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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2013-01310-03

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2013-01310-03

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales séptimo, octavo, décimo y décimo tercero de la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así: “[…] SÉPTIMO: En consecuencia, se ordena al Distrito de Medellín que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: i) Dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia elabore un estudio técnico por medio del cual se delimite el área a lado y lado de la microcuenca de la quebrada La Picacha en situación de riesgo para la comunidad asentada en sus inmediaciones. ii) De conformidad con lo establecido en el numeral anterior, dentro del término de los seis (6) meses siguientes a la elaboración del estudio técnico ordenado, actualice el censo poblacional de las familias afectadas que habitan en el área delimitada a lo largo de la Quebrada La Picacha y que se encuentran en situación de riesgo mitigable y no mitigable. Para ello, el Distrito –a través de las autoridades competentes– deberá diseñar una estrategia de caracterización con perspectiva de género y con información relativa a los sujetos de especial protección constitucional que permita establecer particularidades específicas de la población. La actualización del censo deberá contener por lo menos la siguiente información: - El número de familias y sus integrantes que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable, cuyas viviendas están ubicadas en el retiro hidrológico de la quebrada La Picacha. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 141 Núm. único de radicación: 050012333000201301310-03 - La determinación de las familias que se encuentran asentadas en viviendas construidas con y sin autorización de las autoridades competentes. - La determinación de las familias que habitan en viviendas ubicadas en zona de riesgo mitigable en inmediaciones de la quebrada La Picacha. - El número de familias que continúan viviendo en zonas de alto riesgo no mitigable en el retiro hidrológico de la quebrada La Picacha […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2013-01310-03

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 050012333000201301310-03
Actores: Félix Antonio García, Jhon Freddy Ortiz Montoya, Luisa Fernanda Vélez
Pineda e Irene Stella Ospina Castrillón, en calidad de representantes legales de las
Juntas de Acción Comunal de los barrios: Ciprés, Las Mercedes, Belén – Las
Violetas y San Pablo Belén – Vereda Aguas Frías (Altavista Comuna 70), Vereda
Aguas Frías Parte Alta (Comuna 70)
Demandados: Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia e Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
Coadyuvantes: Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Autónoma
Latinoamericana; Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín; Clínica Jurídica de
la Corporación Universitaria de Sabaneta; Clínica Jurídica de Interés Público de la
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana;
Clínica Jurídica de Defensa Internacional y Litigio Estratégico en Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota; Personería
de Medellín y otros

Temas: Derecho colectivo al goce de un ambiente sano –literal “a”–; a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible –literal “c”–; a la seguridad pública
–literal “g”–; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente –
literal “l”–; a la realización de las construcciones –literal “m”– quebrada La Picacha;
riesgo de inundación y reubicación de viviendas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín –en adelante, el Instituto– contra la sentencia de 28 de junio de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia1.

1 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
236_ED_CUADERNOPPALN4PD(.PDF) NroActua 2, págs. 78 a 154.

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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los ciudadanos Félix Antonio García, Jhon Freddy Ortiz Montoya, Luisa
Fernanda Vélez Pineda e Irene Stella Ospina Castrillón interpusieron2 demanda en
ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
contra Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 3 –en
adelante el Distrito de Medellín–, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, con el
objeto de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; así como, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente de la comunidad aledaña a la
quebrada La Picacha.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] “PRIMERA. Declarar que el Municipio de Medellín, como consecuencia de su
actuación omisiva y negligente en el cumplimiento de sus funciones de prevención,
gestión, reducción del riesgo y el manejo de desastres, ha vulnerado y amenaza el
derecho humano colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente
previsibles, el derecho humano colectivo a un ambiente sano, al equilibrio ecológico,
y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales (Ley 472 de 1998,
art. 4 a, c, y 1) de la comunidad aledaña a la quebrada La Picacha.

SEGUNDA: Declarar que el Área Metropolitana del Valle de Aburra y la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), como consecuencia
de su actuación omisiva y negligente en el cumplimiento de sus funciones como
autoridades ambientales han vulnerado y amenazado el derecho humano colectivo a
un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales (Ley 472 de 1998, art. 4 a y c) de la comunidad aledaña a la
quebrada la Picacha.

2 La demanda fue presentada el 13 de enero de 2014.
3 El Acto Legislativo núm. 01 de 2021, le otorgó la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación a la ciudad de Medellín. Medellín pasó de ser entidad territorial municipal a distrital, en los términos
del artículo 286 de la Constitución Política.
4 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 22 y 23.

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TERCERA. Como consecuencia de la pretensión primera, ordenar al Municipio de
Medellín por medio de su Alcalde, la ejecución inmediata de las obras pertinentes
para recuperar, adecuar y mejorar las características del cauce de la quebrada La
Picacha (regulación de las corrientes, dragado, limpieza y canalización en ´U´);
recuperación de áreas con amenaza por movimientos en masa o inundaciones y
avenidas torrenciales; la construcción del Parque Lineal de la Picacha; la
continuación del Par Vial que bordee la quebrada La Picacha; además de todas las
obras y actividades asociadas necesarias para prevenir, compensar, corregir, mitigar
y restaurar los riesgos y desastres, presentes en la quebrada La Picacha desde su
nacimiento hasta la Carrera 84, que atiendan a las recomendaciones y dictámenes
técnicos que hacen parte de la presente acción y los que se alleguen en el trascurso
del proceso, como parte de un Plan de gestión integral del riesgo y de desastres para
la quebrada La Picacha.

CUARTA: Como consecuencia de la pretensión segunda, ordenar al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (CORANTIOQUIA), la ejecución inmediata de las actividades relacionadas
con el manejo hídrico de los humedales en La Picacha, el control del cumplimiento
de la normativa ambiental de las actividades de explotación que ejercen las empresas
mineras en la zona de influencia de La Picacha, las actividades dirigidas a la
adquisición de los predios para la conservación ambiental en la microcuenca de la
quebrada La Picacha, la recuperación de las características hidráulicas del cauce de
la quebrada en sectores de amenaza de acuerdo con su jurisdicción territorial,
además de todas las obras y actividades asociadas y necesarias para prevenir,
compensar, corregir, mitigar y restaurar los riesgos e impactos ambientales presentes
en la quebrada La Picacha desde su nacimiento hasta la Carrera 84, las cuales deben
atender a las recomendaciones y dictámenes técnicos que hacen parte de la presente
acción y los que alleguen en el transcurso del proceso.

QUINTA. Que como consecuencia de la pretensión anterior, se ordene al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (CORANTIOQUIA) la revisión del Plan de Ordenamiento y manejo de la
microcuenca de la quebrada La Picacha (PIOM) para que como base en las
condiciones actuales de riesgo se prioricen los programas, los proyectos y las
acciones para su ejecución inmediata con base a la normativa vigente.

SEXTA. Que se conforme el respectivo comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia en cabeza de la personería, la administración municipal, la autoridad
ambiental competente y los representantes de la comunidad afectada […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones5 que
la microcuenca de la quebrada La Picacha presenta una problemática de erosión
seria con múltiples afectaciones ambientales, de las cuales se destacan: crecientes
súbitas (rápidas y de gran volumen), “avenidas torrenciales”, pérdida de la capa
protectora del suelo, movimientos de masa, deforestación, entre otros, que derivan
un “riesgo extraordinario” para la comunidad aledaña.

4. La quebrada La Picacha –con una extensión aproximada de 12.32 kilómetros
cuadrados y una población de influencia de aproximadamente 124.000 habitantes– es una
de las corrientes de mayor amenaza de inundación en el área metropolitana. Sus

5 Ibidem.

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características geomorfológicas, en conjunto con la pérdida progresiva de la
cobertura vegetal natural en las zonas altas y medias de la microcuenca, así como
en los corredores protectores de las corrientes de agua, la disminución de la calidad
y cantidad de servicios ambientales, la baja calidad del hábitat, la ocupación de sus
franjas de retiro con población vulnerable, con el agravante que acarrea la
temporada invernal, han causado movimientos de masa –con hundimiento y
desplazamiento de suelo– e inundaciones.

5. Las inundaciones de la quebrada La Picacha han ocasionado distintas
catástrofes, de las cuales se destacan las ocurridas en abril de 2004, abril de 2008
y diciembre de 2011, que produjeron la pérdida de vidas humanas y perjuicios
económicos a los habitantes de la Comuna 16 de Medellín. Estos últimos, aluden a
que los desbordamientos de la quebrada han provocado daños en las viviendas e
infraestructuras, pérdida de enseres, incluso, la pérdida total de los inmuebles.

6. Aduce que el Distrito de Medellín ha ejecutado obras parciales para afrontar
la problemática que presenta la quebrada La Picacha, sin embargo, estas no han
sido definitivas. En idéntico sentido, refiere que las acciones de las autoridades
ambientales han sido aisladas, descoordinadas e ineficaces. Al punto que la
población que habita en inmediaciones de La Picacha se encuentra en abandono
por parte de las autoridades municipales y ambientales.

Actuaciones en primera instancia

7. La demanda se presentó el 13 de marzo de 2013. Fue repartida al Juzgado
Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín. Mediante auto de 4 de abril de 2013
se admitió la demanda y se concedió el amparo de pobreza a favor de la parte
actora. En auto de 12 de junio del mismo año fueron admitidas las coadyuvancias
de Juan Camilo Pulgarín Aguilar y Jorge Eduardo Santamaría como integrantes de
la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana,
así como de Erika Castro Buitrago, Juan José González Ospina, Nelson Aragón
Castrillón, Juan David Solórzano Lizarralde y Juliana Vélez en calidad de miembros
de la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín. En la audiencia de pacto de
cumplimiento celebrada el 21 de junio de 2013 fue admitida la coadyuvancia de
Carolina Restrepo Múnera como integrante de la Clínica Jurídica de la Corporación
Universitaria de Sabaneta y de Hayley Glennie, Ana María Agudelo Henao y Martín

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Palacio como miembros de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Escuela de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana 6.

La audiencia de pacto de cumplimiento

8. El 21 de junio de 2013 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento,
no obstante, se declaró fallida por falta de fórmulas de arreglo.

Las medidas cautelares decretadas

9. Mediante auto de 2 de agosto de 2013, el Juzgado Veinticuatro Administrativo
Oral de Medellín decretó de oficio las siguientes medidas cautelares:

“[…] 1.1. Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLIN, que de manera INMEDIATA,
inicie todos los trámites administrativos necesarios que conlleven a frenar el
crecimiento desmedido de viviendas construidas irregularmente en las franjas de
retiro de protección de la quebrada La Picacha.

1.2. Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLIN, que de manera INMEDIATA, inicie
todos los trámites administrativos para la implementación inmediata de los programas
y proyectos que tienen formulados o que se tienen formulados en el componente de
gestión del riesgo del acuerdo 046 (Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Medellín), especialmente en las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable.

1.3. Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLIN, disponer y adelantar la evacuación
de las viviendas e infraestructura en general en situación de alto riesgo y su
correspondiente reubicación, así como todas medidas que considere indispensables
en coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo del ente
territorial, a fin de conjurar de manera efectiva el inminente peligro que amenaza los
moradores de las zonas catalogadas en alto y mediano riesgo. Esta actividad deberá
ser desarrollada en un término no superior a un (1) mes, contados a partir de la
notificación de la presente providencia. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 2° del artículo 25 de la Ley 472 de 1990.

2. Una vez adoptadas las órdenes impartidas en la presente providencia, el ente
territorial deberá dar cuenta de las mismas a esta Instancia judicial.

3. Notifíquese esta decisión por el medio más expedito a los sujetos procesales.

4. Exhórtese a la Personería del Municipio de Medellín a fin de que informe al
Despacho las actuaciones desplegadas por dicha autoridad respecto a la orden
impartida por esta instancia judicial en la audiencia de pacto de cumplimiento llevada
a cabo el día 21 de junio de la presente anualidad, en la cual se indicó de manera
concreta, que desplegara ‘toda la actividad que le compete tendiente a que las
autoridades que se encuentren involucradas a la presente acción ejerzan sus
competencias’. En el evento de no haber procedido de conformidad, SE SIRVA
PROCEDER DE LA FORMA INDICADA POR EL DESPACHO.

5. Las anteriores órdenes, sin perjuicio de que el Juzgado se reserve la facultad de
decretar nuevas medidas de evidenciar su necesidad […]”.

6 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 54 a 61.

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10. El Distrito de Medellín y las universidades Pontifica Bolivariana y de Medellín
interpusieron recursos de apelación contra esta decisión.

Sobre la remisión por competencia

11. El 6 de agosto de 2013, el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de
Medellín declaró la falta de competencia, luego de considerar que, como se
encontraba vinculada una corporación del orden nacional7, el expediente debía ser
remitido al Tribunal Administrativo de Antioquia para su conocimiento. Mediante
auto de 20 de agosto del mismo año, el Tribunal Administrativo de Antioquia avocó
el conocimiento del proceso, de conformidad con lo establecido en el numeral 16
del artículo 152 y en el numeral 10 del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011. A su
vez, en esta decisión mantuvo la validez de las actuaciones procesales surtidas por
el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín y posteriormente
concedió el recurso de apelación contra el auto que decretó la medida cautelar.

12. La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el auto recurrido
mediante providencia de 16 de octubre de 20148. No obstante, adicionó la orden en
el sentido de precisar que, el Distrito de Medellín “[…] previ[o] a la realización de la
evacuación de las viviendas e infraestructura en situación de riesgo, así como la
correspondiente reubicación, en aras de asegurar la garantía de los derechos
fundamentales de las familias que se encuentran asentadas en las zonas de alto
riesgo de la quebrada La ‘Picacha’ (i) realice una caracterización de dichas familias;
(ii) identifique de manera concreta las soluciones habitacionales para estas; (iii)
socialice con ellas las medidas a adoptar; y (iv) convoque a la Defensoría del Pueblo
para que en el marco de sus funciones acompañe el proceso de evacuación y
reubicación. Esta etapa previa deberá desarrollarse a más tardar dentro de los tres
(3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia”.

Contestaciones de la demanda

13. El Distrito de Medellín contestó9 la demanda el 29 de abril de 2013. Se
opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó “falta de requisito
de procedibilidad” e “inexistencia de vulneración por parte del Municipio de Medellín,
falta de nexo causal”.

7 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.
8 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 168 a 189.
9 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 66 a 130.

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13.1. Señaló que el municipio ha atendido todas las situaciones de emergencia
relacionadas con la quebrada La Picacha y ha suscrito contratos con miras a
solucionar la problemática ambiental. Indicó que la última situación extraordinaria
relacionada con la quebrada La Picacha ocurrió en diciembre de 2011. No obstante,
argumentó que, entre los años 2004, 2005, 2008 y 2009 ejecutó contratos por valor
de cuatrocientos cincuenta y un millones trescientos veintidós mil noventa y siete
pesos ($451.322.097) para reparación o emergencia. Destacó que en el momento
de la contestación de la demanda realizó intervenciones en la quebrada La Picacha
por un valor aproximado de ochocientos setenta y seis millones ochocientos sesenta
y cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos ($876.865.552).

13.2. Precisó que la Secretaría de Medioambiente cuenta con el programa de
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura hidráulica, conformada por
cincuenta y seis (56) corrientes principales y cuatro mil ciento sesenta y un (4.161)
afluentes. A su vez, explicó que la Secretaría del Medio Ambiente a través de la
Subsecretaría de MetroRío tiene como finalidad “prevenir y controlar la degradación
que amenaza las comunidades asentadas en las áreas de influencia de las
quebradas del Municipio de Medellín”. Estas intervenciones comprenden: i)
construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica, ii) mantenimiento de
cauces: limpieza y remoción de sedimentos, iii) reparación de estructuras
hidráulicas y, iv) reparación de coberturas.

13.3. Adujo que el Distrito de Medellín no es responsable de la presunta
vulneración de los derechos colectivos, en tanto las quebradas son “accidentes
geográficos, hechos de la naturaleza […]” e, indicó que, como autoridad territorial
ha realizado acciones tendientes a la identificación de quebradas y sus afluentes en
el Distrito, ha efectuado su diagnóstico, priorización de las quebradas, ha
adelantado estudios y diseños para realizar obras de acuerdo con la clasificación,
el riesgo y la disponibilidad presupuestal.

13.4. Por último, informó que con base en el Plan de Acción tiene proyectado
contratar la elaboración de estudios técnicos y diseños para la solución hidráulica,
estructural y geotécnica de la quebrada La Picacha, según las situaciones
advertidas con el fin de lograr una intervención sistémica, integral y adecuada en
toda la cuenca.

14. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
CORANTIOQUIA se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las

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excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva10; ii) inexistencia de
una conducta activa u omisiva por parte de la Corporación que ocasione la amenaza
o vulneración de los derechos e intereses colectivos; iii) los afectados causaron el
perjuicio alegado, en la medida que las viviendas se ubicaron en una zona en la que
técnicamente es “imposible” proveer el servicio público de alcantarillado; y, iv)
ausencia de nexo causal entre el hecho imputable y el daño. En este punto, planteó
que la causa del daño o la amenaza de los derechos colectivos no son consecuencia
de la acción u omisión de sus funciones.

15. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de apoderado judicial,
se opuso a las pretensiones de la demanda mediante escrito presentado el 2 de
mayo de 2013. Formuló las excepciones de: i) “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, comoquiera que, son los entes territoriales los encargados de la prestación
de los servicios públicos; y ii) “inexistencia del nexo de causalidad en el actuar del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la vulneración de los derechos colectivos”.

15.1. Señaló que al Distrito de Medellín es a quien le corresponde desarrollar
actividades de inversión y de ejecución, comoquiera que el Área Metropolitana es
un ente administrativo y no un ente territorial, de conformidad con el artículo 2° de
la Ley 128 de 1994. Precisó que, como Área Metropolitana ha realizado estudios
técnicos (diagnósticos, planificación y recomendaciones) con miras a que sea el
municipio la entidad territorial que realice las inversiones respectivas.

15.2. Además, adujo que las áreas metropolitanas, en su rol de autoridades
ambientales solo tienen competencia en la zona urbana de los municipios que la
conforman. Para el caso de la quebrada La Picacha, indicó que se encuentra
localizada en la jurisdicción del Distrito de Medellín, tiene una extensión de 12,31
km2, de los cuales el 44,9% pertenece a suelo urbano (jurisdicción del Área
Metropolitana) y el 55.1% al suelo rural (jurisdicción CORANTIOQUIA).

15.3. Al respecto, expresó que, en caso de que se considere que el Área
Metropolitana tiene algún tipo de responsabilidad en la situación que se discute en
este asunto, únicamente, puede recaer en el 44,9%, dado que el porcentaje restante
comprende el suelo rural que es de competencia de La Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia. Sin embargo, precisó que no es la entidad
encargada de velar por los derechos colectivos reclamados.

10 En lo relativo a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que la situación
3.1.
advertida en el libelo es una problemática que no es de su competencia, en tanto, es al Municipio de Medellín
a quien le corresponde la atención y prevención de desastres.

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16. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín se opuso a las
pretensiones de la demanda y formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Adujo que el objeto del Instituto es gerenciar la vivienda de interés
social del Distrito de Medellín, de conformidad con los mecanismos de postulación,
calificación, otorgamiento y desembolso según lo dispuesto en el Decreto Municipal
núm. 2339 de 2013.

16.1. Señaló que su competencia de asignar subsidios de arrendamiento temporal
no cobija solo a las personas que habitan en proximidad de la quebrada La Picacha,
sino también a las personas vulnerables que habitan en cualquier zona de alto
riesgo de la ciudad de Medellín. En tal sentido, afirmó que el subsidio se otorga a
aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos para su postulación,
calificación, asignación, aplicación y entrega.

16.2. De conformidad con lo anterior, pidió que no se emitan órdenes en su contra.
No obstante, en caso de considerar lo contrario, solicitó tener en cuenta que las
personas solicitantes cumplan con los requisitos para acceder al subsidio, previo
concepto del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de
Medellín.

Intervención de los coadyuvantes

17. Juan Camilo Pulgarín Aguilar y Jorge Eduardo Vásquez Santamaría,
quienes manifestaron actuar como integrantes de la Clínica Jurídica de la
Universidad Autónoma Latinoamericana coadyuvaron la demanda para que se
declare responsables a las autoridades demandadas por la violación de los
derechos colectivos.

17.1. Precisaron que, en materia de prevención de desastres y usos del suelo, la
competencia no es exclusiva del municipio, sino que es una competencia
compartida con las Corporaciones Autónomas Regionales y las Áreas
Metropolitanas, de conformidad con los principios de concurrencia y coordinación.

17.2. Adicionalmente, solicitaron amparar el derecho a la tranquilidad, como un
derecho inherente a la persona humana de conformidad con la sentencia T-459 de
1998.

18. Erika Buitrago y Juan José González Ospina, quienes manifestaron actuar
como integrantes de la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín
intervinieron para señalar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es

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responsable de las obligaciones ambientales en el perímetro urbano de Medellín,
por ser garante del derecho colectivo al ambiente sano de las personas afectadas
por la quebrada La Picacha.

18.1. Ello, por cuanto, además de las obligaciones establecidas en la Ley 1625, le
corresponden funciones como autoridad ambiental y en tal virtud le competen las
enumeradas en los ordinales 18 y 23 del artículo 31 de la Ley 99.

18.2. A su vez, refirió que el Área Metropolitana ha incumplido sus funciones como
autoridad ambiental que se encuentran contenidas en el Plan de Ordenación de la
Microcuenca La Picacha.

18.3. Además, señaló que la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia –como autoridad ambiental– es responsable de la microcuenca La Picacha
en lo que a la zona rural corresponde. Sobre el particular, destacó que no ha
realizado acciones tendientes a disminuir el riesgo, tal como quedó establecido en
el PIOM La Picacha.

19. Nelson Arango Castrillón, Juan David Solórzano Lizarralde y Juliana
Vélez Echeverri, quienes manifestaron actuar como miembros de la Clínica Jurídica
de la Universidad de Medellín, insistieron en la responsabilidad que tiene el Distrito
de Medellín, en la priorización de la aplicación del PIOM La Picacha. Destacaron
que en el PIOM se establece el valor de $5.409.019.000 para la recuperación de las
características hidráulicas del cauce en sectores con amenaza de inundación de la
quebrada, con un tiempo de ejecución de diez (10) años a partir de 2009.

19.1. Señalan que el Municipio ha realizado acciones descoordinadas, que no
reflejan un plan de inversión y que son fruto de la improvisación. Asimismo, indican
que sectores con mayor riesgo de desastre como Las Mercedes, Las Violetas y
Aguas Frías son de los menos intervenidos por la administración.

20. Carolina Retrepo Múnera manifestó que el Municipio de Medellín es la
entidad encargada, en primer lugar, de la prevención de desastres, para lo cual debe
emprender proyectos que puede financiar con recursos propios o del sistema
general de participaciones. No obstante, señaló que la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, de conformidad con el numeral 20 del artículo 31
de la Ley 99 de 1999, tiene como función ejecutar, administrar y mantener en
coordinación con las entidades territoriales proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la

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descontaminación y recuperación del medioambiente y los recursos naturales
renovables.

20.1. Adujo que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de conformidad con el
artículo 7.° de la Ley 1625 de 2013 tiene el deber de apoyar a los municipios que la
conforman, en la ejecución de obras para la atención de situaciones de emergencia
o calamidad.

20.2. Advirtió sobre la violación de los derechos fundamentales de la población
aledaña a la microcuenca, tales como la dignidad humana y la prevalencia del
interés general, en especial de los menores de edad, quienes viven en una
constante situación de amenaza de desastre.

21. Hayley Glennie, Ana María Agudelo Henao y Martín Palacio Maya, en
términos similares a la intervención anterior, destacaron el estado de vulnerabilidad
de la comunidad residente en la zona y advirtieron acerca de la violación de los
derechos fundamentales a la dignidad humana y a la tranquilidad.

21.1. Argumentaron la necesidad de emitir un pronunciamiento en este asunto a
partir de la perspectiva de género, teniendo en cuenta el grupo poblacional que se
encuentra en situación de riesgo.

21.2. En cuanto a la responsabilidad de las accionadas, señaló que, la Constitución
Política en el artículo 315 le asigna al municipio, a través del Concejo Municipal y
de los Alcaldes, el deber de prestar servicios públicos, construir obras que
demanden el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, entre otras. A las
Áreas Metropolitanas, le competen funciones de autoridad ambiental de
conformidad con lo establecido en los artículos 319 de la Constitución Política y 66
de la Ley 99 de 1993, como efectuar el control de vertimientos y emisiones
contaminantes, disponer de los desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos,
dictar medidas de corrección y mitigación de los daños ambientales y adelantar
proyectos de saneamiento y descontaminación. En virtud de lo dispuesto en la Ley
99 de 1993, le corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia efectuar seguimiento, prevención y control de desastres en coordinación
con las demás autoridades competentes.

21.3. Finalmente, señaló que las situaciones asociadas a la quebrada La Picacha
inician en el área rural del Municipio de Medellín y se desplazan hasta llegar a la

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zona urbana, ocasionando afectaciones en la parte rural, como en los barrios Las
Violetas, Los Alpes, Las Mercedes y Belén.

21.4. Henry Alejandro Bolívar Callejas, Isabel López Ospina, Andrés Felipe
Londoño Hernández, Lina Isabel Jaramillo Marín, Deisy Catalina Villada
Gallego e Irene Estela Ospina Castrillón, mediante escrito presentado el 2 de
septiembre de 2013, manifestaron su interés de coadyuvar en la acción popular. Su
intervención, a la luz de la perspectiva de género, destaca los principales daños y
riesgos a los que se enfrenta la mujer ante un evento de desastre natural y
solicitaron que tal perspectiva sea tenida en cuenta para resolver el caso. En tal
sentido, pretenden la vinculación de la Secretaría de la Mujer del Municipio de
Medellín, para que a través de sus políticas misionales adopte las acciones
pertinentes. Para ello, aportaron información sobre el porcentaje de mujeres en los
grupos poblacionales, se refirieron a las desigualdades de género, a los daños, así
como a los riesgos a los que están sometidas.

22. La Personería de Medellín solicitó ordenar a las demandadas adelantar las
acciones tendientes a evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio de los derechos e intereses colectivos.

23. La Universidad de Minnesota11, a través de la Clínica Jurídica de Defensa
Internacional y Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho,
solicitó tener en cuenta estándares internacionales en la garantía del derecho a la
vivienda y de los derechos humanos ante situaciones de órdenes de desalojo. Lo
anterior, en el marco de lo dispuesto en la medida provisional proferida en auto de
2 de agosto de 2013, que ordenó al Municipio de Medellín, disponer y adelantar la
evacuación de las viviendas e infraestructura –en general– en situación de alto riesgo
y su correspondiente reubicación.

24. Señaló que los estándares internacionales en materia de desalojo forzoso
suponen: i) la notificación adecuada y razonable de los afectados con la reubicación;
ii) la consulta genuina a las comunidades afectadas; iii) la participación de las
entidades estatales durante el proceso de desalojo (ejemplo, el Ministerio Público);
y, vi) el deber de asegurar una vivienda alternativa –segura– que permita el disfrute

11 Escrito de 18 de octubre de 2013, con sello de presentación ante el Consejo de Estado de 22 de octubre de

2013. Jennifer Green, Thea Reilkoff, Katie Choi, Shanda Fisher y Ryan Young como integrantes de la Clínica
Jurídica de Defensa Internacional y Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Minnesota. Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 135 a 141.

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de los derechos humanos esenciales –como el derecho a la educación y el derecho a
la salud–.

24.1. Recordó que Colombia tiene el deber de cumplir con los compromisos de
protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, de tal manera que,
el Estado debe asegurar que el desalojo forzado no vulnere la dignidad, el derecho
a la vida y a la seguridad de los afectados.

24.2. Afirmó que la reubicación de los residentes aledaños a la quebrada La
Picacha sin la adecuada socialización del proceso de reubicación y sin un plan de
identificación y ubicación concreto conlleva la violación del deber de progresividad
de los derechos que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

24.3. Este deber del Estado comprende la necesidad de habilitar servicios
esenciales de salud, seguridad, confort, alimentación, vivienda a precios asequibles,
alojamientos seguros y habitables, un espacio adecuado para la protección contra
el frío y la lluvia y una ubicación que permita acceder a establecimientos educativos,
de salud, centros de cuidado para niños y oportunidades laborales, de modo que
garantice la compensación y rehabilitación completa.

24.4. Expuso su preocupación, ante la ausencia de un Plan de Reubicación a favor
de los residentes de la quebrada La Picacha, en la medida que esto conlleva el
desconocimiento de las normas internacionales y la violación de los derechos
humanos de la población afectada.

25. Martha Isabel Gómez, Hernán Darío Martínez, Karen Viviana Rendón,
Sara Pulgarín Espinosa, Katherine Bustamante, María Fernanda Barrera
Cuartas, Lignis Sigrid Ramírez Sánchez, Mateo Palacio Sánchez y Sebastián
Giraldo Henao indicaron que la Microcuenca La Picacha es una de las de mayor
nivel de riesgo12 en el Valle de Aburrá. Además, expusieron que esta microcuenca
ha pasado por episodios catastróficos ocurridos en 2008, 2009 y 2011.

25.1. Refirieron que, ante la situación, al ente territorial le corresponde proteger la
vida, la integridad y la dignidad de los habitantes y de las comunidades cercanas a
la quebrada La Picacha. Destacaron la necesidad de atribuir a las comunidades un
rol participativo en la planeación de políticas y estrategias de gestión del riesgo.

12 En tanto hace parte de las cuarenta y seis quebradas con mayor riesgo del Valle de Aburrá.

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25.2. Indicaron que la falta de recursos económicos no es excusa para dejar de
proteger el derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente previsibles,
es decir, que la administración municipal no puede alegar problemas
presupuestales o de otra índole para exonerar su responsabilidad.

25.3. Señalaron que a partir de la vigencia de la Ley 1523 de 2012 existe la
obligación de contar con el sistema nacional de información para la gestión del
riesgo de desastres.

25.4. Pusieron de presente que, la omisión en la ejecución de las acciones
previstas en el Programa para el Mejoramiento Integral de la Microcuenca La
Picacha devela la desarticulación entre los planes de desarrollo municipal y los
planes de ordenamiento territorial, perpetuando la vulnerabilidad y la afectación a la
comunidad.

25.5. Adujeron que el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín –Acuerdo 48 de
2014– desconoció el deber que tenía la ciudad en la gestión del riesgo, aunado a
que se encuentra desactualizado.

25.6. Por último, indicaron que el Municipio ha omitido su deber de realizar listados
con la población objeto de procesos de reasentamiento, indicando su ubicación en
el suelo de riesgo mitigable y no mitigable, a excepción de las familias ubicadas en
el sector de la Playita.

Sentencia proferida, en primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia13 el 28 de junio de
2017, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. Se acepta la manifestación de impedimento propuesta por el Dr.
JHON JAIRO ALZATE LÓPEZ, para conocer del asunto de la referencia.

SEGUNDO. NO [SE] DECLARAN PROBADAS las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de una conducta activa u omisiva
por parte de CORANTIOQUIA que genera amenaza o vulneración de algún derecho
o interés colectivo.

TERCERO: NO Se [sic] declara probada la excepción falta de legitimación en la causa
por pasiva, presentada por el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.

CUARTO: NO SE DECLARAN PROBADAS LAS EXCEPCIONES de falta de
agotamiento de requisito de procedibilidad; e inexistencia de la vulneración de los
derechos y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Municipio de
Medellín.

13 Ibidem 1.

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QUINTO: No se declaran probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuesta por el ISVIMED.

SEXTO: Se ordena proteger los derechos colectivos al goce de un medio ambiente
[sic] sano, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes.

SÉPTIMO: En consecuencia se ordena al Municipio de Medellín realizar, de manera
urgente, el censo poblacional, a fin de determinar con exactitud, alrededor de toda la
Quebrada y no únicamente en un sector de ella, cuáles familias se encuentran en
zonas de riesgo mitigables y zonas de riesgo no mitigables, para ello es necesaria la
intervención del DAGRD. Para ello, se le concede al Municipio el término de quince
(15) días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, para que acredite el
cumplimiento del mismo.

Este censo, por supuesto, no se limita al sector de la Playita, como lo ha pretendido
mostrar el Municipio, ya que, también está probado en el expediente, que se
encuentran en riesgo las familias que habitan en forma aledaña a los barrios Cipres
[sic] Las Mercedes, Belén Las Violetas. San Pablo Belén - Vereda Aguas Frías
(Altavista Comuna 70), Vereda Aguas Frías Parte Alta (Comuna 70), por lo cual, es
necesario censarlas así como a toda la población aledaña que se encuentre en
situación de riesgo.

Adicionalmente, debe realizarse un censo con enfoque diferencial, teniendo en cuenta
qué familias deben evacuar de manera temporal y cuáles de manera definitiva, por lo
cual, en su actividad, el ISVIMED, no puede imponer trabas de tipo administrativo que
impida el acceso al subsidio de vivienda a las personas que requieran ser evacuadas,
es decir, que, en tanto y en cuanto el DAGRD determine que la vivienda debe ser
evacuada de manera definitiva, el Municipio debe ofrecerle una solución habitacional
definitiva.

De la misma manera, deben ofrecerse soluciones habitacionales temporales, a
quienes se encuentren en situación de riesgo temporal o mitigable.

Una vez se sepa cuáles familias, por su situación de riesgo, deben ser desalojadas,
el Municipio de Medellín debe tomar las siguientes medidas, con el acompañamiento
de la Secretaría de Mujeres del Municipio, así como de la Personería de Medellín y la
Secretaría de Gobierno Municipal:

i) Notificar a los interesados debidamente del plan que se llevará a cabo. (1 mes
después del censo)
ii) “difundir [sic], información previa relevante para el proceso, que incluya una
propuesta de restablecimiento de viviendas”, (1 semana después del punto i).
iii) Proveer un tiempo razonable para la revisión del Plan (15 días después del punto
ii).
iv) Proveer asesoramiento técnico y jurídico a las personas afectadas por el desalojo
(1 mes después del punto iii)
v) Celebrar audiencias populares para ofrecer a los particulares afectados, ‘la
oportunidad de criticar la decisión de desalojo forzado y/o de presentar propuestas
alternativas de desalojo forzado’ (1 semana después del punto iv)
vi) Ofrecer soluciones habitacionales definitivas en caso de desalojo (únicamente a
quienes tengan recomendación por parte del DAGRD de evacuación definitiva) (A lo
anterior, no podrá oponer situaciones técnicas o actos administrativos que den al
traste con la garantía de los derechos fundamentales de quienes serán desalojados)
(2 meses después del punto anterior).
vii) Cualquier desalojo, que debe estar justificado en que los moradores de esas
viviendas se encuentren en situación inminente de riesgo, debe cumplir con los

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trámites anteriores y contar con la presencia de la Defensoría del Pueblo, además de
que el Municipio tiene el deber de habilitar servicios esenciales de salud, seguridad,
confort, alimentación, vivienda a precios asequibles; alojamientos seguros y
habitables; un espacio adecuado para la protección contra el frío y la lluvia y una
ubicación que permita acceder a establecimientos educativos, de salud, centros de
cuidado para niños y oportunidades laborales. Se advierte al Municipio que, en
cualquiera de estas acciones debe actuar con sumo cuidado, a fin de evitar que estas
personas se conviertan en indigentes y sin hogar, expuestos a otras violaciones de
derechos humanos.

