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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00014-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00014-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare. Tercero. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263 y portadora de la tarjeta profesional 190.461 del C.S. de la J., para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00020 de SAMAI. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2017-00014-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 85001-23-33-000-2017-00014-01 (4410-2021)
Demandantes: Jhon Kennedy Wilches Carreño
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias. Nulidad del
acto administrativo por falta de competencia, falsa motivación y
violación del debido proceso. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Casanare, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Jhon Kennedy Wilches Carreño instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 11 de
diciembre de 2013 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación
Estatal, mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el
término de dieciocho (18) años; y de la decisión de segunda instancia, expedida por
la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que modificó la
sanción y la fijó en suspensión por el término de diez (10) meses, que se convirtieron
en salarios devengados para la vigencia 2008, en la suma de $47.206.970.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se deje sin efecto la
anotación de la sanción disciplinaria en su hoja de vida y que se ordene el pago de
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios
morales, debidamente actualizados.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00014-01 (4410-2021)

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que el 22 de agosto de 2013 la Procuraduría Delegada para la Contratación
Estatal ordenó la reconstrucción del expediente IUC-D-2011-651-224363 (IUS-201-
24120), procedimiento dentro del cual se pudo constatar que por auto del 12 de
septiembre de 2011 se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en
contra de varios funcionarios de la gobernación de Casanare, por presuntas
irregularidades en la celebración de unos contratos y convenios durante la vigencia
2008.

6. Agregó que el 23 de abril de 2013 la autoridad disciplinaria le formuló tres
cargos, porque en su condición de jefe de la oficina jurídica del departamento de
Casanare:

(i) Dio visto bueno a las resoluciones 0957, 0958 y 0959 del 3 de diciembre de
2008, en las cuales se justificó la celebración de los contratos 0114, 0115 y
0116 de la misma fecha con la E.S.E. Hospital de Yopal, en los que se
autorizó la subcontratación total del objeto contractual;

(i) Avaló las resoluciones 1026, 1027, 1029, 1030 y 1031 del 15 de diciembre
de 2008 y 1192 del 31 de diciembre del mismo año, en las cuales se justificó
la celebración de los contratos 0138, 0139, 0137, 0136 del 15 de diciembre
de 2008 y 022 del 30 de diciembre y 0238 del 31 del mismo mes y año con
la E.S.E. Hospital de Yopal; y

(i) Avaló la celebración del convenio de cooperación 206 del 31 de diciembre de
2008 con la Cooperativa «creer en lo nuestro», que tenía por objeto la
interventoría técnica, administrativa y financiera de distintos contratos
interadministrativos, amparado en el artículo 355 constitucional y en el
Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1403 de 1992, sin que el
objeto contractual se ajustara a los supuestos normativos.

7. Que el 11 de diciembre de 2013 se expidió la decisión de primera instancia,
en la cual se declaró la prescripción en relación con el primer cargo y se sancionó
con destitución e inhabilidad general por el término de 18 años respecto de los otros
dos. Ese mismo día radicó un escrito en el cual solicitó la nulidad de lo actuado. El
acto sancionatorio fue notificado personalmente el 16 de diciembre del mismo año
a su defensor de oficio y el 20 del mismo mes y año a él.

8. Señaló que en la decisión de segunda instancia se declaró la prescripción
parcial del segundo cargo, en relación con las resoluciones 1026, 1027, 1029, 1030
y 1031 del 15 de diciembre de 2008 y los contratos 0138, 0139, 0137, 0136 del 15
de diciembre de 2008 y 022 del 30 de diciembre del mismo año y se varió la forma
de culpabilidad, lo que llevó a que se modificara la sanción impuesta. En
consecuencia, se fijó en suspensión por el término de 10 meses, que se convirtieron

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en salarios. Esta decisión se notificó por edicto, que se desfijó el 10 de diciembre
de 2015.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Ley 734 de 2002: artículos 4, 5, 13 y 23.

10. Considera que los actos se expidieron con infracción de las normas en que
debían fundarse, porque la autoridad disciplinaria tuvo por cierto, sin serlo, que el
contrato 0238 de 2008 se celebró con una entidad que no tenía capacidad para
ejecutarlo e imputó una prohibición legal que no existe, pues según la demandada
en materia de salud no se puede subcontratar. También desconoció que el mismo
contrato 0238 solo autorizaba la subcontratación parcial.

11. Que en la actuación no se dijo qué deber funcional incumplió, pues se le
endilgó haber dado visto bueno al contrato interadministrativo 0238 pese a que la
E.S.E. Hospital de Yopal no tenía capacidad para ejecutarlo; pero esta incapacidad
únicamente se dedujo de la posterior subcontratación total que realizó el contratista.
En ese orden, no se acreditó que tuviera la función de verificar la capacidad de la
E.S.E.

12. Que según la demandada, para que se pudiera celebrar el contrato
interadministrativo se debían cumplir dos requisitos (i) la capacidad jurídica y (ii) la
capacidad para ejecutar el objeto, los cuales no se encuentran en el literal c) del
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Que la capacidad de la E.S. E. fue
verificada por quienes tenían la competencia para ello y que por tanto al dar el visto
bueno al contrato no incurrió en falta disciplinaria alguna, pues la determinación del
procedimiento de selección no estaba dentro de sus funciones y si la E.S.E.
subcontrató la totalidad del objeto no fue con fundamento en el contrato al que se le
dio visto bueno.

13. Agregó que los actos se expidieron sin competencia, porque el 11 de
diciembre de 2013, fecha de la decisión de primera instancia, presentó una solicitud
de nulidad. Como el acto aun no estaba notificado, la primera instancia debió
resolver sobre la nulidad. No obstante, fue la Sala Disciplinaria quien lo hizo, tras
argumentar que la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal
había perdido competencia, lo que resultó en una lesión del debido proceso.

14. También señaló como causal de nulidad el desconocimiento de los derechos
de audiencia y de defensa, derivado de la indebida práctica probatoria.

15. Que, además, se incurrió en falsa motivación, porque no es cierto que para
la celebración de un contrato interadministrativo se deba acreditar capacidad de
ejecución ni que se debiera adelantar un procedimiento de selección abreviada y,
por esa vía, erró la demandada al afirmar que la E.S.E. no tenía la capacidad para
ejecutar el contrato 0238; esto, sin dejar de lado que no existe norma legal que
prohíba la subcontratación en este tipo de contratos y que por su parte, el negocio
avalado solo permitía la subcontratación parcial.

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16. Que, respecto de su solicitud de nulidad, la autoridad disciplinaria incurrió en
una desviación de poder.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

17. La demanda fue admitida el 13 de julio de 20171. La entidad demandada se
opuso a las pretensiones, por considerar que los actos sancionatorios se expidieron
de acuerdo con los requisitos de validez y legalidad, por los funcionarios
competentes y con atención a las potestades constitucionales y legales respectivas.

