Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00061-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00061-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2021-00061-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
7 de julio de 2022
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Temas: Registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas ante el
Consejo Nacional Electoral. Debido proceso en el trámite de impugnación de
sanciones, artículo 11 de la Ley 1475 de 2011.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el Partido Alianza Social Independiente, contra el Consejo
Nacional Electoral, por la expedición de las Resoluciones 183, 2316, 2317, 2318,
2900 y 4714 de 2021 y el oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1. El partido político Alianza Social Independiente (en adelante ASI), mediante
apoderado, el 27 de octubre de 20212, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
1.1 Pretensiones
2. Del análisis del libelo genitor y su subsanación, se evidencia que la parte
demandante solicitó:
➢ Que se declare la nulidad de la Resolución 183 del 20 de enero de 2021 del
CNE, en cuanto dejó sin efecto en su numeral 2°, la medida cautelar
decretada por el Tribunal Disciplinario y de Ética del partido ASI a través de
auto 029 del 3 de septiembre de 2020.
➢ Que se declare la nulidad de la Resolución 2316 del 8 de julio de 2021 del
CNE, que rechazó de plano el recurso de reposición contra la Resolución
183 del 20 de enero de 2021.
1
A continuación, se resume el contenido de la demanda luego de que la parte accionante la subsanara dentro del término
concedido en el auto del 18 de noviembre de 2021 que inicialmente la inadmitió.
2
Como puede apreciarse en el paso al despacho del 2 de noviembre de 2021.
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1
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
➢ Que se declare la nulidad de las resoluciones 2317 del 8 de julio y 2900 del
12 de agosto de 2021 del Consejo Nacional Electoral, mediante las que
dejó sin efectos la Resolución 034 del 15 de diciembre de 2020, por medio
de la cual el partido ASI reglamentó y convocó la XII Convención Nacional
Ordinaria de la colectividad.
➢ Que se declare la nulidad de las resoluciones 2318 del 8 de julio y 4714 del
8 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral, mediante las
cuales negó el reconocimiento e inscripción de los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional, del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional y del
veedor nacional, elegidos en la XII Convención Nacional Ordinaria del
partido ASI.
➢ Que se declare la nulidad del oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto
de 2021, suscrito por el magistrado del CNE Jorge Enrique Rozo
Rodríguez, mediante el cual, a juicio del accionante, se dio alcance a las
resoluciones 2317 y 2318 de 2021 de la anterior autoridad electoral.
➢ Como restablecimiento del derecho, ordenar al Consejo Nacional Electoral
que inscriba la Resolución 034 del 15 de diciembre de 2020, por medio de
la cual el partido ASI reglamentó y convocó la XII Convención Nacional
Ordinaria de la colectividad.
➢ Que a título de restablecimiento del derecho se ordene al CNE reconocer e
inscribir a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, del Tribunal
Disciplinario y de Ética Nacional y del veedor nacional, elegidos en la XII
Convención Nacional Ordinaria del partido ASI.
1.2. Hechos
3. Indicó que el CNE mediante la Resolución No. 612 de 2017, registró los
estatutos del partido ASI, de los cuales destacó el artículo 25, donde se estableció
que el Comité Ejecutivo de la agrupación política estará conformado por 11
miembros.
4. Señaló que el Consejo Nacional Electoral negó mediante la Resolución No.
2173 de 2017, el registro del señor Fabián Adolfo Jiménez, como presidente del
partido ASI, por la existencia de una inhabilidad; por lo que estimó que quien debía
representarlo era la vicepresidenta electa, señora Sor Berenice Bedoya Pérez.
5. Indicó que, en consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional elegido en la
Convención Nacional celebrada del 25 al 28 de enero de 2017, quedó conformado
de la siguiente manera:
Nombre Cargo
1. Sor Berenice Bedoya Pérez Vicepresidenta
2. Diego Fernando Jaimes Porras Secretario general
3. Hernando Chindoy Chindoy Secretario de relaciones internacionales
4. Ana Yenci Ospina Girón Secretaria de asuntos sociales y programáticos
5. Antonio Martín Almazo Acosta Secretario de formación y capacitación
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
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6. Angie Vanessa Martínez Damián Secretaria de juventud
7. Senaida Epia Chavarro Secretaria de mujer y género
8. Gloria Isabel Dávila Poveda Secretaria de asuntos étnicos
9. Honorio Abadía Rojas Secretario de asuntos regionales
10. Pedro Rolando Valencia Holguín Secretario de ambiente
6. Aclaró que según el artículo 31 de los estatutos de la colectividad, los miembros
del Comité Ejecutivo Nacional son elegidos por un período de 4 años, motivo por
el cual la designación de las personas antes señaladas iría hasta el 25 de enero
de 2021.
7. Narró que el 13 de diciembre de 2018, el señor Hernando Chindoy Chindoy
renunció al cargo de secretario de relaciones internacionales, decisión que fue
radicada ante el CNE el 15 de julio 2019.
8. De otra parte, señaló que el señor Antonio Marín Almazo Acosta, el 10 de
diciembre de 2020, renunció al cargo de secretario de formación y capacitación,
situación que fue comunicada al Consejo Nacional Electoral, a través de correo
electrónico del 29 de diciembre del mismo mes y año.
9. Subrayó que dentro del proceso disciplinario 36765 de 2019, adelantado contra
los directivos Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria
Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta,
porque en sesión del 31 de mayo de 2019 (I) removieron del cargo a la
representante legal de ASI y (II) eliminaron “las comisiones de trabajo municipales y
departamentales que el partido Alianza Social Independiente había creado hasta esa
fecha para enfrentar el proceso electoral”3, el Tribunal Disciplinario y de Ética de la
colectividad profirió la Resolución No. 022 del 13 de diciembre de 20194,
mediante la cual los expulsó de la agrupación política.
10. Destacó que la anterior decisión fue controvertida por los afectados ante el
CNE, lo que permitió que temporalmente permanecieran en el Comité Ejecutivo
Nacional, hasta que la autoridad electoral resolviera la impugnación. Esto en
aplicación del artículo 11 de la Ley 1475 de 20115.
11. Precisó que dentro de otro procedimiento disciplinario adelantado contra los
mismos directivos del partido político, con radicado 20200902-029, “por el
otorgamiento irregular e ilegal de un aval”, el Tribunal Disciplinario y de Ética
suspendió a aquéllos del ejercicio del cargo, a través del auto 029 del 3 de
septiembre de 2020.
3
En el pie de página 6 de la demanda se indicó, que el CNE mediante la Resolución 3013 de 2019, confirmada por la
Resolución 7312 de 2019, no registró las decisiones de remover del cargo al representante legal del partido ASI y eliminar
las comisiones de trabajo regionales, y además, que la legalidad de los anteriores actos administrativos fue confirmada por
la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante fallo del 11 de febrero de 2021.
4
La fecha se precisa a partir de la Resolución 022 del 13 de diciembre de 2019 que se aportó con la demanda.
5
“ARTÍCULO 11. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS DIRECTIVOS. Los directivos de los partidos y movimientos políticos
a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y
obligaciones que les confiere la personería jurídica, por haber incurrido en cualquiera de las faltas a que se refiere el artículo
anterior, estarán sujetos a las siguientes sanciones: (…)
4. Expulsión del partido o movimiento. (…) Estas sanciones serán impuestas por los órganos de control de los partidos y
movimientos políticos y mediante el procedimiento previsto en sus estatutos, con respeto al debido proceso, el cual
contemplará la impugnación en el efecto suspensivo, ante el Consejo Nacional Electoral, de la decisión que adopten
dichos órganos, la cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal”
(destacado fuera de texto).
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12. Narró que teniendo en cuenta el contexto antes descrito, el partido ASI profirió
la Resolución No. 034 del 15 de diciembre de 2020, por medio de la cual
reglamentó y convocó la XII Convención Nacional Ordinaria. Para tal efecto, con
anterioridad, la representante legal de la colectividad hizo un llamado al Comité
Ejecutivo Nacional los días 13 y 17 de noviembre de 2020, sin citar a los señores
Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila
Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, porque para ese
momento se encontraban suspendidos de sus cargos, en virtud del auto 029 del 3
de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética.
13. Indicó que el 7 de enero de 2021, los anteriores directivos impugnaron ante el
CNE el acto de convocatoria de la Convención antes señalada.
14. De otra parte, destacó que a través de la Resolución No. 183 de 20 de enero
de 2021, notificada el 8 de febrero del mismo año, el Consejo Nacional Electoral
dejó sin efectos la Resolución No. 022 del 13 de diciembre de 2019, mediante la
cual el Tribunal Disciplinario y de Ética del partido expulsó a los ciudadanos
reseñados.
15. En el acápite correspondiente al concepto de violación, se indicó que mediante
la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021, también se dejó sin efectos el
auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética, que
suspendió del ejercicio del cargo a los señalados directivos del partido ASI dentro
de un trámite distinto al que finalizó con la sanción de expulsión.
16. Señaló que contra la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021, los
integrantes del anterior tribunal, el 26 de febrero del mismo año6 interpusieron
recurso de reposición, que fue rechazado de plano por el CNE, mediante la
Resolución No. 2316 del 8 de julio de 2021.
17. Aseveró que el 21 y 22 de enero de 2021 se llevó a cabo de manera virtual la
XII Convención Nacional Ordinaria del Partido ASI, en la que se eligió al veedor7
de la colectividad, a tres integrantes8 del Tribunal Disciplinario y de Ética y al
nuevo Comité Ejecutivo Nacional integrado por las siguientes personas:
Nombre Cargo
1. Sor Berenice Bedoya Pérez Presidenta
2. Diego Fernando Jaimes Porras Secretario general
3. Pedro Rolando Valencia Holguín Secretario de juventudes
4. Senaida Epia Chavarro Secretaria de mujer y género
5. Edwin Hernando Ramírez Rodríguez Secretario de formación y capacitación
6. Flor Velandia Cely Secretaria de la juventud
7. Germán Zapata Vergara Secretaria de asuntos étnicos
18. Afirmó que el 28 de enero de 2021 la representante del partido ASI presentó
ante el CNE el informe de la referida convención y solicitó la inscripción de las
6
Según lo señala la Resolución 2316 de 2021.
7
Al señor Oscar Enrique Bedoya Sánchez.
8
Los señores Julio Rodríguez Ramírez, Michelle Giraldo y Jimena Candelo.
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designaciones realizadas, petición a la que se opusieron los señores Angie
Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda,
Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta.
19. Subrayó que el CNE el 8 de julio de 2021 dictó las Resoluciones No. 2317 y
2318, la primera dejando sin efectos la Resolución No. 034 del 15 de diciembre de
2020 del partido ASI, que reglamentó y convocó la XII Convención Nacional
Ordinaria y; la segunda, que dejó sin efectos todas y a cada una de las decisiones
adoptadas en ésta. En consecuencia, negó la solicitud de reconocimiento e
inscripción de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, del Tribunal
Disciplinario y del veedor de la colectividad política.
20. Destacó que la Resolución No. 2318 del 8 de julio 2021 fue notificada a los
señores Hernando Chindoy Chindoy y Antonio Almazo Acosta, aduciendo que
continuaban inscritos en el registro de partidos y movimientos políticos, aunque
renunciaron a los cargos directivos que ocupaban.
21. Relataron que contra las Resoluciones No. 2317 y 2318 de 2021, el partido
ASI interpuso recursos de reposición, que fueron negados por el CNE a través de
las Resoluciones No. 2900 del 12 de agosto de 2021 y 4714 del 8 de septiembre
de 2021, respectivamente.
22. Arguyó que en respuesta a una solicitud presentada en ejercicio del derecho
de petición elevado por el secretario del partido ASI9, sobre el alcance de las
Resoluciones No. 2317 y 2318 de 2021 del CNE, éste mediante escrito con
radicado CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de 2021 aclaró que:
“I) Lo ordenado es imprescindible para la realización de una nueva convención de
agrupación política, lo cual a su vez, es necesario para que se puedan inscribir los
nuevos miembros directivos que conforman estos cargos de conformidad con sus
estatutos y, II) Que lo ordenado por esta corporación es específico y puntual, es
decir, que los miembros del Comité Ejecutivo, no podrán tomar decisiones
diferentes a lo que el Consejo Nacional les ordenó en las ampliamente
evocadas resoluciones (negrilla y subrayado fuera de texto).”
23. Señaló que “constituye un hecho cierto que, en vísperas de una campaña al
Congreso de la República en donde la colectividad se juega su personería jurídica, no
existen las condiciones económicas ni fácticas para organizar y llevar a cabo las
convenciones municipales, departamentales y Nacional del partido ASI, tal como lo
ordena el CNE; en primer lugar por cuanto se trataría de garantizar la ejecución de más
de 500 convenciones a nivel regional que conlleva una serie de formalidades, gastos
económicos y medidas de seguridad, y en segundo lugar por cuanto los mismos estatutos
de la colectividad establecen que las convenciones regionales deberá(n) realizarse cada
cuatro (4) años, decisión que la XI Convención Nacional en su proceder objetivo
determinó que sería en un año no electoral. Es decir, el año 2023”.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9
El 30 de julio de 2021, según oficio del 3 de agosto del mismo año del CNE.
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1.3.1. Frente a la Resolución No. 183 de 2021 que revocó la medida cautelar
contra los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón,
Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo
Acosta
24. Indicó que la Resolución No. 183 de 2021 se dictó en el trámite de
impugnación de un fallo del Tribunal Disciplinario y de Ética (Resolución No. 022
del 13 de diciembre de 2019) por hechos que tuvieron lugar el 31 de mayo de
2019, empero sin mayor justificación, “de un plumazo”, terminó dejando sin efectos
una decisión que no era objeto de análisis, el auto 029 del 3 de septiembre de
2020 del mismo Tribunal, proferido dentro de un proceso disciplinario distinto por
la expedición irregular de un aval.
25. Destacó que el trámite que dio lugar al auto antes señalado no ha finalizado,
es decir, que el Tribunal Disciplinario y de Ética no ha tomado una decisión
definitiva, razón por la cual al amparo del inciso final del artículo 11 de la Ley 1475
de 201110, que se estima desconocido, el CNE no podía pronunciarse sobre lo
proveído el 3 de septiembre de 2020, que constituye un acto de trámite.
26. Resaltó que el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 se adoptó en virtud del
artículo 81 del Código de Ética del partido ASI, que establece la posibilidad de
decretar como medida cautelar, la suspensión temporal del militante o directivo por
el término de 90 días, prorrogable por el mismo lapso. Esto para destacar, que el
CNE mediante la Resolución No. 183 de 2021, “se extralimita en sus funciones al
ordenar al órgano de control de la colectividad abstenerse de emitir medidas cautelares
de suspensión, es decir, la obliga, sin explicación legal alguna, a obviar y no aplicar lo
legalmente establecido en su propio Código de Ética”.
27. Estimó que la resolución antes señalada, en su numeral 2° al pronunciarse
sobre la suspensión decretada en el citado auto 029 del 3 de septiembre de 2020,
incurrió en las causales de nulidad consistentes en infracción de las normas en
que debía fundarse y falta de competencia.
1.3.2. En cuanto a la Resolución No. 2316 del 8 de julio de 2021, que rechazó
de plano el recurso de reposición contra la Resolución No. 183 de 2021
28. Subrayó que contra la Resolución No. 183 de 2021, se presentó recurso de
reposición, que fue resuelto a través de la Resolución No. 2316 del 8 de julio de
2021, “con el argumento que la parte recurrente (algunos de los magistrados del Tribunal
Disciplinario y de Ética nombrados en la XII Convención Nacional) no estaba legitimada
por activa, conclusión a la que arribó el magistrado con base en la información que
reposaba en la base de datos del CNE, base de datos que “a todas luces” estaba
10
“ARTÍCULO 11. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS DIRECTIVOS. Los directivos de los partidos y movimientos políticos
a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y
obligaciones que les confiere la personería jurídica, por haber incurrido en cualquiera de las faltas a que se refiere el artículo
anterior, estarán sujetos a las siguientes sanciones: (…) Estas sanciones serán impuestas por los órganos de control de los
partidos y movimientos políticos y mediante el procedimiento previsto en sus estatutos, con respeto al debido proceso, el
cual contemplará la impugnación en el efecto suspensivo, ante el Consejo Nacional Electoral, de la decisión que adopten
dichos órganos, la cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal”.
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desactualizada por cuanto no aparecía registrado el nombre de la nueva integrante del
Tribunal; registro que se aprobó por lo menos con 77 días de antelación”11.
29. Agregó que “tal irregularidad no permitió que el magistrado RENATO RAFAEL
CONTRERAS ORTEGA hiciera un nuevo estudio de la Resolución 0183 de 2021 en los
que se abordara los motivos de la recurrente; vulnerando así el debido proceso en las
actuaciones administrativas. Luego entonces el desconocimiento del derecho de defensa
frente a lo decidido en la Resolución 0183 de 2021 se erige como causal de nulidad
suficiente para retirar del ordenamiento jurídico la Resolución atacada (0183/2021) sin
perjuicio de abordar, sin competencia, lo decidido en el auto 029 del 3 de septiembre de
2020”.
1.3.3. Respecto de la Resolución No. 2317 de 2021, confirmada por la No.
2900 del mismo año, que dejó sin efectos la Resolución No. 034 del 15 de
diciembre de 2020 del partido ASI, que reglamentó y convocó a la XII
Convención Nacional Ordinaria, expuso los siguientes motivos de
inconformidad:
A. En cuanto a la falta de participación de los directivos Angie Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila
Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta
30. Destacó que las anteriores decisiones se fundamentan en el hecho que a la
reunión celebrada el 17 de noviembre de 2020, que tuvo como fin la adopción de
determinaciones referentes a la XII Convención Nacional Ordinaria, no se invitó a
todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, lo que afectó el quorum
decisorio.
31. Reprochó que el anterior razonamiento fue desarrollado por el CNE,
desconociendo que para ese momento los señores Angie Vanessa Martínez
Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía
Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, se encontraban suspendidos de sus
cargos, en virtud del auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal
Disciplinario y de Ética.
32. Precisó que el proceso disciplinario que dio lugar a la anterior medida cautelar
es distinto del adelantado por el mismo tribunal contra las personas antes
señaladas y que culminó con su expulsión de la colectividad.
33. En ese orden de ideas, consideró que contrario a lo indicado en los actos
acusados, la representante legal del partido ASI no podía citar a una reunión a los
directivos que para ese entonces estaban suspendidos del ejercicio de sus cargos,
so pena de desconocer la decisión del Tribunal Disciplinario de la agrupación
política y los estatutos ésta.
34. Para ilustrar que los directivos suspendidos no podían intervenir en la
adopción de decisiones del partido, trajo a colación la Resolución 1292 del 21 de
11
Al parecer hace referencia a la Resolución 1292 del 21 de abril de 2021 de la autoridad electoral, que registró el
nombramiento de un miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética (Lindsay Michelle Giraldo Rodríguez).
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abril de 2021 del CNE, mediante la cual se registró el nombramiento de la señora
Lindsay Michelle Giraldo Rodríguez como integrante provisional del Tribunal
Disciplinario y de Ética del partido ASI, designación que fue adoptada “sin la
participación de los cinco (5) miembros que no fueron convocados a la reunión del 17 de
noviembre de 2020 toda vez que contra ellos pesaba la medida cautelar de suspensión
provisional en el ejercicio de sus cargos”.
35. Argumentó que con la anterior resolución el CNE envió el mensaje que con 4
miembros de nueve 9 que para ese entonces conformaban el Comité Ejecutivo,
podían adoptarse decisiones válidas, por lo que no hay razón plausible para
“aplicar una tesis diferente cuando las decisiones las toma el mismo número de miembros
para otros asuntos que conciernen al partido”.
36. Transcribió el artículo 2312 de los estatutos para concluir que el partido ASI los
acató, a diferencia de lo señalado por el CNE en los actos acusados. En tal
sentido explicó que:
“Al respecto se debe precisar que en razón de la no inscripción de quien fungiría
como representante legal de la ASI, el Comité Ejecutivo Nacional quedó integrado
por diez (10) personas, de las cuales a la fecha de la convocatoria de la XII
Convención Ordinaria, en principio, estaban facultados para sesionar nueve (9)
personas, por cuanto una de ellas, a saber, el señor HERNANDO CHINDOY
CHINDOY había presentado renuncia al partido con casi tres años de antelación; de
estas nueve, se encontraban suspendidas por decisión del Tribunal Disciplinario
cinco (5) de ellas, quedando cuatro (4) personas facultadas para sesionar; cuatro
que constituían el 40% del total del Comité Ejecutivo Nacional; porcentaje que en
virtud del artículo 23 de los estatutos del partido ASI es suficiente para la toma de
decisiones.
Llamo su atención en el hecho de que el mismo CNE habría avalado la facultad
decisoria del 40% del mencionado comité mediante decisión que autorizó el registro
de un miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética, tal como se argumentó en el
libelo genitor.”
B. Sobre la supuesta falta de competencia de la representante legal del
partido para expedir la resolución que reglamentó y convocó la XII
Convención Nacional Ordinaria
37. Sostuvo que otro de los argumentos de las Resoluciones No. 2317 y 2900 de
2021, consistió en la falta de validez de la delegación del Comité Ejecutivo
Nacional a la representante legal del partido, para reglamentar y convocar la XII
Convención Nacional. Indicó que según el CNE la delegación no era viable,
porque la función sobre la que recayó no está dentro del artículo 3413 de los
estatutos de la colectividad y porque la misma, según el parágrafo del artículo 2814
del mismo cuerpo normativo, es exclusiva del mencionado cuerpo colegiado.
