vii) observaron jarrillones y hexápodos a la altura de
la carrera 30, dicho hexápodo fue construido en el año 2004; viii) constataron la
presencia de tres (3) plantas trituradoras de materiales de río propiedad de “[…]
TETRAMINERALES[,] […] Meyan SA[,] […] Luis Felipe Gonzále[z] [y] […] Eduardo
Humberto […]”.
74.12. Copia de Auto 500.57.10.1234 de 25 de agosto de 2010102, expedido por
la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante el cual “[…] se ordena
realizar visitas de control y seguimiento a los Permisos, Concesiones y
Autorizaciones Ambientales, otorgados por la Corporación Autónoma Regional de
la Orinoquía CORPORINOQU[Í]A al Municipio de Yopal, Departamento de
Casanare y se hace un Requerimiento […]”.
100 Cfr. Ver folios 102 a 112 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
101 Cfr. Ver folios 289 a 290 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
102 Cfr. Ver folios 171 a 191 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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74.13. Copia de Oficio 00-480 de 11 de enero de 2012103 mediante el cual la
Secretaría de Gobierno del Departamento de Casanare allegó el resumen ejecutivo
del estado de la problemática. Allí se mencionó que “[…] por iniciativa del Comité
Local de Prevención de Desastres, CLOPAD Yopal, se reunió la Comisión Técnica
de este con el fin de realizar una visita de reconocimiento y evaluación de los efectos
causados en las Veredas Palomas, La Manga, La [C]alceta, Barbascos y Rincón de
la Manga, para lo cual se solicitó a la Fuerza Aérea un sobrevuelo de reconocimiento
que se llevó a cabo el día 14 de Septiembre de 2011 y luego del sobrevuelo […]
elaboró un informe técnico donde se expone la situación encontrada […]”.
74.13.1. En dicho documento también se advirtió que, entre los avances realizados
con intervención de maquinaria, se encuentran los siguientes:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS [Á]REAS CR[Í]TICAS DEL RIO CRAVO SUR
EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE YOPAL
ÍTEM LUGAR ACTIVIDAD
OBSERVACIÓN
Estas Actividades se realizaron durante una
Sector Reencau[z]amiento semana con dos [r]etroexcavadoras de
1.
Hospital Rio Cravo Sur Oruga, dos [b]uldóceres D 11 y 2 [v]olquetas
para el retiro del material.
Las obras se ejecutaron durante una
semana con una retroexcavadora y un
Punto buldócer de la Gobernación y una retro y un
2 Palomas- Canalización buldócer contratados por la alcaldía de
Japón Yopal, previo consentimiento y consenso de
la Comunidad, el CLOPAD, el CREPAD y
Corporinoquía.
Se utilizaron para realizar las obras dos
Punto la Canalización y
3. Retroexcavadoras, dos Buldóceres, durante
Tarabita Jarillón
un tiempo de 20 días.
Sector
Para esta actividad se utilizaron dos
Puente
4. Dragado Retroexcavadoras de la Gobernación por
Vereda
una semana
Palomas
NOTA: Las obras antes descritas estuvieron supervisadas por Profesionales de la
Gobernación de Casanare, Corporinoquía y las Veedurías Ciudadanas. Es importante
aclarar que las obras desarrolladas en el Rio Cravo Sur se realizaron para atender la
emergencia invernal generada por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, las cuales no
son definitivas y requieren un reacondicionamiento y vigilancia técni[c]a.
Se recomienda como complemento de las obras del Ítem 4 realizar un Enrocado de
protección del Estribo del Puente para evitar que este colapse
74.13.2. Producto del citado sobrevuelo, el CLOPAD Yopal expidió el informe
técnico de 15 de septiembre de 2011104 precisando que durante el recorrido sobre
el río Cravo Sur se pudo apreciar que, desde el punto frente al casco urbano hasta
un sector intermedio de la isla La Manga, el comportamiento del flujo es de tipo
103 Cfr. Ver folios 441 a 474 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
104 Cfr. Ver folios 470 474 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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trenzado y desde allí en adelante cambia a un cauce meándrico. Tal circunstancia
hace que el flujo sea variable y, en consecuencia, “[…] genere socavación y
desbordamiento con el aumento de los niveles por las crecientes […]”.
74.14. Copia de Memorando 200.40.13105 relacionado con Memorando
500.13.490 de 29 de mayo de 2013, expedido por el Secretario General de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante el cual informó:
“[…]
ESTADO DEL
DENUNCIADO EXPEDIENTE
PROCESO
Se encuentra archivado
en el centro de
documentos, por no
Agregados CRASURCA 200.38.10.281
existir mérito suficiente
para continuar con la
investigación ambiental.
Se encuentra para
revisar fallo, la
MEYAN S.A. 200.38.12.267 investigación se llevó a
cabo por realizar una tala
de 4 árboles.
Imposición de una
Medida Preventiva la
cual se revoca por
haberse impuesto de
forma equívoca, por
desconocimiento de
PETRIORIENTE 200.38.12.250 cesión de derechos que
ésta hiciese al Señor
Primitivo González.
Resolución N°.
200.41.12.1599 de 03 de
Diciembre de 2012 de
Revocatoria Directa
[…]”.
74.15. Inspección judicial realizada el 20 de abril de 2012106 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se comprobó que existe una amenaza
inminente contra las estructuras de carretera, el único puente peatonal y vehicular
para acceder a la isla de La Manga. Además, algunas viviendas de la ribera derecha
del brazo estaban muy cerca del borde del talud excavado por las aguas, el
Municipio de Yopal estaba adelantando obras de protección del terraplén de la
carretela de la isla, se encontraron enrocados para proteger los estribos del aludido
puente colgante y la gran cantidad de predios con viviendas rurales, cultivos y
animales de granja.
105 Cfr. Ver folio 1669 del Cuaderno Principal 6, expediente físico.
106 Cfr. Ver folio 117 del Cuaderno de medidas cautelares, expediente físico.
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74.16. Inspección judicial realizada el 14 de mayo de 2013107 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se constató que: i) en la margen
izquierda del Río hay obras realizadas para contener la excavación del talud junto
a la vía veredal, se explayó el río y se observó excavación del talud en los sectores
de Santa Rita y Rancho Grande, en el sector El Copey se advirtió que el río avanzó
hacia los potreros; y, ii) en la margen derecha del río se advirtió que en el sitio Japón-
Tarabita hay un jarrillón, en el área adyacente al puente de acceso vehicular a la
vereda La Manga hay enrocados para proteger la vía y el puente, desaparecieron
aproximadamente 600 metros de carretera en la isla La Manga, el enrocado del
puente colgante La Palma y los cables tensores de soporte de la plataforma del
puente estaban en mal estado.
74.17. Copia de Oficio 110.02.6.1660 de 24 de junio de 2013108, expedido por el
profesional contratado para el proyecto Gestión del Riesgo del Municipio de Yopal,
mediante el cual dio respuesta al requerimiento del Tribunal respecto a las
inquietudes relacionadas con el Contrato de Consultoría 699 de 30 de abril de 2013
y afirmó que el avance de los trabajos era de 0% y se había tenido que suspender
“[…] debido a que no se cuenta con la Interventoría Contratada, la cual es
indispensable para la vigilancia y control de la ejecución técnica, financiera y
ambiental del objeto contratado […]”.
74.18. Inspección judicial realizada el 1 de abril de 2014109 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se encontró que el jarrillón construido
en el año 2013, en su mayoría, permanece funcionalmente en pie, a pesar que por
el impacto del agua ha perdido altura y el ancho de corona; sin embargo, tiene una
fractura que el Municipio previene reconstruir. Asimismo, el Municipio se
comprometió a realizar un enrocado en la ribera derecha del Río de
aproximadamente 600 metros de longitud que proteja el puente peatonal La Palma
para ingresar a la isla La Manga, igualmente, dentro de los otros sectores visitados,
se encontró un talud ubicado en la ronda del Río en el brazo Palomero de la margen
derecha, con la función de proteger un predio privado de propiedad del señor Pedro
Socha, el cual fue realizado sin conocimiento de las autoridades y, en esa
oportunidad, se señaló que la administración municipal pretende intervenir ese
punto con una cuantiosa inversión debido a que es el punto más bajo y vulnerable
del trayecto Morrocolandia.
107 Cfr. Ver folio 1321 a 1330 del Cuaderno Principal 5, expediente físico.
108 Cfr. Ver folio 1674 del Cuaderno Principal 6, expediente físico.
109 Cfr. Ver folios 46 a 52 del Cuaderno Principal 1, expediente físico acumulado.
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75. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Solución a los problemas jurídicos
76. En ese orden de ideas, la Sala limitará su pronunciamiento a los precisos
argumentos expuestos por las entidades apelantes, con la claridad de que no se
abordarán asuntos o materias que no fueron controvertidas, entre ellas, la situación
de existencia de una vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos
i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de
áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente; iii) al goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público; iv) a la defensa del patrimonio
público; v) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y vi)
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
77. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
recurrentes con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación
de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En ese orden
y en armonía con los problemas jurídicos planteados, se determinará si son
procedentes o no las medidas impartidas por el Tribunal y si esas autoridades son
o no competentes para cumplir las órdenes.