Todas estas medidas, deben ser llevadas a cabo, teniendo en cuenta la participación
de las mujeres, en especial, de las madres cabeza de familia que residan en el sector.

OCTAVO: Se ORDENA al ISVIMED, previo censo por parte del DAGRD, otorgar
SOLUCIÓN habitacional permanente, a las personas que se encuentren en situación
de riesgo inminente y evacuación definitiva, que se encuentren en la PICACHA y que
requieran ser desalojadas de manera perentoria, porque su vida se encuentra en
peligro, sin oponerles como negativa el contenido del Decreto 2339 de 2013, o
cualquier otra disposición cuyo contenido contraríe el alcance de los derechos
constitucionales fundamentales.

NOVENO: Se ORDENA al Municipio de Medellín, contar con sistemas de alertas
tempranas con el fin de evitar o mitigar los desastres naturales, que, teniendo en
cuenta el nivel de vulnerabilidad de la comunidad que reside en el territorio, deben
informar oportunamente sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda
causar daño a la comunidad.

DÉCIMO: Asimismo, se ORDENA al Municipio de Medellín que emprenda labores
coordinadas con las Empresas Públicas de Medellín, a fin de que la población que se
encuentra en zonas seguras y de riesgo mitigable, pueda acceder a la infraestructura
de servicios públicos, tal como saneamiento básico y alcantarillado.

Estas acciones deberán llevarse a cabo tanto en el área rural como en el área urbana
de la microcuenca.

DÉCIMO PRIMERO: SE ordena al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA, al Municipio de Medellín y a CORANTIOQUIA, que concerten y
reorganicen dentro del marco de sus funciones, en un término de un mes, contado a
partir de la ejecutoria de la providencia, el ajuste presupuestal para la
implementación urgente, real y efectiva del PIOM (PLAN DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA) LA PICACHA estableciendo un
cronograma para su total implementación, de manera que comiencen su
implementación dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del mes de
concertación y reorganización y definición de un nuevo conograma [sic]. Este
cronograma deberá ser publicado y dado a conocer a la comunidad.

DÉCIMO SEGUNDO: Se reconoce personería al Dr. SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
T.P. 89.129 del CSJ para representar al ISVIMED, en los términos del poder
conferido.

DÉCIMO TERCERO: CONFORMAR el Comité para la Verificación del Cumplimiento
de la sentencia con el Magistrado Ponente de la presente providencia, el actor
popular, un delegado de los coadyuvantes, un delegado de la Defensoría del Pueblo.
un Delegado [sic] del Municipio de Medellín, un delegado de CORANTIOQUIA, un
delegado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

DÉCIMO CUARTO: REMITIR copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo,
para que sea incluida en el registro público centralizado de acciones populares
previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 […]”.

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Consideraciones del Tribunal

27. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que en este caso se
presenta una situación de riesgo con el carácter de perjuicio irremediable, que
exonera a los demandantes del agotamiento del requisito de reclamación previa
ante la autoridad correspondiente. En tal sentido, declaró no probada la excepción
propuesta por el Municipio de Medellín de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad.

28. Asimismo, declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva alegadas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Medellín y el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat del mismo municipio; así como, la denominada
“inexistencia de conducta activa u omisiva” sustentada por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia y la de “inexistencia de vulneración de
los derechos colectivos” aducida por el Municipio de Medellín.

29. En el estudio del caso concreto, el a quo encontró probada la vulneración de
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del
equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y, al
derecho a la vivienda, debido a los problemas erosivos fuertes y a los movimientos
de masa que presenta la microcuenca La Picacha, que causan agrietamiento a las
viviendas, hundimientos de piso e inundaciones en la Comuna 16 del Distrito de
Medellín.

30. El Tribunal Administrativo de Antioquia argumentó que encontró vulnerados
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales,
comoquiera que no se ha puesto en marcha el “Programa para el Mejoramiento
Integral de la microcuenca La Picacha”, ni se ha acatado el “Plan de Ordenamiento
y Manejo de la quebrada La Picacha”14, aunado a que no se han destinado los
recursos por las autoridades responsables para atender la urgente problemática que
atraviesan alrededor de 124.000 personas residentes en el sector.

14 El Plan de Ordenamiento y Manejo de la quebrada La Picacha alude a tres fases: i) la fase de diagnóstico, la

fase de prospectiva y la fase de formulación (en esta última se presentó el diseño y la trayectoria a través de
objetivos, programas, proyectos y líneas estratégicas).

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31. Asimismo. el Tribunal declaró vulnerado el derecho colectivo a la seguridad
y prevención de desastres técnicamente previsibles por cuanto de las pruebas
aportadas concluyó que la quebrada La Picacha15 representa un alto nivel de riesgo
ambiental y de seguridad para los habitantes de su zona de influencia.

32. Señaló que la afectación que presenta la quebrada La Picacha, debido a
“altos niveles de vulnerabilidad de la población, pérdida progresiva de la cobertura
vegetal natural en las zonas altas y medias de la microcuenca y en los corredores
protectores de las corrientes de agua” que han ocasionado inundaciones y
movimientos en masa, han cobrado la pérdida de múltiples vidas y generado
cuantiosos daños a los bienes de los residentes. Que incluso, en ocasiones, han
provocado que las personas afectadas desalojen sin solución habitacional –con
desconocimiento acerca de si deben hacerlo o no por falta de censo y ante la encrucijada
de no tener a donde irse–.

33. Situaciones respecto de las cuales las personas afectadas no han tenido una
respuesta efectiva por parte del ente territorial, sino que, por el contrario, han sido
víctimas de una posición pasiva en la mayoría de los casos y, en otros, reactiva y
no preventiva. Al punto que, el a quo consideró que el Municipio de Medellín no ha
cumplido con lo ordenado en el incidente de desacato –en el cual se pretendía acatar
la orden de la Sección Primera del Consejo de Estado que adicionó la medida cautelar
proferida en este asunto–.

34. El a quo consideró que el derecho fundamental a la vivienda digna fue
vulnerado con ocasión de la situación de riesgo inminente y la falta de alternativas
reales para mitigar dicha situación por parte de las autoridades competentes. Para
sustentar su determinación indicó que el Municipio de Medellín, a través del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat desconoció la obligación de garantizar el acceso a la
vivienda digna para la población ubicada en zonas de alto riesgo, “[…] no solo por
la falta de desarrollo de planes y programas para la identificación de escenarios de
riesgos de desastres, obligación que también ha desconocido […] ante la ausencia
de censo e imposición de barreras administrativas para que las personas accedan
a los subsidios respectivos […]”.

35. Precisó que las medidas de desalojo no pueden llevarse a cabo de forma
intempestiva, sino que deben contar con un debido proceso que garantice los
siguientes pasos: i) diseñar los planes y programas de vivienda, con un énfasis

15 La quebrada La Picacha es una microcuenca localizada en la Jurisdicción del Municipio de Medellín que tiene

una extensión aproximada de 12.32 kilómetros cuadrados y una población aproximada de ciento veinticuatro
mil (124.000) habitantes.

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prioritario en atender las especiales necesidades de dicha población; ii) brindar
asesoría clara y efectiva sobre los trámites y requisitos para acceder a los
programas de vivienda; iii) eliminar las barreras que impidan el acceso de las
personas desplazadas a los programas de asistencia social del Estado y, iv)
proveerles soluciones de vivienda asequibles, con gastos de mantenimiento
soportables y dotadas de protección jurídica. En suma, advirtió que no será posible
adelantar ningún desalojo o lanzamiento sin la concertación del plan con la
comunidad y previo a otorgar alternativas adecuadas de vivienda.

36. Resolvió que, en el caso concreto, la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de
Medellín son responsables de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
por la omisión ante la problemática que presenta la quebrada La Picacha.

36.1. En lo que atañe a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
indicó que funge como autoridad ambiental, comoquiera que más de la mitad de la
microcuenca atraviesa el área rural que está bajo su competencia, de conformidad
con el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.

36.2. En lo relativo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, adujo que es la
autoridad ambiental en el perímetro urbano del Municipio de Medellín, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, según el cual,
tiene asignadas las funciones enumeradas en los ordinales 18 y 23 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.

36.3. Y, el municipio, debido a que, le corresponde realizar todas las acciones
necesarias para: i) la recuperación de la faja de terreno de la quebrada La Picacha,
ii) la recuperación del medio ambiente, iii) asegurar la prestación del servicio de
alcantarillado en el territorio afectado; y, iv) la reubicación de las familias asentadas
en las zonas de alto riesgo, de conformidad con lo establecido en los artículos 65
de la Ley 99 de 1993, 56 y 69 de la Ley 9.° de 1989.

37. De conformidad con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia
consideró que la población que habita en las viviendas adyacentes a la quebrada
La Picacha se encuentra en riesgo y ante la omisión de intervención en la zona por
parte de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y del Municipio de Medellín, concluyó que se
desconocen las obligaciones en materia de control en el manejo ambiental de las
cuencas hidrográficas.

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38. Así las cosas, ordenó proteger los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano (literal “a”), a la seguridad y salubridad públicas (literal “g”); al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública (literal “h”); a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente (literal “l”); y, a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes (literal “m”).

39. En consecuencia, le ordenó al Municipio de Medellín: i) realizar –de manera
urgente– un censo (con intervención del Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo de Desastres) con el objeto de determinar la población que se encuentra
ubicada en zonas de riesgo mitigable y no mitigable en la quebrada La Picacha. ii)
Para el censo dispuso aplicar enfoque diferencial, en el que deberá tener en cuenta,
qué familias deben evacuar de manera temporal y quienes de forma definitiva. iii)
Ofrecer soluciones habitacionales temporales en caso de situación de riesgo
mitigable. iv) Contar con sistemas de alertas tempranas con el fin de aminorar los
efectos de los desastres naturales. Y, v) emprender labores coordinadas con las
Empresas Públicas de Medellín con el objeto de que la población que se encuentra
en zonas seguras pueda acceder a infraestructuras de servicios públicos de
saneamiento básico y alcantarillado.

40. De igual forma, ordenó al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
que, con posterioridad al censo, otorgue solución habitacional permanente a las
personas que se encuentren en situación de riesgo inminente, “[…] sin oponerles el
Decreto 2339 de 2013 o cualquier otra disposición cuyo contenido contraríe los
derechos constitucionales fundamentales […]”. Por último, al Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, al Distrito de Medellín y a la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia les ordenó implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo
Integral de la Microcuenca La Picacha, para lo cual deberán establecer un
cronograma y efectuar los ajustes presupuestales para tal fin.

Los autos de 23 de febrero de 2021

41. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 23 de febrero de
2021, resolvió no acceder a la solicitud de adición y aclaración de la sentencia
presentada por el Distrito de Medellín, comoquiera que, por un lado, señaló que las
órdenes de los numerales 5 y 8 no generan confusión respecto de la entidad que
debe acatarlas, debido a que la solución habitacional le corresponde de manera

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general al ente territorial, quien puede dar cumplimiento a través de su entidad
descentralizada, esto es, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, por
ser el competente para dicho propósito. Así las cosas, reiteró que el Municipio y el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín deben actuar de manera
coordinada y no excluyente.

42. Y, por el otro, que la orden del numeral décimo primero no presenta
confusión. Al respecto, indicó que si el municipio considera que no existe sustento
normativo para su fundamento o el término de un mes es muy breve para dar
cumplimiento, lo procedente es argumentar tales inconformidades en el recurso de
apelación. Además, señaló que el verbo “concertar” –empleado en esta orden– no
ofrece duda. Por último, recordó que la aclaración de la sentencia no implica que el
Juez pueda reformar o revocar la providencia o que sea una oportunidad procesal
en la que las partes procuren una decisión diferente.

43. Mediante auto de la misma fecha16, el Tribunal accedió a la solicitud de
adición de la sentencia presentada por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín, pero negó su solicitud de aclaración por cuanto la decisión no ofrece
ningún motivo de duda. Sobre el particular, indicó que el término “trabas
administrativas” es entendido por la Corte Constitucional como obstáculos
administrativos, “cuando se utilizan los procedimientos como impedimentos para
garantizar el derecho sustancial”. Además, señaló que la sentencia no se refirió a la
constitucionalidad o no del Decreto 2339 de 2013, ni a inaplicar su contenido; al
respecto, precisó que es el apoderado del Instituto quien plantea este alcance, pero
no es propio de la decisión judicial.

44. En términos similares, expresó que la sentencia no genera duda en los plazos
concedidos para el cumplimiento de la orden del numeral séptimo. Precisó que la
orden solo se refiere a un censo poblacional. Y, que no se genera confusión al
referirse al Municipio y al Instituto, comoquiera que “no entiende por qué en la
solicitud de aclaración se insiste en que se elija una u otra entidad de manera
exclusiva para asignarle el cumplimiento de la obligación”, por cuanto “tanto a uno
como a otro se dirige la obligación”.

45. En punto a la solicitud de aclaración respecto de los numerales 7 y 8 de la
sentencia, reiteró que el Municipio y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín son los destinatarios de la orden, en tanto, si bien la responsabilidad recae

16 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
66_ED_15AUTOACCEDEASOLICIU(.PDF) NroActua 2.

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en el ente territorial, debe dar cumplimiento a través del Instituto que es la entidad
creada para lograr el propósito perseguido, en la medida que las entidades deben
trabajar de forma conjunta en la protección efectiva de los derechos fundamentales
de los habitantes afectados por La Picacha.

46. En lo relativo a la solicitud de aclaración sobre los beneficiarios de las
medidas, especialmente, por la “confusión” que puede generar el uso de la
expresión “sectores aledaños”, indicó que la orden va dirigida a “[…] todas las
familias que habitan en zonas de alto riesgo aledañas a la Quebrada La Picacha, y
que la enunciación de algunos barrios, de ninguna manera es una lista taxativa […]”.
A su vez, adujo que no puede acceder a la solicitud por cuanto es la autoridad
administrativa quien luego de adelantar el censo respectivo determine la población
que está ubicada en zonas de alto riesgo.

47. Ahora, en lo atinente a la solicitud de adición, resolvió acceder a ella en
relación con los numerales séptimo y décimo tercero. En tal sentido, resolvió:

“[…] El numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia se adicionará con un
último párrafo así:

‘El ISVIMED acompañará la socialización de este plan, de acuerdo con sus
competencias’.

El numeral décimo tercero, relativo a la conformación de Comité de Verificación
quedará así:

‘Conformar el Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia con el
magistrado ponente de la presente providencia, el actor popular, un delegado de los
coadyuvantes, un delegado de la Defensoría del Pueblo, un Delegado del Municipio
de Medellín, un delegado de CORANTIOQUIA, un delegado del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá y un delegado del ISVIMED´ […]”.

Recurso de apelación

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED

48. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín17 recurrió la sentencia
de primera instancia mediante escrito presentado el 5 de julio de 201718. Se opuso
a la decisión proferida por el a quo, comoquiera que, en su criterio: i) la providencia
no señala los motivos por los cuales declaró no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada por el Instituto; ii) desconoce las

17 Mediante apoderado judicial.
18 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
236_ED_CUADERNOPPALN4PD(.PDF) NroActua 2, págs. 208 a 215.

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actuaciones19 adelantadas en el asunto objeto de examen –que darían por superada
la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos–; iii) no analiza las
competencias del Instituto como administrador del subsidio de vivienda municipal,
sin embargo, le imparte órdenes con desconocimiento de las funciones de la
entidad; iv) prescinde de analizar las acciones u omisiones del Instituto que han
conllevado a la vulneración de derechos fundamentales y colectivos, en tanto no
existe un nexo causal entre las acciones del Instituto y las afectaciones a los
derechos e intereses colectivos; v) en la sentencia se desconocen normas y
principios que rigen en materia presupuestal de las entidades públicas, asimismo se
trasgreden los principios de moralidad, responsabilidad, eficacia y economía de las
actuaciones administrativas, comoquiera que respecto del Instituto las órdenes son
abstractas, desconocen las normas que regulan la competencia de la entidad y deja
de lado las normas presupuestales para ajustar el gasto público que deriva de una
sentencia en firme.

49. Específicamente, en lo atinente a las órdenes impuestas en la providencia,
argumentó que: i) la sentencia proferida en primera instancia dictó órdenes
indeterminadas, en relación con los beneficiarios de las medidas, en punto a que,
se observa la mención de diferentes barrios en la parte motiva de la sentencia, al
tiempo que, en la parte resolutiva, alude a “sectores aledaños”; ii) Se dictan órdenes
a entidades no vinculadas al proceso. Al respecto, señaló que se dispuso aplicar un
“enfoque diferencial” que puede entenderse como un “enfoque especial a
poblaciones constitucionalmente protegidas” lo cual, a su turno, exige la
participación de distintas entidades; iii) indicó que la sentencia no tuvo en cuenta
que todas las personas que se encuentran asentadas en la quebrada La Picacha y
en sus sectores contiguos son sujetos de especial protección constitucional y alegó
que no se entiende si el a quo inaplicó el Decreto 2339 de 2013 o si extendió los
efectos de la sentencia T-681 de 2016. Sobre el particular, indicó que en la
sentencia recurrida se da el alcance de efectos inter comunis a una sentencia de
tutela, pero cuestionó que esta competencia es solo de la Corte Constitucional. iv)
Argumentó que la sentencia recurrida ordena que se “inaplique” el Decreto 2339 de
2013 y otras normas sin concretarlas, lo que induce a que se inapliquen normas
vigentes que determinan la competencia del Instituto, con lo cual, la sentencia
apelada desconoce “la lógica constitucional y legal de los subsidios, así como
tampoco entiende que los requisitos de acceso a los mismos no son trabas o
barreras administrativas sino verdaderos requisitos sustanciales de acceso”. v) En

19 El Instituto señaló que la prueba de las actuaciones adelantadas fue aportada con los diferentes informes

allegados al proceso, así como con los anexos de los alegatos de conclusión.

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lo relativo a la orden referente al plan de reubicación se opuso a que se asignara al
Municipio de Medellín, toda vez que este asunto le compete directamente al
Instituto. vi) Manifestó su oposición respecto de la orden de realizar un censo con
enfoque diferencial, en la que se indicó expresamente que el Instituto “no puede
imponer trabas de tipo administrativo que impida el acceso al subsidio de vivienda
de las personas que requieran ser evacuadas”, esto comoquiera que el censo no es
una actuación que deba adelantar el Instituto; vii) no comparte la orden de
“restablecimiento de vivienda” porque no es de la competencia del Instituto, debido
a que “[…] no le corresponde reponer una vivienda a cada propietario o poseedor,
debido a que ello incentiva la construcción irregular y la edificación en laderas de
riesgo de desastres […]”; viii) cuestionó la orden dirigida al Instituto para que
“desconozca” las normas que rigen su actuación; ix) expresó su desacuerdo
respecto de que sean los particulares quienes realicen propuestas frente a un
desalojo; y x) se apartó de la orden según la cual se debe habilitar “vivienda a
precios asequibles” dado que el Instituto sólo administra el subsidio municipal de
vivienda, pero no presta el dinero para su adquisición –nueva o usada ya que no es
una entidad de crédito–.

Actuaciones en segunda instancia

50. En auto de 9 de junio de 202120, el Magistrado Sustanciador concedió en el
efecto suspensivo ante el Consejo de Estado la impugnación interpuesta por el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, en los folios 1254 a 1261 del
cuaderno 4; esto es, el recurso interpuesto el 5 de julio de 2017, contra la sentencia
proferida en primera instancia.

51. El 17 de junio de 202121 se repartió este asunto al Despacho Ponente.
Mediante auto de 3 de diciembre del mismo año22, se ajustó el efecto de la sentencia
proferida en primera instancia, de suspensivo a devolutivo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 325 de la Ley 1564. Asimismo, mediante auto de 1.° de
agosto de 202223, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín contra la sentencia proferida el 28 de junio

20 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 74_ED_21SCC0520131310(.PDF)

NroActua 2.
21 Cfr. Índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
3_ALDESPACHOPORREPARTO_PASOALDESPACHODOC(.DOCX) NroActua 3
22 Cfr. Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
391_AUTOQUEORDENAASECRETARIA_AJUSTAEFE(.PDF) NroActua 9.
23 Cfr. Índice 16 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
400_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 16.

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de 2017. Además, se corrió traslado a las partes para la presentación de alegatos y
al Ministerio Público para rendir concepto mediante auto de 20 de enero de 202324.

52. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia25, el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín26 y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá27, presentaron alegaciones, en términos similares a los aducidos a lo largo
del proceso.

53. Adicionalmente, se destaca que la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia señaló en su escrito que ha venido acatando las órdenes
impartidas en la sentencia proferida en primera instancia y ha ejecutado cada una
de las metas propuestas en el Programa para el Mejoramiento Integral de la
Microcuenca La Picacha.

54. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá adujo que ha ejecutado contratos
tendientes a coadyuvar en el mejoramiento de la quebrada La Picacha , tales como:
adecuación de corredores ecológicos lineales en el municipio de Medellín,
quebradas La Picacha Fase III y La Pelahueso Fase II determinados por el proyecto
construcción de corredores ecológicos lineales en la ciudad de Medellín Fase II;
ejecución de Intervenciones en las quebradas para la prevención, Mitigación y
control de eventos hidrológicos en Medellín y sus corregimientos y la formulación
del plan de ordenamiento y manejo de la microcuenca de la quebrada La Picacha.
No obstante, indicó que la problemática relacionada con la quebrada La Picacha –
en la actualidad– persiste en materia habitacional, respecto de lo cual no es
competente.

55. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín señaló que la
inconformidad planteada en el recurso de apelación relacionada con la
incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva sobre la inaplicación de
normas que regulan la asignación del subsidio distrital de vivienda, así como todas
aquellas discusiones sobre la constitucionalidad del Decreto 2339 de 2013, en la
actualidad Decreto 1053 de 2020, se entiende superada con ocasión de la decisión
proferida el 23 de febrero de 2021, por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

24 Cfr. Índice 24 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
408_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.pdf) NroActua 24.
25 Cfr. Índice 30 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
417_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201301310_ALEGATOS(.pdf) NroActua 30.
26 Cfr. Índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
422_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20130131003ACCP(.rar) NroActua 32.
27 Cfr. Índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
422_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20130131003ACCP(.rar) NroActua 32.

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según la cual se indicó que “la sentencia en ningún momento se refiere a la
constitucionalidad o no del Decreto 2339 de 2013”.

56. El Ministerio Público28 rindió concepto el 20 de febrero de 202329. Solicitó se
confirme la decisión de primera instancia, comoquiera que, en su criterio, se
encuentra probada la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de
un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, a la seguridad y a la prevención de desastres técnicamente
previsibles con ocasión de la problemática que se presenta en la microcuenca de la
quebrada La Picacha.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

57. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) las facultades del juez popular; v) el derecho colectivo al
goce de un ambiente sano –literal “a” del artículo 4.° de la Ley 472–; vi) el derecho
colectivo a la seguridad y salubridad públicas –literal “g” del artículo 4.° de la Ley 472–
; vii) el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública –literal “h” del artículo 4.° de la Ley 472–; viii) el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente –literal “l” del artículo
4.° de la Ley 472–; ix) el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes –literal “m”
del artículo 4.° de la Ley 472–; x) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; y, xi) el análisis del caso
concreto.

Competencia de la Sala

58. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201930, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y, iii) el 15031 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo

28 Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado.
29 Cfr. Índice 34 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
MemorialWebJDV_426CONCEPTO_20130131003(.pdf) NroActua 34.
30 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
31 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. Modificado

Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en

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de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el
trámite de las acciones populares.

59. Vistos los artículos 32032 y 32833 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201234,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín.

60. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

II. Problemas jurídicos

61. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín:

61.1. Si, en la sentencia de primera instancia, el a quo manifestó o no las razones
por las cuales declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por el Instituto. Luego de ello, analizará la naturaleza jurídica y
las competencias de la entidad con el objeto de establecer su legitimación en este
asunto.

61.2. Si, en el caso sub examine se configura o no la amenaza o vulneración de
los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano, ii) a la seguridad
y salubridad públicas, iii) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública, iv) a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, y v) a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por parte del Instituto

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
32 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine

la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
33 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
34 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, de conformidad con sus competencias
reglamentarias, en lo que respecta a la problemática de riesgo de la población que
habita en inmediaciones de la quebrada La Picacha.

61.3. Luego, la Sala deberá determinar si las acciones adelantadas por las
entidades demandadas permiten o no entender por superada la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos.

61.4. En caso de encontrar probado que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín continúa emprendiendo acciones u omisiones que amenacen o vulneren
los derechos e intereses colectivos, aunado a la existencia de una relación de
causalidad, la Sala deberá establecer si las órdenes que le fueron impartidas por el
Tribunal resultan ajustadas o no a las normas constitucionales, legales y
reglamentarias y consecuencialmente a las competencias de la entidad y, si estas
son idóneas para satisfacer la protección de los derechos e intereses conculcados.
Además, resolverá si se desconoce o no la normativa en materia presupuestal.

62. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

63. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

64. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

65. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e

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intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

66. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

67. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”35.

68. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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69. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

70. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

71. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 36, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

72. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]37”.

36 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
37 Ibidem.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano

73. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

74. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas (i) como un derecho de las personas, (ii) un servicio público
y, (iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

75. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197338 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197439, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;

38 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código

de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
39 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.

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además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.

76. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

77. A su vez, la Corte Constitucional40 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas

La seguridad pública

78. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

40 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.

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79. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional41 ha considerado que
tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.

80. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

81. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado42 […]”.

La salubridad pública

82. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200143, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200744 y 6.°, numeral 4.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201645, relativos
a la salud pública.

83. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

41 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-

000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
43 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
44 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se

dictan otras disposiciones […]”.
45 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.

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84. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

85. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

86. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de
julio de 201646, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica
la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un
derecho de diferentes connotaciones47.

87. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 2017, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

88. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ´salud
pública´ y ´salubridad pública´ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”48.

46 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
47Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).

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89. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso
de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos
están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar
que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria49 […]”.

90. Asimismo, la esta Sala ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio,
necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así
como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión,
al reconocer la interdependencia mutua.

[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público
necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]50”.

91. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
50 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-

000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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salud y la tranquilidad de la comunidad […]51”. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

92. Vistos los artículos 2.°, 24, y 366 de la Constitución Política sobre el deber
del Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala
“[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.

93. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.

94. Así, en sentencia de 19 de abril de 200752 el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:

“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 54001-23-31-000-2003-00266-01(AP).

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[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del ‘acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es un servicio
público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la
proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien,
el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra ‘infraestructura’ la cual
debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para
la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la
posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud
preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas
enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado53.

Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse
con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de
esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces
una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de tal modo que solo
se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre
demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada;
se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de
servicios […]”.

95. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación
o epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”54.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

96. Visto el artículo 2.º de la Constitución Política55 sobre los fines esenciales del
Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre

de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-

2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
55 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

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97. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen
las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.

98. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.

99. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala56 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En
tal sentido ha señalado lo siguiente:

“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida
en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de
las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su
bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por
la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

100. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por desastres
naturales previsibles o antrópicos.

56 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número: 13001-23-31-

000-2011-00315-01(AP).C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes

101. Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472, sobre el derecho colectivo a
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.

102. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]57”.

103. De igual forma, esta Sección, mediante sentencia proferida el 7 de abril de
201158, consideró que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad59; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio60; y iv) atender los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, promoviendo su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible61.

104. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho e interés en
mención abarca el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven
de guía para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de
modo que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
contenidas en estos62. Así como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, radicación número: AP-2005-00901,

Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2011, Consejero ponente: Marco Antonio

Velilla Moreno, radicación número: 63001-23-31- 000-2004-00688-01(AP).
59 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
60 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.
61 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.
62 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.

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usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito;
necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de
conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros63.

105. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, concierne a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y a los particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la colectividad. En
efecto, esta Sección64 ha manifestado al respecto que:

“[…] [E]l derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio
de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[…]”

106. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes supone el desobedecimiento de la normativa en
materia urbanística y de usos del suelo por parte de las autoridades y particulares.
Al tiempo, exige la demostración del daño o la amenaza al interés general65.

107. La finalidad de la gestión de riesgos de desastres se acompasa con el fin
previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 –relativo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes– en tanto en el proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, acciones, entre otros,
para el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de desastres, está

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de

2007, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).
64 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta, Radicación número: 17001-23-31-000-2004- 01492-01(AP).
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre

de 2010, CP. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.

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orientado a contribuir a la seguridad, el bienestar, a la calidad de vida de las
personas y a su desarrollo.

108. Ahora, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno Nacional podrá
promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan,
de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos
en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de
operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos
para atender la declaratoria de situación de desastre.

109. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el “[…] proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos
aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[…]”.

110. De la anterior, se colige que la adopción de los planes de ordenamiento
territorial permite garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, en la
medida que, de forma anticipada se determina la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.

111. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental. Asimismo, considerar el riesgo de desastres,
como condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma
de evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

112. Así las cosas, para la Sala el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de

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vida de los habitantes, es transversal a otros derechos de la misma naturaleza,
entre ellos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en
la medida que, el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión
del riesgo de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial. En este
instrumento deben incluirse aspectos de desarrollo urbano, ordenamiento
ambiental del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la prevención y
atención de desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes.

Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres

113. Vistos: i) los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 14, y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión
del riesgo de desastres, la responsabilidad de las autoridades y de los habitantes
en dicha gestión, las definiciones, el rol de los alcaldes y las Corporaciones
Autónomas Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4.° del Decreto 4147
de 3 de noviembre de 201166, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

114. La Gestión del Riesgo de Desastres –según lo dispuesto en el artículo 1.º de la
Ley 152367– es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, medidas y acciones,
entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, para
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.

66 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y

estructura”.
67 “Artículo 1.º DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante

la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.

Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha
denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias
y reducción de riesgos […]”.

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115. El artículo 2.º de la Ley 1523 establece que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio nacional.

116. El artículo 4.º de la misma norma define riesgo de desastres como “[…] los
daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no
intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres
se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad […]”.

117. El artículo 5.° de la ley en cita establece que el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es “el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.

118. El artículo 8.° prevé como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres a: i) las entidades públicas –por su misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión–, ii) las entidades
privadas con ánimo y sin ánimo de lucro –por su intervención en el desarrollo a través
de sus actividades económicas, sociales y ambientales– y iii) la comunidad –por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales,
ambientales, culturales y participativas–.

119. El artículo 12 establece que los gobernadores y alcaldes son conductores
del Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.

120. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con el rol de los alcaldes
en el Sistema Nacional, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de

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ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.

121. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:

“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.

Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.

Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.

Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de gestión del riesgo de desastres

122. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.

123. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.

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124. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 2011 68 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.

125. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.

126. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:

1. De la Nación

a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.

2. Del Departamento

a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el

68 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones

[…]”.

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potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.

3. De los Distritos Especiales

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.

4. Del Municipio

a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.

PARÁGRAFO 1o. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.

127. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de competencias administrativas se fundamenta, entre otros, en la
descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de
que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

128. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199469
y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que “[…] [e]l

69“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.

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municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio […]”;
y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté en capacidad
de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de
la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para este caso,
en materia de gestión del riesgo de desastres.

129. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.

Marco normativo sobre las competencias de los municipios en la gestión del
riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres

130. El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los alcaldes como jefes de la
administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y, como conductores del desarrollo local, son responsables directos de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el área de su
jurisdicción, incluyendo su conocimiento y la reducción y el manejo de desastres.
Además, los alcaldes “[…] deberán integrar en la planificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública […]”.

131. En relación con la función pública del ordenamiento del territorio municipal y
los planes de ordenamiento territorial en materia de gestión del riesgo, de
conformidad con los artículos 8.°70, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, estos
planes se componen de: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de
expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por riesgo

70 Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 de 2021.

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no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario de las
zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
determinación sobre “[…] las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de
“[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres,
así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v)
“[…] mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…]
[l]a localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y
vii) los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación.

132. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley
1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas
que deben orientarse no solo a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino
también prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de
desastres.

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133. Según lo dispuesto en el artículo 5671 de la Ley 9.º de 11 de enero de 198972,
los alcaldes tienen la obligación de “levantar y mantener actualizado” un inventario
de las zonas que presenten “altos riesgos” para la localización de asentamientos
humanos por ser inundables o por estar sujetos a derrumbes o deslizamientos, o
que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Además,
deben adelantar programas de reubicación de los habitantes o desarrollar las
operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en
dichas zonas.

134. A su vez, el artículo 3.° de la Ley 136 modificado por el artículo 6.° de la Ley
1551 de 6 de julio de 2012, en su numeral 9.°, establece como función de los
municipios: “[…] formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial,
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de
expansión y rurales […]”.

135. En concordancia con lo anterior, el artículo 10.° de la Ley 388 de 18 de julio
de 199773, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, en su literal d)
ordena que los municipios tengan en cuenta en la elaboración y adopción de sus
planes de ordenamiento territorial, las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las
áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

136. De conformidad con los artículos 8.°, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388,
sobre acción urbanística, planes de ordenamiento territorial, contenido del
componente general de los planes de ordenamiento, componentes urbano y rural
del plan de ordenamiento, normas urbanísticas y planes básicos de ordenamiento,
estos planes deben contener, en materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del
territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana y dentro de ellas los suelos
de protección, en especial, por riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos; ii) el inventario de las zonas que presenten alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por
condiciones de insalubridad; iii) la determinación sobre “[…] las zonas no
urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de “[…] las áreas críticas de

71 Primer inciso modificado por el artículo 5.° de la Ley 2 de 1991.
72 "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes

y se dictan otras disposiciones".
73 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con
fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v) “[…] mecanismos para la
reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para
la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su
transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…] [l]a localización de
terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la reubicación de
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y vii) los
instrumentos y mecanismos de gestión necesario para la reubicación de la
población en alto riesgo.

137. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 y de la Resolución 448 de 17 de julio de 201474
, la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con
otras entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de
alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo
rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de
riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos
de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.

138. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículos
47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos
objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación, obtención,
recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección
financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que
incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de
manejo de desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 47,
el precitado Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de
manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales
de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad […]”.

74 Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para

que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.

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139. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

140. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán
[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las
tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de
manejo de desastres […]”.

141. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la gestión
del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio
de 201675, en los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la
respectiva competencia, podrá solicitar la concurrencia –en el marco del principio de
tal denominación– del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una
adecuada gestión del riesgo de desastres.

142. Finalmente, es importante resaltar que, para el desarrollo de proyectos de
reasentamiento de población ubicada en sectores de alto riesgo, es necesario
determinar si se trata zona urbana o rural con el objeto de establecer las
competencias del sector Nación, en la medida en que, por un lado, tratándose del
reasentamiento de población ubicada en sectores de alto riesgo, en área urbana,
el apoyo debe ser orientado a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y el Fondo Nacional de Vivienda; y, por el otro, tratándose del reasentamiento de
población ubicada en sectores de alto riesgo en zona rural, la competencia se
puede encontrar en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según se cumplan o no algunos
supuestos.

75 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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143. Sea lo primero señalar que la Ley 1537 de 20 de junio de 201276 estableció
las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los
proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés
Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del
desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación
de vivienda.

144. El artículo 12 de la Ley 1537, modificado por el artículo 3 77 de la Ley 2172,
sobre subsidio en especie para población vulnerable, estableció que “[…] las
viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados
a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como
los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales
incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de
priorización y focalización que establezca el Gobierno nacional a través del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social […]”. La norma agregó
como elemento relevante que, sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las
viviendas a las que hace referencia esa norma beneficiará en forma preferente a la
población que, entre otras: i) “[…] haya sido afectada por desastres naturales,
calamidades públicas o emergencias y/o […]”; ii) “[…] se encuentre habitando en
zonas de alto riesgo no mitigable […]”. Además, respecto de este supuesto, dispuso
dar prioridad “[…] a las mujeres y hombres cabeza de hogar, a las mujeres y
hombres que tengan y certifiquen tener a su cargo personas con discapacidad,
personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres víctimas de
violencia de género extrema que requieran o hayan requerido medidas de
protección y atención para habitación de acuerdo con la Ley 1257 de 2008 o la que
haga sus veces y decretos reglamentarios […]”.

145. En relación con la transferencia, entrega y legalización de las viviendas, el
artículo 10 de la Ley 1537 establece que “[…] [c]orresponde al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo que se refiere al sector urbano, y al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que se refiere al sector rural, definir las
condiciones para la transferencia y/o entrega y/o legalización del subsidio en
especie a los hogares beneficiarios, una vez culminados los proyectos de Vivienda
de Interés Prioritario […]”.

76 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y

se dictan otras disposiciones.
77 Modificado por el artículo 3 de la Ley 2172 de 2021.

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146. Asimismo, el artículo 5.° de esa misma normativa, sobre distribución de
recursos para proyectos de vivienda de interés prioritario, estableció que “[…] [e]l
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante resolución, los criterios
de distribución de los recursos del presupuesto general de la Nación asignados al
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces, para
que este los aplique […]”.

147. Ahora bien, en materia de vivienda rural, el Decreto Ley 890 de 28 de mayo
de 201778 estableció que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de
Vivienda Social Rural sería formulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y que este contendría, entre otros aspectos, la aplicación de soluciones de
vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las
comunidades, con enfoque diferencial, estableciendo, además, que el acceso a
estas soluciones será equitativo para hombres y mujeres.

148. A su turno, en el artículo 4.° del precitado Decreto Ley, sobre otorgamiento
de subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritario rural, se estableció
que “[…] [l]os subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritario rural se
podrán otorgar en especie a los hogares que se encuentren en situación de
vulnerabilidad según el punto de corte del sistema de identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales, Sisbén definido por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural; y de forma preferente a los hogares que […] hayan sido
afectados por desastres naturales, calamidad pública o emergencias […]”.

149. Sobre la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda de interés social
rural y prioritario rural, el artículo 8.° de dicha normativa señaló que “[…] [e]l
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgará los subsidios familiares de
vivienda de interés social rural y prioritario rural de que trata la Ley 3ª de 1991 y los
que se otorguen con ocasión de la implementación del Plan Nacional de
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural para las soluciones de
vivienda ubicadas en zona rural, de conformidad con lo establecido en los planes
de ordenamiento territorial […]”; y, por el otro, en el artículo 9.°, sobre
administración y ejecución de los subsidios de interés social rural y prioritario rural,
que el “[…] subsidio familiar de vivienda de interés social rural y prioritario rural será
administrado y ejecutado por la entidad o entidades operadoras que seleccione

78“[…] «Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y
Mejoramiento de Vivienda Social Rural» […]”.

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para tal fin el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en observancia de la
normativa legal vigente […]”.

150. Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que el artículo 255 de la
Ley 1955 de 25 de mayo de 201979, adicionado por el artículo 300 de la Ley 2294
de 19 de mayo de 202380, en materia de vivienda rural efectiva, modificó las
competencias para establecer, por un lado, que la competencia del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario se mantendrá en relación con los
proyectos de vivienda de interés social rural sobre los que se hayan comprometido
subsidios con anterioridad al 1.° de enero de 2020; y, por el otro, que a partir de
esa misma fecha, corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , a
través del Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”, la competencia para
administrar y ejecutar los recursos asignados en el Presupuesto General de la
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural.

Análisis del caso concreto

151. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio; para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.

152. El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó proteger los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano; a la seguridad y salubridad públicas; al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; al
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes; y, al derecho a la vivienda, debido a los
problemas erosivos fuertes y a los movimientos de masa que presenta la
microcuenca La Picacha, que causan agrietamiento a las viviendas, hundimientos
de piso e inundaciones en la Comuna 16 del Distrito de Medellín.

153. El a quo encontró vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano y a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, comoquiera que, no se ha puesto en marcha el

79 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la

Equidad […]”.
80 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida

[…]”.

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“Programa para el Mejoramiento Integral de la microcuenca La Picacha”, ni se ha
acatado el “Plan de Ordenamiento y Manejo de la quebrada La Picacha”81 aunado
a que no se han destinado los recursos por las autoridades responsables para
atender la urgente problemática que atraviesan alrededor de 124.000 personas
residentes en el sector.

154. Asimismo, el Tribunal declaró vulnerado el derecho colectivo a la seguridad
y prevención de desastres técnicamente previsibles por cuanto según lo probado en
el proceso la quebrada La Picacha82 representa un nivel de riesgo alto ambiental y
de seguridad para los habitantes de su zona de influencia.

155. El Tribunal consideró que el derecho fundamental a la vivienda digna fue
vulnerado con ocasión de la situación de riesgo inminente y la falta de alternativas
reales para mitigar dicha situación por parte de las autoridades competentes. Para
sustentar su determinación indicó que el Municipio de Medellín, a través del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat desconoció la obligación de garantizar el acceso a la
vivienda digna para la población ubicada en zonas de alto riesgo, “[…] no solo por
la falta de desarrollo de planes y programas para la identificación de escenarios de
riesgos de desastres, obligación que también ha desconocido […] ante la ausencia
de censo e imposición de barreras administrativas para que las personas accedan
a los subsidios respectivos […]”.

156. En tal sentido, determinó que la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín
son responsables de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
anteriormente referidos, debido a su omisión ante la problemática que presenta la
quebrada La Picacha.

157. En consecuencia, le ordenó al Distrito de Medellín: i) realizar –de manera
urgente– un censo (con intervención del Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo de Desastres) con el objeto de determinar la población que se encuentra
ubicada en zonas de riesgo mitigable y no mitigable en la quebrada La Picacha. ii)
Para el censo dispuso aplicar enfoque diferencial, en el que deberá tener en cuenta,
qué familias deben evacuar de manera temporal y quienes de forma definitiva. iii)
Ofrecer soluciones habitacionales temporales en caso de situación de riesgo

81 El Plan de Ordenamiento y Manejo de la quebrada La Picacha alude a tres fases: i) la fase de diagnóstico, la

fase de prospectiva y la fase de formulación (en esta última se presentó el diseño y la trayectoria a través de
objetivos, programas, proyectos y líneas estratégicas).
82 La quebrada La Picacha es una microcuenca localizada en la Jurisdicción del Municipio de Medellín que tiene

una extensión aproximada de 12.32 kilómetros cuadrados y una población aproximada de ciento veinticuatro
mil (124.000) habitantes.

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mitigable. iv) Contar con sistemas de alertas tempranas con el fin de aminorar los
efectos de los desastres naturales. Y, v) emprender labores coordinadas con las
Empresas Públicas de Medellín con el objeto de que la población que se encuentra
en zonas seguras pueda acceder a infraestructuras de servicios públicos de
saneamiento básico y alcantarillado.

158. De igual forma, ordenó al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
que, con posterioridad al censo, otorgue solución habitacional permanente a las
personas que se encuentren en situación de riesgo inminente, “sin oponerles el
Decreto 2339 de 2013 o cualquier otra disposición cuyo contenido contraríe los
derechos constitucionales fundamentales”. Por último, al Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, al Municipio de Medellín y a la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia les ordenó implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo
Integral de la Microcuenca La Picacha, para lo cual deberán establecer un
cronograma y efectuar los ajustes presupuestales para tal fin.

159. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Planteó su inconformidad a
través de los siguientes argumentos: i) aduce que la providencia no señala los
motivos por los cuales se declaró no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada por el Instituto; ii) desconoce las actuaciones83
adelantadas en el asunto objeto de examen –que darían por superada la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos–; iii) no analiza las competencias del
Instituto como administrador del subsidio de vivienda municipal, no obstante, le
imparte órdenes con desconocimiento de las funciones de la entidad; iv) prescinde
de analizar las acciones u omisiones del Instituto que han conllevado a la
vulneración de derechos fundamentales y colectivos. Al respecto, aduce que no
existe un nexo causal entre las acciones del Instituto y las afectaciones a los
derechos e intereses colectivos; v) señala que la sentencia desconoce normas y
principios que rigen en materia presupuestal y trasgrede los principios de moralidad,
responsabilidad, eficacia y economía de las actuaciones administrativas,
comoquiera que las órdenes dictadas al Instituto resultan abstractas, desconocen
las normas que regulan la competencia de la entidad y deja de lado las normas
presupuestales para ajustar el gasto público que deriva de una sentencia en firme.

160. Adicionalmente, cuestiona las órdenes proferidas y discute que: i) son
indeterminadas en relación con los beneficiarios de las medidas, ii) se dictan

83 El Instituto señaló que la prueba de las actuaciones adelantadas fue aportada con los diferentes informes

allegados al proceso, así como con los anexos de los alegatos de conclusión.

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órdenes a entidades no vinculadas al proceso, iii) específicamente, plantea que la
orden relativa al plan de reubicación debió dirigirse al Instituto y no al Distrito, iv) se
opuso a ser la entidad a la que le corresponda efectuar el censo, por cuanto, alude
es una actuación que desborda su competencia, v) por razón idéntica, manifiesta
su desacuerdo con las ordenes que le fueron impuestas de “restablecimiento de
vivienda” y de habilitar “vivienda a precios asequibles”, y vi) aduce que “la posibilidad
de que sean los particulares quienes hagan propuestas a un desalojo […]
desconoce el propósito fundamental de los subsidios estatales […] lo que ni legal ni
constitucionalmente tiene asidero”.

161. Aunque en el recurso de apelación, el Instituto formuló otras inconformidades
relacionadas con lo que para esa entidad implica la “inaplicación del Decreto 2339
de 2013”, la Sala tendrá presente al momento de resolver lo pertinente, que el
recurrente manifestó que entiende “superada la discusión” con ocasión de la
consideración contenida en el auto de 23 de febrero de 2021, según la cual “[…] la
sentencia en ningún momento se refiere a la constitucionalidad o no [de dicho
decreto]”, según lo expresó el mismo apelante en el escrito de alegaciones.

162. Clarificado lo anterior, la Sala procederá al análisis del material probatorio y
posteriormente a la resolución de los problemas jurídicos planteados supra.

Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente

163. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio para posteriormente, en aplicación del
silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Pruebas sobre el contexto de la problemática

164. Copia del documento denominado “Elaboración de Estudios y Diseños de la
Solución Hidráulica, Estructural y Geotécnica en la quebrada La Picacha de la
ciudad de Medellín”. Informe final, tomo I. Contrato núm. 4600056418 de 2014,
celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín y GMS
3122, con fecha de inicio 10 de febrero de 201584.

“[…] El objetivo principal del presente estudio consiste en proponer una solución
integral a los problemas existentes a lo largo del corredor de la quebrada La Picacha.

84 Cfr. Documento denominado: 33_ED_INFORMEGENERAL_B19.PDF

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“[…] Para efectos de realizar el estudio de caudales máximos y determinar la ecuación
de regresión que define esta variable, la subcuenca de la quebrada La Picacha se
subdividió en 18 microcuencas que contienen los 21 puntos establecidos en los
pliegos de condiciones, considerando para aquellos sitios cuya longitud de análisis se
traslapa, una sola hidrología en el punto más aguas abajo; esta decisión se socializó
previamente con la Interventoría […].

El Consorcio GMS 3122 fue contratado por la Secretaría de Medio Ambiente de la
ciudad de Medellín, con el fin de proponer una solución desde el punto de vista
hidráulico, geotécnico y estructural a los problemas existentes en diferentes puntos
sobre la quebrada La Picacha. Fueron identificados veintiuno (21) puntos en los
pliegos de condiciones, así:

•Punto 1: Box-culvert Aguas Frías (PTAP EPM) • Punto 2: Box-culvert cruce a Las
Margaritas • Punto 3: Carrera 31F con Calle 102 • Punto 4: Box-culvert Carrera 88 •
Punto 5: Carrera 87B con Calle 31C • Punto 6: Box-culvert Carrera 83 • Punto 7:
Carrera 81B con Calle 32 • Punto 8: Carrera 81 con Calle 31A • Punto 9: Carrera 80B
con Calle 31A • Punto 10: Carrera 80A con Calle 31A • Punto 11: Carrera 78 con la
Calle 32 • Punto 12: Carrera 77 con Calle 32 • Punto 13: Transversal 32D con la
Diagonal 75B • Punto 14: Transversal 32F con la Diagonal 74C • Punto 15:
Transversal 74B con la Calle 32F, sector de Bulerías • Punto 16: Calle 32F con
Carrera 66B • Punto 17: Calle 33 con Carrera 66A. Originalmente se tenía el punto
ubicado en la Calle 32 con Carrera 65, sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente
solicitó cambio de dirección. • Punto 18: Carrera 65C con Calle 34 • Punto 19: Puente
Carrera 65 • Punto 20: Calle 40 con Carrera 63c • Punto 21: Puente Calle 41.

“A pesar de que en los pliegos de condiciones se establecieron diferentes sitios
críticos sobre la quebrada La Picacha, por consenso entre la Secretaría de Medio
Ambiente, la Interventoría y el Consultor, se decidió realizar una modelación continua
con el fin de proponer una solución integral a los problemas existentes sobre la
quebrada. El modelo continuo que se presenta en el Capítulo 4 y que tiene una
longitud de 4.36 Km, comienza desde 100 m aguas arriba del Box-culvert Carrera 88
(punto 4) hasta el empalme con las obras de Parques del Río en inmediaciones del
Río Medellín; en este modelo se incluyen los sitios críticos 4 a 21 definidos en los
pliegos de condiciones. Para los tres puntos más aislados (punto 1 a 3) se presentan
modelos independientes para cada caso”.

164.1. Indica las características de la quebrada La Picacha en sus distintas zonas
así:

“ZONA ALTA Y MEDIA – ALTA DE LA CUENCA En esta zona, la quebrada La
Picacha fluye en su cauce natural formado por un cañón estrecho en forma de “V” con
pendientes promedios que varían entre 9,15% y 5,60%, propias de corrientes de
montaña, sin embargo, en algunas zonas, el cauce se encuentra condicionado por los
muros de las viviendas colindantes que constituyen los primeros núcleos de
asentamientos sobre la llanura inundable de la quebrada y que vierten directamente
sus aguas domésticas al cauce. Los usos del suelo predominantes en esta área son
pastos y bosques con un porcentaje menor de suelo urbano.

Los procesos dominantes en esta zona están ligados a las pendientes propias de
cauces de montaña, esta situación ha desencadenado en procesos erosivos,
socavación y desgarre de material rocoso en algunas zonas del tramo en estudio;
estos fenómenos son indicativos de que la forma natural del lecho es de saltos y
pozos. Así mismo, se observa material pétreo de tamaño medio y grueso en el lecho
y márgenes, condición que influencia la rugosidad del tramo y potencia la colmatación
de las estructuras de cruce que se ubican aguas abajo.

A lo largo del tramo de estudio se observan varias viviendas y explotaciones de
materiales, que invaden la llanura inundable de la quebrada y algunas vierten sus

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aguas directamente al cauce, a pesar de que en la zona existe un sistema de
recolección de aguas servidas operada por Empresas Públicas de Medellín;
convirtiéndose en una fuente de contaminación del afluente.

ZONA MEDIA, MEDIA - BAJA Y BAJA DE LA CUENCA:

En esta zona el cauce se encuentra rectificado por un canal construido en concreto
que restringe la dinámica de la quebrada y controla la migración lateral del cauce. Es
posible observar varias estructuras de cruce, en su mayoría compuestas por un
tablero que se apoya sobre el canal y que generan un control hidráulico hacia aguas
arriba debido a que la aducción y salida se realiza mediante transiciones cortas; este
hecho es evidenciable en el estudio realizado en el año 2008 denominado “Plan de
Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la quebrada La Picacha, Municipio de
Medellín”. La dinámica de la quebrada así como la cantidad de material suelto que
esta trasporta, representan un riesgo para los habitantes ribereños quienes se
encuentran ubicados en las márgenes del cauce.

Zona media y media - baja de la cuenca

Esta zona se ubica desde el cruce con la carrera 88 (punto 4) hasta la carrera 77 con
Calle 32 (punto 12).

La quebrada La Picacha en el cruce con la carrera 88, fluye en un canal en concreto
escalonado en forma de “U” de geometría variable, sobre las paredes de la estructura
se pueden observar algunos vertimientos directos de aguas servidas procedentes de
las viviendas aledañas del sector. Hacia aguas abajo de este cruce, el revestimiento
en concreto de la quebrada presenta variaciones en la sección transversal, con
formas trapezoidales, rectangulares y una sección compuesta por un canal base
(rectangular o trapezoidal) y unos muros verticales que terminan de conformar la
sección analizada; la pendiente promedio del canal es de 4,15 % lo que influye en la
velocidad de la corriente, provocando daños en las placas de concreto visibles con
grietas, fisuras o placas levantadas.

La cobertura vegetal de los taludes adyacentes al canal, los cuales hacen parte
integral de este; es buena con presencia de plantas y árboles de mediana y gran
altura, sin embargo, en los recorridos de campo se evidenciaron algunas zonas en
donde los taludes se encuentran descubiertos, erosionados y con las raíces de
árboles y plantaciones expuestas.

Zona baja de la cuenca

La zona baja de la cuenca, se definió desde la carrera 77 con Calle 32 (punto 12)
hasta la desembocadura en el río Medellín. En esta zona la pendiente del canal oscila
entre 1,85% y 0,80% características de corrientes en planicie, ubicándose en área
totalmente urbana.

Las secciones del canal son variables, con formas trapezoidales o secciones
compuestas por un canal trapezoidal y unas islas de concreto de baja pendiente que
se ubican en las bancas de la sección; las placas laterales al canal existente,
presentan en algunas zonas un sistema de drenaje compuesto por lloraderos de 3’ de
diámetro, que reducen el efecto de las sub presiones por agua infiltrada en la parte
posterior de las placas. Sin embargo, en los recorridos de campo realizados en la
zona de estudio, se pudo evidenciar socavación en las losas de fondo y desgaste de
las placas de concreto, lo que ha permitido la filtración de agua en la parte trasera, el
crecimiento vegetativo en las juntas de construcción y sobre las propias losas
laterales.

El canal existente en algunas zonas es de poca profundidad y presenta algunas
curvas suaves en su alineamiento horizontal; la presencia de revestimientos y
rectificaciones en el cauce así como la existencia de urbanismo, hace que este se
mantenga encañonado y no existan evidencias geomorfológicas de que pueda migrar

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hacia otra dirección. En cuanto a la cobertura vegetal de las riberas sobre las placas
de concreto y que forman parte del canal es buena con presencia de plantas y árboles
de mediana y gran altura, pero en los recorridos de campo se evidenciaron algunas
zonas en donde los taludes se encuentran descubiertos, erosionados y con las raíces
de árboles y plantaciones expuestas; esta situación potencia el aumento de la carga
de lavado hacia la corriente y por ende de los sólidos suspendidos transportados por
la quebrada.

[…]

GEOMORFOLOGÍA

El sector en estudio presenta una geomorfología variada, por lo cual ha sido divido en
diversas unidades geomorfológicas que se relacionan en la Figura 39;

En general la zona en estudio se encuentra bastante intervenida, no sólo por las
labores mineras que se ejecutan en el sector, sino también por los procesos
urbanísticos que allí se han desarrollado y que corresponden a los principales agentes
detonadores de deslizamientos y movimientos en masa.

[…]

[S]e pudo observar que la mayoría de las zonas de canteras se encuentran ubicadas,
en las cercanías al cauce principal de la quebrada La Picacha, o hacia las partes bajas
de las vertientes, algunas de las cuales (de acuerdo con un análisis multitemporal),
han desaparecido. De igual forma, como fue mencionado, se puede observar que por
efecto de la actividad minera, al igual que el aumento de obras civiles ha generado
que se presenten nuevos deslizamientos en antiguas cicatrices de erosión.
Adicionalmente la zona de estudio en general no presenta procesos de inestabilidad
naturales de magnitud importante, lo que sí se ha reportado por algunos autores es
que en las partes bajas de las quebradas que drenan la zona, se concentra una alta
cantidad de sólidos que modifican el cauce normal de las corrientes y producen
grandes flujos, muchas veces con considerables pérdidas tanto en vidas humanas
como económicas (González y Londoño, 2002) […]

165. Copia del Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca Quebrada La
Picacha PIOM (DVD). En el documento se indica que:

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“[…] La microcuenca de la quebrada La Picacha presenta problemáticas asociadas a
saneamiento, relacionadas con vertimientos de aguas residuales en las fuentes
hídricas debido a la actividad minera, la inexistencia de sistemas de tratamiento o a
la falta de mantenimiento adecuado a los mismos en las zonas rurales. Así mismo, es
posible observar focos de residuos sólidos en la microcuenca. También se presentan
áreas de retiro a las quebradas sin vegetación de protección, a su vez, se evidencia
deforestación por actividades agrícolas y ganaderas en grandes predios. Según el
informe del diagnóstico elaborado por el equipo técnico del Plan Quebradas en la
microcuenca La Picacha se tiene que: “Las principales problemáticas encontradas
están relacionadas con problemas generalizados de manejo de vertimientos, manejo
de residuos sólidos, disminución o remoción de la cobertura vegetal en la
microcuenca, ocupación del cauce en zonas de alto riesgo no mitigable por avenidas
torrenciales y deficiencia hidráulica a lo largo de la canalización de la sección. Entre
las principales causas del problema generalizado de manejo de vertimientos se
encuentra la carencia de conexión a alcantarillados no convencionales en la parte
media-alta y el aporte considerable de afluentes contaminados a causa de actividad
minera. Los problemas de manejo de residuos sólidos radican en la falta de cultura
ambiental de los habitantes asentados cerca a la quebrada quienes no disponen sus
basuras en los horarios y días establecidos para la recolección, y frecuentemente en
lugares diferentes a los puntos de acopio predeterminados, así como la problemática
que generada por recicladores y habitantes de calle debido a la acumulación de
residuos sólidos en las depresiones formadas por la erosión sobre la sección del
canal. La disminución o remoción de la cobertura vegetal en la microcuenca se da por
la ocupación de cauce y construcción de viviendas, la expansión de la frontera
agrícola y ganadera desde la parte media-alta y por la actividad minera y ladrillera
[…]”.

166. Copia de la cartilla titulada “Microcuenca Quebrada La Picacha, Municipio de
Medellín. Un espacio natural para el disfrute de todos”. Este documento, elaborado
por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, da cuenta del riesgo y deterioro
ambiental de la microcuenca; ii) las amenazas naturales y vulnerabilidad de la
población y de la necesidad de llevar a cabo proyectos tales como: i) estudio de
factibilidad para el reasentamiento de la población en condiciones de riesgo, al
interior de la Microcuenca, de las Veredas San Pablo y Aguas Frías en los Barrios
Las Mercedes y las Violetas, ii) desarrollo de un plan de Reubicación de las familias
en Alto Riesgo, iii) implementación de la Gestión del Riesgo en la Microcuenca de
la Quebrada La Picacha, en el sector Vereda San Pablo y Aguas Frías, y Barrios
Las Mercedes y las Violetas, iv) recuperación de Áreas con amenazas por
deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, v) recuperación de las
características hidráulicas del cauce en sectores de amenaza ante inundaciones y
avenidas torrenciales, vi) recuperación de las características hidráulicas del cauce
en los sectores de amenaza ante inundación de quebrada La Picacha, y vii)
desarrollo de modelos hidrológicos e hidráulicos e instrumentación
hidrometeorológica para el estudio en detalle del sistema de drenaje urbano.

167. Resumen del Plan de Emergencia de la Comuna 16, elaborado por la
Secretaría de Medioambiente de Medellín. En el numeral 8.1. señala los “sectores
de amenaza en la comuna 16” y "movimientos en masa", describe los barrios que

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presentan amenaza por deslizamiento: las Mercedes, las Violetas, Altavista, el
Rincón y la Hondonada.

167.1. Señala que en la Comuna 16 se han identificado varios sitios en los cuales
es clara la presencia de una problemática derivada de la inundación, principalmente,
en el Barrio El Rincón.

167.2. Asimismo, refiere que en ese lugar se han adelantado acciones de mitigación,
por la Secretaría de Medioambiente de Medellín y por el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, tales como: conformación y construcción de canales artificiales
para quebradas, limpieza de sumideros y obras de drenaje, campañas para
educación, disposición final y manejo de residuos sólidos, así como la construcción
y reparación de canales y cunetas.

167.3. Además, señala como causas de las inundaciones: i) cauces de quebradas
saturados de basura u obstruidos con troncos y otros desechos; ii) caños y
alcantarillas tapadas con basura; iii) lluvia fuerte y persistente; iv) construcción de
inmuebles en llanuras de inundación (zonas de retiro para afluentes naturales); v)
degradación del medioambiente, la deforestación, algunas técnicas empleadas en
el uso de la tierra, disposición de basuras en las quebradas, que generan el bloqueo
del paso del agua por sus cauces naturales y, en general la alteración del
ecosistema de las cuencas.

168. Estudio hidrológico e hidráulico de las quebradas La Hueso, Ana Diez y la
Picacha, elaborado por la Universidad Nacional 1991. Señala la situación de
"sección hidráulica insuficiente", la desestabilización de la banca, entre otros
problemas que se presentan en la quebrada La Picacha.

169. Copia del Informe Técnico 38029 de la Alcaldía de Medellín, recorrido Sector
La Playita, Vereda Aguas Frías Corregimiento Altavista85, en el que se indica lo
siguiente:

El día 1 de Junio de 2011 se realizó un recorrido para evaluar el riesgo al que están
expuestos los habitantes del asentamiento ubicado en el sector La Playita de la
vereda Aguas Frías del corregimiento de Altavista, sobre la llanura aluvial que se
extiende hacia la margen derecha de la quebrada La Picacha. Se trata de una franja
inicialmente delimitada por la zona de retiro del drenaje que fue establecida en el Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín (POT - 2000), sin embargo,
durante el recorrido de campo se seleccionaron exclusivamente las viviendas que por
sus características estructurales y/o su proximidad al cauce del drenaje se encuentran
en condición de riesgo inminente y deberían ser evacuadas para garantizar la
integridad de sus ocupantes.

85 Cfr. Documento denominado: 83_ED_38029.PDF

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La quebrada La Pichacha recorre esta área específica a través de canal natural y
evidencia un comportamiento torrencial que se infiere por la presencia de bloques de
roca redondeados de tamaños métricos sobre el cauce y por la composición
granulométrica del depósito aluvial asociado. Las crecientes súbitas de la quebrada,
que se producen especialmente durante la ocurrencia de fuertes precipitaciones,
tienden a favorecer el desarrollo de procesos de remoción en masa y la intensificación
de los fenómenos de socavación lateral de orillas hacia ambas márgenes del drenaje,
que obedecen a la dinámica propia de la quebrada y que dan lugar a la migración
progresiva del cauce y a la modificación natural del paisaje. Teniendo en cuenta que
estos, procesos no son estáticos y evolucionan con el tiempo, es preciso señalar que
la estabilidad de las estructuras habitacionales localizadas sobre la margen derecha
de la quebrada podría resultar comprometida con la pérdida progresiva de suelo de
soporte.
[…]

Los habitantes de la zona manifiestan que a lo largo del tiempo se han presentado
varias inundaciones en el sector a raíz del desbordamiento de la quebrada en el punto
donde se localiza el puente en madera, de modo que las aguas recorren las rutas de
los senderos peatonales ingresando a los inmuebles.
[…]

RECOMENDACIONES
• Secretaria de Bienestar Social: Se recomienda a la Comisión Social el
acompañamiento y asesoría a las familias relacionadas en este informe.
• Secretaria de Gobierno: Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de las
acciones recomendadas en este informe.
• Subsecretaria de MetroRío: Se recomienda posterior a la demolición de estas
estructuras, estudiar la posibilidad de realizar una intervención de tipo
ambiental, con el fin de que este terreno no sea nuevamente utilizado con fines
habitacionales. Igualmente se recomienda evaluar la viabilidad de reconstruir el
puente peatonal en madera que fue levantado de manera rudimentaria por la
comunidad, y que se localiza a la altura de la vivienda con nomenclatura Cr. 107 #
31AA-103 (162).
• Subsecretaria de Cultura Ambiental: Se recomienda posterior a la demolición de
estas estructuras, estudiar la posibilidad de realizar una intervención de tipo
ambiental, con el fin de que este terreno no sea nuevamente utilizado con fines
habitacionales.
• Secretaria de Obras Públicas: Se recomienda estudiar la posibilidad de apoyar en
la ejecución de las actividades de demolición controlada de los inmuebles.
• Secretaria de Hacienda: Se recomienda realizar el acompañamiento para el
levantamiento de predios y mejoras.
• Empresas Públicas de Medellín: Se recomienda realizar el acompañamiento en el
proceso de demolición para la desconexión de las redes de energía y acueducto de
las estructuras a demoler […]”.

Pruebas testimoniales

170. Declaración de Gloria Patricia Restrepo Cuervo86 en audiencia de 2 de
agosto de 2013 ante el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín. La
testigo es Ingeniera Civil vinculada a CORANTIOQUIA y respondió a las preguntas
así:

86 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folio 30 a 34.

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“[…] PREGUNTADO. Sírvase decirle al Despacho si conoce los motivos por los
cuales fue llamada a rendir esta declaración: CONTESTO: Si, sé que es sobre la
quebrada la picacha y su problemática. PREGUNTADO. Cuando usted se refiere a su problemática en la respuesta anterior,
díganos exactamente a que se refiere sobre la quebrada la picacha. CONTESTÓ. A los problemas que se generan por inundaciones, problemas de
inestabilidad en los predios en las zonas aledañas a la quebrada. PREGUNTADO. De estos problemas que usted acaba de describir, sírvase decirnos
a que factores o por qué causas considera usted que se han presentado, teniendo en
cuenta que usted ha manifestado que tiene conocimientos dentro de la ingeniera civil. CONTESTÓ. Las causas por el invierno por la intervención de la quebrada en su
cauce y márgenes u orillas, por la disminución en la capacidad hidráulica del cauce,
por avenidas torrenciales. PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho usted a que
entidad se encuentra adscrita. CONTESTÓ. Corantioquia. PREGUNTADO. Teniendo en cuenta que usted se
encuentra adscrita a CORANTIOQUIA, sírvase decirnos que Intervenciones ha
tenido dicha entidad en la problemática de la quebrada la picacha. CONTESTÓ. La Corporación administra los recursos naturales renovables en la zona rural
del municipio de Medellín, y la quebrada picacha es un recurso natural
renovable del cual la corporación atiende quejas por intervención de causes por
problemas de inestabilidad, por contaminación por aguas residuales, por tala
de la vegetación en la zona de retiros de la quebrada, también otorga permisos
para la construcción de obras que ayuden a minimizar problemas de
inestabilidad en las márgenes de la quebrada. EL DESPACHO SOLICITA A LA
TESTIGO CONCRETE SU RESPUESTA SOBRE LA PROBLEMATICA. Se ha
atendido quejas e inquietudes de la comunidad asentada en las fajas de retiro
de la quebrada en el sector localizado aproximadamente de la carrera 102 hacia
aguas arriba, en cercanías de ladrillera el diamante, al sector la Isla, por
guanteros y la parte alta de la cuenca de la quebrada la picacha. También se
han otorgado permisos de ocupación de cauce al municipio de Medellín con el
fin de minimizar problemas de inestabilidad en algunos sectores de la quebrada
como por ejemplo la isla. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA LA TESTIGO SE
APOYA EN DOCUMENTOS QUE TRAE CONSIGO. CONTINUA- la corporación en
la contestación de la demanda aporto un listado de los trámites que hay en
relación a la quebrada la picacha en suelo rural que es donde es la competencia
de la corporación porque la zona urbana es competencia del área metropolitana. Otras de las acciones que ha venido haciendo la corporación junto con la
administración del municipio de Medellín, son visitas a la cuenca de la quebrada la
picacha con el fin de elaborar el mapa de riesgos de la misma. PREGUNTADO. Sírvase manifestarle al despacho, las razones por la cuales a la
quebrada la picacha se le ha considerado como una de las microcuencas de mayor
nivel de Riesgo. CONTESTÓ. La quebrada la picacha es una fuente de carácter torrencial, la cual
ha sido invadida en sus zonas de retiro, situación que pone en riesgo las obras
de infraestructura, las viviendas los predios y las personas asentados allí, pues
en época de fuerte invierno la quebrada transporta un buen caudal de agua
acompañado de material de tamaño considerable como son los bloques de roca
con diámetros que están por el orden de un metro, como el cauce y la zonas de
retiro están invadidas, la quebrada no tiene donde disipar la energía con la que
viene entonces inunda y afecta lo que está asentado en estas zonas. PREGUNTADO. Díganos si conoce si existen puntos críticos inundables generados
por zonas geológicas y/o geomorfológicas [sic]. CONTESTÓ:

Desde el punto de vista
de las geoformas los puntos críticos por inundación están localizados en los sectores
donde las pendientes son más suaves o menores ya que el flujo de agua y material
de arrastre merma su velocidad y el agua se riega o Inunda. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA SE LE CONCEDE LA PALABRA A LA
APODERADA DE CORANTIOQUIA. PREGUNTADO. Sírvase indicarle al
despacho como se clasifica el suelo de las fajas de retiro de una quebrada y
que usos se permiten en él. CONTESTÓ. Las fajas de retiro de una quebrada

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son suelos de protección y en dichos suelos no se permiten construcción de
casas, de obras de infraestructura, ni uso pecuario o agrícola, los suelos de
protección como su nombre lo indica son para proteger en este caso el recurso
hídrico y la cobertura vegetal que debe estar en dichas fajas de retiro lo que
ayuda a regular el caudal de la fuente de agua y disipar la energía que dicho
flujo tiene. PREGUNTADO. Sírvase [informar el] competente del cumplimiento del
régimen de uso establecido [en] el POT, concretamente [de] los suelos de protección.
CONTESTÓ. El competente es el municipio de Medellín, quien debe velar por el
cumplimiento de lo establecido en el plan de ordenamiento territorial que [es]
su carta de navegación para la planificación y administración del territorio.
PREGUNTADO. Sírvase indicarle al despacho quien es el responsable de la
vigilancia, control y seguimiento de los recursos naturales renovables en la
zona donde se establece[n] los suelos de uso de acuerdo al POT. CONTESTÓ.
En el municipio de Medellín existen dos entidades responsables de la vigilancia
control y seguimiento de los recursos naturales renovables, en suelo rural el
competente es CORANTIOQUIA y en suelo urbano el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá […]
PREGUNTADO. Sírvase indicarle al despacho de si por la problemática ya por
usted mencionada la comunidad está en riesgo.
CONTESTÓ. La comunidad que está asentada dentro de las fajas de retiro de la
quebrada la picacha si está en riesgo ya que esta zona es la que la fuente de
agua utiliza para regularse y muchas veces esta regulación representa una
inundación de las fajas y por ende de lo que esté asentado allí […]” (Destacado
fuera de texto).

