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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00095-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00095-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 17 de febrero de 2022 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó el amparo deprecado para, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Elena Villadiego Villadiego contra el Consejo Nacional Electoral. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 15 En igual sentido resolvió esta Sala de Decisión en sentencia del 17 de marzo de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, rad. 85001-23-33-000-2022-00010-01. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Sandra Elena Villadiego Villadiego Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado: 13001-23-33-000-2022-00095-01 TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2022-00095-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

31 de marzo de 2022

Demandante: Sandra Elena Villadiego Villadiego
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 13001-23-33-000-2022-00095-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001-23-33-000-2022-00095-01
Demandante: SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Tutela contra acto administrativo – revoca la negativa para
declarar la improcedencia del mecanismo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 17 de febrero de 2022, dictada por la Sala de Decisión N.º 003 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. A través de escrito radicado el 14 de febrero de 2022 en la Secretaría
General del Tribunal Administrativo de Bolívar, la señora Sandra Elena Villadiego
Villadiego, quien adujo actuar como “candidata No 104 en el Tarjetón de la lista
PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE POR EL PARTIDO DE BOLÍVAR”, ejerció acción
de tutela contra el Consejo Nacional Electoral, con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a ser
elegida.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión de la Resolución N.º 1235 del 9 de febrero de 2022, a través de la
cual el Consejo Nacional Electoral ratificó lo resuelto en la Resolución N.º 1132 del
2 de febrero de 2022, que revocó las listas de candidatos y candidatas a la
Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO
ALIANZA VERDE” y “COALICIÓN PACTO HISTÓRICO” en los Departamentos de
Bolívar y Norte de Santander, respectivamente, para las elecciones que se
llevaron a cabo el 13 de marzo de 2022, dentro del expediente que se identificó
con los radicados N.º CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397.

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Demandante: Sandra Elena Villadiego Villadiego
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 13001-23-33-000-2022-00095-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“(…) Como mecanismo transitorio, mientras el juez natural contencioso
administratuvo, resuelve de fondo el asunto tratado, se protejan mis derechos
fundamentales, ordenando la suspensión de los efectos jurídicos de los actos
administrativos:

La Resolución No 1132 del 2 de febrero del 2022, Proferida por el Consejo
nacional Electoral, por medio del cual se DECIDE REVOCAR las listas de
candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de las coaliciones
denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICIÓN PACTO
HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander
respectivamente, para las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de marzo
de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-
026890 y CNE-E-2021-027397.

La Resolución No 1235 del 2022, proferida por la Sala Plena del Consejo
Nacional Electoral, donde ratifica la Resolución N0 1132 del 2022.

Que se me reconozca el derecho a ser elegida, permitiéndose participar en las
elecciones del 13 de marzo, en la lista PACTO HISTÓRICO – PARTIDO
VERDE – BOLÍVAR, debidamente inscrita el 13 de diciembre del 2021,
cumpliendo con la cuota de género (…)”. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La coalición “PACTO HISTÓRICO – ALIANZA VERDE1” suscribió ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil la lista de la Cámara de Representantes
por el Departamento de Bolívar, con los siguientes candidatos:

5. El 13 de diciembre de 2021, fecha de vencimiento del periodo de
inscripción, los señores Marrugo Zambrano, Vargas Mestra, Villadiego Villadiego y
Elles Vergara aceptaron sus candidaturas.

1
Conformada por los partidos y movimientos políticos: i) Polo Democrático Alternativo; ii) Alianza Democrática Amplia -
ADA; iii) Movimiento Político Colombia Humana; iv) Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS; v) la Unión Patriótica
y; vi) el Partido Alianza Verde.

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6. “Por fuerza mayor y problemas de virtualidad”, el 15 de diciembre de 2021, la
señora Colombia Sofía Quiroz Villamil radicó la carta de aceptación a la
candidatura por la lista de la Cámara de Representantes por Bolívar.