78. Asimismo, en el marco del principio de congruencia, la Sala limitará su
pronunciamiento en relación con los argumentos de apelación orientados a
controvertir la sentencia de 3 de abril de 2014 y, en ese sentido, no se analizará
ninguno de los argumentos orientados a determinar si los compromisos acordados
en la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 6 de julio de 2012 han sido
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cumplidos o, por el contrario, aún se encuentra pendiente surtir medidas por parte
de los responsables.
Sobre las solicitudes de nulidad allegadas en los recursos de apelación, en el
caso concreto
79. En atención a lo expuesto en los recursos de apelación en los términos de,
por un lado, la sociedad Socha Pérez Inmuebles S.A.S. cuando señaló que “[…] se
decrete como principal la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de las
demandas de acción popular acumuladas y, en su lugar se ordene el envío a la
oficina de reparto judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito Yopal por ser
un asunto de su conocimiento […]”; y, por el otro, cuando la Fiduciaria La Previsora
S.A. manifestó que se configuraba una nulidad en razón a que “[…] fue citada a la
reanudación de audiencia de pacto de cumplimiento, no obstante […] no había sido
notificada de acción popular y no tenía conocimiento de los antecedentes que daban
lugar a la diligencia […]”, teniendo en cuenta que “[…] la Fiduciaria estaba actuando
en calidad de representante del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES — FNGRD, nunca en nombre propio […]”.
80. Sobre lo propuesto por Socha Pérez Inmuebles S.A.S., durante el trámite de
la primera instancia se reiterará el relato del trámite procesal mencionado supra en
tanto el Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto de 30 de abril de 2014110
rechazando de plano la solicitud de nulidad presentada por el señor Pedro Antonio
Socha Pérez debido a que no era parte del proceso. A su vez, el señor Socha Pérez
interpuso recurso de reposición que fue resuelto mediante auto de 14 de mayo de
2014, en el cual se reiteró el rechazo por carencia de legitimación para actuar en el
proceso.
81. Más adelante, el Despacho sustanciador profirió auto de 23 de julio de
2014111 mediante el cual ordenó al Tribunal que vinculara a la sociedad Socha Pérez
Inmuebles S.A.S. y que resolviera sobre la solicitud de nulidad presentada por la
misma.
82. De conformidad con lo ordenado, el Tribunal Administrativo de Casanare
profirió auto de 17 de septiembre de 2014112 mediante el cual denegó la solicitud de
nulidad presentada por Socha Pérez Inmuebles S.A.S. señalando que el Tribunal sí
era competente para conocer el presente caso, en primera instancia, debido a que
110 Cfr. Ver folios 2587 y 2588 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
111 Cfr. Ver folios 141 a 147 del Cuaderno Principal 12 de queja, expediente físico.
112 Cfr. Ver folios 2652 a 2656 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
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el proceso 2008-00092-00 dio inicio antes de la expedición de la Ley 1395 de 12 de
julio de 2010113, conforme a la cual los juzgados sí eran competentes; sin embargo,
en virtud de la acumulación con el proceso 2011-00033-00, pasó a ser competencia
del Tribunal por la vinculación de una entidad de orden nacional, que para el caso
concreto se trata de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
83. El Despacho sustanciador profirió auto de 22 de septiembre de 2016114
mediante el cual confirmó el auto de 17 de septiembre de 2014 y ordenó devolver
el expediente al Tribunal Administrativo de Casanare para que diera trámite a los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida en primera
instancia.
84. Igualmente, en memorial de 30 de abril de 2012115, la Fiduciaria La Previsora
S.A. solicitó que se decretara la nulidad del auto de “[…] 23 de marzo de 2012 […]”,
mediante el cual la citaron a la audiencia de pacto de cumplimiento, teniendo en
cuenta que no se había enterado del proceso previamente.
85. Al respecto, en audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 3 de mayo
de 2012116 el Tribunal señaló que “[…] FIDUPREVISORA S.A. no es sujeto procesal
ni tiene interés en este asunto […]” y agregó que la propuesta de pacto parcial
distribuye obligaciones concretas entre el Municipio de Yopal y la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía, “[…] sin perjuicio de seguir la cuerda principal
del proceso en todo lo no cubierto, escenario futuro en el que podrán intervenir los
nuevos sujetos procesales cuya vinculación se ordenó en auto del 23 de abril del
2012 […] adicionado por auto del 26 de abril […]”. En la misma diligencia se negó
la solicitud de nulidad parcial “[…] por carencia de interés procesal para pedirla y
por no existir fundamento fáctico ni normativo que pudiera configurarla […]”.
86. Posteriormente, el 3 de mayo de 2012117, la Fiduciaria La Previsora S.A.
solicitó la nulidad del auto de “[…] 23 de marzo de 2012, y de todo el proceso a partir
del auto admisorio […] teniendo en cuenta que Fiduciaria La Previsora […] no ha
sido notificada de acción popular alguna […]”.
87. En respuesta, el Tribunal profirió auto de 17 de mayo de 2012 mediante el
cual negó las solicitudes de nulidad considerando que “[…] La Previsora no es ni ha
sido llamada como parte en este asunto. Dado que el Estado contrató con ella la
113 “[…] Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial […]”.
114 Cfr. Ver folios 2845 a 2852 del Cuaderno Principal 11, expediente físico.
115 Cfr. Ver folio 767 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
116 Cfr. Ver folios 771 a 772 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
117 Cfr. Ver folios 767 a 769 del Cuaderno Principal 3, expediente físico.
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administración del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se la
convocó para que respecto del Fondo ejerza el derecho a comparecer y pueda ser
oído el Fondo como sujeto procesal […]”.
88. En ese sentido, respecto de ambas nulidades propuestas, se destaca que la
Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento respecto de las nulidades procesales
invocadas en esta instancia debido a que, de conformidad con la jurisprudencia de
esta Sección118, el recurso de apelación no es el medio pertinente para alegar
nulidades procesales, comoquiera que este tiene por objeto exclusivo que el
superior examine la cuestión decidida y la reforme o modifique119. Además, el
artículo 134 del Código General del Proceso prevé que la nulidad únicamente podrá
alegarse en segunda instancia siempre que la causal haya ocurrido con
posterioridad a la sentencia proferida por el a quo, lo cual no ocurrió en el caso sub
examine.
Análisis de los argumentos de los recursos de apelación relacionados con la
orden 10.1.1. de la sentencia proferida en primera instancia, en el caso
concreto
89. El Tribunal ordenó al Municipio de Yopal y a la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía, mediante sentencia de 3 de abril de 2014:
“[…] Hacer cumplir integralmente el contrato de consultoría # 699 del 30 de abril del
2013 que se celebró en virtud del pacto parcial de cumplimiento; adoptar las
determinaciones acordadas en dicho pacto. [...] Someter los resultados del producto
genera (sic) de la consultoría a evaluación de la mesa técnica que conformarán Yopal,
Casanare, Corporinoquía y la UNRGD (ver actividad del consultor 10.1.4). [...]”.
90. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía formuló reparo concreto
en su recurso de apelación, en el que expresó que las órdenes impartidas por el
Tribunal mediante sentencia se encuentran fuera de sus funciones y competencias
debido a que no es la encargada de supervisar dicho contrato.
91. En ese sentido, el Contrato de Concesión 101.19.699 de 30 de abril de 2013
tiene como objeto el “estudio técnico integral sobre la hidráulica fluvial de la cuenca
del río Cravo Sur y diseño de obras entre el Corregimiento de El Morro y el extremo
más distante (aguas abajo) de la isla La Manga y en general del sector del riesgo
118 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de
19 de julio de 2018 con radicación núm. 170012331000201200328-02(AP); Consejo de Estado, Sección
Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, Sentencia de 1.º de marzo de 2018 con radicación núm.
660012331000201000356-02 (AP); Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez,
Sentencia de 10 de diciembre de 2018 con radicación núm.: 170012331000201100424-03(AP).
119 Artículo 320 del Código General del Proceso.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
objeto de la acción popular No. 2011-00033-00 adelantada en el Tribunal
Administrativo del Casanare”.
92. La Sala observa que en dicho Contrato la entidad contratante es el Municipio
de Yopal y el contratista es la Fundación AZ; sin embargo, en la cláusula décimo
cuarta se acordó que “[…] [l]a interventoría será contratada y la supervisión a cargo
de un Comité Técnico integrado por la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría
de Obras Públicas del Municipio y CORPORINOQUÍA […]”, es decir, la Corporación
Autónoma Regional se encuentra incluida en el comité y es responsable en el
ejercicio de supervisar la ejecución del contrato.
93. De esa forma, se confirmará el numeral 10.1.1. del ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.
Análisis de los argumentos de los recursos de apelación relacionados con las
órdenes 10.1.2. y 10.1.3. de la sentencia proferida en primera instancia, en el
caso concreto
94. El Tribunal ordenó, mediante sentencia de 3 de abril de 2014, a la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, que:
“[…] 10.1.2. […] Preparar proyecto integral de actualización y ajuste del POMCA río
Cravo Sur, para armonizarlo con los resultados definitivos de los estudios técnicos
que entregue la consultoría aludida en la actividad 10.1.1 Igualmente, actualizar,
someter a proceso decisorio y adoptar o hacer adoptar la Guía Metodológica de
Manejo del Cravo Sur, cuando menos en el tramo objeto de este fallo.