171. Declaración de Jorge Enrique Delgado Vélez87 en audiencia de 2 de agosto
de 2013 ante el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín. El testigo
respondió que es Ingeniero Geólogo contratista de CORANTIOQUIA - Dirección
Territorial del Aburrá Norte del Centro de Antioquia. A las preguntas formuladas
respondió de la siguiente forma:

“[…] PREGUNTADO. Sírvase decirle al Despacho si conoce los motivos por los
cuales fue llamado a rendir esta declaración:

CONTESTO: Si los conozco. PREGUNTADO. Teniendo en cuenta que usted es
geólogo contratista de CORANTIOQUIA, sírvase manifestarle al despacho si conoce
que intervenciones ha tenido dicha entidad con la problemática que presenta la
quebrada la picacha. CONTESTO. La corporación ha realizado intervenciones en la
cuenca de la quebrada la picacha dentro del marco de su competencia como
autoridad ambiental, específicamente a lo que concierne a la vigilancia, control y
seguimiento de los recursos naturales no renovables y a las demás funciones que le
competen por ley. PREGUNTADO. Sabe usted porque razón o circunstancia de
índole geología es que a esta quebrada se le ha considerado como una de las
de mayor riesgo en esta ciudad.
CONTESTO. El riesgo se conjuga como la combinación de dos factores: la
amenaza y la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Las características
geomorfológicas, hidrológicas y de condición de los suelos de la zona hace que
como condición natural quiero resaltar las dos palabras CONDICION NATURAL, la
cuenca presenta una alta probabilidad de ocurrencia de eventos torrenciales
asociados al cauce principal de la quebrada, así mismo la cuenca también presenta
factores naturales en sus pendientes y morfología del terreno que hace de moderada
a alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos por movimientos en masa. Acorde
a lo anterior, se tiene que la cuenca de la quebrada LA PICACHA presenta como
condición natural unas situaciones de amenaza alta por avenidas torrenciales y
movimientos en masa.

87 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folio 39 a 41.

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Considerando que la vulnerabilidad es el grado o nivel de exposición de las personas,
las obras de Infraestructura y los equipamientos se puede afirmar que la
vulnerabilidad ante fenómenos naturales de movimientos en masa y avenidas
torrenciales es alta. Ambos factores corrijo los factores y variables que dominan la
amenaza y la vulnerabilidad son a su vez variables, siendo la vulnerabilidad más
dinámica en el tiempo que la amenaza, ya que cada vez es mayor la presión
urbanística para ocupar, en el caso de la cuenca de la quebrada la picacha, áreas
que están constantemente sometidas a las amenazas naturales antes descritas. Lo
anterior conlleva a que el nivel riesgo por fenómenos naturales en la cuenca, esté en
función de los factores y variables que determinan la vulnerabilidad […].

CONTESTÓ. Recientemente se realizó un recorrido de evaluación por la cuenca hace
quince días y en momentos se está elaborando el informe, en dicho recorrido se
realizaron las siguientes actividades: reconocimiento de las características geológicas
y geomorfológicas, de la parte alta y media de la cuenca, en el área que es
competencia de la corporación, reconocimiento de las condiciones actuales del cauce
identificación de las intervenciones antrópicas sobre el mismo. De dichos
reconocimientos se concluye: la parte alta y media de la cuenca presenta una
susceptibilidad moderada a alta de que se presente desgarre superficiales de suelo y
movimientos en masa a mediana escala que afectarían el recurso suelo por la pérdida
de la cobertura vegetal y la generación de focos erosivos. En el área evaluada
correspondiente a lo que le compete a la corporación, para lo cual aportaré un plano
donde espacialmente se delimita el suelo rural de la cuenca que por ley es
competencia de la corporación, en el área evaluada se encontró afectaciones
importantes al recurso hídrico consistentes en: estrechamiento de la sección
natural del cana principal de la quebrada a través de la construcción irregular
de viviendas al interior de la faja de retiro de la construcción y sobre el mismo
lecho de la quebrada, la implementación de llenos antrópicos que invaden y
estrechan el propio cauce para fines particulares de quienes lo construyeron,
la construcción irregular de viviendas sobre escarpes erosivos de alturas
considerables que ofrece un riesgo evidente o desplome de dichas estructuras
debido a las condiciones no aptas del suelo donde fueron construidas, la
construcción irregular de viviendas y un lleno antrópico sobre una cicatriz
antigua de deslizamiento adyacente al cauce por la construcción de estructuras
de paso que evidencian insuficiencia hidráulica ante eventos torrenciales que
puedan ocurrir durante los periodos de invierno, finalmente la descarga de
aguas residuales y aguas lluvias provenientes de las viviendas que han sido
construidas irregularmente en las fajas de retiro de la quebrada.

Complemento la respuesta aclarando que las obras encaminadas a prevenir o
mitigar los riesgos por fenómenos naturales que se identifica en la quebrada,
no son competencia misional de la corporación sino del ente territorial
respectivo a través de su oficina de gestión del riesgo. La corporación en cuanto
a las competencias otorgadas por la ley en lo que respecta a la gestión del riesgo es
un ente de apoyo técnico que será brindado en el momento en que dicho ente lo
requiera […]”.

Pruebas relacionadas con la competencia del Instituto Social de Vivienda y Hábitat
de Medellín

172. Copia del Acuerdo 7 de 30 de mayo de 2012 “Por medio del cual se adopta
el Plan de Desarrollo 2012-2015”88 denominado “Medellín un hogar para la vida”.

172.1. En los programas denominados “Mejoramiento integral del hábitat para la
vida, la equidad y la cohesión social”, “Nuevas viviendas para la vida” y “Acceso a

88 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 1 a 285.

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bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad”. En todos, el
responsable es el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.

172.2. El proyecto “Nuevas viviendas para la vida” promueve las condiciones de
acceso a soluciones de vivienda nueva de interés social en condiciones adecuadas
de habitabilidad y asequibilidad a los hogares en situación de pobreza y
vulnerabilidad social, a través de alianzas innovadoras con actores del sistema
habitacional.

172.3. El proyecto “Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la
equidad” fomenta el acceso a vivienda usada y a bienes y servicios habitacionales
alternativos como la vivienda compartida y, el arrendamiento temporal para aquellos
que están atendidos como damnificados.

173. Copia de la Resolución núm. 0000642 de 29 de abril de 2014, “[p]or la cual
el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED adopta la línea base
que identifica la población del área de influencia del Reasentamiento por Desastre
del sector la Playita, Quebrada la Picacha del Corregimiento Belén AltaVista, sector
Aguas Frías, de la ciudad de Medellín”89 suscrita por el Director General del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. La resolución en mención establece lo
siguiente:

“[…] Considerando que:

1. Dados los acontecimientos ocurridos en el año 2011, en el sector de la
Playita, debido a las inundaciones generadas por la quebrada la Picacha, se
recomendó por parte de la Secretaria del Medio Ambiente SIMPAD de esa época,
ahora DAGRD, a través de Fichas Técnicas remitidas al ISVIMED la evacuación
definitiva de las familias por estar en la zona de retiro hidrológico de la quebrada y de
alto riesgo no recuperable, por lo cual el Instituto a través del programa de
Arrendamiento Temporal ha venido atendido a las familias que voluntariamente han
aceptado recibir este beneficio, se asumió el reasentamiento por desastre del sector
con el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población,
promoviendo el desarrollo humano integral y sostenible por medio de acciones de
reordenamiento urbano y ambientales, socioculturales y económicas.

2. En el año 2013 el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE
MEDELLIN- ISVIMED, a través del equipo social de reasentamiento inicia acciones
conjuntas con el DAGRD para que este realizará las fichas sociales de los grupos
familiares incluidos en la Ficha técnica del SIMPAD

3. En el año 2013 el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE
MEDELLIN- ISVIMED, a través del equipo social de reasentamiento inicia actividades
de acercamiento y concientización a la población, sobre el riesgo en el que se
encuentran por estar asentados sobre el cauce de la quebrada la Picacha.

4. Con el fin de identificar la población objeto de intervención, el INSTITUTO
SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN- ISVIMED, en el año 2013 realizó
89 Cfr. Documento denominado: 79_ED_642.PDF

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la encuesta socioeconómica a la población ubicada en el sector la playita, que dio
como resultado los números de viviendas, hogares y las personas, impactadas
directamente por el "Reasentamiento del sector la Playita, quebrada la Picacha".

5. Desde el año 2013 la población censada del sector la Playita, quebrada la
Picacha, objeto del reasentamiento, varió la dinámica de conformación de los grupos
familiares a un nuevo grupo de personas censados por el SIMPAD del año 2011, que
requieren ser atendidas respetando criterios de atención definidos por el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín en el año 2013.

6. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, debido a los cambios de
la conformación de los grupos familiares, se realizó en el mes de noviembre del año
2013 la caracterización de la población que actualmente habita el sector la Playita; a
partir de este último trabajo se identificaron número hogares, viviendas y personas,
los cuales se atenderán previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Encontrarse incluidos en la ficha técnica del SIMPAD N° 422496, 42497,
42474 de 2011 y la ficha técnica del DAGRD N° 49578 de 2013 dentro de los
grupos familiares con calidad de poseedores.
2. Encontrarse incluidos en el censo poblacional realizado por el Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED.
3. Cumplir con los requisitos exigidos por el decreto 2339 de 2013 para la
población reasentada en razón de zonas desastres o zonas de riesgo no
recuperables.

7. De acuerdo a la medida cautelar 05001 33 33024 2013 00252 00, del Juzgado
Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín dentro del Proceso Acción Popular contra
el MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ÁREA METROPOLITANA - CORANTIOQUIA, en su
numeral 1.3 ordena lo siguiente: "Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLIN,
disponer y adelantar la evacuación de las viviendas e infraestructura en general en
situación de alto riesgo y su correspondiente reubicación, así como todas medidas
que considere indispensables en coordinación con el Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo del ente territorial, a fin de conjurar de manera efectiva el
inminente peligro que amenaza los moradores de las zonas catalogadas en alto y
mediano riesgo. Esta actividad deberá ser desarrollada en un término no superior a
un (1) mes, contados a partir de la notificación de la presente providencia. Ello de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 20 del artículo 25 de la Ley 472 de
1998", por lo anterior el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
continua con las acciones tendientes al reasentamiento del sector la Playita,
Quebrada la Picacha Corregimiento AltaVista- vereda aguas frías.

8. El resultado de las encuestas determinó los números de viviendas, hogares,
personas, unidades económicas y especies vegetales, impactadas directamente “Por
el Reasentamiento por Desastre del sector la Playita, Quebrada la Picacha del
Corregimiento Belén AltaVista, sector Aguas Frías, de la ciudad de Medellín”.

DECRETA QUE:

ARTÍCULO PRIMERO: adoptar la línea base que identifica la población del área de
influencia del Reasentamiento por Desastre del sector la Playita, Quebrada la Picacha
del Corregimiento Belén AltaVista, sector Aguas Frías, de la ciudad de Medellín
[conformada por 106 hogares censados].

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ARTÍCULO SEGUNDO: La población no incluida en la línea base, que identifica la
población del área de influencia del reasentamiento por Desastre del sector la Playita,
Quebrada la Picacha del Corregimiento Belén AltaVista, sector Aguas Frías, de la
ciudad de Medellín, podrán solicitar su inclusión mediante la comprobación del
derecho que le asiste ante el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-
ISVIMED, como responsable del proceso de reasentamiento por desastre. Por su
parte el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED, verificará el
derecho que se reclama, en la forma y bajo los criterios utilizados para la
determinación del resultado a que se refiere la presente resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO: La solicitud de inclusión deberá presentarse dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la presente resolución, en las
oficinas del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED ubicado en
CALLE 47 D N° 75 - 240 Sector Velódromo del Municipio de Medellín o en la
CARRERA 52 N° 71-84 Unidad Permanente de Justicia, Piso 3.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED contará por su parte
con el término de veinte días (20) hábiles para resolver sobre las solicitudes
presentadas.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo entrará en vigencia, desde su
publicación en la página web del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -
ISVIMED- […]”.

174. Copia de la constancia90 del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
en el que da cuenta que recibió por cesión gratuita del Distrito el lote ubicado en la
calle 32 con carrera 32B, en el Barrio Belén Rincón -escritura de 13 de enero de 2015-
, para desarrollar el proyecto de vivienda para reasentar las familias ubicadas en el
sector de La Playita, del corregimiento de Altavista, por encontrarse en la franja de
retiro de la quebrada La Picacha.

Sobre las acciones adelantadas por las demandadas, en especial del Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín

175. Copia del Contrato de Consultoría núm. 5604 de 2007, que tiene por objeto
"La formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca de la
Quebrada la Picacha del Municipio de Medellín".

176. Copia del Presupuesto de Inversión por Resultados 2012 a 2015 de la
Alcaldía de Medellín. En el acápite 2.29 acerca del Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín, señala como uno de los principales impactos obtenidos fue el
desarrollo de 79.205 soluciones habitacionales con una inversión de
$638.762.691.049 como forma de promoción del acceso a la vivienda digna para
los hogares en situación de pobreza, vulnerabilidad social y precariedad del hábitat.

90 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
236_ED_CUADERNOPPALN4PD(.PDF) NroActua 2, pág. 56.

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177. Informe de gestión 2012-201391. Plan de Desarrollo: Medellín, un hogar para
la Vida.

“[…] Para mejorar las condiciones de las quebradas del municipio de Medellín y
disminuir el grado de vulnerabilidad física de población asentada en áreas de
influencia de las quebradas afluentes del río Aburra ante riesgo de inundación y de
movimientos en masa, se ejecutaron diversas acciones. Entre ellas, la intervención
de mantenimiento de quebradas en diversos puntos, así: Corte y extracción de
árboles (Picacha); Desobstrucción de sumideros/coberturas (Chambul); Enrocado:
protección de margen con reacomodo de rocas (Malpaso); Jornadas de aseo y ornato
(Arenera, Altavista y El Burro); Limpieza de cauce/Remoción sedimentos/Dragado
(Arenera, Tebaida, Severa, Bermejala, Herrera, Altavista, Caño El Socorro,
Guayabala, Emilia, Buga); Reciente Fundación de muros (Escopetería); Rectificación
de cauce (Sucia, Ana Díaz, Malpaso, Iguaná, Picacha); Rehabilitación concretos
cobertura/canal (Malpaso, Tebaida, Caño Los Sauces, Maquinita, Honda, Zanjón
Santa Mónica); Voladura de rocas sobre lecho (Herrera).

En total, suman 185 las intervenciones hidráulicas y mantenimientos realizados en
quebradas, para un cumplimiento acumulado a 2013 de 156,8%, lo que representa
para el cuatrienio un avance del 92 2,5% en la meta establecida […]”.

178. Copia del oficio de 9 de agosto de 2013, dirigido a la Dra. Ángela María
Ortega Bermúdez, Profesional Especializada de la Secretaría General, que tiene
por asunto: “información relacionada con el Sector de Playitas en la Vereda Aguas
Frías del Corregimiento de Altavista”. En el oficio se señala que:

“El proyecto ‘Atención a Población en Emergencia’ como área estratégica del
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD
coordinada por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, atiende el diagnostico
social de las familias que han sido víctimas de emergencias y desastres naturales en
la ciudad de Medellín y sus corregimientos, brinda acompañamiento y ayuda
humanitaria a las familias, coordinando acciones con las demás instituciones para
que las familias, puedan acceder a servicios de atención, orientación, y ayuda
humanitaria de manera oportuna.

[…] la Comisión Social del DAGRD, en el marco de dicha atención, centra sus
esfuerzos en el proceso de orientación social a las familias afectadas. El protocolo de
atención, contiene dos líneas iniciales en el proceso […]

Para el caso concreto del sector de la Playita en la Vereda Aguas Frías del
Corregimiento de Altavista, se tienen los siguientes antecedentes: El día 18 de
diciembre de 2011, se presentó una emergencia a causa del desbordamiento de la
quebrada la Picacha, afectando 19 grupos familiares ubicados en la rivera del
afluente. Allí la Comisión Técnica del DAGRD, dio recomendación de evacuación
definitiva mediante el informe técnico 42474 y se realizó por parte de la Comisión
Social, la respectiva ficha a cada uno de los grupos afectados […]”.

178.1. En el oficio se indica que a la fecha cuenta con 64 fichas sociales del sector.

179. Copia de la respuesta núm. 0586 de 5 de agosto de 201392, suscrita por el
Asesor Jurídico de la Corporación Ayuda Humanitaria dirigida al Dr. Danilo Roberto
Salcedo Ramírez, integrante de la Clínica Jurídica de Interés Público de la

91 Cfr. Documento denominado: 28_ED_INFORMEDEGESTION2.PDF.
92 Cfr. Documento denominado: 266_ED_RE20130586.PDF

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Universidad Autónoma Latinoamericana, en el que señala que la Secretaría de
Inclusión Social y Familia, a través de la Comisión Social del DAGRD atiende de
forma oportuna a las familias que por cualquier evento de riesgo o emergencia son
afectadas en sus viviendas y ponen en riesgo la vida de la población.

179.1. Explica que las familias en emergencia natural o antrópica son visitadas en
sus viviendas por un profesional que recoge información, que permite caracterizar
e identificar la familia y su vivienda. De acuerdo con el criterio del profesional se
entrega la ayuda humanitaria , quien en el momento de la visita verifica la pérdida
parcial o total de enseres y establece el monto de conformidad con los integrantes
de la familia.

179.2. Informa que la Comisión Social ha atendido de manera oportuna a las familias
afectadas por los desbordamientos de la quebrada La Picacha, ha brindado
atención psicosocial, entrega de ayuda humanitaria, información y orientación,
acercamiento a la oferta institucional de la Secretaria de Inclusión Social y Familia.

179.3. Indica que, a partir del último trimestre del año 2011, la Comisión Social
realizó visitas a los afectados así:

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180. Copia del oficio con fecha de radicación 13 de agosto de 201593, proveniente
del Distrito en el que se informa al Tribunal Administrativo de Antioquia sobre el
cumplimiento de las medidas cautelares. El oficio indica que, en enero de 2015, el
Distrito trasladó al Instituto la titularidad de un predio localizado en el barrio Belén
Rincón, en la calle 32 con carrera 32B, con un área aproximada de 2.580 metros
cuadrados, que será destinado para desarrollar un proyecto de vivienda para
reasentar las familias ubicadas en el sector de la Playita, que se encuentra en la
franja de retiro de la quebrada La Picacha.

181. Copia del oficio de 3 de noviembre de 201594, en el que el Distrito informa al
Tribunal Administrativo de Antioquia sobre las obras que se han ejecutado en la
quebrada La Picacha, en los años 2004, 2005, 2008 y 2009 por valor de
$451.322.097. Adicionalmente, se indica que a la fecha del oficio se están
realizando intervenciones en la quebrada por un valor aproximado de $876.865.552
pesos. También refiere que:

“[…] Todas las intervenciones que realiza la Secretaria del Medio Ambiente del
Municipio de Medellín, a través de la Subsecretaria de Recursos Naturales
Renovables, están orientadas a prevenir y controlar la degradación que amenaza las
comunidades asentadas en las áreas de influencia de las quebradas del Municipio de
Medellín.
Con las intervenciones se pretende minimizar y/o evitar riesgos hidráulicos y
geotécnicos, como consecuencia del desbordamiento de la red hidrica [sic] del

93 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 286 a 297.
94 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 354 a 425.

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Municipio en las épocas invernales y su impacto sobre las riberas y áreas de
influencia.
Básicamente se adelantan las siguientes acciones:
• Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica
• Mantenimiento de Cauces: Limpieza-remoción de sedimentos
• Reparación de estructuras hidráulicas
• Reparación de coberturas […]”

182. Copia del oficio núm. 20150054906595 de 23 de octubre de 2015, suscrito por
la Secretaria de Hacienda dirigido al Subsecretario de Defensa y Protección de lo
Público de la Secretaría General de Medellín, en el que se señala que, en el
presupuesto del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín financiado con
transferencias de la capital, se proyectó el rubro “Asignación subsidios y promoción
adquisición vivienda nueva Medellín” con $29.033.964.127, en los cuales se
incluyen $4.781.077.000 para la reubicación de los habitantes del sector “La
Picacha”. Además, indica que el Instituto podrá iniciar la ejecución del presupuesto
apropiado en el proyecto antes referido a partir del 1.° de enero de 2016.

183. Copia del oficio 201500568185 de 30 de octubre de 201596, con fecha de
radicación de 13 de noviembre del mismo año, dirigido al Tribunal Administrativo de
Antioquia, suscrito por el Secretario de Infraestructura Física de Medellín. En este
documento se indica lo siguiente:

“[…] Procedemos a hacer las siguientes consideraciones técnicas respecto a la
situación que se presenta en el sector de la Institución Educativa Marina Orth, zona
donde se realizaron los estudios que menciona el exhorto 4884, no sin antes, reiterar
que esta situación no tiene relación alguna con la Acción Popular 2013-01310.

Las fuertes precipitaciones relacionadas con la onda invernal, generaron el desarrollo
de múltiples procesos de remoción en masa en las laderas que configuran la parte
alta de la vereda Aguas Frías; como consecuencia de éste fenómeno climático de
altas precipitaciones, se presentó un movimiento en masa en la vía de acceso en la
parte alta de la vereda, aproximadamente 80 metros al occidente de la Institución
educativa Marina Orth. Este movimiento comprometió la estabilidad de la via referida
con pérdida parcial de la banca y afectó a su vez la vía que se extiende en cota
superior hacia los sectores Las Cabañas y El Llano.

Tal y como lo expresa el Departamento Administrativo de Planeación en su
documento “Impactos y Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011, el fenómeno de "la
Niña" durante el período 2010-2011 las lluvias del primer semestre del 2011
generaron saturación del suelo y niveles altos en los ríos. Dicho fenómeno afectó 28
de los 32 departamentos de Colombia y fue el fenómeno de precipitación más intenso
en los últimos 50 años.

Desde esa fecha La Secretaria de Infraestructura Física ha realizado algunas obras
de mitigación y de recolección continúa del material depositado sobre la vía, con el
fin de evitar más traumatismos a todas las personas que circulan y habitan el sector.

95 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 441 y 442.
96 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 492 a 497.

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En el actuar de la Planeación de la Contratación se definieron unos puntos críticos
que requerían de estudios a profundidad, para establecer el origen de la afectación y
la alternativa de solución, por lo cual la Secretaria de Infraestructura Física realizo el
Concurso de Méritos N. 20002521 de 2012 (CM-11), cuyo objeto contractual fue
realizar los: "Estudios Geotécnicos, Estructurales y Diseños de Ingeniería para la
Estabilización de Puntos Críticos en el Municipio de Medellín", según contrato N.
4600045745, y fue adjudicado a la firma DOLPHIN DE COLOMBIA S.A.S, - PH
INGENIERIA S.A.S, en este contrato se incluyó el punto de la Institución Educativa
Marina Debido a las características topográficas de la ciudad de Medellín y la gran
cantidad de obras de estabilización que se requieren en la ciudad, no ha sido posible
que con los recursos ordinarios asignados a nuestros programas se alcance a
ejecutar dicha intervención.

Finalmente, señor Magistrado, queremos ponerle en conocimiento que de acuerdo a
lo establecido en el Acuerdo 46 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial, la zona
donde se ubica la Institución Educativa Marina Orth corresponde a un suelo rural, y
NO corresponde a una zona de alto riesgo por ningún tipo de amenaza natural. La
zona está caracterizada por su poca densidad habitacional y los posibles riesgos que
puede estar sometida la zona solo afectarían la infraestructura vehicular propiedad
del Municipio de Medellín […]”.

184. Copia del oficio No. S-2015 165592 de 17 de noviembre de 201597, suscrito
por el comandante de la Subestación de Policía Altavista dirigido a la Secretaria de
Gobierno y Derechos Humanos en el que indica que “en repetidas ocasiones, se
[les] ha solicitado hacer patrullajes permanentes de vigilancia y control en el sector
de la playita, vereda Aguas Frías, a fin de verificar que personas inescrupulosas
procedan a realizar asentamientos ilegales (casas o viviendas) sobre los retiros
obligados de las márgenes de la quebrada La Picacha, situación a la que se ha dado
estricto cumplimiento por parte de los funcionarios de la subestación de policía
Altavista […]”.

185. Copia del Informe núm. 1 “Avance en la estructuración del proyecto
habitacional VIP de reasentamiento La Playita (Quebrada La Picacha)” 98 de 5 de
febrero de 2016. En el informe se presentan las actividades realizadas durante el
periodo diciembre de 2015 a febrero de 2016 para la estructuración del proyecto
habitacional de reasentamiento denominado “La Playita”. En el documento se
consignan los siguientes componentes:

“[…] Presupuesto para la construcción del proyecto:

En el Plan Operativo Anual de Inversiones de Isvimed 2016 (POAl 2016) se destinó
la suma de $4.343.535.000 para el desarrollo del proyecto, priorizando su ejecución
para esta vigencia.

Mediante la expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 154 de 1
de Febrero de 2016 se garantizó la existencia de recursos por la suma de $

97 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folio 514.
98 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folio 569 a 571.

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4.343.560.200 para atender el desarrollo del proceso urbanístico derivado de la
orden de reubicación de los habitantes del sector La Playita de la ciudad.

Constitución del encargo fiduciario:

Mediante contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos celebrado entre el
Isvimed y Alianza Fiduciaria el pasado 23 de Diciembre de 2015, se constituyó el
"Fideicomiso La Playita", mediante el cual se realizará la administración de los
recursos destinados para el proyecto, además de la contratación del constructor
(incluido los diseños) y la interventoría de la obra. Este fideicomiso se encuentra
activo.

Una vez el municipio de Medellín realice la transferencia del recurso para el proyecto,
la Subdirección Administrativa y Financiera realizará el traslado al fideicomiso de los
dineros destinados para iniciar los procesos de invitación privada a constructores,
interventores y demás gestiones relacionadas con la administración de los mismos,
según instrucciones que imparta el Instituto.

[…]

COMPONENTE SOCIAL

Durante la vigencia anterior se realizaron las actividades requeridas para la
socialización del proyecto con la comunidad a reasentar tales como: Levantamiento
del censo socio económico y su respectivo publicación, organización de
expedientes, verificación de composición de grupos familiares para identificar
quienes debían ser atendidos con vivienda de reposición nueva y quienes con
usada, visita al Lote, visitas a proyectos de vivienda nueva Cantares y la Huerta,
talleres: imaginarios de construcción, social del Hábitat, reuniones con líderes y
comunidad en general para absolver las dudas e inquietudes etc.

Una vez el proyecto esté estructurado y se tengan diseños, se retomará nuevamente
el proceso de socialización con las familias de La Playita.

Será necesario realizar un plan de socialización y divulgación del proyecto con la
comunidad del sector de Belén Rincón y Loma de los Bernal, especialmente con los
proyectos habitacionales vecinos al lote, con el fin de mitigar posibles impactos que
se puedan generar por el proceso de reasentamiento y el nuevo desarrollo
habitacional VIP […]”. (Destacado fuera del texto original).

186. Copia del Contrato núm. 4600066385 de 2016, suscrito entre el Municipio de
Medellín e IC Constructores S.A.S., para la construcción de obras de contención
para la estabilización del sector I.E. Marina Orth en la Vereda Aguas Frías
Corregimiento Altavista, por valor de mil cuatrocientos veinte millones cuatrocientos
noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos ($1.420.499.934), con fecha
de inicio 8 de mayo de 2017 y fecha de terminación oficial 23 de agosto de 2017.

187. Copia del Convenio Interadministrativo núm. 920 de 2017, suscrito el 10 de
noviembre entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de
Medellín, que tiene por objeto apoyar al Municipio de Medellín en la Parte Técnica
Jurídica y Financiera para la Construcción de la Obra Hidráulica sobre la Quebrada
La Picacha entre las carreras 88 a 84 del Municipio de Medellín, por el valor de tres
mil millones de pesos ($3.000.000.000).

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188. Copia del Informe de Gestión 2016-2019 del Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín99, del cual se destaca lo siguiente:

“[…] La Picacha
Polígono AL-CNS3-06 – Sector retiros de la Quebrada la Picacha
Durante los últimos años el Instituto, con respecto a la situación del sector La Picacha,
y atendiendo los requerimientos derivados de la acción popular que establece la
urgencia de reasentamiento de la población que se encuentra en riesgo, ha buscado
alternativas de gestión del suelo que permitan identificar suelos potenciales para la
solución de reasentamiento de la población asentada en suelo de riesgo, teniendo en
cuenta que para tal efecto se consideran aproximadamente 350 hogares que
requieren de esta operación.
Observaciones (logros y dificultades).
• Durante la gestión realizada se dificultó determinar el número de personas
susceptibles de reasentamiento; por tal razón será necesario evaluar la base de datos
de la caracterización llevada a cabo por el DAGRD y tener en cuenta las familias
identificadas al momento del fallo, para proceder con su atención.
• Con respecto al reasentamiento en sitio se determina que este no es posible dado
que el polígono del área identificada como La Picacha AL-CNS3-06 (consolidación
suburbana nivel 3) tiene uso de suelo mixto urbano rural, donde predominan
asentamientos humanos densamente poblados con mezcla de algunas actividades
productivas, algunos de los cuales se localizan sobre suelos de protección. Allí solo
pueden desarrollarse proyectos con una densidad máxima de 25 viviendas por
hectárea, lo que quiere decir que en un lote de 5.000 m2 solo se pueden desarrollar
alrededor de 13 viviendas.
• En el entorno inmediato solo existen tres lotes urbanos no ocupados donde pudiera
generarse el reasentamiento. Sin embargo, se encuentran condicionados dado que
estos deben ser desarrollados mediante Plan Parcial.
• Dada la urgencia de darle celeridad al tema de reasentamiento a las familias de La
Picacha, debería considerar su reasentamiento en los lotes de Ventto y Corcovada.
En caso contrario, considerar las alternativas de los tres lotes cercanos al polígono
de La Picacha teniendo en cuenta que no será en el corto plazo.
Recomendaciones
Es necesario considerar todas las alternativas para la solución de este tema, para lo
cual el ISVIMED ha identificado varias, tanto en planes parciales como en lotes
propios, como se mencionó anteriormente, que garantizarían el reasentamiento
de la población de La Picacha. Es importante aclarar que los suelos identificados
con potencial requieren necesariamente de la aplicación de los planes parciales, con
los cuales el ISVIMED deberá actuar de manera articulada con las entidades que
tienen injerencia en el desarrollo y gestión del suelo o hacerlo directamente,
previamente establecido como objetivo en el próximo PDM. Adicionalmente, es
necesario considerar que la ejecución de los planes parciales mencionados
estarán condicionados a sus tiempos de implementación (que no están
contemplados en el corto plazo); razón por la cual el ISVIMED deberá determinar
si está dispuesto a asumir estos tiempos, los retos de formulación y gestión y
las asociaciones pertinentes para la ejecución de los mismos.
Aunado a lo anterior, se deberá evaluar la pertinencia de utilizar los predios de
propiedad del ISVIMED, considerando que en estos no se aplicaría un reasentamiento
en sitio, lo que posiblemente podría tener implicaciones de carácter social por el
traslado de las familias a otros sectores lejos de su lugar de origen”. (Destacado fuera
del texto original)

189. Copia del Informe de Gestión del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín, de abril 2017 a marzo 2018100, en el que se indicó:

99 Cfr. Documento denominado: 29_ED_INFORMEDEEMPLAMEC.PDF
100 Cfr. Documento denominado: 30_ED_INFORMEDEGESTION2.PDF

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“[…] De los hogares remitidos, el Isvimed realizó su identificación y caracterización,
siendo incluidos en la Resolución 642 de 2014, “por la cual el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed adopta la línea base que identifica la
población del área de influencia del Reasentamiento por Desastre del Sector La
Playita, Quebrada La Picacha del Corregimiento Belén Alta Vista, Sector Aguas Frías,
de la ciudad de Medellín”. En el acto administrativo se identificaron 106 hogares los
cuales presentan el estado que se describe a continuación:

Tabla 36. Estado hogares sujetos de reubicación - La Playita

“[…] De los 59 hogares pendientes por acceder a la solución definitiva, 57 serán
priorizados para el proyecto de vivienda que se está gestando en el predio N°9 del
Plan Parcial Ciudadela El Rincón de propiedad de Isvimed, identificado con CBML
70970010073 y matricula inmobiliaria 001-1083486. Los 2 hogares adicionales serán
priorizados para postulación al SMV en la modalidad de vivienda usada (por el número
de integrantes – superior a 6), previo cumplimiento de requisitos y disponibilidad de
recursos.