7. El formulario E-8CT0500000029101 a través del cual se materializó la lista
de candidatos y candidatas a las justas electorales de la Cámara de
Representantes de la coalición “PACTO HISTÓRICO – ALIANZA VERDE” del
Departamento de Bolívar, quedó así:

8. El 22 de diciembre de 2021, se solicitó la revocatoria de la inscripción de los
candidatos pertenecientes a la lista “PACTO HISTÓRICO – ALIANZA VERDE” por el
Departamento de Bolívar, por el presunto incumplimiento del artículo 28 de la Ley
1475 de 2011.

9. A través del Oficio N.º RDE-DGE-3627 del 28 de diciembre de 2021, la
Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió
al Consejo Nacional Electoral las listas de candidatos y candidatas que no
cumplieron la cuota de género:

10. A través de la Resolución N.º 1132 del 2 de febrero de 20222, el Consejo
Nacional Electoral resolvió:

2
Notificada en audiencia que se llevó a cabo el 7 de febrero de 2022, previa comunicación de la citación, que fue remitida a
las partes el 4 de febrero de 2022.

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11. Inconformes con dicha determinación, los integrantes de la lista presentaron
recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la
Resolución N.º 1235 del 9 de febrero de 20223.

12. Mediante escrito remitido al correo atencionalciudadano@cne.gov.co, los
delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el
Departamento de Bolívar, remitieron el acuerdo de coalición de la lista Pacto
Histórico de Bolívar4, en el que se presentó una lista cerrada de candidatos
conformada por:

13. A través de la Resolución N.º 1456 del 18 de febrero de 2022, el Consejo
Nacional Electoral declaró la validez de la modificación de la lista de candidatos y
candidatas a la Cámara de Representantes de la coalición “PACTO HISTÓRICO” en
el Departamento de Bolívar, para las elecciones del 13 de marzo de 2022, y
ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que expidiera todos los
documentos necesarios para garantizar la plena participación política de la citada
lista.

1.4. Sustento de la vulneración

14. La parte actora considera que el Consejo Nacional Electoral vulneró sus
derechos fundamentales, especialmente el de ser elegida, con ocasión de la
Resolución N.º 1132 del 2 de febrero de 2022, que revocó las listas de candidatos
y candidatas a la Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas
“PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICIÓN PACTO HISTÓRICO”.

15. Lo anterior, sobre la base de considerar que el referido acto administrativo
anuló la inscripción válida que realizó la coalición el 13 de diciembre pasado,
decisión que, en su criterio, le cerró las posibilidades de inscribirse como
candidata en una recomposición de la lista “(…) al existir condenas morales con
efectos políticos por varios integrantes del Pacto Histórico (…) quienes me objetan por
según ellos ser esposa de alguien que ya purgo condena penal, por PARAPOLITICA, en
el orden jurídico colombiano”. (Sic a toda la cita).

3
Notificada en audiencia del 10 de febrero de 2022.
4
La alianza se conformó inicialmente por 6 partidos y movimientos políticos, sin embargo, posterior a la revocatoria de la
lista, el Partido Alianza Verde manifestó la voluntad de no inscribir candidatos, razón por la que renunció a la coalición,
mientras que los partidos ADA y MAIS, considerando que no tenían candidatos a los cuales avalar directamente, no
firmaron el nuevo acuerdo.

4
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16. En relación con el presupuesto de subsidiariedad, reconoció que el
ordenamiento jurídico prevé la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
regulada en la Ley 1437 de 2011, sin embargo, explicó que debido a la congestión
judicial y a la obligación de agotar la conciliación prejudicial, “la cual en tiempos de
PANDEMIA – EMERGENCIA SANITARIA, se está demostrando (sic) en promedio de
cuatro a cinco meses [por lo que] esta sola circunstancia, establecería que después del
mes de julio de 2022, estaría presentando la acción contenciosa”, por lo que, el hecho
de mantener en el mundo jurídico la decisión del Consejo Nacional Electoral
vulneraría su derecho a ser elegida, teniendo en cuenta que las elecciones se
llevarían a cabo el 13 de marzo de 2022.

17. Aseguró que el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 no hace referencia a la
aceptación de la candidatura, por lo que, en su sentir, el hecho de que Colombia
Sofía Villamil Quiroz no hubiese manifestado la aceptación antes de que finalizara
el término para las inscripciones, no implicaba que la lista que en su momento
crearon los partidos que se coaligaron para presentar una lista de candidatos a la
Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar, incumpliera con la
cuota de género.