[…]
10.1.3. […] Identificar las necesidades de armonización del POMCA actualizado
respecto del río Cravo Sur, tramos objeto de este fallo, con el POT de Yopal y los
proyectos de planes parciales que le someta el municipio de Yopal en lo relativo a las
riberas del río, áreas urbana y rural; entregar las recomendaciones técnicas que
estime pertinentes para la administración municipal y adoptar el aludido POMCA
actualizado […]”.
95. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía formuló reparo concreto
en su recurso de apelación, en el mismo expresó, por un lado, que la actualización
y ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA
requiere un capital robusto debido a que el área del proyecto es de 565.113
hectáreas y los costos de formulación están alrededor de tres mil millones de pesos.
96. Por esa razón, se elaboró y presentó un proyecto dirigido al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en busca de financiación a través del Fondo de
Adaptación, señalando que hasta no obtener dicho apoyo económico no puede
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proceder con las actividades relacionadas con la actualización y el ajuste del
POMCA.
97. En ese sentido, teniendo en cuenta que el parágrafo 1 del artículo 18 del
Decreto 1640 de 2 de agosto de 2012120 prevé que las corporaciones autónomas
regionales son las encargadas de “[…] la elaboración […] así como la coordinación
de la ejecución, seguimiento y evaluación […]” de dichos planes y el artículo 41
ibidem menciona sobre la financiación del proceso de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas que “[…] [l]as entidades responsables de la implementación
del Plan, en el marco de sus competencias, podrán destinar para este fin, los
siguientes recursos: […] 7. Los provenientes del Fondo de Adaptación […]”;
teniendo en cuenta la destinación específica prevista para esa fuente de
financiación que, según el Decreto 4819 de 29 de diciembre de 2010121, fue creado
para “[…] la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por
el fenómeno de ‘La Niña’ […]”.
98. El artículo 42 del Decreto 1640 de 2012 señaló que “[…] [e]n desarrollo del
artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, las autoridades ambientales competentes, las
entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o
municipal, asentadas y con responsabilidades en la cuenca y su problemática
ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas,
proyectos y actividades definidas en el aspecto programático del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, sin tener en cuenta sus límites
jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los convenios a que haya
lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011 […]” (Destacado fuera del original).
99. Dicha instrucción fue reiterada en el artículo 213 de la Ley 1450 de 16 de
junio de 2011122 cuando indicó que “[…] [l]as autoridades ambientales competentes,
las entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o
municipal, asentadas y con responsabilidades en la cuenca, podrán en el marco de
sus competencias, suscribirse a los convenios para la ejecución de proyectos de
financiación por fuera de los límites jurisdiccionales […]”.
100. En ese sentido, por un lado, es viable acudir a otras instancias para lograr
apoyo financiero en aras de tomar las medidas pertinentes para que la problemática
120 “[…] Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones […]”.
121 “[…] Por el cual se crea el Fondo Adaptación […]”.
122 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 […]”.
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sea superada, recordando que la falta de recursos económicos no es excusa para
omitir la protección de los derechos e intereses colectivos.
101. Y, por otro lado, en el recurso de apelación de la Corporación Autónoma
Regional se indicó que para realizar las modificaciones pertinentes es necesario
tomar un tiempo prolongado, mayor al señalado en la orden, debido a que se debe
evaluar el comportamiento del río en condiciones intensas de escenarios opuestos,
es decir, tanto en verano como en invierno.
102. Teniendo en cuenta la importancia de contar con un instrumento como el Plan
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, el cual permite que las
comunidades y los actores claves puedan construir una dinámica apropiada con el
cuerpo hídrico que propenda por una vinculación e interdependencia armónica entre
el río Cravo Sur, para este caso, y los grupos humanos que se encuentren cerca;
como señala el artículo 18 del Decreto 1640 de 2012, “[…] en la perspectiva de
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales
recursos y la conservación de la estructura fisicobiótica de la cuenca y
particularmente del recurso hídrico […]”.
103. En ese sentido, la Sala destaca el artículo 26 ibídem en cuanto relaciona las
fases que comprenden los POMCA y su parágrafo 1.° que hace mención del
desarrollo de las etapas que deben surtirse de conformidad con lo mencionado en
la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas123, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
104. En los artículos 30 a 39 del Decreto ibídem se explican las seis fases que se
desarrollan para la creación del POMCA: i) fase de aprestamiento; ii) fase de
diagnóstico; iii) fase de prospectiva y zonificación ambiental; iv) fase de formulación;
v) fase de ejecución; y vi) fase de seguimiento y evaluación. Etapas en las cuales
se incluyen los componentes de participación y gestión del riesgo que, para esta
ocasión, se mencionarán así:
104.1. En la fase de aprestamiento: i) se conforma el equipo técnico pertinente
para realizar y acompañar el proceso; ii) se define el plan de trabajo; iii) se realiza
la identificación, caracterización y priorización de actores que puedan ser
importantes para la planeación y el manejo de la cuenca; iv) se establece la
123 Visible en página web del Ministerio de Ambiente: https://www.minambiente.gov.co/wp-
content/uploads/2021/10/Anexo-24.-Guia-Tecnica-Formulacion-POMCAs.pdf
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estrategia de participación con las comunidades o actores relacionados con la
cuenca; v) se hace la revisión y consolidación de información existente; vi) se
analizan las situaciones iniciales para lograr un prediagnóstico de la cuenca con los
elementos técnicos, financieros y logísticos que requiera; y vii) se concluye con un
plan operativo detallado para la formulación del plan.
104.2. En la fase de diagnóstico se consolida el Consejo de Cuenca124 y se
determina el estado actual de la cuenca en sus componentes: físico-biótico,
socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del riesgo;
los cuales servirán de base para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la
cuenca objeto de ordenación y manejo.
104.3. En la fase de prospectiva y zonificación ambiental se diseñarán los
escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la
flora y de la fauna presente de la cuenca. Asimismo, se definirá en un horizonte no
menor a diez años el modelo de ordenación de la cuenca, con base en el cual se
formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente.
104.4. En la fase de formulación se define el componente programático que
comprende determinar los objetivos, estrategias, programas, proyectos,
actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación,
mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los
responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las
inversiones en el corto, mediano y largo plazo. En esta etapa también se trazan las
medidas de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo
para la administración, se formula la estructura administrativa, la estrategia
financiera, el diseño del programa de seguimiento y las actividades conducentes a
la publicidad y aprobación del POMCA.
104.5. La fase de ejecución corresponde a las acciones de coordinación que
deben adelantar las corporaciones autónomas regionales competentes de la
ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en el
escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias
establecidas en el ordenamiento jurídico para la inversión y realización de las obras
y acciones establecidas en la fase de formulación del Plan.
124 Regulados mediante Resolución 509 de 21 de mayo de 2013, “[…] [p]or la cual se definen los lineamientos
para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de Ordenación de la
Cuenca y se dictan otras disposiciones […]”.
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104.6. En la fase de seguimiento y evaluación se da aplicación a los
mecanismos definidos en el respectivo plan de seguimiento y evaluación definido
en la fase de formulación mencionada supra, que permitan, como mínimo, realizar
anualmente el seguimiento y evaluación del POMCA.
105. Al respecto, el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 señala que “[…]
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas
conforme a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional en cabeza del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces
[…]”.
106. Así que, la Sala reitera la importancia de la realización de este Plan, si no se
ha hecho, en tanto que la medida está orientada a la superación de la problemática
expuesta en la presente acción popular. Igualmente, le haya razón a la autoridad
apelante en cuanto a que el término de seis (6) meses concedidos en la orden
impartida, en primera instancia, es insuficiente; ello teniendo en cuenta que cada
etapa involucra un análisis amplio de, entre otras, las condiciones ambientales,
técnicas, financieras y sociales relacionadas con la cuenca hídrica. Por lo anterior,
la Sala modificará el plazo concedido y lo ampliará a ocho (8) meses para llegar a
la etapa de ejecución que, de ser posible, se trabajará de forma simultánea con la
etapa de seguimiento, otorgando dos meses para cada una de las primeras cuatro
etapas.
107. Como argumento relacionado con la orden 10.1.3, la autoridad ambiental
señaló, en su recurso de apelación, que el Municipio es el encargado de adoptar los
ajustes de actualización del POMCA en el Plan de Ordenamiento Territorial, al
respecto vale mencionar el artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, el cual establece
que “[…] [u]na vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en
cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma
de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan
de Ordenamiento Territorial […]”.
108. De manera reiterada125, la Sala ha señalado que el principal responsable de
esta gestión en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza del alcalde,
dado que, como jefe de la administración local, representa al Sistema Nacional y le
125 Ver, entre otras, la sentencia de 22 de febrero de 2024, número único de radicación:
050012333000201301310-03, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
compete el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres,
especialmente, en tratándose de sitios de ronda hídrica.
