Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-31-000-2011-00212-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-31-000-2011-00212-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-31-000-2011-00212-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 850012331000201100212-01
Actor: Gustavo Hernando Melo Torres
Demandados: Municipio de Sabanalarga, Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía y Departamento de Casanare1
Vinculadas: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios ESP. en
liquidación2 y Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos - SEMSEP ESP. S.A.3
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía y el Departamento de Casanare contra la
sentencia de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Gustavo Hernando Melo Torres presentó demanda4 contra el
Municipio de Sabanalarga, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y el
1 Cfr. Ver folio 861 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
2 Vinculada mediante auto de 5 de marzo de 2012.
3 Vinculada mediante audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 11 de mayo de 2012.
4 Cfr. Ver folios 1 al 8 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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Departamento de Casanare; en ejercicio del respectivo medio de control, con el
objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentaria; y ii) a la seguridad y salubridad públicas.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se ampare (sic) los derechos colectivos al ambiente sano, seguridad y
salubridad públicas de la comunidad del Municipio de Sabanalarga, los cuales han
venido siendo vulnerados con la construcción y funcionamiento del alcantarillado de
aguas lluvias del Municipio de Sabanalarga, por la constante y permanente
contaminación generada por la conexión a la misma de aguas negras del Municipio
y por la erosión y deslizamientos que se están generando en los predios adyacentes
al punto de descargue de dichas aguas en el caño Güichiral, por falta de capacidad
de su cauce para conducir dichas aguas en época invernal.
2. Ordenar a los demandados o a quienes resulten responsables el cumplimiento
inmediato de los requerimientos y obligaciones impuestas en la resolución
No.200.15.04.0706 del 21 de Diciembre de 2004 por la cual se otorg[ó] permiso de
vertimiento y se hicieron unos requerimientos que a la fecha no se han cumplido por
los beneficiarios del citado permiso.
3. Que se disponga a Corporinoquía o a quienes resulten responsables el
cumplimiento inmediato de acuerdo a su competencia de las leyes 99 de 1993, 393
de 1997, 472 de 1998; decreto 1753 de 1994, normas que han venido siendo
vulneradas por los accionados en perjuicio directo de nuestra comunidad y del
suscrito en particular.
4. Que se ordene la ejecución de las obras de protección que se requieran en el
caño Güichiral finca Las Delicias, para evitar se continúe el proceso erosivo que
viene generando la disposición en su cauce de las aguas lluvias que recoge el
alcantarillado sanitario de Sabanalarga.
5. Que se disponga en un término prudencial la ejecución de las obras necesarias
para desconectar las aguas negras del alcantarillado de aguas lluvias del Municipio
de Sabanalarga.
6. Que se ordene al Departamento y/o al Municipio de Sabanalarga proceder al pago
de los daños y perjuicios causados a los finqueros rivereños del caño Güichiral
causados con las aguas dispuestas en el mismo por el alcantarillado de aguas lluvias
del Municipio de Sabanalarga.
7. Que se dispongan las sanciones pertinentes por estar vertiendo dichas aguas al
caño Güichiral sin licencia o permiso de vertimiento, dado que el otorgado esta
vencido desde finales del año 2009 o comienzos del 2010, sin que se haya renovado
o presentado solicitud de renovación del mismo […]”5.
5 Cfr. Ver folios 1 y 2 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Manifestó que el Municipio de Sabanalarga suscribió Contrato de Obra
Pública 037 de 2003 para la “CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN
REAJUSTE, (sic) DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO
DE SABANALARGA” con dineros provenientes del Convenio Interadministrativo
276 de 2003 suscrito con el Departamento de Casanare.
3.2. Señaló que vislumbró una retroexcavadora a orillas del caño Güichiral y, en
consecuencia, solicitó a la Alcaldía Municipal, el 18 de marzo de 2004, la suspensión
de las obras hasta tanto no se informara el manejo que se les daría para no afectar
la propiedad privada, teniendo en cuenta que las vacas lecheras y becerros que
tenía en su finca “Las Delicias” consumían agua de dicha fuente hídrica, además,
que de allí también tomaba agua para unos “[…] pozos de cachama […]” y hace
seis años estaba reforestando las orillas para proteger el Caño. Asimismo, el 26 de
marzo de 2004 remitió la misma información al contratista de las obras
mencionadas.
3.3. Adujo que el 6 de agosto de 2004 comunicó que se habían presentado daños
en la manguera que conducía el agua dirigida a los pozos de pescado que tenía en
la finca “Las Delicias” e informó que se habían empezado a desgastar las orillas del
Caño.
3.4. Agregó que el 20 de mayo de 2005 solicitó a la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía que se evaluara el deterioro ambiental del caño Güichiral
generado a partir del desemboque de las aguas lluvias, las cuales se canalizaron
sin ningún tipo de protección y las orillas se fueron erosionando de forma acelerada
llevándose el bosque que se había sembrado para protección. En la misma fecha
puso en conocimiento de la Procuradora Agraria y Ambiental los elementos de esta
problemática.
3.5. Indicó que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía expidió auto
200.05.05.0577 de 19 de agosto de 2005, mediante el cual se indicó que el
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Departamento de Casanare y el Municipio de Sabanalarga debían hacer
seguimiento al comportamiento del caño para determinar si los fenómenos de
socavación y erosión de los taludes del caño se estabilizaban naturalmente o era
necesario llevar a cabo acciones para contrarrestarlos. En el mismo documento se
requirió al Departamento para que diera cumplimiento a la Resolución6 por la cual
se le concedió permiso del vertimiento al caño.
3.6. Manifestó que el 5 de octubre de 2005 se realizó reunión, con varias
autoridades, en la cual se determinó que debían ejecutarse actividades tendientes
a mitigar los efectos negativos causados al caño Güichiral como la construcción de:
i) obras de disipación de energía, ii) un muro de contención en la parte izquierda, iii)
un sistema de retención de sólidos y sedimentos, y iv) obras para controlar la
socavación de la estructura de descarga.
3.7. Adujo que el 30 de marzo de 2006 solicitó al Secretario de Obras del
Departamento que reforestara tres hectáreas en el caño Güichiral, de conformidad
con la Resolución que otorgó el permiso para el vertimiento. El Secretario expidió
Oficio S.O.P.T. 066 de 6 de abril de 2006, mediante el cual informó a la Procuraduría
que había solicitado a la autoridad ambiental que determinara la ubicación
apropiada para las plantas, además, que había disponibilidad para la reforestación
una vez se contara con la anuencia de la Corporación Autónoma Regional.
3.8. Adicionó que, posiblemente al momento de construir el alcantarillado pluvial
se conectó el alcantarillado sanitario, lo cual terminó conduciendo toda el agua
contaminada al caño Güichiral y generando olores insoportables, sobre todo en
época de verano.
3.9. Manifestó que, al informar dicha situación a la empresa prestadora de
servicios públicos de Sabanalarga, la misma respondió mediante Oficio 018 de 21
de enero de 2009 advirtiendo que, a pesar de no contar con los recursos necesarios
para la superación del problema, gestionarían lo correspondiente con el
Departamento. Asimismo, señalaron que se habían encontrado sedimentos en el
pozo ubicado frente al centro de salud del Municipio de Sabanalarga, diagonal a la
vivienda del accionante.
6 Resolución 200.15.04.0706 de 21 de diciembre de 2004.
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3.10. Indico que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía le informó,
mediante oficio con fecha 8 de marzo de 2011, que el Departamento no había
concertado la reforestación con la autoridad ambiental y que se había requerido al
Departamento para que solucionara los inconvenientes con las conexiones erradas
a las acometidas domiciliarias del alcantarillado sanitario al pluvial.
3.11. Advirtió que, como resultado de un análisis realizado por un laboratorio
ambiental a las muestras de agua tomadas del caño Güichiral, se reveló que el agua
tiene un índice alto de contaminación con la presencia de coliformes fecales.
3.12. Adujo que el Municipio dio respuesta a una solicitud del accionante el 5 de
mayo de 2011 indicando que la construcción del alcantarillado fue realizada por el
Departamento y que la licencia de la autoridad ambiental fue expedida un año
después de la suscripción del contrato de ejecución de las obras. Asimismo, la
entidad territorial le informó que están recaudando material que pruebe el
cumplimiento de la reforestación y que le solicitaron a la empresa prestadora de
servicios que identificara las acometidas que se conectaron erróneamente para
desarrollar el componente técnico que dará solución a la problemática.
3.13. Afirmó que la Corporación Autónoma Regional realizó visita el 3 de junio de
2011 y, mediante Concepto Técnico 500.25.8.49.11.0180 de 9 de junio de 2011,
manifestó que el alcantarillado cuenta con disipadores de energía, muros de
contención y gaviones; por lo tanto, los problemas de movimientos de masa en el
predio surgen debido a la retención del agua, la pendiente y la poca cobertura
vegetal.
3.14. Señaló que el Secretario de Planeación del Municipio indicó, el 30 de junio
de 2011, que la problemática surge por falta de protección vegetal en las riberas del
Caño e hizo referencia a un concepto de la autoridad ambiental en el que se afirmó
que “[…] el problema de erosión presentado actualmente en el precitado caño, fue
un impacto de carácter negativo previsto por la corporación al viabilizar el respectivo
permiso de vertimiento […]”.
