Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2020-00326-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2020-00326-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2020-00326-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 850012333000202000326-01
Solicitante: Urigeller Medina Bello
Concejal: Wilder Alexander García
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor
Urigeller Medina Bello –en adelante el Solicitante– contra la sentencia de 31 de
agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en primera
instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se
decrete la pérdida de investidura del señor Wilder Alexander García, Concejal
del Municipio de Maní (Departamento de Casanare), para el período 2020 –
2023 –en adelante el Concejal–, porque, a su juicio, incurrió en las causales de
pérdida de investidura previstas en: i) el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617
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de 6 de octubre de 20001, el numeral 2.° del artículo 55 y el artículo 70 de la Ley
136 de 2 de junio de 19942 sobre violación al régimen de conflictos de intereses
y ii) el numeral 5.°del artículo 48 de la Ley 617 y el numeral 4.° del artículo 55 de
la Ley 136 sobre tráfico de influencias debidamente comprobado.
Pretensiones
2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:
“[…] URIGELLER MEDINA BELLO […] con domicilio en Maní (Casanare)
comedidamente comparezco ante su estrado, en ejercicio del medio de control de
pérdida de investidura […] con fundamento en los hechos que serán descritos en
el acápite respectivo, con el propósito de presentar demanda en contra del señor
WILDER ALEXANDER GARCÍA […], en calidad de Concejal del Municipio de
maní (Casanare), corporado municipal en propiedad conforme a la credencial del
31 de octubre de 2019, por las causales relacionadas 1° y 5° del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, concordante con los numerales 2° y 4° del artículo 55 y el
artículo 70 de la Ley 136 de 1994 […]”
Presupuestos fácticos
3. Los hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura, son los
siguientes:
3.1. Señaló que la señora Ana Rosa Pérez Ortiz, el 3 de septiembre de 2019,
en calidad de representante legal de la Fundación Amor en Acción y contratista
de la Administración Municipal de Maní (Departamento de Casanare), instauró
denuncia por el delito de injuria y calumnia contra el señor Wilder Alexander
García, la cual fue radicada con el número CUI 8506106001216201900028.
3.2. Adujo que el señor Wilder Alexander García fue elegido concejal del
Municipio de Maní (Departamento de Casanare) para el periodo 2020-2023, el 27
de octubre de 2019 y tomó posesión de su investidura.
3.3. Indicó que el Concejal en la sesión ordinaria celebrada el 19 de mayo de
2020 propuso invitar a la Secretaria de Desarrollo Social y a la señora Ana Rosa
1 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.
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Pérez Ortiz, en calidad de representante legal de la Fundación Amor en Acción y
contratista del convenio en liquidación 0128 de 2019 cuyo objeto era “[…]
Brindar atención integral a los adultos mayores de los niveles I y II del Sisbén
para el mejoramiento de su calidad de vida, inclusión social y valoración asertiva
mediante el envejecimiento mediante la promoción y atención en el centro día
del de maní (Departamento de Casanare) […]”, la cual fue aprobada con 8 votos
a favor y 3 en contra.
3.4. Señaló que el Concejal no debió realizar la anterior proposición de control y,
en su lugar debió declararse impedido para discutir y votar de forma favorable la
aprobación de la mencionada citación, toda vez que le asistía un interés directo por
haber sido denunciado por el delito de injuria y calumnia por la representante legal
de la Fundación.
3.5. Refirió que, el 19 de mayo de 2020, presentó recusación, entre otros, contra
el Concejal, la cual fue decidida de forma desfavorable; no obstante lo anterior,
adujo que el Concejal votó el concepto de la Comisión de Ética conformada para
decidirla.
3.6. Agregó que el Concejal es compañero permanente de la señora Yeny
Lezaida Ortiz, quien, a su vez, se encuentra vinculada al Municipio de Maní
(Departamento de Casanare), mediante contrato de prestación de apoyo a la
gestión 0068 de 12 de febrero de 2020 que tiene por objeto “[…] prestar los
servicios de apoyo para la promoción de lectura y actividades lúdico recreativas en
la Biblioteca Municipal de Maní […]”.
Causales de pérdida de investidura alegadas y argumentos que justifican la
solicitud
Conflicto de intereses
4. Citó, el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre violación al régimen
de incompatibilidades y de conflictos de intereses y el numeral 2.° del artículo 55
y el artículo 70 de la Ley 136, en cuanto establece que los concejales perderán su
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.
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4.1. Señaló que, el Concejal en la sesión ordinaria celebrada el 19 de mayo de
2020 propuso invitar a la Secretaria de Desarrollo Social y a la señora Ana Rosa
Pérez Ortiz, en calidad de representante legal de la Fundación Amor en Acción y
contratista del convenio en liquidación 0128 de 2019, proposición que fue
aprobada, sin tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley
136, el Concejo Municipal de Maní no tenía competencia para realizar un control
político a particulares y contratistas.
4.2. Asimismo, refirió que configuraba el conflicto de intereses en la medida que:
i) la citación de la representante legal de la Fundación se realizó como represalia
a la denuncia que fue presentada contra el Concejal, por el delito de calumnia el
3 de septiembre de 2019; ii) el Concejal no se declaró impedido para la
deliberación y votación de la aprobación de la mencionada citación y iii) a pesar
de estar recusado por estos hechos el Concejal participó en la deliberación y
votación del concepto emitido por la Comisión de Ética del Concejo Municipal
creada para decidir la recusación.
Tráfico de influencias debidamente comprobada
5. Citó, el numeral 5.° del artículo 48 de la Ley 617 sobre el tráfico de influencias
debidamente comprobado y el numeral 4.° del artículo 55 de la Ley 136 que
indica que los concejales perderán su investidura por “[…] tráfico de influencias
debidamente comprobado […]”.
5.1. Para el efecto, adujo que la señora Yeny Lezaida Ortiz es compañera
permanente del Concejal, como dan cuenta las diversas denuncias que la citada
señora a interpuesto contra el Concejal por violencia intrafamiliar y que suscribió,
por injerencia del Concejal, el contrato de prestación de apoyo a la gestión 0068 de
12 de febrero de 2020 con el Municipio de Maní (Departamento de Casanare),
porque el Concejal pertenece al mismo partido político del Alcalde Municipal de
Maní (Departamento de Casanare), su cercanía data de mucho tiempo y lo han
acompañado al mandatario local en reuniones privadas.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
6. El Concejal, a través de apoderada, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura, en el sentido de
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solicitar que se nieguen las pretensiones, con fundamento en que no se configuró
conducta alguna constitutiva de conflicto de intereses y de tráfico de influencias
debidamente comprobado, con base en los siguientes argumentos:
Respecto al régimen de conflicto de intereses
6.1. Explicó que no se configuran los elementos que estructuran la causal, toda
vez que la denuncia formulada por la señora Pérez Ortiz, el 3 de septiembre de
2019, fue archivada por la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Municipales
de Maní el 29 de octubre de 2019 y porque para el 19 de mayo de 2020, fecha
en que se realizó la proposición para invitar a la Secretaria de Desarrollo y a la
señora Pérez Ortiz, en su calidad de Representante Legal de la Fundación
Amor en Acción y contratista de la administración municipal no existía “[…] pleito
pendiente […]”.