12
“ARTÍCULO 23. Decisiones de los órganos. Las decisiones de los órganos plurales del Partido Alianza Social
Independiente, serán válidas siempre que estén debidamente convocadas y asistan como mínimo la mitad más uno de sus
miembros. Habrá quorum decisorio con la mitad más uno de los asistentes. Si a la hora señalada en la convocatoria a uno
de los órganos del partido, no se logra la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, podrá sesionarse válidamente
con el 40% de estos y habrá quorum decisorio con el (sic) la mitad más uno de los asistentes.”
13
“ARTÍCULO 34. Funciones. Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes: (…)”. A renglón seguido se
enuncian 26 responsabilidades.
14
“ARTÍCULO 28. Reuniones. La Convención Nacional deberá reunirse cada dos años. El Comité Ejecutivo Nacional lo
convocara de manera ordinaria o extraordinaria según la reglamentación que para el efecto expida. En todo caso, si el
comité no convocare convención alguna, la mayoría calificada de los miembros de la última convención podrá hacerlo. La
convocatoria deberá garantizar la participación de los militantes que por derecho les corresponde asistir. PARÁGRAFO.
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38. Reprochó que el CNE solo haya considerado dentro de las funciones del
Comité Ejecutivo Nacional las previstas en el artículo 34 de los estatutos, aunque
en otras partes de éste pueden apreciarse más responsabilidades, por ejemplo, en
los artículos 32, 58, 65 y 71. Esto para destacar que no puede considerarse que
las atribuciones descritas en el artículo 34 son taxativas sino meramente
enunciativas.
39. En ese orden, sostuvo que la potestad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional
de delegar funciones en el presidente del partido o quien haga sus veces15, no se
restringe a las responsabilidades de que trata el artículo 34 de los estatutos, pues
con anterioridad asuntos distintos a los previstos en dicha norma han sido objeto
de delegación al representante de la colectividad y las decisiones
correspondientes registradas sin objeción alguna por el CNE16.
40. Estimó que ante la existencia de posiciones divergentes sobre la posibilidad
que el Comité Ejecutivo Nacional delegue tareas que no están previstas en el
artículo 34 de los estatutos, debe optarse por la más favorable, en especial,
cuando el numeral 13 del artículo 54 de éstos, señala que el representante legal
de la colectividad ejercerá las demás funciones que le asigne o delegue el referido
Comité.
C. Sobre el presunto desconocimiento de la celebración de las
convenciones del nivel municipal, distrital y departamental
41. Expuso que, con los actos acusados, el CNE consideró “que la interpretación
correcta de lo dispuesto por el artículo 14917 de los estatutos del partido, en concordancia
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 2818 de los mismos, es aquella que indica
que el orden de la realización de las convenciones es el siguiente: primero, la convención
municipal; segundo, las convenciones distritales y departamentales y tercero, la
convención nacional. Razón por la cual con la resolución N° 034 del 15 de diciembre
de 2020 se habrían desconocido los estatutos del partido pues no convocaron las
convenciones municipales, ni las distritales y departamentales” (destacado fuera
de texto).
Dentro de los dos meses siguientes a la aprobación de los estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional, mediante resolución,
reglamentará la convocatoria y realización de las convenciones del Nivel Nacional, Departamental, Distrital y municipal. En
todo caso, las convenciones deberán comenzar desde lo municipal a lo nacional.”
15
Facultad prevista en el numeral 26 del artículo 34 de los estatutos en los siguientes términos: “(…) 26. Delegar funciones
al Presidente Nacional o quien haga sus veces”.
16
Destacó que la tarea de reglamentar y convocar la convención nacional ha sido desarrollada en virtud de la delegación
efectuada al representante legal de la colectividad, como ocurrió frente a la XI Convención celebrada el 22 y 23 de marzo de
2019, cuyas decisiones fueron registradas por el CNE mediante la Resolución 2279 del 11 de junio de 2019.
Asimismo, ilustró que el Consejo Nacional Electoral con anterioridad aceptó decisiones del representante legal del partido
ASI, en virtud de delegación del Comité Ejecutivo Nacional, respecto de tareas que no están en el artículo 34 de los
estatutos. Para tal efecto trajo a colación la Resolución 1292 del 21 de abril de 2021 de la autoridad electoral, que registró el
nombramiento de un miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética.
17
“ARTÍCULO 149. Artículo Transitorio. Las Comisiones de trabajo departamentales y municipales que hasta la fecha de
aprobación de estos estatutos hayan sido creadas, tendrán la condición de Comités Ejecutivos departamentales y
municipales hasta la próxima convención que se cite para su elección.”
18
“ARTÍCULO 28. Reuniones. La Convención Nacional deberá reunirse cada dos años. El Comité Ejecutivo Nacional lo
convocara de manera ordinaria o extraordinaria según la reglamentación que para el efecto expida. En todo caso, si el
comité no convocare convención alguna, la mayoría calificada de los miembros de la última convención podrá hacerlo. La
convocatoria deberá garantizar la participación de los militantes que por derecho les corresponde asistir.
PARÁGRAFO. Dentro de los dos meses siguientes a la aprobación de los estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional, mediante
resolución, reglamentará la convocatoria y realización de las convenciones del Nivel Nacional, Departamental, Distrital y
municipal. En todo caso, las convenciones deberán comenzar desde lo municipal a lo nacional.”
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
42. Argumentó que la interpretación que hizo de los estatutos la autoridad
electoral es incorrecta, porque con el artículo 149 transitorio de éstos, producto de
la XI Convención Nacional del partido realizada el 22 y 23 de marzo de 2019, se
les otorgó a las comisiones de trabajo municipales y departamentales la condición
de comités ejecutivos municipales y distritales hasta la próxima convención que se
cite, es decir, hasta el 21 de marzo de 2023.
43. Seguidamente sostuvo, que como las comisiones de trabajo municipales y
departamentales, se volvieron comités ejecutivos, les resultan aplicables los
artículos 4019 y 5020 de los estatutos, lo que quiere decir que tienen un período de
4 años.
44. Con fundamento en lo anterior aseveró, que “la interpretación armónica y
finalística, no solo entendiendo el artículo 149 como un artículo independiente sino íntegro
de los estatutos, indica que a partir del 22 y 23 de marzo de 2019, se debe contabilizar el
periodo de 4 años de los comités ejecutivos departamentales o municipales; bajo ese
entendido, el término de 4 años de los comités ejecutivos departamentales y municipales
comenzó el 22 y 23 de marzo de 2019 y termina hasta la próxima convención que se cite
para su elección, es decir el 22 y 23 de marzo de 2023 (…)”.
45. Lo dicho para subrayar, que no es posible, so pena de violar los estatutos de
la colectividad, convocar en el año 2021 como lo extrañó el CNE, convenciones
municipales y departamentales, pues ello implicaría desconocer el periodo de 4
años, de quienes pertenecen a los comités ejecutivos de dichos niveles, que
finaliza en el año 2023.
46. Agregó que la XII Convención Nacional del partido ASI celebrada el 22 de
enero de 2021, tuvo como propósito exclusivo de conformidad con los estatutos,
elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, ante la culminación del
periodo de 4 años de sus integrantes, el veedor nacional y a los integrantes del
Tribunal Disciplinario y de Ética.
47. Lo expuesto para concluir, que en la anterior convención no era posible
convocar a los comités ejecutivos departamentales y municipales, sino únicamente
al nacional, como en efecto se hizo, por lo que la omisión de que tratan los actos
acusados no tuvo lugar y parte de una interpretación incorrecta de los estatutos de
la agrupación política.
1.3.4. Respecto a la Resolución No. 2318 de 2021, confirmada por la
Resolución No. 4714 del mismo año, que dejó sin efectos las decisiones
adoptadas en la XII Convención Nacional Ordinaria, expuso los siguientes
motivos de inconformidad:
19
“ARTÍCULO 40. Periodo. El Comité Ejecutivo Departamental se elegirá para un periodo de cuatro (4) años. Se permitirá la
reelección de un periodo consecutivo. Las elecciones se deberán realizar de conformidad con el calendario que para el
efecto expida el Comité Ejecutivo Nacional. Las ausencias temporales o faltas absolutas de uno de sus miembros será
designado por el Comité Ejecutivo Departamental para el periodo faltante”.
20
“ARTÍCULO 50. Periodo. El Comité Ejecutivo Municipal se elegirá para un periodo de cuatro (4) años. Se permitirá la
reelección de un periodo consecutivo. Las elecciones se deberán realizar de conformidad con el calendario que para el
efecto expida el Comité Ejecutivo Nacional. Las ausencias temporales o faltas absolutas de uno de sus miembros será
designado por el Comité Ejecutivo Municipal para el periodo faltante.”
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
A. En cuanto a la falta de participación de los directivos Angie Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda,
Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta
48. Reiteró que el CNE confundió las 2 actuaciones disciplinarias21 que se
adelantaban contra los anteriores directivos del partido ASI, lo que le llevó a
desconocer que respecto de los mismos para la época en que se convocó la XII
Convención Nacional Ordinaria, a través de la Resolución No. 034 del 15 de
diciembre de 2020, estaba vigente la medida cautelar de suspensión de los cargos
por el presunto otorgamiento irregular de un aval (contenida en el auto 29 del 3 de
septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional), por lo que no
podían ser tenidos en cuenta para el mencionado evento.
49. Insistió en que por tal razón no se convocó a los señores Angie Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio
Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta a la reunión del 17 de noviembre de
2020, relativa a la referida convención, de manera tal que incurrió en un error el
CNE al considerar que la no citación de los anteriores ciudadanos es una
irregularidad.
50. Sobre el particular, sostuvo que es contrario al ordenamiento jurídico
considerar que con ocasión de la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021 del
CNE, que se produjo en virtud de la impugnación de los anteriores ciudadanos
contra la decisión que los excluyó del partido político, la anterior autoridad
electoral podía dejar sin efectos la medida cautelar de suspensión del cargo que
fue adoptada contra aquéllos, pero dentro un proceso disciplinario distinto.
B. Error de las Resoluciones 2318 y 4714 de 2021, de tener como
miembros del Comité Ejecutivo Nacional a los señores Hernando Chindoy
Chindoy y Antonio Martín Almazo Acosta
51. Increpó que estos actos administrativos hayan incluido dentro de los sujetos a
notificar a los señores Hernando Chindoy Chindoy y Antonio Martín Almazo
Acosta, aunque con anterioridad habían renunciado a los cargos que
desempeñaban en el partido político, como se le dio a conocer al CNE el 15 de
julio 2019 y 29 de diciembre de 2020, respectivamente.
52. En consecuencia, estimó que de manera incorrecta la entidad demandada
reconoció como miembros del Comité Ejecutivo Nacional a los anteriores
ciudadanos, aunque no lo son.
53. Agregó que el CNE reprochó que no se convocaron a todos los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional, perdiendo de vista que (I) varios de ellos se
encontraban suspendidos, (II) así como la jurisprudencia del Consejo de Estado
según la cual la presentación de la renuncia a una colectividad política no requiere
para que surta efectos su aceptación, circunstancias que, de haber sido
consideradas, habrían permitido que se adoptaran decisiones distintas.
21 El proceso disciplinario 36765 de 2019 por la adopción de decisiones irregulares el 31 de mayo de 2019, y de otro, el
20200902-029 por el otorgamiento irregular de un aval.
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
1.3.5. En cuanto al oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de 2021, que a
juicio de la parte demandante, aclara que con las Resoluciones No. 2317 y
2318 de 2021, se le prohibió al Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI,
tratar temas distintos a los señalados en aquéllas, por ejemplo, la concesión
de avales
54. Explicó que la anterior prohibición se deriva de la aclaración que brindó en
respuesta a un derecho de petición el magistrado Jorge Enrique Rozo Rodríguez,
a través de oficio del 3 de agosto de 2021, al indicar frente al alcance de las
resoluciones 2317 y 2318 del 8 de julio de 2021, que el “comité ejecutivo Nacional
debe circunscribir su deliberación a retomar todos los temas debatidos en la reunión de 17
de noviembre de 2020; luego entonces, no hay margen para que en la reunión ordenada
se traten otros temas que no hagan parte de la agenda tratada en esa data; pues en
palabras del magistrado “que lo ordenado por esta corporación es especifico y puntual…”
55. Luego entonces “prima facie” queda claro que al cumplir la orden en los estrictos
términos aclarados por el magistrado JORGE ENRIQUE ROZO RODRÍGUEZ no se podrá
tratar temas diferentes a lo ordenado; lo que de contera excluye la posibilidad de adoptar
decisiones relativas a la concesión de avales para aspirar al Congreso de la República
2022-2026”.
2. Trámite
56. Admitido el presente medio de control22, mediante auto del 7 de diciembre de
2021 la Sala negó la solicitud suspensión provisional de los actos acusados; sin
embargo, decretó como medida cautelar de urgencia, declarar “que las personas
que aparecen inscritas ante el CNE como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del
partido Alianza Social Independiente, tienen la posibilidad de reunirse para establecer
todo lo atinente a las próximas elecciones al Congreso de la República, como conceder
avales, inscribir candidaturas y modificar éstas en las oportunidades legamente previstas,
a fin de que la discusión relativa a la legalidad de los actos administrativos del CNE
cuestionados en esta oportunidad, no impida que la colectividad inscriba a sus aspirantes,
y por ende, pueda ejercer los derechos consagrados en los numerales 1, 2, 3, 5 y 7 del
artículo 40 de la Constitución Política”.
57. Dentro de la oportunidad establecida para contestar la demanda, se
presentaron las siguientes Intervenciones:
2.1. Coadyuvantes de la parte demandante
58. Senaida Epia Chavarro, Diego Fernando Jaimes Porras, Pedro Rolando
Valencia Holguín y Sor Berenice Bedoya, invocando la condición de miembros del
Comité Ejecutivo Nacional del partido Alianza Social Independiente, coadyuvaron
las razones y pretensiones de la demanda, agregando los siguientes argumentos:
22
En donde se tuvo como entidad accionada al CNE y se dispuso la vinculación de todos los interesados en el resultado de
proceso, esto es, los directivos del Partido ASI, los señores Sor Berenice Bedoya Pérez, Diego Fernando Jaimes Porras,
Pedro Rolando Valencia Holguín, Senaida Epia Chavarro, Edwin Hernando Ramírez Rodríguez, Flor Velandia Cely, Germán
Zapata Vergara, Julio Rodrigo Ramírez, Michelle Giraldo, Jimena Candelo, Oscar Enrique Bedoya Sánchez, Angie Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas, Antonio Martín Almazo
Acosta y Hernando Chindoy Chindoy.
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
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59. En cuanto a la imposición de la medida cautelar de suspensión de los cargos
que ocupan los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina
Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín
Almazo Acosta en el anterior Comité, aclararon que si bien es cierto los estatutos
de la colectividad no contemplan dicha medida cautelar, la misma sí está prevista
en el artículo 82 del Código Disciplinario y de Ética del partido, que se encuentra
vigente desde el 7 de junio de 2019, y por ende, que es anterior a los hechos que
justificaron la mencionada suspensión, acaecidos el 25 de junio de 2019 por el
otorgamiento irregular de un aval.
60. Lo anterior para insistir que, en virtud de la medida cautelar impuesta a los
anteriores directivos, no podían ser citados a las reuniones relativas a la XII
Convención Nacional Ordinaria, contrario a lo indicado por los actos acusados.
61. Agregó en cuanto a la vigencia del citado Código que, si bien el CNE negó su
registro mediante la Resolución No. 2718 del 4 de agosto de 2021, contra ésta se
interpuso recurso de reposición que no se ha resuelto, lo que implica que la norma
disciplinaria está en firme y que las decisiones adoptadas con fundamento en la
misma gozan de presunción de legalidad.
62. Respecto de la ilegalidad de la Resolución No. 2316 del 8 de julio de 2021 que
rechazó de plano el recurso de reposición contra la Resolución No. 183 del mismo
año, porque supuestamente los recurrentes no estaban legitimados, subrayaron
que se desconoció que la señora Michelle Giraldo reemplazó provisionalmente al
señor Juan Diego Giraldo López en el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional de
la colectividad y que dicho reemplazo fue aprobado por el CNE mediante
Resolución No. 1292 del 21 de abril de 2021, por lo tanto, salta a la vista que la
autoridad electoral con falsa motivación indicó que la señora Giraldo no le asistía
interés en el asunto, aunque con anterioridad en otra decisión reconoció su
condición de directiva del partido.
63. Frente a las Resoluciones No. 2317 y 2900 de 2021 del CNE, que
consideraron irregular el hecho de no haber citado a los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional que se encontraba suspendidos, subrayaron que se apoyaron
en la revocatoria de dicha medida cautelar por la Resolución No. 183 de 2021,
aunque esta última no se encontraba en firme pues estaba pendiente la resolución
de la impugnación contra la misma, como si de antemano se supiera cómo se iban
a resolver los recursos interpuestos.
64. En cuanto a la convocatoria de la Convención Nacional de partido y la
supuesta exigencia de haber celebrado con anterioridad convenciones territoriales,
como lo exigieron las Resoluciones No. 2317 y 2900 de 2021 del CNE aclararon:
• Si bien la XII Convención Nacional de la colectividad fue citada
excediendo el término estipulado en el parágrafo del artículo 28 de los
estatutos, es decir, después de los 2 meses siguientes a la aprobación de
los mismos, también lo es que en aquélla participaron quienes podían
intervenir, por ende, “la superación del tiempo establecido no tiene la fuerza para
deslegitimar la pluricitada convención”.
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
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• El CNE “confunde el objeto de las convocatorias municipales y/o
departamentales con la convocatoria para la elección del comité Ejecutivo
nacional, esta última no guarda relación alguna con las primeras, pues en la
elección del Comité Ejecutivo Nacional que se realiza en la convocatoria Nacional
(como es el caso de XII convención Nacional) no necesariamente participan los
comités municipales y/o departamentales pues en esta participan quienes cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 27 de los estatutos. Artículo que no
hace relación alguna a los comités municipales y/o departamentales.”
• “(L)a exigencia en cuanto a que las convenciones deberán comenzar desde lo
municipal a lo nacional. Hace referencia a aquellas en las que se abordan temas
diferentes a la elección de la composición del comité Ejecutivo nacional, pues
este tema tiene su propia regulación en los artículos 27 y subsiguientes; en los
cuales como quedara ya explicado, los comités municipales y/o departamentales
no tienen injerencia alguna”.
2.2. Parte demandada – Consejo Nacional Electoral
65. Se opuso a la prosperidad de la demanda argumentando lo siguiente:
66. En cuanto a los hechos, aclaró que la renuncia del señor Hernando Chindoy
Chindoy del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI fue remitida al CNE el 9 de
agosto 2021, no el 15 de junio de 2019.
67. Agregó que para el momento en que se expidió la Resolución 2318 del 8 de
julio de 2021, no se habían dictado los actos administrativos que ordenaron en el
registro único de partidos y movimientos políticos, la inscripción de las renuncias
del ciudadano antes señalado y del señor Antonio Martín Almazo Acosta, pues
tales registros tuvieron lugar el 21 de octubre de 2021 y el 13 de enero de 2022
respectivamente, y agregó que la segunda decisión “no se encuentra debidamente
ejecutoriada”.
68. A partir de los artículos 3° y 9° de la Ley 1475 de 2011, subrayó que las
decisiones susceptibles de ser incluidas en el anterior registro, sólo tienen efectos
jurídicos desde el momento en que hacen parte de éste, y que esta autoridad sólo
reconoce como autoridades de las agrupaciones políticas a las personas que se
encuentren debidamente inscritas como tales.
69. Lo expuesto para justificar entre otras circunstancias, por qué en los actos
acusados, como la Resolución No. 2318 de julio de 2021, se dispuso informar de
las decisiones adoptadas a los señores Hernando Chindoy Chindoy y Antonio
Martín Almazo Acosta.
70. Respecto de la legalidad de la Resolución 183 de 2021, que dejó sin efectos
las medidas dictadas por el Tribunal Disciplinario y de Ética respecto de algunos
de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, destacó que:
• Ni en los estatutos ni el código de ética de la colectividad inscritos en el registro
único de partidos y movimientos político, se contempla la existencia de las
mencionadas medidas en el transcurso de los procesos disciplinarios.
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• No resulta de recibo que se haya acudido a otras disposiciones normativas para
predicar la posibilidad de suspender provisionalmente de sus cargos a los
investigados, como lo hizo el mencionado Tribunal.
• No puede imponerse a título de medida cautelar la referida suspensión, cuando
constituye una sanción definitiva de conformidad con los artículos 11.2 de la Ley
1475 de 2011 y 33 del Código Disciplinario del partido.
71. Frente al reproche consistente en que la Resolución No. 183 de 2021 se
pronunció sobre la medida cautelar impuesta a través del auto 029 de 2020,
dictada dentro de un proceso en el que no se había activado el mecanismo de
impugnación de que trata del artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, argumentó:
• Tal decisión (la medida cautelar) se dejó sin efecto por la autoridad electoral en
ejercicio de su función de regular, inspeccionar, vigilar y controlar las agrupaciones
políticas.
• Se adoptó en un contexto de vulneración sistemática de derechos y para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable, respecto de 5 directivos que fueron
excluidos de sus cargos y marginados de las decisiones atinentes al partido
político, como la convocatoria y reglamentación de la XII Convención Nacional.
72. Lo anterior para concluir, que “la decisión contenida en el artículo segundo de la
Resolución No. 0183 de 2021, está debidamente motivada y en ninguna forma fue
expedida con infracción en las normas en que debía fundarse, mucho menos sin
competencia o en forma irregular o con desviación de las atribuciones propias del Consejo
Nacional Electoral”.