18. Finalmente, señaló como litis consortes necesarios a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a los congresistas Iván Cepeda, David Racero y
Gustavo Bolívar, así como a los partidos y movimientos políticos que conformaron
la coalición “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE Y COALICIÓN PACTO
HISTÓRICO”.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

19. A través de auto del 14 de febrero de 2022, la magistrada ponente del
Tribunal Administrativo de Bolívar, admitió la tutela y ordenó la notificación de la
parte accionante, del Consejo Nacional Electoral, y vinculó como terceros
interesados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los aspirantes en las
listas de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de las
coaliciones denominadas “Pacto Histórico Alianza Verde” y “Coalición Pacto Histórico”
para las elecciones del 13 de marzo de 2022, así como a os representantes
legales de los partidos y movimientos políticos que las conforman.

20. En relación con la solicitud de integrar el litisconsorcio con los congresistas
Iván Cepeda, David Racer y Gustavo Bolívar, el despacho consideró innecesaria
su comparecencia, por no evidenciar una relación jurídica sustancial, única e
indivisible con la parte accionada y/o la vinculada.

21. Requirió al Consejo Nacional Electoral para que suministrara las
direcciones de correo electrónico personal y le advirtió que la omisión de rendir
dicho informe abriría paso a la presunción contemplada en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991. Finalmente, se abstuvo de decretar la medida provisional

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solicitada por considerar que la situación planteada no ameritaba una orden
inmediata.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo Nacional Electoral

22. El profesional adscrito a la Oficina Jurídica y de Defensa Judicial de la
entidad se opuso a las pretensiones de la acción constitucional por considerar que
no existe una vulneración o amenaza que se origine en alguna acción u omisión
suya. Asimismo, aseguró que el mecanismo de amparo es improcedente por no
superar el requisito de subsidiariedad.

23. Indicó que el Consejo Nacional Electoral es competente para expedir las
resoluciones que revoquen las inscripciones de candidatos por causales
constitucionales y legales, con el objeto de asegurar un proceso electoral
transparente y de plenas garantías, con observancia del debido proceso.

24. Mencionó que la lista “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” por el
Departamento de Bolívar tuvo la oportunidad de realizar la modificación que
subsanara la situación que se presentó dentro del término que establece la norma,
dado que, a partir del formulario E-8 era evidente que la lista no cumplía con el
porcentaje que exige la ley para aquellas en que se elijan 5 o más curules, en
tanto la cuota de género no debe cumplirse solo al momento de la inscripción de la
lista, sino que dicho mandato debe conservarse hasta cuando se realizan los
comicios respectivos.

25. Resaltó que las súplicas planteadas por la accionante no están llamadas a
prosperar, teniendo en cuenta que en el escrito inicial no se demostró la existencia
de la supuesta vulneración de derechos fundamentales en cabeza de la entidad, lo
que no permite efectuar el juicio de vulnerabilidad de las garantías de la
demandante, lo que evidencia que los hechos descritos en la demanda
corresponden al estricto cumplimiento de lo establecido por la Constitución y la
Ley.

26. Aseguró que la Resolución N.º 1132 del 2022 es un acto administrativo que
goza de presunción de legalidad, en los términos del artículo 88 de la Ley 1437 de
2011, los cuales, una vez ejecutoriados, deben ser cuestionados a través del
medio de control de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho,
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese orden, afirmó que la
tutelante cuenta con otros medios de defensa que son suficientemente idóneos y
eficaces para lograr la defensa de los derechos que considera le están siendo
afectados.

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1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

27. El jefe del Oficina Jurídica afirmó que la entidad no vulneró los derechos
fundamentales de la demandante y que, por el contrario, desarrolló todas sus
funciones tendientes a garantizar la inscripción de las candidaturas que
cumplieran los requisitos exigidos para las próximas contiendas electorales del 13
de marzo de 2022.

28. Mencionó que en el asunto objeto de estudio se configuró la falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que la registraduría no tiene injerencia
en las decisiones que tomen las agrupaciones políticas respecto de la postulación
de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.