6.2. Refirió que la invitación tuvo por objeto conocer la situación de algunas
personas que trabajaron para la contratista, en ejecución del Convenio 0128 de
2019, a quienes al parecer no se les había remunerado sus servicios y no para
ejercer las funciones de control de que trata el artículo 38 de la Ley 136, de las
cuales no sería sujeto pasivo.
6.3. En las anteriores condiciones, manifestó que al Concejal le asistía un interés
general, toda vez que se trataba de conocer de primera mano si se estaba
configurando un riesgo antijurídico que no solo afectara a futuro el patrimonio del
municipio, sino que además se trataba de una situación que implicaba una
eventual vulneración a los derechos de unas personas de especial protección
constitucional.
6.4. Indicó que las invitadas no asistieron al llamado, razón por la cual, no existió
la posibilidad de tomar decisiones al respecto, o de participar en debates o
votaciones.
6.5. Por último, respecto a la participación en la votación que definiría la suerte
de la recusación realizada por el Solicitante adujo que, según consta en el Acta
de la Sesión realizada el 25 de mayo de 2020, no participó en la Comisión de
Ética que la decidió.
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Respecto al tráfico de influencias debidamente comprobado
6.6. Manifestó que tampoco se estructuran los elementos que configuren el
tráfico de influencias debidamente comprobado como causal de pérdida de
investidura, toda vez que no se explicó en qué circunstancias ejerció su
influencia como Concejal del Municipio de Maní (Departamento de Casanare),
ante qué servidor público la ejerció, qué recibió, hizo dar o prometió para sí o
para un tercero dinero o dádivas, cuál era el beneficio, supuestamente,
pretendido por el Concejal y en cuáles de sus competencias se podía ubicar el
asunto.
6.7. Adujo que, el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
celebrado por la administración municipal con la señora Yeny Lezaida Ortiz es la
materialización del ejercicio de la función administrativa que recae en el alcalde
como ordenador del gasto para celebrar contratos, contenida, entre otras, en el
artículo 91 de la Ley 136, relación contractual en la que el Concejal nada tiene
que ver y en la que no tuvo injerencia, menos cuando el alcalde goza de
autonomía e independencia en ese tipo de decisiones.
La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881
7. La audiencia pública tuvo lugar el 27 de agosto de 2020 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura y el Concejal y su
apoderada.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 31 de
agosto de 2020, dispuso “[…] PRIMERO: Denegar la solicitud de desinvestidura
del señor Wilder Alexander García, concejal del municipio de Maní, por los
cargos examinados en la parte motiva de esta Providencia […]”.
Consideraciones del Tribunal
Sobre la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses
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8.1. Indicó que, en el caso concreto, se probó que: i) el Concejal en la sesión de
19 de mayo de 2020 propuso a la plenaria invitar a la Secretaria de Desarrollo
del Municipio de Maní (Departamento de Casanare) y a la representante legal de
la Fundación Amor en Acción y ii) que en el acta 037 de esa sesión, se
manifestó que la citada propuesta se realizó por las quejas presentadas por las
señoras que laboran en la Fundación por la falta de pago de sus salarios.
8.2. Asimismo, refirió que la anterior propuesta y posterior votación por parte del
Concejal no resultaba censurable, toda vez que: i) para cuando el Concejal
realizó la proposición y votación de la misma, no existía ninguna relación
procesal con la señora Ana Rosa Pérez Ortiz, en la medida que si bien le
formuló denuncia por el delito de injuria y calumnia, esa actuación fue archivada
el 29 de octubre de 2019, en virtud de conciliación celebrada entre las partes, ii)
la decisión de invitar a la contratista no recayó en el Concejal sino en la plenaria
que por mayoría acogió la propuesta, y iii) no se trató de citación de control
político propia, toda vez que se realizó la propuesta y se aprobó como invitación
y se documentó que se hacía para indagar por la situación laboral de quienes
trabajaron al servicio de la fundación contratista; invitación a la cual, no concurrió
la señora Pérez Ortiz.
8.3. Respecto al trámite de la recusación promovida el 19 de mayo de 2020 por
el Solicitante, entre otros, contra el Concejal para que se abstuvieran de
participar en las sesiones donde se conocieran, propusieran o decidieran
asuntos en los que se trataran temas relacionados con la Fundación Amor en
Acción, representada legalmente por la señora Pérez Ortiz, consideró que: i) el
Concejal fue ajeno a la decisión de la misma, en la medida que para tal fin se
creó una comisión de ética que por mayoría optó por no aceptar la recusación, y
ii) la votación en la que participó el Concejal fue respecto de la proposición de
modificar el orden del día de la sesión del Concejo Municipal llevada a cabo el
26 de mayo de 2020, ante el argumento presentado por otro cabildante, según el
cual, el trámite dado a la recusación no era el adecuado, aspecto no relevante
para configurar la pérdida de investidura por conflicto de intereses.
Sobre la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente
comprobado
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8.4. Consideró que no existe prueba de que el Concejal haya intervenido en la
celebración del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 0068
de 12 de febrero de 2020 para que fuera contratada su “[…] novia o pareja […]”
señora Yeny Lezaida Ortiz.
8.5. Indicó que, si bien existían inconsistencias entre la declaración
extraprocesal rendida en la Notaría Única de Orocué y las denuncias por
violencia intrafamiliar formuladas por la señora Yeny Lezaida Ortiz contra el
Concejal, respecto a su situación sentimental, esta circunstancia resultaba
irrelevante para la configuración de la causal, porque no se demostró en qué
forma el Concejal prevalido de su investidura ejerció sobre el mandatario local de
Maní tal influencia que lo haya presuntamente compelido a contratar a la señora
Ortiz o que haya realizado alguna acción específica ante el ordenador
competente para provocar la desvinculación contractual.
