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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2022-00010-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2022-00010-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 10 de febrero del 2022, emitida por el Tribunal Administrativo del Casanare en el presente asunto que declaró la improcedente la tutela presentada por el señor Desiderio Rivera Salcedo, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2022-00010-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de marzo de 2022

Demandante: Desiderio Rivera Salcedo
Demandados: Consejo Nacional Electoral y otros
Rad: 85001-23-33-000-2022-00010-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00010-01
Demandante: DESIDERIO RIVERA SALCEDO
Demandados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTROS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el accionante contra la
providencia del 10 de febrero del 2022, emitida por el Tribunal Administrativo del
Casanare en el presente asunto. En dicha sentencia el A quo declaró improcedente
la presente tutela.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 27 de enero del 20221, el
señor Desiderio Rivera Salcedo, actuando en nombre propio, en su calidad de
candidato al senado por el grupo significativo de ciudadanos “LLANERO”, promovió
acción de tutela contra del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del
Estado Civil y la Registraduría Delegada del Departamento del Casanare. En la
petición de amparo indicó que pretende la protección de sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, a la igualdad y al debido proceso.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la negativa que recibió por parte de las autoridades accionadas
respecto de la inscripción de candidatos que hizo el grupo significativo de
ciudadanos LLANERO, por no haber presentado la póliza de seriedad de la
candidatura.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicita la protección de sus derechos
fundamentales. Expresamente pidió:

“SEGUNDA: (…) SE DECLARE, que la Registraduría Nacional Del Estado Civil,
junto a la Delegada departamental para Casanare y el Consejo Nacional

1
El escrito fue remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Tribunal Administrativo
del Casanare .
1

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Demandante: Desiderio Rivera Salcedo
Demandados: Consejo Nacional Electoral y otros
Rad: 85001-23-33-000-2022-00010-01

Electoral, violaron los derechos fundamentales de Elegir Y Ser Elegido, Tomar
Parte En Las Elecciones y Constituir Partidos o Movimientos Políticos de
conformidad con el canon constitucional del artículo 40 numerales 1, 2 y 3;
asimismo los Derechos Fundamentales Del Debido Proceso Articulo 29; derecho
a la Igualdad artículo 13 de la Constitución Política de Colombia; en conexidad
con los incisos 1 y 11 del artículo 107 e incisos 1 y 4 del artículo 108 ibídem.
TERCERO: ORDENAR, a la Registraduría Nacional Del Estado Civil, junto a la
Delegada para Casanare y el Consejo Nacional Electoral, autorizar el Formato E –
6 SN Solicitud de Inscripción de candidatos y constancia de aceptación de
candidaturas con firmas de apoyo y póliza de seriedad impreso Noviembre 25 de
2021 donde aparece toda la información solicitada para efecto de la inscripción de
la lista al senado Comité́ Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos Llanero
(…) (Sic para toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. De conformidad con el calendario electoral fijado por el Registrador Nacional
del Estado Civil en la Resolución Nº 2098 del 12 de marzo del 2021, el grupo
significativo de ciudadanos realizó los trámites pertinentes para inscribir sus
candidatos para las elecciones al Senado de la República.

5. El 22 de noviembre del 2021, la Registraduría autorizó la expedición y la
impresión del formulario E-6 SN1 provisional, con el fin de que el grupo significativo
de ciudadanos LLANERO aportara una documentación para llevar a cabo la
inscripción de los candidatos, dentro de los cuales se encontraba la póliza de
seriedad de la candidatura, exigencia establecida en el artículo 9 de la Ley 130 de
19942. En este punto se recalca que los montos de las pólizas para las elecciones
del 2022 fueron fijados por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la
Resolución 880 del 2021.

6. El 13 de diciembre del 2021, esto es, el último día del calendario para
culminar con la inscripción de candidatos, el grupo significativo de ciudadanos
LLANERO le solicitó a la Registraduría que se le permitiera realizar la inscripción
sin la póliza, debido a que no habían podido cancelarla.

7. El 14 de diciembre del 2021 la Registraduría les remitió un correo electrónico
en el cual les indicó que el formulario E-6 del grupo significativo de ciudadanos
LLANERO fue rechazado por no contar con la póliza mencionada, y de esa manera

2
ARTICULO 9º—Designación y postulación de candidatos. (…) Los candidatos no inscritos por
partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de
seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no
podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a
los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el
candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la
reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente
ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el
inciso anterior.
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incumplió con los requisitos mínimos para aprobar las candidaturas al Senado de la
República.