3.15. Adicionó que antes de conectar el alcantarillado al Caño existía vegetación y
que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante Concepto
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Técnico 500.25.8.49.11.0365 de 2 de noviembre de 2011, corroboró el
incumplimiento de once obligaciones impuestas al Municipio y al Departamento;
concluyendo que existen conexiones de aguas residuales a los ductos de aguas
lluvias, que no se previeron los efectos nocivos sobre el área afectada que antes de
las obras se encontraba en buenas condiciones y que los deslizamientos tampoco
ocurrían previo a la ejecución de las obras que incrementó desproporcionadamente
el caudal de la cuenca.
Contestaciones de la demanda
4. El Departamento del Casanare7 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos8:
4.1. Manifestó que las funciones administrativas, de coordinación y de
complementariedad de la acción municipal por parte de la entidad Departamental
no pueden “[…] pretender la cogestión o coadministración en las entidades
municipales […]”.
4.2. Añadió que, conforme al artículo 311 de la Constitución 9, desarrollado en el
artículo 3.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199410 sobre las funciones de los
municipios, la entidad competente para responder por los hechos alegados por el
accionante es el Municipio de Sabanalarga, dado que el problema se encuentra
dentro de su jurisdicción y es responsable de la ejecución de obras destinadas a la
protección de la zona.
4.3. Advirtió que debe desestimarse la pretensión de reconocimiento de perjuicios
a los finqueros ribereños, así como las sanciones reclamadas, por la contaminación
del caño Guichiral, puesto que no corresponde a la finalidad de la acción popular
contemplada en la Ley 472 de 5 de agosto de 199811.
7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. Ver folios 110 a 117 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
9 “[…] Al municipio como entidad fundamental de la división político<sic>-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. […]”
10 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios. […]”
11 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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4.4. Planteó como excepciones de mérito: i) “falta de legitimidad en la causa por
pasiva”; e ii) “improcedencia jurídica de las pretensiones”.
5. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía12 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos13:
5.1. Indicó que de acuerdo al Expediente de Permisos Ambientales núm.
200.07.04-135, esta Corporación llevó a cabo los siguientes actos para otorgar los
permisos solicitados por el Departamento de Casanare: i) el Auto núm. 200.05.04-
0662 de 27 de octubre de 2004, que inició el trámite para el permiso de vertimiento
de aguas lluvias y la construcción del alcantarillado pluvial en el Municipio de
Sabanalarga, solicitado por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del
departamento; ii) el Concepto Técnico de Evaluación núm. 550.70, emitido el 23 de
noviembre de 2004 sobre el alcance de la solicitud; iii) la Resolución núm.
200.15.04.0706, de 21 de diciembre de 2004, que concedió el “Permiso de
Vertimiento de Alcantarillado Pluvial del Municipio de Sabanalarga”; iv) el Concepto
Técnico núm. 550.9.120-1110, de 15 de diciembre de 2005, en el que se evaluaron
los diseños de las obras mencionadas y se incluyeron las observaciones
pertinentes; y v) la Resolución núm. 200.15.06-174, del 20 de febrero de 2006, que
otorgó al Departamento de Casanare el permiso de ocupación de cauce sobre el
caño Guichiral para la construcción de obras complementarias.
5.2. Precisó que, en el ejercicio de sus funciones, expidió el Auto núm. 500.05.06-
0724 de 8 de junio de 2008 y el Auto núm. 500.57.09-1618 de 6 de noviembre de
2009, con el propósito de realizar visitas de control y seguimiento en relación con
los permisos ambientales otorgados al Departamento de Casanare para la
ejecución del proyecto en el Municipio de Sabanalarga.
5.3. Sobre el último auto mencionado, informó que se emitió el Concepto Técnico
núm. 500.10.1.33.6.11-0048 de 14 de enero de 2011, que dio lugar al Auto núm.
500.57.11-0516 de 22 de marzo de 2011. En este auto se requería:
12 Por intermedio de apoderado.
13 Cfr. Ver folios 131 al 139 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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“[…] 1. Tramitar ante esta Corporación el Permiso de Vertimiento de Aguas Lluvias
otorgado mediante la Resolución No 200.15.04-0706, del 21 de diciembre de 2004.
2. Realizar labores de mantenimiento a las estructuras existentes del Alcantarillado
Pluvial con el fin de optimizar su funcionamiento.
3. Presentar ante la Corporación un informe con su respectivo registro fotográfico en
el cual se determine la caracterización físico química y bacteriológica de los
vertimientos descargados por el Alcantarillado Pluvial en los puntos de Caño Blanco
y Buchiral.
4. Presentar la formulación e implementación del Maestro de Alcantarillado Pluvial del
Municipio de Sabanalarga […]”
5.4. Por lo anterior, sostuvo que, al emitir los permisos ambientales necesarios
para el Alcantarillado Pluvial del Municipio de Sabanalarga, también impuso las
medidas de compensación necesarias para mitigar el impacto del proyecto.
5.5. Concluyó que, conforme al artículo 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de
199314, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía continuará ejerciendo
sus funciones de control y seguimiento de los permisos ambientales otorgados para
el proyecto en curso, como se ha demostrado anteriormente. Sin embargo, destacó
que no tiene competencia para la terminación de las obras relacionadas con el
proyecto de alcantarillado, ya que dicha responsabilidad corresponde
principalmente al Municipio de Sabanalarga.
6. El Municipio de Sabanalarga15 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos16:
6.1. Aclaró que, acorde a la Ley 142 de 11 de julio de 199417, la Empresa de
Servicios Públicos de Sabanalarga – SEMSP S.A. es la entidad responsable del
manejo de las aguas lluvias en el casco urbano del Municipio, resaltando que esta
entidad no fue incluida en el proceso como parte demandada.
6.2. Expuso que, conforme al Auto núm. 200.15.04-0706 expedido por la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, el Departamento de Casanare es
el titular del permiso para el vertimiento de aguas al caño Guichiral en aplicación de
14 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. […]”
15 Por intermedio de apoderado.
16 Cfr. Ver folios 263 al 269 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
17 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
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los principios de concurrencia y subsidiariedad establecidos en el artículo 228 de la
Constitución.
6.3. Subrayo que conforme a la capacidad presupuestal del Municipio se priorizó
el proyecto denominado “[…] RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES
DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO MUNICIPIO DE
SABANALARGA – CASANARE […]”, el cual fue presentado al Gobierno
Departamental, y se alineó con el principio de concurrencia y solidaridad,
cumpliendo con las responsabilidades del ente territorial municipal en la gestión de
servicios públicos.
6.4. Añadió que no se ha probado de manera sumaria las afectaciones alegadas
por la implementación de las redes de aguas lluvias que desembocan en el caño
Guichiral. Por el contrario, el material probatorio indica que la autoridad ambiental
ha llevado a cabo un seguimiento adecuado, garantizando así su correcto
funcionamiento y estado.
6.5. Enfatizó que la acción popular tiene una finalidad preventiva y restitutoria, y
no reparatoria; en consecuencia, es improcedente la solicitud de reparación por los
presuntos daños causados, ya que la acción popular no está diseñada para cubrir
daños, sino para prevenir y restituir el cumplimiento de normas ambientales.
6.6. Propuso como excepciones las denominadas: i) “falta de legitimación en la
causa por pasiva”; ii) “ausencia de vulneración de los derechos colectivos”; e iii)
“improcedencia de la reparación de los daños”.
7. La Empresa Municipal de Servicios Públicos y Domiciliarios ESP. en
liquidación18 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con
fundamento en los siguientes argumentos19:
7.1. Manifestó que no es la responsable del manejo de las aguas lluvias en el
caso urbano del Municipio, la empresa era prestadora de acueducto y alcantarillado
sanitario; sin embargo, ahora está encargada la empresa denominada “Sabanalarga
18 Por intermedio de apoderado.
19 Cfr. Ver folios 331 al 336 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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Empresa de Servicios Públicos - SEMSEP ESP. S.A.”, la cual opera desde el 30 de
diciembre de 2011.
7.2. Indicó que la autoridad llamada al cumplimiento de lo establecido en auto
20.15.04-0706, expedido por la Corporación Autónoma Regional, es el
Departamento de Casanare por ser titular del permiso de vertimiento y financiar el
proyecto.
7.3. Advirtió que el accionante no ha demostrado la afectación que afirma
respecto a contaminación al caño Güichiral ni de los perjuicios que la obra de las
redes de alcantarillado ha causado a los predios colindantes. Además, que
mediante la acción popular no es la apropiada para solicitar reparación de los
presuntos daños causados a la propiedad de particulares.
7.4. Propuso como excepciones las denominadas “falta de legitimación de la
causa por pasiva”, “ausencia de vulneración de los derechos colectivos” e
“improcedencia de la reparación de los daños”.
8. Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos - SEMSEP ESP. S.A.20
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en
los siguientes argumentos21:
8.1. Manifestó que no hubo vulneración de derechos e intereses colectivos en
razón a que no es la responsable del manejo de aguas lluvias en el Municipio de
Sabanalarga teniendo en cuenta que no realiza cobro por esa actividad ni la ha
incluido en su estructura tarifaria. Al respecto señaló que el Concepto 085 de 2006,
expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó que
frente a “[…] la responsabilidad del manejo de aguas lluvias, es procedente aclarar
que la persona prestadora del servicio de alcantarillado es responsable de su
manejo, siempre y cuando haya incorporado los costos asociados al manejo
de aguas lluvias en la aplicación de la metodología tarifaria del servicio de
alcantarillado […]” (Subrayas y destacado del texto del recurso).
20 Por intermedio de apoderado.
21 Cfr. Ver folios 375 a 380 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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8.2. Advirtió que la empresa se había constituido poco tiempo atrás y no contaba
con los recursos financieros para asumir la construcción de redes de alcantarillado
pluvial.