Recurso de apelación presentado por el Solicitante
9. El Solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 31 de
agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare con el
objeto de que se revoque dicha providencia y, en su lugar, decretar la pérdida de
investidura del Concejal, con fundamento en los siguientes argumentos:
9.1. Indicó que el Tribunal no se pronunció acerca de la causal de pérdida de
investidura formulada por violación del régimen de incompatibilidades en que
incurrió en Concejal, toda vez que, su excompañera permanente, Yeny Lezaida
Ortiz, era contratista del mismo municipio para la época en que mantenía la
relación sentimental con el Concejal
Respecto al conflicto de intereses
9.2. Indicó que “[…] una vez se vincula a la señora Yeny Lezaida Ortiz, mediante
contrato de prestación de servicios, inmediatamente el Concejal Wilder
Alexander García entra en conflicto de intereses, habida cuenta que, su principal
función es la de ejercer control político sobre los secretarios de despacho del
respectivo municipio. Conforme lo establecido en la estructura administrativa del
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Municipio de Maní, la mencionada entidad territorial cuenta con un cargo
denominado Secretario de Turismo, Cultura y Deporte […]”.
9.3. En esa medida, refirió que de conformidad con la cláusula 17 del contrato de
prestación de servicio de apoyo a la gestión 0068 de 12 de febrero de 2020,
celebrado entre el Municipio de Maní y la señora Yeny Lezaida Ortiz, el
secretario de despacho antes mencionado era el supervisor de la compañera
permanente del Concejal, configurándose en conflicto de intereses señalado en
el artículo 70 de la Ley 136, toda vez que “[...] el Concejal jamás declaró su
impedimento en las sesiones, en las que concurrió el supervisor de su
compañera permanente […]”.
De la invitación a sesión del concejo a quien fue su denunciante
9.4. Manifestó que la invitación realizada a la señora Ana Rosa Pérez Ortiz, en
calidad de representante legal de la Fundación Amor en Acción y contratista del
convenio en liquidación 0128 de 2019, se produjo cuando la ejecución
contractual ya se había cumplido y que su objeto no fue defender a las madres
cabeza de familia sino como una retaliación por la denuncia que le había sido
interpuesta.
Trámite de la recusación
9.5. Adujo que el Concejal al participar en la conformación de la comisión de
ética que definía la suerte de la recusación que había sido interpuesta en su
contra sacó provecho de su condición participando en la conformación de los
“[…] jueces de la recusación […]”, incluyendo un miembro de su partido y con
posterioridad participó en la decisión de la recusación.
Tráfico de influencias debidamente comprobado
9.6. Sostuvo que estaba demostrado que el Concejal “[…] influyó ante el
ordenador del gasto para conseguir la contratación de su compañera
permanente al punto que, precisamente por eso se creía con el derecho de
amenazarla a fin de terminar dicha vinculación contractual, si la señora Yeny
Lezaida continuaba con las denuncias penales en su contra […]”, al punto que,
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bajo amenazas del Concejal la mencionada señora retiró la denuncia que había
presentado.
9.7. Señaló que, el Alcalde Municipal de Maní (Departamento de Casanare),
ante la negativa de la Fiscalía General de la Nación de precluir la investigación e
influenciado por el Concejal no le renovó el contrato de prestación de servicios a
la señora Yeny Lezaida Ortiz.
Traslado del recurso de apelación
10. Surtido el traslado del recurso de apelación presentado por el Solicitante, el
Solicitante, el Concejal y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
11. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los
problemas jurídicos; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y
desarrollos jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses; vi) el marco
normativo y los desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado; vii) el análisis
del caso concreto; y viii) las conclusiones.
Competencia de la Sala
12. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre perdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre
la aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
20193; y iv) el artículo 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de
Estado, en segunda instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.
3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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13. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado,
se procede a decidir el caso sub lite.
14. Vistos los artículos 3284 y 3205 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20126, la
Sala procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o
reparos formulados por el apelante.
Problemas jurídicos
15. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si por un lado, en el caso sub examine, es procedente o no el estudio
de los argumentos planteados por el Solicitante en el recurso de apelación
referentes a: i) la causal de pérdida de investidura por la violación del régimen
de incompatibilidades en que presuntamente incurrió en Concejal, toda vez que
su excompañera permanente, señora Yeny Lezaida Ortiz, era contratista del
mismo municipio para la época en que mantenía la relación sentimental con el
Concejal y ii) el argumento adicional para sustentar la causal de pérdida de
investidura por violación al conflicto de intereses, según el cual el Concejal
jamás declaró su impedimento en las sesiones a las cuales concurrió el
Secretario de Turismo, Cultura y Deporte de Maní (Departamento de Casanare),
quien era el supervisor del contrato suscrito por su compañera permanente.
16. Y, por el otro, determinar si el Concejal Wilder Alexander García incurrió o no
en las causales de pérdida de investidura previstas en los numerales 1.° y 5.° del
artículo 48 de la Ley 617.
16.1. Para el efecto, se deberá determinar si, en el caso sub examine, el Concejal
incurrió o no en la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, con fundamento en que propuso invitar al Concejo
Municipal de Maní (Departamento de Casanare) a la Secretaria de Desarrollo y
una contratista pese a que se encontraba impedido toda vez que con
4 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
5 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
6 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
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anterioridad la contratista lo había denunciado penalmente y participó en la
conformación de la comisión de ética que decidió la recusación.
16.2. Se deberá determinar si, en el caso sub examine, el Concejal incurrió o no
en la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente
comprobado, con fundamento en que influyó en la contratación y posterior
terminación de la relación contractual de la señora Yeny Lezaida Ortiz con el
Municipio de Maní (Departamento de Casanare).
16.3. En ese sentido, se analizarán si se cumplen los supuestos del elemento
objetivo de las causales y, en caso de encontrarlo configurado, se estudiará el
elemento subjetivo, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, en primera instancia.
La calificación habilitante
17. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 18817, la Sala encuentra probado
que el señor Wilder Alexander García tiene la calidad de Concejal para el
periodo 2020-2023, según el formulario E-278 expedido por la Comisión
Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que se
indica que fue elegido como Concejal de Municipio de Maní (Departamento de
Casanare).
17.1. En ese orden de ideas, la investidura del señor Wilder Alexander García se
tiene por cierta en la medida en que el documento anteriormente indicado
constituye prueba de dicha calidad y su condición no fue cuestionada durante el
proceso, lo cual la hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura.
7 “[…] Cuando la solicitud [de pérdida de investidura] sea presentada ante el Consejo de Estado por un
ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su
acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]”.