73. En cuanto a la Resolución No. 2316 del 8 de julio de 2021, que rechazó de
plano los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 183 del
mismo año, indicó que tal decisión está en consonancia con el ordenamiento
jurídico, toda vez que quienes interpusieron aquél no están legitimados para tal
efecto, pues no se encontraban inscritos como directivos de la colectividad política
ante el CNE, no fueron parte o terceros en la actuación administrativa respectiva,
ni mencionaron haber sido designados como parte del órgano de control de la
agrupación.
74. Precisó respecto de la impugnante Lindsay Michelle Giraldo que, para el 26 de
febrero de 2021, fecha en la que se interpuso el recurso de reposición, no había
sido autorizado su registro como integrante provisional del Tribunal Disciplinario
del partido, pues tal circunstancia sólo tuvo lugar en virtud de la expedición de la
Resolución 1292 del 21 de abril de 2021 del CNE.
75. Frente a las Resoluciones No. 2317 y 2900 de 2021, subrayó que el artículo
28 de los estatutos del Partido ASI es claro en señalar que le corresponde al
Comité Ejecutivo Nacional la reglamentación y realización de la convocatoria de
las convenciones nacionales y territoriales de la colectividad, sin que se advierta la
posibilidad de delegar tal responsabilidad en la representante legal de la
agrupación, como ocurrió en el presente caso.
76. De otra parte, en lo que hace a los argumentos del demandante para legitimar
la XII Convención Nacional del Partido ASI sin que mediara previamente las
convenciones territoriales, a pesar del mandato contenido en el parágrafo del
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artículo 28 de los estatutos23, arguyó que la conclusión es incorrecta, pues parte
de una interpretación indebida de los estatutos de la colectividad. Sobre el
particular indicó:
“(…) es menester poner de presente que el artículo 149 de los Estatutos del Partido
Alianza Social Independiente – ASI, le dio a las comisiones de trabajo
departamentales y municipales creadas hasta la fecha de la aprobación de los
estatutos, la condición de Comités Ejecutivos departamentales y municipales; sin
embargo vale resaltar, que el artículo finaliza, así: “hasta la próxima convención que
se cite para su elección”, es decir, en ningún momento hace relación a los periodos
establecidos en los artículos 40 y 50 de los mismos Estatutos, como
equivocadamente lo interpreta la parte demandante.
Ahora bien, como se expresó en el párrafo anterior, el artículo 149 de los Estatutos
finaliza con la expresión: “hasta la próxima convención que se cite para su elección”,
por lo que es necesario acudir en este momento al parágrafo del artículo 28 de los
mismos, ya que en este último se establece un término temporal, el cual es de dos
meses siguientes a la aprobación de los estatutos, para realizar mediante
resolución, la reglamentación y la convocatoria de las convenciones del Nivel
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, resaltando, que las convenciones
deben comenzar desde lo Municipal a lo Nacional. Es decir, que la Resolución No.
034 del 15 de diciembre de 2020, expedida por la representante legal del Partido
Alianza Social Independiente – ASI, no pudo haberse expedido sin antes
reglamentar y realizar las correspondientes convenciones a nivel Municipal,
Departamental y Distrital, como, en efecto, no se realizó”.
77. En cuanto a las Resoluciones No. 2318 y 4714 de 2021 sostuvo que
acertadamente concluyeron que 5 miembros del Comité Ejecutivo Nacional no
fueron citados al momento de convocar la XII Convención Nacional del Partido
ASI, sin que dicha omisión tenga justificación, pues la medida cautelar impuesta
contra los mismos por el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional no estaba
ejecutoriada, toda vez que contra ella “se encontraban en curso de impugnación ante
el Consejo Nacional Electoral en el efecto suspensivo, por expreso mandato del inciso
segundo del artículo 11 de la Ley 1475 de 2011”.
78. No obstante, a renglón seguido indicó que “aun cuando en sede del Consejo
Nacional Electoral, no estuviese en curso una impugnación de decisión, a igual conclusión
se hubiese llegado porque al cotejar tanto los estatutos de la colectividad, como el código
disciplinario que están registrados en el CNE, no se contempla en ellos tal medida de
suspensión, lo que salta a la vista, como se ha explicado, es que esa suspensión del
ejercicio de los cargos está tipificada por la Ley 1475 de 2011 como una sanción, la cual
debe ser impuesta después de agotar el debido proceso”.
79. Agregó que la no convocatoria de dichos integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional, afectó el quorum previsto en el artículo 23 de los estatutos24, sin que sea
23
“ARTÍCULO 28. Reuniones. La Convención Nacional deberá reunirse cada dos años. El Comité Ejecutivo Nacional lo
convocara de manera ordinaria o extraordinaria según la reglamentación que para el efecto expida. En todo caso, si el
comité no convocare convención alguna, la mayoría calificada de los miembros de la última convención podrá hacerlo. La
convocatoria deberá garantizar la participación de los militantes que por derecho les corresponde asistir.
PARÁGRAFO. Dentro de los dos meses siguientes a la aprobación de los estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional, mediante
resolución, reglamentará la convocatoria y realización de las convenciones del Nivel Nacional, Departamental, Distrital y
municipal. En todo caso, las convenciones deberán comenzar desde lo municipal a lo nacional.” (destacado fuera de
texto).
24
“ARTÍCULO 23. Decisiones de los órganos. Las decisiones de los órganos plurales del Partido Alianza Social
Independiente, serán válidas siempre que estén debidamente convocadas y asistan como mínimo la mitad más uno de sus
miembros. Habrá quorum decisorio con la mitad más uno de los asistentes. Si a la hora señalada en la convocatoria a uno
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Demandante: Partido Alianza Social Independiente
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de recibo predicar que podían sesionar el 40% de aquéllos, pues tal posibilidad
solo es válida cuando se convocaron en debida forma a todos los interesados, lo
que no ocurrió en el caso de autos, sin que exista justificación alguna para tal
omisión25.
80. Concluyó indicando que “lo que pretende el demandante es que el Consejo
Nacional Electoral, siempre deba reconocer e inscribir los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional, sin posibilidad alguna de negarse a efectuar este. Esta argumentación no tiene
fundamento, pues el registro que ordena el Consejo Nacional Electoral debe realizarse
solamente en aquellos casos en donde se verifique que este se encuentra conforme a las
normas constitucionales, legales y los propios estatutos, por cuanto esta Corporación no
está obligada a registrar actos que considere contrarios a derecho”.
2.3. Coadyuvante de la parte demandada
81. El señor Antonio Martín Almazo Acosta se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, para lo cual expuso lo siguiente:
82. Luego de realizar algunas consideraciones sobre el litisconsorcio necesario,
principalmente a partir del artículo 61 del CGP, advirtió que en el trámite de la
referencia existe una “indebida integración del contradictorio”, en tanto estimó que
debió vincularse a los “integrantes del partido”, puntualmente, a “los integrantes del
comité superior del partido ASI, en orden a examinar la legalidad de los actos
administrativos demandados por el CNE”.
83. Sobre el particular subrayó la imperativa comparecencia de quienes fueron
elegidos para conformar el Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI, en la
Convención Nacional celebrada del 25 al 28 de enero de 201726. Bajo el mismo
razonamiento, estimó necesaria la vinculación de los magistrados del Consejo
Nacional Electoral.
84. Propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa e impedimento del
abogado defensor del demandante y de la señora Sor Berenice Bedoya Pérez(,) Julio
Rodrigo Guevera”, en la que argumentó que:
• Que la señora Sor Berenice Bedoya Pérez a pesar de ser la representante legal
del partido ASI, presentó la demanda de la referencia y le otorgó un poder para tal
efecto al señor Julio Rodrigo Guevera, sin estar facultada para tal efecto por el
Comité Ejecutivo Nacional de la colectividad.
• Agregó que la Sección Quinta del Consejo de Estado en la providencia del 7 de
diciembre de 2021 que decidió sobre la medida cautelar solicitada en la presente
actuación, confirmó que son los miembros activos del Comité Ejecutivo Nacional los
de los órganos del partido, no se logra la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, podrá sesionarse válidamente
con el 40% de estos y habrá quorum decisorio con el (sic) la mitad más uno de los asistentes.”
25
Indicó que sólo justificaría la no convocatoria de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, 2 circunstancias a saber:
“i. Existiera una decisión de sanción consistente en la separación del cargo de los directivos debidamente ejecutoriada e
inscrita en el registro único de partidos y movimientos políticos con personería jurídica por orden de la sala plena del
Consejo Nacional Electoral o, ii. Se hubiese presentado la renuncia del directivo, aceptada por el órgano competente de la
organización política y debidamente inscrita en el registro único de partidos por orden de la Sala Plena del Consejo Nacional
Electoral. Situaciones anteriores que no se presentaron, pero si incluso si se hubiese presentado antes de la convocatoria a
la reunión del comité ejecutivo nacional, se debió haber iniciado el procedimiento para suplir esas faltas absolutas,
establecido en inciso final del parágrafo 4 del artículo 32 de los estatutos del partido (…)”.
26
Sobre el particular hizo referencia a los señores Sor Berenice Bedoya Pérez, Diego Fernando Jaimes Porras, Hernando
Chindoy Chindoy, Ana Yenci Ospina Girón, Antonio Martín Almazo Acosta, Angie Vanessa Martínez Damián, Senaida Epia
Chavarro, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Pedro Rolando Valencia Holguín.
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Demandante: Partido Alianza Social Independiente
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
que deben ser considerados para la adopción de decisiones, por lo que la señora
Sor Berenice Bedoya Pérez no puede actuar sin consultar al anterior órgano
colegiado.
• En ese orden de ideas, indicó que la representante legal del partido no tenía
potestad para conferirle poder al señor Julio Rodrigo Guevera para presentar la
demanda, y además, que se ocultó que éste recientemente fue elegido como
integrante del Tribunal Disciplinario y de Ética del partido y ha adoptado decisiones
en contra los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que salta a la vista el
interés que le asiste en el presente asunto, en especial, porque de accederse a las
pretensiones se reintegraría al órgano disciplinario antes señalado.
• Añadió que el mencionado profesional del derecho por su participación en la
presente actuación debió declararse impedido e infringió los numerales 1 y 2 del
artículo 38 del Código Disciplinario del Abogado27.
85. Por otra parte, invocó como excepción la existencia de “cosa juzgada”. Sobre el
particular sólo transcribió algunos apartes de la sentencia C-332 de 2020 de la
Corte Constitucional, que decidió sobre la constitucionalidad del artículo 7° de la
Ley 130 de 1994 (obligatoriedad de los estatutos), en el sentido de estarse a lo
resuelto en la sentencia C-089 de 1994, que declaró exequible la anterior norma.
86. Luego de manifestar que es falsa la afirmación contenida en la demanda,
sobre la inexistencia de condiciones económicas y fácticas para llevar a cabo
convenciones del nivel territorial antes de la nacional, sostuvo: “NORMAS QUE NO
ESTÁN SIENDO VIOLAD(A)S POR ENDE HAY CONCEPTO DE VIOLACIÓN”, sin que
se advierta con claridad a qué disposiciones normativas se refirió o a qué motivos
de inconformidad aludió con tal excepción.
87. En cuanto al fondo del asunto argumentó que la señora Sor Berenice Bedoya
Pérez y su abogado han actuado al margen del ordenamiento jurídico, en especial
la primera adoptando decisiones unilaterales, sin contar con el Comité Ejecutivo
Nacional de la colectividad, con el propósito de “apoderarse del manejo político y
electoral”, fin para el cual también contaron con el respaldo del magistrado del CNE
Jaime Luis Lacoture Peñaloza que aceptó la inscripción de la renuncia del señor
Antonio Almazo al referido Comité, aunque no fue sometida a consideración ni
aceptada por el pleno de éste como correspondía, y además, cuando la presentó
“bajo constreñimiento y fuerza”.
88. Precisó que al avalarse por el CNE la renuncia que presentó al referido
Comité, también se desconoció la providencia que reconoció su condición de
miembro de éste hasta tanto se resuelva de fondo la demanda28. También destacó
que la resolución que aceptó dicha renuncia fue impugnada, por lo que no está en
firme.
89. En términos generales estimó que los actos acusados fueron proferidos
conforme a derecho y que los motivos de reproche expuestos contra los mismos
no están acreditados.
27
“ARTÍCULO 38. Son faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de
conflictos: 1. Promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos. 2. Entorpecer los mecanismos de solución
alternativa de conflictos con el propósito de obtener un lucro mayor o fomentarlos en su propio beneficio”.
28
Al parecer hace alusión al auto del 7 de diciembre de 2021 que decretó una medida cautelar de urgencia, proferido por la
Sección Quinta de esta Corporación.
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2.4. Resolución de excepciones, fijación del litigio, peticiones probatorias y
traslado para alegar de conclusión
90. Mediante providencia del 29 de abril de 2022 se declararon no probadas las
excepciones de cosa juzgada, inepta demanda, indebida conformación del
contradictorio, incapacidad para ser parte y “falta de legitimación en la causa e
impedimento del abogado defensor del demandante y de la señora Sor Berenice Bedoya
Pérez (…) Julio Rodrigo Guevera”, elevadas por el señor Antonio Martín Almazo
Acosta29.
91. En el citado auto se fijó el litigio en los siguientes términos:
“(…) determinar si los actos administrativos acusados deben o no permanecer en el
ordenamiento jurídico, a partir del análisis de los motivos de inconformidad
planteados por el demandante, y en caso negativo, si a título de restablecimiento del
derecho debe ordenársele al CNE: (I) inscribir la Resolución 034 del 15 de
noviembre (sic30) de 2020, por medio de la cual el partido ASI reglamentó y convocó
la XII Convención Nacional Ordinaria de la colectividad y, (II) reconocer e inscribir a
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, del Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional y el veedor nacional, elegidos en la anterior Convención.
113.Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:
(A) Si las decisiones relativas a (I) las reformas estatutarias y de la normatividad
interna de los partidos y movimientos y políticos y (II) la designación, retiro y
renuncia de sus directivos, para que surtan efectos jurídicos deben ser incluidas en
el registro único de partidos y movimientos políticos, a (la) luz de los artículos 3° y 9°
de la Ley 1475 de 2011, normas concordantes y la jurisprudencia en la materia.
(B) Si el CNE en el trámite de la impugnación de la Resolución 022 del 13 de
diciembre de 2019 del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido ASI, que
confirmó totalmente el fallo de primera instancia que expulsó de la colectividad a los
señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel
Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, por la
presunta adopción de decisiones sin competencia en la sesión del 31 de mayo de
2019, relativas al nombramiento y remoción de integrantes del señalado Comité y el
cambio de la estructura regional del partido, tenía competencia para dejar sin
efectos el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del mismo Tribunal, proferido
dentro de un proceso disciplinario distinto por la expedición irregular de un aval,
análisis en el que de manera especial debe tenerse en cuenta el artículo 11 de la
Ley 1475 de 2011 que se estima desconocido.
(C) De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, si constituyen razones
válidas para que el CNE a través de la Resolución 183 del 20 de enero 2021, dejara
sin efectos el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de
Ética Nacional del Partido ASI, la imposibilidad de imponer a título de medida
cautelar, la suspensión provisional de los cargos que ocupaban los investigados, so
pena de desconocer la normatividad interna de la colectividad aplicable al caso de
29
En síntesis se expuso: (I) la sentencia de constitucionalidad invocada (C-332 de 2020) no representa cosa juzgada frente
a la presente controversia. (II) La demanda fue clara en los cargos formulados y sus fundamentos, por lo que no se advierte
ineptitud de la misma. (III) El contradictorio fue conformado en debida forma desde la admisión de la demanda, incluyendo a
los sujetos cuya vinculación extraña el interviniente. (IV) El medio de control de la referencia fue ejercicio por la
representante del Partido ASI, que según los estatutos de la colectividad tenía plena facultad para tal efecto, así como para
conceder poderes para la presentación de la demanda. (V) Los reproches realizados contra el abogado que representa a la
agrupación política actora, no son excepciones previas, sino circunstancias que eventualmente podrían constituir faltas al
ejercicio de la profesión de abogado, que no son objeto de este proceso.
30
Dicha resolución fue proferida el 15 de diciembre de 2020.
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autos y el artículo 11.2 de la Ley 1475 de 2011 que contempla tal medida como una
sanción.
(D) Si los señores Julio Rodríguez Ramírez, Michele Giraldo y Jimena Candelo se
encontraban o no legitimados para interponer recurso de reposición contra la
Resolución 183 del 20 de enero 2021, y en caso afirmativo, cuál es la consecuencia
que mediante la Resolución 2316 del 8 de julio de 2021 se haya rechazado de plano
la impugnación que interpusieron contra el primero de los actos administrativos
señalados.
(E) Si resulta válido que las Resoluciones 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 del
CNE, hayan considerado que los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana
Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio
Martín Almazo Acosta, debieron ser citados a la reunión del Comité Ejecutivo
Nacional del partido ASI celebrada el 17 de noviembre de 2020, que tuvo como fin
reglamentar y convocar la XII Convención Nacional Ordinaria, a pesar de que contra
dichos directivos existía medida de suspensión provisional de sus cargos, en virtud
del auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética. En
caso afirmativo, si la falta de comparecencia de éstos afectó la conformación del
quorum deliberatorio y decisorio en la mencionada sesión.
(F) Si de conformidad con los estatutos de la colectividad, el Comité Ejecutivo
Nacional podía facultar a la representante legal del partido ASI para que
reglamentara y convocara la XII Convención Nacional Ordinaria, o si la anterior
responsabilidad de manera exclusiva y directa la debía ejercer el señalado Comité.
(G) Si según los estatutos del partido ASI, para la celebración de la XII Convención
Nacional Ordinaria, que tuvo dentro de sus principales propósitos, la elección de los
miembros del Comité Ejecutivo Nacional, el veedor nacional y los integrantes de
Tribunal Disciplinario y de Ética, resultaba o no imperativo celebrar previamente
convenciones del nivel municipal, distrital y departamental de la colectividad.
(H) Si el CNE, especialmente en las Resoluciones 2318 del 8 de julio y 4714 del 8
de septiembre de 2021, incurrió o no en un error al tener como miembros del Comité
Ejecutivo Nacional a los señores Hernando Chindoy Chindoy y Antonio Martín
Almazo Acosta, a pesar de que con anterioridad presentaron escritos renunciando a
la condición directivos de la agrupación.
(I) Si la entidad demandada a través del oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto
de 2021, que se pronunció sobre las Resoluciones 2317 y 2318 de 2021, señaló que
como consecuencia de éstas el Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI, no podía
abordar temas distintos a los señalados en las mismas. En caso afirmativo, si dicha
prohibición significó que el CNE le impidió a la colectividad participar en las
elecciones al Congreso de la República para el periodo 2020-2026, en vulneración
de los derechos políticos de la agrupación y sus integrantes.
(J) Del análisis conjunto de los motivos de inconformidad contra los actos acusados,
en especial, de las Resoluciones 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 del CNE, y de
acreditarse la configuración de alguno o algunos de los cargos formulados, si como
consecuencia de los mismos debe o no mantenerse las órdenes del CNE de negar:
(I) la inscripción de la Resolución 034 del 15 de noviembre (sic) de 2020, por medio
de la cual el partido ASI reglamentó y convocó la XII Convención Nacional Ordinaria
de la colectividad y, (II) reconocer e inscribir a los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional, del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional y el veedor nacional,
elegidos en la anterior Convención.
Lo anterior en consideración a que la entidad demandada negó la inscripción de las
anteriores situaciones por varias razones, de manera tal que en el evento de
encontrarse que alguna está ajustada al ordenamiento jurídico, resulta necesario
analizar si a partir de las mismas puede o no mantenerse la negativa de la autoridad
electoral a las peticiones de inscripción de la XII Convención Nacional Ordinaria y/o
las designaciones que se llevaron a cabo ésta”.
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92. Se precisó que dentro de los asuntos a resolver no se encuentra la validez
del acto por medio del cual el CNE inscribió la renuncia del señor Antonio Martín
Almazo Acosta del Comité Ejecutivo Nacional (Resolución No. 477 del 13 de enero
de 2022), decisión respecto de la cual aquél en su intervención expuso varios
motivos de inconformidad.
93. Lo anterior, porque contra dicha decisión no se ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ni se admitió la demanda, de manera que
corresponde un acto administrativo cuya legalidad no está llamada a desvirtuarse
en esta oportunidad.
94. En cuanto a las pruebas, se ordenó la incorporación de las aportadas por los
sujetos procesales; se negó por impertinente la consistente en recaudar una
denuncia contra la representante legal del partido ASI y un magistrado del CNE,
con la cual el señor Almazo Acosta quiso insistir en la forma irregular en la que se
aceptó de su renuncia al referido Comité y; de oficio, se le solicitó al CNE que
allegara o precisara lo siguiente:
• Copia de los estatutos del partido ASI, con sus respectivas modificaciones,
incluidos en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.
• Copia del Código de Ética del partido ASI, con todas sus modificaciones, incluido
en el anterior registro.
• Precise si es cierto o no que mediante la Resolución 2718 del 4 de agosto de
2021, negó el registro de la reforma del Código de Ética del partido ASI y si dicha
decisión se encuentra o no en firme, aportando en respaldo de su dicho la
documentación pertinente, por ejemplo, copia de la referida resolución o del acto
administrativo que se pronunció sobre la reforma y del eventual recurso se presentó
contra el mismo y su constancia de ejecutoria.
• Copia de la resolución mediante la cual se registró la renuncia del señor Hernando
Chindoy Chindoy del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI, e informe si la
misma se encuentra ejecutoriada.