109. A los alcaldes y, en general, a las administraciones municipales, les
corresponde el deber de integrar en la planificación del desarrollo local aquellas
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres.
Ello se enmarca en las competencias previstas en las Leyes 388 y 1523 y que se
relacionan, entre otras, con la obligación de identificar “[…] las áreas críticas de
recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con fines
de conservación y recuperación paisajística […]” y adoptar medidas para gestionar,
controlar, mitigar y prevenir los riesgos.
110. Se destaca que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39, 40 y 41
de la Ley 1523, sobre planes departamentales, distritales y municipales de gestión
del riesgo y estrategias de respuesta, los alcaldes deben formular y concertar con
sus respectivos consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y
una estrategia para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual
estará armonizado con el plan y estrategia nacional, al tiempo que deberá incorporar
la gestión del riesgo en la inversión pública, en la planificación del desarrollo y en el
ordenamiento territorial.
111. En ese orden y conforme los artículos 121 de la Ley 388 y 76 de la Ley 715
los alcaldes tienen el deber, entre otros, de: “[…] [p]romover, cofinanciar o ejecutar,
en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y
proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”.
112. Asimismo, la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación
y Manejo de Cuencas Hidrográficas, mencionada supra, indica que “[…] [p]ara
propender por la articulación de los procesos de ordenamiento territorial con el
POMCA, se requiere un trabajo coordinado de las Autoridades Ambientales con las
administraciones municipales, las cuales deben participar en la formulación de los
mismos en el área de su jurisdicción, así como de la inclusión de los determinantes
ambientales definidos en el POMCA. En el momento de formular, revisar o adoptar
los respectivos planes de ordenamiento territorial, las administraciones municipales,
en desarrollo del artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, deben incluir las
determinantes ambientales que se definan en los respectivos POMCAS […]”.
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113. De acuerdo con lo señalado en precedencia, la Sala incluirá al Municipio
como responsable en la orden 10.1.3, junto con la autoridad ambiental, comoquiera
que, es la entidad territorial la encargada de la formulación de los Planes de
Ordenamiento Territorial y de participar en la evaluación de los elementos de aquel
instrumento ambiental para incluirlos en el instrumento de planeación y desarrollo
territorial en su jurisdicción.
114. De esa forma, se confirmará el numeral 10.1.2. y se modificará el numeral
10.1.3., agregando al Municipio como responsable, del ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia, en los
términos mencionados supra.
Análisis de los argumentos de los recursos de apelación relacionados con la
orden 10.1.4 de la sentencia proferida en primera instancia, en el caso
concreto
115. El Tribunal ordenó, mediante sentencia de 3 de abril de 2014, al Municipio de
Yopal, al Departamento de Casanare, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres) y a la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía:
“[…] Constituir la mesa técnica para evaluar el producto de consultoría (actividad
10.1.1.), expresar las observaciones a que haya lugar, exigir al contratista (por
conducto de la entidad contratante) los ajustes que se requieran conforme al objeto
del contrato y la ley; definir plan de trabajo para ejecutar las recomendaciones
técnicas que la Administración estime necesarias, presupuestal, financiera, jurídica y
socialmente viables […]”.
116. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía formuló reparo concreto
en su recurso de apelación, en el sentido de expresar que ya existen las mesas
técnicas y se han reunido en varias ocasiones con el propósito de adelantar el plan
de trabajo para ejecutar las recomendaciones técnicas viables en aras de superar
la problemática expuesta en este caso; sin embargo, no se encuentra probado que
se hayan ejecutado todos los elementos allí indicados para que se tenga por
cumplida dicha orden.
117. Igualmente, cabe mencionar que la aplicación de los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional
deben permitir la articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus
competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la prevención de riesgos
de desastre o en la conservación del entorno natural.
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118. De esa forma, se confirmará el numeral 10.1.4. del ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.
Análisis de los argumentos de los recursos de apelación relacionados con la
orden 10.2.3 de la sentencia proferida en primera instancia, en el caso
concreto
119. El numeral 10.2.3. del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, ordenó:
“[…] Identificar y censar en el terreno en área urbana y de futura expansión urbana,
áreas incompatibles con usos humanos (vivienda, industria, institucionales entre
otros) por amenaza de MUY ALTO y de ALTO RIESGO, acorde con la delimitación
del Plan de Ordenamiento Territorial de Yopal (2013); ordenar la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de toda nueva intervención antrópica incompatible; SUSPENDER de
inmediato en el estado en que se encuentren los trámites para otorgamiento de
licencias, permisos o autorizaciones urbanísticas de cualquier tipo; e INICIAR de
inmediato los trámites administrativos de su competencia, o provocar ante las
autoridades que correspondan los demás, orientados a obtener la REVOCATORIA
DIRECTA a que haya lugar respecto de las que ya hayan sido otorgadas, o los
judiciales que se requieran si no fuere jurídicamente posible revocar, todo lo anterior
orientado a CUMPLIR Y HACER CUMPLIR las regulaciones del POT 2013. Para ello
se tendrán en cuenta las caracterizaciones (mapas de riesgo) vigentes cuando menos
desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 2003, con las sucesivas
actualizaciones. En los medios de control, si fuere el caso, SE TENDRÁN QUE PEDIR
debidamente sustentadas en lo fáctico, probatorio y jurídico, las pertinentes medidas
cautelares […]”.
120. Al respecto la sociedad Socha Pérez Inmuebles S.A.S., en el recurso de
apelación, presentó reparo argumentando que la orden genérica de suspensión de
actividades urbanísticas en zona de riesgo desconoce el principio de congruencia.
121. Visto el artículo 281 de la Ley 156464, sobre congruencia, “[…] [l]a sentencia
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley
[…]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta […]”.
122. Al respecto el Tribunal manifestó que hay varias personas que ocuparon el
espacio público en la ronda protectora del río Cravo Sur con conocimiento de las
circunstancias que aquejan el sector, en zonas de muy alto y alto riesgo no
mitigable, con usos no compatibles en lo establecido en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Yopal.
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123. En ese sentido, la Sala considera que en este caso se deben adoptar
medidas que protejan la ronda del río Cravo Sur y, a su vez, salvaguardar los
derechos de la población del Municipio; por lo tanto, se procederá a especificar, por
un lado, que la orden impartida por el Tribunal, relativa a la cesación de los procesos
de licenciamiento de actividades constructivas o de desarrollo urbanístico, se
circunscribirá al sector objeto de la presente acción popular, en aquellas zonas que
tengan la categoría de riesgo bajo, medio o alto mitigable, y que estos procesos
podrán autorizarse una vez se hayan realizado las obras de prevención y mitigación
que se requieran, acorde con los hallazgos técnicos.
124. Y, por el otro, las personas que se encuentren en zona de riesgo alto no
mitigable, se deberán reubicar en los términos ordenados por el Tribunal, lo cual, en
todo caso, no fue objeto de apelación en este caso concreto.
125. Con relación al principio de congruencia, la Sala considera que no se
configura falta al mismo debido a que la medida adoptada con relación a la
protección del espacio público en esa zona es apropiada para garantizar el derecho
e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, mencionado por el accionante en el escrito que inició la presente
acción.
126. De esa forma, se modificará el numeral 5.3. del ordinal quinto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia, en los
términos mencionados supra.
Sobre el argumento de desvinculación por no haber demostrado omisión o
por haber adelantado gestiones, en el caso concreto
127. Las entidades apelantes manifestaron que han adelantado acciones
orientadas al cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera
instancia; y, por tal razón, deberían ser excluidos de las órdenes.
128. Para ello, resulta necesario resaltar que las órdenes impartidas encuentran
sustento en las competencias que les asisten en materia de gestión del riesgo; esto,
en tanto, como se indicó en el marco normativo y jurisprudencial sobre el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, este está integrado por las entidades
públicas, por las privadas y por la comunidad.
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129. Frente a ese argumento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres indicó que no se demostró una omisión a su cargo y que había
adelantado la gestión correspondiente a la orden del proyecto de enrocado en el
sector de Morrocolandia. Al respecto, la Sala señala que su vinculación no responde
a la consecuencia de una acción u omisión sino dentro de las funciones
relacionadas en el artículo 4 del Decreto 4147 de 2011 se destacan las obligaciones
de: i) orientar y apoyar a las entidades territoriales en su fortalecimiento institucional
para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos para la inclusión de la política
de gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales; ii) promover y realizar
los análisis, estudios e investigaciones en materia de su competencia; y iii) prestar
el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD.
130. En este punto, la Sala precisa que, contrario a lo manifestado por las
entidades apelantes, las órdenes impartidas no obedecen a la determinación de la
existencia de una acción u omisión por parte de las mismas, que implique amenaza
o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados y, por ende,
responsabilidad en ese sentido, sino que su comparecencia al proceso y las órdenes
impartidas se fundamentan en, por un lado, su condición de “[…] entidad
administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado
[…]”126; y, por el otro, en que el ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, en los términos explicados, son “[…] necesarias para
volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo […]”127 o, al menos, superar la situación evidenciada en torno a los
derechos e intereses colectivos objeto de pronunciamiento, en especial, el relativo
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Sobre otros argumentos manifestados en los recursos de apelación, en el
caso concreto
131. El Municipio de Yopal manifestó que las cargas establecidas en la sentencia
proferida, en primera instancia, son desproporcionadas en razón a lo que ya había
gestionado previamente. Al respecto, la Sala señala que las atribuciones asignadas
responden a las competencias de cada entidad y debe ser entre las mismas que
126 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
127 Así lo establece el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia. Asimismo, la norma establece en su inciso
final que “[…] [t]ambién comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de
su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]”.