8.3. Señaló que los departamentos tienen la función complementaria de apoyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a
los municipios que hayan asumido la prestación directa.
8.4. Adujo que, por la naturaleza de la acción popular es improcedente solicitar
reparación de los presuntos daños causados a las viviendas de los perjudicados.
8.5. Presentó las excepciones denominadas “falta de legitimación de la causa por
pasiva”, “ausencia de vulneración de los derechos colectivos” e “improcedencia de
la reparación de los daños”.
Actuaciones, en primera instancia
9. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal, en el curso de este proceso,
profirió auto el 12 de diciembre de 201122 declarando la falta de competencia de esa
autoridad judicial para conocer la demanda y ordenando remitir el proceso al
Tribunal Administrativo de Casanare.
10. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto el 19 de diciembre de
201123 en el que resolvió avocar conocimiento y admitir la demanda.
11. El mismo Tribunal celebró la audiencia de Pacto de Cumplimiento los días 11
de mayo24 y 27 de julio25 de 2012, en la cual se presentaron las respectivas fórmulas
de arreglo y se llegó a un pacto parcial de cumplimiento entre las partes. En el
mencionado acuerdo quedó pendiente la solución integral del problema de
reposición de redes para separar definitivamente las aguas sanitarias de las
pluviales; sin embargo, el pacto se estructuró en los siguientes términos:
“[…] El municipio de Sabanalarga, directamente o en convenio con su empresa
SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. S. P. S. A., se obliga a
financiar y contratar los estudios geotécnicos que se requieran para diseñar los
22 Cfr. Ver folio 67 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
23 Cfr. Ver folios 70 y 71 del Cuaderno Principal 1, expediente físico.
24 Cfr. Ver folios 371 a 373 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
25 Cfr. Ver folios 407 a 410 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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trabajos a que haya lugar para la solución (diagnóstico, prevención y corrección de
impacto ambiental e hidráulico), la solución de la problemática que se genera aguas
abajo del punto de entrega del alcantarillado pluvial al caño Guchiral (sic), objeto de
las pretensiones populares en este proceso. Con base en dichos estudios deberá
radicar el proyecto integral a que haya lugar ante el departamento de Casanare para
la solución definitiva. El municipio contratará los estudios en lapso no mayor a tres
(3) meses a partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe al pacto parcial.
2. El departamento se obliga a financiar los trabajos que se requieran conforme al
estudio geotécnico e hidráulico a que se refiere el numeral anterior, para la
protección y recuperación del caño Guchiral (sic) desde el punto de actual
vertimiento del alcantarillado pluvial, contaminados por algunas acometidas
sanitarias, aguas abajo hasta donde lo indiquen los estudios técnicos, incluyendo en
tales obras los gaviones, rellenos, reposición de capa vegetal y regevetalización (sic)
que se requieran, incluida igualmente el área de influencia de dichas escorrentías
en las áreas adyacentes al caño en el predio Las Delicias del actor popular y otros
que puedan estar afectados, limitada la intervención estatal a la ronda protectora del
caño. El departamento realizará el estudio y adoptará las determinaciones de su
competencia acerca de la viabilización del proyecto en un plazo no mayor a dos (2)
meses a partir de su radicación por el municipio, el cual podrá suspenderse
transitoriamente si hubiere lugar a fundadas observaciones de carácter técnico o
legales, que el municipio tendrá que corregir a la brevedad. Viabilizado el proyecto
adelantará la actuación administrativa a que haya lugar para proveer los recursos al
ejecutor de los mismos o contratar directamente las obras que se requieran, en un
plazo no mayor a un mes.
3. Si fuere el caso, el departamento contratará la ejecución de los trabajos que
indiquen los estudios técnicos en un lapso no mayor a los tres (3) meses siguientes;
si la administración territorial opta por convenio o contrato interadministrativo con el
municipio o su empresa de servicios, la entidad que actúe como ejecutora tendrá
idéntico plazo máximo para la contratación e iniciación de los trabajos.
4. El actor popular, quien también tiene la calidad de propietario del predio Las
Delicias, se compromete a permitir el acceso a[l] área de los trabajos si fuere
necesario, para cuyos efectos el ejecutor de los trabajos deberá convenir lo que sea
necesario respecto de eventuales afectaciones de predio privado, si hubiere
desacuerdos que no puedan dirimirse directamente por las partes se someterán a
decisión judicial, sin que por ellos pueda impedirse la ejecución de los trabajos […]”.
12. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia de 31 de julio de
201226 aprobando el pacto parcial de cumplimiento, en el los términos señalados
supra.
Sentencia proferida, en primera instancia
13. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 18 de julio de
2013, resolvió:
26 Cfr. Ver folios 412 a 414 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100212-01
“[…] 1º DECLARAR infundadas las excepciones procesales y de mérito propuestas
por los integrantes de la parte pasiva.
2° EXCLUIR de los mandatos de esta sentencia a Empresa de Servicios Públicos de
Sabanalarga SEMSP S.A. -en liquidación-, la que se declara sustituida procesalmente
por Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos SEMSEP E.S.P. S.A., para todo lo
que concierna al cumplimiento del presente fallo popular.
3° DECLARAR que Casanare, Sabanalarga, Sabanalarga Empresa de Servicios
Públicos SEMSEP E.S.P. S.A. y CORPORINOQUÍA, en los términos que a cada ente
estatal se imputan en la motivación, incurrieron en agravio a los derechos e intereses
colectivos denominados ambiente sano, protección de los recursos naturales y
salubridad pública, consagrados en los literales ‘a’, ‘c’ y ‘g’ del artículo 4 de la Ley
472 de 1998.
4° ORDENAR a Casanare, Sabanalarga, Sabanalarga Empresa de Servicios
Públicos SEMSEP E.S.P. S.A. y CORPORINOQUÍA, realizar las actividades
descritas de manera general para cada ente estatal en la tabla 6.1.2 inserta en la
motivación, las cuales deberán orientarse a y (sic) obtener los objetivos señalados en
el aparte 6.1.1 de la parte considerativa; todo ello conforme a los productos
esperados, metas y plazos allí señalados.
5° Denegar las demás pretensiones del actor popular.
5° (sic) Designar como auditores del cumplimiento del fallo, a título de comité de
verificación, al procurador judicial II ambiental y agrario, quien lo coordinará; al
gobernador de Casanare, al director de CORPORINOQUÍA, al alcalde y al personero
de Sabanalarga, al gerente de Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos SEMSEP
E.S.P. S.A. y a un vocero de control de esta última. Si no los hubiere, un representante
de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de dicha municipalidad,
escogido de común acuerdo por los tres últimos funcionarios aludidos.
El comité velará por el estricto cumplimiento de la sentencia; realizará controles
periódicos como se indicó en la parte considerativa y alertará al Tribunal a la brevedad
respecto de cualquier contingencia que perturbe la ejecución del fallo.
6° Sin costas en la instancia […]”27.
Consideraciones del Tribunal
14. El Tribunal planteó los siguientes problemas jurídicos:
“[…] PJ1. ¿Constatado por el juez popular que existan agravio o amenaza a
derechos o intereses colectivos, está constreñido por el principio de congruencia
entre pretensiones explícitas y los mandatos que pueda adoptar en la sentencia para
remediarlos?
PJ2. ¿Compete al juez popular adoptar disposiciones para la indemnización de
eventuales daños causados a predios o bienes privados, con ocasión de una
problemática que impacta directamente el recurso público ambiente?
27 Cfr. Ver folios 790 y 791 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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Núm. único de radicación: 850012331000201100212-01
PJ3. ¿Identificada la existencia de afectación del bien público ambiente en virtud de
la contaminación de un sistema de alcantarillado pluvial por conexiones y filtraciones
de la red sanitaria, se entiende conjurado el daño o contenida la amenaza con la
preparación de proyectos orientados a la futura ejecución de obras civiles de
mitigación de impacto o de protección de acuíferos?
PJ4. ¿Es suficiente respecto del cumplimiento de las obligaciones misionales de la
autoridad ambiental, frente a un evento de contaminación de un sistema de
alcantarillado pluvial por conexiones y filtraciones de la red sanitaria, la intervención
administrativa correctiva que declara contravenciones e impone sanciones?
PJ5. ¿Está obligado el departamento a concurrir en la financiación de las obras
civiles de mitigación de impacto, de protección de acuíferos y de reposición de un
sistema de alcantarillado sanitario, respecto de un municipio de su jurisdicción que
carece de recursos propios para desarrollarlas?
PJ6. ¿Constituida una entidad descentralizada municipal para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, entre ellos el de alcantarillado sanitario, se libera el
respectivo municipio de las obligaciones legales atinentes a la provisión de
infraestructura adecuada que cumpla los estándares legales de cobertura y calidad
previstas en la regulación sectorial? […]”28.
15. El Tribunal adujo que todas las entidades habían aceptado la responsabilidad
que a cada una le compete en la problemática, de allí que en el pacto de
cumplimiento asumieran obligaciones específicas.
16. Agregó que en la audiencia de pacto de cumplimiento se acordaron las
medidas de mitigación para el impacto ambiental que se produce con el aumento
del caudal en el Caño en la temporada de lluvias, como consecuencia de la conexión
del alcantarillado pluvial; sin embargo, no se habían tomado decisiones respecto a
la contaminación por las conexiones irregulares del alcantarillado sanitario y otras
fallas estructurales. Asimismo, sumado a los derechos e intereses colectivos
invocados en el escrito de demanda también adicionó como vulnerado el literal “c”29
del artículo 4 de la Ley 472.