De estos 59 hogares, el Isvimed les ha ofertado la posibilidad de postularse al subsidio
municipal de Arrendamiento Temporal, dependiendo, en cada caso, de la relación
jurídica que el hogar ostente frente al inmueble sobre el que recae la recomendación
de evacuación emitida por el DAGRD, ya sea que tengan la calidad de propietarios,
poseedores o meros tenedores; así como del tipo de evacuación recomendada, bien
sea definitiva o temporal, según lo dispone el artículo 72 del Decreto 2339 de 2013.
Es importante resaltar, que no obstante los grupos familiares ser notificados de la
posibilidad de acceder al Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, una vez
lograda su identificación, algunos presentan distintas situaciones que les impide ser
beneficiarios de la ayuda municipal, no presentan la documentación necesaria o
cuentan con circunstancias que impiden su postulación, como se describirá en líneas
posteriores.

Acorde a lo anterior, 28 de los hogares del Sector La Playita de la quebrada La
Picacha reciben Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal por parte de Isvimed,
y 25 hogares notificados de la posibilidad de acceder a dicho subsidio no son
beneficiarios de éste por falta de entrega de documentación o cumplimiento de
requisitos […]”.

Contratista Diseñador: CON&CON S.A.S.
Valor del contrato de diseño: $172.365.788
Interventoría de los diseños: COGINTER SAS.
Valor del contrato de Interventoría: $150.162.453
Unidades de vivienda: 58
Entidad Fiduciaria: Alianza Fiduciaria

Estado del proyecto:
• Se encuentra radicado en la Curaduría cuarta, con el fin de obtener la licencia de
Urbanismo y construcción.

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• Se tiene planeado el inicio de las obras para julio de 2018, debido a los problemas
presentados en la terminación de los diseños y los permisos requeridos lo que ha
generado un retraso para el inicio de las obras civiles.

Dificultades encontradas

• Retrasos en la aprobación por parte de Planeación Municipal de la
georreferenciación del proyecto.
• El plazo de expedición de la licencia de construcción es demasiado extenso.
• Rechazo de la comunidad a la ejecución del proyecto por estar ubicado en cercanías
de la Loma de los Bernal. III.

En el cuadro de proyectos – metas 19.000 viviendas – Recursos PDM (13 de marzo
de 2018)

Se incluye el proyecto La Playita, localizado en la comuna 16 Belén del Barrio: El
Rincón, con modalidad de desarrollo: reasentamiento la quebrada La Picacha,
número de soluciones habitacionales: 8 […]”

190. Copia del oficio de 5 de febrero de 2018 , dirigido al Secretario de Despacho
de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín, suscrito por la Secretaria
General que tiene por asunto la solicitud presupuestal para dar cumplimiento a la
acción popular La Picacha por valor de $5.500.000.000 millones de pesos. En el
oficio se señala lo siguiente:

“[…] Si bien esta decisión se apeló, el municipio ha informado al Tribunal y al Consejo
de Estado que la Secretaría de Medio Ambiente viene adelantando algunas
actuaciones orientadas a prevenir, mitigar y/o reducir los problemas asociados a
riesgo hidráulico y que se pudieran generar por eventos o avenidas torrenciales.
Igualmente se informó que el municipio pretende continuar con estas intervenciones.
Las intervenciones en su totalidad tienen un costo superior a $55.000 000.000, según
informes de la Secretaría de Medio Ambiente.

Según ha manifestado la Secretaría de Medio Ambiente, con el fin de dar
cumplimiento a las órdenes judiciales y contribuir con la disminución de los riesgos
señalados, para las obras previstas a realizar en este año requiere la suma de
$5.500.000.000.

Por lo anterior, cordialmente solicitamos a la Secretaría de Hacienda que apruebe
para este año un traslado presupuestal por un valor con la suma de $5.500.000.000
(Cinco Mil Quinientos Millones de Pesos), con destino a la Secretaría de Medio
Ambiente […]”.

191. Convenio de Asociación núm. 4600076515 de 2018101 suscrito entre el
Municipio de Medellín y la Universidad EAFIT, que tiene por objeto la identificación
del riesgo de detalle en algunas zonas del Municipio de Medellín.

191.1. El informe presenta un resumen de los resultados obtenidos a partir de la
evaluación de amenazas y riesgos del polígono La Picacha para los fenómenos de
avenidas torrenciales y movimientos en masa estudiados en detalle. Se encuentran
las obras del diseño estructural con su presupuesto y las viviendas que se deben

101 Cfr. Anexo contenido en el documento denominado: 32_ED_RESPUESTAISVIMEDRA.PDF.

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reasentar ya sea por la ejecución de la obra o por encontrarse en zonas de riesgo
alto no mitigable.

191.2. En el informe se presentan recomendaciones para mitigar el riesgo
provocado por las avenidas torrenciales y los movimientos en masa.

191.3. En relación con las construcciones en riesgo no mitigable, señaló:

“[…] Teniendo en cuenta los análisis desarrollados y la zonificación de riesgo no
mitigable obtenida a lo largo del polígono de estudio, se presentan 122 construcciones
bajo esta categoría de riesgo, las cuáles deben ser incluidas en planes de
reasentamiento por parte de las autoridades competentes. Estas viviendas se detallan
en la Tabla 3 y se presentan en la siguiente figura:

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192. Respuesta de la Alcaldía de Medellín al requerimiento efectuado el 17 de
mayo de 2018, de la que se destaca lo siguiente:

“[…] En el caso que nos ocupa El DAGRD levantó las fichas técnicas de los eventos
presentados en el sector que nos ocupa, incluyendo el listado de las familias que
recomendaba su reubicación y dio traslado de las mismas al señor Corregidor y a
ISVIMED para que actuaran de conformidad con sus competencias. Al primero,
porque tiene la facultad de iniciar y practicar las diligencias de desalojo y a al segundo,
porque es la entidad del Orden Municipal con competencia para dar solución
habitacional a las personas que por una u otra razón, deben ser reubicadas bajo
cualquier modalidad de solución; subsidio de vivienda, arrendamiento temporal,
compara de vivienda usada, entre otros.

Es así como correspondía al Corregidor realizar los trámites correspondientes al
desalojo de las viviendas en situación de alto riesgo y solicitar el acompañamiento de
la Defensoría del Pueblo en los procesos iniciados con posterioridad a la decisión del
Consejo de Estado.

Igualmente, correspondía al ISVIMED adelantar los procesos de reubicación temporal
o definitiva de los hogares que habitaban las viviendas en situación de alto riesgo y
solicitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en los procesos iniciados
con posterioridad a la decisión del Consejo de Estado.

De acuerdo con el objeto social, el ISVIMED realizó la caracterización de las familias,
identificó las soluciones habitacionales y socializó con las familias las medidas a
adoptar, como se desprende de los informes que ese mismo instituto remitió.

[…]

AUTONOMÍA DE LOS CORREGIDORES MUNICIPALES

De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 136 de 1994, "Para el adecuado e inmediato
desarrollo de los corregimientos, éstos tendrán corregidores como autoridades
administrativas, quienes coordinadamente con la participación de la comunidad,
cumplirán, en el área de su jurisdicción, las funciones que les asignen los acuerdos y
les deleguen los alcaldes, con sujeción a las leyes vigentes." El mismo artículo señala
que los corregidores ejercen las funciones que de acuerdo a las disposiciones
vigentes corresponden a los inspectores de policía. Igualmente indica que allí donde
existe un corregidor, no deberán existir inspectores departamentales ni municipales
de policía. Así las cosas, se concluye que los corregidores se equiparan a los
inspectores de policía, en funciones, en los territorios donde las ejercen.

Así, al ser equiparados los corregidores con los inspectores de policía, gozan los
primeros de la autonomía es sus decisiones, tal como aplica para los segundos […]”.

193. Copia del oficio suscrito por la Directora del Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín dirigido a la Dra. Paula Cristina Lema Fernández, Subsecretaria
de Defensa y Protección de lo Público, de la Secretaría General del Municipio de
Medellín, en respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo de Antioquia de
17 de mayo de 2018102. En virtud del cual señala lo siguiente:

“[…] Desde la ocurrencia de los hechos objeto de la acción popular en comento, esto
es, desde el año 2011, se han recibido por parte de la Secretaría del Medio Ambiente

102 Cfr. Documento denominado: 48_ED_RESPUESTAAUTODEL1.DOC.

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SIMPAD, ahora DAGRD, fichas técnicas en las que se recomienda realizar la
evacuación definitiva de las viviendas e infraestructura, que por estar ubicadas en la
zona de retiro hidrológico de la quebrada, han sido clasificadas como de alto riesgo
no recuperable, motivo por el cual, el Instituto, a través del programa de
arrendamiento temporal, ha venido atendiendo a las familias afectadas que
voluntariamente han aceptado recibir este beneficio.

De esta manera, este Instituto en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de la población, promover el desarrollo humano integral y sostenible por medio
de acciones de reordenamiento urbano y mejoramiento de sus condiciones
ambientales, socioculturales y económicas, ha emprendido labores para el
reasentamiento por desastre de los hogares a los que este escrito se refiere.

Así pues, a través del equipo social de reasentamiento, el Isvimed ha iniciado
acciones en conjunto con el DAGRD para que sea este organismo el que elabore las
fichas sociales de los grupos familiares incluidos en la Ficha técnica del SIMPAD.

Igualmente, desde Isvimed, se han venido ejecutando actividades de acercamiento y
concientización a la población sobre el riesgo en el que se encuentran por estar
asentados sobre el cauce de la quebrada.
1
Asimismo, en la labor de identificación de la población objeto de intervención, se
efectuaron entre los meses de noviembre de 2013 y marzo de 2014, las fichas
socioeconómicas a las familias ubicadas en el sector La Playita, lo que arrojó como
resultado el número de viviendas, hogares y las personas impactadas directamente
por el “Reasentamiento del sector La Playita, quebrada la Picacha”.

Es así como el 29 de abril de 2014, Isvimed expide la resolución N° 642, “Por la cual
el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED adopta la línea base
que identifica la población del área de influencia del Reasentamiento por Desastre del
sector La Playita, Quebrada la Pichacha del Corregimiento Belén AltaVista sector
Aguas Frías, de la ciudad de Medellín”, en la cual se identifican 106 hogares que han
sido objeto de atención.

Estos 106 hogares, se encuentran caracterizados en los siguientes grupos:

• Hogares en el territorio con recomendación de evacuación: 26.
• Hogares en arrendamiento temporal: 28.
• Hogares con solución definitiva de vivienda: 29.
• Hogares notificados con cruce: 3.
• Hogares meros tenedores: 9.
• Hogares que no cumplen requisitos: 11.

Adicional a estos, se han identificado y atendido otros 122 hogares, que no están
incluidos en la resolución, pero que habitan en el área de influencia de la quebrada
La Picacha, los cuales se caracterizaron como:

• Hogares que han sido remitidos con categoría La Playita, pero no se encuentran en
la resolución […]”.

194. Copia de la respuesta a la petición con radicado núm. 9960 de 19 de
noviembre de 2020103, dirigido a Erika Joullieth Castro Buitrago, en el que el
Subdirector de Planeación del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín,
señala que el proyecto La Playita fue modificado y pasó de 58 a 94 unidades

103 Cfr. Documento denominado: 32_ED_RESPUESTAISVIMEDRA.PDF

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teniendo en cuenta la edificabilidad máxima permitida para el predio que cuenta con
4.877 mt2. Al respecto se destaca lo siguiente:

“[…] Sobre los nuevos tiempos de entrega teniendo en cuenta las modificaciones del
proyecto, señaló:

“[…] El Proyecto con los diseños inicialmente previstos tiene fecha de inicio de obra
el día 7 de mayo de 2020 y de terminación del contrato de construcción el 7 de mayo
de 2021. Debido a los ajustes que se tienen contemplados para la ampliación del
proyecto, la nueva fecha estimada de entrega es el día 22 de diciembre de 2021 de
acuerdo al cronograma aprobado por la Interventoría. Sin embargo, es importante
aclarar que esta fecha depende de la aprobación de los diseños estructurales y
arquitectónicos que se entregaron en la Curaduría, para poder dar la fecha de reinicio
de la obra de construcción, tiempos que no depende ni del Instituto ni del contratista
de obra […]”.

Sobre el presupuesto del proyecto precisa lo siguiente:

“[…] El Proyecto inicialmente tiene un presupuesto para el contrato de diseño de
$212.204.488; para el contrato de interventoría de diseños de $168.102.453; para el
contrato de construcción de la obra $6.646.584.965 IVA incluido y para el contrato de
interventoria [sic] de $ 469.297.682 IVA incluido, para un total de $7.496.189.588. El
valor de las modificaciones del diseño incluye el costo de elaboración de los diseños
por $162.289.784, de revisión de los diseños por la interventoria [sic] por $35.819.000,
de las obras de construcción una vez se aprueben las ampliaciones por las entidades
competentes, la interventoría debe realizar el estudio y aprobación del presupuesto
de las 36 unidades de vivienda adicionales […]”.

“si bien ya está planteado el incremento de unidades, la asignación y los ajustes que
requiere el proyecto se encuentran en proceso de evaluación legal y administrativa;
pues como es de público conocimiento, el proyecto La Playita fue estructurado y
contratado por la administración anterior, situación que al iniciar el proceso de
empalme y evaluación del estado del Proyecto por parte de la nueva dirección, se
detectaron grandes falencias desde el componente de edificabilidad, información que
fue corroborada por el DAP a solicitud del ISVIMED, mediante oficio remitido el 5 de
agosto del presente año, evidenciando un desaprovechamiento del lote a desarrollar;
además de la estructuración con valores que superan los topes VIP. En este orden
de ideas, la actual administración se encuentra efectuando las correspondientes
revisiones jurídicas y ajustes, en el marco de aplicación del Artículo 34 del nuevo
decreto, se define que el tope para este tipo de vivienda es de 90 SMLMV […]”.

Respecto a la solicitud de información relacionada con el número de familias que
deben ser reasentadas en cumplimiento de las medidas cautelares -fuera del
asentamiento La Playita-, en tanto una de las órdenes de la medida cautelar fue
efectuar un censo de las familias en estado de vulnerabilidad en la zona de influencia
de la quebrada La Picacha y que deben ser reasentadas. El Instituto respondió lo
siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta el documento resumen ‘OBRAS DISEÑO ESTRUCTURAL
POLÍGONO LA PICACHA’ (el cual se anexa), derivado del estudio de riesgo de detalle
realizado por la Universidad EAFIT, se ven afectados en el sector San Pablo 20
estructuras con aproximadamente 43 viviendas por las obras que se deben
desarrollar; adicionalmente, se presentan 122 construcciones ubicadas en zona de
riesgo no mitigable. A raíz del estudio se realizó validación en campo por parte de la
Comisión Social de la Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos,
donde se realizó el respectivo censo de los sectores señalados en el informe de
detalle. El resultado final del levantamiento de información del censo poblacional es
de 188 familias las cuales se les realizó la respectiva caracterización […]”.

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A la pregunta ¿cuáles son actualmente las entidades que se encargan de administrar
el programa de arrendamiento temporal dirigido a las familias damnificadas de La
Picacha y cuál es el monto del canon de arrendamiento que se ofrece actualmente a
las familias? respondió que:

“[…] El programa de arrendamiento temporal es administrado por el ISVIMED, el cual
tiene como operador actual a la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. Para
el año 2020 el canon de arrendamiento temporal se fijó en la suma de $ 424.014 […]”.

195. Copia del informe dirigido al Tribunal Administrativo de Antioquia titulado
“Informe proceso de atención social a hogares del Sector la Playita y aledaños
Quebrada La Picacha de la ciudad de Medellín noviembre 2016”104, en el que se
indica:

“[…] El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED, informa que
los estados actuales de atención de los grupos familiares identificados en el
sector de la quebrada La Picacha, remitidos con recomendación de evacuación
por la autoridad encargada de gestionar el riesgo en la ciudad de Medellín, en
consideración del cumplimento de las disposiciones legales, además de las órdenes
judiciales emitidas en el proceso de Acción Popular que se adelanta bajo radicado
2013 - 1310 en la Sala Primera de Oralidad Tribunal Administrativo de Antioquia, son
como se describen a continuación:

A. POBLACIÓN ASENTADA EN EL SECTOR LA PLAYITA:

Las familias asentadas en el sector La Playita de la quebrada La Picacha fueron
remitidas a ISVIMED con el objetivo de brindarles una solución de vivienda
debido al suceso ocurrido en el año 2011, como consecuencia de lo anterior, el
Instituto realizó la identificación y caracterización de los hogares afectados, los
cuales fueron incluidos en la Resolución 642 de 2014, "por la cual el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED adopta la línea base que
identifica la población del área de influencia del Reasentamiento por Desastre
del Sector La Playita, Quebrada la Picacha del Corregimiento Belén Alta Vista,
Sector Aguas Frías, de la ciudad de Medellín".

En el acto administrativo se identificaron 106 grupos familiares los cuales
presentan el estado que se describe a continuación:

2. SOLUCIÓN DE VIVIENDA DEFINITIVA

104 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
236_ED_CUADERNOPPALN4PD(.PDF) NroActua 2, págs. 11 a 115.

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La solución de vivienda se entiende como la culminación de las actuaciones
tendientes al restablecimiento de las condiciones normales habitacionales de los
grupos familiares en su materialización del derecho a una vivienda digna para la
satisfacción de las necesidades humanas y sociales, como se desprende de la lectura
del artículo 1 literal 1) del Decreto Municipal 2339 de 2013, que reza:

(...) 1) Solución Habitacional: Es el resultado del conjunto de acciones o actuaciones
que permiten a un hogar, acceder a un lugar de habitación que contribuya a la
satisfacción de necesidades humanas y sociales, garantizándose una vivienda digna
que cumpla con condiciones de habitabilidad, de conformidad con el plan de
ordenamiento territorial: localización en sitio apto y accesible, servicios públicos
domiciliarios y saneamiento básico, estabilidad estructural y espacio adecuado al
tamaño del grupo familiar.

En este caso, es la solución de vivienda definitiva de quienes se vieron vulnerados
social y económicamente con ocasión del evento de desastre natural, y que es
lograda gracias a la adjudicación de Subsidio Municipal de Vivienda, definido en el
artículo 1 literal a) ibid., en los siguientes términos:
a) Subsidio Municipal de Vivienda (SMV): Es un aporte municipal en dinero o en
especiales valorado en salarios minimos [sic] legales mensuales SMLM; con cargo al
gasto público social no restituible, salvo disposiciones legales y reglamentarias,
adjudicado por una! sola vez a grupos familiares bajo un mismo hogar en condiciones
de vulnerabilidad social y económica, para contribuir con la obtención o mejoramiento
de una solución habitacional que permita la satisfacción de necesidades
habitacionales, en reconocimiento al derecho a la vivienda digna.

Así las cosas, la solución de vivienda definitiva puede darse en la modalidad de
vivienda nueva o usada, según las características de los beneficiarios. A la fecha de
presentación de este informe los grupos familiares del sector La Playita que han
recibido SMV, obteniendo una solución de vivienda de manera definitiva son:

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3. SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL
El Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal se plantea como una alterativa de
solución habitacional en general y en particular como una medida temporal de
mitigación al problema habitacional sufrido por un grupo familiar en especiales
condiciones de vulnerabilidad, generadas por desastre, reasentamiento por obra
pública o por ubicación en zonas de alto riesgo, mientras se restablecen las
condiciones normales. Consagra el Artículo 1°, literal b) y el artículo 68 del Decreto
Municipal 2339 del 21 de Noviembre de 2013 "por medio del cual, se reglamenta la
administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del
municipio de Medellín", lo siguiente:

ARTICULO 1. DEFINICIONES. Para los efectos del presente decreto se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:
b) Subsidio Municipal de Arrendamiento (SMA):
Es un aporte municipal en dinero o en especie, valorado en pesos actualizados con
el indice [sic] de precios del consumidor (IPC), con cargo al gasto público social,
adjudicado periódicamente y por tiempo limitado a grupos familiares en condiciones
especiales de vulnerabilidad social y económica, ocasionada por un desastre natural,
desastre antrópico o calamidad, reasentamiento por ubicación en zona de alto riesgo,
o por una intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de obras de interés
colectivo previamente certificados por la autoridad competente.
(...)

ARTÍCULO 68. FINALIDAD. Con el subsidio Municipal de Arrendamiento temporal se
pretende contribuir con el pago del arrendamiento de una vivienda como alternativa
de solución habitacional y medida temporal de mitigación, cuando se presente una de
las situaciones de vulnerabilidad establecidas en el literal b) del artículo 1 del presente
decreto, para que el grupo familiar pueda retomar su proyecto de vida, restablecer las
condiciones iniciales o acceder a una solución de vivienda definitiva.

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Ahora, la duración del Subsidio de Arrendamiento Temporal depende tanto de la
relación jurídica que el grupo familiar ostente frente al inmueble sobre el que recae la
recomendación de evacuación emitida por la autoridad competente, ya sea que
tengan la calidad de propietarios, poseedores o meros tenedores; así como del tipo
de evacuación recomendada, bien sea definitiva o temporal, según lo dispone el
artículo 72 ibíd., que dicta:

ARTICULO 72. DURACIÓN DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO
TEMPORAL. En razón de sus diferentes calidades beneficiarios y de cada evento en
particular, la duración de la asignación del subsidio de arrendamiento temporal, se
regirá por los siguientes criterios:
1. Eventos que generen evacuación definitiva
a) Propietarios o poseedores:
-Cuando la solución habitacional ofertada por el Administrador del subsidio al Grupo
Familiar es vivienda nueva, el subsidio de arriendo tendrá una duración igual a la de
la entrega de la misma […].

De esta manera, los grupos familiares que sean afectados por un evento de desastre
que genere una recomendación propietarios o poseedores del inmueble, además del
cumplimiento de requisitos para acceder a la subvención, serán beneficiarios del
Subsidio de Arrendamiento Temporal hasta lograr conjurar la situación, bien sea con
el otorgamiento del Subsidio Municipal de Mejoramiento de Vivienda (en caso de
recomendación de evacuación temporal) o de vivienda nueva o usada (en caso de
evacuación definitiva), circunstancia que depende igualmente de la oferta
habitacional, la disponibilidad de recursos del ISVIMED y el acatamiento de las
normas para su asignación y aplicación, tal como se estipula en el parágrafo 2° del
artículo 72 de la norma,

Es importante resaltar, que no obstante los grupos familiares ser beneficiarios del
Subsidio de arrendamiento Temporal, para poder acceder al Subsidio Municipal de
Vivienda deben cumplir con los requisitos mínimos de postulación contemplados en
el Artículo 15 del Decreto.

En este orden de ideas y de conformidad con las disposiciones normativas
anteriormente expuestas, los grupos familiares del Sector La Playita de la quebrada
La Picacha que a la fecha del presente informe reciben Subsidio de Arrendamiento
Temporal por parte de ISVIMED son:

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Es de advertir que hay grupos familiares que hasta el momento no han obtenido
solución de vivienda definitiva, sin embargo, tal y como se describió en el
acápite anterior reciben Subsidio de Arrendamiento Temporal, contando con
una solución habitacional como medida temporal al problema generado por el
desastre natural, hasta surtir los trámites requeridos para la entrega de la
solución habitacional respectiva.

4. GRUPOS FAMILIARES NOTIFICADOS DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO DE
ARRENDAMIENTO TEMPORAL QUE NO HAN ACCEDIDO

Son aquellos hogares a los cuales el ISVIMED les ha efectuado el ofrecimiento de
Subsidio de Arrendamiento Temporal a través de la Corporación Ayuda Humanitaria,
operador del Programa, sin embargo, no han presentado la documentación necesaria
que certifique el tipo relación jurídica que tienen frente al bien sobre el cual recae la
recomendación de evacuación temporal o definitiva, ni la documentación completa
del grupo familiar que residía en el momento del evento, entre otros. Lo anterior en
observancia de lo consagrado en el artículo 69 del Decreto Municipal 2339 de 2013,
en los términos que se pasan a describir:

ARTICULO 69. REQUISITOS ESPECIALES PARA LA ASIGNACIÓN DEL
SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL.
Podrán acceder al Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal los Grupos

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Familiares que cumplan los requisitos generales consagrados en el artículo 15 y que
no estén incursos en los impedimentos del artículo 16 del presente decreto y reúnan
las siguientes condiciones:
a) Residir en una vivienda afectada por. calamidad, desastre natural o antrópico;
desalojo de la autoridad competente por estar ubicadas en zona de alto riesgo; por
intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra de interés
general, condición que se acredita con el registro en el censo de damnificados del
aludido evento por las autoridades competentes.
b) Presentar la documentación que se requiera para acreditar los requisitos exigidos
y realizar el trámite administrativo correspondiente.
c) Entregar la vivienda afectada y/o el acta de demolición, según sea el caso y
abstenerse de realizar negociaciones con particulares respecto de ella.

Además, los posibles beneficiarios deben aportar la documentación necesaria del
bien inmueble en el cual se aplicará el Subsidio de Arrendamiento Temporal, a fin de
verificar que éste cumpla los parámetros mínimos de una vivienda digna en
consideración de lo contemplado en el artículo 70 de la norma.

[…]

Los grupos familiares del sector La Playita que a la fecha han sido Notificados del
Programa del Subsidio de Arrendamiento Temporal y que no han ingresado por falta
de entrega de documentos o cumplimiento de requisitos del Decreto, son:

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De forma adicional, existen grupos familiares que pese a. ser notificados y presentar
información, no pueden ser ingresados al programa debido a que aparecen cruzados
con la propiedad o posesión de otra vivienda en el territorio nacional, con lo que no
pueden ser atendidos mediante el otorgamiento de esta subvención, que está dirigida
a personas que no cuentan en realidad con un inmueble donde residir. Los grupos
familiares del sector La Playita que a la fecha de presentación del presente cuentan
con situación de cruce son:

[…]”.

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196. Copia del Contrato Interadministrativo núm. 4600071163 de 2017 para la
realización del inventario municipal de asentamiento en zona de alto riesgo no
mitigable suscrito entre el “Municipio de Medellín – Secretaría de Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres” y la Universidad de Antioquia,
por valor de $436.002,592, con fecha de inicio 22 de agosto de 2017 y fecha de
finalización 22 de diciembre del mismo año. El inventario contratado alude a la
“consolidación de la información de los asentamientos en zonas de alto riesgo no
mitigable” por movimientos en masa e inundaciones en Medellín.

197. Copia del oficio núm. 201820015603 de 7 de marzo de 2018 105, suscrito por
la Subdirectora de Planeación Territorial y Estratégica de la Ciudad, dirigido a la
Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, que tiene por asunto:
“Documento técnico de soporte para la apelación de sentencia de acción popular
con Radicado 2013-01310 – Quebrada La Picacha”. En este oficio se indicó lo
siguiente:

“[…] El Acuerdo 046 de 2006 anterior Plan de Ordenamiento Territorial, no estableció
programas y proyectos específicos en el componente de gestión del riesgo para la
quebrada La Picacha.

Por lo tanto, la implementación de cualquier tipo de programa o proyecto de
intervención física en quebradas, mediante el desarrollo de medidas estructurales
encaminadas a la realización de acciones y obras para atender las condiciones de
riesgo existentes, debe contener como análisis previo el desarrollo de los respectivos
estudios técnicos (hidrológicos, hidráulicos y de riesgo de detalle por inundaciones y
avenidas torrenciales).

Para la quebrada La Picacha, el Acuerdo 46 de 2006 - POT, solo identificó y
caracterizó como zona de alto riesgo no recuperable o no mitigable, el sector
conocido como La Playita, de la vereda San Pablo - Corregimiento de Altavista.

[…] En consecuencia, siendo dicho Acuerdo el documento que orientaba la actuación
de la Administración, fue este Sector (La Playita) el que se priorizó para aplicar las
medidas correspondientes a la clasificación del riesgo.

Ahora bien, el Acuerdo 48 de 2014, nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, en
el componente de gestión del riesgo, tuvo como insumo base para la
identificación y clasificación de la amenaza y el riesgo por inundaciones y
avenidas torrenciales para la quebrada La Picacha, el mapa de amenaza por
avenidas torrenciales del estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la
Universidad Nacional de Colombia del año 2009, el cual para su formulación
tuvo en cuenta el mapa de amenaza por inundación del Plan Integral de
Ordenamiento y Manejo (PIOM) de la quebrada La Picacha.

Para la quebrada La Picacha, el Acuerdo 48 de 2014 solo identifica y caracteriza una
franja de terreno localizada sobre la margen derecha de la quebrada La Picacha
(Asentamientos La Playita y parte de La Isla, ubicados entre las carreras 106 y 107
por calle 31AA) de la vereda San Pablo, como una zona de alto riesgo no mitigable
por avenidas torrenciales, dado que en esta faja de terreno se han presentado

105 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folio 723 a 733 y 809 a 819 del cuaderno 2.

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fenómenos recurrentes de inundaciones por desbordamiento, que han afectado la
infraestructura de estos sectores […]-

Las áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas, clasificadas de amenaza alta por
avenidas torrenciales en la quebrada La Picacha, fueron caracterizadas desde
el riesgo como zonas con condiciones de riesgo, teniendo en cuenta lo estipulado
en el artículo 12 del Decreto Nacional 1807 de 2014, sobre la Delimitación y
zonificación de las áreas con condición de riesgo.

Para precisar la categoría o nivel de riesgo en las áreas identificadas y clasificadas
como zonas con condición de riesgo del Acuerdo 48 de 2014 y cuáles áreas o
sectores al interior de estas se pueden categorizar o clasificar como zonas de alto
riesgo mitigables o no mitigables, se requiere de la ejecución de los respectivos
estudios de riesgo de detalle por inundaciones y avenidas torrenciales, con el fin de
determinar o precisar las medidas estructurales y no estructurales para su adecuado
manejo y mitigación. Las áreas que este tipo de estudios clasifique.
como zonas de alto riesgo no mitigables deben ser objeto de reasentamiento, para lo
cual se deberá priorizar éste.

Las áreas actualmente identificadas y clasificadas como zonas con condiciones de
riesgo por avenidas torrenciales para la quebrada La Picacha se localiza sobre ambas
márgenes, entre las carreras 89E y 110 por calles 30 y 31. […]

El desarrollo de los estudios de riesgo de detalle para las áreas clasificadas como
zonas con condiciones de riesgo, se encuentran enmarcados en los Programas y
Proyectos relacionados con la Gestión del Riesgo del Acuerdo 48 de 2014, los cuales
se deben realizar de forma progresiva durante la vigencia del corto plazo del POT
(2014- 2019).

Para el caso en particular de la quebrada La Picacha el POT priorizó con un nivel
u orden 5 la ejecución de dichos estudios para las áreas clasificadas con
condiciones de riesgo, para los sectores aledaños a la quebrada La Picacha en
las siguientes veredas o barrios: Vereda San Pablo y Vereda Aguas Frías, Área
de Expansión El Noral y el barrio Las Violetas, tal como se observa en la Tabla
1.

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Aunque todavía no se han realizado los estudios de riesgo de detalle por inundación
y avenidas torrenciales para las zonas con condiciones de riesgo identificadas y
clasificadas en el POT para la quebrada La Picacha, que permitan categorizar el nivel
de riesgo en bajo, medio y alto y si este último es mitigable o no, es necesario hacer
hincapié en que más allá de las proyecciones y las presunciones respecto al tema,
son los estudios técnicos los que permiten determinar con certeza cuáles son las
medidas y actuaciones que deben aplicarse en dichas zonas y cómo deben llevarse
a cabo”.

[…]

2. Sobre la diferencia entre los retiros de quebrada y las zonas de amenaza
alta y/o riesgo por inundación:

En cuanto al tema relacionado con las viviendas construidas irregularmente en las
fajas de retiro de la quebrada La Picacha, se encuentra que los Acuerdos 46 de 2006
y 48 de 2014, este último actualmente vigente, clasifican los retiros a quebradas como
suelos de protección, por consiguiente estas áreas no se pueden edificar ya que su
fin es la protección, el control ambiental y el de constituirse como como faja de
seguridad ante amenazas hídricas.

No obstante, las fajas de retiro de quebradas no necesariamente corresponden a
zonas de amenaza alta y/o riesgo por inundación. Es decir, estas son figuras técnica
y jurídicamente diferentes.

El análisis geomorfológico empleado para la clasificación de la amenaza por
inundación y avenidas torrenciales en el Acuerdo 48 de 2014, permitió precisar que
estas áreas o manchas de inundación por lo general son menores que las fajas de
retiro establecidas en el POT.

Como ya se explicó, la determinación de las manchas de inundación comporta un
procedimiento complejo que incluye llevar a cabo un estudio técnico de detalle
altamente especializado, que es el que señalará cuáles son esas áreas problemáticas
en relación al riesgo por inundación y avenidas torrenciales, en qué grado son
problemáticas y cuáles medidas debe adoptarse frente a ellas.

El artículo 548 del Acuerdo 48 de 2014 - POT en relación con los estudios de riesgo
de detalle en las áreas clasificadas como zonas con condiciones de riesgo, precisa
que los instrumentos de planificación de tercer nivel (Planes Parciales, Planes de
Legalización y Regularización Urbanística, Planes Maestros, Unidades de
Planificación Rural, y los Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio -
PEMP-), serán los encargados de la realización de estudios de riesgo de detalle.

Los estudios de riesgo de detalle en los instrumentos de planificación de tercer nivel
deben ser desarrollados por el formulador de éstos, bien sea la administración
municipal o de iniciativa privada.

Una vez realizados los estudios de riesgo de detalle para las zonas con condiciones
de riesgo, las áreas que este tipo de estudios determinen como zonas de alto riesgo
no mitigables, deben ser incorporadas en programas de reasentamiento,
determinando su nivel de prioridad.

La clasificación del riesgo del Acuerdo 48 de 2014 no tiene identificada y
caracterizada ninguna área como de riesgo medio, esta categoría se podría presentar

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una vez se realicen los estudios de riesgo de detalle para las zonas clasificadas como
con condiciones de riesgo identificadas en la quebrada La Picacha.

3. Sobre la implementación de los proyectos incluidos en el Plan Integral de
Ordenamiento de la Microcuenca (PIOM) de la quebrada La Picacha.

En relación con la implementación de los proyectos incluidos en el Plan Integral de
Ordenamiento de la Microcuenca (PIOM) de la quebrada La Picacha, desde el
componente de gestión del riesgo, se usó como insumo base para la elaboración
de los mapas de amenaza y riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo
48 de 2014), los mapas de amenaza por inundación de los Planes Integrales de
Ordenamiento y Manejo (PIOM) y los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental
de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) existentes para las principales cuencas
del Municipio, entre los cuales se tuvo en cuenta el mapa de amenaza de la
quebrada La Picacha.