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puedan coordinar la responsabilidad en cumplimiento en el marco de sus
competencias constitucionales, legales, contractuales y reglamentarias; es por ello
que se modificarán los ordinales cuarto y quinto en el sentido de suprimir la columna
denominada “aporte presupuestal”, en aras de distribuir la obligación en la forma en
que se explicó previamente.
132. Respecto al argumento del recurso de apelación presentado por la
Fiduprevisora S.A. relacionado con que no es la competente para asumir el
cumplimiento de las obligaciones ordenadas en la parte resolutiva de la sentencia.
La Sala resalta que el Decreto 4147 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial
denominada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con
personería jurídica, la cual, a su vez, es la ordenadora del gasto del Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo administrado por la Fiduprevisora S.A.; en ese sentido, la
entidad responsable de asumir las labores orientadas a la prevención del riesgo y
de desastres en la zona del caso concreto es la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres como entidad con personería jurídica, por tal motivo, en la
parte resolutiva quedará específica esa entidad.
133. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la sociedad
Socha Pérez Inmuebles S.A.S. manifestaron en sus recursos de apelación que la
problemática se ha generado a partir de la extracción de materiales pétreos y de
minería. Al respecto, se destaca que la actividad de extracción de material en el
cauce del río Cravo Sur es una circunstancia relevante que se ha evaluado a lo largo
del proceso.
134. La Sala encuentra demostrado que las empresas con actividades de esta
índole cuentan con las resoluciones que les conceden permisos para explotación,
beneficio y transporte; además, que han dado cumplimiento a los requerimientos
dados desde las licencias otorgadas para el desarrollo de su labor y que la autoridad
ambiental ha adelantado trámites en ejercicio de su función de vigilancia y control.
135. En respaldo de lo mencionado, se evidenció el Auto 500.57-11.0491 de 17
de marzo de 2011128, expedido por la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía, mediante el cual se relacionó un trámite adelantado con una licencia que
demuestra el actuar vigilante de la Corporación Autónoma Regional: i) la autoridad
ambiental expidió la Resolución 200.15.05.0034 de 26 de enero de 2005 otorgando
licencia ambiental al señor Luis Felipe González Parra, quien cedió luego a la
128 Cfr. Ver folio 1669 del Cuaderno Principal 6, expediente físico.
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sociedad Agregados Crasurca S.A., para el proyecto “[…] Extracción, Beneficio,
Almacentamiento y Transporte Interno de material de arrastre del río Cravo Sur con
un volumen de 100.000m3/año […]”; ii) más adelante se expidió el Auto
500.57.10.0502 de 22 de abril de 2010, en el cual la autoridad ambiental ordenó
realizar visita de control y seguimiento al proyecto mencionado; y iii) ante solicitud
del licenciatario, la Corporación Autónoma Regional modificó la licencia ambiental
que ya había sido renovada.
136. Es así que, respecto al señalamiento de los recurrentes cuando afirman que
circunstancias como el desbordamiento del río Cravo Sur son fruto del desarrollo de
dichas actividades, la Sala confirmará la orden de censar a los explotadores del
cauce y de la ronda; sin embargo, considera relevante que, si no se ha hecho, se
incluya en el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas una ruta de
trabajo para suprimir, o si es posible eliminar, aquellos elementos que, dentro de la
actividad de extracción de material minero, afecten la fuente hídrica y su zona de
ronda. Por lo anterior, modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de incluir dicha precisión
respecto a la ruta de trabajo para evitar afectaciones en el cauce.
137. Con relación al argumento planteado por Socha Pérez Inmuebles S.A.S., en
su recurso de apelación, respecto a que el criterio del Tribunal con relación a la
ubicación del predio “Casa Vieja” en la zona de ronda protectora del Río no tiene
prueba que lo sustente; la Sala considera que, si bien el Tribunal afirma en la
sentencia proferida, en primera instancia, que “[…] [e]n el recorrido de salida del río
hacia la vía marginal de la selva por un carreteable interno del predio que se
identificó como Casa Vieja […] los magistrados pudieron observar que desde muy
cerca del río, probablemente con ocupación de alguna franja protectora de la ronda
del mismo […]”, no hay certeza técnica de la ubicación del predio dentro de la zona
de ronda.
138. En ese sentido, se reitera que al verificar el contenido de la grabación de la
audiencia de inspección judicial realizada el 1 de abril de 2014 se encontró una
observación de la diligencia, señalando que el predio “[…] denominado ‘Club
Campestre Casa Vieja’ […] queda adyacente al lugar, a una parte del lugar donde
el municipio pretende invertir 3500 millones para el enrocado […]”. Dicha
manifestación no da certeza técnica de tal ubicación y, en ese sentido, la Sala
advierte que la autoridad competente para determinar dicha información es la
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Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, al ser la autoridad ambiental
encargada de la protección de la ronda del río Cravo Sur.
139. Al respecto, la Sala considera que la ubicación del predio en mención es
relevante en tanto genere afectación en la ronda y, en ese sentido, ordenó la
caracterización de los predios analizando las actividades permitidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial para tomar las medidas pertinentes en aquellos casos en
que contravenga lo allí dispuesto.
140. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Sobre las medidas cautelares en la sentencia proferida, en primera instancia
141. El Tribunal de primera instancia, luego de amparar los derechos e intereses
colectivos, profirió las órdenes tendientes a garantizar su protección e incluyó
medidas de carácter cautelar en el ordinal quinto de la providencia, en los términos
mencionados supra.
142. Al respecto, la Sala manifiesta que la medida cautelar es una institución
jurídica que tiene como fin adoptar las acciones necesarias para proteger los
derechos e intereses en estudio durante el trámite del proceso y así garantizar la
efectiva realización de la decisión judicial; por lo tanto, se trata de una decisión
previa y provisional que quedará consolidada al momento de proferirse la sentencia
definitiva que ponga fin al proceso.
143. Ahora bien, el recurso de apelación de la sentencia tiene como objeto que el
superior estudie la decisión en los aspectos desfavorables al apelante y en los
términos de decisiones definitivas.
144. En este sentido, la Sala considera que las órdenes impartidas por el juez de
primera instancia no pueden tener el carácter de medidas cautelares toda vez que
la finalidad del recurso es dar la oportunidad a las partes de tener un debate ante el
superior del proceso porque no están de acuerdo con las decisiones adoptadas por
el a quo; en consecuencia, obligar al cumplimiento del fallo de forma previa,
desconoce el debido proceso y el trámite de la segunda instancia, más aún en un
caso como el presente, en el que se discute la competencia de las entidades
condenadas para ejecutar las órdenes dadas.
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145. Para el efecto, se considera pertinente reiterar los argumentos expuestos
previamente por esta Sala129 cuando se conoció otro recurso de apelación contra
una sentencia proferida por el Tribunal de Casanare en la cual se ordenaron
medidas cautelares, allí se expuso lo siguiente:
“[…] a juicio de la Sala, la forma en que fueron decretadas las medidas
cautelares desconoce las reglas mínimas previstas en la Ley 472 y en el
CPACA que regulan dicha materia, pues ni siquiera, las autoridades
accionadas tuvieron la oportunidad de pronunciarse respecto de los
hechos que las motivaron, ni allegar pruebas sobre la superación o no de
tales dificultades.
[…]
La Sala considera que la situación planteada reviste de suma importancia,
pues, se reitera, que en la sentencia proferida al interior de una acción popular,
el Juez debe resolver la controversia y adoptar medidas definitivas que, en
caso de ser apeladas, deben ser revisadas por el superior jerárquico, en
aras de garantizar el derecho a la doble instancia, razón por la que carece
de toda técnica jurídica la emisión de medidas cautelares en la misma, pues
estas son de carácter provisional o transitorio.
A juicio de la Sala, el hecho de dictar medidas cautelares al interior de una
sentencia, vulnera el derecho al debido proceso y a la doble instancia de
la autoridad obligada, pues el trámite de apelación del auto que decreta una
medida cautelar difiere del previsto para la apelación de sentencia, en tanto que
en el primer evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se debe
admitir el recurso y correr traslado del mismo a las partes y al Ministerio Público,
lo cual resulta aún más dispendioso. Lo anterior, aunado al hecho de que hace
ilusorio un pronunciamiento en segunda instancia, tal como ocurrió en el
presente caso.
La Sala destaca que, si bien, el objeto de la acción popular es el amparo de los
derechos colectivos, en cuyo trámite se debe observar la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal, el Juez también está obligado a velar por
el respeto del debido proceso, garantías procesales y el equilibrio entre las
partes, lo cual no se advirtió en el trámite de la presente acción popular […]”
(Destacado de la Sala).