18. Señaló que la autoridad disciplinaria encontró en la celebración del contrato
0238 una irregularidad relacionada con el mecanismo de escogencia, pues se debió
acudir a la selección abreviada, en los términos de la Ley 1150 de 2007; y que si la
entidad pretendía contratar directamente debía examinar tanto la capacidad jurídica
como la capacidad para ejecutar las obligaciones contractuales de la E.S.E., lo que
adquiría mayor relevancia si se tiene en cuenta que trataba de recursos del sector
salud, que tienen destinación específica. Además, la normativa contractual permite
inferir que no es posible subcontratar la totalidad de las obligaciones, como en
efecto lo hizo la E.S.E.

19. Que la posibilidad de subcontratar fue examinada a fondo por la autoridad en
segunda instancia, con fundamento en la Circular 066 del 23 de diciembre de 2010
de la Superintendencia de Salud, de lo que se concluyó que solo de manera
excepcional se permite acudir a alianzas estratégicas para la optimización de
recursos; en ese orden, no se cumplieron los requisitos para acudir a la figura del
contrato interadministrativo, pues la E.S.E. no tenía la capacidad para ejecutarlo,
aspecto que debió analizarse por parte de todos los involucrados antes de
celebrarlo.

20. Por su parte, el convenio de cooperación 206 del 31 de diciembre de 2008
se empleó para contratar una interventoría, lo que implicaba una contraprestación
directa en favor de la entidad territorial, lo que contrariaba las normas que sirvieron
de base para su suscripción.

21. Agregó que el trámite de la solicitud de nulidad del 11 de diciembre de 2013
no desconoció el debido proceso, pues la Sala Disciplinaria, al pronunciarse, advirtió
que su presentación ocurrió el mismo día en que se expidió la decisión de primera
instancia, por lo que la Procuraduría Primera Delegada habría perdido competencia.
En la decisión se indicó que los argumentos relacionados con la práctica de las
pruebas testimoniales no conducían a la nulidad, porque fueron los mismos sujetos
procesales quienes se abstuvieron de participar en las diligencias y que si algunas
se dejaron de practicar se debió a la imposibilidad de ubicar a los testigos.

1 Véanse páginas 212 a 215 del archivo «00-85001233300020170001400 T 3» y archivo «12-Auto admisorio-

TAC», disponibles en «1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI. La demanda
se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En dicha Corporación, por auto del 6 de octubre de
2016, la Sección Primera, Subsección A, ordenó su remisión a la Sección Segunda (véanse páginas 185 a 188
del archivo «00-85001233300020170001400 T 3» y archivo «03-Auto-remite por competencia»). Luego, por
auto del 16 de enero de 2017, la Sección Segunda, Subsección E, ordenó la remisión por competencia al
Tribunal Administrativo de Casanare (véase página 195 del archivo «00-85001233300020170001400 T3» y
archivo «07-Auto - remite por competencia»).

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22. Señaló que el demandante no expuso las razones por las cuales considera
que los actos incurrieron en una indebida valoración probatoria, respecto de lo cual
advirtió que el estudio de los medios de prueba se realizó de acuerdo con las reglas
de la sana crítica2.

23. Se celebró audiencia inicial el 9 de noviembre de 20183, en la cual se fijó el
litigio y se decretaron pruebas documentales. Se celebró audiencia de pruebas el
18 de enero de 2019, en la cual se incorporaron unos documentos y se requirió a la
demandada para que aportara el expediente del trámite disciplinario 4. Cumplido lo
anterior, por auto del 20 de enero de 2021 se cerró el periodo probatorio y se corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera su concepto5; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en
el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

24. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del seis (6) de
mayo de dos mil veintiuno (2021)6, negó las pretensiones, tras concluir que no se
acreditó que los actos administrativos mediante los cuales se impuso la sanción
disciplinaria resultaran contrarios a derecho.

25. Se refirió al control integral que realiza el juez de lo contencioso
administrativo respecto de los actos que imponen sanciones disciplinarias, a las
causales de nulidad previstas en la ley y a los elementos estructurales de la
responsabilidad disciplinaria, luego de lo cual advirtió que los cargos de nulidad por
desviación de poder y por desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa
no se analizarían, en la medida en que no fueron sustentados por el demandante.

26. En relación con el cargo de nulidad por infracción de las normas en que
debían fundarse los actos, señaló que la autoridad disciplinaria indicó de manera
clara los deberes funcionales incumplidos por el demandante y adecuó típicamente
su comportamiento al artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, de lo que se desprendió
el incumplimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y selección
objetiva en la actividad contractual.

27. Que los actos no se expidieron sin competencia ni de forma irregular, pues el
trámite de la solicitud de nulidad tuvo en cuenta el contenido del artículo 146 de la
Ley 734 de 2002, según el cual esta se puede formular hasta antes de proferirse la
decisión de primera instancia, lo que no implica que su resolución se restrinja a
dicha oportunidad. La petición de nulidad del demandante se resolvió en el trámite
de la segunda instancia disciplinaria, lo que en modo alguno afecta la competencia

2 Véanse páginas 231 a 242 del archivo «00-85001233300020170001400 T 3» y «18-Contestación demanda y

poder», disponibles en «1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI.
3 Véanse páginas 3 a 10 del archivo «00-85001233300020170001400 T 4» y «03- Acta audiencia Inicial»,

disponibles en «1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI.
4 Véanse páginas 36 a 39 del archivo «00-85001233300020170001400 T4» y «09-Acta audiencia Pruebas»,

disponibles en «1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI.
5 Véase archivo «34-AUTO 85001233300020170001400», disponible en
«1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI.
6 Véase archivo «46-Fallo 06MAYO2021», disponible en en «1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el

índice 00002 de SAMAI.

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de la demandada, según pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de
Estado.

28. Tampoco se encontró probado el cargo de nulidad por falsa motivación, pues
en ambos actos administrativos los cargos que se formularon al demandante se
desarrollaron y confrontaron con las pruebas practicadas, en especial lo relacionado
con la participación en la etapa precontractual del contrato interadministrativo 0238
del 31 de diciembre de 2008, de lo que se advirtió que avaló un método de selección
que no era el adecuado, pues la E.S.E. Hospital de Yopal no tenía la capacidad para
ejecutar el objeto contractual y, por lo tanto, no se cumplía con los requisitos para
contratar de manera directa, por la vía del contrato interadministrativo, una
prestación para la cual la normativa prevé como regla general la selección
abreviada.

29. Se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

30. El demandante7 interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que el
Tribunal lesionó su derecho a la defensa, al no tener en cuenta el escrito de alegatos
de conclusión, pues en lugar de señalar que no contaba con apoderado debió
requerirlo para que manifestara la vigencia del poder otorgado y cuál profesional
continuaría con su defensa.