29. Luego de ello, explicó las etapas y requisitos de obligatorio cumplimiento
para realizar la inscripción de las candidaturas, dentro de los que se encuentra el
diligenciamiento del formulario E-6, de acuerdo al cargo o la corporación a que se
aspire, la fotocopia del documento de identificación, la aceptación de las
candidaturas a través de la firma del referido formulario, la cual puede hacerse, en
el caso del Congreso, mediante autenticación facial a través de dispositivos
móviles.

30. Destacó que con la firma del formulario se entiende aceptada la candidatura
y la declaración bajo juramento donde manifiesta, su filiación política, que no ha
aceptado ser candidato a ninguna otra corporación para la misma elección y, que
no ha participado en consultas internas de partidos o movimientos diferentes al
que lo inscribe y, el cumplimiento de la cuota de género.

31. Asimismo, adujo que el aval debe cumplir con unos requisitos específicos, a
saber, que se indique la corporación y el cargo, la identificación de el o los
avalados, el periodo constitucional y la relación de todos los integrantes de la lista,
de acuerdo al número de curules a proveer en la respectiva circunscripción, según
sea el caso, o la corporación a la que se aspire.

32. En ese orden de ideas, destacó que la registraduría no desplegó ninguna
actuación administrativa u omisión de la que se derive la transgresión de los
derechos fundamentales de la señora Villadiego Villadiego, razón por la que
solicitó su desvinculación del trámite.

1.6.3. José Manuel Abuchaibe Escolar5

33. El apoderado de la accionante ante el Consejo Nacional Electoral, expresó
su acuerdo respecto a la pretensión de que se reconozca el derecho fundamental

5
El a quo constitucional precisó que la notificación del señor Abuchaibe Escolar obedeció a un error involuntario de la
Secretaría de la Corporación y no porque realmente se hubiese vinculado al trámite constitucional, razón por la que no
debían tenerse en cuenta sus alegaciones.

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a ser elegida de la señora Sandra Elena Villadiego Villadiego, por considerar que
fue debidamente inscrita en la lista del “PACTO HISTÓRICO – ALIANZA VERDE” del
13 de diciembre de 2021, en la que se observó el cumplimiento de la cuota de
género.

34. Sostuvo que debe aceptarse como legalmente inscrita la lista que
conformaron los partidos coaligados, en la que se referenció a la señora Colombia
Sofía Villamil Quiroz puesto que, desde la inscripción, la lista cumplió con la cuota
de género.

1.6.4. Los aspirantes en las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de
Representantes de las coaliciones denominadas “Pacto Histórico Alianza Verde” y
“Coalición Pacto Histórico” y los representantes legales de los partidos y
movimientos políticos que las conforman, pese a haber sido notificados en debida
forma6, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

35. En sentencia del 17 de febrero de 2022, la Sala de Decisión N.º 003 del
Tribunal Administrativo de Bolívar negó el amparo deprecado, con sustento en los
siguientes argumentos:

36. Indicó que en el asunto objeto de estudio procede excepcionalmente la
tutela, al considerar que la accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa
alternativo dado que el acto al que se atribuye la violación no es pasible de control
ante la jurisdicción contencioso administrativa por no ser una decisión que niegue
el derecho de la accionante a participar en la contienda electoral.

37. Explicó que la resolución objeto de estudio no constituye una actuación de
la administración que vaya en contra del derecho a ser elegida de la señora
Villadiego de manera que pueda colegirse que se le impidió la participación en las
elecciones, pues ello no emerge del acto de revocatoria de la lista, máxime si se
observa que se concedió la oportunidad para que el partido o movimiento político
reconfigurara la lista de candidatos con posterioridad, con el objeto de cumplir con
la cuota de género que se exigía, sin que se hubiera impedido que la citada
ciudadana participara en ella.

38. Señaló que el acto cuestionado no evidencia que la autoridad electoral
hubiese impedido a la actora que en representación de la coalición se hiciera
elegir como representante a la Cámara. En ese orden, admitió que en este caso
debía negarse el amparo, sobre la base de considerar que la actora no acreditó
que el Consejo Nacional Electoral hubiese incurrido en una vía de hecho que le
impidiera contar con las garantías mínimas del debido proceso administrativo.