17. Indicó que, si bien el artículo 3430 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199831
autoriza la imposición de condenas resarcitorias a quienes hayan lesionado los
28 Cfr. Ver folios 781 y 782 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
29 Derecho e interés colectivo a “[…] la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica,
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente […]”.
30 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio
de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
31 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio
de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
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derechos e intereses colectivos, cuando se tiene como beneficiaria la entidad que
los tuviera a su cargo sin ser la responsable de los daños; sin embargo, el actor
popular solicita someter a juicio de responsabilidad estatal por los daños sufridos en
su propiedad privada, cuando dicha solicitud debe presentarse vía reparación
directa y no a través del presente medio de control.
18. El Tribunal señaló que el Departamento de Casanare es responsable en tanto
obtuvo la licencia de vertimientos para ejecutar el proyecto de alcantarillado y realizó
los trabajos sin la debida precaución de adoptar las medidas técnicas para evitar
que los taludes de la ronda fueran desestabilizados. Asimismo, debió haber
identificado los factores de riesgo de contaminación de las aguas lluvias con las
filtraciones del alcantarillado sanitario.
19. Aseveró que el Municipio de Sabanalarga es el primer responsable de la
prestación optima de los servicios públicos y, además, fue quien organizó, financió,
adoptó y dirigió las políticas públicas locales relacionadas con la materia.
Adicionando que no solamente la empresa prestadora es responsable sino también
la entidad territorial que la creó.
20. El Tribunal precisó que se requiere complemento al pacto parcial aprobado
para fijar responsabilidades institucionales concretas con indicadores verificables
para que lo proyectado se convierta en resultados materiales sin postergar los
plazos ni sustituir los compromisos previos y, en ese sentido, señaló como objetivos
y responsabilidades concretas las siguientes:
“[…] 6.1.1. Los objetivos. Se trata de agilizar, agotar con resultados el proceso de
planificación, hacer contratar y ejecutar las obras civiles que se requieran, para llevar
a término integralmente la reposición de las redes del sistema de alcantarillado
sanitario de la cabecera municipal de Sabanalarga; optimizar la planta de
tratamiento y el emisario final hasta el río Upía, acorde con los diseños, las
especificaciones técnicas y las regulaciones legales y reglamentarias nacionales
que le conciernan.
Igualmente, de exigir a Sabanalarga que cumpla o haga cumplir las obligaciones
que le corresponden respecto de las políticas de protección de rondas de los
cuerpos de agua y de inversión pública directa en reforestación, aplicadas en
concreto a la recuperación y preservación de la ronda del caño Güichiral en el área
de influencia del punto de entrega del alcantarillado pluvial a esa fuente, según lo
dictaminen los estudios técnicos; y de precaver lo que a su vez corresponda, antes
de que se produzca el daño, respecto del emisario final al río Upía (entre otras
fuentes atinentes: Ley 99 de 1993, arts. 108 y 111; Decreto 1449 de 1997, arts. 1 y
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2; Decreto 2278 de 1953, arts. 11, 24 y 57). Todo en concurrencia con Casanare,
bajo la vigilancia y con el apoyo técnico institucional y la cofinanciación de
Corporinoquía.
6.1.2 Las responsabilidades concretas. Se consignan en la siguiente tabla
descriptiva; no pretende agotar exhaustivamente los componentes técnicos de cada
actividad, que definirán las autoridades y sus consultores especializados, sin
desnaturalizar los objetivos prefijados en el párrafo que antecede.
Actividad Responsable Metas – plazos Indicadores
6.1.2.1. Si no lo ha Sabanalarga y Hasta tres (3) Proyecto
hecho, radicar Sabanalarga meses a partir viabilizado por
proyecto completo Empresa de de ejecutoria. Planeación de
y corregido para la Servicios Públicos Casanare y por la
renovación y SEMSEP E.S.P. autoridad
optimización de la S.A. nacional, para
red de someterlo al
alcantarillado OCAD.
sanitario urbano,
incluidos planta de
tratamiento y
emisario final al río
Upía.
6.1.2.2. Apoyar el Planeación de Compartido con lo indicado en el
proceso técnico de Casanare. aparte 6.1.2.1
planeación del
proyecto aludido en
el aparte que
precede.
6.1.2.3. Previo Casanare No se fija plazo Proyecto
cumplimiento del (gobernador). al OCAD, no aprobado,
proceso de concernido por priorizado y
planeación, el fallo. Se viabilizado por
defender en el librará OCAD.
OCAD la requerimiento a
priorización y ese órgano
asignación de colegiado, con
recursos para exhortación
financiar el para que agilice
proyecto indicado el proceso
en el aparte 6.1.2.1. decisorio.
6.1.2.4. Definir el Casanare, Hasta dos (2) Convenio,
instrumento y el administración meses después contrato
ejecutor de los central de de haberse interadministrativo
recursos que Sabanalarga y pronunciado o estructura que
aprueba OCAD Sabanalarga OCAD con la definan las
para este proyecto. Empresa de aprobación del autoridades
Servicios Públicos proyecto. competentes.
SEMSEP E.S.P.
S.A.
6.1.2.5. Cofinanciar Casanare: no Presupuesto Certificado de las
el excedente del menos del ochenta para la vigencia dependencias de
costo estimado del por ciento (80%). fiscal 2014. presupuesto, que
proyecto, que no Fecha de acredite la
sea cubierto con los expedición del existencia de la
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recursos que Sabanalarga: no decreto de pertinente
apruebe el OCAD. menos del diez liquidación de apropiación en
(10%) por ciento. dicho cada ente
Sabanalarga presupuesto. obligado.
Empresa de
Servicios Públicos
SEMSEP E.S.P.
S.A.: el saldo
restante.
6.1.2.6. Apertura Casanare, Hasta dos (2) Acto
del proceso de Sabanalarga y meses después administrativo de
contratación del Sabanalarga de haberse apertura del
proyecto aludido en Empresa de adoptado y proceso de
esta tabla. Servicios Públicos liquidado el selección
SEMSEP E.S.P. presupuesto
S.A., por conducto vigencia 2014.
del ejecutor o su
equivalente, que
acuerden.
6.1.2.7. Selección Casanare, Hasta cinco (5) Contrato
del contratista, Sabanalarga y meses perfeccionado con
celebración, Sabanalarga siguientes a la registro
perfeccionamiento Empresa de apertura del presupuestal y
e iniciación de la Servicios Públicos proceso de acta de iniciación.
actividad SEMSEP E.S.P. selección. Si Debe contratarse
contractual para S.A., por conducto resultare oportunamente
ejecutar el del ejecutor o su desierto, se la respectiva
proyecto. equivalente, que extenderá interventoría.
acuerden. hasta por otros
tres (3) meses.
6.1.2.8. Casanare, Acorde con el Acta de
Terminación de los Sabanalarga y plazo terminación del
trabajos previstos Sabanalarga contractual. No contrato, con
en el proyecto y Empresa de se aceptará recibo de obras a
puesta en Servicios Públicos como excusa satisfacción de la
funcionamiento del SEMSEP E.S.P. para diferir las entidad
nuevo sistema S.A., por conducto obligaciones contratante,
integral de del ejecutor o su que impone visada por
alcantarillado equivalente, que esta interventoría y con
sanitario de acuerden. sentencia, refrendación de
Sabanalarga. ninguna los representantes
suspensión, legales
dilación o (ordenadores de
extensión de gasto) de
plazos Casanare,
contractuales Sabanalarga y
por falta de Sabanalarga
planeación o Empresa de
de giro Servicios Públicos
oportuno de SEMSEP E.S.P.
recursos del S.A.
contrato.
6.1.2.9. Inversión Sabanalarga Presupuesto Apropiación
en reforestación de (administración vigencias 2014 presupuestal y
la ronda protectora central y su ejecución de las
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del caño Güichiral, empresa de y actividades de
área de influencia servicios públicos subsiguientes. reforestación,
del descole del domiciliarios). con carácter
alcantarillado Cofinanciación de periódico.
pluvial. Los montos Corporinoquía,
anuales serán acorde con Ley 99
cuando menos los de 1993.
fijados en el
ordenamiento legal
nacional.
6.1.2.10. Inversión Sabanalarga Presupuesto
en reforestación (administración vigencias 2014,
preventiva para central y su 2015, 2016 y
mitigar impacto empresa de subsiguientes.
ambiental del servicios públicos Cada uno en su
descole del domiciliarios). respectiva
alcantarillado Cofinanciación de anualidad.
sanitario en el río Corporinoquía,
Upia. Los montos acorde con Ley 99
anuales serán de 1993.
cuando menos los
fijados en el
ordenamiento legal
nacional, conforme
con las
recomendaciones
que arrojen los
estudios técnicos
previos del nuevo
alcantarillado
sanitario.
6.1.2.11. Fijar Corporinoquía Dentro del mes Informe técnico
periódicamente, siguiente a la periódico.
previa solicitud de terminación de Recomendaciones
Sabanalarga, los cada ciclo de y correctivos
parámetros siembra y luego técnicos.
técnicos para la cada seis (6) Eventuales actos
inversión en meses, durante sancionatorios.
reforestación los años 2014,
indicada en los dos 2015 y 2016.
ordinales
precedentes, y
verificar los
resultados para
asegurar que se
cumplan sus
cometidos
estatales.
[…]”32.
32 Cfr. Ver folios 788 y 789 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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Recursos de apelación
21. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía33 interpuso recurso
de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó
su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
21.1. Señaló que no tiene competencias para ejecutar ninguna implementación,
adecuación o arreglo de conexiones de alcantarillado sanitario o pluvial debido a
que es una competencia exclusiva de las entidades territoriales.