31. Respecto de los actos demandados, manifestó que en la sentencia se
mantuvo la postura adoptada por la Procuraduría General de la Nación en relación
con el momento en que se presentó la solicitud de nulidad, con lo que se desconoce
que era la primera instancia disciplinaria quien debía darle trámite, porque la
decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal no se
había notificado aún y que la demandada no debió hacerlo sin resolver la solicitud
de nulidad. Considera que el Tribunal no podía admitir que fuera la Sala
Disciplinaria, en segunda instancia, quien la resolviera, situación que implica una
afectación al debido proceso y que lleva a que se configure la falta de competencia,
pues de haberse tramitado en debida forma, habría podido recurrir la decisión.

32. Agregó que el Tribunal no analizó de fondo los actos demandados, pues
insistió en la falta de capacidad de la E.S.E. Hospital de Yopal para ejecutar el
contrato interadministrativo y en la prohibición para subcontratar, que no existe en
el ordenamiento jurídico. Que, en todo caso, si se presentó una irregularidad en la
ejecución del contrato, la investigación disciplinaria debió recaer en el gerente de la
E.S.E.

33. Insistió en que la autoridad disciplinaria no señaló cuál fue el deber funcional
incumplido y en que la capacidad para ejecutar las obligaciones contractuales, como
requisito para la celebración el contrato interadministrativo, no se encuentra en las
disposiciones contractuales, sumado a que ni la demandada ni la autoridad
disciplinaria probaron que la E.S.E. no tuviera capacidad para ejecutar; esto solo lo

7 Véase archivo «53-RECURSO DE APELACION 2017-00014», disponible en
«1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI.

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dedujeron del posterior subcontrato que celebró y dejaron de lado que el propio
representante legal de la entidad certificó la capacidad.

34. Que en su condición de asesor jurídico solo revisaba elementos de esta
naturaleza, pues los aspectos técnicos no eran de su competencia y, en esa medida,
en sus actuaciones no existió irregularidad alguna y, pese a ello, se le endilgó el
mismo nivel de responsabilidad que al gobernador de Casanare y al gerente de la
E.S.E., aspectos que dan cuenta de que los actos están falsamente motivados.

35. Señaló que el Tribunal no se refirió a la prescripción de la acción disciplinaria,
pese a que los hechos por los cuales fue sancionado ocurrieron el 31 de diciembre
de 2008 y que la decisión de primera instancia no se notificó por edicto como lo
ordena la norma procesal, mientras que la de segunda instancia fue notificada el 10
de diciembre de 2015, lo que implica que pasaron más de 6 años desde la fecha de
los hechos, con lo que se superó con creces el lapso fijado por el artículo 30 de la
Ley 734 de 2002.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

36. El 3 de noviembre de 20238 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

37. La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado9, solicitó
confirmar la sentencia apelada, pues los actos demandados se expidieron con
sustento en las pruebas debidamente practicadas y con estricto apego a las normas
disciplinarias.

38. Respecto de la solicitud de nulidad, señaló que si bien no fue resuelta por la
primera instancia, ello no implica una irregularidad que vicie sustancialmente la
actuación disciplinaria, pues se protegió el derecho al debido proceso al darle
trámite por parte de la segunda instancia, oportunidad en la cual se analizaron de
fondo las inconformidades alegadas por el señor Wilches Carreño, que en su sentir
eran constitutivas de nulidad.

39. Que la acción disciplinaria no prescribió, porque el demandante fue
investigado por hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2008 (tanto el contrato
interadministrativo 0238 como el convenio de cooperación 206 se celebraron en tal
fecha), mientras que la decisión disciplinaria de primera instancia fue notificada
personalmente a su defensora el 16 de diciembre de 2013, esto es, dentro de los 5
años de que trata el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, en línea con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, que ha precisado que es el acto principal, y no el que
resuelve los recursos, el que interrumpe el término de prescripción.

8 Véase índice 00013 en SAMAI. El proceso fue repartido inicialmente a la Sección Primera de esta Corporación,

la cual por auto del 26 de julio de 2021 ordenó su remisión a la Sección Segunda (véase índice 00004 de
SAMAI).
9 Véase índice 00018 de SAMAI.

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40. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

41. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

42. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare
desconoció el derecho a la defensa del demandante, al no tener en cuenta el escrito
de alegatos de conclusión presentado por quien se identificó como su apoderado.

43. Además, en punto a los actos demandados, se deberá analizar si estos se
encuentran viciados de nulidad por falta de competencia, falsa motivación o
desconocimiento del debido proceso, porque, en términos del apelante, operó la
prescripción de la acción, la solicitud de nulidad no fue resuelta por quien debía
pronunciarse, se endilgó responsabilidad con fundamento en premisas sin sustento
normativo ni probatorio, sin mención del deber funcional quebrantado y en el mismo
nivel de otros funcionarios sancionados.

44. Con este fin, la providencia se referirá al marco jurisprudencial aplicable al
análisis de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias, a las
causales de nulidad invocadas, a la prescripción de la acción disciplinaria, luego de
lo cual abordará el caso concreto.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

45. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

46. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

47. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias10.

48. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00014-01 (4410-2021)

concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»11.

49. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»12, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Causales de nulidad del acto administrativo

50. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

51. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13713 y 13814 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales

11 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
13 Del medio de control de nulidad.
14 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

52. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

53. Según lo señalado, en esta providencia se analizarán la falta de competencia,
la falsa motivación y la violación del debido proceso como causales de nulidad del
acto administrativo.

• Nulidad del acto por falta de competencia

54. Para esta Corporación el análisis de la competencia es fundamental para
determinar la validez de un acto, pues si bien no hace parte de la estructura y
contenido de la decisión, constituye el elemento determinante de las potestades de
una autoridad para definir una situación jurídica, lo que necesariamente se relaciona
con el principio de legalidad, porque delimitar qué autoridad debe resolver un asunto
específico es indispensable en el modelo de Estado Social y Democrático de
derecho, pues evita el ejercicio arbitrario del poder15.

55. A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido
la competencia como la «(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad
para ejercer determinar (sic) función»16, de lo que se sigue que la falta de
competencia se materialice cuando «(…) el autor profiere el acto pese que a (sic)
no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar
legalmente facultado para ello»; esto es, por fuera de las facultades constitucionales
y legales que se atribuyen a la autoridad.

56. Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia
a aquel vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una
decisión no tenía el poder legal para tomarla17. Para Betancur Jaramillo, es la forma
de ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, sobre la base y dentro de los
límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.

57. Para el autor, esto refleja «(…) el carácter de orden público que tienen las

15 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Radicado 23001-

23-33-000-2013-00163-02 (4789-2018). C.P. William Hernández Gómez.
16 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado

en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
00512-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
17 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.

Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.

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normas que distribuyen las competencias funcionales»18; lo que, a su vez:

«(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el demandante no
la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige igualmente que el vicio
de incompetencia no puede ser subsanado por la aprobación posterior de la
autoridad competente, ni ésta (sic) puede renunciar a ella en beneficio de un
administrado19. Tampoco puede ser la competencia objeto de convención entre
las partes ni modificarse, en principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su magnitud,
coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por cualquier otro
motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del funcionario esté
cuestionada, la lógica impone determinado orden en la impugnación y hace que
sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición irregular del acto, de la falsa
motivación, de la desviación de poder o de la infracción de la norma de derecho
de fondo. (…)»20 (subrayas de la Sala).