• Si para el 17 de noviembre de 2020, fecha en la que algunos miembros del Comité
Ejecutivo se reunieron con el fin de precisar aspectos relativos a la convocatoria de
la XII Convención Nacional del partido ASI, contra el auto 029 del 3 de septiembre
de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética de dicha colectividad, se presentó
alguna impugnación ante el CNE de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1475
de 2011, aportando en respaldo de su dicho la documentación respectiva.
95. Finalmente, se dispuso que vencido los 3 días concedidos a las partes para
que se pronunciaran sobre las pruebas decretadas y practicadas, tendrían 10 para
presentar alegatos de conclusión, dentro de los cuales el Ministerio Público podía
presentar el respectivo concepto.
2.5. Sobre las pruebas decretadas
96. El CNE acatando lo dispuesto en el auto del 29 de abril de 2022, aportó copia
de los estatutos del partido ASI con sus respectivas modificaciones y del Código
Ética y Disciplinario de la misma colectividad, que se encuentran registrados.
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97. Aclaró que mediante la Resolución No. 2718 del 4 de agosto de 2021,
confirmada por la Resolución No. 2151 del 26 de abril de 2022, se negó la
inscripción del Código de Ética y Disciplinario aprobado por el Comité Ejecutivo del
Partido ASI el 6 de junio de 2019.
98. Precisó que a través de la Resolución No. 7761 del 21 de octubre de 2021, se
ordenó la inscripción de la renuncia del señor Hernando Chindoy Chindoy del
Comité Ejecutivo de la referida agrupación política.
99. Los actos administrativos antes señalados se incorporaron a la presente
actuación.
100. De otra parte, aclaró que para el 17 de noviembre de 2020, fecha en la que
algunos miembros del Comité Ejecutivo se reunieron con el fin de precisar
aspectos relativos a la convocatoria de la XII Convención Nacional del partido ASI,
el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética de
dicha colectividad no había sido impugnado de manera autónoma e independiente
ante el CNE, debido a que no impone una sanción sino una medida cautelar. Para
tal efecto, citó el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, en materia de impugnación
de las decisiones disciplinarias de los partidos políticos.
101. No obstante lo anterior, destacó que dentro del trámite de la impugnación
contra la Resolución No. 022 de 2019, que sancionó alguno de los directivos del
partido ASI, se puso de presente la existencia del auto 029 de 2020,
particularmente en la audiencia celebrada el 8 de octubre de 2020, lo que justificó
que el CNE se pronunciara sobre el mismo31, como lo hizo en la Resolución No.
183 del 20 de enero de 2021.
102. En ese orden de ideas, reiteró las razones por las cuales el CNE analizó en
la resolución antes señaladas el auto 029 del 3 de septiembre de 2020,
concluyendo que es contrario al ordenamiento jurídico y que tenía la competencia
y el deber de dejarlo sin efectos en garantía de los derechos fundamentales de los
ciudadanos afectados con la medida cautelar impuesta en la anterior decisión.
2.6. Intervenciones, alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
2.6.1. Intervención del señor Hernando Chindoy Chindoy
103. Destacó que renunció al Comité Ejecutivo del partido ASI el 13 septiembre
de 2017, que dicha decisión fue comunicada por la colectividad al CNE el 15 de
julio de 2019, es decir, 22 meses después, y que la autoridad electoral el 21 de
octubre de 2021 a través de la Resolución No. 7761, registró su decisión de no
seguir en la colectividad.
104. Lo anterior para reprochar que el partido ASI atendió de manera
extemporánea su renuncia, lo que generó que su nombre se mantuviera asociado
a la colectividad ante instancias judiciales, órganos de control y autoridades
31
Se itera, dentro del trámite de impugnación de la Resolución 022/2019.
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administrativa, lo que afectó su dignidad, honra y familia. En ese orden, destacó la
existencia de la Resolución 2151 del 26 de abril de 202232 del CNE, en la que se
le continuó asociando como integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la referida
agrupación.
105. Lo expuesto para solicitar que “se proteja mis derechos como Secretario de
Relaciones Internacionales de la ASI, y se me brinde las garantías, protección y amparo
legales y constitucionales, especialmente porque mi renuncia fue atendida de forma
extemporánea y de forma indebida”.
2.6.2. Alegatos de conclusión del partido ASI
106. Se manifestó sobre cada uno de los interrogantes planteados en la fijación
del litigio en los siguientes términos:
107. En cuanto a si las decisiones relativas a las reformas estatutarias y la
designación, retiro y renuncia de los directivos de las agrupaciones políticas para
tener efectos deben o no ser incluidas en el registro único de partidos y
movimiento políticos, se pronunció de manera negativa, para lo cual indicó que ni
la ley33 o la jurisprudencia condicionan la efectividad de tales decisiones a la
inclusión de un registro, por el contrario, el CNE en Resoluciones como las 1839
de 2013 y 0266 de 2019, ha reconocido por ejemplo, que la desafiliación del
integrante de una colectividad opera desde el momento en que se comunique a
ésta la decisión, posición que ha sido reiterada por el Consejo Estado en
sentencia del 21 de septiembre de 201634.
108. Respecto a si el CNE en el trámite de impugnación de la Resolución 022 del
13 de diciembre de 2019 del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido
ASI, que confirmó la expulsión de varios integrantes del partido ASI, tenía
competencia para dejar sin efectos el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del
mismo Tribunal, proferido dentro de un proceso disciplinario distinto, respondió de
manera negativa, reiterando los argumentos expuestos en la demanda sobre la
manera arbitraria en la que procedió la autoridad electoral demandada en
desconocimiento del debido proceso, actuación que no encuentra justificación en
la función de regular, inspeccionar, vigilar y controlar a las agrupaciones políticas.
109. Indicó que aun aceptándose la competencia del CNE para dejar sin efectos
el auto antes señalado, subrayó que tal decisión es ilegal, pues la anterior
autoridad se equivocó al concluir que el Tribunal Disciplinario y de Ética no podía
imponer como medida cautelar la suspensión provisional de los investigados, pues
dicha facultad estaba consagrada en el artículo 82 del nuevo Código Disciplinario
de la colectividad, vigente desde el 7 de junio de 2019, y por ende, aplicable a los
hechos acaecidos con posterioridad.
32
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución N° 2718 el 4 de agosto de 2021, que negó
el registro del Código de Ética y Disciplinario del Partido ASI
33
Para la cual hizo énfasis en los artículos 3 y 9 de la Ley 1475 de 2011.
34
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de septiembre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Rad. No 68001-23-33-000-2015-01441-01.
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110. En cuanto al interrogante relativo a la legitimidad de los señores Julio
Rodríguez Ramírez, Michele Giraldo y Jimena Candelo para interponer recurso de
reposición contra la Resolución No. 183 del 20 de enero 2021, subrayó que por los
menos la segunda de las mencionadas estaba habilitada para tal propósito,
teniendo en cuenta el reconocimiento que le hizo la misma autoridad electoral
mediante la Resolución No. 1292 del 21 de abril de 2021.
111. Sobre el particular destacó que el recurso de reposición contra la
Resolución No. 183 de 2021, fue rechazado el 8 de julio de 2021, es decir, para el
momento en que el mismo CNE había reconocido a la señora Michele Giraldo
como directiva del partido ASI. Agregó que dicha circunstancia implica que la
impugnación debió conocerse de fondo, en lugar de rechazarse de plano, lo que a
su vez impidió que se analizaran los argumentos que daban cuenta de la
ilegalidad de la decisión cuestionada.
112. De otra parte, reiteró que no resulta válido que las Resoluciones No. 2317,
2318, 2900 y 4714 de 2021 del CNE hayan indicado que los señores Angie
Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda,
Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, debieron ser citados a la
reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI celebrada el 17 de
noviembre de 2020, pues para ese momento los anteriores ciudadanos se
encontraban suspendidos provisionalmente de sus cargos en virtud de una
decisión adoptada por la autoridad disciplinaria competente y en aplicación de los
estatutos de la colectividad.
113. Además, indicó que las decisiones adoptadas en la anterior reunión
respetaron el quorum deliberatorio y decisorio, para lo cual reiteró la forma en la
que se dio aplicación al artículo 23 estatutario, en el evento en que no se logre la
asistencia de la mitad más uno del órgano directivo.
114. En lo atinente a la facultad del Comité Ejecutivo Nacional del partido en
delegar al presidente de éste para que reglamente y convoque la XII Convención
Nacional Ordinaria, indicó que tal potestad encuentra sustento suficiente en el
numeral 26 del artículo 34 de los estatutos, que no impone restricción alguna a la
facultad de delegación que tiene el anterior órgano colegiado.
115. De otro lado, reiteró los argumentos desarrollados en la demanda sobre el
error en que incurrió el CNE al exigir para la convocatoria de la anterior
Convención, que previamente se celebraran en el nivel municipal, distrital y
departamental de la colectividad.
116. Respecto al hecho de haber tenido en cuenta en las Resoluciones No. 2318
y 4714 de 2021 del CNE, a los señores Hernando Chindoy Chindoy y Antonio
Martín Almazo Acosta como miembros del Comité Electoral del Partido ASI,
insistió en que fue un error teniendo en cuenta que había renunciado con
anterioridad a la agrupación política, sin que sea de recibo condicionar la eficacia
de tales decisiones a su aceptación y registro.
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117. Finalmente, señaló que los actos acusados gracias a la intervención de la
Sección Quinta del Consejo de Estado al admitir la demanda y adoptar medidas
cautelares de urgencia, no impidieron que el partido ASI participara en las
elecciones al Congreso de la República, lo que a su vez habilitó que 4 de sus
integrantes fueran elegidos senadores para el periodo 2022-2026.
2.6.3. Alegatos de conclusión de los señores Gloria Isabel Dávila Poveda,
Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yency Ospina Girón y Honorio Abadía
Rojas
118. Invocando la condición de miembros de Comité Ejecutivo Nacional del
partido ASI, se pronunciaron sobre la demanda, la coadyuvancia de ésta, la
intervención del Antonio Martín Almazo Acosta y los problemas formulados al fijar
el litigio.
119. En cuanto a la demanda se opusieron a los argumentos de la misma,
destacando en síntesis, que las resoluciones cuya nulidad se solicita se
encuentran conforme al ordenamiento jurídico, en tanto a través de ellas se develó
la manera irregular en la que actuó en su contra el Partido ASI, (I)
suspendiéndolos de sus cargos mediante una medida cautelar ilegal, (II) no
citándolos para la convocatoria y reglamentación de la XII Convención Nacional de
la colectividad, (III) adoptando bajo tal circunstancia decisiones sin el quorum
requerido, (IV) desconociendo que el anterior asunto era materia exclusiva del
Comité Ejecutivo Nacional y (V) que la referida Convención debió estar precedida
de reuniones en el nivel territorial. Además, (VI) que las resoluciones
controvertidas dispusieron en debida forma su notificación a los señores Hernando
Chindoy y Almazo Acosta.
120. Especial énfasis hicieron en las medidas cautelares que en 3 oportunidades
decretó en contra de ellos el Tribunal Disciplinario y de Ética del Partido ASI, con
el propósito de impedir de manera ilegal su participación en la colectividad, entre
las cuales destaca la segunda, impuesta a través del auto 029 del 3 de septiembre
de 2020, que fue dejada sin efectos por el CNE a través de la Resolución No. 183
de 2021. Sobre esta situación expusieron que la suspensión provisional de sus
cargos, como bien lo indicó el anterior acto administrativo, es contraria al
ordenamiento jurídico porque:
• De conformidad con el artículo 3° de la Ley 1475 de 2011, “el código de ética
del partido, al igual que los estatutos del mismo, solo son vinculantes para el
mismo y sus miembros una vez queden debidamente registrados ante el Consejo
Nacional Electoral”, y las normas registradas ante este no contemplan la
señalada medida cautelar.
• La única suspensión que puede ser impuesta de conformidad con el artículo
70 de los estatutos del Partido ASI, es la que tiene como consecuencia la
existencia de una medida de aseguramiento proferida por autoridad
competente.
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• Aunque es cierto que el parágrafo 58 de los estatutos de la colectividad
establecieron que se presentaría una reforma al Código de Ética aprobada
por el Comité Ejecutivo Nacional, tal modificación no podía significar ir más
allá de la normatividad estatutaria, que reiteraron, no contempla la
suspensión provisional como medida cautelar en los procesos disciplinarios.
Esto para oponerse a la reforma hecha en tal sentido al Código de Ética, a
partir de la cual posteriormente se les suspendió de sus cargos.
121. Resaltaron que fueron ellos en el trámite de la impugnación de la sanción
de expulsión del partido en su contra, que dieron cuenta de la medida cautelar
impuesta a través del auto 029 del 3 de septiembre de 2020, como una estrategia
para impedir de manera arbitraria su participación en la colectividad, lo que motivó
que el CNE en defensa de sus derechos fundamentales y ejercicio de sus
competencias, dejara sin efecto la suspensión provisional a través de la
Resolución No. 183 de 2021.
122. Por otro lado, en cuanto a las renuncias de los señores Hernando Chindoy y
Antonio Almazo, precisaron que frente a la presentada por el primero, el CNE le
solicitó a la representante legal del Partido ASI que aclarara algunos aspectos,
ante lo cual ésta guardó silencio, “configurándose un desistimiento tácito de la
presentación de la renuncia”; además, que posteriormente el señor Chindoy se
retractó de la manifestación inicial que efectuó. En cuanto a la presentada por el
señor Almazo, subrayaron que fue motivada y que no fue puesta a consideración
del Comité Ejecutivo Nacional como correspondía, hecho que fue expuesto ante el
CNE, pero que éste pasó por alto.
123. Todas estas circunstancias para resaltar que alrededor de las mencionadas
renuncias existió controversia y que no se cometió error alguno por el hecho de
que las resoluciones acusadas hayan dispuesto su notificación, pues para el
momento en que se dictaron, los señores Hernando Chindoy y Antonio Almazo
continuaban registrados como directivos del partido político, lo que está acorde
con el artículo 9 de la Ley 1475 de 2011.
124. Frente al oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de 2021, que aclaró el
alcance de las Resoluciones No. 2317 y 2318 de 2021, afirmó que no resulta
vinculante y que corresponde a una interpretación personal que “puede estar
rayando con un posible prevaricato”, pues fue producto de la voluntad de uno de los
integrantes del Consejo Nacional Electoral, frente a decisiones que adoptó el
pleno de la corporación.
125. Frente a la coadyuvancia de la demanda realizada por los señores Diego
Jaimes, Senaida Epia Chavarro, Pedro Rolando y Sor Berenice, indicaron que
éstos en sus intervenciones terminan reconociendo que la suspensión provisional
de los cargos de los directivos del partido ASI constituye una medida que no tiene
sustento en los estatutos de la colectividad, a pesar de lo cual se sustentaron en la
misma para excluirlos de la preparación de la XII Convención Nacional de la
agrupación política.
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126. En lo que respecta a la intervención de señor Antonio Almazo manifestaron
estar de acuerdo en concluir que para la presentación de la demanda la
representante del partido requería la autorización del Comité Ejecutivo Nacional,
en consideración a que la presidencia de la agrupación pertenece a los cargos de
ejecución y administración, mientras el Comité es de los máximo órganos de
dirección y representación, como se desprende de los artículos 18, 19, 20 y 26 de
los estatutos de la colectividad.
127. Finalmente, frente a los problemas planteados en la fijación del litigio
sostuvieron:
• De conformidad con los artículos 3 y 9 de la Ley 1475 de 2011 y las
sentencia C-490 de 2011, “las renuncias de los directivos solo surten efectos a
partir de la inscripción en el registro que el CNE realiza previo a comprobar el
cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento de lo
dispuesto por la Constitución, la ley y los estatutos correspondientes. Una posición
contraria, se utilizaría como ocurrió en el partido ASI, que a través de los órganos de
control imponen una medida cautelar inexistente en los estatutos del partido, ni en el
código de ética, como una herramienta para limitar los derechos políticos de 5
miembros ejecutivos, máximo órganos de administración y política del partido. y con
esa herramienta, se ha impedido nuestro ejercicio a los derechos políticos desde
julio de 2019 bajo el argumento de que fueron aprobados un código de ética que no
esta (sic) registrado y del cual tampoco dimos nuestra aprobación”.
• El CNE al dejar sin efecto mediante la Resolución 183 de 2021, la medida
cautelar impuesta en el auto 029 del 3 de septiembre de 2020, advirtió que
éste fue producto de “una violación grave y consistente a los derechos
fundamentales a la participación política y un desconocimiento reiterado de los
principio (sic) de legalidad, tipicidad”, que tuvo como propósito limitar su
participación en el partido político.
• Los estatutos vinculantes para el partido son los registrados mediante
Resolución 2279 de 2019 del CNE. En éstos no se encuentra consagrada la
medida cautelar de suspensión en el ejercicio de los cargos de los miembros
del Comité Ejecutivo Nacional. “Al no existir como medida cautelar de suspensión
dentro de los estatutos, la misma se constituyó prácticamente en una sanción
conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 11 de la ley 1475 de 2011, sanción
que se ha aplicado hasta hoy a través de la imposición de tres medidas cautelares
de suspensión aplicadas a los suscritos y al compañero Antonio Almazo. De ahí que
existen más que razones válidas para mantener la decisión adoptada por el CNE”.
• “Los suscritos y el compañero Almazo si (sic) debimos ser convocados a la reunión
del 17 de noviembre de 2020 pues como se ha sostenido en estos alegatos, la
medida cautelar de suspensión en el ejercicio de nuestros cargos no se encuentra
establecida en los estatutos del partido ni en el código de ética registrado en el
CNE”.
• El artículo 28 de los estatutos del partido no dispone que la facultad
reglamentaria para la Convención Nacional del partido “pudiera delegarse sino
que fue voluntad de la convención que tanto la convocatoria como la reglamentación
quedara en cabeza del Comité Ejecutivo nacional como máxima autoridad política y
administrativa del partido. Si hubiese querido facultar al comité ejecutivo la
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capacidad de delegar la convocatoria y reglamentación así lo habría manifestado
expresamente”.
• Según los estatutos del partido “las convenciones nacionales participaran los
miembros del comité ejecutivos departamentales y municipales los cuales para la
elección de los miembros del comité ejecutivo nacional debían primero elegirse los
miembros del comité ejecutivo departamental y municipal. La lógica era que se
eligiera primero la base directiva local y departamental, para que esas mismas
autoridades pudieran elegir los directivos nacionales. La lógica comenzaba desde
abajo para elegir los de arriba, no al revés”.
2.6.5. Alegatos de conclusión del señor Antonio Martín Almazo Acosta
128. Se pronunció sobre los interrogantes planteados en la fijación del litigio,
fundamentalmente, en el mismo sentido que los hicieron los señores Gloria Isabel
Dávila Poveda, Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yency Ospina Girón y
Honorio Abadía Rojas, cuya intervención se sintetizó con anterioridad.
129. Agregó que según el artículo 32, parágrafo 4 de los estatutos del partido,
cuando un miembro del Comité Ejecutivo Nacional no pueda asistir a una reunión,
es éste el que acepta o rechaza la justificación presentada y el que decide sobre
su reemplazo.
130. Esto para destacar, que “no existe en este proceso prueba que determine que
las faltas absolutas de directivos hayan sido tramitadas y declaradas por el órgano
competente y que estas obedecen más a un interés personal de la señora BERENICE
BEDOYA. “Un directivo no es un afiliado o militante cualquiera y para que opere la
Renuncia y desafiliación de un directivo nacional del partido alianza Social Independiente,
esta deberá ser aceptada o rechazada por el pleno del cuerpo deliberativo del Comité
Ejecutivo, se requerirá, en todos los casos, que exista la declaratoria de la falta absoluta
que permita la solicitud de terna para elegir y designar el o los reemplazos, hechos que
hasta hoy no han acontecido al interior del partido, sin embargo la representante legal
arbitrariamente y sin el lleno de los requisitos estatutarios solito el registro de unas
renuncias como si se tratara de simples afiliados, obviando que en las solicitudes de
renuncias debía solicitar el registro de los reemplazos o nuevos directivos. renuncia
dolosas e inducidas que en mi caso fue registrada el 25 de abril de 2022 de la cual
solicitare su nulidad y restablecimiento de mis derechos”.
131. Añadió que resulta reprochable que la renuncia del señor Chindoy Chindoy
del Comité Ejecutivo presentada a finales del 2017, sólo hasta agosto de 2021
haya sido radicada por la presidenta del Partido ASI ante el CNE. Señaló que si el
referido ciudadano permaneció como directivo del partido, “ello obedece a una
omisión en el cumplimiento del deber de la representante legal pues el artículo 3 de la Ley
1475 de 2011 establece en cabeza del representante legal del partido el deber de solicitar
el registro de la renuncia presentada por uno de los directivos. Adicionalmente hasta el
día hoy no se ha llenado la vacancia absoluta del cargo del directivo Chindoy, vale la pena
aclarar que según el artículo 9 de la ley 1475 este solo reconoce a los directivos
registrados en la entidad”.
132. De otra parte subrayó, sobre la discusión atinente a la legalidad del auto
029 del 3 de septiembre de 2020, que suspendió a varios directivos del partido
ASI, y la competencia del Consejo Nacional Electoral de dejarlo sin efecto a través
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de la Resolución No. 183 de 2021, que el referido auto fue declarado nulo por el
mismo integrante del Tribunal Disciplinario y de Ética del Partido que lo profirió, a
través de decisión 003 del 16 de septiembre de 2021, que es anterior a la
presentación de la demanda y el cual adjuntó con sus alegatos. Lo expuesto para
señalar:
“Honorable magistrada como puede ver lo acá censurable es el ocultamiento de la
realidad al interior del partido ASI, no es aceptable que se demande la decisión del
CNE al dejar sin efecto el auto 03 del 029 de septiembre (sic) de 2020, sin tener en
cuenta la demandante que el 16 de septiembre de 2021 previo a la demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho, radicada el 27 de octubre de 2021, ya se
había declarado la NULIDAD de lo actuado según artículo primero del auto 003
repito del 16 de septiembre de 2021,(anexo), y lo peor aún es que en dicho auto en
el Artículo Cuarto se manifiesta que contra la providencia no procede recurso
alguno. Pretender dar vida jurídica a un hecho nulo es intentar hacer errar a su
señoría.”