8. Los representantes del grupo significativo de ciudadanos presentaron
recursos de reposición y apelación, pero la Registraduría respondió por medio de
oficios en los cuales reiteró que como no habían presentado la póliza de seriedad,
no podía efectuarse la inscripción.

1.4. Fundamentos de la solicitud

9. La parte actora aseguró que la decisión de la Registraduría de no permitir la
inscripción del grupo significativo de ciudadanos vulnera los derechos alegados,
pues en el presente asunto debe hacerse una ponderación de las siguientes
garantías fundamentales: por un lado, el derecho a elegir y ser elegido y por otro, la
exigencia de la constitución de la póliza para poder inscribirse como candidato. En
ese sentido, considera que debe dársele prevalencia al primero.

10. Lo anterior, teniendo en cuenta que luego del cierre de la inscripción para
candidatos, que se produjo el 13 de diciembre del 2021, la Ley 1475 del 2011
consagra en el artículo 31 la posibilidad de efectuar modificaciones a las
candidaturas dentro de los 5 días siguientes, es decir, hasta el 20 de diciembre del
2021, y fue en ese momento en el que realmente se cerró toda posibilidad de
inscribir candidatos. Por tal motivo, consideró que se debió permitir la inscripción sin
la constitución de la póliza, en atención a los 5 días adicionales otorga la norma
mencionada, ya que de esa manera se protege la garantía fundamental de elegir y
ser elegido, así como de conformar partidos políticos.

11. En vista de lo expuesto, considera que la Resolución Nº 2098 del 12 de marzo
del 2021 que estableció el calendario electoral y la Resolución 880 del 2021 del
Consejo Nacional Electoral que fijó los montos de las pólizas de seriedad, han
debido ser interpretadas bajo el enfoque mencionado. Por lo tanto, se ha debido
permitir la inscripción de los candidatos del grupo significativo de ciudadanos
LLANERO.

1.5. Trámite de la acción de tutela

12. Mediante auto del 31 de enero del 2021 se admitió el presente mecanismo
constitucional. En dicho proveído se ordenó notificar a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, a la Registraduría Delegada del Casanare, al Consejo Nacional
Electoral y al agente del Ministerio Público.

13. Además, se negó la medida provisional alegada por la parte actora, en la cual
solicitaron la suspensión de la Resolución 880 del 2021 del Consejo Nacional
Electoral que fijó los montos de las pólizas de seriedad y la Resolución 2098 del
2021 en el cual se estableció el calendario electoral. Lo anterior, en vista de que
estos actos pueden ser demandados ante el juez ordinario en ejercicio de los
medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho.

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1.6. Intervenciones

14. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación en el
presente asunto, toda vez que lo pretendido con la acción de tutela es cuestionar
exigencias legales para la inscripción de las candidaturas. En ese orden, precisó
que la entidad se encarga precisamente de hacer cumplir dichos requisitos, como
lo es la presentación de la póliza de seriedad, sin que le sea imputable alguna
actuación contraria a la legalidad.

15. La Registraduría Delegada del Departamento del Casanare hizo un
recuento de las actuaciones llevadas a cabo para la inscripción del grupo
significativo de ciudadanos LLANERO e indicó que se cumplieron a cabalidad las
exigencias legales, en los mismos términos en que lo hizo la Registraduría Nacional.

16. El Consejo Nacional Electoral consideró que la presente tutela es
improcedente, ya que pretende cuestionar actos generales que fijaron los requisitos
para la inscripción de candidaturas, así como los tiempos para llevar esto a cabo,
motivo por el cual, la parte actora bien ha podido demandarlos ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.

17. El agente del Ministerio Público también adujo que la presente acción de
tutela es improcedente, pues pretende cuestionar las normas establecidas para la
inscripción de candidaturas, sin haber hecho alusión a algún perjuicio irremediable.
Precisó además que las exigencias fijadas para llevar a cabo el proceso de
inscripción de candidatos han sido claras desde del principio y no se han modificado
de manera abrupta, motivo por el cual no se advierte ninguna transgresión evidente
a los derechos alegados.

1.7. Fallo impugnado

18. El A quo declaró improcedente el amparo solicitado. A tal efecto, indicó que
la exigencia de la póliza de seriedad fue establecida por la Ley 130 de 1994 y es un
requisito que además fue declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-089
de 1994. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento.