• Nulidad del acto por falsa motivación

58. Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda
estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los
hechos determinantes de la decisión administrativa21.

59. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»22.

60. El último elemento en cita puede demostrarse a partir de una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente23.

18 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
19 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
20 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
21 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
23 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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• Nulidad del acto por violación del debido proceso

61. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico24.

62. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 25; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

63. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso26 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución27.

24 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
26 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Caso concreto

64. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 28, la Sala destaca
que:

• El 12 de septiembre de 2011 la Procuraduría Primera Delegada para la
Contratación Estatal ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en
contra de varios funcionarios del departamento de Casanare, con fundamento
en el informe elaborado por el vicecontralor del mismo departamento, quien daba
cuenta de distintos hallazgos con posible incidencia disciplinaria, relacionados
con la actividad contractual del dicho ente territorial29.

• El 23 de abril de 2013 se formuló pliego de cargos. Al señor Wilches Carreño se
le responsabilizó provisionalmente por las siguientes conductas, en su condición
de jefe de la oficina asesora jurídica del departamento de Casanare:

(i) «[p]articipó en la etapa precontractual y en la actividad contractual con
desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y selección
objetiva que regulan la contratación estatal; al impartir visto bueno tanto en las
Resoluciones Nos. 0957, 0958 y 0959 del 3 de diciembre de 2008, en las cuales
se justificó la celebración de los negocios jurídicos de prestación de servicios
Nor. 0114, 0115 y 0116 de la misma fecha, como en los citados contratos
suscritos con la Empresa Social del Estado Hospital de Yopal, en los que se
autorizó subcontratar totalmente el objeto de los mismos».

(ii) «[p]articipó en la etapa precontractual y en la actividad contractual con
desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y selección
objetiva que regulan la contratación estatal; en la medida en que avaló con su
firma las Resoluciones Nos. 1026, 1027, 1029, 1030 y 1031 del 15 de diciembre
de 2008, y 1192 del 31 de diciembre de 2008, en las cuales justificó la
celebración de los negocios jurídicos de prestación de servicios Nos. 0138,
0139, 0137, 0136 y 0136 de la misma fecha, respectivamente, y 0238 firmado el
mismo día, bajo la modalidad de contratación directa a través de la causal de
contrato interadministrativo, e impartió visto bueno en los citados contratos y en
el No. 200 del 30 de diciembre de 2008, suscritos con la Empresa Social del
Estado Hospital de Yopal, a pesar que ésta (sic) no tenía capacidad para
ejecutar directamente los citados negocios jurídicos».

(iii) «[p]articipó en la actividad contractual con desconocimiento de los principios de
transparencia, responsabilidad y selección objetiva que regulan la contratación
estatal, al avalar la celebración convenio (sic) de cooperación No., 206 del 31 de
diciembre de 2008 con la Cooperativa de Egresados de la USCO y Profesionales
del Sur de Colombia “CREER EN LO NUESTRO” con el objeto de realizar la
interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos
interadministrativos Nos. 113, 114, 115, 116, 135, 136, 137, 138 y 139 de 2008,
amparado en el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política y el
Decreto 777 de 1992, modificado por el decreto 1403 de 1992, normas que no
eran aplicables por cuanto el objeto del contrato no se ajustaba a los supuestos
de las mismas».

En los tres casos se determinó que con el comportamiento descrito se incurrió

28 Los distintos cuadernos y anexos obran en la carpeta «31-IUS-2010-241420», visible en «C ppal TOMO IV»,

disponible en «1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI. En adelante, se
entenderá que las referencias al expediente disciplinario incluyen la ruta descrita.
29 Véanse páginas 19 a 59 del archivo «CUADERNO 1».

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en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de
2002 y la forma de culpabilidad se fijó provisionalmente como dolosa 30.

• El 11 de diciembre de 2013 se expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia. En esta se declaró la prescripción de la acción respecto de los hechos
que dieron lugar al primer cargo, se ratificaron los dos restantes, así como su
forma de culpabilidad y, en consecuencia, se impuso como sanción la destitución
e inhabilidad general por el término de 18 años.

La autoridad disciplinaria señaló, en relación con el cargo nro. 2, que el señor
Wilches Carreño era conocedor de que la E.S.E. Hospital de Yopal no tenía
capacidad para ejecutar los contratos allí relacionados, pues en su condición de
jefe de la oficina asesora jurídica participó previamente en dos procedimientos
de selección abreviada, en los que se expuso como justificación que en el
departamento no existía ninguna E.S.E. pública que pudiera ejecutar acciones
de promoción y prevención en salud; pese a lo cual avaló los actos
administrativos que justificaron la contratación directa, bajo la causal de contrato
interadministrativo, así como la suscripción de los respectivos contratos.

Que lo anterior implicó el desconocimiento de los principios rectores de la
contratación estatal de transparencia (pues está proscrito que las autoridades
eludan los procedimientos de selección), responsabilidad (porque dentro de sus
funciones tenía las de conceptuar sobre los asuntos legales sometidos a su
consideración y coordinar y colaborar con los procesos de contratación) y
selección objetiva (que impone el deber de escoger la oferta objetivamente más
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin que medien motivaciones
subjetivas).

En suma, al dar su visto bueno a los actos y a los contratos intervino en la
decisión de la administración de apartarse de la realización de los
procedimientos de selección abreviada, a sabiendas de que la E.S.E. no tenía la
capacidad para ejecutar los contratos y que, por tanto, no se satisfacían los
presupuestos para acudir al contrato interadministrativo, tanto así que dicha
institución subcontrató la totalidad de las obligaciones contractuales.

En cuanto al tercer cargo formulado, destacó que al dar su visto bueno al
convenio de cooperación 206 del 31 de diciembre de 2008, el investigado
participó en la etapa contractual de un convenio que no reunía los requisitos
establecidos en el artículo 355 constitucional y en los Decretos 777 y 1403 de
1992, pues el objeto de aquel consistió en realizar la interventoría de distintos
contratos, lo que no se traducía en un programa o actividad de beneficio común,
sino en la ejecución de obligaciones que implicaban una contraprestación directa
en favor de la entidad y que, por tanto, debieron contratarse a través de un
concurso de méritos, lo que también implicó el desconocimiento de los principios
de transparencia, responsabilidad y selección objetiva31.

30 Véanse páginas 89 a 342 del archivo «CUADERNO 1». La formulación de cargos del demandante, en las

páginas 215 a 268.
31 Véanse páginas 162 a 362 del archivo «CUADERNO 6». El análisis respecto del demandante, en las páginas

290 a 312, 348 a 315 y 358.