8 Cfr. Archivo 3. Denominado credencial de concejal del cd que se encuentra a folio 27 del expediente.
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Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
18. Vistos los artículos 1849 de la Constitución Política; 14310 de la Ley 1437 y
las leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1.° de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio11 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia
la pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en
el ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
20. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los
ciudadanos sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas
contrarias al buen servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se
trata de conductas que comportan la defraudación del principio de
representación.
21. La Sala Plena12 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una
sanción de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de
conducta que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular
9 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
10 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
11 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-
15-000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
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deben observar atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que
ostenta; ii) es una sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para
decretarla es atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de
investidura es la sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha
sido elegida en una corporación pública de elección popular porque implica la
separación inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de
esa corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
22. En esa misma orientación, la Corte Constitucional13 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables
por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
23. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201014. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
24. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe
dar plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
25. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, en los
13 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
14 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
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términos de la Ley 1881, modificada por la Ley 2003, y conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes15, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo16.
26. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la
Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva.
La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta
dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”18 (Destacado fuera
de texto).
27. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, entre
otros, el de favorabilidad, y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se
subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento subjetivo17.
Marco normativo y jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses
28. Visto el numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de las juntas administradoras
locales perderán su investidura: […] 1. Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o
diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”
(Destacado fuera de texto).
15 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
16 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó
la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”.
17 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de
buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor,
o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
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29. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses18 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública,
en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés
general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión
propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un
tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante
la pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del
funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta de
reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con las
funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]” (Destacado fuera
de texto).
30. Esta Sección19 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló
que esta “[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto,
[…] en el asunto objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en
razón de sus funciones […]”; y agregó que “[…] la Sala Plena20 ha sido enfática
en sostener que si el interés se confunde con el que asiste a todas las personas
o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto,
pues en tal caso estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo
propio […]” (Destacado fuera de texto).
31. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus
funciones constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o
votación de un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
32. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la
participación tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa
de votación en la medida en que la sola participación en cualquiera de esas
18 Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de
abril de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-04626-00(PI); y Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés.
Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de
marzo de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15-
000-2006-00003-01.
20 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y
Concepto de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
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etapas estructura el conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de
pérdida de investidura.
33. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar
los siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se
demuestre la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del
concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o
socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón
de sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el
debate o votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que
configura el interés.
Marco normativo y jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura
por tráfico de influencias debidamente comprobado
34. Visto el numeral 5.° del artículo 48 de la Ley 617, que indica que“[…] [l]os
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de las juntas
administradoras locales perderán su investidura: […] Por tráfico de influencias
debidamente comprobado […]”.
35. Para la configuración de esta causal, esta Corporación21 precisó que se
requiere para su concurrencia de los siguientes elementos: i) que se trate de
persona que ostente la calidad de congresista (concejal); ii) que se invoque esa
calidad o condición ante servidor público ejerciéndose en todo caso un influjo
síquico sobre éste, sin tener en consideración el orden jerárquico existente entre
ambos; iii) que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero,
dádiva, con las salvedades o excepciones establecidas en la Ley; y iv) que el
acto se realice con el fin de obtener beneficio de un servidor público, en asunto
que este se encuentre conociendo o hubiese de conocer.
36. Por último, esta Sección22 ha considerado, en relación con la causal objeto
de estudio, lo siguiente:
21 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 11001-03-15-000-2015-01571-00,
C. P. María Elizabeth García González.
22 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 10 de diciembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación:
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36.1. No se configura cuando se encuentre que el congresista (concejal) actuó
en ejercicio de una facultad autorizada por el ordenamiento jurídico y resulta
irrelevante la ubicación y la relación jerárquica que tenga el legislador respecto
del funcionario público frente al que se ejerce la influencia;
36.2. Se excluye cualquier tipo de “[…] influencia […]” que se ejerza respecto de
actores particulares; dicho de otro modo, su radio normativo de acción se
contrae, por entero, al ámbito de lo público.
36.3. Debe existir un claro vínculo entre la influencia ejercida por el congresista
(concejal) y el servidor público, de modo tal que este último se vea compelido a
proceder en razón a la calidad de quien se lo solicita y lo que es objeto de la
gestión indebida debe corresponde a un asunto de conocimiento actual o futuro
del servidor público, en atención a las competencias que tiene atribuidas.
36.4. Es autónoma respecto de cualquier asunto de naturaleza penal, de ahí que
no es necesario pronunciamiento previo de la jurisdicción ordinaria en su
especialidad penal para su invocación y estructuración.
Análisis del caso concreto
37. Vistos el marco normativo y de conformidad con los desarrollos
jurisprudenciales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala
procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados por
el apelante en la oportunidad procesal correspondiente
38. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no el
estudio de los siguientes argumentos planteados por el Solicitante en el recurso
de apelación referentes a:
81001233900020200012701 y ii)Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 8 de octubre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de
radicación: 68001-23-33-000-2019-00609-01
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38.1. La causal de pérdida de investidura por la violación del régimen de
incompatibilidades en que presuntamente incurrió en Concejal, toda vez que su
excompañera permanente, señora Yeny Lezaida Ortiz, era contratista del mismo
municipio para la época en que mantenía la relación sentimental con el Concejal.
38.2. El argumento adicional para sustentar la causal de pérdida de investidura
por violación al conflicto de intereses, según el cual el Concejal jamás declaró su
impedimento en las sesiones a las cuales concurrió el Secretario de Turismo,
Cultura y Deporte de Maní (Departamento de Casanare), quien era el supervisor
del contrato suscrito por su compañera permanente, teniendo en cuenta que no
fueron planteados en la solicitud de pérdida de investidura u objeto de debate en
la primera instancia.
39. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…]
[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.
40. Esta Sección en diversas oportunidades23 ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que
no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de
primera instancia estudió […]” porque ello constituiría vulneración del principio
de congruencia y, en consecuencia, de los derechos del debido proceso,
contradicción y de defensa de la parte que resulte afectada (Destacado de la
Sala).
41. Lo anterior cobra relevancia en esta clase de procesos, en la medida en que,
por tratarse de un trámite sancionatorio, es imperiosa la necesidad de velar por
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente:
2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA
ROJAS LASSO
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la protección de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de
pérdida de investidura24 y es que, como lo explicó esta Sección en sentencia de
13 de octubre de 201625, “[…] la institución de la pérdida de investidura tiene un
evidente carácter sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. De
una parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía y es separado de las
funciones que ejercía y, de otra parte, acarrea una inhabilidad permanente
consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de elección
popular […]”.
42. En ese orden de ideas, la Sala procede a realizar el estudio de los siguientes
aspectos relevantes en el proceso: i) los presupuestos fácticos y argumentos
planteados en la solicitud de pérdida de investidura y su contestación ii) las
consideraciones de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.