6
A partir de las direcciones de correo electrónico personal que suministró el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento
del requerimiento que se realizó en el auto admisorio.

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39. Advirtió que si bien se cuestiona la decisión de la administración que, en
criterio de la actora, finiquitó su expectativa de ser elegida en las elecciones del 13
de marzo de 2022, lo cierto es que no aportó ninguna prueba que permitiera inferir
que la medida carece de razones o motivos suficientes, por lo que concluyó que la
Resolución N.º 1132 de 2022 no envuelve un acto deliberado y arbitrario que
compruebe el capricho del ente accionado. Contrario a ello, insistió en que el acto
administrativo objeto de censura promovió la reivindicación de valores fundantes
del Estado social y democrático de derecho, respecto de las mujeres como grupo
constitucionalmente protegido.

1.8. Impugnación

40. A través de correo electrónico enviado el 3 de marzo de 2022 al buzón web
desta01bol@notificacionesrj.gov.co, la parte actora impugnó la sentencia proferida
por la Sala de Decisión N.º 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar el 17 de
febrero de 2022, notificada el 28 de febrero del año en curso.

41. Indicó que a través de la Resolución N.º 1456 del 18 de febrero de 2022, el
Consejo Nacional Electoral declaró la validez de la modificación de la lista de
candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de la coalición
denominada “PACTO HISTÓRICO” en el Departamento de Bolívar, para las
elecciones del 13 de marzo de 2022.

42. Expuso que el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución N.º 1635
del 1º de marzo de 2022, rechazó de plano la solicitud de nulidad que instauró, así
como los recursos de reposición que presentaron el señor Raineer Rodríguez y
ella contra la Resolución N.º 1456 de 2022.

43. Mencionó que los referidos actos administrativos resolvieron las diversas
solicitudes que se instauraron contra la resolución que avaló la inscripción de la
nueva lista “de la supuesta coalición, que dejó de ser PACTO HISTÓRICO – PARTIDO
VERDE, para ser solamente PACTO HISTÓRICO”.

44. En ese orden, reprochó que en un primer momento, la entidad aplicó el
criterio de que Colombia Sofía Villamil Quiroz no aceptó su candidatura dentro del
mismo día, no obstante, en la segunda oportunidad no valoró en igualdad de
condiciones que los que tenían la obligación de modificar la lista eran los seis
partidos que conformaban la coalición y solo tenían tiempo para hacerlo hasta el
13 de febrero de 2022, situación que no ocurrió, teniendo en cuenta que ese día
“(…) ninguno de los candidatos de la nueva coalición aceptó su candidatura, por lo menos
hasta las 12 de la noche de ese día (…) ni tampoco EL PARTIDO ALIANZA VERDE,
MAIS Y ADA, que podían haber hecho sus manifestaciones ese mismo día de que
avalaban las candidaturas inscritas por la UP, COLOMBIA HUMANA y POLO
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y renunciaban a la COALICIÓN, solo lo hicieron, el
PARTIDO ALIANZA VERDE y MAIS, hasta el 14 de febrero de 2022 y ADA hasta el 17 de
febrero de 2022, es decir el día que les correspondía hacer las modificaciones no
realizaron ninguna manifestación”. (Sic a toda la cita).

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45. Insistió en que, al no existir norma que regule el procedimiento respecto de
la inscripción de candidaturas por alianzas a corporaciones públicas, considera
que el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 fue mal interpretado por el Consejo
Nacional Electoral, pues no aplicó lo dispuesto por el Consejo de Estado en la
sentencia del 13 de diciembre de 2018, dictada en el trámite que se identificó con
el radicado N.º 11001-03-28-000-2018-00019-00.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

46. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 17 de febrero de 2022, dictada por la Sala de
Decisión N.º 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Cuestión previa

47. Si bien la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación
del trámite constitucional, por considerar que la presunta vulneración de derechos
no devino de alguna actuación u omisión suya, y el a quo constitucional no se
refirió a ello, dicha petición será negada debido a que su vinculación se hizo como
tercero interesado y no como parte demandada.

2.3. Legitimación en la causa

48. En primer lugar, la Sala advierte que la señora Sandra Elena Villadiego
Villadiego está legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser
desplegada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos
fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii)
apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los
derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa.
También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los
personeros municipales7.