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• Por su parte, el 8 de octubre de 2015, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación declaró la prescripción de la acción respecto de los hechos
ocurridos hasta el 30 de diciembre de 2008, pues partió de que la decisión de
primera instancia se notificó por edicto, que se desfijó el 30 de diciembre de 2013
y, por tanto, solo podría continuarse la actuación en relación con lo sucedido
luego del lapso de 5 años de que trata el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. En
consecuencia, mantuvo el segundo cargo únicamente respecto del contrato
interadministrativo 0238 del 31 de diciembre de 2008 y dejó incólume el cargo
número 3, porque el convenio de cooperación 206 se suscribió el 31 de
diciembre de 2008.

También se pronunció en relación con la solicitud de nulidad que el señor
Wilches Carreño formuló el 11 de diciembre de 2013, de lo cual destacó que,
como esa misma fecha se expidió la decisión de primera instancia, la
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal había perdido
competencia para pronunciarse sobre asuntos de fondo relacionados con el
procedimiento.

Advirtió que la solicitud de nulidad tenía que ver con lo ocurrido en la práctica de
las pruebas testimoniales del 6 de noviembre de 2013, fecha en la cual, pese a
que mediaba una solicitud de nulidad, se escucharon los testimonios
programados, mientras que otros que no se recibieron, no se volvieron a citar.
Sobre este punto, se destacó que no existían razones para que las diligencias
del 6 de noviembre de 2013 no se llevaran a cabo y que si los sujetos procesales
no participaron en su práctica fue porque, como consta en la respectiva acta,
decidieron retirarse del recinto.

Que tampoco existía confusión respecto de la etapa en que se encontraba la
actuación, pues los apoderados, incluida la que representaba al señor Wilches
Carreño, se notificaron del auto del 25 de octubre de 2013, que había revocado
el que corrió traslado para alegar de conclusión y que aquellos testigos cuya
declaración no se recibió no pudieron ser ubicados, pese a que inclusive algunos
fueron solicitados por la defensa del aquí demandante, quien no cumplió con su
obligación de hacerlos comparecer.

En esta decisión se mantuvo la calificación gravísima de las faltas disciplinarias;
no obstante, se varió la forma de culpabilidad y se fijó en culpa grave, pues no
podía concluirse el dolo en virtud de su participación en otros procedimientos de
selección; no obstante, se podía advertir la falta del cuidado necesario que se
debía imprimir a sus actuaciones, pues el señor Wilches Carreño tenía dentro
de sus deberes la coordinación y colaboración con los procesos de contratación
y conceptuar sobre la legalidad de los asunto sometidos a su consideración y,
en el marco de estos, dio su visto bueno a la resolución 1192 del 31 de diciembre
de 2008, al contrato interadministrativo 0238 y al convenio de cooperación 206,
ambos de la misma fecha.

Que el visto bueno no es una actuación sin efecto alguno; por el contrario, el
disciplinado como abogado y director de la dependencia tenía el deber de

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examinar que se cumpliera con los requisitos para contratar de manera directa,
por lo que también era responsable de que se acudiera a una modalidad de
selección para la cual no se reunían los elementos de ley. De allí que la sanción
se modificó y se fijó en suspensión por el término de 10 meses, que se
convirtieron en salarios devengados para la vigencia 200832.

65. Para el demandante, el Tribunal Administrativo de Casanare desconoció su
derecho a la defensa, al no tener en cuenta su escrito de alegatos de conclusión
porque no se aportó el poder que acreditaba que el profesional que lo presentó era
quien representaba sus intereses. A su juicio, el juez de lo contencioso debió
requerirlo para que aclarara cuál abogado fungía como su apoderado.

66. La Sala no encuentra en la actuación desplegada por el Tribunal
Administrativo de Casanare lesión alguna del derecho a la defensa, pues en la
sentencia apelada quedó constancia de que un profesional del derecho presentó un
escrito de alegatos de conclusión en nombre del demandante, pero no lo acompañó
del documento que lo acreditaba como apoderado.

67. Cabe destacar que por auto del 10 de agosto de 2020 el Tribunal se
pronunció respecto de la renuncia que presentó quien entonces representaba los
intereses del señor Wilches Carreño, porque no se acompañó de la comunicación
al poderdante33. En consecuencia, la providencia que corrió traslado para la
presentación de los alegatos de conclusión fue notificada a tal profesional, de lo que
se advierte que, hasta ese momento, el demandante no había otorgado poder a otro
abogado. Fue en la etapa de alegaciones que Fabio Luis Cárdenas Ortiz actuó en
su nombre; pero, como bien se indicó en la sentencia, no se aportó el respectivo
poder, el cual únicamente fue conocido cuando se radicó el escrito de apelación.

68. De manera que el demandante pretende trasladar a la autoridad judicial las
consecuencias de una omisión suya, pues es claro que si un nuevo abogado asumía
su defensa, se debía otorgar y aportar el correspondiente poder y, en ese orden, en
la sentencia quedaron plasmadas con claridad las consecuencias de no cumplir con
esa carga.

69. Aclarada esta cuestión y ubicados en los actos demandados y el
procedimiento que precedió su expedición, es necesario analizar, como primera
medida si la autoridad disciplinaria expidió los actos demandados cuando ya no era
competente para ello, es decir, si se configuró la prescripción de la acción.

70. Si bien este punto no fue expuesto por el señor Wilches Carreño en su
concepto de violación, pues únicamente es mencionado en el escrito de apelación,
no puede pasarse por alto que el lapso con que cuenta la autoridad para imponer la
sanción corresponde a la dimensión temporal de la competencia y, en ese orden,
bajo los lineamientos expuestos previamente, el juez de lo contencioso
administrativo está facultado para estudiar, inclusive de oficio, los distintos
presupuestos que lleven como consecuencia un vicio en este elemento, lo que se

32 Véanse páginas 2 a 136 del archivo «CUADERNO 9».
33 Véase archivo «28-AUTO REQUERIR 20170001400», disponible en
«1_ED_TESTIGODOCUMENTAL8(.PDF)», en el índice 00002 de SAMAI.

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armoniza con la tesis del control judicial integral a la que también se hizo referencia.

71. La prescripción de la acción constituye un instituto jurídico liberador, en virtud
del cual, por el transcurso del tiempo, cesa el derecho que tiene el Estado, en
ejercicio de su potestad disciplinaria, a imponer una sanción34.

72. Respecto de su configuración, el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 disponía
que ocurría al cabo de 5 años, que para las faltas instantáneas empezaban a
contarse desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la ejecución del último acto.

73. En vigencia de dicha disposición, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo de 2002, precisó que como el
legislador no había señalado cuál era el acto que imponía la sanción e interrumpía
el término de prescripción, debía entenderse que la sanción se consideraba
impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión disciplinaria y, si
contra esta se interpusieron recursos, entonces cuando se expidiera la decisión que
los resolviera35. En cualquiera de los dos supuestos, debía proferirse la decisión
dentro de los 5 años desde la comisión de la falta o desde la realización del último
acto, de acuerdo con lo previsto en la ley.