Los presupuestos fácticos y argumentos planteados en la solicitud de
pérdida de investidura
43. El señor Urigeller Medina Bello presentó solicitud en ejercicio del medio de
control de pérdida de investidura contra el Concejal, argumentando que incurrió
en la causal prevista en el numeral 2.° del artículo 55 y el artículo 70 de la Ley
136 y el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en cuanto establece que los
concejales perderán su investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, toda vez que: i) el Concejal en la sesión de 19 de mayo de 2020,
propuso citar a la Secretaria de Desarrollo Social y a la señora Ana Rosa Pérez
Ortiz, representante legal de la Fundación Amor en Acción y ex contratista de la
Administración Municipal de Maní (Departamento de Casanare), sin tener en
cuenta que el Concejo Municipal carecía de competencia para realizar control
político a particulares o contratistas y el Concejal se encontraba impedido para
realizarla, ii) la citación es una represalia y venganza porque el 3 de septiembre
de 2019 la ex contratista lo denunció por el delito de calumnia; y iii) porque el
Concejal, recusado por el Solicitante por esos hechos, en el momento en que la
Comisión de Ética del Concejo sometió a votación de la plenaria su concepto,
votó cuando debió declararse impedido.
24 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 2012.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de octubre
de 2016; proceso identificado con el número único de radicación 810012339000201600014-01. C.P. doctor
Roberto Augusto Serrato Valdés
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44. Asimismo, el Solicitante indicó que se incurrió en la causal prevista en el
numeral 4.° del artículo 55 de la Ley 136 y el el numeral 5.° del artículo 48 de la
Ley 617 sobre el tráfico de influencias debidamente comprobado, en la medida
que la señora Yeny Lezaida Ortiz, compañera permanente del Concejal, se
encontraba vinculada al Municipio de Maní (Departamento de Casanare), mediante
contrato de prestación de apoyo a la gestión 0068 de 12 de febrero de 2020, por
influencia del Concejal, toda vez que pertenece al mismo partido político del
Alcalde Municipal de Maní (Departamento de Casanare) y su cercanía data de
mucho tiempo.
Las consideraciones de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera
instancia
45. El Tribunal Administrativo de Casanare negó la pérdida de investidura del
Concejal por considerar que no incurrió en las causales de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses y de tráfico de
influencias debidamente comprobada, así:
Problemas jurídicos planteados Consideraciones del Tribunal
Violación al régimen de conflicto de Refirió que la anterior propuesta y posterior
intereses. votación por parte del Concejal no resultaba
censurable, toda vez que: i) para cuando el
¿Se configura la causal de desinvestidura por Concejal realizó la proposición y votación de la
violación al régimen de conflicto de intereses misma, no existía ninguna relación procesal
para el concejal que propone a la plenaria con la señora Ana Rosa Pérez Ortiz, en la
invitar a una contratista que en el pasado le medida que si bien esta formuló querella en su
denunció penalmente y, a la vez, vota a favor contra por el delito de calumnia, esa actuación
de no modificar el orden del día para someter fue archivada el 29 de octubre de 2019 en
a la plenaria la decisión de la comisión de virtud de conciliación celebrada entre las
ética que no aceptó la recusación que por partes, ii) la decisión de invitar a la contratista
ello se le hizo? no recayó en el Concejal sino en la plenaria
que por mayoría acogió la propuesta, y iii) no
se trató de citación de control político propia,
toda vez que se realizó la propuesta y se
aprobó como invitación y se documentó que
se hacía para indagar por la situación laboral
de quienes trabajaron al servicio de la
fundación contratista; invitación a la cual, no
concurrió la señora Pérez Ortiz.
Respecto al trámite de la recusación indicó
que: i) el Concejal fue ajeno a la decisión de la
misma, en la medida que para tal fin se creó
una comisión de ética que por mayoría optó
por no aceptar la recusación, y ii) la votación
en la que participó el Concejal fue respecto de
la proposición de modificar el orden del día de
la sesión del Concejo Municipal llevada a cabo
el 26 de mayo de 2020, ante el argumento
presentado por otro cabildante, según el cual,
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el trámite dado a la recusación no era el
adecuado, aspecto no relevante para
configurar la pérdida de investidura por
conflicto de intereses.
Tráfico de influencias debidamente Para que se configure la causal debe probarse
comprobado. la intervención e influencia del concejal ante el
alcalde o el delegado del ordenador de gasto
¿Se configura la causal de desinvestidura por que haya contratado, con eficacia
tráfico de influencias contra el concejal por el determinante para provocar la celebración del
hecho de haber suscrito su presunta contrato.
excompañera sentimental contrato de
prestación de servicios con la administración […]
local del municipio en que ejerce ese cargo
de elección popular? En este caso dentro del expediente no milita
prueba que demuestre que el concejal
demandado hizo siquiera solicitud alguna para
obtener la vinculación contractual de su
excompañera sentimental o que haya
realizado alguna acción específica ante el
ordenador competente para provocar la
desvinculación contractual de la señora con
quien tuvo o tuviera alguna relación
sentimental conflictiva.
46. La Sala observa que los argumentos planteados por el Solicitante, en el
recurso de apelación, indicados en los numerales 38.1 y 38.2 supra, son
argumentos que se aducen por primera vez en el proceso; es decir, en sede del
recurso de apelación. Se trata de planteamientos que, como se dijo, debieron
ser expuestos en la Solicitud de pérdida de investidura con el objeto de
garantizar el derecho del debido proceso y de contradicción y de defensa del
Concejal.
47. En consecuencia, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento en
relación con los nuevos argumentos planteados por el Solicitante de la Pérdida
de investidura indicados supra.
Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses en el caso
concreto
Que se ostente la calidad de concejal
48. La Sala encuentra probado que el señor Wilder Alexander García fue elegido
como Concejal del Municipio de Maní (Departamento de Casanare) para el periodo
2020-2023, según se explicó en el acápite “[…] La calificación habilitante […]” de
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esta providencia. En consecuencia, el primer supuesto del elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura se encuentra probado.
Que exista un interés directo, particular y actual del concejal o alguna de
las personas señaladas en la ley, de orden moral o económico, en la
deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva
corporación pública, es decir un asunto de conocimiento funcional del
corporado, cualquiera sea su naturaleza.