21.2. Indicó que en el artículo sexto de la Resolución 200.15.04.0706 de 21 de
diciembre de 2004, mediante la cual se otorgó al Departamento permiso de
vertimientos, se estableció que el Departamento de Casanare debía adelantar
programas de reforestación con especies propias de la región en los contornos y a
las márgenes de los caños Güichiral y Blanco. Asimismo, la misma entidad territorial
de orden departamental sería responsable por cualquier daño o deterioro que pueda
ser causado por el medio ambiente en el desarrollo del proyecto del sistema pluvial
del Municipio, para lo cual debía adoptar las medidas correctivas e informar
inmediatamente a la autoridad ambiental.
21.3. Advirtió que, mediante autos 500.57.08-0532 de 10 de junio de 2008,
500.57.11-0516 de 22 de marzo de 2011 y 500.57.12.1009 de 23 de mayo de 2012;
requirió al Departamento de Casanare por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del permiso de vertimiento. En atención al incumplimiento de dichos
requerimientos, la Corporación Autónoma Regional abrió investigación
administrativa de carácter ambiental y formuló cargos contra el Departamento y el
Municipio, en los cuales se encontraba incumplimiento de la reforestación en los
contornos de los Caños mencionados en una extensión de tres (3) hectáreas.
21.4. Solicitó ordenar al Departamento de Casanare acatar la medida de
compensación derivada del permiso de vertimiento otorgado para el sistema de
alcantarillado pluvial del Municipio de Sabanalarga.
33 Cfr. Ver folios 792 al 795 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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22. El Departamento de Casanare34 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
22.1. Adujo que las órdenes impartidas ya se encuentran cumplidas, en ese
sentido alegó que operaba el hecho superado.
22.2. Advirtió que, con relación a la contaminación del caño Güichiral por
conexiones erradas de algunas viviendas al alcantarillado pluvial, no se ha
demostrado que el Departamento haya incumplido y, por el contrario, relacionó una
serie de actuaciones que evidencian el actuar de tal entidad territorial con los
compromisos asumidos a su cargo que darían como superadas las órdenes
impuestas en la tabla 6.1.2. de la sentencia proferida, en primera instancia:
22.2.1. En la audiencia de pacto de cumplimiento, el Departamento se
comprometió a realizar la financiación del estudio geotécnico e hidráulico para la
protección del Caño, previa presentación del proyecto integral a cargo del Municipio
de Sabanalarga o de la empresa prestadora de servicios públicos.
22.2.2. En la inspección judicial, realizada el 26 de octubre de 2012, el delegado
del Departamento informó que los recursos para financiar el proyecto de “[…]
renovación y optimización de la red de alcantarillado sanitario urbano del municipio
de Sabanalarga Casanare […]” habían sido aprobados por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión – OCAD. Consideró que con este punto se evidenciaba
el cumplimiento de los numerales 6.1.2.1., 6.1.2.2. y 6.1.2.3. de la parte resolutiva
de la sentencia proferida, en primera instancia.
22.2.3. Producto de la aprobación de recursos mencionada, se suscribió el
Contrato Interadministrativo 2246 de 14 de diciembre de 2012 cuyo objeto es la “[…]
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA RENOVACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y
MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE
34 Cfr. Ver folios 819 a 819 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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SABANALARGA CASANARE […]” con un plazo de ejecución de nueve (9) meses
que dio inicio el 24 de diciembre de 2013. Consideró que con este punto se
evidenciaba el cumplimiento de los numerales 6.1.2.4. y 6.1.2.5. de la parte
resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, teniendo en cuenta que el
OCAD aprobó el 100% del valor del proyecto a financiar con los recursos de regalías
del Departamento.
22.2.4. En desarrollo del citado Contrato Interadministrativo se celebraron los
Contratos SEMSEP 008 y 009 de 28 de febrero de 2013 cuyos objetos consisten,
respectivamente, en “[…] [i]nterventoría a la renovación y optimización de la red de
alcantarillado sanitario urbano y modificación del punto de vertimiento del sistema
de tratamiento de aguas residuales del casco urbano de Sabanalarga Casanare
[…]” y “[…] renovación y optimización de la red de alcantarillado sanitario urbano, y
modificación del punto de vertimiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales del casco urbano de Sabanalarga Casanare […]”. Lo anterior en
cumplimiento de los numerales 6.1.2.6. y 6.1.2.7. de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia.
22.2.5. Finalmente, indicó que, en aplicación de los principios de
complementariedad y subsidiariedad, el Departamento aportó el 100% del valor del
convenio según el proyecto presentado por el Municipio. Y, respecto a la planta de
tratamiento de agua residual advirtió que no hizo parte del proyecto presentado por
el Municipio debido a que había sido contratada por el Departamento en el año 2010
mediante Contrato de Obra 0779 de 18 de mayo de 2010, el cual se encuentra en
etapa de liquidación.
Actuaciones en segunda instancia
23. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare profirió
auto de 2 de agosto de 201335 mediante el cual se concedieron los recursos de
apelación interpuestos por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y el
Departamento de Casanare contra la sentencia proferida, en primera instancia.
35 Cfr. Ver folio 859 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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24. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 19 de mayo
de 201436 mediante el cual admitió los recursos de apelación interpuestos por la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y el Departamento de Casanare
contra la sentencia de 18 de julio de 2013 proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Casanare.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
25. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
derecho e interés colectivo a la seguridad y la salubridad públicas; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés colectivo al goce
de un ambiente sano; vi) el marco normativo sobre las competencias de las
autoridades en materia de saneamiento básico y prestación del servicio público
domiciliario de alcantarillado; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de
la carencia de objeto por hecho superado; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
26. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201937, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15038 de
la Ley 1437 de 18 de enero de 201139, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenta contra la sentencia proferida en primera instancia, por
los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
36 Cfr. Ver folio 863 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
37 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
38 Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “[...] Por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones [...]”.
39 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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27. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
28. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y el
Departamento de Casanare en los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, de conformidad con los artículos 32040 y 32841 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201242, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
29. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
29.1. Si la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía es o no competente
para cumplir las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia,
orientadas a la implementación, adecuación o arreglo de conexiones de
alcantarillado, así como las relacionadas con la reforestación de la zona de
protección del caño Güichiral.
29.2. Si se configura o no el hecho superado en cuanto a que, para el momento de
proferir la sentencia, en primera instancia, ya se encontraban ejecutadas las
medidas ordenadas en los numerales 6.1.2.1., 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4., 6.1.2.5.,
6.1.2.6, 6.1.2.7. y 6.1.2.8. de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera
instancia.
40 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
41 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
42 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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30. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
31. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
32. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
33. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
34. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
35. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
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ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”43.
36. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
37. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo a la seguridad y la salubridad públicas
La seguridad pública
38. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01 (AP).
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Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.
39. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional44 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: i) es un valor constitucional, ii) es
un derecho colectivo, y iii) es un derecho fundamental.
40. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
41. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado45[…]”.
La salubridad pública
42. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200146, 32 de la Ley 1222 de 9 de
44 Corte Constitucional, Sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de
2007, núm. de radicación: 540012331000200400385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007,
núm. de radicación: 730012331000200301236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, núm. de radicación:
190012331000200500988-01(AP).
46 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
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enero de 200747 y 6.°, numeral 4.º, de la Ley 1801 de 29 de julio de 201648 , relativos
a la salud pública.
43. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
44. Asimismo, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. En esa línea, toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad.
45. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.
46. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
47. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.
48. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.
47 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones”.
48 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
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49. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
50. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801, la salud
pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que
le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho de diferentes
connotaciones49.
51. Vista la Ley 9 de 24 de enero de 197950, el legislador adoptó medidas
sanitarias, entre otros, sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de
residuos líquidos, sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) el suministro de
agua; y iv) el saneamiento de edificaciones.
52. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201751, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.
53. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ‘salud
pública’ y ‘salubridad pública’ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
49 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
50 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
51 Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
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orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”52.
54. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:
“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”53.
55. Asimismo, esta Sección ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de
transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”54.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de
2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 680012331
000201200485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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56. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]”55. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce a un ambiente sano
57. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
58. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,
radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 680012333000201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
59. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197356 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197457, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.
60. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
61. A su vez, la Corte Constitucional58 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
56 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
57 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
58 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. M.P. Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de
2017.
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por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado
62. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.
63. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente59, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental60 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios61.
64. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.
65. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
59 Artículo 79.
60 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
61 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
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los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155162, la
norma señala lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)
66. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
62 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó
la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.
67. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.
68. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.
69. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.
70. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
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normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
71. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden de garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.
72. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:
“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
73. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.
74. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10.°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
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desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.
75. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la carencia de objeto por
hecho superado
76. Visto el artículo 9 de la Ley 472, sobre la procedencia del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos establece que “[…] [l]as
acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e
intereses colectivos […]”.
77. Teniendo en cuenta que, en mayor medida, el concepto de hecho superado
ha sido desarrollado desde la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado
que se presenta cuando “[…] por la acción u omisión […] del obligado, se supera la
afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado […] en el
sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de la satisfacción de lo pedido […][.] En efecto, si lo pretendido con la
acción […] era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al
pronunciamiento del juez […], sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración
de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se
satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el
vacío’ […]”63 (Destacado fuera de texto).