74. La Procuraduría General de la Nación presentó recurso extraordinario de
súplica en contra de esa providencia, el cual fue conocido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación que, en sentencia de unificación
del 29 de septiembre de 200936, revocó la decisión y acogió la tesis según la cual,
tratándose «(…) del régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria,
que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa»37 (subrayas de la Sala).

75. La anterior sentencia fue objeto de acción de tutela y, en fallo del del 17 de
abril de 2013, se controvirtió la tesis propuesta por la Sala Plena de la Corporación,
al considerar que:

«(…) no es válida la postura de la decisión judicial sometida a tutela pues al
declarar que la sanción queda impuesta con la notificación del acto
administrativo principal, olvida que es a partir de ese momento cuando se inicial
el plazo de ejecutoria, dentro del cual cabe la interposición de los recursos de
ley. En este orden, indicó la Sala de Conjueces, tener como impuesto este acto
primigenio al disciplinado, aún antes de su ejecutoria, constituye vía de hecho
que conculca su derecho al debido proceso, al desconocer su precariedad,

34 Noción que se extrae de la sentencia C-.244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se

examinó la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía
«[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término
prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo
razonable para que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación
razonable para que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición
de su situación jurídica.
35 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de mayo de 2002, Exp. 76001-23-31-

000-1997-22046-01 (17112). C.P., Jesús María Lemos Bustamante.
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.

Exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01. C.P. Susana Buitrago Valencia.
37 Ibid.

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ineficacia e inoponibilidad debida a su condición de recurrible»38.

76. Con base en la anterior argumentación, se revocó la posición jurisprudencial
del 2009 y se retornó a lo establecido previamente, es decir, que la acción
disciplinaria no estaría prescrita si se resolvieron los recursos interpuestos y se
notificó la providencia de segunda instancia dentro del término establecido
legalmente, que para entonces era de 5 años.

77. Luego, en sentencia del 6 de marzo de 2014, al resolver las impugnaciones
interpuestas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión del 17 de
abril de 2013, al determinar que los fallos de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones últimas, intangibles,
inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la tutela, concluyendo
que dichas características de las providencias que profiera la Sala Plena impiden,
por parte del juez de tutela, cualquier pronunciamiento de fondo39. Por consiguiente,
al haberse revocado la sentencia del 2013, la tesis que vigente se corresponde con
la adoptada en el 2009 por la Sala Plena de esta Corporación.

78. Entre tanto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 reprodujo parcialmente el
contenido del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, en el siguiente sentido (se cita la
disposición sin las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011):

«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas
señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo
55 de este código40.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de
ellas.

Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique» (el texto
tachado se declaró inexequible mediante la Sentencia C-948 de 2002).

79. En vigencia de dicha norma, esta Corporación «(…) ha aplicado y reiterado
la posición de la Sala Plena contenida en la sentencia de unificación precitada de
acuerdo con la cual dentro del término de los 5 años a que se refiere el artículo
transcrito, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar
el acto principal, esto es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe
el término de prescripción»41 (negrillas en el texto original; subrayas de la Sala).

80. Por su parte, el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 30

38 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sala de Conjueces. Sentencia del 17 de abril de 2013.

Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-00(AC). C.P. Álvaro Escobar Henríquez.
39 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-

03(AC). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
40 Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
41 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2019. Exp. 19001-23-

33-000-2014-00098-01- (4891-2016). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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de la Ley 734 de 200242; pero, atendiendo a la fecha de ocurrencia de los hechos
que se estudian, la norma aplicable es la contenida originariamente en el artículo 30
ya comentado, toda vez que la conducta reprochada disciplinariamente ocurrió el
31 de diciembre de 2008, fecha de la cual datan los documentos del contrato
interadministrativo suscrito con la E.S.E. Hospital de Yopal y con la Cooperativa
«creer en lo nuestro».

81. Ahora bien, en atención a que la prescripción de la acción disciplinaria
depende de si la falta fue instantánea o continuada, se pone de presente que la
Corte Constitucional, en relación con la clasificación de las faltas disciplinarias, ha
precisado lo siguiente:

«(…) 6.3.1. Retomando la clasificación de las faltas, se reseña la postura
establecida por la Procuraduría General de la Nación, institución que en el
ejercicio de su control disciplinario prevalente, ha ordenado los tipos
sancionatorios conforme “a las circunstancias modales y temporales en que se
presentan, como de: (…) iii) Instantáneas cuando la realización del
comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada,
cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la
consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta”43.

Igualmente, el ente de control ha manifestado que “la conducta se puede agotar
con una única actividad que despliegue el autor en un solo momento o, por el
contrario, se suceda durante un periodo de tiempo y solo al cabo del mismo
puede decirse que el hecho se ejecutó”44»45 (subrayado de la Sala).

82. Esto significa que, en las faltas disciplinarias instantáneas, la infracción del
deber funcional se agota en un solo momento; mientras que en las faltas
disciplinarias continuadas hay una unidad de conducta que genera una afectación
al deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad
generadora de dicha infracción46.

83. Llevado al caso concreto, se tiene que el 12 de septiembre de 2011 se abrió
la investigación disciplinaria en contra del demandante, con fundamento en el
informe realizado por el vicecontralor del departamento de Casanare, que daba
cuenta de 9 hallazgos con posible incidencia disciplinaria, relacionados con
presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos y convenios. En

42 «Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. <Artículo modificado por el artículo 132 de

la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5)
años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado
el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción
disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas».
43 Procuraduría General de la Nación, Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa; fallo del 20 de abril de 2007 Radicación nro.: 038- 05956-04. Disciplinado: Luís Enrique Rosales
Rocha; Cargo y Entidad: Coordinador Fondo de Prestaciones del Magisterio del Departamento de Guainía.
Quejoso: Informe Servidor Público. Fecha de Queja: Agosto 24 de 2004. Fecha hechos: Octubre 29 de 2003;
Asunto: Providencia por medio de la cual se modifica un fallo sancionatorio de primera instancia. (Artículo 171
de la ley 734 de 2002).
44 Despacho de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios María Leonor Rueda Rueda. Bogotá, D.C.,

17 de Julio de 2006 respuesta a consulta PAD C-214-06.
45 Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
46 Consejo De Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 04 de junio de 2020. Exp. 19001-23-33-

000-2015-00449-01- (3965-2018). C.P. William Hernández Gómez.

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definitiva, la actuación disciplinaria se mantuvo respecto de las presuntas
irregularidades ocurridas (i) en la etapa precontractual y contractual del contrato
interadministrativo 0238 del 31 de diciembre de 2008 y (ii) en la celebración del
convenio de cooperación 206 del 31 de diciembre de 2008.