133. En cuanto al problema relativo a la legitimidad de los señores Julio
Rodríguez Ramírez, Michelle Giraldo y Jimena Cándelo para interponer recurso de
reposición contra la Resolución No. 183 de 2021 del CNE, respondió de manera
negativa, argumentando que al momento de impugnarse el anterior acto
administrativo, es decir, el 26 de febrero de 2021, ninguno de los ciudadanos
antes señalados estaba registrado ante el CNE.
134. Añadió que frente al rechazo de plano del recurso antes señalado no hay
consecuencia negativa, “se obro (sic) conforme a los deberes, si hubo error fue de parte
del partido o del tribunal de ética que permitió que los señores Julio Rodríguez Ramírez,
Michelle Giraldo y Jimena Cándelo, usurparan las funciones de los legítimos miembros del
tribunal de ética registrados en CNE, es decir, OSCAR BEDOYA, CAMILO ALVARES
LOBATON son ellos los que violan el debido proceso por lo tanto no podían esperar más
de lo actuado por la sala plena del CNE”.
2.6.6. Concepto del Ministerio Público
135. Solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Para llegar a tal
conclusión se pronunció, en síntesis, en los siguientes términos, sobre los
problemas planteados en la fijación del litigio:
136. A partir de la lectura de los artículos 107 y 265 de la Constitución, 3 y 9 de
la Ley 1475 de 2011, la sentencia C-490 de 2011 y la Resolución No. 0266 del 31
de enero de 2019 del CNE35, señaló que si bien los partidos y movimientos
Políticos gozan de autonomía para autorregularse y fijarse sus propias directrices,
“tal labor queda supeditada a la aprobación del Consejo Nacional Electoral de los actos
que aquellos expidan, siendo esta la tarea que se le encomendó cuando se le atribuye el
deber de verificar que dichas actuaciones no contravengan el ordenamiento jurídico”, en
especial teniendo en cuenta el artículo 3° ibidem.
137. Por lo anterior, arguyó que los actos que refieren a “actas de fundación, los
estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o
programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus
35
“Por medio de la cual se establece el registro único de partidos y movimientos políticos y agrupaciones políticas”
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afiliados”, deben ser radicados por el Representante Legal de cada partido o movimiento
político ante el CNE y, para que los mismos empiecen a producir efectos jurídicos,
requieren tener la autorización de dicha entidad, quien lo expresa mediante la expedición
de una resolución en cada caso concreto, la cual se notifica a los interesados, obteniendo
de allí su oponibilidad, con independencia de que luego se incluya dicha autorización en el
Registro Único de Partidos a cargo de la autoridad como consecuencia de su aprobación”.
138. Como consecuencia de lo anterior, a juicio del Ministerio Público la reforma
al Código de Ética del partido ASI que consagró la posibilidad de suspender
provisionalmente a los investigados nunca surtió efectos, máxime cuando su
registro fue negado por la CNE. Asimismo, los señores Chindoy Chindoy y Almazo
Acosta permanecieron como directivos de la referida agrupación hasta que se
registraron sus renuncias.
139. En ese orden de ideas, señaló que como lo indicaron los actos acusados, la
medida cautelar impuesta a 5 miembros del Comité Ejecutivo Nacional era
inválida, que con fundamento en ella resultaba contrario al ordenamiento jurídico
que no los hayan convocado a la reunión del 17 de noviembre de 2020 atinente a
la XII Convención Nacional Ordinaria y que las decisiones adoptadas en dicha
sesión no cumplieron con el quorum estatutario36.
140. Agregó que a la anterior sesión también debió convocarse al señor Chindoy
Chindoy, pues permaneció como integrante del citado Comité hasta que el CNE
expidió la Resolución No. 7761 del 21 de octubre de 2021.
141. En ese orden de ideas, arguyó que no se incurrió en error alguno al
ordenarse la notificación de los actos acusados a los señores Chindoy Chindoy y
Almazo Acosta, pues para el momento en que se dispuso lo anterior, continuaban
registrados como directivos de la colectividad política.
142. Asimismo, consideró ajustado al ordenamiento jurídico que mediante la
Resolución No. 2316 de 2021 se haya rechazado de plano, por falta de
legitimación, el recurso de reposición contra la Resolución 183 de 2021, pues
cuando se interpuso éste los señores Julio Rodrigo Ramírez, Michele Giraldo y
Jimena Cándelo no estaban registrados como directivos del partido ASI. Además,
destacó que el nombramiento de los anteriores ciudadanos como integrantes del
Tribunal Disciplinario y de Ética de la colectividad, fue dejado sin efectos a través
de las Resoluciones No. 2317 y 2318 de 2021 del CNE.
143. Subrayó que el CNE al dictar la Resolución No. 183 de 2021 que dejó sin
efecto la medida cautelar de suspensión provisional impuesta mediante el auto
36
Sobre este último asunto concluyó: “Teniendo en cuenta que el Comité Ejecutivo Nacional se encontraba conformado por
10 miembros, con una simple operación aritmética, se evidencia que la mitad más uno de sus integrantes - como número
mínimo de asistentes a una sesión debidamente convocada para que exista quórum deliberatorio - es 6, y teniendo en
cuenta que habían sido indebidamente suspendidos 5 de los miembros de dicho órgano de dirección, es claro que el
quórum deliberatorio si se vio afectado y, por ende, el decisorio corrió la misma suerte.”
Se destaca que para calcular el quorum la procuradora delegada no tuvo en cuenta los estatutos más recientes, arguyendo
que de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 32 del mismo cuerpo normativo, dicha disposición, “solo entraría
“a regir en la elección de nuevas directivas que se efectuará en la XII Convención Nacional del Partido Alianza Social
Independiente”, convención que aún no se ha adelantado”, dijo el Ministerio Público. Por tal razón aplicó la reglamentación
anterior, los estatutos registrados en el año 2015
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029 de 2020 del Tribunal Disciplinario del Partido ASI, tenía competencia para tal
efecto. En tal sentido argumentó:
“(…) si bien es evidente que en el proceso que dio lugar a la expedición de la
Resolución 183 de 20 de enero de 2021 se discutía una decisión de expulsión de los
miembros del Comité Ejecutivo del Partido ASI – y no las decisiones de la
colectividad que derivaron en la expedición del Auto 029 de 2020, lo que en principio
limitaría el campo de acción del Consejo Nacional Electoral a dicho marco, y pese a
la deficiente argumentación del CNE frente a la “acumulación” de dichas decisiones,
no puede desconocerse que la misma autoridad electoral como máximo órgano de
inspección vigilancia y control tenía la competencia constitucional y legal para
determinar que las medidas cautelares adoptadas por el Partido contravenían lo
establecido en los estatutos y en el código de ética vigentes del prenotado partido,
más allá de que las determinaciones adoptadas en el segundo proceso disciplinario
hubieren llegado a su conocimiento vía impugnación o no.
Ello por cuanto las decisiones adoptadas por el partido, desencadenaban en una
misma consecuencia, esto es, la suspensión de los derechos de los 5 directivos,
expulsados y/o suspendidos a través de un procedimiento ilegal, por cuanto el
Código de Ética que le servía de fundamento, no fue aprobado ni registrado por el
CNE, de tal suerte que, haberse pronunciado aquel, solo frente a una de dichas
suspensiones, habría hecho inane la protección de los derechos de los directivos
expulsados, pues quedaba la otra medida “vigente”, razón por la cual, pese como se
dijo, la deficiente argumentación del CNE al respecto, dicha decisión se encuentra
ajustada a derecho no solo por las competencias constitucionales y legales que le
asisten al órgano, a las que se les adiciona el deber de observancia de los principios
que rigen la actuación administrativa del CPACA, entre ellos, celeridad, eficacia,
economía procesal, entre ellos, que derivan en la proscripción de decisiones
contradictorias. (…) Lo que previno dicha autoridad electoral, en el marco de
diversas actuaciones e investigaciones disciplinarias al interior del partido, es que se
siguiera aplicando una figura inexistente para la época, salvaguardando los
derechos al debido proceso de quienes eran objeto de investigación y dando cuenta
de preservar la legalidad de las actuaciones del partido político, adoptadas por las
autoridades legítimas”.
144. De otra parte, frente al problema relativo a la competencia exclusiva del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI de convocar y reglamentar las
convenciones nacionales de la colectividad, o la posibilidad de delegar en el
presidente tal responsabilidad, indicó que del análisis de los estatutos,
especialmente los artículos 34 y 54, no evidencia que exista una limitación para
realizar la referida delegación, por el contrario, que se estableció la posibilidad de
efectuar la misma respecto a todas las funciones del Comité.
145. En cuanto a si era o no imperativo para la celebración de la XII Convención
Nacional Ordinaria, la convocatoria y celebración previa de convenciones
territoriales, alegó que no advertía tal obligación.
146. Llegó a la anterior conclusión a partir del análisis de los artículos 27 y 28 de
los estatutos, del cual infirió (I) que las convenciones nacional, departamental y
municipal deben celebrase cada dos años previa convocatoria ordinaria o
extraordinaria que realice el Comité Ejecutivo Nacional y, (II) que la exigencia que
realiza el parágrafo del artículo 28 ibidem, sobre celebración escalonada de
convenciones municipales a la nacional, únicamente aplica cuando el hecho
generador es la aprobación previa de los estatutos, lo que no tuvo lugar frente a la
XII Convención Nacional.
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147. Respecto al alcance del oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de
2021, que se pronunció sobre las Resoluciones No. 2317 y 2318 de 2021, indicó
que en ningún momento prohibió que el Comité Ejecutivo Nacional pudiese
reunirse para cumplir las funciones legalmente establecidas, por ejemplo, la
expedición de avales, pues únicamente versó sobre restricciones a dicho órgano
colegiado, relacionadas con los temas que trató en la sesión del 17 de noviembre
de 2020.
148. Del análisis conjunto de los anteriores asuntos, destacó que los actos
acusados deben mantenerse en el ordenamiento jurídico, pues en los asuntos
más relevantes, como son, la imposibilidad de aceptar como medida cautelar la
imposición de suspensión provisional a los directivos del partido ASI, el error en
que se incurrió al no tener en cuenta a 6 los integrantes del Comité Ejecutivo para
la convocatoria y reglamentación de la XII Convención Nacional de la colectividad,
el hecho de considerar como dirigentes de ésta a quienes figuraban como tales
ante el CNE y el alcance del oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de 2021,
se encuentran conformes con el ordenamiento jurídico.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
149. De conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 149 de la
Ley 1437 de 201137 (antes de su modificación por el artículo 24 de la Ley 2080 de
202138) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y tramitar en
única instancia el proceso de la referencia.
2. Cuestión previa
150. Antes de proceder con el análisis de fondo de las razones por las cuales se
cuestiona la legalidad de los actos acusados, resulta necesario identificar algunas
peticiones y argumentos expuestos por los sujetos procesales en el traslado de las
pruebas practicadas y en los alegatos de conclusión, que corresponden a
cuestiones que no son susceptibles de analizarse en esta oportunidad, porque
implican un estudio de legalidad de decisiones o situaciones distintas y autónomas
a aquellas cuya nulidad se solicita o porque se trata de asuntos que fueron
definidos con anterioridad.
151. De una parte, se hace alusión a la petición elevada por el señor Hernando
Chindoy Chindoy, consistente en que se adopten las medidas pertinentes para
proteger los derechos fundamentales que estima se vieron afectados por el hecho
de que su nombre permaneció asociado al partido ASI ante autoridades
administrativas, de control y judiciales, varios meses después de haber
37
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 2. De los de
nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos
expedidos por autoridades del orden nacional”.
38
Que entró a regir en materia de competencia desde el 25 de enero de 2022, según el artículo 86 de la misma ley.
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renunciado, a su juicio, por la negligencia de la representante legal de dicha
colectividad de informar sobre la decisión al CNE.
152. Frente a la referida solicitud se recuerda que el objeto del presente proceso
está circunscrito a verificar la legalidad de las Resoluciones No. 183, 2316, 2317,
2318, 2900 y 4714 de 2021 y el oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de
2021 del CNE, y a establecer si con ocasión de estos actos deben restablecerse
los derechos presuntamente afectados del partido ASI, más no a la adopción de
medidas de protección o reparación sobre la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales del señor Chindoy Chindoy, lo que supondría el análisis de los
hechos y decisiones planteados en el trámite de la referencia con propósitos
distintos a los que motivaron la presentación de la demanda, su admisión,
contestación y la fijación del litigio, lo que supondría un estudio de legalidad que
no está llamado a efectuarse en esta oportunidad, y que en todo caso, el referido
ciudadano puede plantear en otros escenarios judiciales, en los que el asunto por
él esbozado sea el tema central de la discusión.
153. Con lo anterior en manera alguna se desconoce que alrededor de la
renuncia del señor Chindoy Chindoy existe un punto de controversia en el
presente proceso, limitado a establecer si el CNE se equivocó o no al considerar
en algunos de los actos acusados, especialmente en las Resoluciones No. 2316,
2317, 2318, 2900 y 4714, que seguía siendo miembro del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido ASI, a pesar de la renuncia presentada con anterioridad, lo
expuesto en aras de establecer la legalidad de los actos cuya nulidad se solicita,
más no en punto de la adopción de medidas de reparación por los presuntos
daños causados a dicho ciudadano.
154. En el mismo sentido vale la pena recordar, como se indicó en la fijación de
litigio, que tampoco será objeto de análisis en esta providencia, la validez de la
Resolución No. 477 del 13 de enero de 2022 del CNE, mediante la cual se
inscribió en el registro de partidos y movimiento políticos la renuncia del señor
Antonio Martín Almazo Acosta del referido Comité Ejecutivo Nacional, decisión
frente a la cual aquél a lo largo del proceso ha expresado su inconformidad,
aunque no constituye uno de los actos administrativos contra los que se ejerció el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
155. Por otra parte, se tiene que los señores Gloria Isabel Dávila Poveda, Angie
Vanessa Martínez Damián, Ana Yency Ospina Girón y Honorio Abadía Rojas en
los alegatos de conclusión, manifestaron estar de acuerdo con la excepción de
falta de legitimidad en la causa por activa planteada en su momento por el señor
Antonio Martín Almazo Acosta, bajo el argumento que la representante legal del
Partido ASI presentó la demanda de la referencia sin la autorización del Comité
Ejecutivo Nacional.
156. Sobre el particular basta señalar, que la anterior excepción fue negada
mediante providencia del 29 de abril de 2022, que quedó en firme por la no
interposición de recursos, de manera tal que se trata de un asunto que fue definido
con anterioridad en la etapa pertinente, en la que valga la pena resaltar, guardaron
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silencio los referidos ciudadanos, por lo que no es dable volver sobre él en esta
oportunidad.
3. Problema jurídico
157. En cuanto a los asuntos que sí son susceptibles de abordarse en esta
providencia, deben resolverse los interrogantes planteados en la fijación del litigio,
enunciados en el numeral 91 de esta sentencia.
4. Análisis del caso en concreto
4.1. Sobre los efectos de la inscripción de la normatividad interna de las
agrupaciones políticas y la designación, retiro y renuncia de sus directivos
A. Problema planteado
158. El primer interrogante a resolver consiste en establecer si las decisiones
relativas a (I) las reformas estatutarias y de la normatividad interna de los partidos
y movimientos y políticos y (II) la designación, retiro y renuncia de sus directivos,
para que surtan efectos jurídicos deben ser incluidas en el registro único de
partidos y movimientos políticos, a luz de los artículos 3° y 9° de la Ley 1475 de
2011, normas concordantes y la jurisprudencia en la materia.
159. Sobre el asunto antes señalado se han planteado dos posiciones, la
primera defendida por el CNE, compartida por sus coadyuvantes y el Ministerio
Público, según la cual las anteriores decisiones sólo tienen efectos cuando se
autoriza su inclusión en el registro de partidos, movimientos y agrupaciones
políticas a cargo de la referida autoridad electoral (art. 3° de la Ley 1475 de 2011).
La segunda, esgrimida por la parte demandante y quienes la apoyan en sus
pretensiones, consistente en que la normatividad interna de las colectividades
aplica desde su adopción y las decisiones atinentes a la permanencia de sus
directivos desde la manifestación de la voluntad de éstos, sin supeditar su eficacia
al pronunciamiento del CNE.
B. Autonomía y control de las agrupaciones políticas – autorregulación -
control y eficacia de la normatividad interna
160. En la discusión planteada está de por medio el derecho de autorregulación
de las agrupaciones políticas y la manifestación libre y voluntaria de sus directivos
y militantes de pertenecer o no a las mismas (arts. 40, 107 de la C.P.). También el
deber constitucional en cabeza del CNE regular, inspeccionar, vigilar y controlar
las actividades de los partidos y movimientos políticos (art. 265 de la C.P), toda
vez que el referido registro constituye un instrumento para el cumplimiento de las
tareas asignadas (art. 3° Ley 1475 de 2011 y sentencia C-490 de 2011).
161. En cuanto a la tensión que puede presentarse entre el derecho de las
agrupaciones políticas de autorregularse y la función de supervisión sobre las
mismas por parte del CNE, debe considerarse en primer lugar que las primeras no
son entidades públicas, y por consiguiente cuentan con un significativo grado de
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autonomía en las decisiones atinentes a sus objetivos, principios, regulación,
elección de directivas, organización interna, gestión, etc., aspectos en los que la
voluntad de sus integrantes se convierte en uno los principales parámetros de
acción.
162. Empero, tampoco puede olvidarse que “surgen como organizaciones cuya
mediación entre los ciudadanos y el poder político contribuye a consolidar y actualizar la
democracia”, pues de un lado, en el contexto de sociedad contemporáneas,
pluralistas, con intereses contradictorios y yuxtapuestos, permiten aglutinar “a los
ciudadanos alrededor de posturas políticas identificables, variadas y con vocación de
permanencia, mediante programas discernibles acerca de la administración de lo público
que ofrezcan alternativas en el ejercicio del poder”. Y de otro, facilitan que dichos
intereses puedan insertarse en la agenda pública para su materialización. (Corte
Constitucional, sentencia C-490 de 2011).
163. La importancia de las agrupaciones políticas en la democracia colombiana
ha sido reconocida desde los primeros pronunciamientos de la Corte
Constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-089 de 1994, que destacaron como
funciones de las mismas las siguientes:
“(1) movilizar a los ciudadanos con miras a su integración en el proceso político y a
la reducción de la abstención electoral de modo que el sistema en su conjunto pueda
aspirar a conservar su legitimidad y respetar el primado del principio mayoritario; (2)
convertir las orientaciones, actitudes y demandas de la población, expresas o
latentes, en programas permanentes o coyunturales de acción política que se
presentan como alternativas para ser incorporadas formalmente por las instancias
públicas o que se destinan a alimentar la oposición frente al poder establecido; (3)
contribuir a la formación de una cultura política y al ejercicio responsable del
sufragio, mediante la información al público relativa a los asuntos que revisten mayor
trascendencia social; (4) ofrecer a los electores las listas de personas entre las que
pueden elegir a las personas llamadas a integrar y renovar los órganos estatales; (5)
garantizar a los electores que en proporción a sus resultados electorales y
dependiendo de éstos, su capacidad organizativa podrá realizar los programas y
propuestas presentadas”.
164. El hecho de que las agrupaciones políticas no sean de naturaleza pública,
por lo que es de su esencia autodeterminarse, autorregularse y autogestionarse, y
a la vez el papel determinante que tienen en la democracia colombiana, le ha
permitido a la jurisprudencia constitucional considerar que se trata de “instituciones
intermedias”, “tributarias de mayores deberes y controles que los de un particular
ordinario” (sentencia SU-585 de 201739), y por ende, respecto de las cuales tanto el
constituyente como legislador han considerado imperativo subrayar sus deberes,
limitaciones y algunas condiciones indispensables para su creación y
funcionamiento, pues de su actuación depende en buena parte la existencia de
39
En este providencia se indicó: “En efecto, los partidos y movimientos políticos no son entidades públicas que integren la
estructura del Estado, sino en virtud del principio de separación de lo público y lo privado y de la autonomía constitucional
de los partidos y movimientos políticos, son instituciones intermedias, mas no públicas, relevantes para el interés general,
constituidas en desarrollo de los derechos políticos de las personas, del derecho de asociación y del pluralismo político ,
que gozan de personería jurídica reconocida por el Estado (artículo 108 de la Constitución y artículo 2 de la Ley 130 de
1994), cumplen una importante misión dentro del principio democrático y, por esta razón, son tributarias de mayores
deberes y controles que los de un particular ordinario, pero esto no significa que toda su función sea administrativa. Son
plataformas ideológicas, mecanismos de expresión y participación democrática que canalizan las pretensiones de acceso al
poder público y de control al mismo y resulta claro que la realización de reformas de los estatutos internos del partido, no
constituye una función administrativa atribuida a los partidos políticos, sino el ejercicio natural de su capacidad de
autogestión”.
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una democracia sana, seria, transparente y fundamentada en el respeto de los
derechos fundamentales.