49. En el caso concreto, se tiene que la tutelante componía la lista de la
coalición “PACTO HISTÓRICO – ALIANZA VERDE” del Departamento de Bolívar que
fue revocada por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución N.º 1132
7
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

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del 2 de febrero de 2022, por lo que es claro que es la titular de los derechos
fundamentales cuya vulneración alega.

50. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Consejo Nacional
Electoral también está legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad que
profirió el acto administrativo que es objeto de censura.

2.3. Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 17 de febrero de 2022, por la Sala de Decisión
N.º 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual negó el amparo
deprecado, para lo cual se deberá resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

52. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la lista de
candidatos y candidatas de la coalición “PACTO HISTÓRICO – ALIANZA
VERDE” del departamento de Bolívar por no cumplir con la cuota de género,
vulneró los derechos fundamentales de la señora Sandra Elena Villadiego
Villadiego, especialmente el de ser elegida en la contienda electoral del 13
de marzo de 2022.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

53. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) análisis de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela; (iii) improcedencia de la acción
de tutela contra actos administrativos y; (iv) análisis del caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

54. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

55. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera

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supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.6. Análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

56. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

57. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de
defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita
su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la
activación, por parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.

58. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez
constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer
las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como
el sub examine.

59. Específicamente, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de
tutela para controvertir actos administrativos, la Corte Constitucional ha precisado
que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte en el
mecanismo idóneo:

“(…) (i) aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo
distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque
no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o
porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional. (ii) cuando, por
las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de
no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente
afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción.
Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la
excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias
que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo
pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de
un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el
juez constitucional9”.

8
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-682 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia T-315 de 1998, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.

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2.6.1. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez
contencioso administrativo

60. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.

61. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces
naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas
y la jurisprudencia.

62. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia10.

63. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela,
pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de
aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.

64. Por tanto, esta Sala reitera11 su posición en el sentido de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para
conocer de las controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto
administrativo, en atención a la existencia del medio de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.

10
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
11
Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de
2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-0; del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01 y; del 27 de mayo de 2021. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-
2021-01934-00.

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65. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven,
toda vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una
decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre
revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido
constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte
abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna
procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden
superior.

2.7. Caso concreto

66. Lo primero que debe precisarse es que de conformidad con el escrito de
tutela, las pretensiones elevadas por la señora Sandra Elena Villadiego Villadiego
se dirigen a atacar la decisión contenida en la Resolución N.º 1235 del 9 de
febrero de 2022, a través de la cual el Consejo Nacional Electoral ratificó lo
resuelto en la Resolución N.º 1132 del 2 de febrero de 2022, que revocó las listas
de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de las coaliciones
denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICIÓN PACTO
HISTÓRICO” en los Departamentos de Bolívar y Norte de Santander,
respectivamente, para las elecciones que se llevaron a cabo el 13 de marzo de
2022, dentro del expediente que se identificó con los radicados N.º CNE-E-2021-
026890 y CNE-E-2021-027397.

67. En cuanto al requisito de subsidiariedad indicó que en este caso es
indispensable proponer la controversia por vía de tutela, toda vez que, para acudir
a la jurisdicción contencioso administrativa tiene la obligación de agotar la
conciliación prejudicial, “la cual en tiempos de PANDEMIA – EMERGENCIA
SANITARIA, se está demostrando (sic) en promedio de cuatro a cinco meses [por lo que]
esta sola circunstancia, establecería que después del mes de julio de 2022, estaría
presentando la acción contenciosa”, situación que no le permitiría lograr la protección
efectiva de su derecho fundamental a ser elegida, teniendo en cuenta que las
elecciones se llevarían a cabo el 13 de marzo de 2022.

68. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar manifestó que la
señora Villadiego Villadiego no contaba con un mecanismo de defensa alternativo,
con fundamento en que el acto administrativo al que se atribuyó la vulneración no
es pasible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa. Bajo esos
parámetros, superó el presupuesto de la subsidiariedad para concluir que en todo
caso no había lugar a conceder el amparo deprecado dado que, “(…) no se percibe
que la actuación administrativa se vaya de frente contra el derecho a ser elegida de la
accionante, de manera que pueda interpretarse que se le está impidiendo la participación
en las elecciones, pues ello no emerge del acto de revocatoria”.

69. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión anticipa que revocará la
sentencia del 17 de febrero de 2022 a través de la cual el Tribunal Administrativo

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de Bolívar negó el amparo solicitado para, en su lugar, declarar la improcedencia
de la tutela, de acuerdo con los argumentos que a continuación se exponen.

70. Tal y como lo mencionó el Consejo Nacional Electoral en su intervención, las
resoluciones que se pretende dejar sin efectos por vía de tutela son actos
administrativos que gozan de presunción de legalidad y, por tal motivo, siguiendo
lo expuesto en el acápite anterior, pueden ser controvertidos ante la jurisdicción
contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

71. Lo anterior, teniendo en cuenta que el reproche de la tutelante se centra en
atacar lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral que decidió i) revocar la lista
que presentó la coalición “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” para el
departamento de Bolívar, al encontrar que, no se cumplía con la cuota de género
del 30% y; ii) permitir a los partidos que modificaran la lista con el objeto de
subsanar el yerro señalado.

72. Si bien la Resolución N.º 1132 del 2 de febrero de 2022 que revocó las listas
de la coalición a la que inicialmente pertenecía la señora Villadiego Villadiego, le
permitió a los partidos que modificaran la lista con el objeto de que cumplieran con
el 30% exigido para la cuota de género, lo cierto es que su expedición no permitió
que la tutelante participara en la contienda electoral que se llevó a cabo el 13 de
marzo del año en curso, teniendo en cuenta que los partidos políticos que
recompusieron la lista no la convocaron como candidata para la Cámara de
Representantes, en aplicación de la autonomía interna de la que gozan dichas
colectividades.

73. Así las cosas, en la medida en que la Resolución N.º 1132 del 2 de febrero
de 2022 tuvo como efecto la exclusión de la señora Sandra Elena Villadiego
Villadiego del proceso eleccionario que sucedió el 13 de marzo de 2022, esta
Sección del Consejo de Estado considera que se configura la causal de
improcedencia de que trata el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991 que establece
que, “(…) la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”, dado que dicha decisión administrativa es controvertible a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

74. Ahora bien, la Sala observa que la accionante basó la inminencia del daño
en que para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa era ineludible
agotar la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, lo que
evidentemente no le permitía conseguir el amparo efectivo de su derecho a ser
elegida, teniendo en cuenta la duración del trámite prejudicial y que las elecciones
se llevarían a cabo el 13 de marzo de 2022, lo que hacía evidente la necesidad de
acudir preferentemente a la tutela por ser este un instrumento más ágil.

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75. Esta Sala de Decisión advierte que los argumentos expuestos por la parte
actora, relativos al agotamiento de la conciliación para poder acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa no son de recibo, comoquiera que la
discusión planteada gira alrededor de la legalidad de actos administrativos del
Consejo Nacional Electoral, sin que de ella se pueda derivar un reconocimiento de
carácter conciliable respecto de las cuales las partes involucradas pudieran llegar
a un acuerdo, razón suficiente para entender que en este caso no era necesario
surtir el requisito de procedibilidad de la conciliación en los términos del artículo
161.1 de la Ley 1437 de 201112.

76. Aunado a ello, conviene precisar que en este caso tampoco se aplicaba la
exigencia del artículo 161.2 del referido cuerpo normativo, relativa a haber ejercido
contra las decisiones enjuiciadas los recursos que de conformidad con la ley
fueren obligatorios, es decir, el de apelación.

77. Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 74.2 de la Ley 1437 de 2011, solo procede el recurso de reposición contra
las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, por ser una entidad que no tiene
superior funcional y, en todo caso, dicho medio de impugnación es facultativo, de
acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 76 ibídem. Sin embargo, como
se expuso con anterioridad, con la demanda se solicitó la nulidad del
pronunciamiento principal, la Resolución N.º 1132 del 2 de febrero de 2022, y el
que resolvió el recurso de reposición contra aquella, a saber, la Resolución N.º
1235 del 9 de febrero de 2022.