Sin embargo, aunque se hubieren usado como insumo base para la elaboración
de los mapas, se insiste en que son los estudios de riesgo de detalle, los que
realmente concretan la clasificación de las zonas en cuanto al riesgo por
inundaciones y avenidas torrenciales.

Es decir, para dichos efectos, los PIOM y los POMCA no son vinculantes en
tanto corresponden a instrumentos de planificación que sirven como guías de
los proyectos que deberían adelantarse sobre los recursos hídricos, pero no
llevan inmersa una orden de ejecución.

4. Sobre la orden de orden de disponer y adelantar la evacuación de las
viviendas e infraestructura en general en situación de riesgo, y su
correspondiente reubicación:

El Acuerdo 48 de 2014 solo identifica y caracteriza como zona de alto riesgo no
mitigable, una sola área de terreno localizada sobre la margen derecha de la
quebrada la Picacha, entre las carreras 106 y 107 por calle 31AA, área esta
conocida como La Playita.

Si bien el Acuerdo 48 de 2014 POT clasifica como zona de alto riesgo no mitigable
el sector La Playita y prioriza su reasentamiento. Ver tabla 2 anexa; es competencia
del DARD en las evaluaciones de situaciones de riesgo que realiza, determinar qué
sectores o áreas del municipio de Medellín deben ser objeto de evacuación definitiva
como medida preventiva, y sus habitantes deben ser incluidos en un programa de
reasentamiento.

Para el caso de las familias que fueron notificadas con evacuación definitiva en los
sectores La Isla y Guanteros por situación de riesgo, consideramos que estas también
deben ser incorporadas en un proyecto de reasentamiento.

Tabla 2. Priorización para el reasentamiento en zonas de alto riesgo no
mitigables por inundación y avenidas torrenciales.

(Destacado fuera del texto original).

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198. Copia del informe con fecha 11 de junio de 2021106 del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín, suscrito por Elkin Darío Villada en calidad de
Subdirector Poblacional del Instituto, en el que se anota lo siguiente:

“[…] Dados los acontecimientos ocurridos en el año 2011, en el sector de la
Playita, debido las inundaciones generadas por la quebrada la Picacha, se
recomendó por parte de la Secretaría del Medio Ambiente SIMPAD de esa época,
ahora DAGRD, a través de Fichas Técnicas remitidas al ISVIMED la evacuación
definitiva de las familias por estar en la zona de retiro hidrológico de la quebrada
y de alto riesgo no recuperable, por lo cual el Instituto a través del proyecto de
arrendamiento temporal ha venido atendiendo a las familias que
voluntariamente han aceptado recibir este beneficio, se asumió el
reasentamiento por desastre en el sector con el objeto de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, promoviendo el desarrollo
humano integral y sostenible por medio de acciones de reordenamiento urbano y
mejoramiento de las condiciones ambientales, socioculturales y económicas.

De acuerdo a lo anterior y con el fin de identificar la población objeto de
intervención, el ISVIMED, en el año 2013 realizó la encuesta socioeconómica a
la población ubicada en el sector la playita, que dio como resultado los números
de viviendas, hogares y las personas impactadas directamente por el
“Reasentamiento del sector la Playita, quebrada la Picacha” los cuales se
atenderían previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Encontrarse incluidos
en la ficha técnica del SIMPAD No 422496,42497, 42474 de 2011 y la ficha técnica
del DAGRD No 49578 de 2013 dentro de los grupos familiares con calidad de
poseedores. 2. Encontrarse incluidos en el censo poblacional realizado por el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED.

3. Cumplir con los requisitos exigidos por el decreto 2339 de 2013 para la población
reasentada en razón de zonas de desastres o zonas de riesgos no recuperables […]”
(Destacado fuera de texto).

198.1. Refiere que con ocasión de la medida cautelar decretada por el Juzgado
Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín, en el presente asunto, según la cual
se ordenó al municipio: “[…] disponer y adelantar la evacuación de las viviendas e
infraestructura en general en situación de alto riesgo y su correspondiente
reubicación, así como todas medidas que considere indispensables en coordinación
con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo del ente territorial, a fin
de conjurar de manera efectiva el inminente peligro que amenaza los moradores de
las zonas catalogadas en alto y mediano riesgo. Esta actividad deberá ser
desarrollada en un término no superior a un (1) mes, contados a partir de la
notificación de la presente providencia. Ello de conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 20 del artículo 25 de la Ley 472 de 1998”, por lo anterior, el Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED continua con las acciones tendientes

106 Cfr. Índice 164 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia. Documento

denominado: 32_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_INFORMESOCIALACCIO(.PDF)
NroActua 164.

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al reasentamiento del sector la Playita, Quebrada la Picacha Corregimiento
AltaVista-vereda aguas frías […]”.

“[…] El Instituto definió una línea base de hogares (Resolución 642 de 2014) la
cual contemplo ciento seis (106) hogares inicialmente censados y se inició el
proceso de atención de estos a través de la ruta de riesgo institucional, es decir,
se realizó la verificación de la remisión de los hogares por parte del ente competente,
la revisión del cumplimiento de requisitos y se procedió con la oferta institucional
iniciando con la oferta del subsidio municipal de arrendamiento temporal y luego
ofertando vivienda definitiva a algunos hogares partiendo de la disponibilidad
presupuestal y priorizando hogares de acuerdo a sus características específicas.

A la fecha, los hogares de la línea base que cuentan con vivienda definitiva son
treinta y uno (31), veinticinco (25) hogares se encuentran siendo beneficiados
del subsidio de arrendamiento temporal y el resto permanecen en territorio a la
espera de la solución habitacional; es importante indicar que a los hogares que
aún se encuentran en el territorio y que no han acatado la recomendación de
evacuación definitiva que busca salvaguardar sus vidas y las de sus familiares,
se les ha realizado notificación de ingreso al proyecto de arrendamiento
temporal en trece (13) oportunidades contadas desde la primera remisión; cabe
aclarar además, que todas las notificaciones se han realizado teniendo presente el
cumplimiento del Decreto 2339 de 2013, esto atendiendo la posición institucional que
se tiene frente al fallo, la cual fue consultada por la Subdirección Poblacional en aras
de tener claridad frente a la atención mediante el memorando 500-356 del 27 de
agosto de 2019 (se adjunta) y el cual fue respondido mediante el memorando 600-
355 del 30 de Septiembre de 2019 (se adjunta), este deja las claridades para la
atención en el marco del Decreto […]” (Destacado fuera del texto original).

198.2. En el oficio también se informa acerca de las actividades que se han
desarrollado por parte del Instituto con el propósito de acompañar a la población
con miras a generar confianza en la decisión de evacuar el territorio de riesgo y den
el paso hacia una vivienda digna mientras se les brinda una solución de vivienda
definitiva, así:

“Es importante indicar que en el marco del acompañamiento social que se ha
realizado a esta población se ejecutaron talleres imaginarios para el diseño del
proyecto habitacional y se entregó como insumo al contratista de estudio y diseños;
posteriormente, el 14 de septiembre de 2018 en la casa de la lectura infantil de
Comfenalco La Playa, se realizó la socialización de diseño definitivo del proyecto
habitacional la Playita, proyecto de vivienda que se encuentra destinado para esta
población y que estará ubicado en la comuna 16- barrio Belén.

El objetivo de esta socialización, así como de las reiteradas notificaciones para
el ingreso al proyecto de arrendamiento temporal, ha sido el de motivar los
hogares para que evacuen el territorio catalogado en riesgo y pasen a vivir a
una vivienda segura mientras se brinda la solución definitiva de vivienda; sin
embargo, estos hogares manifiestan de manera reiterativa que no abandonaran
sus viviendas hasta una vez se les brinde la vivienda definitiva, esto debido a
que desconfían de la institucionalidad y temen quedar sin vivienda una vez
demuelan las que se encuentran en riesgo.

El ejercicio de generar confianza entre los moradores del sector la Playita ha sido una
tarea lenta y ardua dados los inconvenientes para dar cumplimiento por parte del
Instituto a la ejecución y entrega del proyecto habitacional, máxime cuando se les
indicó que estaría listo finalizando el 2017, luego el 2018 y por último el segundo

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semestre del 2019. A la fecha este proyecto se encuentra en la etapa de ejecución, y
se tiene prevista fecha de entrega para el año 2022.

Se da cuenta sobre otras acciones adelantadas con el objeto de dar
cumplimiento a las órdenes de la sentencia de primera instancia, en la que se
indicó que la orden de reasentamiento definitivo no solo es para los hogares
ubicados en el sector “La Playita” sino que es una medida que a favor de toda
la población asentada en zonas de alto riesgo en la zona de influencia de la
quebrada La Picacha:

“[…] El acompañamiento social realizado a esta población, no ha estado solo
enfocado en la presencialidad en el territorio, desde el Instituto también (durante el
2018-2019) se participó en las mesas sociales lideradas desde la Secretaría
General, más específicamente Subsecretaria de Defensa de lo Público, mesa
donde se generaron diferentes articulaciones con las demás entidades
relacionadas en la acción popular y donde se adelantaron acciones en pro del
bienestar de estos hogares, dentro de estas acciones conjuntas podemos
encontrar una feria de servicios realizada el 01 de diciembre de 2018, donde se
llevó al territorio toda la oferta institucional, buscando no solo hacer presencia con lo
ordenado por el fallo, sino generar confianza en la institucionalidad.

En el marco de estas mesas, también se analizaban las acciones a llevar a cabo para
el cumplimiento del fallo, es por ello, que en 2019 se llevó a cabo de manera
conjunta con el DAGRD, La Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos, Planeación Municipal y como aliado la Universidad EAFIT, la
elaboración del plan para cumplir lo ordenado en el fallo de primera instancia
de 2017 donde se indicó que no solo el reasentamiento definitivo era para los
hogares del sector “La Playita”, sino para todo los sectores de influencia a la
quebrada “La Picacha” que se encontraran en zona de alto riesgo, es por ello,
que se realizó un estudio de detalle por parte de Planeación Municipal con la
Universidad EAFIT, a fin de identificar cuáles eran estos sectores y/o viviendas
que también se encuentran en riesgo para iniciar la ruta de atención, una vez
identificados se realizó por parte de los profesionales sociales del Instituto el
apoyo al DAGRD y La Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos para con la caracterización de los hogares que habitan esas viviendas
en riesgo y así poder conocer sus condiciones. Del resultado de estas
caracterizaciones, se tienen remitidos al ISVIMED para iniciar ruta de atención de los
ciento ochenta y ocho (188) hogares; sin embargo, aún no se ha iniciado la atención
dado que es necesario tener claridades frente al recurso interpuesto por parte
del ISVIMED. A continuación, se relaciona los hogares identificados en el marco de
la Acción Popular: En la resolución 0000642 del 29 de abril de 2014, se identificaron
106 hogares para la atención, los cuales a la fecha se encuentran en el siguiente
estado:

Asimismo, se indica que de los 26 hogares con clasificación “beneficiarios del subsidio
de arrendamiento temporal y posterior subsidio de vivienda definitiva”, no han tenido

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la voluntad de ingresar al proyecto, dado que, no fue posible su participación a pesar
de las distintas notificaciones que les fueron enviadas a veinte hogares -en el año
2018-. Precisa que seis hogares no fue posible encontrarlos. Además, refiere que a
dos de estos hogares se les realizó notificación para la postulación al subsidio
municipal de vivienda en la modalidad de vivienda usada vigencia 2018.

Llama la atención que, en el documento se alude que, de un lado, de los 26 hogares
con subsidio de vivienda temporal, uno fue excluido por incumplimiento de los
requisitos dado que se evidenció que el beneficiario no habitaba la vivienda respecto
de la cual recibía el subsidio. Y, por el otro, se indica que 2 hogares se les entregó
vivienda uno en la modalidad de usada y otro en la modalidad de vivienda nueva en
el proyecto Mirador de la Cascada.

Señala que 26 hogares se encuentran en el territorio con recomendación de
evacuación y aporta la lista de los mismos.

Asimismo, llama la atención -porque no es congruente con lo anotado previamente-
refiere que en el año 2018 se priorizó presupuesto para solución definitiva de vivienda
en la modalidad de vivienda usada para ocho (8) hogares de la Playita, de los cuales
dos (2) aún se encuentran en el territorio y ya fueron notificados para que inicien el
proceso de búsqueda de vivienda, (6) seis fueron seleccionados de los hogares que
se encuentran activos en el proyecto de arrendamiento temporal y cinco (5) fueron
notificados para “búsqueda de vivienda definitiva en la modalidad de vivienda usada”.

Un (1) hogar se encuentra pendiente de priorización y notificación.

En relación con los hogares con solución definitiva de vivienda indicó:

“De los hogares adoptados en la línea base- resolución 0000642 de 2014, 29 ya
cuentan con la solución definitiva de vivienda, 15 en la modalidad de vivienda usada
y 16 en la modalidad de vivienda nueva”.

En lo relativo a los hogares notificados con cruce, señaló que tres (3) no cumplen
requisitos para acceder al subsidio de vivienda en la modalidad de arrendamiento
temporal y en vivienda definitiva, toda vez que los mismos ya cuentan con una
propiedad, incurriendo así en los impedimentos señalados en el artículo 16 del
decreto 2339 de 2013.

Hogares con la calidad de meros tenedores: indica que 9 de los hogares en la
resolución, estaban en el territorio en calidad de arrendatarios, es decir, no cumplen
los requisitos para ser atendidos.

Hogares que no cumplen requisitos: señala que 11 hogares no cumplen diferentes
requisitos para acceder al subsidio, dado que fueron remitidos como integrantes de
otros grupos familiares, no habitaban el territorio al momento de la evacuación y
tienen las viviendas arrendadas, no acreditaron tenencia o adquirieron el inmueble
luego del evento que recomendó la evacuación. Precisa que a estos hogares se les
notificó respecto del incumplimiento, pero se desconoce si aún habitan en el territorio
con recomendación de evacuación.

Hogares que han sido remitidos con la categoría La Playita, pero que no se
encuentran en la resolución: fueron identificados 17 hogares, de los cuales 6 fueron
notificados para ingresar al proyecto, 1 presenta cruce, 8 con impedimento para su
ingreso y 2 con contrato cancelado debido al incumplimiento de requisitos del
proyecto.

La Personería de Medellín acompañó la notificación de los hogares que se encuentran
aún en el territorio.

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El Instituto plantea la existencia de la oferta institucional con propuestas a corto,
mediano y largo plazo a las familias, quienes tendrán la plena libertad de hacer la
elección de la alternativa que más se acomode a sus intereses, así:
1. Identificación de Oferta: mayo 30 de 2021
Oferta a Corto y mediano Plazo Modalidad vivienda nueva: - Proyecto Playita (Belén
Rincón) - Cupos disponibles: 92 - Valor máximo de 150 SMMLV - Tiempo de
entrega aproximado: junio de 2022
• Aporte económico por parte de la familia:60 SMMLV - Proyecto Tierra Paraíso
(San Javier – Eduardo Santos) - Cupos disponibles: 56 - Valor máximo de 90
SMMLV - Tiempo de entrega aproximado: febrero de 2022 - Aporte económico por
parte de la familia: 0

Modalidad vivienda usada:
• Cupos disponibles: Por demanda
• Valor máximo de 90 SMMLV
• Tiempo de entrega aproximado: diciembre 2021
• Aporte económico por parte de la familia:0

2. Identificación de la Población: mayo 30 de 2021
Revisión resolución 642 del 29 de abril de 2014.
Revisión hogares en arrendamiento temporal.

4. Recolección de documentos para inicio de postulación al SMV – Julio de 2021 Con
el apoyo del profesional asignado para acompañamiento social, se iniciará con la
organización de la documentación y creación de los expedientes de acuerdo a la
modalidad escogida por los hogares, además se solicitará a esté, informe semanal de
seguimiento.
5. Luego de realizada la notificación de la nueva oferta que ofrece el Instituto a los
hogares, este es el resultado de dichas notificaciones:

(Destacado fuera del texto original)

198.3. En el oficio se reconoce un pendiente importante: determinar la atención de
188 hogares “remitidos como nuevos en el marco de la acción popular”.

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199. Copia de las Resoluciones núm. 000932 de 5 de noviembre de 2021, “por
medio de la cual se asigna subsidio municipal en dinero a un hogar perteneciente a
la población afectada por desastre en el barrio La Playita de la Comuna 70 para
adquisición de vivienda usada y se reconoce el valor del inmueble que resultó
afectado y se incorpora como aporte del hogar beneficio no restituible en dinero”.
Se asigna a Luis Norberto Moncada Quirós, en calidad de propietaria reasentado
por colapso de vivienda, lo que originó orden de evacuación definitiva.

200. Copia de la Resolución núm. 00000059 de 10 de febrero de 2022, “por medio
de la cual se asigna subsidio municipal en dinero a un hogar perteneciente a la
población afectada por desastre en el barrio La Playita de la Comuna 70 para
adquisición de vivienda usada y se reconoce el valor del inmueble que resultó
afectado y se incorpora como aporte del hogar beneficio no restituible en dinero”.
Se asigna a Adriana María Velásquez Rueda, en calidad de propietaria reasentado
como consecuencia de calamidad por inundación, lo que originó la evacuación
definitiva de la vivienda.

201. Copia de la Resolución núm. 00000225 de 20 de mayo de 2022, “por medio
de la cual se asigna subsidio municipal en dinero a un hogar – población sujeta de
reasentamiento por habitar zonas de alto riesgo no mitigable o afectados por
desastre natural, antropogénico o por calamidad, en el barrio aguas frías, Comuna
70 Altavista, para adquisición de Vivienda Usada, se reconoce el valor de la mejora
que resultó afectada y se incorpora como aporte del hogar no restituible en dinero”.
Se asigna a Martha Cecilia Beltrán, en calidad de propietaria reasentada como
consecuencia de “inundación”, lo que originó orden de evacuación definitiva.

202. Copia de la Resolución núm. 00000226 de 20 de mayo de 2022, “por medio
de la cual se asigna subsidio municipal en dinero a un hogar – población sujeta de
reasentamiento por habitar zonas de alto riesgo no mitigable o afectados por
desastre natural, antropogénico o por calamidad, en el barrio aguas frías, Comuna
70 Altavista, para adquisición de Vivienda Usada, se reconoce el valor de la mejora
que resultó afectada y se incorpora como aporte del hogar no restituible en dinero”.
Se asigna a Hernán Darío Caicedo Cañas, en calidad de propietario reasentado
como consecuencia de “movimiento de masa”, lo que originó orden de evacuación
definitiva.

203. Copia de la Resolución núm. 00000227 de 20 de mayo de 2022, “por medio
de la cual se asigna subsidio municipal en dinero a un hogar – población sujeta de
reasentamiento por habitar zonas de alto riesgo no mitigable o afectados por

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desastre natural, antropogénico o por calamidad, en el barrio aguas frías, Comuna
70 Altavista, para adquisición de Vivienda Usada, se reconoce el valor de la mejora
que resultó afectada y se incorpora como aporte del hogar no restituible en dinero”.
Se asigna a Ana Sofia Cañas de Caicedo, en calidad de propietaria reasentado
como consecuencia de “movimiento de masa”, lo que originó orden de evacuación
definitiva.

204. Copia de las resoluciones números 543, 556, 550, 551, 544, 547, 548, 542,
538, 549, 651, 540, 553, 559, 55, 545, 539, 695, 546, 554, 541, 552, 830, 831, 832,
833, 834, 835, 836, 837, 838, de 2022 por medio de las cuales se asigna subsidio
municipal de vivienda nueva en dinero a población sujeta de reasentamiento por
habitar en zonas de alto riesgo no mitigable o afectadas por desastre natural,
antropogénico, o por calamidad para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto
habitacional Tierra Paraíso.

205. Copia de las resoluciones números 461, 463, 469 de 2021 por medio de las
cuales se asigna subsidio municipal de vivienda en dinero para la adquisición de
vivienda usada de reposición.

206. Copia del oficio de 18 de febrero de 2022, del Distrito de Medellín dirigido al
Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud del cual responde el exhorto respecto
de la siguiente pregunta: “[…] ¿Cuántas familias se habían asentado en zona de
retiro hidrológico de la Quebrada La Picacha y de alto riesgo no recuperable para el
momento de la medida cautelar, o con la realización del censo –Resolución 642 de
2014- y cuántas con exactitud hay ahora y cuáles acciones administrativas llevadas
a cabo, las evalúa como efectivas para disminuir el reasentamiento? […]”

206.1. Al respecto, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín indica que
en el año 2013 realizó una encuesta socioeconómica a la población ubicada en el
sector la Playita –debido a los acontecimientos presentados en 2011–. Con ocasión de
la encuesta determinó el número de viviendas, hogares y personas, ubicadas “al
borde de la quebrada La Picacha” para su reasentamiento. Asimismo, refiere que
en 2014 definió una línea base de los hogares a beneficiar, 106 en total, de los
cuales en su mayoría no aceptaron el subsidio temporal de arrendamiento.

“[…] En el año 2014, el Instituto definió una línea base de hogares a beneficiar
mediante la resolución N° 642 del 29 de abril de 2014, la cual contemplo ciento seis
(106) hogares censados y partir de allí se inició con el proceso de atención a través
de la ruta de riesgo, en la cual se les ofertó inicialmente el acceso al Subsidio
Municipal de Arrendamiento Temporal - SMAT, como alternativa transitoria buscando
preservar la vida de los hogares afectados, mientras se les otorgaba una solución

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definitiva de vivienda. Cabe señalar que en su mayoría los hogares no aceptaron la
oferta de arrendamiento temporal, pese a que en varias oportunidades se realizaron
jornadas de sensibilización y notificación, dando como consecuencia que actualmente
se encuentren aproximadamente un total de 29 hogares de los 106 señalados en la
resolución 642 de 2014 […]”.

206.2. Asimismo, sostuvo que de los 106 hogares censados 34 cuentan con una
solución definitiva de vivienda digna y a 23 hogares les fue asignado el Subsidio
Municipal de Arrendamiento Temporal. Esta información fue presentada de la
siguiente manera:

206.3. Adicionalmente, señala que la Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos de Medellín107 en conjunto con el Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Desastre – DAGRD, efectuaron el levantamiento del censo
de la población que se encuentra asentada en el “polígono de afectación a causa
del desbordamiento de la quebrada La Picacha”.

206.4. Este censo se realizó en el segundo semestre de 2019 y tuvo como resultado
el registro de 223 estructuras caracterizadas y la elaboración de 188 fichas sociales
a viviendas con sus grupos familiares (la información detallada se encuentra en el
informe de Levantamiento Censo Poblacional Polígono de Afectación Quebrada La
Picacha).

206.5. Indicó que de conformidad con el cruce de información de los 224 lotes que
comprenden el sector de retiro de la quebrada La Picacha, delimitado por las
Comunas AltaVista (70) y Belén (16), en los barrios o veredas: Aguas Frías, Las
Violetas y San Pablo, envió al corregidor de Altavista las infracciones urbanísticas
del sector, ocurridas en el periodo 2019 a 2021 para la imposición de las sanciones
pertinentes.

206.6. En el informe el Instituto señala que las acciones administrativas que ha
llevado a cabo para prevenir nuevos asentamientos son:

107 Indica que la Secretaria es una dependencia del nivel central que tiene como responsabilidad ser la instancia

municipal a partir de la cual se lidera la formulación, articulación, coordinación e implementación de estrategias
y políticas sociales, tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de los
diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento de la calidad de vida.

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“[…] A. Solicitud de actas de demolición de los hogares que ingresaron a
arrendamiento temporal, a fin de garantizar que dichos hogares no retornen o
realicen algún tipo de negociación frente a estos inmuebles. B. Ofrecimiento
del beneficio del Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal para los
hogares señalados en la resolución 642 de 2014. C. La oferta de solución
definitiva de vivienda en las modalidades nuevas y usada acogida por un total
de 78 hogares con aceptación de oferta”.

206.7. A su vez, refiere que, la Subsecretaría tiene identificado el sector de retiro de
la quebrada mediante el monitoreo de drones y recopila información con actividades
de banqueos, deforestación, excavación, infracciones urbanísticas material
particulado y usos del suelo. Del mismo modo, refiere que realiza campañas de
sensibilización, así como los reportes de comportamientos contrarios a la integridad
urbanística.

206.8. Señala que la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de
Medellín, a través del componente “CONSTRUYE BIEN”, viene brindando apoyo a
la autoridad policial, en relación a la remoción y demolición de las obras que se
ejecutan con los actos de ocupación de manera ilegal, con el fin de restablecer el
orden urbanístico. Asimismo, indica la relación de las remociones realizadas en la
extensión de la quebrada La Picacha de la siguiente manera:

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206.9. Afirma que el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín i) ha ofertado
soluciones definitivas de vivienda en modalidades nuevas y usadas; ii) que la oferta
fue acogida por un total de 78 hogares, por lo que se aportaron 34 actas de entrega
y 44 resoluciones de asignación del Subsidio Municipal.

206.10. Ahora, en lo que atañe a los hogares que no cumplieron con los
requisitos señalados en el Decreto 2339 de 2013 derogado por el Decreto 1053 de
2020, señala que les ha ofrecido otras soluciones habitacionales, con el fin de
cumplir lo ordenado en el fallo.

206.11. Así, refiere que, del censo de los 106 hogares, a 34 se les asignó
solución definitiva de vivienda y a 24108 se les asignó subsidio municipal de
arrendamiento temporal. Además, indica que, en octubre de 2021, realizó la
asignación del subsidio municipal de vivienda a 44 hogares de los cuales 23 se
encuentran en territorio y 21 son beneficiarios del SMAT.

206.12. En cuanto a la atención y caracterización de las 188 viviendas
identificadas en el sector de riesgo aledaño a la quebrada La Picacha manifestaron
que “[…] el presupuesto del Isvimed para la vigencia 2022, fue planeado y aprobado
en el mes de diciembre del año 2021, mediante resolución N° 1015 de 2021, lo que
significa, que en tanto el Auto del Consejo de Estado de 3 de diciembre de 2021, el
cual ordenó, en efecto devolutivo atender las 188 hogares, no podía ser incluido de

108 Aunque en el cuadro se señala que fueron 23 los hogares beneficiarios de arrendamiento temporal.

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manera inmediata a dicho presupuesto, sin embargo, desde el Instituto se están
analizando las diferentes alternativas y soluciones para la gestión de recursos y por
ende, la atención a dichos hogares de acuerdo a los parámetros legales […]”.

206.13. A la pregunta “¿Por qué hasta el momento no se han realizado obras
en toda la extensión de la quebrada, para evitar una inundación o una catástrofe?”,
la Secretaría de Medio Ambiente respondió que:

“[…] [E]l cauce principal de la ‘microcuenca La Picacha’, es la quebrada La Picacha
la cual tiene 12350 metros de longitud, equivalente a aproximadamente 155
manzanas medidas longitudinalmente (asumiendo manzanas de 80 metros de
largo). Esta considerable longitud, obliga realizar intervenciones en su cauce hídrico,
por tramos, de acuerdo a la prioridad de necesidad de atención, así como de acuerdo
procesos previos tales como adquisición de predios, permisos ambientales, y a la
posibilidad de lograr disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta que en el
Municipio de Medellín se tiene una extensión de aproximadamente 2 millones de
metros de quebradas, que también requieren atención e intervenciones. La Secretaría
de Medio Ambiente del Municipio de Medellín, ha adelantado una serie de acciones
e intervenciones a lo largo de la quebrada La Picacha, ejecutando acciones desde su
nacimiento hasta su confluencia con el río Aburrá – Medellín”.

207. Copia de la respuesta de 22 de febrero de 2022 del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín al exhorto realizado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. En el escrito se indicaron las obras ejecutadas en la
extensión de la quebrada La Picacha, así como las acciones de mitigación y
reducción del riesgo. La Sala destaca del escrito lo siguiente:

207.1. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito ha ejecutado, en las vigencias
2013-2021, intervenciones en 66 puntos localizados a lo largo de la quebrada La
Picacha, intervenciones que identifica y caracteriza de la siguiente manera:

207.2. Señala que, desde la vigencia de 2018, el Distrito de Medellín viene
ejecutando la Etapa I de las obras en el tramo comprendido entre la Carrera 88 a la
83 con calle 31 C que corresponden a los sub-tramos 20 a 17 definidos en los
diseños, en una longitud de aproximadamente 850 ml. Que las obras han
representado una inversión aproximada de $24.233.164.829, incluyendo las
acciones de mantenimiento periódico y las inversiones en dos puntos de la zona
rural, en el sector de Aguas Frías y Las Margaritas.

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207.3. Indicaron que en la zona rural del cauce de la quebrada La Picacha ubicada
en el sector de la Comuna 70, corregimiento de Altavista fueron dos los puntos de
intervención para dar solución hidrológica, hidráulica, geotécnica y estructural a las
problemáticas allí presentadas, estos puntos corresponden a: i) La “calle 31f con
carrera 102”, sector San Pablo – Construcción de 57 ml de muro de protección,
siembra y mantenimiento de 157 árboles y adecuación de 22 ml de Jarillón; y ii)
“Box-culvert Aguas Frías (PTAP EPM)” – Construcción de canal, controlando la
erosión y dando solución a la insuficiencia hidráulica del sector.

207.4. Expuso los contratos celebrados por los que se ejecutaron las obras en la
extensión de la quebrada La Picacha, así:

i) Contratos EDU-CARRERA 88 hacia Carrera 83 - Zona Urbana-TRAMOS 17-
18-19-20- LONGITUD 789 metros- 3 Pasos Peatonales: Construcción de un
canal escalonado en forma de “u” en el sector Las Violetas, de pasos peatonales
entre la Carrera 88 y 83 y de 216 metros lineales de estructura, finalizada en
octubre de 2020

ii) Convenio de asociación No. 4600076515 de 2018 para la realización de
análisis y resultados de la para la zonificación detallada de amenazas,
vulnerabilidad y riesgo de las áreas catalogadas dentro del Acuerdo 048 de 2014
como zonas con condición de riesgo, localizadas en la comuna 16 -
corregimiento de Altavista, específicamente en la quebrada La Picacha.
Conforme a estos estudios elaborados, se definieron las intervenciones para ser
ejecutadas en la Quebrada La Picacha, Sector San Pablo-Guanteros.

207.5. Finalmente resaltó las acciones de mantenimiento a través de actividades de
limpieza, remoción de sedimentos, acomodación de rocas en el cauce y acciones
con maquinaria para garantizar la capacidad hidráulica de las estructuras
intervenidas, estas mismas se llevaron a cabo en las direcciones: i) Cr 64B x Cl 38

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y 39; ii) Cl 32F x Diag. 74B - Sector Puente de Bulerías; iii) Cl 31DA x Cr 89; y iv) Cl
32F x Diag. 74B.

(antes)

(después)

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208. De conformidad con lo anterior, la Sala pasará a analizar cada uno de los
puntos propuestos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín en su
recurso de apelación.

Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

209. El Instituto manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia
por cuanto el a quo declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva sin explicar los argumentos por los cuales adoptó esta decisión.

210. Al respecto, la Sala observa que, en efecto, el Tribunal Administrativo de
Antioquia en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por
el Instituto. No obstante, aunque la parte considerativa no tiene una mención
expresa sobre esta determinación, es claro para la Sala que el a quo descartó la
excepción comoquiera que en el asunto encontró probado que la situación
relacionada con la quebrada La Picacha, entre sus distintos componentes, alude al
riesgo de la población que habita en las viviendas adyacentes a la quebrada La
Picacha y consideró que al Instituto le asisten competencias en materia habitacional,
lo que implica que a esta entidad le asiste legitimación en el presente caso.

211. Sobre el particular, el Tribunal en el análisis relativo a la afectación del
derecho colectivo y la acción u omisión de las entidades, señaló específicamente

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respecto del Instituto que en la contestación de la demanda expresó: “[…] [haber]
intervenido únicamente el sector de la Playita, quedándose sin otorgar solución a la
demás población en zona de riesgo y oponiendo la ausencia de cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013, como razón suficiente para no
atender a la población vulnerable […]”.

212. En este contexto, en la decisión de primera instancia se le ordenó al Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín otorgar “[…] solución habitacional a las
personas que se encuentran en situación de riesgo inminente ubicadas en cercanía
de la quebrada La Picacha y que requieren ser reubicadas de forma perentoria, en
tanto su vida se encuentra en peligro […]”.

213. La Sala considera que le asiste razón al Tribunal al no declarar probada la
excepción en mención, comoquiera que, de conformidad con las competencias
asignadas al Instituto, resulta evidente la necesidad de su comparecencia en este
asunto y por ende de su legitimación de cara a la superación de la vulneración de
los derechos e intereses colectivos. Para ello, sea preciso señalar que, el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín109 es un establecimiento público, con
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y
financiera, de conformidad con el Decreto 883 de 2015110, que tiene por objeto
“[g]erenciar políticas y programas de vivienda y hábitat, conduciendo a la solución
de las necesidades habitacionales, especialmente de los asentamientos
humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad,
involucrando actores públicos, privados y comunitarios en la gestión y ejecución
de proyectos de construcción de vivienda, titulación y legalización,
mejoramiento de vivienda, mejoramiento de entorno, reasentamiento,
acompañamiento social, gestión urbana e inmobiliaria, relacionadas con la vivienda
y el hábitat en el contexto urbano y rural"111 (Destacado fuera de texto).

214. Según lo dispuesto en el artículo 311 del Decreto en mención, el Instituto
tiene como funciones –principalmente–: i) gerenciar y/o impulsar directamente o
indirectamente el desarrollo de políticas, planes y programas relacionados con su
objeto; ii) desarrollar todas las actividades relacionadas con la planeación
estratégica e implementación, seguimiento y monitoreo del plan habitacional; iii)

109 El Acuerdo Municipal 052 de 6 de diciembre de 2008, transformó el Fondo de Vivienda de Interés Social del

Municipio de Medellín -FOVIMED-, por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED-.
110 Modificó parcialmente el Acuerdo 52 de 2008.

Decreto núm. 883 de 3 de junio de 2015 de la Alcaldía de Medellín “[…] Por el cual se adecúa la estructura de
la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y entidades
descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones […]”.
111 Artículo 310 del Decreto 883 de 3 de junio de 2015.

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prestar cooperación y asistencia en materias de políticas públicas en vivienda y
hábitat a entidades municipales, regionales y nacionales; iv) celebrar contratos,
convenios, acuerdos de cooperación, permutas, comodatos, leasing o
arrendamientos necesarios para desarrollar su objeto; v) promover mecanismos de
asequibilidad que faciliten el acceso a los programas de vivienda y hábitat, entre
otros.