165. Ahora bien, la comprensión de la naturaleza particular de agrupaciones
políticas y la justificación y límites de los controles que válidamente se ejercen
sobre las mismas, también ha sido objeto de análisis en la jurisprudencia
constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-490 de 2011 y SU-585 de 2017,
que ilustran que el artículo 108 superior “en su versión primigenia, disponía cláusulas
concretas de protección de los partidos y movimientos políticos”, a fin de asegurar “que la
actividad regulatoria del Estado no fuera utilizada para imponer determinada visión acerca
de la administración del poder político, salvaguardándose con ello el debate democrático
vigoroso y el pluralismo. Esto implicaba, en términos de la norma constitucional, el
reconocimiento a los partidos y movimientos de la prerrogativa para definir sus elementos
definitorios, restringiéndose la actividad regulatoria a aspectos generales, vinculados con
la compatibilidad entre la agrupación y los postulados superiores definitorios del modelo
de Estado”40.
166. Bajo tal perspectiva en fallos como el C-089 de 1994, se fue extrayendo
como regla de control de constitucionalidad de las normas legales estatutarias
referidas a la organización y estructura de los partidos y movimientos políticos,
que “El Congreso está facultado para imponer límites a la competencia de las
agrupaciones políticas, a condición que (i) se trate de restricciones genéricas, que no
incidan en la determinación concreta de su estructura y funciones; y (ii) estén
unívocamente dirigidas a mantener la vigencia del sistema político democrático
representativo”41.
167. Sin embargo, como lo destaca la misma jurisprudencia constitucional, la
posibilidad de imponer límites a las competencias de las agrupaciones políticas
paulatinamente fue creciendo, debido a la necesidad de enfrentar situaciones
como la proliferación de partidos políticos débiles, el crecimiento de
microempresas electorales, la manipulación de electorado, la corrupción, el
transfuguismo, entre otras, que requirieron medidas estructurales destinadas al
fortalecimiento del sistema democrático, a través de la organización de los
partidos y movimientos políticos, propósitos que justificaron que en los actos
legislativos 01 de 2003 y 2009 se introdujeran importantes exigencias y
restricciones a las agrupaciones políticas, tales como:
➢ Condiciones más exigentes para la asignación de curules, a través del
sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un
mínimo de votos que no podrá ser inferior al 3% de los sufragios válidos
40
Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011.
41
Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, al analizar algunos apartes del fallo C-089 de 1994, entre los que se
destaca el siguiente “A este respecto la Corte encuentra que en un sentido negativo la ley que se ocupe de la organización
y régimen de los partidos, no puede, en principio, imponer a los partidos y movimientos, entre otras cosas, las siguientes: (1)
condiciones y exigencias específicas sobre la implantación de un determinado procedimiento de adopción de sus decisiones
internas - de acuerdo con los antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente, la adopción del artículo 108 inciso 2 de
la CP buscaba establecer esta garantía -; (2) el contenido y el sentido concretos de una determinación que de acuerdo con
sus estatutos corresponda tomar a un órgano suyo; (3) la forma especial de integrar sus órganos internos; (4) el contenido
particular de sus estatutos y programas. || En un sentido positivo, la ley que regula la organización y régimen de los partidos
y movimientos políticos, puede, por vía general, determinar la organización de los partidos, siempre que se trate de ordenar
su estructura genérica y ella resulte necesaria para el ejercicio de las funciones que están llamados a cumplir o para el
correcto funcionamiento del sistema democrático”.
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para Senado de la República o 50% del cociente electoral en el caso de las
demás corporaciones.
➢ Listas únicas avaladas por el partido o movimiento político (el elector no
elige estos candidatos de forma uninominal, sino que vota por la lista de la
colectividad – incluso en el voto preferente).
➢ Establecimiento de un régimen severo de bancadas.
➢ Causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos
políticos si estos no celebran convenciones por lo menos durante cada 2
años.
➢ Impedir el ingreso de candidatos con vínculos o que hayan recibido apoyo
electoral de grupos armados ilegales.
➢ Silla vacía, es decir, la prohibición en las corporaciones de elección popular
de proveer reemplazos cuando las vacancias se generaron por condenas
y/o órdenes de captura por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de
narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los
mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.
➢ Prohibición de doble militancia.
➢ “(F)ortaleció las funciones del Consejo Nacional Electoral para ejercer
eficazmente la inspección, vigilancia y control de los partidos y movimientos
políticos, con incluso la posibilidad de revocar su personería jurídica y revocar la
inscripción de candidatos”42 incursos en causal de inhabilidad.
168. En desarrollo de los mencionados actos legislativos, en especial el 01 de
2009, “el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1475 de 2011, cuya
constitucionalidad fue examinada por la sentencia C-490 de 2011. En lo que interesa a la
autonomía de los partidos y movimientos políticos, dicha sentencia concluyó que a pesar
de que las reformas constitucionales de 2003 y de 2009 habían introducido “un cambio
cualitativo en el grado de intervención del Estado en la organización interna y la estructura
de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos”43, el mismo
no significó el abandono de dicha garantía para la autogestión de los partidos y
movimientos políticos, sino el establecimiento de mayores limitaciones a la misma”44.
169. Entre las mencionadas limitaciones, para el caso de autos se destaca el
registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas a cargo del CNE, en el
que según el artículo 3° de la referida ley, se inscribirán “las actas de fundación, los
estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o
programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus
afiliados”, decisiones cuyo registro depende de la autorización del referida
autoridad electoral, “previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas
42
Corte Constitucional sentencia SU-585 de 2017.
43
Corte Constitucional, sentencia C-490/11.
44
Corte Constitucional sentencia SU-585 de 2017.
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de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los
correspondientes estatutos”.
170. La Sala considera que con la anterior norma se hizo énfasis en la
trascendencia de las tareas de inspección, vigilancia y control del CNE sobre las
agrupaciones políticas (art. 265 de la C.P.), entre las que se encuentra desde la
Ley 130 de 1994 (art. 7), llevar un registro de los directivos de aquéllas y resolver
las impugnaciones que se presenten contra tales designaciones, pues “para
todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los
partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él”, atribuciones que
fueron reiteradas en la Ley 1475 de 2011, artículo 9°, también declarado
exequible45.
171. Se afirma que a través de la consagración del referido registro y el deber
de las agrupaciones políticas de reportar al CNE las decisiones más relevantes
relativas a su constitución, funcionamiento, composición y dirección, facilita y
realza la labor de inspección, vigilancia y control de la autoridad electoral, pues
expresamente se le encomienda inscribir las actuaciones que cumplan los
requisitos constitucional, legal y estatutariamente establecidos, de manera que no
solo debe recopilar, organizar y custodiar información de los movimientos y
partidos políticos, sino efectuar un análisis de validez de sus decisiones, por
consiguiente, no aceptar las que están en contradicción con el ordenamiento
jurídico.
172. Así lo ha destacado la Sección Quinta del Consejo de Estado en un proceso
en el que también fue parte el Partido ASI, y en el que se precisó a partir de la
sentencia C-490 de 2011, que declaró la exequibilidad del actual artículo 3° de la
Ley 1475 de 2011, que labor del CNE en la administración de dicho registro no es
meramente formal, sino que implica un control material.
173. Sobre el particular se transcriben las siguientes consideraciones del fallo del
11 de febrero de 2021 de esta Sección:
“La Corte Constitucional al ejercer la revisión previa de constitucionalidad del
artículo 3º de esta Ley 1475 de 2011, mediante Sentencia C-490 de 2011, precisó:
45
En efecto, en la sentencia C-490 de 2011 el artículo 9 ibidem fue declarado exequible bajo las siguientes consideraciones:
“37. El artículo 9º del Proyecto contiene cinco enunciados normativos diferenciados, a saber: (i) la definición de directivos de
partidos y movimientos políticos, entendiéndose como aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la
organización, hayan sido inscritas ante el CNE como designados para dirigirlos, y para integrar sus órganos de gobierno,
administración y control; (ii) la potestad del CNE para exigir que se verifique la inscripción de dichos directivos, en caso que
esta no se haya realizado en el término allí previsto; (iii) la facultad para que cualquier delegado al congreso o convención
del partido impugne ante el CNE la designación de esas directivas, en razón de la violación grave de los estatutos del
partido o movimiento; (iv) la prohibición al CNE para que inscriba como directivos a personas distintas a los miembros
inscritos del partido o movimiento respectivos; y (v) la instauración del plazo de dos años para que los partidos y
movimientos ajusten sus estatutos a la nueva regulación, periodo durante el cual las directivas democráticamente
constituidas podrán tomar las decisiones que competen a las colectividades correspondientes.
En apartados anteriores se ha indicado que la Constitución prevé tanto la necesidad que los partidos y movimientos
políticos cuenten con órganos directivos que ejerzan las funciones que la misma Carta les prescribe y, a su vez, sean
responsables de las acciones y finalidades de las colectividades. Ello explica que el legislador estatutario ofrezca una
definición estipulativa del concepto “directivo” de los partidos y movimientos políticos. De igual modo, las competencias que
la Carta Política confiere al CNE, en especial la de carácter general de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, junto con sus directivos, justifica que el registro de los directivos
sea administrado por dicho organismo. Esta misma razón sustenta, desde la perspectiva constitucional, la potestad para
que esa institución, en aras de lograr el cabal cumplimiento de sus funciones, pueda requerir que ese registro se lleve a
cabo”.
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(…) Previsiones de esta naturaleza, salvo el asunto relacionado con el registro de
afiliados, no presentan mayores debates en cuanto a su constitucionalidad. De un
lado, la Corte encuentra que la función de registro está estrechamente relacionada
con las funciones que la Carta Política confiere al CNE. En los términos del artículo
265 C.P., el Consejo tiene la función general de regular, inspeccionar, vigilar y
controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los
grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y
candidatos. (…)
La decisión del legislador estatutario de fijar un registro en las condiciones
anotadas, permite que el CNE ejerza sus funciones constitucionales, al contar con
la información mínima necesaria para adelantar las competencias descritas. Por
ende, el registro analizado se limita a fijar un instrumento técnico para el
cumplimiento de una potestad de origen constitucional, lo que justifica su
exequibilidad. Además, permite garantizar principios constitucionales de
significativa importancia, como la publicidad de los actos y la transparencia. (…)
Del aparte transcrito, se advierte el claro papel que cumple este registro público a
cargo de la autoridad electoral, en tanto, además de garantizar la seguridad jurídica
y la publicidad de los actos de designación que se producen al interior de los
partidos políticos y movimientos políticos, se erige como un mecanismo, a través
del cual, el Consejo Nacional Electoral materializa las funciones que el
ordenamiento constitucional y legal le atribuyen. Así las cosas, el registro que
se le impone efectuar a los partidos y movimientos políticos, habilita la
competencia del CNE para cotejar el acto de inscripción frente a las
disposiciones legales, constitucionales y estatutarias, correspondiéndole,
entonces, autorizar o negar el registro solicitado, según si se ha acatado o no
el ordenamiento jurídico. Precisamente, esa fue la facultad que ejerció el CNE en
relación con la inscripción solicitada por algunos miembros del Comité Ejecutivo
Nacional del partido ASI, la cual fue negada en razón a que la solicitud no había
sido radicada por la representante legal del partido ASI, y porque según los
estatutos del partido, la Convención Nacional, era la competente para efectuar
estas designaciones. (…)
De manera que la función atribuida al CNE, no podía cumplirse como si se
tratara de una autorización automática o meramente accesoria, sino la
materialización de una potestad ejercida, bajo el deber de asegurar que la
actuación surtida por la colectividad, se hubiere hecho con estricto apego a
ley y a las normas estatutarias del partido.
Tampoco le asiste razón al demandante cuando señala que el CNE, ha debido
atender la solicitud relacionada con el acta del 31 de mayo de 2019, por
tratarse de un “mero registro”, conforme lo preceptúa el artículo 70 de la Ley
1437 de 2011, de un lado, porque, como quedó explicado, el órgano electoral
tenía el deber de autorizar el registro de los mencionados documentos previa
verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y
funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes
estatutos y, de otro, porque la disposición que se solicita aplicar tiene un alcance
distinto, al que pretende darle el actor, en la medida que solo señala la forma como
deben notificarse los actos de certificación o registro”46. (destacado fuera de texto).
174. Desde luego, como también se indicó en la sentencia C-490 de 2011, el
Consejo Nacional en ejercicio de sus atribuciones está sometido a la Constitución
y la ley, y por ende, las decisiones que profiera en relación con el ejercicio de la
autonomía de los partidos políticos, por ejemplo, la designación de sus directivos,
que es una de las actuaciones que debe registrarse (arts. 3 y 9 de la Ley 1475 de
46
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de febrero de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-
03-28-000-2020-00007-00.
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2011), también son susceptibles de control judicial. Así los subrayó la Corte en la
mencionada providencia:
“En todo caso, también debe resaltarse desde ahora que la competencia del CNE,
lejos de ser omnímoda, está sujeta al cumplimiento de los preceptos
constitucionales y legales, en especial aquellos relacionados con la protección del
derecho al debido proceso. Esto bajo el entendido que aunque las competencias del
CNE son de raigambre constitucional, ello no significa que ese organismos quede
liberado del cumplimiento del deber de juridicidad que vincula a todos las
instituciones del Estado.
La necesidad de otorgar eficacia normativa a las regulaciones internas de los
partidos y movimientos políticos justifica que el legislador estatutario haya previsto
que las decisiones de esas agrupaciones que contravengan los estatutos, en lo que
respecta a la designación de los directivos, sean objetables ante la CNE, quien
deberá resolver lo pertinente con sujeción a los preceptos superiores y los mandatos
del legislador. Ello más aún cuando el artículo 265-6 C.P. confiere a ese organismo
la función de velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos
políticos, entre las que se destacan los mencionados estatutos. Es en ese orden de
ideas que también encuentra sustento la prohibición de que ciudadanos ajenos al
partido y movimiento político integren sus órganos directivos, pues este es un
vínculo mínimo exigible a toda colectividad política organizada y sometida a criterios
de disciplina partidista, del modo como se ha explicado en este fallo.
Ahora bien, debe también la Corte resaltar que lo dispuesto en la norma analizada
[art. 9°] es en entero compatible con la posibilidad que los ciudadanos, en ejercicio
de las competencias previstas en la Constitución y la ley, requieran el escrutinio
judicial de las medidas adoptadas por el CNE, a través de los mecanismos propios
de la jurisdicción contenciosa. Esto por la simple razón que, como se ha indicado,
los actos que desarrolla ese organismo no son omnímodos y responden a la Carta
Política y las normas legales”.
175. Volviendo a la importancia del registro de partidos, movimientos y
agrupaciones políticas, vale la pena resaltar que constituye un mecanismo que
garantiza la publicidad de sus decisiones, a fin de que sus integrantes, la
ciudadanía y las autoridades tengan acceso a los aspectos más relevantes y
puedan ejercer control sobre los mismos, desde luego, con las limitaciones que el
ordenamiento jurídico establece, por ejemplo, el respeto de los “principios propios
del derecho constitucional al hábeas data”47, en virtud de los cuales la Corte
Constitucional declaró exequible el artículo 3° de la Ley 1475 de 2011, en el
entendido que la administración de datos personales sobre filiación partidista que
realizan las agrupaciones políticas debe sujetarse a aquéllos.
176. Y es que al incluirse las decisiones más relevantes de éstos en el referido
registro, previa autorización del CNE, se garantiza que su contenido y alcance sea
conocido por todos los interesados, y por consiguiente, que sean oponibles a los
mismos, que se predique respecto de ellas los efectos que le son inherentes y los
atribuidos por el ordenamiento jurídico.
177. A partir de las consideraciones hasta aquí desarrolladas sobre la naturaleza
de las agrupaciones políticas, su labor e importancia en el sistema democrático
colombiano, el alcance del principio de autonomía, las limitaciones y controles que
47
Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011. En cuanto a tales principios se refirió de manera especial a la libertad,
necesidad, veracidad, integridad, utilidad, circulación, incorporación, caducidad e individualidad.
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constitucional y legalmente se les han impuesto, entre las que se destaca para el
caso de autos el registro de partidos y movimientos políticos y su administración
con una perspectiva material y no meramente formal por el CNE, a juicio de la
Sala, las decisiones relativas a la normatividad interna de los partidos y
movimientos y políticos, para que surtan efectos jurídicos deben ser incluidas en el
mentado registro.
178. Si no fuera así, el legislador en el artículo 3° de la Ley 1475 de 2011 no
hubiere señalado expresamente que sus estatutos y reformas son objeto del
referido registro, y que para tal efecto deben contar con la autorización, esto es, la
aprobación, el visto bueno del CNE, “previa verificación del cumplimiento de los
principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la
ley y los correspondientes estatutos”.
179. En efecto, el propósito de la intervención del CNE en la revisión de la
normatividad interna de las agrupaciones políticas, antes de que mediante la
inclusión en el registro se haga pública y exigible a todos los interesados, es
someter aquélla a un control previo por la autoridad constitucionalmente habilitada
para inspeccionarlos, vigilarlos y controlarlos, con el fin de evitar que incurran en
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, dada la transcendencia que
puede tener sus decisiones en la vida democrática del país, restricción o carga
que ha sido considera conforme con el ordenamiento jurídico (sentencias C-089
de 1994 y C-490 de 2011) en virtud de los fines constitucionales que persigue,
desde luego, siempre y cuando tal labor no implique desconocer su autonomía, lo
que ocurre por ejemplo cuando se imponen:
“(1) condiciones y exigencias específicas sobre la implantación de un determinado
procedimiento de adopción de sus decisiones internas - de acuerdo con los
antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente, la adopción del artículo 108
inciso 2 de la CP buscaba establecer esta garantía -; (2) el contenido y el sentido
concretos de una determinación que de acuerdo con sus estatutos corresponda
tomar a un órgano suyo; (3) la forma especial de integrar sus órganos internos; (4)
el contenido particular de sus estatutos y programas.”48.
180. Asimismo se estima, que la perspectiva según la cual los estatutos y sus
reformas requieren para su eficacia su inclusión en el registro de agrupaciones
políticas, se acompasa con los principios de publicidad y oponibilidad, pues en
estricto sentido sólo cuando dicha normatividad se da a conocer a todos los
interesados, legítimamente puede exigirse su cumplimiento, en especial, cuando
su contenido fue sometido a la revisión de la autoridad competente, lo que en
principio garantiza que la regulación pertinente se ajuste al ordenamiento superior,
sin perjuicio de un análisis posterior que en cada caso acredite lo contrario.
181. Es más, predicar que no se requiere del referido registro para que la
normatividad de las agrupaciones políticas tenga plenos efectos, podría propiciar
por parte de éstas la dilación en el cumplimiento de su deber de poner en
conocimiento del CNE las decisiones más relevantes y privaría de eficacia y
eficiencia la labor de inspección, vigilancia y control a cargo de la anterior
48
Corte Constitucional, sentencia C-089 de 1994.
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autoridad electoral, con el riesgo de que mientras asume el conocimiento de las
respectivas reformas y se realiza el estudio de fondo correspondiente, puedan
materializarse decisiones y actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, que
no han tenido la debida publicidad y por ende oponibilidad, debido a que aún no
han sido incluidas en el señalado registro.
182. Desde luego, debido a la importancia de la decisión del CNE, también es
exigible a éste que emita una respuesta frente a las solicitudes de registro en un
término razonable, pues la tardanza injustificada de su pronunciamiento podría
convertirse en un obstáculo para el ejercicio efectivo de la autorregulación y
autogestión de las agrupaciones políticas, una manera ilegítima de afectar su
autonomía, con consecuencias adversas para éstas y sus integrantes, de allí la
responsabilidad que le asiste a la autoridad electoral de adoptar decisiones de
manera expedita.
183. Asimismo, la Sala recuerda que las decisiones, omisiones y actuaciones del
CNE están sujetas a control jurisdiccional, de manera tal que las agrupaciones
políticas frente a las limitaciones y controles a los que están sometidas, cuentan
con mecanismos judiciales eficaces para la protección de sus derechos, también
procedentes frente a las determinaciones que se adopten frente a las decisiones
objeto del registro de partidos y movimientos políticos.
C. Designación y renuncia de los directivos de las agrupaciones políticas
184. Ahora bien, la segunda parte del primer interrogante planteado hace alusión
a si las decisiones atinentes a la designación y renuncia de los directivos de las
agrupaciones políticas en cuanto a sus efectos también están condicionadas a su
inclusión en el registro único de partidos y movimientos políticos, situación que
merece un análisis especial.
185. Lo anterior en la medida, en que formar o no parte de partidos, movimientos
y agrupaciones políticas constituye un derecho fundamental (arts. 40.3 y 107 de la
C.P), estrechamente relacionado con otros de la misma naturaleza como el libre
desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y de opinión y la libre
asociación (art. 16, 18 y 20 de la C.P), en los que respeto y la garantía de la
autonomía privada hace parte del núcleo esencial, por lo que primera facie
resultaría contrario a los mismos obligar a un ciudadano en contra de su
voluntad (I) a seguir en determinada colectividad o (II) condicionar su
permanencia a que ésta o una autoridad estatal de su visto sobre la desafiliación.
186. Bajo tal perspectiva por ejemplo, la Sección Quinta del Consejo de Estado
en eventos en que la permanencia de un ciudadano a una agrupación política
depende de definir si incurrió en una situación de inelegibilidad, por ejemplo, la
prohibición de doble militancia, bajo una perspectiva de garantía de los anteriores
derechos, así como los de ser elegido, acceso a los cargos públicos y a hacer
parte del poder político (arts. 40 y 107 de la C.P.), ha subrayado que en principio
la sola presentación de la renuncia a la colectividad política es suficiente para
predicar que cesó su vinculación con la misma, sin que sea necesario condicionar
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la eficacia de dicha decisión a su aceptación por la agrupación o al registro ante el
CNE.