Con posterioridad, la Sala130 reiteró los argumentos en el siguiente sentido:
“[…] podría argumentarse que como la sentencia de primera instancia puede
ser impugnada, la parte a la que se le impone una medida cautelar
concomitante con la sentencia condenatoria, aún no ha sido vencida en el
proceso y habría lugar a mantener dicha medida o proferir nuevas; sin
embargo, se insiste, ello no se acompasa con el carácter provisional de las
medidas provisionales, por lo cual, si el juez ya profirió sentencia con órdenes
definitivas, carece de todo sentido decretar paralelamente provisionales,
desplazándose la competencia para ello al juez de la apelación; ello bajo la
previsión normativa de que las medidas cautelares pueden decretarse en
cualquier estado del proceso131.
129 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de
2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 850012333000201400129-03.
130 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de mayo de
2019; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 850012333000201600197-01.
131 Cfr. Artículo 229 del CPACA.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
De manera que para la Sala no es admisible la postura del a quo, según la cual
es necesario ‘señalar soluciones instrumentales de fácil aplicación para sortear
rápidamente la discusión en segundo grado de las órdenes preventivas, sin
tenerse que esperar a la suerte de las imposiciones de fondo o definitivas’,
como si la protección del derecho dependiera de ‘la suerte de las
imposiciones de fondo’ y no del examen de legalidad que efectúa el superior
funcional, en orden a establecer la correspondencia del fallo de primer
grado con el ordenamiento jurídico, cuestión no menor, que atañe
directamente con la preservación del Estado de Derecho, el respeto a las
garantías judiciales y la protección del derecho al debido proceso.
Siendo ello así, al proferir sentencia estimatoria de las pretensiones, el juez de
la acción popular en primer grado debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 472 y limitarse a imponer «órdenes de hacer o de no hacer, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y
exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible» […]”.
146. Así las cosas, en el caso sub examine se concluye que las medidas
cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Casanare resultan
improcedentes para efectos de mitigar la afectación de los derechos e intereses
colectivos vulnerados; por cuanto el objeto del litigio ha de ser resuelto mediante
sentencia tornando en definitivas las medidas cautelares ordenadas en la sentencia
apelada.
147. La Sala considera que las órdenes impartidas por el Tribunal como medidas
cautelares, incluyendo, entre otras, la restitución de bienes de uso público en la
ronda del río Cravo Sur, en el sector objeto de este proceso; el censo de los
habitantes de esas zonas; y el monitoreo y mantenimiento de las obras de
protección; son necesarias para superar la situación de vulneración en el caso
concreto, teniendo en cuenta que son acciones relevantes para evitar daños
posteriores; por esa razón, no se revocarán sino se adecuarán a medidas de
carácter definitivo en tanto se debe culminar, si no se ha hecho, la ejecución de
dichas labores y procurar por la garantía de los derechos e intereses colectivos.
148. Teniendo en cuenta que en los documentos del proceso no se evidencia el
documento de la evaluación que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y
Desastres manifestó, en el recurso de apelación, haber realizado sobre la
necesidad, pertinencia, justificación, urgencia, eficacia y propósitos reales del
proyecto de enrocado en el sector de Morrocolandia, área adyacente al predio
conocido como “Casa Vieja”, la Sala considera que resulta procedente, en el marco
de las órdenes impartidas en relación con el sector de Morrocolandia, se determine
por las autoridades pertinentes si esta se encuentra dentro de la zona de ronda del
río Cravo Sur, como se explicó anteriormente y adicionalmente si cumple con las
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Núm. único de radicación: 850012331000201100033-05
(Acumulado: 850013331001200800092-00)
normas urbanísticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial; medidas
que se subsumen en las órdenes impartidas a las autoridades en este caso
concreto.
149. En ese orden de ideas, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva
de la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de adoptar dichas
medidas como definitivas, organizar la numeración de la tabla y hacer las
salvedades mencionadas supra.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
150. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal séptimo, lo siguiente:
“[…] 7º Designar como auditores del cumplimiento del fallo, a título de Comité de
Verificación, al alcalde de Yopal o su delegado, quien lo coordinará, al gobernador de
Casanare, al representante legal de CORPORINOQUÍA, al director de la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, al procurador 23 judicial lI ambiental y agrario, al
actor popular del proceso 2011-00033-00, a un vocero de las comunidades de la
ribera izquierda del río Cravo Sur en el área objeto de fallo y a otro de las comunidades
de la ribera derecha.
Los cuatro primeros podrán delegar en funcionarios del nivel directivo; los voceros de
las comunidades los escogerán los presidentes de las respectivas juntas de acción
comunal dentro del mes siguiente a la notificación del fallo, de cuya actuación
acompañarán copia del acta con el primer informe del comité. Si no lo hacen o no hay
acuerdo, los seleccionará directamente el magistrado sustanciador.
El comité rendirá informes periódicos al finalizar cada trimestre, a partir de la
notificación en lo relativo a medidas cautelares; y desde ejecutoria hasta cuando se
declare agotado el objeto del fallo, respecto de las demás determinaciones. Cuando
lo soliciten y el comité lo encuentre fundado, serán oído los interesados que hayan
participado en el proceso o puedan contribuir a dar claridad acerca de su
cumplimiento […]”.
151. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 3 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el
sentido de precisar que: i) el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir
el comité de verificación, como se precisará en la parte resolutiva de la sentencia;
ii) se incluirá al agente del Ministerio Público; y, de conformidad con el criterio de las
medidas que se asumen en la sentencia son definitivas, iii) se mantendrá el término
de reunión cada tres (3) meses para evaluar los avances de lo realizado; sin
embargo, se suprimirá la información relacionada con el término originado en las
medidas cautelares.
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(Acumulado: 850013331001200800092-00)
152. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones de la Sala
153. En suma, la Sala modificará en los términos indicados supra los ordinales
cuarto y quinto de la sentencia proferida en primera instancia; se modificará la
composición del comité de verificación de cumplimiento en los términos indicados
supra; y, por último, confirmará en lo demás la sentencia de 3 de abril de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
3 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, si no
se ha realizado, el cual quedará de la siguiente manera:
4.° (sic) ORDENAR que, si no se ha hecho, se adelante la ejecución de las
actividades, medidas o intervenciones de mediano y largo plazo que se consignan a
continuación, las cuales se cumplirán conforme a los lineamientos señalados en la
motivación, así:
Destinatarios Órdenes Plazo de ejecución
Hacer cumplir integralmente el contrato
de consultoría # 699 del 30 de abril del
Doce (12) meses a partir
2013 que se celebró en virtud del pacto
del término de ejecutoria
4.1. Municipio parcial de cumplimiento; adoptar las
de la sentencia.
de Yopal y determinaciones acordadas en dicho
Corporación pacto.
Autónoma Someter los resultados del producto
Regional de general de la consultoría a evaluación Hasta tres (3) meses a
la Orinoquía de la mesa técnica que conformarán partir de la entrega de los
Yopal, Casanare, Corporinoquía y la estudios finales del
UNRGD (ver actividad del consultor consultor.
4.4).
4.2. Preparar proyecto integral de
Hasta ocho (8) meses a
Corporación actualización y ajuste del POMCA río
partir de la entrega de los
Autónoma Cravo Sur, para armonizarlo con los
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Regional de resultados definitivos de los estudios estudios finales del
la Orinoquía técnicos que entregue la consultoría consultor (producto de
aludida en la actividad 4.1., se incluya actividad 4.1) para llegar a
en el Plan de Ordenación y Manejo de la etapa de ejecución del
Cuencas Hidrográficas una ruta de Plan de ordenación y
trabajo para suprimir, o si es posible manejo de la Cuenca
eliminar, aquellos elementos que, Hidrográfica.
dentro de la actividad de extracción de
material minero, afecten la fuente
hídrica y su zona de ronda.
Igualmente, actualizar, someter a
proceso decisorio y adoptar o hacer
adoptar la Guía Metodológica de
Manejo del Cravo Sur, cuando menos
en el tramo objeto de esta sentencia.
Hasta tres (3) meses para
la revisión integral del
Identificar las necesidades de
POT en lo atinente al
armonización del POMCA actualizado
POMCA del río Cravo Sur
respecto del río Cravo Sur, tramos
4.3. y expresar las
objeto de este fallo, con el POT de
Corporación observaciones o
Yopal y los proyectos de planes
Autónoma recomendaciones
parciales que le someta el municipio de
Regional de técnicas que
Yopal en lo relativo a las riberas del río,
la Orinoquía y correspondan.
áreas urbana y rural; entregar las
Municipio de
recomendaciones técnicas que estime
Yopal Hasta tres (3) meses
pertinentes para la administración
adicionales a los indicados
municipal y adoptar el aludido POMCA
en la actividad 4.2. para
actualizado.
DECIDIR y ADOPTAR la
actualización de rigor.
Constituir la mesa técnica,
definir su mecanismo de
operación, coordinación y
dirección: hasta un (1)
mes siguiente a la entrega
del producto de
consultoría (actividad
4.1.).