49. El Solicitante manifestó en el recurso de apelación, por un lado, que, el
Concejal tenía un interés directo, particular y concreto en la invitación realizada a
la señora Ana Rosa Pérez Ortiz, en calidad de representante legal de la
Fundación Amor en Acción y contratista del convenio en liquidación 0128 de
2019, toda vez que se produjo cuando la ejecución contractual ya se había
cumplido y porque su objeto no fue defender a las madres cabeza de familia sino
como una retaliación por la denuncia que le había sido interpuesta
50. Y, por el otro, adujo que el Concejal participó en la conformación de la
comisión de ética, sacando provecho de su condición al elegir los “[…] jueces de
la recusación […]” y, en su posterior decisión.
51. Para el efecto, la Sala encuentra probado que:
51.1. La señora Ana Rosa Pérez Ortiz, el 3 de septiembre de 2019, en calidad
de representante legal de la Fundación Amor en Acción y contratista del
Municipio de Maní (Departamento de Casanare), instauró denuncia contra el
señor Wilder Alexander García por el delito de injuria y calumnia, la cual fue
radicada con el número CUI 850610600121620190002826, en los siguientes
términos:
“[…] Siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) del día de hoy cinco (05) de
febrero de 2019 se hace presente en este despacho la señora ANA ROSA PÉREZ
ORTIZ […], quien manifiesta expresamente instaurar denuncio penal por INJURIA
Y CALUMNIA, en contra de WILDER ALEXANDER GARCÍA. Mi nombre es ANA
ROSA PÉREZ ORTIZ […] Estado civil unión libre, soy comerciante y
representante legal dela fundación AMOR EN ACCIÓN con sede en MANI
Casanare, nivel educativo tecnóloga […] PREGUNTO: Sírvase manifestar a esta
fiscalía en tiempo modo y lugar los hechos hoy a denunciar, CONTESTADO: Yo
26 Cfr. archivo denominado NC calumnia que se encuentra en el cd que obra a folio 29 del expediente
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vivo en la ciudad de Maní Casanare […] , soy comerciante y representante legal
dela fundación AMOR EN ACCIÓN , con sede en la misma dirección , esta
fundación sin ánimo de lucro, que se dedica a trabajar y atender la población
vulnerable. El día viernes 1 de febrero de 2019, a eso delas 05:30 de la tarde
empecé a recibir llamadas de mis amistades a decirme que viera lo que estaban
publicando Facebook, que un señor WILDER ALEXANDER GARCÍA estaba
diciendo que “ Yo no había entregado unos mercados a los adultos mayores de
maní, que nosotros maltratábamos a los abuelos, y que estábamos robando los
recursos de la tercera edad” situación que no es cierta, toda vez que mi fundación
no ha tenido ninguna vinculación contractual o de admiración para la entrega de
paquetes nutricionales, anexo la certificado por la jefe de la oficina Jurídica del
municipio de maní. De igual manera el señor Gracia el día anterior de esta
publicación en reunión en el coliseo del barrio los libertadores de esta ciudad,
donde reunión toda la población del adulto mayor de Maní, también utilizó mi
nombre para descalificarme de igual manera a lo hizo en las redes sociales […]”.
51.2. La anterior denuncia fue archivada, el 27 de octubre de 2019, según
consta en el acta de conciliación ante la Fiscalía Sexta Local de Maní y donde se
dejó consignado que la señora Ana Rosa Pérez Ortiz indicó: “[…] se dio
cumplimiento pero no en los términos que se dijo en la diligencia, sin embargo
que ella deja así, y lo deja en manos de la justicia porque esta persona hace lo
mismo con otras personas que desafortunadamente no denuncian […]”27.
51.3. Asimismo, en el Acta 037 de 19 de mayo de 202028 del Concejo Municipal
de Maní (Departamento de Casanare), se observa que el Concejal asistió a la
citada sesión y realizó la siguiente proposición:
“[…] PROPOSICIÓN 4: El honorable Alexander García propone que se invite a la
secretaria de desarrollo social y el represente legal de la fundación contratista del
convenio realizado para el centro vida - adulto mayor, informa que a las señoras
que laboran allí no les han pagado y son señoras cabeza de hogar, aclara que
este problema bien desde la administración pasada. El honorable Fredy Ávila dice
que el año anterior se trató el mismo tema, que no se pudo hacer nada porque las
personas contratadas le firmaban las planillas como si ya les hubieran pagado.
El honorable presidente la somete a votación siendo aprobado por los
honorables Arteaga Quenoran John Sebastián, Ávila Chaparro Fredy Kinley,
Cardona Cardona María Leidy, Carreño Medina Jaime, Conde Cárdenas Lina
María, García Wilder Alexander, García García Aníbal, Salinas Rincón Evaristo
Los honorables Lara Silva Juan Carlos, Montes Soler Laura Daniela y Segovia
Moreno Duan Arley votan negativo.
El honorable Juan Carlos Lara motiva su negativo porque es difícil como concejal
saber en el tema de vinculación de empleador a empleado, porque el contratista
argumenta una cosa y el contratante otra.
27 Cfr. archivo denominado Acta de conciliación que se encuentra en el cd que obra a folio 29 del
expediente
28 Cfr. archivo denominado Acta 037 que se encuentra en el cd que obra a folio 29 del expediente
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La honorable Daniela Montes motiva su voto negativo porque no es considerable
tener tanta gente al recinto […]”
51.4. El Solicitante, mediante escrito presentado, el 19 de mayo de 2020, ante el
Secretario del Concejo Municipal de Maní (Departamento de Casanare)
recusó29, entre otros, al Concejal García toda vez que:
“[…] El señor WILDER ALEXANDER GARCÍA, fue denunciado por la señora ANA
ROSA PÉREZ ORTIZ, representante legal de la fundación amor en acción por el
delito de calumnia […], proceso que se encuentra vigente. En sesión de 19 de
mayo de esta anualidad, por proposición del HONORABLE CONCEJAL WILDER
ALEXANDER GARCÍA, con apoyo de 7 votos de los cabildantes y 4 votos
negativos, se tomó la decisión de citar a la representante legal de la Fundación
Amor en Acción. La decisión anterior es contraria al ordenamiento jurídico, toda
vez que no es competencia del Concejo Municipal tal actuación. […] la recusación
se estructura en que, previo a la sesión de 19 de mayo de 2020, esto es, el 3 de
septiembre del año inmediatamente anterior, el mencionado cabildante fue
denunciado penalmente por la representante legal de la fundación amor en
acción, situación que estructura un verdadero conflicto de intereses por parte del
señor WILDER ALEXANDER […], ello en virtud del artículo 70 de la Ley 136 de
1994 […] incluida con mayor interés la sustentada en la aprobación de llamar a la
señora ANA ROSA PÉREZ ORTIZ, representante legal de la fundación amor en
acción, toda vez que existe pleito pendiente, aunado a que el concejo municipal
no tiene competencia para realizar un control político a particulares […]”.