187. Sobre el particular se traen a colación las siguientes providencias y sus
respectivos apartes:
• Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de enero de 2017,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2016-
00005-00. “Pues bien, a folios 290 y 400 del expediente se observa que el señor
FRANCISCO FERNANDO OVALLE ANGARITA, el 20 de mayo de 2015 radicó
ante el Partido Cambio Radical escrito con el que renunció a su militancia en esa
agrupación política.
En lo que respecta a su contenido, basta decir que presenta sello de recibido del
partido y que, además, en la bitácora de correspondencia de dicho colectivo,
allegada por su representante legal, se relaciona el documento “renuncia Francisco
Ovalle Angarita”, con idéntica fecha49, quien además así lo corroboró en certificación
que obra a folio 291.
Sobra decir que este aspecto es independiente del cumplimiento de las obligaciones
que tiene el partido frente al registro de afiliación y retiro que, sobre el particular,
lleva el Consejo Nacional Electoral, pues se trata de una carga que no se puede
endilgar al ciudadano. Luego, no obligando los estatutos Cambio Radical a
formalidades distintas para la renuncia, debe tenerse como válida la examinada por
la Sala.” (Subrayado fuera de texto).
• Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de agosto de
2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-
02. “Sobre el tema que interesa a la Sala Electoral, en el numeral 6.5 se pronuncia
sobre la desafiliación en los siguientes términos50: “Para que opere la desafiliación
de un afiliado a un partido, movimiento o agrupación política con personería jurídica,
se requerirá, en todos los casos que exista una manifestación de la solicitud en tal
sentido por parte del afiliado, con los mismos requisitos exigidos para las solicitudes
de afiliación. La desafiliación operará desde el momento mismo en que el
afiliado comunique su decisión a la organización política. Cuando la
organización política permita la afiliación mediante solicitudes electrónicas deberá
también posibilitar que por el mismo medio se surta la desafiliación. También
procederá la desafiliación por la cancelación de la cédula de ciudadanía o limitación
de los derechos políticos del afiliado y cuando sea expulsado del partido,
movimiento o agrupación política. Las solicitudes de afiliación y desafiliación
deberán ser presentadas directamente a los partidos, movimientos o agrupaciones
políticas” (Énfasis de la Sala).
Dentro de la distinción entre el ingreso de un ciudadano a una colectividad mediante
la afiliación y su conducta antagónica del retiro, a través de la desafiliación, existe
un punto focal común y es que ambas actuaciones, en condiciones normales,
requieren de la manifestación expresa o inequívoca del ciudadano, pero entre
ambas figuras existe una sutil diferencia, que resulta de utilidad para los efectos de
este asunto y es que mientras la afiliación requiere de aceptación51, la desafiliación
no.
49
Folio 409.
50
El contenido es exacto al que se lee en el artículo 6° de la Resolución 1839 de 11 de julio de 2013 “Por la cual se
establece el sistema de identificación y registro de los afiliados a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
y de los integrantes de los grupos significativos de ciudadanos que soliciten realizar consulta interna”.
51
No obstante, la organización electoral ha utilizado una presunción que consiste en que la calidad de afiliado se tiene a
partir de la fecha en que se realiza la solicitud de ingreso a la colectividad, solo que deja a salvo el derecho de la
organización política de no aceptarla, lo cual debe acontecer en un tiempo razonable y con las mismas formalidades de la
solicitud.
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Colofón de las consideraciones anteriores es que la renuncia de militancia a un
corporativo político no está supeditada a la aceptación de éste, solo a la
manifestación concreta, clara, expresa e inequívoca de la intención del militante de
retirarse, circunstancias modales frente a las cuales la Sala ya se ha pronunciado,
como se lee en el antecedente de 3 de noviembre de 201752: (…)
Es entonces la voluntad propia, concebida como la “Elección hecha por el propio
dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo”53, la característica principal
de un acto de renuncia y, en tal medida, quien así lo exprese, no puede ser obligado
a continuar engrosando las filas de una determinada colectividad política, porque
aceptar un comportamiento como el descrito, vulneraría en grado sumo la Carta
Política.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, respetuosa de los derechos ciudadanos,
ha considerado que la renuncia a seguir perteneciendo a un partido o movimiento
político, para que surta efectos, no puede estar sujeta a que se acepte por la
colectividad, pues basta con el hecho de informar el deseo de abandonarla.
En concreto esta Sala manifestó: “Ahora bien, el recurrente, parece aseverar que no
se puede entender que el demandado renunció al partido Cambio Radical pues,
según su criterio, una renuncia solo se entiende como tal hasta que sea aceptada
por el representante legal del partido.
Así las cosas, la Sala encuentra que el argumento de la parte actora carece de
asidero jurídico, porque para entender que una persona ya no milita en determinado
partido, únicamente, es necesario que el militante de manera expresa, clara,
inequívoca y a través de cualquier medio, informe a la organización política que
es su deseo libre y espontáneo dejar de pertenecer ese partido o movimiento
político.
Esto es así, debido a que los efectos de la renuncia a la militancia a un
determinado partido político no pueden estar supeditados a que la dimisión
sea aceptada por la organización, pues lo cierto es que la carga del militante se
agota cuando el militante informa al partido o movimiento político su deseo
abandonar la colectividad, de forma que la aceptación de la renuncia se erige
como un trámite meramente formal”54. (Negrita original del texto)
Conforme con lo dicho en precedencia, se reitera que para conocer si una persona
ha dejado las filas del partido o movimiento político al cual se encontraba vinculada,
es suficiente establecer con certeza el día en que ésta presentó la renuncia, sin
necesidad de que la misma se haya aceptado o no por la colectividad.”. (Subrayas
fuera de texto). (…)
En época más reciente, la Sala sigue siendo unívoca en cuanto a la concepción y
alcance de la figura de la renuncia, como se dejó claro en el antecedente de Sala
de 6 de mayo de 202155: “para que la renuncia tenga la potencialidad de
enervar la prohibición de doble militancia estudiada, debe romper con la
simultaneidad de la conducta, de forma que debe presentarse ante la
organización política respectiva antes de la inscripción al nuevo partido o
movimiento político…”. Y en esa oportunidad, ante la censura de que la renuncia
requiere aceptación, la Sala se decantó por el siguiente planteamiento: “el
recurrente, afirmó… que… una dimisión solo se entiende como tal hasta que sea
aceptada por las directivas de la colectividad política. Así las cosas, la Sala
encuentra que el argumento de la parte actora carece de asidero jurídico, porque
para entender que una persona ya no milita en determinado partido, únicamente,
52
Radicación: 20001233900020160059102. Actor: Edwin Alfredo Amaya Fuentes. Demandado: Jairo Rafael Gómez
Cervantes (Diputado de la Asamblea del departamento del Cesar). M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
53
Real Academia de la Lengua Española.
54
Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 8 de septiembre de 2016, Exp. 2015-00361-01, C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
55
Radicado 08001-23-33-000-2019-00820-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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es necesario que el militante de manera expresa, clara, inequívoca y a través de
cualquier medio, informe a la organización política que es su deseo libre y
espontáneo dejar de pertenecer a ese partido o movimiento político. Esto es así,
debido a que los efectos de la renuncia a la militancia a un determinado
conglomerado político no puede estar supeditada a que la dimisión sea aceptada
por la organización, pues lo cierto es que la carga del militante se agota cuando
informa su deseo abandonar la colectividad, de forma que la aceptación de la
renuncia se erige como un trámite meramente formal.” (Destacados en el texto
original).
188. En el mismo sentido pueden consultarse entre otras:
• Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2017,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 20001-23-39-000-2016-
00591-02.
• Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de julio de 2021, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 47001-23-33-000-2020-00023-02.
• Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de marzo de 2022,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01.
189. Bajo el mismo razonamiento, pero desde la perspectiva de cómo establecer
la afiliación de una persona a una agrupación política o su condición directivo de la
misma, esta Sección ha subrayado que en cada caso debe precisarse si se
cumplieron o no los requisitos establecidos por los partidos, movimientos y
colectividades políticas para tal efecto, independientemente que la designación
figure en el registro que lleva el CNE. Por ejemplo, en providencia del 29 de abril
de 202156, reiterada en pronunciamiento del 9 de septiembre del mismo año57 se
indicó:
“Sobre el particular debe precisarse que esta Sala de Decisión ha sido enfática en
señalar que son los estatutos del respectivo partido, en virtud de la autonomía que
le confieren la Constitución y la ley a este tipo de agrupaciones, los que determinan
los distintos órganos de dirección que puede haber en su interior, así como la
potestad de conformar y elegir sus miembros directivos58.
Por lo tanto, que una persona no figure en dicho registro – del CNE- como directivo
nacional o municipal de una organización política, no necesariamente implica que no
sea directivo. Para verificar tal calidad, necesariamente debe acudirse a los
estatutos del partido o movimiento político así como los actos de conformación del
nivel directivo. (…)
De manera que, tal como lo sostuvo el a quo y el Ministerio Público en su concepto,
es claro que el señor Juan Camilo Aldana Morales fue directivo del MAIS, en su
calidad de secretario de comunicaciones del Comité Ejecutivo Municipal de La
Dorada, dado que no existe ningún elemento probatorio que le reste credibilidad o
desvirtúe el contenido de la Resolución CM 0709 del 11 de abril de 2019 que le
reconoció dicha calidad. (…)
56
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 17001-
23-33-000-2019-00602-02.
57
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de dos 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate (E), Rad.
25000-23-41-000-2019-01112-01.
58
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de enero de 2017, expediente: 11001-03-28-000-2016- 00005-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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De otro lado, tal y como lo advirtió la agente del Ministerio Público el acto de registro
de los directivos ante el CNE, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de
la Ley 1475 de 2011, constituye más un elemento de eficacia y oponibilidad ante
terceros, que de existencia de la calidad misma de directivo. Es decir, el hecho de
que no se haga el registro respectivo ante la autoridad electoral, no implica
desconocer la autonomía interna de las agrupaciones políticas y la validez de sus
decisiones y designaciones en tales cargos de dirección, de manera que, las
personas que ostentan esa calidad al interior de la colectividad pueden realizar
actos válidos en su condición de tales, aunque no se encuentren registradas”
(subrayado fuera de texto).
190. Nótese como la Sección sin pasar por alto normas como el artículo 9° de la
Ley 1475 de 2011, que establece que “para todos los efectos, el Consejo Nacional
Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas
debidamente inscritas en él”, tratándose de la filiación de los integrantes de una
agrupación política y de los directivos de la misma, le ha dado prevalencia a la
decisión libre y voluntaria de los ciudadanos y colectividades políticas como
fuentes generadora de derechos y obligaciones, con efectos desde la adopción de
las determinaciones respectivas.
191. Esto desde luego, precisado que el registro ante el CNE es relevante en
cuanto a la oponibilidad ante terceros, en consideración a que sin la referida
inscripción prima facie no puede considerarse que éstos tienen conocimiento de
las designaciones respectivas, como ocurre por ejemplo, cuando la RNEC debe
verificar la condición de representante legal de un partido político para efectos de
la concesión de un aval, evento en el cual válidamente constata tal situación a
partir de la información disponible en el referido registro59.
192. Ahora bien, resulta necesario precisar que en materia de los efectos de la
adquisición y permanencia de la condición de directivo de una agrupación política,
siendo la manifestación libre de la voluntad el aspecto determinante, también debe
analizarse en cada caso las condiciones en que el ciudadano asumió un
compromiso especial con la colectividad, esto es, las responsabilidades que
libremente asumió con la dignidad con que fue ungido.
59
Así lo destacó esta Sección en providencia del 10 de junio de 2021 en la que afirmó:“73. Sin embargo, ante el
interrogante de saber si quien otorga el aval es el representante legal de la colectividad política, el artículo 3º de la Ley 1475
de 2011 trae una regla de publicidad consistente en que se deben registrar por parte de tales agrupaciones ante el Consejo
Nacional Electoral (I) los estatutos y sus reformas, (II) los documentos relacionados con la plataforma ideológica o
programática, (III) la designación y remoción de sus directivos, (IV) el registro de sus afiliados.
74. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe señalar que cualquier inconformidad que se presente frente al acto de elección
de los directivos de las agrupaciones políticas de acuerdo con lo normado en el artículo 9° de la Ley 1475 de 2011, debe
ventilarse ante el CNE, a quien le corresponde controlar los actos de designación de los mismos en los términos que la
norma señala (como también lo destacó el A quo). Por ende, se entenderá que quienes ostenten dicha condición (directiva)
dentro de una colectividad política mantendrán su investidura y así se presumirá hasta tanto no sea impugnada su elección
conforme las reglas que la ley establece para tal fin, sin que sea pasible de ser controlado dicho acto de elección de manera
directa o indirecta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad electoral, sin
que ello impida que la determinación que adopte la autoridad electoral en la materia pueda ser revisada en sede judicial.
75. Entonces, siendo necesario el registro de los directivos y sin que medie impugnación de su designación, se tiene que
quienes los representan legalmente gozan de dicha condición al interior del partido o movimiento político con personería
jurídica, por ende, le corresponderá a cada registrador del estado civil, según sea el caso, al momento de inscribir la
candidatura constatar con el Consejo Nacional Electoral, que quien despliega la condición de ser el que representa a la
colectividad es el que otorgó el aval o quien profirió el acto de delegación según las reglas estatutarias establecidas en cada
caso.
76. Por manera que, dicha herramienta creada por la norma estatutaria de dotar de publicidad la designación y remoción de
los directivos de los partidos y movimientos con personería jurídica se erige como un instrumento que permite a la
Organización Electoral verificar que se cumpla el cometido constitucional establecido en el artículo 107 y de otra parte, que
la ciudadanía en general en uso del derecho fundamental consagrado en el artículo 40 Superior pueda ejercer el control
social respecto de quienes se inscriben sin que dicho requisito sea otorgado en debida forma.” Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021), M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 76001-23-33-000-2019-
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193. Esta salvedad es relevante, en la medida que tratándose de directivos de
las agrupaciones políticas, se trata de personas que de manera libre asumieron
mayores responsabilidades que los simples militantes, y por consiguiente, de
ciudadanos que voluntariamente aceptaron someterse a reglas especiales
relacionadas con el ejercicio de su cargo, por ejemplo, un trámite en el evento de
desvincularse de la agrupación o de la posición en que la que fueron nombrados,
condiciones que prima facie se presumen ajustadas al ordenamiento jurídico, por
ser producto de la facultad de autorregulación de las colectividades políticas y del
acuerdo de voluntades de los interesados, en especial cuando fueron objeto de
revisión y registró ante el CNE, por lo que cada caso debe analizarse prestando
especial atención a sus particularidades, verbigracia los estatutos respectivos.
194. En efecto, así como merece especial protección el derecho de retirarse de
un partido político, en respeto de los derechos fundamentales que están
involucrados con dicha decisión, no puede perderse de vista que en ejercicio de
los mismos quien acepta ser directivo de una agrupación política asume
responsabilidades particulares, está sometido al cumplimiento de reglas
especiales, que salvo que se acredite que son contrarias al ordenamiento superior
debe acatar, pues se itera, se comprometió de manera libre y voluntaria con
preceptos normativos que tienen como fin la garantía de los derechos de los
demás miembros de la colectividad, e inclusive, el debido cumplimiento de los
deberes de ésta, en virtud de los controles a los que está sometida y cuya
transgresión le puede acarrear significativas sanciones (arts. 12 Ley 1475 de 2011
y 134 de la C.P.).
195. Finalmente, en cuanto al control de las señaladas designaciones vale la
pena resaltar a la luz del artículo 9° de la Ley 1475 de 2011, que si las
colectividades políticas no informan dentro de los 10 días siguientes sobre las
mismas al CNE, éste de oficio está facultado para realizar la revisión
correspondiente, con la posibilidad de efectuar el registro si a ello hubiere lugar.
Además, la autoridad electoral es la encargada de resolver las impugnaciones que
se presenten en cuanto a los nombramientos o elecciones, decisiones de aquélla
que como lo ha precisado la Corte Constitucional60 y esta Sección61, son
susceptibles de control judicial.
196. Las anteriores consideraciones revelan que tratándose de la designación y
renuncia de los directivos de las agrupaciones políticas, el registro que administra
el CNE y que le permite a la ciudadanía conocer las principales autoridades de
éstas (como lo señala el artículo 9 ibidem), es declarativo más no constitutivo, es
decir, declara, da constancia de las circunstancias relativas al nombramiento,
permanencia y remoción de los directivos, más no constituye un requisito para que
se predique la existencia de estas situaciones o para que nazca a la vida jurídica
la designación o la renuncia, por ejemplo.
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D. Otras circunstancias de pérdida de la condición de directivo de
colectividad política y su registro
197. Además de la renuncia como situación que da lugar a que cese la condición
de directivo de un partido, movimiento o agrupación política, se encuentra el
fallecimiento y la existencia de una decisión en firme proferida autoridad
administrativa, judicial o de la misma colectividad que tiene como fin o
consecuencia la destitución.
198. En cuanto a la muerte, basta señalar que en sí misma implica la terminación
inmediata del vínculo jurídico entre el entonces directivo y la colectividad a la que
pertenecía, por lo que la inclusión de dicha situación en el referido registro
principalmente tiene como fin dar constancia, publicidad con la correspondiente
oponibilidad frente a terceros, de una circunstancia que acaeció con anterioridad
con plenos efectos, por lo que en principio no será dable considerar que solo por
la inscripción cesaron los derechos y obligaciones del directivo inscrito.
199. A la misma conclusión se llega con las decisiones de autoridades judiciales,
administrativas o internas del partido que tienen como fin o consecuencia la
destitución del directivo, pues son las mismas las que establecen sus efectos, los
cuales se materializan una vez se encuentran en firmes, de manera tal que la
inscripción que se haga de ellas en el registro de partidos, movimiento y
agrupaciones políticas daría fe de lo ocurrido, más no constituye un requisito para
que se ejecuten.
200. Ahora bien, sobre de la firmeza de las decisiones de las autoridades
internas del partido, debe tenerse en cuenta el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011,
en tanto establece que las sanciones impuestas por las colectividades a sus
integrantes podrán ser impugnadas en el efecto suspensivo dentro de los 5 días
siguientes a su notificación personal, lo que quiere decir, que si no son
controvertidas ante la autoridad electoral se predica su ejecutoria y sus plenos
efectos. Cuestión distinta es con posterioridad a ello, es decir, una vez éstos se
han producido, el CNE al momento de decidir sobre su registro determine que no
es procedente, porque las sanciones son contrarias al ordenamiento jurídico, con
lo cual éstas cesarían, pues se recuerda, tal labor entratándose de las
colectividades políticas es material, no meramente formal.
E. Conclusión
201. Por las razones expuestas, frente al primer interrogante planteado la Sala
considera, por una parte, que las reformas estatutarias y de la normatividad
interna de las agrupaciones políticas para que surtan efectos jurídicos, requieren
su inclusión en el registro único de partidos y movimientos políticos, a la luz de los
artículos 3° y 9° de la Ley 1475 de 2011, normas concordantes y la jurisprudencia
en la materia.
202. Bajo los mismos parámetros normativos, tratándose de la designación y
renuncia de los directivos de las agrupaciones políticas, la primera surte efectos
desde que se realiza el nombramiento que concuerda con la voluntad de la
persona sobre el que recae, y la segunda desde su presentación ante la
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colectividad, salvo que de manera libre y voluntaria se hayan aceptado
condiciones especiales para dejar de ostentar la condición de directivo, las cuales
deben estar en consonancia con el ordenamiento jurídico.
203. Finalmente, respecto de otras circunstancias (además de la renuncia) por
las que cesaría la condición de directivo, como el fallecimiento y la existencia de
una decisión en firme proferida por autoridad administrativa, judicial o de la misma
colectividad que tiene como fin o consecuencia la destitución, los efectos se
predicarían desde que tienen lugar tales circunstancias.
204. Lo anterior, dada la naturaleza declarativa y no constitutiva del registro en
cuanto a las situaciones relativas a la vinculación de los directivos y las
colectividades a las que pertenecen, sin perjuicio del deber que tienen éstas de
registrar ante el CNE las situaciones relativas a la designación, renuncia y retiro de
sus principales responsables, para su control material por parte de la referida
autoridad electoral y para que sean oponibles a terceros luego de autorizarse su
inscripción.
4.2. Competencia del CNE para dejar sin efectos la medida cautelar del auto
029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional del Partido ASI
205. Uno de los asuntos centrales de la controversia planteada consiste en
establecer si el CNE en el trámite de la impugnación de la Resolución No. 022 del
13 de diciembre de 2019 del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido
ASI, que confirmó totalmente la decisión de primera instancia que expulsó de la
colectividad a los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina
Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín
Almazo Acosta, por la presunta adopción de determinaciones en la sesión del 31
de mayo de 2019, relativas al nombramiento y remoción de integrantes del
señalado Comité y el cambio de la estructura regional del partido, tenía
competencia para dejar sin efectos el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del
mismo Tribunal, proferido dentro de un proceso disciplinario distinto por la
expedición irregular de un aval.
206. Para comprender la situación de hecho y de derecho que dio lugar al
interrogante antes señalado, a partir de las pruebas aportadas a la presente
actuación, se estima necesario traer a colación las principales circunstancias que
dieron lugar a:
(I) La Resolución No. 022 del 13 de diciembre de 2019 del Tribunal
Disciplinario y de Ética Nacional, que confirmó totalmente la decisión de
primera instancia que expulsó de la colectividad a los señores Angie Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda,
Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta.
(II) El auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del mismo Tribunal, mediante el
cual se suspendió a los directivos políticos antes señalados, dentro de un
proceso en el que se les investigó por el otorgamiento irregular de un aval.