215. La Resolución núm. 533 de 29 de agosto de 2022, “[p]or la cual se ajusta la
estructura Orgánica del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED
y se establecen las funciones generales de sus dependencias” establece en su
artículo 1.° que su estructura organizacional está conformada por siete
dependencias así: 1. Dirección General, 2. Oficina de Control Interno, 3.
Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat, 4. Subdirección poblacional, 5.
Subdirección Jurídica, 6. Subdirección Administrativa y Financiera y 7. Subdirección
de planeación.

216. El artículo 4.° de esta misma Resolución dispone sobre las funciones de la
Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat –encargada de liderar todas las
actividades para la implementación de soluciones habitacionales integrales y de interés
social en todas las líneas de acción del Instituto–. De forma específica, prevé que le
corresponde “administrar, planificar, coordinar, hacer seguimiento y control de todas
las actividades y los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos del Plan
Estratégico Institucional en el componente misional de la Entidad y aquellos de
carácter especial asignados por la Administración Central de forma que se pueda
cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los recursos presupuestados”.

217. A su vez, el artículo 6.° de la norma en cita, establece las funciones de la
Subdirección Poblacional –encargada de direccionar, coordinar y ejecutar todas las
acciones contenidas en los procesos de gestión social del hábitat relacionadas con
los programas y proyectos a cargo del Instituto–. Los numerales 4, 5 y 6 de manera
puntual, prevén las funciones de:

“[…] 4. Liderar la ejecución de los programas y proyectos asociados con la
asignación de vivienda nueva, el reasentamiento de familias, la legalización y
regularización de vivienda y la gestión inmobiliaria aplicando los principios
normativos vigentes.

5. Acompañar las organizaciones constituidas y reconocidas como entidades sin
ánimo de lucro, cuyo sistema financiero sea de economía solidaria y tengan por objeto
el desarrollo de programas de vivienda para sus asociados por sistemas de
autogestión o participación comunitaria.

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110

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6. Acompañar técnicamente la formulación de los programas y proyectos
tendientes a facilitar el acceso a los subsidios de vivienda a familias de bajos
ingresos, asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza
y vulnerabilidad o canalizar o gestionar los recursos correspondientes de
conformidad con la Ley […]”. (Destacado fuera del texto original).

218. El artículo 7.° de la Resolución núm. 533 dispone dentro de las funciones
generales de la subdirección de planeación, la de “[…] acompañar procesos de
planeación, gestión y priorización de inversión pública a partir del ejercicio de
Planeación Local y el Presupuesto Participativo, según las orientaciones del nivel
central […]”. En armonía con esta disposición, el artículo 8.°en su numeral 10 prevé
que la Subdirección Administrativa y Financiera debe “[…] preparar en coordinación
con la Oficina de Planeación y Desarrollo, el anteproyecto Anual de Presupuesto,
de acuerdo con las directrices que impartan el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Director General del
Departamento […]”.

219. El sustento normativo sobre las competencias del Instituto, así como, sus
gestiones adelantadas –que han sido informadas a lo largo del proceso– en relación
con el caso objeto de análisis, permiten a la Sala considerar que se debe confirmar
la decisión del Tribunal, en punto específico a declarar no probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por esta entidad.

Solución del caso concreto

220. Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos por el recurrente, la Sala
efectuará el análisis de los derechos e intereses colectivos vulnerados o
amenazados a la luz del caso concreto. En primer lugar, estudiará si se configura o
no la amenaza de los derechos e intereses colectivos a la seguridad pública; a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; y, al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y la seguridad pública respecto de la acción u
omisión del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín en el sub examine. En
segundo lugar, analizará si se configura o no la amenaza o vulneración del derecho
al goce a un ambiente sano.

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221. Previo a ello, resulta importante indicar que, según lo señalado por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación112, para que pueda
predicarse la vulneración o amenaza de los derechos colectivos, debe estar
demostrado su carácter real, inminente y concreto.

Sobre la vulneración por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín de los derechos e intereses colectivos a la seguridad pública, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

222. Como se anotó supra, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente es aquel que tiene por finalidad evitar desastres
y calamidades de origen natural o humano a través de la acción de las autoridades
con miras a garantizar la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos
por la Constitución.

223. Tiene un carácter preventivo respecto de los problemas que aquejan a la
comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad. En tal sentido,
está orientado a que las autoridades adopten medidas, programas y proyectos de
carácter preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de
manera efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por
desastres naturales previsibles o antrópicos.

224. El derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes comprende:
i) el respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la
propiedad113; ii) la protección del espacio público procurando adelantar cualquier
tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio
público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los derechos
ajenos y no abusar del derecho propio114; y iv) atender los procesos de cambio en
el uso del suelo, en aras del interés común, promoviendo su utilización racional en

112 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018, C.P.

William Hernández Gómez, radicación número: 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU). Jurisprudencia reiterada
por la Sección Primera, en sentencia de 25 de noviembre de 2019, radicación número: 66001-23-33-000-2014-
00322-01(AP), C.P. Oswaldo Giraldo López.
113 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
114 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.

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armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función
ecológica, buscando el desarrollo sostenible115.

225. Este derecho comprende el acatamiento de los planes de ordenamiento
territorial que sirven de guía para que el desarrollo urbano se haga de manera
ordenada, coherente, con prevalencia del interés general sobre el particular, y se
garantice la aplicación de las disposiciones político - administrativas y de
organización física contenidas en estos116. Así como el cumplimiento de los
preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción;
cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones
obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción;
existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros117.

226. Para la Sala es claro que este derecho señalado en el literal m) del artículo
4.º de la Ley 472, alude al deber de las autoridades públicas y de los particulares,
en general, de acatar plenamente las normas jurídicas que rigen la materia
urbanística y los usos del suelo. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado que la vulneración de este derecho exige la demostración del daño
o la amenaza al interés general.

227. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública implica que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal
forma que eviten a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de
contaminación o epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad
comunitaria”.

228. A su turno, el derecho a la seguridad pública atiende a la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado.

229. En el caso concreto, se analiza el riesgo que se deriva de la quebrada La
Picacha, debido a eventos catastróficos ocurridos como inundaciones y
movimientos de masa que han provocado la muerte de personas, la pérdida y/o
daños de bienes muebles e inmuebles.

115 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.
116 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.
117 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de

2007, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).

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230. Al respecto, resulta preciso señalar que la subcuenca de La Picacha está
localizada en la Cordillera Central, en la zona sur-occidental de la cuenca del Valle
de Aburrá, hacía la zona central del Distrito de Medellín, en el departamento de
Antioquia, está ubicada casi en su totalidad en el Distrito, pero abarca alguna
extensión en el corregimiento de Altavista. La quebrada es conocida en la parte rural
como Aguas Frías y en la zona urbana como La Picacha. Nace en “la divisoria de la
cuchilla el Barcino” y desemboca en el río Medellín. Tiene una superficie de 12,31
km2 y sus principales afluentes son La Canelona, La Aguadita, La Isla, Caños La
Granja y El Piskin118.

231. En el proceso quedó probado que la quebrada La Picacha presenta unas
condiciones naturales con alta probabilidad de ocurrencia de eventos torrenciales y
factores en sus pendientes y morfología de terreno, que, a su vez, la ubica en un
riesgo de moderado a alto de ocurrencia de fenómenos por movimientos en masa.
Además, presenta problemas relacionados con “[…] la disminución o remoción de
la cobertura vegetal en la microcuenca, ocupación del cauce en zonas de alto riesgo
no mitigable por avenidas torrenciales y deficiencia hidráulica a lo largo de la
canalización de la sección, manejo de vertimientos y de residuos sólidos […]”.
Asimismo, está evidenciado que la “[…] disminución o remoción de la cobertura
vegetal en la microcuenca se da por la ocupación de cauce y construcción de
viviendas, la expansión de la frontera agrícola y ganadera desde la parte media-alta
y por la actividad minera y ladrillera […]”, entre otras.

232. La quebrada La Picacha tiene unas características propias en sus distintas
zonas. De acuerdo con el Informe Final del contrato núm. 4600056418 de 2014,
celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín y GMS
3122, denominado “Elaboración de Estudios y Diseños de la Solución Hidráulica,
Estructural y Geotécnica en la quebrada La Picacha de la ciudad de Medellín”, se
identificó que en la zona Alta y Media “[…] el cauce se encuentra condicionado por
los muros de las viviendas colindantes que constituyen los primeros núcleos de
asentamientos sobre la llanura inundable de la quebrada y que vierten directamente
sus aguas domésticas […]”. Aunado a ello, presenta explotaciones de materiales y
algunas también efectúan los vertimientos a las aguas de forma directa al cauce. La
zona media, media baja de la quebrada transporta materiales que representan “[…]
un riesgo para los habitantes ribereños quienes se encuentran ubicados en las

118 Información tomada del documento denominado “Elaboración de Estudios y Diseños de la Solución
Hidráulica, Estructural y Geotécnica en la quebrada La Picacha de la ciudad de Medellín”. Informe final, tomo I.
Contrato núm. 4600056418 de 2014, celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín
y GMS 3122, con fecha de inicio 10 de febrero de 2015, folio 38.

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márgenes del cauce […]”. Además, presenta sectores en los que “[…] los taludes
se encuentran descubiertos, erosionados y con las raíces de árboles y plantaciones
expuestas […]”. La parte baja, tiene “[…] taludes [que] se encuentran descubiertos,
erosionados y con las raíces de árboles y plantaciones expuestas; esta situación
potencia el aumento de la carga de lavado hacia la corriente y por ende de los
sólidos suspendidos transportados por la quebrada […]”.

233. Este mismo informe señaló que los procesos urbanísticos y las labores
mineras desarrolladas en inmediaciones de La Picacha han sido agentes
detonadores de “[…] deslizamientos y movimientos en masa […]”, que incluso han
provocado nuevos deslizamientos en antiguas cicatrices de erosión.

234. Esta problemática de erosión de la quebrada, agravada en época invernal,
ha provocado inundaciones, con la consecuencia de la pérdida de vidas humanas y
daños o pérdidas de bienes muebles e inmuebles. De acuerdo con lo probado a
través del testimonio de Gloria Patricia Restrepo, en temporada de lluvias la “[…]
quebrada transporta un buen caudal de agua acompañado de material de tamaño
considerable como son los bloques de roca con diámetros que están por el orden
de un metro, como el cauce y las zonas de retiro están invadidas, la quebrada no
tiene donde disipar la energía con la que viene entonces inunda y afecta lo que está
asentado en estas zonas […]”.

235. A su vez, mediante la copia del Informe Técnico 38029 de la Alcaldía de
Medellín, recorrido Sector La Playita, Vereda Aguas Frías Corregimiento Altavista119,
está probado que, las crecientes súbitas de la quebrada, producidas especialmente
durante fuertes precipitaciones, favorecen el “[…] desarrollo de procesos de
remoción en masa y la intensificación de los fenómenos de socavación lateral de
orillas hacia ambas márgenes del drenaje, que obedecen a la dinámica propia de la
quebrada y que dan lugar a la migración progresiva del cauce y a la modificación
natural del paisaje […]”. Además, señala que, como estos procesos no son estáticos
y evolucionan con el tiempo, “[…] la estabilidad de las estructuras habitacionales
localizadas sobre la margen derecha de la quebrada podría resultar comprometida
con la pérdida progresiva de suelo de soporte […]”.

236. De igual modo, quedó probado120 que las familias asentadas en
inmediaciones de la quebrada La Picacha se encuentran en riesgo. Al respecto, se

119 Cfr. Documento denominado: 83_ED_38029.PDF
120 Resumen del Plan de Emergencia de la Comuna 16, elaborado por la Secretaría de Medioambiente de

Medellín.

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registraron emergencias por eventos ocurridos entre octubre y diciembre de 2011,
en la Comuna 16, en los barrios: Fátima, Las Mercedes, Las Violetas y Los Alpes.
Y, en el Corregimiento 70, en Aguas Frías y Altavista121. Estas situaciones se
debieron a deslizamientos, inundaciones, colapso de viviendas, avenidas
torrenciales y riesgo.

237. Específicamente, se determinó un riesgo alto en el sector de La Playita de la
vereda Aguas Frías del corregimiento de Altavista.

238. De la misma forma, del análisis probatorio –Informe de gestión 2012-2013122.
Plan de Desarrollo: Medellín, un hogar para la Vida; del oficio de 9 de agosto de 2013, que
tiene por asunto: “información relacionada con el Sector de Playitas en la Vereda Aguas
Frías del Corregimiento de Altavista”; y, de la respuesta núm. 0586 de 5 de agosto de
2013123, suscrita por el Asesor Jurídico de la Corporación Ayuda Humanitaria, entre otras–
es dable concluir que en las Comunas 16, entre los años 2011 a 2013 se
adelantaron acciones de mitigación, por parte de las Secretarías de Medioambiente
y de Inclusión Social y Familia de Medellín, por el Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo de Desastres de la misma ciudad y por el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.

239. Estas acciones de mitigación fueron identificadas como: intervención de
mantenimiento de quebradas en diversos puntos, conformación y construcción de
canales artificiales para quebradas, limpieza de sumideros y obras de drenaje,
campañas de educación, disposición final y manejo de residuos sólidos,
construcción y reparación de canales y cunetas, así como, atención a la población
ante las emergencias (orientación social a las familias afectadas, caracterización
del grupo y entrega de ayuda humanitaria).

240. De manera específica, consta que el 18 de diciembre de 2011, se presentó
una emergencia por el desbordamiento de la quebrada la Picacha que afectó
diecinueve (19) grupos de familia ubicados en la rivera de la microcuenca en el
sector de La Playita en la Vereda Aguas Frías del Corregimiento de Altavista.
Debido a esta situación, la Comisión Técnica del Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín recomendó la evacuación definitiva
mediante el informe técnico 42474 y la Comisión Social visitó a los afectados y
elaboró la ficha de cada uno de los grupos.

121 Que a su vez hacen parte de la Comuna 16.
122 Cfr. Documento denominado: 28_ED_INFORMEDEGESTION2.PDF.
123 Cfr. Documento denominado: 266_ED_RE20130586.PDF

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241. En este contexto, resulta importante para la Sala señalar cuáles son las
competencias del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, así como
determinar si de conformidad con sus acciones u omisiones ha incurrido en la
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos que se analizan.

242. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, de conformidad con sus
competencias establecidas en los numerales 4 y 6 del artículo 6.° de la Resolución
núm. 533 de 2022, tiene los deberes de: i) liderar la ejecución de programas y
proyectos asociados con la asignación de vivienda nueva, el reasentamiento de
familias, la legalización y regularización de vivienda y la gestión inmobiliaria
aplicando los principios normativos vigentes; y ii) acompañar técnicamente la
formulación de los programas y proyectos tendientes a facilitar el acceso a los
subsidios de vivienda a familias de bajos ingresos, asentamientos humanos y
grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad o canalizar o gestionar
los recursos correspondientes de conformidad con la Ley.

243. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo núm. 7 de 2012, “[p]or
medio del cual se adopt[ó] el Plan de Desarrollo 2012-2015”124 denominado
“Medellín un hogar para la vida”, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
tenía bajo su responsabilidad los programas denominados “Mejoramiento integral
del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social”, “Nuevas viviendas para la
vida” y “Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad”.

244. La Resolución núm. 0000642 de 29 de abril de 2014, suscrita por el Director
General del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, en sus
consideraciones también da cuenta que el Instituto había recibido las fichas técnicas
en las que se ponía en evidencia la necesidad de evacuar de forma definitiva a las
familias ubicadas en la zona de retiro y alto riesgo no recuperables. La resolución
en mención, señala en los siguientes términos: “[…] dados los acontecimientos
ocurridos en el año 2011, en el sector de la Playita, debido a las inundaciones
generadas por la quebrada la Picacha, se recomendó por parte de la Secretaria del
Medio Ambiente SIMPAD de esa época, ahora DAGRD, a través de Fichas Técnicas
remitidas al ISVIMED la evacuación definitiva de las familias por estar en la zona de
retiro hidrológico de la quebrada y de alto riesgo no recuperable […]”.

245. Concretamente, las consideraciones de la resolución permiten evidenciar que
las gestiones adelantadas por el Instituto se limitaron a: acercarse a la comunidad

124 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
21_ED_01CUADERNOPPALN1(.PDF) NroActua 2, folios 1 a 285.

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con el propósito de realizar fichas sociales y generar concientización sobre el riesgo
de mantenerse en sus viviendas, realizar una encuesta socioeconómica a la
población ubicada en La Playita y efectuar su caracterización.

246. Pese a ello, no se advierte por parte del Instituto acciones –en el marco de sus
competencias– tendientes al reasentamiento de las familias y/o al acompañamiento
técnico en la formulación de programas para facilitar el acceso a subsidios de
vivienda por tratarse de asentamientos en situación de vulnerabilidad, comoquiera
que, solo con posterioridad al decreto de las medidas cautelares proferidas en esta
acción constitucional se evidencia gestión del Instituto sobre el particular.

247. Incluso, resulta preciso resaltar que el juez de primera instancia debió
requerir en diversas oportunidades el cumplimiento de las medidas cautelares al
Municipio –hoy Distrito– y al Instituto, y tras considerar los informes y las pruebas
practicadas dio apertura a incidentes de desacatos.

248. Así las cosas, para la Sala es evidente la existencia del nexo causal debido
a la omisión de las funciones del Instituto ante el riesgo inminente de la población
afectada en la Comuna 16, lo cual era de su conocimiento. En tal sentido, confirmará
la decisión del a quo, en lo que respecta a la vulneración de los derechos e intereses
colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes; al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública; y de manera, trasversal a la seguridad pública
por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.

Sobre la ausencia de amenaza o vulneración del derecho a un ambiente sano
por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

249. El derecho e interés colectivo a un ambiente sano entendido como las
interacciones y relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Involucra
todo lo que les rodea y comprende elementos biofísicos, los recursos naturales
como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna, etc.; y los componentes
sociales. Asimismo, impone al Estado el deber de ejercer las funciones de control y
vigilancia de las actividades económicas que puedan afectarlo, pero permitiendo su

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desarrollo sostenible, y garantizando, además, el correcto manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales125.

250. De conformidad con lo anterior, y teniendo presente las competencias del
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, la Sala considera que, en lo que
atañe al caso particular no se encuentra probada la amenaza o vulneración del
derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano por parte del Instituto, en
tanto, no se observa que con sus acciones u omisiones haya desconocido este
derecho. Más bien, quedó probado en el acápite anterior, que la seguridad pública,
la prevención de desastres previsibles, y el derecho a construcciones edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas si fueron transgredidos.

251. Distinto es que el actuar del Distrito de Medellín, de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como
lo señaló el a quo sí vulnere el derecho colectivo a un ambiente sano ante la omisión
en el manejo de la quebrada La Picacha, lo cual no fue objeto del recurso de
apelación y por ende no será objeto de pronunciamiento en esta instancia.

Sobre la superación de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos

252. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín manifestó en su recurso
de apelación que el Tribunal desconoció las actuaciones adelantadas que podrían
dar por superada la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos.

253. Al respecto, la Sala considera que aunque son importantes los esfuerzos que
se han adelantado hasta la fecha para atender la problemática relacionada con el
riesgo que genera la quebrada La Picacha, las acciones no resultan suficientes en
materia de reasentamiento y soluciones habitacionales para los afectados, que
permitan entender por superada la vulneración de los derechos e intereses
colectivos a la seguridad pública, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente; a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y, al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

254. A esta conclusión arriba la Sala con sustento en los siguientes hechos
probados:

125 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de marzo de 2014, radicación número: 25000-23-

27-000-2001-90479-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

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255. Entre los años 2004, 2005, 2008 y 2009 el Distrito efectuó obras en la
quebrada La Picacha por valor de $451.322.097 pesos M/cte. En 2015, realizó
intervenciones en la quebrada por un valor aproximado de $876.865.552 pesos
M/cte. En el año 2016, se suscribió un contrato de obra para la construcción de
obras de contención para la estabilización del sector I.E. Marina Orth en la Vereda
Aguas Frías Corregimiento Altavista, por valor de $1.420.499.934 pesos M/cte. En
2017, se suscribió un Contrato Interadministrativo entre el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín, que tenía por objeto apoyar al Municipio
de Medellín en la Parte Técnica Jurídica y Financiera para la Construcción de la
Obra Hidráulica sobre la Quebrada La Picacha entre las carreras 88 a 84 del Distrito
de Medellín, por el valor de $3.000.000.000 pesos M/cte. Ese mismo año, se
suscribió un Contrato Interadministrativo entre el Municipio de Medellín – Secretaría
de Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la
Universidad de Antioquia, por valor de $436.002,592 para la consolidación de la
información de los asentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable por
movimientos en masa e inundaciones en Medellín.

255.1. En el año 2018, se suscribió el Convenio de Asociación entre el Municipio de
Medellín y la Universidad EAFIT, que tenía por objeto la identificación del riesgo de
detalle en algunas zonas del Municipio de Medellín. Desde este mismo año, el
Distrito viene ejecutando la Etapa I de las obras en el tramo comprendido entre la
Carrera 88 a la 83 con calle 31 C, las cuales han representado una inversión
aproximada de $24.233.164.829 pesos M/cte, incluyendo las acciones de
mantenimiento periódico y las inversiones en dos puntos de la zona rural, en el
sector de Aguas Frías y Las Margaritas. De igual modo, para la misma anualidad se
ejecutaron, de un lado, el contrato Construcción de un canal escalonado en forma
de “u” en el sector Las Violetas, de pasos peatonales entre la Carrera 88 y 83 y de
216 metros lineales de estructura, finalizada en octubre de 2020. Y, por el otro, el
Convenio de Asociación núm. 4600076515 de 2018 para la realización de análisis
y resultados de la para la zonificación detallada de amenazas, vulnerabilidad y
riesgo de las áreas catalogadas dentro del Acuerdo 048 de 2014 como zonas con
condición de riesgo, localizadas en la comuna 16 - corregimiento de Altavista.

256. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín realizó la encuesta
socioeconómica a la población ubicada en el sector La Playita en el año 2013. En
noviembre del mismo año, realizó la caracterización de los hogares y las viviendas
afectadas.

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257. Con ocasión del censo denominado “[…] Por el Reasentamiento por Desastre
del sector la Playita, Quebrada la Picacha del Corregimiento Belén AltaVista, sector
Aguas Frías, de la ciudad de Medellín […]”, el Instituto determinó ciento seis (106)
hogares afectados y mediante la Resolución núm. 0000642 de 2014 identificó esta
población como línea base para el reasentamiento por desastre del sector la Playita.

258. En la Resolución núm. 0000642 de 2014, indicó que estas personas serían
atendidas siempre que: i) se encontraran incluidas en la ficha técnica del SIMPAD
números 422496, 42497, 42474 de 2011 y la ficha técnica del DAGRD núm. 49578
de 2013, en los grupos familiares con calidad de poseedores. ii) Se encuentren
incluidas en el censo poblacional realizado por el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín. Y, iii) cumplan los requisitos exigidos en el Decreto 2339 de
2013.

259. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín recibió por cesión gratuita
del Distrito el lote ubicado en la calle 32 con carrera 32B, con un área aproximada
de 2.580 metros cuadrados, en el Barrio Belén Rincón mediante escritura de 13 de
enero de 2015, para desarrollar el proyecto de vivienda para reasentar las familias
ubicadas en el sector de La Playita, del corregimiento de Altavista.

260. Para el año 2016, el presupuesto del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín contó con el rubro “Asignación subsidios y promoción adquisición vivienda
nueva Medellín” por valor de $29.033.964.127 pesos M/cte, de los cuales se
destinaron $4.781.077.000 pesos M/cte, para la reubicación de los habitantes del
sector La Playita.

261. A marzo de 2018, de los 106 hogares de la línea base para la reubicación de
la Playita, 14 hogares contaban con asignación y aplicación de subsidio de vivienda
en la modalidad de vivienda usada, 15 hogares tenían asignado subsidio para
vivienda nueva, se había determinado que 8 hogares no cumplían requisitos, 59
podían presentar postulación en la modalidad de vivienda nueva -previa verificación
de requisitos- y 10 hogares tenían la calidad de arrendatarios. El Instituto indicó que
a los 59 hogares les ofertó la posibilidad de postularse para el subsidio municipal de
arrendamiento temporal, no obstante, para entonces, 25 hogares no fueron
beneficiados por falta de entrega de los documentos o por incumplimiento de los
requisitos.

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262. En 2018, la Secretaria General del Distrito solicitó a la Secretaria de Hacienda
de Medellín el traslado presupuestal de $5.500.000.000 pesos M/cte con destino a
la Secretaria de Medio Ambiente para dar cumplimiento a la sentencia proferida en
la acción popular de este asunto en primera instancia.

263. Con ocasión del Informe presentado por la Universidad EAFIT, en el marco
del Convenio de Asociación suscrito con el Distrito de Medellín, indicó que 122
viviendas ubicadas en el polígono de la quebrada La Picacha se encuentran en
riesgo y deben ser incluidas en planes de reasentamiento por las autoridades
competentes.

264. El Informe presentado por el Instituto en el mes de mayo de 2018, en relación
con las acciones adelantadas en el marco de esta acción popular, indica que: de los
106 hogares, 26 se encuentran en el territorio con recomendación de evacuación,
28 hogares tienen subsidio de arrendamiento temporal, 29 hogares fueron
beneficiados con solución definitiva de vivienda, 3 hogares presentan cruce, 9
hogares son meros tenedores y 11 hogares no cumplen requisitos.

264.1. Adicionalmente, señala que se han “[…] han identificado y atendido otros 122
hogares, que no están incluidos en la resolución, pero que habitan en el área de
influencia de la quebrada La Picacha, los cuales se caracterizaron como: Hogares
que han sido remitidos con categoría La Playita, pero no se encuentran en la
resolución […]”.

265. En noviembre de 2020, el proyecto La Playita fue modificado de 58 a 94
unidades de vivienda. El proyecto inicial tenía un presupuesto asignado para el
contrato de diseño de $212.204.488 pesos M/cte; para el contrato de interventoría
de diseños de $168.102.453 pesos M/cte; para el contrato de construcción de la
obra $6.646.584.965 pesos M/cte, IVA incluido, y para el contrato de interventoría
de $ 469.297.682 pesos M/cte, IVA incluido; para un total de $7.496.189.588 pesos
M/cte.

265.1. En marzo de 2018, la Subdirectora de Planeación Territorial y Estratégica de
Medellín le indicó a la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público que las
familias que fueron notificadas con evacuación definitiva en los sectores La Isla y
Guanteros por situación de riesgo también deben ser incorporadas en un proyecto
de reasentamiento.

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266. De conformidad con la información registrada en el documento denominado
“Obras Diseño Estructural Polígono La Picacha” elaborado en virtud del estudio de
riesgo de detalle realizado por la Universidad EAFIT, en el año 2019, la Comisión
Social de la Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos de Medellín
realizó un estudio de campo en los sectores señalados en el informe y efectuó un
censo poblacional en el que caracterizó 188 familias126.

267. El informe presentado por el Subdirector Poblacional del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín el 11 de junio de 2021, da cuenta que el Instituto ha
realizado un proceso de socialización y concientización con la comunidad en aras
de generar confianza en el proyecto por parte de los afectados, comoquiera que en
principio se había indicado que el proyecto estaría finalizado en 2017, luego en
2018, posteriormente en el segundo semestre de 2019. Y, la última fecha prevista
de entrega del proyecto habitacional La Playita es en 2022.

267.1. De este mismo informe, se destaca que el Instituto señala que participó en
unas mesas sociales lideradas por la Subsecretaria de Defensa de lo Público de
Medellín en la que participaron los distintos actores involucrados en la acción
popular y se determinó que “[…] no solo el reasentamiento definitivo era para los
hogares del sector ‘La Playita’, sino para todo[s] los sectores de influencia a la
quebrada ‘La Picacha’ que se encontraran en zona de alto riesgo […]”.

267.2. En virtud de ello, destacó que “[…] realizó un estudio de detalle por parte
de Planeación Municipal con la Universidad EAFIT, a fin de identificar cuáles
eran estos sectores y/o viviendas que también se encuentran en riesgo para
iniciar la ruta de atención, una vez identificados se realizó por parte de los
profesionales sociales del Instituto el apoyo al DAGRD y La Secretaria de Inclusión
Social, Familia y Derechos Humanos para con la caracterización de los hogares que
habitan esas viviendas en riesgo y así poder conocer sus condiciones. Del resultado
de estas caracterizaciones, se tienen remitidos al ISVIMED para iniciar ruta de
atención de los ciento ochenta y ocho (188) hogares; sin embargo, aún no se ha
iniciado la atención dado que es necesario tener claridades frente al recurso
interpuesto por parte del ISVIMED […]”.

268. En 2021 y 2022 se dictaron 34 Resoluciones por medio de las cuales el
Instituto asignó subsidios de vivienda en dinero para la adquisición de vivienda

126 Esta información se señala en la respuesta a la petición con radicado núm. 9960 de 19 de noviembre de

2020, dirigido a Erika Joullieth Castro Buitrago, en el que el Subdirector de Planeación del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín, señala que el proyecto La Playita fue modificado.

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nueva o usada a hogares afectados por desastres ocurridos en La Playita y en la
Comuna 70.

269. De conformidad con el informe de 18 de febrero de 2022 elaborado por el
Distrito de Medellín es sabido que de los 106 hogares censados y señalados en la
Resolución 642 de 2014, 34 hogares cuentan con solución definitiva de vivienda
digna, 23 hogares fueron beneficiados con el subsidio Municipal de Arriendo
Temporal, 29 hogares tienen recomendación de evacuación, 11 hogares están
pendientes de subsanar requisitos y 9 hogares son meros tenedores.

270. Además, se han venido reportando al corregidor de Altavista las infracciones
urbanísticas ocurridas en el periodo 2019 a 2021, en el sector de retiro de la
quebrada La Picacha, delimitado por las Comunas AltaVista (70) y Belén (16), en
los barrios o veredas: Aguas Frías, Las Violetas y San Pablo, para la imposición de
las sanciones pertinentes.

270.1. Asimismo, se conoce que el sector de retiro de la quebrada es monitoreado
a través de drones que recopila información con actividades de banqueos,
deforestación, excavación, infracciones urbanísticas material particulado y usos del
suelo. De igual modo, el Distrito expresó que adelanta campañas de integridad
urbanística y brinda apoyo en la remoción y demolición de las obras que se ejecutan
con los actos de ocupación de manera ilegal, con el fin de restablecer el orden
urbanístico.

271. De conformidad con lo anterior, la Sala considera relevante señalar que
aunque se han venido adelantando importantes acciones por parte de las entidades
demandadas no hay lugar a entender por superada la vulneración de los
derechos e intereses colectivos, en la medida que a la fecha, no se ha dado
una solución definitiva de reubicación a la población afectada, ello, en tanto,
los esfuerzos del Instituto se han enfocado en 106 familias que fueron identificadas
en la línea base “[…] Por el Reasentamiento por Desastre del sector la Playita,
Quebrada la Picacha del Corregimiento Belén AltaVista, sector Aguas Frías, de la
ciudad de Medellín […]”, de las cuales tan solo 34 cuentan con solución definitiva
de vivienda digna.

272. Aunado a esto, existe prueba que falta brindar soluciones habitacionales a
188 familias que fueron identificadas por la Secretaria de Inclusión Social Familia y
Derechos Humanos de Medellín en 2019, por encontrarse en zona de alto riesgo.
Adicionalmente, la Sala observa que aún no se elabora un censo en el que se

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estudie toda la población que pueda encontrarse en situación de riesgo no mitigable
que resida en inmediaciones de la quebrada La Picacha, dado que las
caracterizaciones efectuadas hasta la fecha incorporan sectores específicos.

273. Así las cosas, no le asiste razón al recurrente y por el contrario ha quedado
demostrada la vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos a la
seguridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública por parte del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.

Sobre las órdenes impartidas por el Tribunal y los motivos de inconformidad
del recurrente

274. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín discute en el recurso de
apelación que el a quo no analizó sus competencias como administrador del
subsidio de vivienda y le impartió ordenes con desconocimiento de las funciones de
la entidad.

274.1. Adicionalmente, cuestiona que la sentencia emitió órdenes indeterminadas
respecto de los beneficiarios de las medidas, comoquiera que en la parte motiva se
mencionan algunos barrios y en la resolutiva se alude a “sectores aledaños”.
Manifiesta su desacuerdo en el sentido de que se emitieron órdenes a entidades no
vinculadas al proceso. Plantea que la sentencia no es precisa en indicar si se
inaplica el Decreto 2339 de 2013 o si se extendieron los efectos de la sentencia T-
681 de 2016. Alega que con la orden de inaplicar el Decreto 2339 de 2013 y otras
normas sin concretar cuáles, da lugar a que se desconozcan disposiciones que
determinan su competencia, con lo cual, la sentencia apelada desconoce “la lógica
constitucional y legal de los subsidios”.

274.2. Indica que la orden dirigida al Municipio de Medellín en la que se dispone lo
referente al plan de reubicación debe ser modificada para atribuirle al Instituto esta
obligación, comoquiera que es un asunto de su competencia. Por el contrario, se
opuso a la orden que le fue impuesta relativa a efectuar el censo poblacional, ello,
en la medida que no es una actuación que le corresponda adelantar. Asimismo,
muestra su inconformidad con la orden de “restablecimiento de vivienda” bajo el
argumento que va más allá de su competencia, debido a que no le corresponde

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reponer una vivienda a cada propietario o poseedor, debido a que esto “incentiva la
construcción irregular y la edificación en laderas de riesgo de desastres”. Cuestiona
que sean los particulares quienes realicen propuestas frente a un desalojo. Y, se
aparta de la orden, según la cual, se debe habilitar “vivienda a precios asequibles”
dado que el Instituto sólo administra el subsidio municipal de vivienda, pero no
presta el dinero para su adquisición –nueva o usada ya que no es una entidad de
crédito–.