19. Por otro lado, manifestó que lo pretendido con la petición de amparo es
cuestionar la Resolución que fijó el calendario electoral y la que estableció los
montos de las pólizas de seriedad, motivo por el cual el accionante ha podido hacer
uso del medio de control de nulidad simple, máxime si se tiene en cuenta que no se
adujo ni se probó un perjuicio irremediable.

1.8. Impugnación

20. El actor presentó su inconformidad contra la decisión de primera instancia, y
a tal efecto, reiteró los argumentos que presentó en el escrito de tutela sobre la
ponderación de derechos y la interpretación del artículo 31 de la Ley 1474 del 2011,
según la cual se podían inscribir las candidaturas hasta el 20 de diciembre del 2021.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

22. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

23. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1°, 10º, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) de apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales4.

24. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Desiderio Rivera Salcedo es titular de los derechos fundamentales que
reclama, en consideración a que fue el candidato número 33 presentado por el
grupo significativo de ciudadanos LLANERO, según se puede apreciar en el
formulario E-6 visible a folio 146 del escrito de tutela.

25. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

26. Por otro lado, se advierte que se reprocha la forma en la cual se dio
aplicación a unos actos administrativos expedidos por la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, motivo por el cual estas autoridades
están legitimadas en la causa por pasiva.

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
5

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2.3. Problema jurídico

27. Frente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora en la
impugnación, del material probatorio recaudado, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto es el siguiente:

● ¿Se debe revocar la providencia de primera instancia expedida en el sub lite
que declaró la improcedencia de la tutela, pues en criterio de los accionantes,
se debió hacer un análisis de fondo del asunto, por la naturaleza de las
garantías fundamentales que se alegaron?

28. En vista de lo anterior, la Sala analizará si en el presente asunto se cumplió
con el requisito de subsidiariedad.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva en el caso
concreto

2.4.1. Subsidiariedad

29. Para el caso en concreto, la Sala encuentra que este requisito no se cumple.
Es importante resaltar que la acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria,
“pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las
controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han
utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para reabrir
debates concluidos”5.

30. Precisamente, la Sala observa que la finalidad de la tutela del presente
asunto se centra en cuestionar la forma en la cual se dio aplicación a la Resolución
Resolución Nº 2098 del 12 de marzo del 2021 proferida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil que estableció el calendario electoral y la Resolución 880
del 2021 del Consejo Nacional Electoral que fijó los montos de las pólizas de
seriedad, pues en su criterio, se ha debido tener en cuenta que según la Ley 1475
del 2011 la fecha límite para la inscripción de candidaturas ha debido ser el 20 de
diciembre del 2021, para de esa manera hacer efectivos los derechos a elegir y ser
elegido y a conformar partidos políticos.

31. Por lo tanto, considera que se ha debido permitir la inscripción del grupo
significativo de ciudadanos LLANERO sin la póliza de seriedad, ya que aún estaban
a tiempo de hacerlo, y que mal hizo la Registraduría al rechazarle el formulario E-6.

32. En ese orden de ideas, es evidente que ese reproche corresponde a una
inconformidad sobre la forma en la cual se aplicaron las normas generales que
consagraron los tiempos y los requisitos para la inscripción de candidaturas,
aspectos que le competen al juez natural, es decir, a la jurisdicción contenciosa
administrativa.

5
Sentencia C-132 del 2018. MP. Alberto Rojas Ríos.
6

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33. Por tal motivo, la parte actora bien ha podido demandar en ejercicio del medio
de control de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho las
Resoluciones que considera fueron malinterpretadas e incluso, los oficios que le
fueron remitidos por medio de los cuales se explicaron las razones del rechazo del
formulario E-6, máxime si se tiene en cuenta que no se adujo la existencia de un
perjuicio irremediable.

34. Se resalta que la Ley 1437 del 2011, en el Capítulo XI ofrece la posibilidad
de solicitar medidas cautelares, instrumento que ha podido ser utilizado por la parte
accionante como un mecanismo eficaz para presentarle al juez ordinario los
reproches que se hicieron en esta tutela.

35. En ese orden de ideas, se confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la presente acción de tutela, sin que sea necesario
ahondar en los demás requisitos de procedibilidad adjetiva, ni efectuar un análisis
de fondo del asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 10 de febrero del 2022, emitida por el
Tribunal Administrativo del Casanare en el presente asunto que declaró la
improcedente la tutela presentada por el señor Desiderio Rivera Salcedo, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
7

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