4.4. Municipio Identificar y requerir los
Constituir la mesa técnica para evaluar
de Yopal, ajustes que deban exigirse
el producto de consultoría (actividad
Departamento al contratista consultor y
4.1.), expresar las observaciones a que
de Casanare, señalarle plazo perentorio
haya lugar, exigir al contratista (por
Unidad conforme al contrato y la
conducto de la entidad contratante) los
Nacional de ley, incluido régimen de
ajustes que se requieran conforme al
Gestión del garantías (cumplimiento,
objeto del contrato y la ley; definir el
Riesgo de calidad, etcétera): hasta
plan de trabajo para ejecutar las
Desastres y tres (3) meses siguientes
recomendaciones técnicas que la
Corporación a la instalación de la mesa
Administración estime necesarias,
Autónoma técnica.
presupuestal, financiera, jurídica y
Regional de Contratar y hacer ejecutar
socialmente viables.
la Orinoquía o realizar directamente los
estudios técnicos
complementarios que se
requieran en el proceso
decisorio: hasta seis (6)
meses siguientes a la
entrega del producto final
de la consultoría (actividad
4.1.).
Hasta seis (6) meses
4.5. Municipio Recuperar espacio público, incluida la
siguientes a la conclusión
de Yopal y ronda protectora del río; rehabilitar y
del proceso de evaluación
Departamento entregar al uso público el parque La
que haga la mesa técnica
de Casanare Iguana
a que se refieren las
actividades 4.1 y 4.4:
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definir plan de trabajo;
preparar presupuesto de
inversiones; identificar
fuentes de financiación;
apropiar o gestionar los
recursos requeridos.
Hasta un (1) año adicional
al plazo precedente, para
EJECUTAR en su
totalidad los trabajos de
recuperación del parque
para darlo al uso público,
si fuere técnicamente
recomendado por la
consultoría y convalidado
por la mesa técnica
(actividades 4.1. y 4.4)
Hasta seis (6) meses
siguientes a la
culminación del grupo de
Concluidos los procesos decisorios a actividades 4.4 para
que se refiere la actividad 4.4. definir políticas, formular
ADOPTAR políticas de manejo integral el plan de trabajo y decidir
de la problemática del río Cravo en el qué ajuste[s] finales
4.6 Municipio
tramo del que se ocupa este fallo; requieran los diseños de
de Yopal,
FORMULAR el plan de trabajo a que las obras que dispongan
Departamento
haya lugar; ajustar los DISEÑOS ejecutar.
de Casanare,
definitivos de las obras que se requieran
Unidad
según sus decisiones técnicas y
Nacional de
CONTRATAR los trabajos a que haya Hasta seis (6) meses
Gestión del
lugar. Todo ello orientado a siguientes a los anteriores
Riesgo de
PROTECCIÓN DE para abrir y adjudicar los
Desastres y
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; procesos contractuales a
Corporación
RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN que haya lugar.
Autónoma
Y RECUPERACIÓN DE LA RONDA
Regional de
PROTECTORA y CONTENCIÓN DE La ejecución de los
la Orinoquía
RIESGO O AMENAZAS MITIGABLES trabajos se someterá a los
acorde con el POT de Yopal, el POMCA plazos contractuales que
del río Cravo Sur (tramo objeto del fallo) se pacten, estrictamente
y los estudios técnicos. supervisados por la
entidad que actúe como
contratante y por la mesa
técnica.
Identificar usos actuales no compatibles
Hasta un (1) año siguiente
con el mapa de riesgos o amenazas
4.7. Municipio a la terminación de las
determinados por el POT de Yopal, el
de Yopal, actividades 4.4 para
POMCA río Cravo Sur (tramos objeto de
Departamento culminar diagnósticos,
este fallo) y los resultados finales de los
de Casanare, elaborar plan de trabajo,
estudios técnicos (actividad 4.4); censar
Unidad definir metas, productos
ocupantes, explotadores del cauce, de
Nacional de esperados y adoptar las
la ronda, la ribera en general o el área
Gestión del decisiones de ejecución
que deba ser sustraída de usos
Riesgo de que se requieran.
incompatibles; reubicar a las personas
Desastres y
que requieran, incluyendo a aquellas
Corporación
ubicadas en zonas de alto riesgo no
Autónoma Hasta un (1) año adicional
mitigable, y tengan derecho a la
Regional de para ejecutar las
asistencia estatal y hacer cesar todo[s]
la Orinoquía decisiones administrativas
los usos incompatibles con el estado de
que se adopten.
cosas.
4.8. Municipio Hasta seis (6) meses
de Yopal, Identificar en área urbana y de futura siguientes a la entrega del
sujeto a expansión urbana, áreas incompatibles producto de consultoría
concepto con usos humanos (vivienda, industria, (actividad 4.1.)
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previo de la institucionales entre otros) por amenaza
mesa técnica baja, media o alta mitigable en las que
se pretenda licenciar, autorizar,
ejecutar, renovar o de cualquier otro
modo desarrollar nuevos proyectos
urbanísticos, los cuales no podrán
autorizarse ni ejecutarse sin que
previamente se hayan realizado las
obras de prevención y mitigación que
se requieran, acorde con los hallazgos
técnicos.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
3 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, si no
se ha realizado, el cual quedará de la siguiente manera:
5.° ORDENAR que se ejecute, si no se ha hecho, lo que se consigna a continuación:
Destinatarios Órdenes Plazo de ejecución
Ejercer las funciones de
policía administrativa,
coordinando con la Policía
Nacional -las de competencia Hasta un (1) mes para efectuar
de esta institución- y con la diagnóstico del estado del parque y
Empresa de Acueducto, definir el plan de trabajo; hasta un (1)
Alcantarillado y Aseo de Yopal mes adicional para INICIAR los
lo que corresponda, para procesos de restitución de bien de uso
acometer las actividades de público que se requieran, los cuales
5.1. Municipio restitución de bienes de uso deberán adelantarse con rigurosa
de Yopal público, seguridad de los observancia de los términos legales;
visitantes y aseo general de hasta dos (2) meses para efectuar las
las áreas destinadas a labores de limpieza; hasta dos (2)
recreación activa o pasiva en meses para ejecutar las actividades
el parque La Iguana, de policivas relativas a seguridad. Todos
manera que pueda darse al los plazos empiezan a correr a partir del
uso público en el estado físico término de ejecutoria de esta sentencia.
en que se encuentre, esto es,
sin nuevas inversiones
públicas.
Ejercer las funciones de
policía administrativa y
coordinar con la Policía
Nacional -las de competencia
de esta institución en lo que
Hasta un (1) mes para efectuar
corresponda- para acometer
diagnóstico del estado general de la
las actividades de restitución
ronda y definir el plan de trabajo; hasta
de bienes de uso público en la
5.2. Municipio un (1) mes adicional para INICIAR los
ronda protectora del río Cravo
de Yopal procesos de restitución de bien de uso
Sur, desde el puente La
público que se requieran, los cuales
Cabuya (vía Yopal - Pore)
deberán adelantarse con rigurosa
hasta el extremo inferior de la
observancia de los términos legales.
isla La Manga, de manera que
cesen las ocupaciones o
intervenciones de la misma
para preservarlas para el uso
público exclusivamente.
• Identificar y censar en la zona
Desde el término de la ejecutoria de
5.3. Municipio objeto de la presente acción
esta sentencia:
de Yopal popular, áreas incompatibles
con usos humanos (vivienda,
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industria, institucionales entre - Hasta los dos (2) meses siguientes
otros) por amenaza de MUY SUSPENDER las actuaciones
ALTO y de ALTO RIESGO NO administrativas que se encuentren en
MITIGABLE, de acuerdo con curso relativas a cualquier nueva
la delimitación del Plan de intervención antrópica o de desarrollo
Ordenamiento Territorial de urbanístico en el área de MUY ALTO y
Yopal. de ALTO RIESGO NO MITIGABLE
• Ordenar la SUSPENSIÓN definida por el POT.
INMEDIATA de toda nueva
intervención antrópica - Dos (2) meses para efectuar el
incompatible en el sector diagnóstico general.
objeto de esta acción popular
y FINALIZAR los trámites - Hasta dos (2) meses siguientes al
administrativos de su diagnóstico para INICIAR los
competencia, o provocar ante procedimientos de revocatoria, los
las autoridades que cuales tendrán que llevarse con rigurosa
correspondan los demás, observancia.
orientados a obtener la
REVOCATORIA DIRECTA a - Hasta dos (2) meses siguientes a los
que haya lugar respecto de las anteriores para INSTAURAR los medios
que ya hayan sido otorgadas, de control que sean del caso, sin
o los judiciales que se perjuicio de agilizar las pertinentes
requieran si no fuere demandas si hubiere riesgo de
jurídicamente posible revocar, caducidad.
todo lo anterior orientado a
CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR las regulaciones del
POT.
Para ello se tendrán en cuenta
las caracterizaciones (mapas
de riesgo) vigentes cuando
menos desde el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial,
con las sucesivas
actualizaciones.