63 Corte Constitucional, sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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78. Esta Sección64 ha reiterado el criterio jurisprudencial y sostuvo que la
carencia de objeto puede presentarse cuando se ha superado la afectación de los
derechos e intereses colectivos y no es necesario ordenar la restitución de las cosas
a su estado anterior; o cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir
a la restitución. En la ocurrencia de tales supuestos, la orden judicial sería inocua y
carecería de sentido exigir que se efectuara o se omitiera algo que ya se cumplió.
79. En otra oportunidad, la Corte Constitucional65 determinó que mientras
permanezcan vigentes los hechos que han dado lugar a la presentación de la
demanda, no se configura la carencia de objeto. Lo anterior ocurre, por ejemplo,
cuando la autoridad ha adelantado alguna actuación tendiente a la superación de la
situación que ocasiona la vulneración o amenaza de los derechos, sin que ello
implique que cesó la conducta o los hechos que dieron lugar al reclamo de amparo
de dichos derechos.
80. De esa misma forma, esta Sección se pronunció cuando en el marco de una
acción popular se ha encontrado que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos invocados persiste, a pesar que el demandado, o las autoridades
judiciales de conocimiento consideran que la situación conculcadora cesó; por
ejemplo, en sentencia de 30 de junio de 2017 66 se consideró que no había lugar a
declarar carencia actual de objeto en la medida en que “[…] no se probó que hubiese
desaparecido la situación de transgresión de los derechos colectivos cuyo amparó
se perseguía, la Sala considera que no hay lugar a su declaración […]".
81. Al respecto, esta Sección ha mantenido de forma reiterada que, pese al
argumento de superación de la situación que dio lugar a la instauración de la
demanda, es necesario que se pruebe tal circunstancia y que el juez ‘verifique el
cese de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de
2018, número único de radicación: 250002341000201300817-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
65 Corte Constitucional, sentencia T-366 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En este caso, dicha
Corporación decidió que en el caso bajo estudio no se había configurado la carencia actual de objeto, por cuanto
el Seguro Social, al momento del fallo, sólo había expedido una orden escrita para la práctica del examen
requerido por la accionante, sin embargo, la misma seguía a la espera de su práctica, de manera que la
vulneración de su derecho a la salud no había cesado.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de
2017, número único de radicación: 170012333000201300259-02(AP), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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popular’67 y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración subsiste, no es
posible declarar el hecho superado68.
Análisis del caso concreto
82. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
83. El Tribunal Administrativo de Casanare amparó los derechos colectivos: i) al
goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentaria; ii) a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación
de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así
como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente; y iii) a la seguridad y salubridad públicas; luego
de considerar acreditado el impacto ambiental producido por la contaminación de
las aguas que desembocan en el caño Güichiral, las cuales no son únicamente
lluvias sino también residuales domésticas.
84. En consecuencia, le ordenó al Municipio de Sabanalarga, al Departamento
de Casanare, a la empresa prestadora de servicios públicos de Sabanalarga y a la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía que gestionen distintas aristas
para la ejecución del proyecto orientado a la renovación y optimización de la red de
alcantarillado sanitario urbano, incluyendo trámites para su financiación y la
respectiva inversión en reforestación de la ronda protectora del caño Güichiral.
85. Contra esta decisión, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y el
Departamento de Casanare interpusieron recursos de apelación que
fundamentaron en que, respectivamente, no son competentes para asumir dichas
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013,
número único de radicación: 2010-00650-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de
2014, número único de radicación: 410012331000201100356-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
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responsabilidades y que las órdenes impartidas por el Tribunal ya fueron cumplidas;
por lo tanto, operaría el hecho superado.
86. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, son las siguientes69:
86.1. Copia del informe rendido por el auxiliar de justicia70 en el cual se
determinó que las conexiones irregulares del alcantarillado sanitario al sistema de
alcantarillado pluvial sí generan impacto ambiental sobre el caño Güichiral,
perceptible por la distinción de aguas contaminadas visibles en el punto de descarga
y los malos olores allí perceptibles. Asimismo, constató que debía realizarse la
reposición total del sistema de alcantarillado sanitario.
86.2. Copia del segundo informe rendido por el auxiliar de justicia71 en el cual
precisó como resultado de los análisis físico químicos y organolépticos, de las
muestras tomadas el 6 de marzo de 2013 en varios puntos del caño Güichiral, que
se encontraron hallazgos de bajo impacto en los parámetros técnicos que pueden
mitigarse con tratamiento convencional. Asimismo, se encontraron coliformes en no
mas de 34% del máximo permitido según la regulación de la autoridad nacional; en
ese sentido, indicó que aproximadamente a 120 metros del punto de descarga el
agua del Caño es apta para uso humano.
86.2.1. En el mismo documento se plasmó que no era común que los análisis
arrojaran índices más contaminados en distancias superiores a cien metros de la
boca de desagüe que en el punto más próximo; por lo tanto, al tomar nuevas
pruebas se reveló que los deslizamientos de tierra producen estancamiento en
ciertos lugares que, aunque en época de verano acentúan los malos olores y la
concentración de residuos no deseables, en época de lluvia se supera naturalmente
dicha problemática. Igualmente, el inconveniente ocurre debido a la pérdida de
cobertura vegetal por intervención antrópica y características del suelo.
86.3. Inspección judicial realizada el 26 de octubre de 201272, en la cual se
señaló que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión aprobó recursos de
69 Cfr. Ver Cuaderno 1, Cuaderno 3, folios 880 a 1006 Cuaderno Principal 4, expediente físico.
70 Cfr. Ver folios 513 y 670 Cuaderno Principal 2, expediente físico.
71 Cfr. Ver folios 693 a 701 Cuaderno Principal 3, expediente físico.
72 Cfr. Ver folio 491 Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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cuatro mil quinientos veintidós millones de pesos M/cte. ($4.522´000.000,oo) para
financiar la ejecución del proyecto de renovación y optimización de la red de
alcantarillado sanitario urbano. Asimismo, el Municipio manifestó que sembraría las
plántulas a lo largo de tres (3) hectáreas una vez el Departamento suministre el
material vegetal, quien a su vez estuvo de acuerdo.
86.4. Copia del Oficio BPPIM 009-2012 de 16 de abril de 201273, expedido por
el Municipio de Sabanalarga, mediante el cual solicitó recursos del Departamento
de Casanare para el proyecto denominado “[…] renovación y optimización de la red
de alcantarillado sanitario y construcción del punto de vertimiento del sistema de
tratamiento de aguas residuales del área urbana del Municipio de Sabanalarga
Casanare […]”.
86.5. Copia de Oficios 700.29.01.0262 y 710.44.20.017 de 14 de marzo de
201374, expedidos por el Departamento de Casanare, mediante los cuales se
informó que el proyecto “[c]onstrucción de obras de estabilización en el emisario
final del alcantarillado de aguas lluvias del casco urbano del municipio de
Sabanalarga-Casanare […]” fue devuelto toda vez que para su ejecución se
requiere como fuente de financiamiento recursos de regalías, por lo cual debe
completar los documentos técnicos necesarios y presentarlos ante el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión – OCAD.
86.6. Copia de Resolución 200.15.04.0706 de 21 de diciembre de 200475,
expedida por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, mediante la cual
se otorgó un permiso de vertimiento al Departamento de Casanare al caño Güichiral
de un caudal de 2m3/seg. Provenientes del sistema de alcantarillado pluvial del
Municipio de Sabanalarga.
87. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere, para efectos de decidir lo que en derecho corresponda en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
73 Cfr. Ver folios 381 y 382 Cuaderno Principal 2, expediente físico.
74 Cfr. Ver folios 691 y 692 Cuaderno Principal 3, expediente físico.
75 Cfr. Ver folios 184 a 187 Cuaderno Principal 1, expediente físico.
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Solución a los problemas jurídicos
88. La Sala estudiará i) las competencias de la autoridad ambiental recurrente
con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación de dicha
afectación y ii) el cumplimiento de los compromisos ordenados en la sentencia
proferida en primera instancia. En ese orden y en armonía con los problemas
jurídicos planteados, se determinará si la decisión tomada por el Tribunal fue
pertinente.
Argumentos del recurso de apelación de la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía, en el caso concreto
89. Como se mencionó en el marco normativo y en el desarrollo jurisprudencial,
las corporaciones autónomas regionales son responsables de: i) ejercer funciones
de vigilancia y control en las materias propias de su competencia; ii) imponer y
ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; iii) asesorar a las entidades
territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental; y iv) ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación
o recuperación del medio ambiente.
90. Asimismo, si bien las corporaciones autónomas regionales no tienen
competencias para la prestación de servicios públicos domiciliarios, sí pueden, por
un lado, destinar recursos de la línea de redescuento con tasa compensada a la que
se refiere el Decreto 3333 de 5 de septiembre de 200876, “[…] para financiar y
cofinanciar estudios, diseños e inversión en interceptores, emisarios finales,
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, rellenos sanitarios
municipales o regionales, y financiar o cofinanciar los demás proyectos del
componente ambiental de su competencia, en el marco los Planes
76Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la Financiera de Desarrollo
Territorial S. A., Findeter, para el Financiamiento de las Inversiones en Agua, FIA, dentro de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA y se modifica el
Decreto 280 del 31 de enero de 2006.
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Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) […]” (Destacado fuera de texto).
91. Y, por el otro, realizar inversión en obras de infraestructura en el sector de
agua potable y saneamiento básico para ser entregadas como aportes a los
municipios o empresas operadoras de servicios públicos, en los términos del artículo
22 de la Ley 1450 de 16 de junio de 201177.