51.5. En sesión del 25 de mayo de 202030 la comisión de ética conformada por
los concejales John Sebastián Arteaga, María Leydi Cardona Cardona y Jaime
Carreño Medina, después de escuchar los descargos presentados por el
Concejal, decidieron con 2 votos a favor y una abstención de “[…] no aceptar la
recusación […]”.
51.6. En el acta 041 de la sesión de 26 de mayo de 2020 del Concejo Municipal
de Maní (Departamento de Casanare) se observa que el concejal Juan Carlos
Lara solicitó modificar el orden del día para estudiar el procedimiento que aplicó
la comisión accidental de ética en relación con las decisiones adoptadas sobre
concejales los recusados. Luego de las intervenciones de otros concejales, en
particular de Daniela Montes, se pidió someter a votación la modificación del
orden del día; la propuesta fue negada.
52. En efecto, la Sala considera que no se acreditó la existencia de un interés
directo y particular en cabeza del Concejal, en la medida que: i) si bien el 3 de
septiembre de 2019 la señora Ana Rosa Pérez Ortiz, como representante legal
29 Cfr. archivo recusación concejales que se encuentra en el cd que obra a folio 29 del expediente
30 Cfr. archivo Acta de Comisión de Ética de 25 de mayo de 2020 que se encuentra en el cd que obra a folio
29 del expediente
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de la Fundación Acción en Amor y contratista de la Secretaría de Desarrollo
Social del Municipio de Maní interpuso una denuncia penal por injuria y calumnia
por presuntamente no haber “[…] entregado unos mercados a los adultos
mayores de maní, que nosotros maltratábamos a los abuelos, y que estábamos
robando los recursos de la tercera edad […]”; esta denuncia fue archivada el 27
de octubre de 2019 por conciliación entre las partes.
53. Asimismo, se considera que la proposición realizada por el Concejal el 19 de
mayo de 2020 para invitar a la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de
Maní (Departamento de Casanare) y a la señora Ana Rosa Pérez Ortiz como
representante legal de la Fundación Acción en Amor tuvo su origen en
informaciones según las cuales “[…] las señoras que laboran allí no les han
pagado y son señoras cabeza de hogar, aclara que este problema bien desde la
administración pasada […]”; es decir, su objeto no guarda relación con la denuncia
que había sido interpuesta con anterioridad.
54. Además, se probó que la problemática presentada se venía constatando por el
Concejo Municipal de Maní desde el año 2019, pues así lo manifestó el Concejal
Fredy Ávila, quien afirmó “[…] el año anterior se trató el mismo tema, que no se pudo
hacer nada porque las personas contratadas le firmaban las planillas como si ya
les hubieran pagado […]”, concluyéndose que la proposición presentada por el
Concejal tuvo como origen el interés general de la comunidad del Municipio de
Maní (Departamento de Casanare) cuya afectación se presentaba en igualdad
de condiciones a los de la ciudadanía en general, sin que estuviera probado en
el proceso cuál era el interés particular que le asistía al Concejal.
55. De igual manera, es preciso indicar que el Concejo Municipal de Maní no
solo invitó a la sesión correspondiente a la señora Ana Rosa Pérez Ortiz sino
también a la Secretaria de Desarrollo Social del citado municipio para que
informara lo pertinente a las condiciones en que se suscribió el contrato 0128 de
2019 cuyo objeto era y el pago de las trabajadoras de la Fundación, sin que se
encuentre probado que: i) a la fecha de la invitación se hubiera terminado la
relación contractual, toda vez que no se allegó la copia del citado contrato y ii)
que la invitación sea como consecuencia de una retaliación por la denuncia
presentada por la representante legal de la Fundación, pues además de la
afirmación del Solicitante no existe una prueba que corrobore su dicho.
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56. Ahora, respecto a la recusación presentada contra el Concejal, es pertinente
indicar que, una vez formulada, el Concejo Municipal del Maní (Departamento de
Casanare) integró una comisión accidental que estableció el procedimiento para
su decisión, en la cual, no existe prueba que el Concejal hubiera participado en
su conformación. Asimismo, una vez conformada, se presentaron los descargos
por parte del Concejal, siendo negada la recusación con dos votos afirmativos y
una abstención, como se desprende de la sesión del 25 de mayo de 202031.
57. En las anteriores condiciones, es pertinente indicar que no existe prueba de
cuál fue el procedimiento y el trámite que el Concejo Municipal estableció para la
elección de la comisión accidental de ética y la decisión de la recusación y si
bien, en el Acta 041 de 26 de mayo de 2020 se propuso la modificación del
orden del día para discutir nuevamente sobre el cumplimiento del citado trámite,
se reitera, no existe prueba acerca de la participación del Concejal en la decisión
de la recusación ni en la conformación de la comisión de ética que definía la
recusación.
58. En efecto, frente a este último requisito se indica que, de conformidad con el
artículo 167 de la Ley 1564, aplicable en virtud del artículo 21 de la Ley 1881, en
los procesos de pérdida de investidura, le correspondía al Solicitante dentro de
las oportunidades señaladas en la Ley, probar los supuestos de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y, en esa medida, la
Sala observa que no desplegó actividad probatoria tendiente a demostrar la
participación del Concejal en las citadas discusiones.
59. En todo caso, la Sala considera que no se probó la existencia de un interés
directo, particular y actual del Concejal en los asuntos que originaron la solicitud
sub examine, lo cual implica que no se configuró el segundo supuesto del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen
de conflicto de intereses prevista en el numeral 1.° del artículo 68 de la Ley 617.
31 Cfr. archivo Acta de Comisión de Ética de 25 de mayo de 2020 que se encuentra en el cd que obra a folio
29 del expediente
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Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por tráfico de influencia debidamente comprobado en el caso
concreto
Que se ostente la calidad de concejal
60. La Sala encuentra probado que el señor Wilder Alexander García fue elegido
como Concejal del Municipio de Maní (Departamento de Casanare) para el periodo
2020-2023, según se explicó en el acápite “[…] La calificación habilitante […]” de
esta providencia. En consecuencia, el primer supuesto del elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura se encuentra probado.
Que se invoque esa calidad o condición ante servidor público ejerciéndose
en todo caso un influjo síquico sobre este, sin tener en consideración el
orden jerárquico existente entre ambos
61. El Solicitante manifestó en el recurso de apelación que el Concejal influyó en
la contratación y posterior terminación de la relación contractual de la señora
Yeny Lezaida Ortiz con el Municipio de Maní (Departamento de Casanare).