84. El procedimiento disciplinario concluyó con la decisión de primera instancia,
expedida el 11 de diciembre de 2013, que impuso al señor Jhon Kennedy Wilches
Carreño la sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término
de 18 años, acto que se notificó personalmente a su defensora el 16 de diciembre
de 201347, quien interpuso el recurso de apelación el 20 del mismo mes y año48.

85. Lo expuesto permite concluir que el señor Wilches Carreño fue sancionado
por incurrir en una falta disciplinaria de ejecución instantánea, que se concretó el 31
de diciembre de 2008 y, por ello, la prescripción de la acción disciplinaria se
materializaría el 31 de diciembre de 2013; fecha para la cual ya se había notificado
a su defensora la decisión de primera instancia, lo cual ocurrió el 16 de diciembre
de 2013, al margen de que, de manera posterior, concretamente el 20 de diciembre
de 201349, el entonces disciplinado contara con un nuevo apoderado que presentó
un escrito de apelación el 31 del mismo mes y año50.

86. En ese sentido, la sanción disciplinaria se impuso en el marco de
competencia temporal que fija la normativa y, en consecuencia, no se configuró el
vicio alegado por el demandante. Inclusive, como se relató previamente, la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación declaró la prescripción de la
acción respecto de los hechos ocurridos con antelación al 30 de diciembre de 2008,
en una interpretación que dejó de lado que para el 30 de diciembre de 2013 ya se
había notificado a la defensora del demandante.

87. Ahora, respecto del otro punto expuesto como lesivo de la competencia,
relacionado con el trámite impartido a la solicitud de nulidad que se radicó el 11 de
diciembre de 2013, la Sala comparte el razonamiento contenido en la sentencia
apelada, pues la autoridad disciplinaria, en segunda instancia, sí era competente
para pronunciarse, sin que de allí pueda derivarse una lesión a los intereses del
investigado.

88. En efecto, el 11 de diciembre de 2013 el demandante, entonces investigado,
radicó un escrito que llevaba por asunto «incidente de nulidad», con fundamento en
una presunta lesión del derecho a la defensa, derivada de la práctica de pruebas
testimoniales del 6 de noviembre del mismo año y que, pese a que muchos testigos
no se escucharon, en lugar de reprogramar las diligencias, la autoridad procedió a
correr traslado para presentar alegatos de conclusión51.

89. Como se relató previamente, ese mismo día se expidió la decisión
disciplinaria de primera instancia y, como lo expresa el demandante, se encontraba
pendiente el trámite de notificación. De manera que existía un acto administrativo

47 Véase página 96 del archivo «CUADERNO 7.
48 Véanse páginas 116 a 128 del archivo «CUADERNO 7.
49 Véanse páginas 136-137 del archivo «CUADERNO 7».
50 Véanse páginas 148 a 187 del archivo «CUADERNO 7». Cabe destacar que el nombramiento de la defensora

de oficio se realizó a petición del disciplinado (véanse página 72 del archivo «CUADERNO 6»).
51 Véanse páginas 30 a 40 del archivo «CUADERNO 7».

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que aún no se había puesto en conocimiento de los interesados, pero que no podía,
como pretende el señor Wilches Carreño, dejarse de lado para en su lugar resolver
sobre la nulidad propuesta.

90. El Tribunal Administrativo de Casanare señaló, de manera acertada, lo que
al parecer representa una confusión para el demandante: la oportunidad con que
contaba para formular la solicitud de nulidad con la instancia que debía resolverla,
pues si bien es cierto el artículo 146 de la Ley 734 de 2002 dispone que esta puede
formularse hasta antes de proferirse la decisión definitiva (entendida por la
jurisprudencia como la de primera instancia), no se puede dejar de lado que, una
vez se expide el acto, si la petición de nulidad es concomitante o posterior a este,
se debe resolver por la autoridad a quien corresponda la segunda instancia.

91. En la sentencia del 10 de octubre de 2019 esta Corporación distinguió los
momentos en que puede solicitarse la nulidad de la actuación disciplinaria y el
trámite que se debe impartir en cada caso: (i) previo traslado para alegar de
conclusión, evento en el que se ha de resolver dentro de los 5 días siguientes
(artículo147 de la Ley 734 de 2002); decisión contra la cual procede el recurso de
reposición; (ii) junto con el escrito de alegatos de conclusión; supuesto en el cual el
pronunciamiento de la autoridad se traslada a la decisión disciplinaria y, de forma
consecuencial, si se impugna esta decisión el recurso se resolverá por la segunda
instancia; y (iii) luego de expedido el acto definitivo, por ejemplo, en el respectivo
recurso, caso en el cual «solo cabe el pronunciamiento de la segunda instancia en
virtud de la impugnación vía apelación(…)»52.

92. El último evento es el que más se adecúa al supuesto que se examina en
esta oportunidad, pues la falta de publicidad del acto no hace que este desaparezca,
como erróneamente lo pretende el apelante y, en esa, medida la autoridad
disciplinaria impartió el trámite adecuado a la solicitud del 11 de diciembre de 2013,
de tal forma que el pronunciamiento de fondo provino de quien tenía la competencia
para ello, lo que significa que no se vició la actuación ni se lesionó el debido proceso.

93. En cuanto al cargo de nulidad por falsa motivación, sea lo primero destacar
que el demandante no elevó ningún reproche respecto del análisis de tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad en lo que corresponde a los hechos derivados de la
celebración del convenio de cooperación 206 del 31 de diciembre de 2008. Su
inconformidad se circunscribe a las razones fácticas y jurídicas por las cuales la
demandada lo responsabilizó en relación con la etapa precontractual y la actividad
contractual del contrato interadministrativo 0238 de la misma fecha, de manera que
nada se agregará respecto del tercer cargo.

94. Para la Sala, resultan acertadas las razones expuestas en la sentencia
apelada para concluir que los actos demandados no están falsamente motivados,
pues lo cierto es que se encontró acreditado que el señor Wilches Carreño actuó en
desmedro de la normativa disciplinaria y contractual, sin que se observe ningún
elemento que pudiera llevar a una conclusión distinta.

52 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 10 de octubre de 2019. Exp. 11001-03-

25-000-2011-00661-00 (2553-2011). C.P. William Hernández Gómez.

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95. Al respecto, es necesario precisar: al demandante no se le responsabilizó
por celebrar un contrato interadministrativo, ni la medida disciplinaria tuvo como
justificación el que la E.S.E. Hospital de Yopal hubiese acudido a la subcontratación.
La sanción impuesta se motivó en que se dio visto bueno a la resolución que justificó
una contratación directa y, de forma posterior, al contrato interadministrativo ya
citado, sin verificar que el contratista tuviera la capacidad para ejecutarlo.

96. De lo anterior, resultó ilustrativo el que la E.S.E. subcontratara la totalidad
del objeto y que, meses antes, la entidad territorial hubiese acudido al procedimiento
de selección abreviada, tras argumentar que no había en el departamento ninguna
E.S.E. que pudiera ejecutar actividades de prevención y promoción.