Publicar de inmediato aviso al
público en el portal
institucional (web) del
Municipio, en las carteleras de
acceso general a la Alcaldía
Al día siguiente del término de ejecutoria
Municipal, en las de
de la sentencia deberá fijar los avisos al
Planeación y Gobierno un
público. Además, deberá publicarse el
texto que informe acerca de la
texto en los medios de comunicación
5.4. Municipio SUSPENSIÓN de todo
regional y local (televisión, radio y
de Yopal proceso de licenciamiento de
prensa), durante un (1) mes, con
actividades constructivas o de
frecuencia no menor a un (1) aviso
desarrollo urbanístico y de la
semanal en cada medio que escoja el
ejecución de toda nueva
Municipio.
actividad antrópica en las
áreas de MUY ALTO RIESGO
Y ALTO RIESGO NO
MITIGABLE, acorde con el
РОТ.
Realizar monitoreo o vigilancia
periódica, con visitas técnicas
de campo en el tramo objeto
de este proceso, no menos de
dos (2) mensuales o con más
5.5. Municipio Desde el día siguiente del término de
asiduidad si se requiere,
de Yopal y ejecutoria de la sentencia y hasta
acorde con el ciclo de lluvias,
Departamento cumplirse todas las órdenes impartidas
durante las temporadas de
de Casanare en la misma.
mayores precipitaciones con
incidencia en el río Cravo Sur,
para identificar eventuales
modificaciones del estado
actual de riesgo de desastres
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previsibles y mitigables
técnicamente.
Efectuar el mantenimiento
periódico de las obras de
protección (jarillones y
enrocados) ya ejecutadas en
el cauce o las riberas del río
Cravo Sur en el tramo objeto
de esta sentencia, en cuanto
5.6. Municipio Desde el día siguiente del término de
sean técnicamente necesarias
de Yopal y ejecutoria de la sentencia y hasta
para impedir la agravación del
Departamento cumplirse todas las órdenes impartidas
estado actual del riesgo
de Casanare en la misma.
respecto de la infraestructura
pública o los bienes de uso
público, acorde con los
resultados de la vigilancia
periódica del comportamiento
del río señalada en el punto
anterior.
Una semana, a partir del día siguiente al
término de ejecutoria de esta sentencia,
Definir la pertinencia, para evaluar estado de cosas y tomar
necesidad y viabilidad técnica decisiones. Hasta quince (15) días más
de las obras de para apropiar recursos con cargo a la
5.7. Municipio RECONSTRUCCIÓN del atención de emergencias o de las
de Yopal y jarillón en Morrocolandia. Si se fuentes de presupuesto que decida la
Departamento estima necesario para autoridad administrativa para financiar y
de Casanare prevenir o mitigar nuevas contratar los trabajos. La ejecución, si
inundaciones, contratar y es técnicamente necesaria la obra,
ejecutar a la brevedad los deberá realizarse antes de la
trabajos que se requieran. agudización del siguiente ciclo de
invierno y del aumento previsible del
caudal del Cravo Sur en el sector.
Evaluar con el rigor técnico a
que haya lugar, bajo la
responsabilidad del alcalde de
Yopal y la Corporación
Autónoma Regional de la Hasta un (1) mes para efectuar revisión
Orinoquía, la necesidad, integral del proyecto y entregar resumen
pertinencia, justificación, ejecutivo al Comité de Verificación, con
5.8. Municipio
urgencia, eficacia y propósitos las conclusiones de la Administración y
de Yopal y
reales respecto de la la justificación de la decisión que se
Corporación
protección de derechos adopte.
Autónoma
colectivos, del proyecto de
Regional de la
ENROCADO en el sector de Asimismo, dentro de los 3 meses
Orinoquía
Morrocolandia, área siguientes, iniciar las acciones
adyacente al predio conocido ambientales y policivas a que haya
como ‘Casa Vieja’, entre otros, lugar.
al que aludieron las
autoridades locales en la
inspección judicial del 1° de
abril de 2014.
Allegar al comité de
verificación de esta sentencia
el informe producto de la
5.9. Unidad evaluación realizada sobre la
Nacional de necesidad, pertinencia, Hasta una (1) semana siguiente al
Gestión de justificación, urgencia, eficacia término de la ejecutoria de esta
Riesgos y y propósitos reales del sentencia.
Desastres proyecto de ENROCADO en el
sector de Morrocolandia, área
adyacente al predio conocido
como ‘Casa Vieja’, entre otros.
Mantener y exigir el estricto Desde el día siguiente del término de
5.10. Municipio cumplimiento de las medidas ejecutoria de la sentencia y hasta
de Yopal policivas de protección del cumplirse todas las órdenes impartidas
puente peatonal de acceso a en la misma.
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la isla La Manga, para impedir
el uso vehicular incompatible
con sus especificaciones
técnicas. Igualmente, realizar
las labores periódicas de
mantenimiento preventivo y
correctivo para garantizar el
tránsito seguro para el cual fue
diseñado y construido.
• Verificar el estado actual de
actividades de extracción de
materiales pétreos en el cauce
y en general los playones y
riberas del río Cravo Sur.
• Constatar el cumplimiento de
la regulación minera y de las
respectivas licencias - Hasta un (1) mes para efectuar el
ambientales. diagnóstico.
• Adoptar de inmediato las - Hasta un (1) mes adicional para
determinaciones de policía adoptar el plan de trabajo.
5.11.
administrativa ambiental de su - Luego de ello, hasta un (1) mes
Corporación
competencia para hacer cesar adicional para librar las órdenes de
Autónoma
la minería ilegal que se esté policía administrativa de ejecución
Regional de la
realizando o pretenda realizar inmediata y para iniciar los demás
Orinoquía
en cualquier punto del tramo procedimientos a que haya lugar, los
del río Cravo Sur objeto de cuales deberán concluir con decisiones
esta sentencia. de fondo definitivas en estricto
• Iniciar, ejecutar y llevar a su cumplimiento de los términos legales.
culminación los demás
procedimientos y decisiones
que sean necesarias para
someter: la minería y
actividades de extracción de
material en dicho tramo a la
legislación minera y ambiental.
• Verificar el estado actual
de los canales artificiales para
el uso o aprovechamiento de
aguas del río Cravo Sur en el - Hasta un (1) mes para efectuar el
tramo objeto de esta diagnóstico.
sentencia. - Hasta un (1) mes adicional para
• Adoptar de inmediato las adoptar el plan de trabajo.
5.12.
determinaciones de policía - Luego de ello, hasta un (1) mes
Corporación
administrativa ambiental de su adicional para librar las órdenes de
Autónoma
competencia para hacer cesar policía administrativa de ejecución
Regional de la
las ocupaciones o usos inmediata y para iniciar los demás
Orinoquía
ilegales. procedimientos a que haya lugar, los
• Iniciar, ejecutar y llevar a cuales deberán concluir con decisiones
su culminación los demás de fondo definitivas en estricto
procedimientos y decisiones cumplimiento de los términos legales.
que sean necesarias para
someter dichos usos a la
regulación ambiental.
Impedir en ejercicio de las
competencias y poderes como
Desde el término de ejecutoria de la
5.13. autoridad ambiental, la
sentencia, obligación de verificar estado
Corporación INICIACIÓN de cualquier
de cosas (solicitudes pendientes,
Autónoma nueva actividad de minería
actividades con permiso o licencia no
Regional de la extractiva de materiales de
iniciadas). Vigilancia de policía
Orinoquía arrastre o pétreos en las zonas
administrativa ambiental permanente.
críticas del Cravo Sur objeto
de esta sentencia.
5.14. - Evaluar la incidencia de la Hasta seis (6) meses siguientes a la
Corporación actividad de extracción de entrega del producto de consultoría
Autónoma materiales pétreos en el cauce (objeto del pacto de cumplimiento
Regional de la y en general los playones y aprobado por decisión judicial
Orinoquía riberas del río Cravo Sur, en la ejecutoriada) para el DIAGNÓSTICO y
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morfología y la hidráulica del definir el plan de trabajo; hasta un (1)
mismo y establecer si son año adicional, para EJECUTAR las
compatibles o en qué manera determinaciones que adopte.
puedan ser compatibles con
las medidas e intervenciones
técnicas que recomienden las
autoridades que conformarán
la mesa técnica mencionada
supra.
• Hacer los ajustes que
correspondan a las licencias y
promover ante la autoridad
competente las demás
decisiones que se requieran
para el manejo integral de la
problemática del río, incluido,
si es necesario, suspender o
terminar alguna o algunas de
ellas.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de
3 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
7º Integrar el Comité de Verificación para el cumplimiento de la sentencia, el cual
estará conformado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien lo presidirá; el
actor popular; un delegado del nivel directivo de cada una de las siguientes entidades
demandadas: el Municipio de Yopal, el Departamento de Casanare, la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres; un vocero de las comunidades de la ribera izquierda y un vocero de las
comunidades de la ribera derecha del río Cravo Sur en el área objeto de la presente
acción popular.
Los voceros de las comunidades serán escogidos por los presidentes de las
respectivas juntas de acción comunal dentro del mes siguiente a la notificación del
fallo, acompañarán copia del acta de dicha selección con el primer informe del comité.
Si no lo hacen o no hay acuerdo, los seleccionará directamente el magistrado
sustanciador.
El comité de verificación rendirá informes periódicos al finalizar cada trimestre, a partir
de la ejecutoria de la sentencia hasta cuando se declare agotado el objeto de la
misma.
En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo
que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 3 de abril de 2014 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
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SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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