274.3. Sobre el particular, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia en
la sentencia apelada ordenó al Municipio de Medellín “[…] realizar de manera
urgente un censo poblacional, a fin de determinar con exactitud, alrededor de toda
la Quebrada y no solamente en un sector de ella, cuáles familias se encuentran en
zonas de riesgo mitigables y zonas de riesgo no mitigables, para ello es necesaria
la intervención del DAGRD […]”; “[…] [e]ste censo, por supuesto, no se limita al
sector de la Playita, como lo ha pretendido mostrar el Municipio, ya que, también
está probado en el expediente, que se encuentran en riesgo las familias que habitan
en forma aledaña a los barrios Cipres [sic], Las Mercedes, Belén Las Violetas, San
Pablo Belén – Vereda Aguas Frías (Altavista Comuna 70), Vereda Aguas Frías
Parte Alta (Comuna 70), por lo cual es necesario censarlas así como a toda la
población aledaña que se encuentre en situación de riesgo […]”. “[…]
Adicionalmente, debe realizarse un censo con enfoque diferencial, teniendo en
cuenta qué familias deben evacuar de manera temporal y cuáles de manera
definitiva, por lo cual, en su actividad, el ISVIMED, no puede imponer trabas de tipo
administrativo que impidan el acceso al subsidio de vivienda a las personas que
requieran ser evacuadas, es decir, que, en tanto y en cuanto el DAGRG determine
que la vivienda debe ser evacuada de manera definitiva, el Municipio debe ofrecerle
una solución habitacional definitiva. De la misma manera, deben ofrecerse
soluciones habitacionales temporales, a quienes se encuentren en situación de
riesgo temporal o mitigable […]”.

274.4. “Ordena al ISVIMED, previo censo por parte del DAGRD, otorgar solución
habitacional permanente, a las personas que se encuentren en situación de riesgo
inminente y evacuación definitiva, que se encuentren en la PICACHA y que
requieran ser desalojadas de manera perentoria, porque su vida se encuentra en
peligro, sin oponerles como negativa el contenido del Decreto 2339 de 2013, o
cualquier otra disposición cuyo contenido contraríe el alcance de los derechos
constitucionales fundamentales […]”.

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274.5. “[…] Ordena al Municipio de Medellín, contar con sistemas de alertas
tempranas con el fin de evitar o mitigar los desastres naturales, que, teniendo en
cuenta el nivel de vulnerabilidad de la comunidad que reside en el territorio, deben
informar oportunamente sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda
causar daño a la comunidad […]”.

274.6. Asimismo, “[…] [o]rdena al Municipio de Medellín que emprenda labores
coordinadas con las Empresas Públicas de Medellín, a fin de que la población que
se encuentra en zonas seguras y de riesgo mitigable, pueda acceder a la
infraestructura de servicios públicos, tal como saneamiento básico y alcantarillado
[…]”.

274.7. Por último, “[…] [o]rdena al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al
Municipio de Medellín y a CORANTIOQUIA, que concerten y reorganicen dentro del
marco de sus funciones, en un término de un mes, contado a partir de la ejecutoria
de la providencia, el ajuste presupuestal para la implementación urgente, real y
efectiva del PIOM (PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LA
MICROCUENCA LA PICACHA) estableciendo un cronograma para su total
implementación […]”.

275. Para efectos de resolver las inconformidades propuestas por el Instituto,
resulta del caso señalar, en primer lugar, las competencias de las entidades
demandas en el marco de lo resuelto por el a quo.

276. Al respecto, deviene necesario resaltar que las órdenes impartidas al Distrito
de Medellín encuentran sustento en las competencias principalísimas que le asisten
al Alcalde en materia de gestión del riesgo, así como en aquellas competencias
concurrentes en materia ambiental con otras autoridades, como por ejemplo, las
corporaciones autónomas regionales; y es que, como se indicó en el marco
normativo y jurisprudencial sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y siguientes, el principal responsable de la gestión del riesgo en el
respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza del alcalde, porque estos, como
jefes de la administración local, representan al Sistema Nacional en el respectivo
distrito y el municipio; y conducen no solamente el desarrollo local, sino que son
responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en su territorio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres.

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277. Asimismo, a los alcaldes y, en general, a la administración municipal, les
corresponde el deber de integrar en la planificación del desarrollo local aquellas
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres.
Se trata de una orden que se enmarca, como se explicó supra, en las competencias
previstas en las leyes 388 y 1523 y que se relacionan, entre otras, con la obligación
de mantener un inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones
de insalubridad, incorporando al ordenamiento territorial la norma relativa a la
prevención de amenazas y riesgos naturales; la localización de “[…] las áreas
críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]” y adoptar medidas
para gestionar, controlar, mitigar y prevenir los riesgos.

278. Se resalta que, en los términos de los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523, sobre planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo
y estrategias de respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus
respectivos consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una
estrategia para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual
deberá estar armonizado con el plan y estrategia nacional, al tiempo que deberá
incorporar la gestión del riesgo en la inversión pública, en la planificación del
desarrollo y en el ordenamiento territorial.

279. En ese orden y conforme con los artículos 121 de la Ley 388, 76 de la Ley
715 y de la Resolución 448, los alcaldes deben: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.

280. Sin embargo, no se puede desconocer que, aun cuando los municipios son
los principales responsables de la gestión del riesgo en su respectivo territorio, en
los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la respectiva
competencia, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y

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subsidiariedad positiva, podrá solicitar la concurrencia del respectivo departamento
y de la Nación, con el objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo de
desastres. Se trata del mandato de “Participación de Propósito General”127 que
establece la existencia de responsabilidades entre la Nación, los departamentos y
los municipios, entre otros sectores, en materia de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial, que permita la
materialización del principio de coordinación.

281. En relación con las corporaciones autónomas regionales, se trata de
autoridades ambientales cuyas competencias se orientan a la ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. En
especial, se trata de autoridades que están facultadas para: i) ejercer funciones de
vigilancia y control; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental; iii)
asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental; y iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente.

282. Las Áreas Metropolitanas, en virtud de lo establecido en los numerales j) y k)
del artículo 7.° de la Ley 1625, tienen la función de ejercer las funciones y
competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 99. A su vez, deben apoyar a los municipios que las conforman
en la ejecución de sus obras para la atención de situaciones de emergencia o
calamidad.

283. Y, específicamente, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín,
como se anotó anteriormente, tiene a su cargo –principalmente– las funciones
establecidas en el artículo 311 del Decreto 883 de 2015, que consisten en: i)
gerenciar y/o impulsar directamente o indirectamente el desarrollo de políticas,
planes y programas relacionados con su objeto; ii) desarrollar todas las actividades
relacionadas con la planeación estratégica e implementación, seguimiento y
monitoreo del plan habitacional; iii) prestar cooperación y asistencia en materias de
políticas públicas en vivienda y hábitat a entidades municipales, regionales y

127 Artículos 73, 74 y 76 de la Ley 715.

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nacionales; iv) celebrar contratos, convenios, acuerdos de cooperación, permutas,
comodatos, leasing o arrendamientos necesarios para desarrollar su objeto; y v)
promover mecanismos de asequibilidad que faciliten el acceso a los programas de
vivienda y hábitat, entre otros.

283.1. Además, según lo dispuesto en los artículos 6.° en sus numerales 4 y 6, 7.°
y 8.° de la Resolución núm. 533 de 2022, al Instituto le compete: “[…] 4. Liderar la
ejecución de los programas y proyectos asociados con la asignación de
vivienda nueva, el reasentamiento de familias, la legalización y regularización
de vivienda y la gestión inmobiliaria aplicando los principios normativos vigentes.
[…] 6. Acompañar técnicamente la formulación de los programas y proyectos
tendientes a facilitar el acceso a los subsidios de vivienda a familias de bajos
ingresos, asentamientos humanos y grupos familiares en situación de
pobreza y vulnerabilidad o canalizar o gestionar los recursos correspondientes de
conformidad con la Ley […]”; “[…] acompañar procesos de planeación, gestión y
priorización de inversión pública a partir del ejercicio de Planeación Local y el
Presupuesto Participativo, según las orientaciones del nivel central”; “[la
Subdirección Administrativa y Financiera debe] preparar en coordinación con la
Oficina de Planeación y Desarrollo, el anteproyecto Anual de Presupuesto, de
acuerdo con las directrices que impartan el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Departamento Nacional de Planeación y el Director General del Departamento
[…]”.

284. Al mismo tiempo, resulta oportuno señalar que, en casos similares128 al
estudiado en esta ocasión, la Sala ha seguido129 el criterio fijado en la sentencia

128 Así por ejemplo, en la sentencia de 26 de septiembre de 2019128, la Sección Primera resolvió un caso

relacionado con el riesgo ocasionado a la comunidad que habita en el predio el Nogal del Barrio Limoncito -
sector Los Colorados del Municipio de Bucaramanga, debido a que el terreno donde se encuentran ubicadas
las casas del predio mencionado es inestable debido al fenómeno de erosión, el cual empeora por causa del
inadecuado manejo de aguas lluvias y de escorrentía de quienes habitan allí y el aumento indiscriminado de la
urbe sin contar con las licencias urbanísticas requeridas, aunado a que ninguna empresa de servicios públicos
presta el servicio de alcantarillado en el sector, por el contrario, el manejo de las aguas residuales se realiza por
medio de mangueras y cajas a la cañada más cercana; la estructura de las viviendas contiguas al predio en
cuestión están debilitadas, y hay ausencia de planeación sobre el uso del suelo.
En aquella oportunidad la Sala consideró que el Municipio de Bucaramanga es la entidad competente para
llevar acabo las órdenes relacionadas con: i) la reubicación de los habitantes del sector que presenta riesgo de
deslizamiento, para lo cual deberá actualizar el inventario de viviendas y familias afectadas, ii) la realización de
estudios técnicos con el objeto de establecer si el talud puede ser estabilizado y ejecutar la construcción que
arroje los mencionados estudios, iii) la expropiación, si a bien lo tiene, de los inmuebles ubicados entre la carrera
28 y calles 57 y 58 del Barrio Limoncito - sector Los Colorados.
Asimismo, determinó que el Municipio de Bucaramanga es el principal llamado a realizar las acciones de
prevención que sean necesarias sobre el talud o la ladera ubicada en la carrera 28 entre calles 57 y 58 del
Barrio Limoncito - sector Los Colorados, para la gestión del riesgo y prevención de desastres y adoptar medidas
de reubicación inmediatas en relación con las familias que, de conformidad con los resultados del censo, se
encuentran en situación de peligro inminente por deslizamiento de tierras o inestabilidad de taludes.
129 Así se indicó en la sentencia de 20 de octubre de 2023, allí la Sección analizó la situación de riesgo de

deslizamiento de la ladera del Barrio Asís -Jazmín de Manizales, en el que se ubican viviendas en el área
clasificada como de desarrollo condicionado.

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proferida el 1.º de junio de 2020130 en materia de órdenes de reubicación de
viviendas en zonas de alto riesgo no mitigables y soluciones temporales de vivienda
hasta que se efectúe la reubicación definitiva.

285. En la sentencia en cita, se estudió la situación de riesgo de algunas viviendas
ubicadas en la franja de inundación de la Quebrada Silgará ubicada en el Municipio
de Rionegro, especialmente por la emergencia provocada por el “Fenómeno de la
Niña” ocurrido entre el 2010 y 2011.

286. En aquella decisión se indicó que el Consejo de Estado, ha considerado que,
en casos como los que convocan el presente estudio, se hace necesario ordenar la
reubicación de las viviendas como una forma de materializar el Estado Social de
Derecho y el principio de solidaridad, aun cuando no haya sido una pretensión de la
demanda, en tanto no es posible permitir que continúe la situación de ocupación
ilegal y de amenaza no mitigable.

287. Así, en la providencia se mencionan algunas decisiones en las que la Sala
ha ordenado adelantar labores de reubicación de familias que habitan en zonas de
riesgo. Al respecto, la sentencia de 26 de julio de 2018131, ordenó al Municipio de
Dosquebradas adelantar labores de reubicación de familias que habitan las casas
situadas dentro de la zona forestal protectora de la Quebrada Frailes. La sentencia
de 4 de mayo de 2018132 ordenó al Alcalde del Municipio de Dosquebradas realizar
un censo en las zonas de alto riesgo de deslizamientos, derrumbes y avalanchas
en los sectores de Los Pinos, Los Guamos, El Porvenir y el Cofre a fin de identificar
a las familias que se encuentren en peligro inminente de sufrir los efectos de dichos
fenómenos. Y, consecuencialmente le ordenó reubicar a cada una de las familias
que se encuentren en riesgo inminente de sufrir los efectos de deslizamientos,
derrumbes y avalanchas. Asimismo, la sentencia de 18 de mayo de 2017133,
consideró que aun cuando el Estado consiente tácitamente la construcción de
asentamientos humanos en zonas no permitidas, resulta necesaria y razonable la
orden judicial de reubicación.

130 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Hernando

Sánchez Sánchez, providencia de 1° de junio de 2020, número único de radicación: 68001-23-31-000-2012-
00091-01.
131 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez, número de radicación 660012331000201100338-01(AP), sentencia de 26 de julio de 2018.
132 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés, sentencia proferida el 4 de mayo de 2018, núm. único de radicación 66001-23-31-001-2011-
00290-01(AP)
133 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés, sentencia de 18 de mayo de 2017, núm. único de radicación 13001-23-31-000-2011-00315-
01(AP).

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131

Núm. único de radicación: 050012333000201301310-03

288. De acuerdo con lo anterior, la Sala –en aquella oportunidad– decidió el caso
concreto y resolvió, entre otras medidas, ordenar al Municipio de Rionegro que: i)
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realice
un censo con el objeto de determinar las características de la población beneficiaria
de la medida de reubicación. ii) Previo el agotamiento del procedimiento
administrativo previsto para el efecto, otorgue una solución de vivienda temporal
a las familias que viven en la zona de alto riesgo no mitigable, en la ronda hídrica o
cotas de inundación de La Ceiba, El Bambú y Espumas Bajas. Y, iii) que adelante
las gestiones administrativas, presupuestales y financieras ante las autoridades
competentes para obtener la reubicación definitiva de las familias que resultaron
damnificadas con ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido
beneficiadas con un subsidio de vivienda o una indemnización equivalente,
así como para la reubicación definitiva de las familias que no resultaron
damnificadas con ocasión del Fenómeno de la Niña, que no han sido
beneficiadas con un subsidio de vivienda y que habitan en zonas de alto
riesgo no mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La
Ceiba, El Bambú y Espuma Baja.

289. Teniendo presentes los planteamientos anteriores, la Sala ajustará las
órdenes proferidas en la sentencia de primera instancia, en concordancia con las
competencias de cada una de las entidades demandadas responsables de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos; ello, en tanto, además, considera
necesario que se acompasen con la postura adoptada por la Sección en casos
similares. En este orden de ideas, se tiene que:

290. De conformidad con las competencias del Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín, así como, de las demás entidades demandadas, la Sala
modificará los ordinales séptimo, octavo y décimo de la sentencia de primera
instancia.

291. En consecuencia, teniendo en cuenta que la situación actual de la quebrada
La Picacha ha sido objeto de modificación con ocasión de las obras adelantadas en
el marco de esta acción constitucional, la Sala le ordenará al Distrito de Medellín
que: en caso de que no lo haya hecho, elabore un estudio técnico actualizado por
medio del cual se determine el área a lado y lado de la microcuenca de la quebrada
La Picacha que genera una situación de riesgo para la comunidad allí asentada, el
cual se deberá realizar dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia. Este estudio será tenido en cuenta por el Distrito para

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132

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que, de conformidad con lo allí consignado134, actualice el censo poblacional de las
familias afectadas que habitan en el área delimitada, a lo largo de la quebrada La
Picacha, y que se encuentran en situación de riesgo mitigable y no mitigable, el cual
se realizará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la elaboración del
estudio técnico anteriormente ordenado. Para ello, el Distrito –a través de las
autoridades competentes– deberá diseñar una estrategia de caracterización con
perspectiva de género y con información relativa a los sujetos de especial protección
constitucional que permita establecer particularidades específicas de la población.
La actualización del censo deberá contener por lo menos la siguiente información:

291.1. El número de familias y sus integrantes que habitan en zonas de alto riesgo
no mitigable, cuyas viviendas están ubicadas en el retiro hidrológico de la quebrada
La Picacha.

291.2. La determinación de las familias que se encuentran asentadas en viviendas
construidas con y sin autorización de las autoridades competentes.

291.3. La determinación de las familias que habitan viviendas ubicadas en zona de
riesgo mitigable en inmediaciones de la quebrada La Picacha.

291.4. El número de familias que continúan viviendo en zonas de alto riesgo no
mitigable en el retiro hidrológico de la quebrada La Picacha y que fueron
beneficiarias de un subsidio de vivienda temporal y/o definitivo por parte del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.

291.5. La identificación de la fecha de asentamiento de las familias, con miras a
documentar cuantitativamente el crecimiento de la construcción de viviendas
ilegales en zonas de riesgo no mitigable en el área de influencia de la quebrada La
Picacha, objeto de esta acción popular. Esta información resultará relevante para
analizar la problemática pública que ha requerido ingentes esfuerzos a cargo de la
administración para atenderla, sin que, a la fecha, se haya dado por superada. Tal
información será indispensable para que el Distrito adopte, en caso de que no lo
haya hecho, una política pública con miras a solucionar la problemática en mención
y, en especial, orientada a detener el asentamiento de familias en dicha zona. Esta
política se diseñará dentro del término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria
de esta sentencia y para su implementación se tendrá en cuenta los plazos de
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia.

134 Este estudio determinará el área a lo largo de la Quebrada La Picacha que delimitará la elaboración de la

actualización del censo de familias afectadas.

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292. Al mismo tiempo, se le ordenará al Distrito de Medellín que, en coordinación
con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, una vez actualizado el
censo poblacional anteriormente referido, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, reubique de forma definitiva a las familias
que habitan en viviendas situadas en zonas de alto riesgo no mitigable, que resulten
identificadas en la actualización del censo anteriormente ordenado, que no hayan
sido beneficiadas con un subsidio de vivienda definitivo, en el término máximo de
tres (3) años contados a partir de la actualización del censo.

292.1. Para ello, el Distrito, en coordinación con el Instituto, diseñarán un plan de
reubicación definitivo para las familias afectadas y adelantarán las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para asegurar que en el plazo otorgado
se dé cumplimiento a la orden de reubicación definitiva.

292.2. El plan de reubicación se adelantará en tres fases –de corto, mediano y largo
plazo– atendiendo a criterios de priorización135, necesidad y urgencia que se
determinen de conformidad con criterios objetivos, en los términos de la
Constitución, la ley y los reglamentos, todo lo cual deberá ser socializado con la
comunidad beneficiaria de la medida.

293. El diseño, la ejecución y la evaluación del plan de reubicación definitiva
contará con indicadores de gestión que permitirán realizar seguimientos al
cumplimiento de esta orden.

294. Asimismo, se le ordenará al Distrito que, de manera coordinada con el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –en el marco de las competencias
legales y reglamentarias de cada una– previo el agotamiento del procedimiento
administrativo previsto para el efecto, dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir de la actualización del censo poblacional, otorgue una solución
de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la reubicación definitiva en
favor de las familias que se encuentren habitando las viviendas ubicadas en zonas
de riesgo no mitigable, siempre que no hayan sido beneficiadas con otra medida
equivalente y sin perjuicio de las determinaciones de urgencia que se deban adoptar
ante una nueva situación de desastre.

295. Además, teniendo en cuenta los concretos argumentos del recurso de
apelación, la Sala modificará la orden que le impone al Distrito el deber de realizar

135 Con especial énfasis en los sujetos de especial protección constitucional.

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134

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labores coordinadas con Empresas Públicas de Medellín para que la población que
habita en zonas seguras y de riesgo mitigable acceda a infraestructuras de servicios
públicos, tales como saneamiento básico y alcantarillado, en el sentido de excluir a
las Empresas Públicas de Medellín, comoquiera que esta entidad no fue vinculada
al proceso.

296. Por último, se instará a la comunidad aledaña a la quebrada La Picacha para
que ajuste su conducta de tal forma que se abstenga de realizar acciones que los
pongan en riesgo, modifiquen el ecosistema de la microcuenca y aumenten el
problema de erosión.

297. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón al
recurrente en el sentido de señalar que las órdenes emitidas son indeterminadas en
relación con los beneficiarios de las medidas, esto, por cuanto las personas
beneficiarias serán aquellas identificadas con los censos actualizados,
anteriormente aludidos.

298. Ahora bien, la Sala considera que, con la modificación de los ordinales
séptimo, octavo y décimo de la sentencia proferida, en primera instancia, carecen
de sustento las demás inconformidades presentadas por el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín, en su recurso de apelación, esto, en la medida que:

299. En la sentencia recurrida, el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenó al
Distrito de Medellín realizar el censo poblacional, con el fin de determinar con
exactitud las familias afectadas que habitan “alrededor de toda la Quebrada […]
adicionalmente, le ordenó realizar “un censo con enfoque diferencial, teniendo en
cuenta qué familias deben evacuar de manera temporal y cuáles de manera
definitiva, por lo cual, en su actividad, el ISVIMED no puede imponer trabas de tipo
administrativo que impidan el acceso al subsidio de vivienda […]”. Al respecto, el
Instituto manifestó su inconformidad, en punto a señalar que la autoridad judicial le
impuso este deber sin ser la entidad competente en la materia, aunado a que no
precisó en qué consisten aquellas “trabas administrativas”. La Sala considera que
el planteamiento del recurrente no tiene lugar con ocasión de la modificación que
se hará del numeral séptimo de la parte resolutiva -que, de manera concordante con
la motiva- deja claro que será el Distrito de Medellín, la entidad a la que le
corresponderá actualizar el censo poblacional de las familias afectadas con ocasión
de lo analizado en este caso.

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300. Además, el Instituto expuso su desacuerdo en lo relativo a la autoridad
destinataria de la orden del plan de reubicación, dado que, indicó es un asunto de
su competencia. En lo referente, la Sala considera que con la modificación del
numeral octavo de la parte resolutiva y de conformidad con lo dispuesto en la parte
motiva, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, de manera coordinada
con el Distrito –en el marco de las competencias legales y reglamentarias de cada una–
serán las autoridades que tendrán el deber de reubicar y otorgar soluciones de
vivienda temporales y definitivas para la población afectada.

301. Igual ocurre con los argumentos por los cuales discute las órdenes de
habilitar “vivienda a precios asequibles” y su oposición respecto de que sean los
particulares quienes realicen propuestas frente al desalojo, comoquiera que, en
ambos casos la controversia queda sin sustento con ocasión de la modificación de
las órdenes.

302. A su vez, el Instituto señaló que no comparte la orden de “restablecimiento
de vivienda” debido a que no le corresponde reponer una vivienda a cada propietario
o poseedor, no obstante, como quedó señalado supra el Instituto dentro de sus
funciones sí debe liderar la ejecución de los programas y proyectos asociados con
la asignación de vivienda nueva, el reasentamiento de familias, la legalización y
regularización de vivienda, así como, acompañar técnicamente la formulación de
los programas y proyectos tendientes a facilitar el acceso a los subsidios de vivienda
a familias de bajos ingresos, asentamientos humanos y grupos familiares en
situación de pobreza y vulnerabilidad.

303. Lo anterior implica igualmente que no es necesario realizar un
pronunciamiento expreso en relación con el planteamiento del Instituto apelante,
sobre la inaplicación del Decreto 2339 de 2013, en la medida que, como se explicó,
corresponderá al Distrito de Medellín y al Instituto, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, la determinación de la forma en que
otorgará los subsidios de vivienda temporal y definitiva, en los términos
anteriormente expuestos.

Sobre el presunto desconocimiento de las normas en materia presupuestal

304. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín expresó en su recurso
de apelación que la sentencia de primera instancia desconoce normas y principios
que rigen en materia presupuestal de las entidades públicas; asimismo, argumentó
que se trasgreden los principios de moralidad, responsabilidad, eficacia y economía

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de las actuaciones administrativas, comoquiera que respecto del Instituto las
órdenes son abstractas, desconocen las normas que regulan la competencia de la
entidad y deja de lado las normas presupuestales para ajustar el gasto público que
deriva de una sentencia en firme.

305. Al respecto, la Sala encuentra que tales normas no han sido desconocidas
comoquiera que, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículos 47
y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres; y, por el otro, que “[…] [l]as administraciones
departamentales, distritales y municipales […] constituirán sus propios fondos de
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales
con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar
sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de
desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”. Lo anterior
sin perjuicio de las apropiaciones presupuestales correspondientes que, en los
términos del artículo 53 de la Ley 1523, corresponden a “[…] [l]as entidades del
orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal que hacen parte del
sistema nacional […]” y que se relacionan con la obligación de incluir en el
presupuesto “[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la
realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción
de riesgos y de manejo de desastres […]” en el área de su jurisdicción.

306. En el caso concreto, quedó probado que en el presupuesto para el año 2016
del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín financiado con transferencias
del Distrito se asignó el rubro de $4.781.077.000 pesos M/cte. para la reubicación
de los habitantes del sector La Playita136. De igual modo, con la copia del Informe
núm. 1 “Avance en la estructuración del proyecto habitacional VIP de
reasentamiento La Playita (Quebrada La Picacha)” se evidenció que mediante
Certificado de Disponibilidad Presupuestal núm. 154 de 1.° de febrero de 2016 se
garantizó la existencia de recursos por la suma de $ 4.343.560.200 pesos M/cte.
para atender el desarrollo del proceso urbanístico en cumplimiento de la orden de
reubicación de los habitantes del sector La Playita.

307. A su turno, en el proceso también consta que la Secretaria General de
Medellín le solicitó a la Secretaría de Hacienda que aprobara para el año 2018 un
traslado presupuestal por un valor de $5.500.000.000 pesos M/cte. con destino a la

136 Copia del oficio No. 201500549065136 de 23 de octubre de 2015, suscrito por la Secretaria de Hacienda

dirigido al Subsecretario de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General de Medellín.

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Secretaría de Medio Ambiente para dar cumplimiento a las órdenes judiciales
proferidas en esta acción popular.

308. Lo probado permite a la Sala concluir que el Distrito ha venido realizando las
apropiaciones presupuestales correspondientes con el propósito de dar
cumplimiento a las medidas cautelares y a la sentencia de primera instancia de este
asunto.

309. Además de ello, se observa que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín en su recurso no precisó las razones por las cuales considera que las
órdenes emitidas en la sentencia de primera instancia transgreden los principios de
moralidad, responsabilidad, eficacia y economía de las actuaciones administrativas,
más allá de señalar que las órdenes son abstractas, desconocen las normas que
regulan la competencia de la entidad y deja de lado las normas presupuestales para
ajustar el gasto público que deriva de una sentencia en firme.

310. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección ha sostenido que la parte
apelante tiene la carga procesal argumentativa, en los siguientes términos:

“[…] [V]alga recordar que, en los términos del numeral 3º del artículo 322
Código General del Procesal, la carga procesal argumentativa de la apelación
es obligatoria, debido a que el objetivo de ese recurso es controvertir ante el
superior jerárquico uno o varios fundamentos de la sentencia del juez de
primera instancia […]”137.

311. En esta oportunidad, la Sala reitera una vez más que las autoridades públicas
no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial por la falta de recursos.
Al respecto, la Sección Primera, ha señalado que la falta de capacidad presupuestal
de las entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos. En los siguientes
términos se ha pronunciado la Sala:

“[…] [L]a falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.

137 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo

de 2023. CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 880012333000201800021-01.

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83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”138 (Destacado fuera de texto).

312. En efecto, el legislador facultó al juez para que, en el marco de las acciones
populares o medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
pueda proferir órdenes de hacer o no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado un daño al derecho o interés colectivo, en favor de la entidad
pública no culpable que los tenga a cargo y exigir la realización de conductas
necesarias para revertir las cosas al estado anterior, cuando sea físicamente
posible139.

313. Ahora bien, para el cumplimiento de la sentencia, las entidades públicas
deben realizar ciertas erogaciones presupuestales; por ello, las órdenes a impartir
deben tener en cuenta el tiempo necesario para la ejecución de los trámites
administrativos, necesarios para el efecto, y las condiciones para llevar a cabo la
protección o el restablecimiento de los derechos o intereses colectivos 140.

314. En tal sentido, las entidades obligadas en este caso, en el ámbito de sus
competencias constitucionales, así como legales y reglamentarias, deberán llevar a
cabo las acciones ordenadas para la protección de los derechos o intereses
colectivos.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

315. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal décimo tercero, lo siguiente:

“[…] DÉCIMO TERCERO. CONFORMAR el Comité para la Verificación del
Cumplimiento de la sentencia con el Magistrado Ponente de la presente providencia,
el actor popular, un delegado de los coadyuvantes, un delegado de la Defensoría del
Pueblo, un Delegado del municipio de Medellín, un delegado de CORANTIOQUIA, un
delegado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá […]”.

138 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 170012333000201700452-01.
139 Artículo 34 de la Ley 472.
140 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 22 de

enero de 2015, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, proceso identificado con núm. único de radicación 180012331
000201100256 01.

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316. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia proferida el 28 de junio
de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en lo relacionado con la
conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar
que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité de verificación
y que adicionalmente estará integrado por un delegado de la Procuraduría General
de la Nación

317. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones

318. La Sala confirmará la decisión del a quo que declaró no probada la excepción
de falta de legitimación por pasiva propuesta por el Instituto.

319. De acuerdo con el material probatorio allegado al proceso, la Sala evidencia
la existencia del riesgo para la población que reside en la zona de retiro hidrológico
de la quebrada La Picacha. Pese a las acciones desarrolladas, la Sala considera
que no hay lugar a dar por superada la situación de vulneración de los derechos e
intereses colectivos.

320. En consecuencia, la Sala considera que se encuentran vulnerados los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y a la seguridad pública.

321. En tal virtud, entre otras determinaciones, se ordenará al Distrito de Medellín
la actualización del censo poblacional de las familias afectadas que habitan en
inmediaciones de la Quebrada La Picacha; con posterioridad a ello, el Distrito de
Medellín, en coordinación con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín,
deberán reubicar de forma definitiva a las familias en situación de riesgo no

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mitigable que resulten identificadas, que a la fecha no hayan sido beneficiadas con
un subsidio de vivienda definitivo. En similares términos, el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín, de manera coordinada con el Distrito, deberán
otorgar una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la reubicación
definitiva a favor de las familias, siempre que no hayan sido beneficiadas con otra
medida equivalente y sin perjuicio de las determinaciones de urgencia que se deban
adoptar ante una nueva situación de desastre.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales séptimo, octavo, décimo y décimo tercero de
la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así:

“[…] SÉPTIMO: En consecuencia, se ordena al Distrito de Medellín que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias:

i) Dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria
de esta sentencia elabore un estudio técnico por medio del cual se
delimite el área a lado y lado de la microcuenca de la quebrada La
Picacha en situación de riesgo para la comunidad asentada en sus
inmediaciones.

ii) De conformidad con lo establecido en el numeral anterior, dentro del
término de los seis (6) meses siguientes a la elaboración del estudio
técnico ordenado, actualice el censo poblacional de las familias
afectadas que habitan en el área delimitada a lo largo de la Quebrada
La Picacha y que se encuentran en situación de riesgo mitigable y no
mitigable. Para ello, el Distrito –a través de las autoridades
competentes– deberá diseñar una estrategia de caracterización con
perspectiva de género y con información relativa a los sujetos de
especial protección constitucional que permita establecer
particularidades específicas de la población.

La actualización del censo deberá contener por lo menos la siguiente
información:

• El número de familias y sus integrantes que habitan en zonas de alto
riesgo no mitigable, cuyas viviendas están ubicadas en el retiro
hidrológico de la quebrada La Picacha.

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• La determinación de las familias que se encuentran asentadas en
viviendas construidas con y sin autorización de las autoridades
competentes.

• La determinación de las familias que habitan en viviendas ubicadas
en zona de riesgo mitigable en inmediaciones de la quebrada La
Picacha.

• El número de familias que continúan viviendo en zonas de alto
riesgo no mitigable en el retiro hidrológico de la quebrada La Picacha
y que fueron beneficiarias de un subsidio de vivienda temporal y/o
definitivo por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín.

• La identificación de la fecha de asentamiento de las familias, con
miras a documentar cuantitativamente el crecimiento de la
construcción de viviendas ilegales en zonas de riesgo no mitigable
en el área de influencia de la quebrada La Picacha.

iii) Adopte, en caso de que no lo haya hecho, una política pública con
miras a solucionar la problemática probada en este proceso y, en
especial, orientada a detener el asentamiento de familias en zona de
riesgo. Esta política se diseñará dentro del término de un (1) año
contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia y para su
implementación se tendrá en cuenta los plazos de cumplimiento de las
órdenes impartidas en esta sentencia.

OCTAVO: Se ordena al Distrito de Medellín que, en coordinación con el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, en el término máximo de tres
(3) años contados a partir de la actualización del censo, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, reubique de forma
definitiva a las familias que habitan en viviendas situadas en zonas de alto
riesgo no mitigable, que resulten identificadas en la actualización del censo,
que no hayan sido beneficiadas con un subsidio de vivienda definitivo.

Para ello, el Distrito, en coordinación con el Instituto, diseñarán un plan de
reubicación definitivo para las familias afectadas y adelantarán las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para asegurar que en el plazo
otorgado se dé cumplimiento a la orden de reubicación definitiva.

El plan de reubicación se adelantará en tres fases –de corto, mediano y largo
plazo– atendiendo a criterios de priorización, necesidad y urgencia que se
determinen de conformidad con criterios objetivos, en los términos de la
Constitución, la ley y los reglamentos, todo lo cual deberá ser socializado con
la comunidad beneficiaria de la medida.

El diseño, la ejecución y la evaluación del plan de reubicación definitiva contará
con indicadores de gestión que permitirán realizar seguimientos al
cumplimiento de esta orden.

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Asimismo, se ordena al Distrito que de manera coordinada con el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –en el marco de sus competencias
legales y reglamentarias de cada una– previo el agotamiento del
procedimiento administrativo previsto para el efecto, dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir de la actualización del censo poblacional,
otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la
reubicación definitiva en favor de las familias que se encuentren habitando las
viviendas ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, siempre que no hayan
sido beneficiadas con otra medida equivalente y sin perjuicio de las
determinaciones de urgencia que se deban adoptar ante una nueva
situación de desastre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

[…]

DÉCIMO: Se ordena al Distrito de Medellín que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión, gestione ante las entidades
competentes la prestación de los servicios públicos de saneamiento básico y
alcantarillado en las viviendas e infraestructuras ubicadas en zonas de riesgo
mitigable, en inmediaciones de la quebrada La Picacha que sean objeto de
caracterización en la actualización del censo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

[…]

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación,
que deberá estar presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Además, estará integrado por los actores
populares, un delegado de los coadyuvantes, un delegado de la Defensoría
del Pueblo, un delegado del Distrito de Medellín, un delegado de
CORANTIOQUIA, un delegado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
un delegado de la Procuraduría General de la Nación […]”.

SEGUNDO: INSTAR a la comunidad aledaña a la quebrada La Picacha para que
ajuste su conducta de tal forma que se abstenga de realizar acciones que los
pongan en riesgo, modifiquen el ecosistema de la microcuenca y aumenten el
problema de erosión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.

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QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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