92. Con fundamento en lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado,
en sentencia de 16 de mayo de 201978, concluyó que las corporaciones autónomas
regionales tienen competencia para la ejecución de obras que permitan garantizar
el saneamiento ambiental, lo cual, de forma razonable, comprende la realización de
diseños y estudios para la construcción de la infraestructura necesaria para la
prestación de servicios públicos.
93. En ese sentido, frente al reparo del recurso de apelación de la Corporación
Autónoma Regional cuando afirma que “[…] no es ejecutora de ninguna
implementación, adecuación o arreglo de conexiones de alcantarillado ni sanitario
ni pluvial […]”, la Sala destaca que, si bien, el primer responsable en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios es el Municipio, en las órdenes impartidas a
la autoridad ambiental no se encuentra ninguna relacionada con la prestación del
servicio de alcantarillado sino con la inversión en reforestación de la ronda
protectora del caño Güichiral.
94. Igualmente, la Corporación tiene funciones relacionadas con asesorar y
apoyar la proyección de asuntos relacionados con los servicios públicos
domiciliarios a cargo de las entidades territoriales de orden municipal. Asimismo,
tiene responsabilidad de vigilancia y control respecto a los asuntos de materia
ambiental.
95. Lo anterior no excluye que en los elementos probatorios se evidencia la
gestión de la autoridad ambiental en cuanto a la realización de una serie de visitas
para evaluar las condiciones del caño Güichiral concluyendo con una serie de
77 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de
2019, núm. único de radicación 850012333000201400230-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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recomendaciones y requerimientos ligados a exhortar a las entidades territoriales
para que den cumplimiento a lo que les corresponde en el marco de sus
competencias.
96. En el mismo recurso se argumentó que “[…] como consecuencia del
otorgamiento del Permiso de Vertimiento […] se establece en el Artículo Sexto de
dicha Resolución a título de obligaciones derivadas de la misma, que el
Departamento de Casanare deberá adelantar programas de reforestación con
especies propias de la región en los contornos y a las márgenes de los CAÑOS
GÜICHIRAL Y BLANCO, en una extensión de (3) Ha […]”, se encontró probado que
la Resolución 200.15.04.0706 de 21 de diciembre de 200479, expedida por la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, efectivamente estableció esa
obligación a cargo del beneficiario del permiso de vertimientos.
97. Igualmente, mediante auto 200.57.11.1096 de 30 de diciembre de 201180,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, se dispuso la
apertura de una investigación administrativa de carácter ambiental y se formularon
cargos contra el Municipio de Sabanalarga. En el mismo escrito se desarrolló un
cargo contra el Departamento de Casanare por no dar cumplimiento a su
compromiso previsto en el artículo sexto de la Resolución 200.15.04.0706 de 21 de
diciembre de 2004, relativo a la obligación de reforestación.
98. Respecto a esa obligación, el Departamento de Casanare manifestó en la
audiencia de Pacto de Cumplimiento celebrada el 27 de julio de 2012 81 que se
comprometía a suministrar los árboles o plántulas necesarias para que el Municipio
se encargue de la siembra de los mismos, a lo cual la entidad territorial de orden
municipal aceptó.
99. A pesar de lo anterior, en el proceso no obra prueba que demuestre la
realización de la siembra mencionada; además, se tiene que los trabajos
relacionados con reforestación no corresponden a una siembra realizada una única
vez, sino que debe realizarse una revisión periódica del estado de las plantas o
79 Cfr. Ver folios 184 a 187 Cuaderno Principal 1, expediente físico.
80 Cfr. Ver folios 808 a 815 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
81 Cfr. Ver folios 407 a 410 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
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árboles sembrados con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus funciones,
entre las que se encuentra la estabilización del terreno.
100. En orden a lo anterior y teniendo en cuenta que la orden de reforestación al
Municipio de Sabanalarga no fue apelada, la Sala considera que, si bien, las
corporaciones autónomas regionales son competentes para realizar inversiones en
materia de saneamiento ambiental, como se explicó anteriormente; en este caso,
dado que la Resolución 200.15.04.0706 de 21 de diciembre de 2004 derivó un
compromiso expreso para el Departamento de Casanare relativo a la obligación de
reforestación en la zona objeto de esta acción popular, al punto que la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía inició investigaciones administrativas de
carácter ambiental por el presunto desconocimiento de dicha obligación, lo
correspondiente en este evento es, por un lado, ratificar que la obligación de
reforestación corresponde no a la Corporación Autónoma Regional sino al
Departamento de Casanare, con el apoyo del Municipio de Sabanalarga; y, por el
otro, que la vigilancia y control en torno al cumplimiento de dicha obligación
corresponde a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
101. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la sentencia proferida, en primera
instancia, impartió las órdenes anteriormente indicadas para que se cumplieran en
las vigencias 2014, 2015 y 2016, la Sala actualizará los plazos para la ejecución de
las órdenes con el objeto de que correspondan con las respectivas vigencias
siguientes a la fecha en que se profiere esta sentencia.
102. En ese orden de ideas, la Sala modificará los numerales 6.1.2.9, 6.1.2.10 y
6.1.2.11 a que se refiere el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Casanare, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente.
Argumentos del recurso de apelación del Departamento de Casanare, en el
caso concreto
103. El Departamento indicó en su recurso de apelación que ya se cumplieron las
órdenes impartidas en la sentencia proferida en primera instancia; por lo tanto, se
configuraría la carencia de objeto por hecho superado. En ese sentido, la Sala
procederá a su estudio.
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Configuración de carencia de objeto por hecho superado, en el caso concreto
104. Una de las modalidades para que se presente la carencia actual de objeto es
por el hecho superado, explicado por la Corte Constitucional82 como el acaecimiento
del cese de la vulneración de los derechos e intereses alegados, entre la
interposición de la acción y la sentencia proferida por el juez, y la completa
satisfacción de las pretensiones de la acción por hechos imputables a la parte
accionada.
105. Al respecto, esta Sección ha reiterado que es necesaria la demostración de
dicha circunstancia, es decir, pese al argumento de superación de la situación que
dio lugar a la instauración de la demanda, el juez debe “[…] verifi[car] el cese de la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor popular
[…]”83 y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración subsiste, no podrá
declarar el hecho superado84.
106. En síntesis, esta Sección ha señalado:
“[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la
acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento
de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se
había solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección,
pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración
existió pero desapareció […]”85.
107. Ahora bien, en el caso concreto se analizará cada orden comparada con si
se probó o no su cumplimiento. En primer lugar, respecto a las primeras órdenes
relacionadas con i) “[…] 6.1.2.1. […] radicar proyecto completo y corregido para la
renovación y optimización de la red de alcantarillado sanitario urbano, incluidos
planta de tratamiento y emisario final al río Upía […]”; ii) “[…] 6.1.2.2. Apoyar el
proceso técnico de planeación del proyecto aludido en el aparte que precede […]”;
iii) “[…] 6.1.2.3. […] defender en el OCAD la priorización y asignación de recursos
para financiar el proyecto indicado en el aparte 6.1.2.1. […]”; y iv) “[…] 6.1.2.4. […]
82 Corte Constitucional, sentencia T-060 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013,
número único de radicación: 2010-00650-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de
2014, número único de radicación: 410012331000201100356-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P.: Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único de radicación: 250002324000201000616-01(AP).
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[d]efinir el instrumento y el ejecutor de los recursos que aprueba OCAD para este
proyecto […]”, el Secretario Técnico del Órgano Colegiado de Administración y
Decisión – OCAD Departamental de Casanare certificó86 que el proyecto de “[…]
RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA, RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO URBANO, Y MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE / AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO
DE SABANALARGA CASANARE […]” fue aprobado por los miembros del OCAD
Departamental en la sesión núm. 2 de 23 de octubre de 2012.
108. Se encuentra probado que, como producto del cumplimiento a todas estas
órdenes destacando la radicación del proyecto y el proceso de planeación, se
suscribió Contrato Interadministrativo 2246 de 14 de diciembre de 201287 cuyo
objeto consiste en la “[…] construcción e interventoría técnica, administrativa,
financiera, contable, jurídica y ambiental a la renovación y optimización de la red de
alcantarillado sanitario urbano y modificación del punto de vertimiento del sistema
de tratamiento de aguas residuales del casco urbano de Sabanalarga Casanare
[…]”.
109. Como explicación a la inclusión de los elementos relacionados con los
recursos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD,
en dicho Contrato se señaló lo siguiente:
“[…] 14).Que el proyecto RENOVACI[Ó]N Y OPTIMIZACI[Ó]N DE LA, RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO, Y MODIFICACI[Ó]N DEL PUNTO DE
VERTIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE / AGUAS RESIDUALES
DEL CASCO URBANO DE SABANALARGA CASANARE, Se encuentra inscrito y
viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, bajo el
Código SSEP No. 2012-085000-0086, en el cual se contempla las siguientes
actividades -SUMINISTRO E INSTALACION, -OBRA FÍSICA- Red Alcantarillado
Urbano Emisario Final, Punto de Vertimiento, -INTERVENTORIA, APOYO A LA
SUPERVISI[Ó]N. […] 17) Que para cubrir los costos de las actividades a
ejecutar por el presente Contrato Interadministrativo, se cuenta con el
certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8 del 12 de diciembre de 2012,
por un valor total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.480.158.251.50), con cargo a la imputación
presupuestal N° 6.SGRP.M20630130040205 SUBPROGRAMA CON PROMOCION
E INVERSION EN ALCANTARILLADO Y ASEO LA QUE GANA ES LA GENTE.
[…]”.