97. Según lo dispone el literal c) del artículo 2.2. de la Ley 1150 de 2007, la
selección abreviada es el mecanismo a través del cual debe escogerse al oferente
con el cual se celebrarán los contratos para la prestación de servicios de salud.
Como mecanismo plural de selección, significa que esta es la regla general a la cual
deben acudir las entidades que requieran este tipo de servicios.

98. Lo dicho tiene una consecuencia adicional: si la entidad desea acudir a una
modalidad que limite la pluralidad de oferentes, como alguno de los supuestos de
contratación directa, debe verificar el estricto cumplimiento tanto de los requisitos
que establece la forma asignada, como de los principios que regulan la contratación
estatal.

99. En el caso de los contratos interadministrativos, el literal c) del artículo 2.4.
de la Ley 1150 de 2007 dispone que, como forma de contratación directa, esta
causal solo procede «(…) siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos».

100. El cumplimiento de este presupuesto no exime a la entidad contratante de
la obligación de evaluar los demás componentes que integran la selección de una
propuesta. En ese orden, resulta errada la afirmación del demandante, según la cual
el análisis de la capacidad para ejecutar el objeto no hace parte de los elementos a
evaluar para celebrar un contrato interadministrativo. Una interpretación en ese
sentido implicaría admitir que por tratarse de una forma de contratar directamente
está excluida de las reglas comunes a los procedimientos de selección, lo cual
resulta contrario al principio de selección objetiva, que se citó como desconocido
por el señor Wilches Carreño.

101. Ahora, que esa falta de capacidad de la E.S.E. se evidenciara al momento
de ejecutar el contrato no exime de responsabilidad a quienes participaron en su
planeación, pues son dos formas autónomas de lesionar los principios
contractuales. En el caso del demandante, su rol como asesor jurídico resultó
fundamental para (i) avalar con su visto bueno el acto administrativo que justificó la
contratación directa bajo la modalidad del contrato interadministrativo; y (ii) avalar,
con su visto bueno, el contrato que se celebró con la E.S.E. Hospital de Yopal.

102. Ambas actuaciones concretan lo que el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002
tipifica como la «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual,

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en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley». Los principios de responsabilidad, transparencia y
selección objetiva fueron los que, a juicio de la autoridad disciplinaria, resultaron
lesionados por el demandante, como quedó expuesto en esta providencia.

103. El apelante al parecer confunde los eventos que resultaron indicativos de la
configuración del tipo disciplinario con lo que debió llevar a la demandada a imputar
responsabilidad; de otra forma, no tienen cabida las manifestaciones en torno a la
subcontratación, pues como bien lo afirma, si el hecho disciplinable hubiese
consistido en el subcontrato celebrado por la E.S.E., tendría que haberse
investigado y, eventualmente sancionado, al representante legal de dicha entidad53.

104. Al margen de ello, resultó claro que en su rol jurídico avaló que se acudiera
a una modalidad de selección excepcional para celebrar un contrato con una entidad
que no tenía la capacidad para ejecutar el objeto y es esta situación la que
representa un desconocimiento de sus deberes funcionales, los que, contrario a lo
afirmado en el escrito de apelación, fueron expuestos con claridad, para lo cual la
demandada se apoyó en su manual de funciones54.

105. Se encontró así que al señor Wilches Carreño le correspondía «conceptuar
sobre la legalidad de asuntos legales sometidos a su consideración» y «coordinar y
colaborar con los procesos de contratación o licitación que adelante el
Departamento»; deberes cuyo incumplimiento no podía justificar en que su
actuación consistía en dar un «visto bueno», pues su aval representaba
precisamente la viabilidad jurídica para que el departamento contrajera
obligaciones.

106. Tampoco advierte la Sala que al señor Wilches Carreño se le hubiese
«endilgado el mismo nivel de responsabilidad que a los demás disciplinados»; por
el contrario, analizado el contenido de los actos demandados, lo que se encuentra
es un análisis detallado y personal de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; sin
que ello obste para que existan puntos en los que los elementos coincidan; por
ejemplo, en la descripción de los principios quebrantados o en las razones para
variar la forma de culpabilidad; pero no se desconoció por la demandada el rol que
cada implicado desempeñó en la actividad precontractual y contractual; inclusive,
respecto del demandante, la autoridad expuso con detalle el alcance que tenía su
«visto bueno» y por qué no podría verse como un simple formalismo.

107. Finalmente, en la variación de la forma de culpabilidad, que tuvo lugar en el
trámite de la segunda instancia disciplinaria, es posible determinar por qué no
bastaba con que el gerente de la E.S.E. certificara que dicha entidad estaba en la

53 Este punto también fue expuesto en el recurso de apelación en la actuación disciplinaria. Al respecto, la Sala

Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación manifestó: «Desafortunadamente el instructor disciplinario
no vinculó al gerente del Hospital de Yopal E.S.E. a la presente investigación, con el din de que diera sus
explicaciones, sin embargo, ello no significa que se les esté trasladando la responsabilidad de ese servidor
público a los investigados dentro de este proceso; la responsabilidad disciplinaria es personal, y asó como el
gerente del Hospital de Yopal E.S.E. posiblemente tuvo responsabilidad en la celebración del contrato
interadministrativo, también los demás funcionarios desconocieron sus propios deberes, al conformarse con la
mencionada certificación, pero sin exigir el soporte documental que diera cuenta de ello» (véase página 109 del
archivo «CUADERNO 9»).
54 El manual de funciones puede consultarse en las páginas 79-80 del archivo «ANEXO 13».

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capacidad de ejecutar el contrato: el ejercicio diligente de los deberes del
demandante lo debía llevar a verificar, con la documentación correspondiente, el
cumplimiento de los requisitos para contratar de manera directa; contrario a ello,
«[e]l jefe de la Oficina Asesora Jurídica se conformó con la certificación del gerente
del Hospital de Yopal E.S.E. sobre la capacidad de este para desarrollar el objeto
del contrato, cuando por su profesión de abogado contaba con las condiciones
profesionales para advertir que lo que señalaba el funcionario debía estar
corroborado con la documentación correspondiente»55.

108. En suma, los actos demandados se expidieron con estricto apego a la
normativa disciplinaria y luego de valoradas de manera integral las pruebas
recaudadas, sin que en esta instancia se adviertan vicios relacionados con la
competencia de la autoridad, la motivación de las decisiones o la lesión a los
distintos componentes del debido proceso. Por ello, lo procedente es confirmar la
sentencia apelada.

De la condena en costas

109. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

110. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

111. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

112. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

55 Véanse páginas 114-115 del archivo «CUADERNO 9».

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Radicado: 85001-23-33-000-2017-00014-01 (4410-2021)

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida seis (6) de mayo de dos mil veintiuno
(2021) por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare.

Tercero. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263 y portadora de la
tarjeta profesional 190.461 del C.S. de la J., para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00020
de SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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