78. De otra parte, la duración de los procesos ordinarios tampoco es un aspecto
que permita concluir la ineficacia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho atendiendo a que en los artículos 229 a 241 de la
Ley 1437 de 2011 se consagra la regulación de las medidas cautelares para el
referido proceso, disposiciones en las que incluso se encuentra la posibilidad de
decretar la suspensión provisional del acto administrativo bajo el procedimiento de
urgencia, esto es, sin correr traslado de la cautela solicitada.

79. Al respecto resulta pertinente indicar que cuando se corre traslado de la
solicitud de las medidas cautelares en el trámite ordinario lo que se pretende es
garantizar el derecho fundamental de contradicción y defensa del demandado; no
obstante, en situaciones de urgencia que requieren atención inmediata, como por
ejemplo, ante i) la imposibilidad de ejecutar la sentencia si no se impone una
medida provisional; ii) el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable o; iii)
de un peligro inminente, el trámite previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 del
2011 no debe agotarse. De este modo, estas razones bien pudieron ser alegadas
por la actora para que se decretara la medida cautelar de urgencia.

12
Tal como se estableció en el auto que admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se identificó con
el radicado N.º 11001-03-28-000-2021-00061-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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80. En todo caso, cuando no se acrediten los elementos suficientes para
proponer solicitar las medidas cautelares de urgencia, también se pueden invocar
las contenidas en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011. Al respecto, la Sala
Plena de esta Corporación en la sentencia del 17 de marzo de 201513 estableció
que:

“(…) las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto
admisorio y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, a través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.

Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Dentro de
este último criterio, en el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos, garantía concordante con lo dispuesto
en el artículo 238 de la Constitución Política”.

81. En ese orden de ideas, si bien la Corte Constitucional ha aceptado que se
supere el requisito adjetivo de la subsidiariedad y, en esa línea, ha avalado la
procedencia de la tutela de manera excepcional y como mecanismo transitorio
cuando, i) se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que, del
contenido del acto censurado ii) se evidencie una clara afectación de un derecho
fundamental, lo cierto es que dichos presupuestos no se acreditaron en el sub
judice.

82. Lo anterior, dado que el máximo órgano en materia constitucional señaló
que, “(…) únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las
circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto
es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla sustentado en la
apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde
el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho
fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea necesario
e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica de
connotación irreparable”14.

83. A partir de dicho pronunciamiento, esta Colegiatura observa que en este
caso no se acreditó el perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que la señora
Villadiego Villadiego basó el perjuicio irremediable en que para poder presentar los
medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo era necesario agotar el presupuesto de conciliación
pre judicial, sin embargo, tal como se explicó en precedencia, en este caso no
resultaba aplicable la exigencia del artículo 161.1 de la Ley 1437 de 2011 pues, se
reitera, en este caso no se enlistaron pretensiones de carácter económico
respecto de las cuales se pudiera llegar a un acuerdo.

13
Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14
«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».

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84. En ese orden de ideas, esta Sección del Consejo de Estado considera que
los argumentos expuestos en el escrito de tutela no revisten el carácter de
inminentes, urgentes e impostergables que permitan desconocer el ejercicio de los
mecanismos judiciales que otorga el ordenamiento jurídico.

85. Así las cosas, es evidente que esta acción constitucional es improcedente
puesto que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos
y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela15.

2.8. Conclusión

86. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión revocará la sentencia del 17 de
febrero de 2022, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó el
amparo deprecado para, en su lugar, declarar la improcedencia de la tutela
instaurada por la señora Sandra Elena Villadiego Villadiego, toda vez que cuenta
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 para controvertir las resoluciones del Consejo
Nacional Electoral, que son objeto de censura, en el que además tenía la
posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares de urgencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 17 de febrero de 2022 a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Bolívar negó el amparo deprecado para, en su lugar,
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la
señora Sandra Elena Villadiego Villadiego contra el Consejo Nacional Electoral.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

15
En igual sentido resolvió esta Sala de Decisión en sentencia del 17 de marzo de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
rad. 85001-23-33-000-2022-00010-01.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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