86 Cfr. Ver folio 496 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.
87 Cfr. Ver folios 881 a 888 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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110. En segundo lugar, la Sala observa que para dar cumplimiento a la orden de
“[…] 6.1.2.5. […] cofinanciar el excedente del costo estimado del proyecto, que no
sea cubierto con los recursos que apruebe el OCAD […]” en el citado Contrato se
manifestó la existencia de un certificado de disponibilidad presupuestal núm. 8 de
12 de diciembre de 2012, del cual provienen los recursos para la ejecución del
mismo.
111. En tercer lugar, respecto a las órdenes de “[…] 6.1.2.6. [a]pertura del proceso
de contratación del proyecto aludido en esta tabla […]” y “[…] 6.1.2.7. Selección del
contratista, celebración, perfeccionamiento e iniciación de la actividad contractual
para ejecutar el proyecto [...]” se tiene que, para dar cumplimiento al objeto
contractual del Contrato Interadministrativo, se suscribió Contrato SEMSEP 009 de
28 de febrero de 201388 entre Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos ESP.
S.A. y Unión Temporal Sabana 2013, cuyo objeto es la renovación y optimización
de la red de alcantarillado urbano del Municipio, así como la modificación del punto
de vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del
Municipio de Sabanalarga.
112. Asimismo, se suscribió Contrato SEMSEP 008 de 28 de febrero de 201389
entre Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos ESP. S.A. y Unión Temporal
Audical Sabanalarga, cuyo objeto es la “[…] interventoría a la renovación y
optimización de la red de alcantarillado sanitario urbano, y modificación del punto
de vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano de
Sabanalarga Casanare [...]”.
113. Con posterioridad se allegó el Informe de Obra correspondiente al mes de
septiembre de 201490, expedido por Unión Temporal Sabana 2013, el cual reportó
la gestión realizada hasta esa fecha y finalizó indicando que “[…] [h]asta la fecha se
han intervenido 50 tramos con instalación de tubería de los cuales los 50 ya tienen
acometidas nuevas y reparación de pavimento […] [e]n el último periodo se pretende
intervenir el último tramo 10-14 con la demolición del pavimento rígido, las
88 Cfr. Ver folios 891 a 894 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
89 Cfr. Ver folios 905 a 911 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
90 Cfr. Ver folios 914 a 958 del Cuaderno Principal 4, expediente físico.
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excavaciones mecánicas, instalación de tubería, las acometidas y la construcción
de la placa […]”.
114. En atención a ello, conforme a lo evidenciado en el proceso, la Sala considera
que se han cumplido las órdenes de los numerales 6.1.2.1 a 6.1.2.7; sin embargo,
aun no se ha demostrado que se hayan terminado a cabalidad los trabajos previstos
en el proyecto de alcantarillado en el Municipio de Sabanalarga ni se ha probado
que ya se encuentre en funcionamiento el nuevo sistema integral de alcantarillado
en la misma jurisdicción, razón por la cual se confirmará el numeral 6.1.2.8.
115. Al respecto, la Sala considera que las órdenes impartidas por el Tribunal, en
primera instancia, se encuentran cumplidas parcialmente debido a que se han ido
aportando evidencias al proceso que demuestran el progreso del trámite orientado
a la protección del caño Güichiral y la superación de la afectación inicialmente
demostrada a los derechos e intereses colectivos en la ubicación objeto de la
presente acción popular.
116. Por lo anterior, la Sala: i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con los numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5,
6.1.2.6 y 6.1.2.7 de la tabla referida en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia; ii) modificará los numerales 6.1.2.9,
6.1.2.10 y 6.1.2.11 de la mencionada tabla en el sentido de clarificar que la
obligación de reforestación en el área objeto de esta acción popular se encuentra a
cargo del Departamento de Casanare y la vigilancia y control a cargo de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía; y, por último, iii) confirmará en lo
demás las órdenes impartidas en la precitada tabla e incorporará la citada tabla en
forma expresa dentro de la parte resolutiva de la sentencia.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
117. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el numeral “5° (sic)”, lo siguiente:
“[…] 5° (sic) Designar como auditores del cumplimiento del fallo, a título de comité de
verificación, al procurador judicial II ambiental y agrario, quien lo coordinará; al
gobernador de Casanare, al director de CORPORINOQUÍA, al alcalde y al personero
de Sabanalarga, al gerente de Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos SEMSEP
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E.S.P. S.A. y a un vocero de control de esta última. Si no los hubiere, un representante
de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de dicha municipalidad,
escogido de común acuerdo por los tres últimos funcionarios aludidos.
El comité velará por el estricto cumplimiento de la sentencia; realizará controles
periódicos como se indicó en la parte considerativa y alertará al Tribunal a la brevedad
respecto de cualquier contingencia que perturbe la ejecución del fallo […]”.
118. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el
sentido de precisar que: i) incluir al Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien
deberá presidir el comité de verificación; y ii) se facultará la asistencia de delegados
de las demandadas en aras de gestionar la presencia de las mismas como
responsables de tomar las medidas pertinentes, como se indicará en la parte
resolutiva de la sentencia.
119. Asimismo, por un lado, se adicionará un inciso al precitado numeral en el
sentido de precisar que en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se
observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las
autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia; y, por
el otro, se corregirá el error puramente aritmético en el sentido de asignar el número
cronológico correcto a la orden impartida en el numeral “5° (sic)” de la parte
resolutiva de la sentencia de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare y se corregirán las órdenes siguientes.
120. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones de la Sala
121. La Sala modificará los numerales 4.°, “5° (sic)” y 6.° de la parte resolutiva de
la sentencia de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en primera instancia; y confirmará en lo demás la precitada sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4.° de la parte resolutiva de la sentencia de 18
de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
4° Ordenar a las entidades relacionadas, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales, reglamentarias y contractuales, ejecutar las actividades
descritas en la siguiente tabla:
Actividad Responsable Metas – plazos Indicadores
4.1. Terminación de Departamento de Acorde con el Acta de terminación
los trabajos previstos Casanare, Municipio plazo contractual. del contrato, con
en el proyecto y de Sabanalarga y No se aceptará recibo de obras a
puesta en Sabanalarga como excusa satisfacción de la
funcionamiento del Empresa de Servicios para diferir las entidad contratante,
nuevo sistema Públicos SEMSEP obligaciones que supervisada por
integral de E.S.P. S.A., por impone esta interventoría y con
alcantarillado conducto del ejecutor sentencia, refrendación de los
sanitario de o su equivalente, que ninguna representantes
Sabanalarga. acuerden. suspensión, legales
dilación o (ordenadores de
extensión de gasto) de Casanare,
plazos Sabanalarga y
contractuales por Sabanalarga
falta de Empresa de
planeación o de Servicios Públicos
giro oportuno de SEMSEP E.S.P.
recursos del S.A.
contrato.
4.2. Inversión en Municipio de Presupuesto
reforestación de la Sabanalarga vigencias 2025 y
ronda protectora del (administración subsiguientes.
caño Güichiral, área central y su empresa
de influencia del de servicios públicos
descole del domiciliarios) y
alcantarillado pluvial. Departamento de Apropiación
Los montos anuales Casanare. presupuestal y
serán cuando menos ejecución de las
los fijados en el actividades de
ordenamiento legal reforestación, con
nacional. carácter periódico.
4.3. Inversión en Municipio de Presupuesto
reforestación Sabanalarga vigencias 2025,
preventiva para (administración 2026, 2027 y
mitigar impacto central y su empresa subsiguientes.
ambiental del descole de servicios públicos Cada uno en su
del alcantarillado domiciliarios) y
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sanitario en el río Departamento de respectiva
Upía. Los montos Casanare. anualidad.
anuales serán
cuando menos los
fijados en el
ordenamiento legal
nacional, conforme
con las
recomendaciones
que arrojen los
estudios técnicos
previos del nuevo
alcantarillado
sanitario.
4.4. Ejercer las Corporación Dentro del mes Informe técnico
funciones de vigilancia Autónoma Regional siguiente a la periódico.
y control en torno al de la Orinoquía terminación de Recomendaciones y
cumplimiento de las cada ciclo de correctivos técnicos.
órdenes referidas en siembra y luego Eventuales actos
los numerales 4.2 y cada seis (6) sancionatorios.
4.3 supra; y fijar meses, durante
periódicamente, los años 2025,
previa solicitud del 2026 y 2027.
Municipio de
Sabanalarga y del
Departamento de
Casanare, los
parámetros técnicos
para la inversión en
reforestación indicada
en los dos ordinales
precedentes, y
verificar los resultados
para asegurar que se
cumplan sus
cometidos estatales.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales “5 (sic)” y 6.° de la parte resolutiva de la
sentencia de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, los cuales quedarán de la siguiente manera:
6.° Designar como auditores del cumplimiento del fallo, a título de comité de
verificación i) al Magistrado Ponente, quien lo presidirá; ii) al gobernador del
Departamento de Casanare, o su delegado; iii) al director de la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía, o su delegado; iv) al alcalde del Municipio de
Sabanalarga, o su delegado; v) al personero de Sabanalarga, o su delegado; vi) al
gerente de Sabanalarga Empresa de Servicios Públicos SEMSEP ESP. S.A., o su
delegado; vii) un delegado del Ministerio Público; y viii) al actor popular.
El comité velará por el estricto cumplimiento de la sentencia; realizará controles
periódicos como se indicó en la parte considerativa y alertará al Tribunal a la
brevedad respecto de cualquier contingencia que perturbe la ejecución del fallo.
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En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco del Comité de Verificación,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
7.° Sin costas en la instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 18 de julio de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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