62. En relación con este elemento, esta Sección32 ha considerado que debe
observarse plenamente que el miembro de la corporación pública de elección
popular haya invocado, antepuesto o recurrido, ante el servidor público, a esa
condición, lo cual implica que se haya ejercido sobre el servidor público un influjo
síquico derivado de aquella condición –miembro de la corporación pública–, esto
es, que lo que se pretenda de aquel se obtenga por la anteposición del cargo de
congresista, diputado, concejal o miembro de la junta administradora local.
63. Además, que el influjo síquico derivado de la calidad de congresista,
diputado, concejal o miembro de la junta administradora local se pueda ejercer
sobre la persona que deba realizar la actividad que se pretende. Quién influye,
ejerce predominio o fuerza moral, valiéndose de su poder, superioridad o fuerza
dominante.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 8 de octubre
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 68001-23-33-000-2019-00609-
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64. Para el efecto, la Sala encuentra probado que:
64.1. En la declaración extraprocesal rendida ante la Notaría Única de Orocué
por Wilder Alexander García y Yeny Lezaida Ortiz el 16 de enero de 202033, en
el que manifestaron:
“[…] PRIMERO: Manifestamos bajo la gravedad del juramento que nuestro estado
civil es de solteros, sin unión marital de hecho.
SEGUNDO: Declaramos que tuvimos una relación sentimental de novios, pero en
la actualidad no tenemos relación alguna.
TERCERO: No tenemos bienes en común, tampoco existió matrimonio ni unión
marital de hecho entre las partes y en la actualidad no compartimos cuerpo, lecho
y techo.
CUARTO: Manifestamos bajo la gravedad del juramento que no nos encontramos
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad de
conformidad con el inciso 7 de los artículos 2.2.5.1.8 del decreto 648 de 2017, no
tengo procesos de carácter alimentario y que cumplo con las obligaciones de
familia […]”
64.2. La señora Yeny Lezaida Ortiz formuló contra el Concejal las siguientes
denuncias penales:
Fecha Presunto delito Observaciones de la
denuncia
La denunciante refirió que es
soltera. Allí precisó que fueron
novios por más de un año con
el señor García, pero terminó
la relación hace unos 3
meses, debido a los malos
25 de junio de 201934 Daño en bien ajeno tratos y groserías de que fue
víctima de parte del precitado
señor.
En los anexos obra memorial
del 9 de julio de 2020 suscrito
por la señora Ortiz en el que
manifestó que desiste de la
denuncia y pide el archivo de
la actuación porque llegó a un
acuerdo amistoso con el
señor García.
La denunciante se refirió al
8 de julio de 201935 Violencia intrafamiliar señor García como su
expareja y en estado civil se
indicó que es soltera.
Se denunció al señor García
33 Cfr. Archivo denominado declaración concejal García, que obra en el cd que se encuentra a folio 29 del
expediente.
34 Cfr. archivo denominado Noticia Criminal por daño en bien ajeno que se encuentra en el cd que obra a
folio 29 del expediente.
35 Cfr. archivo denuncia 8 de julio que se encuentra en el cd que obra a folio 29 del expediente
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por el delito de violencia
intrafamiliar y refirió que se
separó hace 20 días porque
no aguantó sus malos tratos,
que convivieron por 4 años.
Refirió que: i) él se volvió
28 de abril de 202036 Violencia intrafamiliar agresivo cuando salió elegido
al concejo, se sentía con
mucho poder, y ii) le amenazó
que si seguía con la demanda
le iba a hacer que le
cancelaran el contrato en la
alcaldía. Agregó que el año
pasado también le denunció
por violencia intrafamiliar
64.3. Ahora bien, está probado que la señora Yeny Lezaida Ortiz suscribió con la
Alcaldía Municipal de Maní (Departamento de Casanare) el contrato de
prestación de apoyo a la gestión 0068 de 12 de febrero de 2020 que tiene por
objeto “[…] prestar los servicios de apoyo para la promoción de lectura y
actividades lúdico recreativas en la Biblioteca Municipal de Maní […]”, con un
periodo de duración de 5 meses37.
65.4. Sin embargo, conforme lo considerado por el Tribunal, no puede
atribuírsele su celebración a que se hubiera invocado por parte del señor Wilder
Alexander García su condición de concejal ante el Alcalde del Municipio de Maní
(Departamento de Casanare) ni está probado que el Concejal hubiere ejercido
una influencia síquica sobre el citado alcalde para la terminación del citado
contrato.
64.5. En efecto, si bien obra en el plenario las denuncias presentadas por la
señora Yeny Lezaida Ortiz en donde indica que el Concejal “[…] la amenazó
que si seguía con la demanda le iba a hacer que le cancelaran el contrato en la
alcaldía […]”, no fue aportada otra prueba que demostrara en qué forma el
Concejal ejerció sobre el mandatario local de Maní tal influencia que lo haya
compelido a contratar o terminar la relación contractual de la señora Ortiz.
64.6. Frente a este último requisito se indica que, de conformidad con el artículo
167 de la Ley 1564, aplicable en virtud del artículo 21 de la Ley 1881, en los
procesos de pérdida de investidura, le correspondía al Solicitante dentro de las
36 Cfr. archivo denuncia 20 de abril que se encuentra en el cd que obra a folio 29 del expediente
37 Cfr. Archivo contrato Yeny Ortiz esposa Alexander García que se encuentra en el cd que obra a folio 29
del expediente.
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oportunidades señaladas en la Ley, probar los supuestos de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y, en esa medida, la
Sala observa que no desplegó actividad probatoria tendiente a demostrar la
injerencia del Concejal en la citada contratación.
65. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, no se encuentran probados los supuestos fácticos del elemento objetivo
de cada una de las causales de la pérdida de investidura alegadas, esta Sala
considera que no es necesario realizar el estudio del elemento subjetivo.
Conclusiones de la Sala
66. En suma, la Sala considera que en el caso objeto de estudio el Concejal no
incurrió en las causales de pérdida de investidura de conflicto de intereses y
tráfico de influencias debidamente comprobado, toda vez que: i) no se probó el
interés directo y personal que pudiera llegar a tener en la proposición presentada
por el Concejal de invitar a una contratista y a la Secretaria de Desarrollo Social
ni se probó que hubiera participado en la conformación de la comisión de ética
que decidió la recusación formulada en su contra ni mucho menos en la decisión
de la misma y ii) no se probó en qué forma el Concejal ejerció sobre el
mandatario local de Maní tal influencia que lo haya compelido a contratar o
terminar la relación contractual de la señora Yeny Lezaida Ortiz.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de agosto de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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