(III) La impugnación ante el CNE de la sanción de expulsión.
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207. A partir lo anterior, podrá comprenderse el alcance de uno de los actos
acusados, la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021 del CNE, que dejó sin
efectos la resolución y el auto antes señalados.
A. Proceso disciplinario que dio lugar a la expulsión de los señores Angie
Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila
Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta
208. De conformidad con el expediente 36735-19 que se tramitó ante el CNE y
que corresponde a la “IMPUGNACIÓN A PROCESO DISCIPLINARIO AL CUAL SE
SURTIÓ APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y SANCIÓN
DISCIPLINARIA, FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 11 LEY 1475 DE 2011 Y DEMÁS
NORMAS CONCORDANTES”, se tiene que:
• Mediante auto del 18 de julio de 2019 del Tribunal Disciplinario y de Ética del
Nacional del partido ASI, al interior de proceso 20190706-001-01, se dio apertura
a una investigación disciplinaria contra los referidos ciudadanos, en su condición
de miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI, fundamentalmente,
por la presunta adopción de decisiones sin competencia en la sesión del 31 de
mayo de 2019, relativas al nombramiento y remoción de integrantes del señalado
Comité y el cambio de la estructura regional de la agrupación.
Se destacó, por ejemplo, que en la anterior reunión (31 de mayo de 2019) se
designó como nuevo vicepresidente al señor Antonio Almazo Acosta y secretaria
general del partido a la señora Angie Vanesa Martínez Damián, lo que implicó la
remoción de la señora Sor Berenice Bedoya como representante legal de la
colectividad.
Asimismo, se señaló que, con ocasión de tales decisiones, en nombre del Comité
Ejecutivo Nacional funcionaron 2 equipos de trabajo distintos, por un lado, el
existente antes de la sesión del 31 de mayo de 2019, y de otro, el conformado a
partir de ésta, situación que se denunció, obedeció a la conducta de los
investigados.
Adicionalmente, se observa que en el auto del 18 de julio de 2019 se adoptó como
medida cautelar la suspensión provisional de aquéllos en los cargos que
ocupaban, pues “podrían interferir en la investigación tratando de desvirtuar las
acusaciones que pesan en su contra por medio de comunicados dirigidos a la militancia
del partido, que lograrían poner en riesgo la unidad del mismo en época de elecciones
regionales”.
• A través del proveído N° 20190706-001-01 notificado el 18 de noviembre de
2019, el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido ASI expulsó de éste
a los mencionados ciudadanos, al establecer que incurrieron en faltas graves
como el no acatamiento de las directrices programáticas, disciplinarias,
estatuarias, político electorales de la colectividad; el no sometimiento a las
decisiones adoptadas por los órganos directivos de ésta; la extralimitación y
omisión de funciones en el ejercicio del cargo, entre otras, por haber acordado de
manera dolosa “ir en contra de la institucionalidad”, autoproclamándose “únicos
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dirigentes del partido perjudicando el devenir normal y el buen funcionamiento del
mismo”.
• La anterior decisión fue recurrida por los sancionados, lo que dio lugar a la
expedición de la Resolución 022 del 13 de diciembre de 2019, mediante la cual el
Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido ASI confirmó la decisión de
primera instancia.
B. Proceso disciplinario contra los señores Angie Vanessa Martínez Damián,
Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas
y Antonio Martín Almazo Acosta, por la expedición irregular de un aval
209. De conformidad con el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal
Disciplinario y Ética del Partido ASI se observa:
• Mediante la decisión antes señalada, el referido Tribunal, dentro del expediente
20200902-029, inició investigación disciplinaria y formuló pliego de cargos contra
los ciudadanos antes señalados, porque el 25 de junio de 2019, otorgaron sin
competencia un aval al señor Nelson Javier Álvarez Navas a la Alcaldía de
Piedecuesta, para el periodo 2016-2019.
Como antecedente de la anterior conducta, que fue la que justificó la formulación
del pliego de cargos, se relató que los investigados en sesión del 31 de mayo de
2019, adoptaron decisiones relativas a la modificación de la composición del
Comité Ejecutivo Nacional, desconociendo a las personas que fueron elegidas y
registradas válidamente como integrantes de éste.
Puntualmente se reprochó que, con posterioridad a la referida reunión, los
investigados otorgaron el señalado aval, desconociendo que dicha tarea le
corresponde legal y estatutariamente a la representante legal de la colectividad.
• En el mismo auto a título de medida cautelar se suspendió provisionalmente a
los mencionados ciudadanos del ejercicio de sus cargos “por el término inicial de tres
(3) meses y hasta tanto se profiera una decisión de (sic) defina definitivamente la
situación jurídica de los investigados”. Lo anterior, “en el entendido que existen
fundamentos probatorios suficientes que permiten inferir razonablemente que existe la
comisión de acciones o de conductas que afectan el normal funcionamiento y buen
nombre del partido desplegadas por parte de los investigados, razones más que
suficientes para acceder a las pretensiones legales del veedor Nacional teniendo en
cuenta que el comportamiento de los investigados no solo transgrede lo establecido en los
estatutos del partido y lo normado en el código de ética del partido, si no en la legislación
electoral y la Ley penal Colombiana.”
• Como se expondrá más adelante, el proceso que dio lugar a la medida cautelar
del auto 029 de 2020 no culminó con una decisión sobre la responsabilidad de los
investigados, por lo que respecto de la misma no se activó el mecanismo de
impugnación de que trata el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, sin embargo,
estuvo vigente durante la expedición de todas las resoluciones cuya nulidad se
pretende.
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C. Impugnación ante el CNE de la sanción de expulsión del partido ASI
210. Según el expediente 36735-19, aportado por el CNE se observa lo
siguiente:
• En el marco del artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, los señores Angie Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio
Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, mediante escrito radicado el 23 de
diciembre de 2019, impugnaron ante el CNE la sanción de expulsión del Partido
ASI.
• La autoridad electoral avocó conocimiento de la impugnación a través del auto
N° 36735-19 del 16 de junio de 2020.
• De conformidad con el acta del 8 de octubre de 2020, en la misma fecha se llevó
a cabo una audiencia ante el CNE, con el fin de sanear el proceso, fijar el litigio y
decretar pruebas. En cuanto al segundo asunto se indicó:
“En relación con la fijación de la controversia o del litigio, el despacho hace la
siguiente precisión: la definición que deberá hacer el Consejo Nacional Electoral
versa sobre los siguientes aspectos:
2.18. Competencia del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido Alianza
Social Independiente, para sancionar a los impugnantes.
2.19. Norma aplicable al procedimiento disciplinario adelantado por el Tribunal
Disciplinario y de Ética Nacional del Partido Alianza Social Independiente.
2.20. La tipicidad de la conducta de los impugnantes.
2.21. La antijuridicidad.
2.22. La culpabilidad.
2.23. La proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad de la sanción aplicada a los
impugnantes.
2.24. Eventuales violaciones al debido proceso, relacionadas con:
2.24.1. El proceso de notificación del auto de formula cargos.
2.24.2. La violación al derecho a la defensa.
2.24.3. Violación a la presunción de inocencia.
2.24.4. Violación al derecho a guardar silencio”.
Todos, asuntos referidos a la sanción de expulsión de la colectividad y el trámite
que le precedió.
En dicha audiencia dentro de los documentos aportados por los sujetos
procesales, se relacionó el auto 029 de 2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional del Partido ASI62, es decir, el atinente al proceso que se adelantaba
contra los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón,
Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo
Acosta, por la expedición irregular de un aval.
• A través del numeral 1° de la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021, el
CNE dejó sin efectos: (I) el auto de apertura de la investigación disciplinaria del 18
62
Allegado por la impugnante Angie Martínez.
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de julio de 2019, (II) la Resolución de Fallo 20190706-001-01 que impuso la
sanción y (III) la Resolución 022/2019 que la confirmó
Frente al auto de apertura de la investigación, se estimó que era contrario al
ordenamiento jurídico porque: (I) a través de él se impuso como medida cautelar la
suspensión del cargo de los investigados por el término de 3 meses, aunque tal
potestad no está prevista en los estatutos ni en el Código de Ética de la
organización política. (II) Agregó, que éste y el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011,
contemplan como una de las sanciones la suspensión del cargo directivo por el
mismo término, de manera tal que no es coherente predicar que lo que se
consagra como sanción definitiva se imponga de manera preliminar a título de
medida cautelar. (III) También se reprochó que dicho auto en su numeral 4°, dejó
sin efectos las decisiones del 31 de mayo de 2019 del Comité Ejecutivo Nacional,
aunque el Tribunal Disciplinario no tenía competencia para adoptar tal
determinación.
Respecto a las decisiones que impusieron la sanción de expulsión del partido
político, se advirtió que en el procedimiento correspondiente se incurrió en
irregularidades como la notificación en indebida forma del auto que resolvió la
apelación contra el auto que dio apertura a la investigación disciplinaria (a los
señores Honorio Abadía Rojas y Angie Vanesa Martínez Damián) y del fallo de
primera instancia. Además, que se desconoció la presunción de inocencia, el
derecho de defensa de los investigados y que para la imposición de la sanción no
se respetaron los principios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad.
En el numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución No. 183 del 20 de
enero de 2021, se dejó sin efectos la medida cautelar decretada por el Tribunal
Disciplinario y de Ética mediante el “Auto N° 029 del 2 (sic)63 de septiembre de 2020”,
que ordenó la suspensión de los cargos ocupados por los señores Angie Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio
Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta.
Se pronunció sobre la medida cautelar decretada dentro de un proceso distinto al
que se impuso la sanción de expulsión de la colectividad, debido a que los
sancionados informaron de dicha situación.
Subrayó la resolución, que el legislador estableció como garantía de los directivos
políticos, la posibilidad de impugnar en el efecto suspensivo las determinaciones
de los órganos de control interno, con el fin de continuar en sus cargos hasta que
el CNE adopte la decisión definitiva.
Destacó esta circunstancia, porque la anterior garantía se torna inane si se
permite la imposición de medidas cautelares como la decretada en el auto 029 de
2020, máxime cuando son contrarias al ordenamiento jurídico, como se expuso
respecto de la suspensión de cargos impuesta a través del auto de apertura de la
investigación disciplinaria del 18 de julio de 2019.
63
La decisión de suspensión es del 3 de septiembre de 2020.
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Sobre este último punto, el CNE después de exponer las razones por las cuales la
medida cautelar de suspensión del cargo, impuesta mediante el auto de apertura
de la investigación disciplinaria del 18 de julio de 2019 es contraria al
ordenamiento jurídico, argumentó:
“Por lo anterior esta Corporación ordenará dejar sin efecto todas las decisiones de
Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido ASI, que hayan ordenado
medidas cautelares de suspensión del cargo respecto de los impugnantes, y en
ejercicio de la facultad constitucional de inspección, vigilancia y control, advierte a
dicho Tribunal que no podrán imponer dichas medidas en el curso de las
investigaciones que adelanten.
Lo anterior se justifica, ya que el legislador estatutario estableció como garantía de
los directivos, la posibilidad de impugnar las decisiones de los órganos de control
interno de las organizaciones políticas en el efecto suspensivo, es decir, paralizar
los efectos de la sanción como mecanismo para reforzar las garantías de los
investigados, hasta tanto el Consejo Nacional Electoral verifique el cumplimiento del
debido proceso en su conjunto.
Ahora bien, mediante escritos radicados por los impugnantes, informaron a esta
Corporación que no estaban en el ejercicio pleno de sus funciones como miembros
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI, ya que, el Tribunal Disciplinario
mediante Auto No. 029 del 2 de septiembre de 2020, ordenó la apertura de
investigación disciplinaria y la suspensión de sus cargos, con fundamento en la
queja elevada por la Oficina Jurídica del partido, investigación que actualmente
cursa sus distintas etapas procesales.
Lo anterior fue ratificado por el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido,
en respuesta al Auto del 21 de diciembre de 2020 proferido por el Magistrado
Ponente.
Encuentra esta Corporación, que el órgano interno disciplinario, sigue adoptando
medidas cautelares de suspensión del cargo a los impugnantes, en el curso de otros
procedimientos disciplinarios lo cual en la práctica dejó inane, ineficaz y estéril, la
garantía legal de los efectos suspensivos de la impugnación presentada por los
señores ANGIE VANESSA MARTÍNEZ DAMIÁN, ANA YENCY OSPINA GIRÓN,
GLORIA ISABLE DÁVILA POVEDA, HONORIO ABADÍA ROJAS y ANTONIO
MARTÍN ALMAZO ACOSTA, a la Resolución 022/2019, y que en la práctica dejaría
también inane, ineficaz y estéril la decisión tomada por esta Corporación mediante
este acto administrativo.”
• Contra la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021, los señores Julio
Rodríguez Ramírez, Michele Giraldo y Jimena Candelo invocando la condición de
integrantes del Tribunal Disciplinario y de Ética interpusieron recurso de
reposición, que fue rechazado de plano por el CNE a través de la Resolución No.
2316 del 8 de julio de 2021.
El rechazo de plano obedeció a que según certificación del 1° de marzo de 2021
suscrita por el asesor de inspección y vigilancia del CNE, los integrantes del
mencionado tribunal del partido ASI son los señores Oscar Enrique Bedoya
Sánchez, Camilo Andrés Álvarez Lobatón y Juan Diego Giraldo López, no los
impugnantes, que no acreditaron la calidad de interesados.
En sustento de lo anterior, hizo referencia al artículo 9° de la Ley 1475 de 2011,
según el cual los directivos de las agrupaciones políticas son los designados de
acuerdo con los estatutos de las colectividades y hayan sido inscritos ante el CNE.
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D. Análisis del motivo de inconformidad
211. Las circunstancias antes descritas permiten esclarecer de una parte, que
uno de los actos acusados, la Resolución No. 183 de 2021 del CNE, se dictó con
ocasión de la impugnación de la decisión del Tribunal Disciplinario y de Ética del
Partido ASI, de expulsar de la colectividad a los señores Angie Vanessa Martínez
Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía
Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, por la adopción de decisiones sin
competencia en la sesión del 31 de mayo de 2019, relativas al nombramiento y
remoción de integrantes del señalado Comité y el cambio de la estructura regional
del partido.
212. Por otra, se destaca que la Resolución No. 183 de 2021 dejó sin efectos la
anterior sanción y uno de los actos preparatorios, el auto de apertura de la
investigación disciplinaria del 18 de julio de 2019, en el que adicionalmente se
impuso la medida cautelar de suspensión provisional a los entonces investigados.
213. Adicionalmente y en este punto es que centra el reproche de ilegalidad, la
Resolución No. 183 de 2021 dejó sin efectos la medida cautelar de suspensión
provisional decretada por el Tribunal Disciplinario a través del auto 029 del 3 de
septiembre de 2020, proferido dentro de un proceso distinto al que dio lugar la
sanción de expulsión que fue impugnada ante el CNE en el marco del artículo 11
de la Ley 1475 de 2011.
214. Por la anterior circunstancia, el Partido ASI considera que el CNE, dentro de
un trámite que tenía como único propósito revisar la legalidad de la sanción de
expulsión impuesta a algunos de sus directivos, sólo tenía competencia para
revisar la decisión que fue impugnada, más no para pronunciarse respecto de una
providencia dictada por la autoridad disciplinaria del partido en otro procedimiento
distinto e independiente, que ni siquiera para ese momento había finalizado.
215. A juicio de la Sala, es de recibo el razonamiento que efectúa la parte
accionante, pues analizado en detalle el proceso en el que se profirió la
Resolución No. 183 de 2021, se observa que tuvo lugar:
(I) Por la impugnación de la sanción de expulsión contra los señores Vanessa
Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda,
Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, por la adopción de
decisiones sin competencia en la sesión del 31 de mayo de 2019.
(II) Por dicha circunstancia el CNE avocó conocimiento.
(III) Respecto de la misma se fijó el litigio, destacando que los asuntos
analizar se circunscribían a la legalidad de la mencionada sanción y el
trámite que le precedió, sin que se observe en las anteriores actuaciones,
que paulatinamente delimitaron sobre qué recae la controversia judicial y por
ende, sobre qué tenía competencia la autoridad electoral para pronunciarse
en el trámite respectivo, se haya incluido la validez de una decisión proferida
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dentro de un procedimiento disciplinario distinto al que dio lugar a la sanción
materia de revisión.
216. En efecto, aunque el CNE y algunos de los intervinientes ponen de presente
que en la audiencia de saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas del
trámite de impugnación de la sanción de expulsión del partido ASI64, se puso de
presente la existencia del auto 029 del 3 de septiembre de 2020, no se advierte de
los elementos de juicio aportados, en especial el acta que dio cuenta de dicha
diligencia o de la providencia que citó a la misma65, que se haya establecido como
asunto a abordar la legalidad de la medida cautelar de que trata la anterior
decisión.
217. En especial, cuando es producto de un procedimiento disciplinario distinto al
que se revisó con ocasión de la impugnación elevada ante el CNE, que se
subraya, no versó sobre la señalada suspensión provisional, como para considerar
que por el sólo hecho de haberla mencionado, aportado o destacado sus efectos
adversos por alguno de las partes, la autoridad electoral en el marco del
procedimiento del artículo 11 de la Ley 1475 de 2011 podía dejarla sin efectos.
218. En este punto se destaca que la facultad que tienen los partidos y
movimientos políticos de contar con órganos de control interno que puedan
imponer sanciones a sus integrantes, en especial a sus directivos, como lo
destacó la Corte Constitucional a propósito de la exequibilidad del actual artículo
11 de la Ley 1475 de 2011 (C-490 de 2011), constituye una de las principales
expresiones de su autonomía y autogobierno, que desde luego deben ejercerse
garantizando el debido proceso, y respecto del cual la misma disposición
establece como mecanismo de control la posibilidad de impugnar las sanciones
correspondientes ante el CNE, en virtud de la “claúsula (sic) general prevista en el
artículo 265 C.P., cuando confiere a ese organismo la función de ejercer la regulación,
inspección, vigilancia y control de la actividad electoral de los partidos y movimientos
políticos”.
219. Se hace énfasis en este aspecto, porque el artículo 11 ibidem en primer
lugar reconoce la facultad de las agrupaciones políticas de establecer y hacer
cumplir su régimen disciplinario, por consiguiente, que son ellas en primera
instancia dentro de su autonomía las que deben adoptar las medidas pertinentes
ante conductas que desconozcan el régimen partidista, sin perjuicio de que las
sanciones que impongan sean impugnadas en el efecto suspensivo ante el CNE,
garantizando de esta forma por una parte, un mecanismo de protección de los
derechos de los investigados que pudieron verse afectado durante el trámite
disciplinario, y de otra, estableciendo un conducto específico a través del cual la
autoridad electoral puede ejercer sus funciones de inspección vigilancia y control,
el cual puede activarse bajo dos condiciones, la primera, que las decisiones cuya
revisión se solicita sean aquellas constitutivas de sanciones, y la segunda, que la
impugnación se realice dentro de los 5 días siguientes a la notificación personal de
éstas.
64 Celebrada el 8 de octubre de 2020.
65 Auto 36735-19 del 30 de septiembre de 2020.E
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220. A juicio de la Sala las 2 condiciones que establece el artículo 11 de la Ley
1475 de 2011 para la impugnación de decisiones ante el CNE, obedecen a la
necesidad de reconocer el derecho de autogobierno de las agrupaciones políticas,
de respeto de sus decisiones, y por ende, de un periodo limitado de tiempo en el
que pueden controvertirse ante la autoridad electoral las que implicaron la
imposición de sanciones, es decir, determinaciones producto de un trámite previo
en el que debió garantizarse el debido proceso.
221. Bajo ese entendido, no es de recibo que el CNE en el trámite de la
impugnación de una sanción disciplinaria específica, la expulsión de algunos
directivos del Partido ASI, en el marco del artículo 11 de la Ley 1475 de 2011,
haya dejado sin efectos la medida cautelar impuesta dentro de un trámite
disciplinario distinto, respecto del cual no versaba el asunto por el cual avocó
conocimiento y fijó el litigio, pues con tal proceder intervino en un trámite
disciplinario respecto del cual la colectividad política no había adoptado la decisión
definitiva y del que se le pretermitieron etapas de defensa ante la autoridad
administrativa.
222. No desconoce la Sala que los dos procesos disciplinarios, es decir, el que
dio lugar a la sanción de expulsión y en el que se dictó la medida cautelar de que
trata el auto 029 del 3 de septiembre de 2020, tengan hechos en común, en
especial, la presunta conducta de los investigados de asumir el ejercicio de
funciones que no le corresponden al interior del Comité Ejecutivo Nacional del
partido, desconociendo a quienes figuraban como integrantes de éste antes del 31
de mayo de 2019, pero tampoco puede pasarse por alto, que el hecho que dio
lugar al auto antes señalado y respecto del cual se impuso la medida cautelar de
suspensión provisional, fue el otorgamiento de un aval presuntamente sin
competencia al señor Nelson Javier Álvarez Navas a la Alcaldía de Piedecuesta,
para el periodo 2016-2019, hecho que en manera alguna fue objeto del proceso
disciplinario que tuvo como consecuencia la expulsión de los investigados, ni del
del trámite de impugnación que permitió la expedición de la Resolución No. 183 de
2021.
223. La anterior circunstancia confirma que el CNE, en el procedimiento de
revisión de una sanción dictada dentro de un proceso disciplinario específico,
adoptó una decisión frente a una determinación proferida en un trámite
disciplinario ajeno al que estaba estudiando en virtud del mecanismo de que trata
el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011.
224. Ahora bien, para justificar tal proceder, el CNE y quienes estiman que actuó
de conformidad con el ordenamiento jurídico argumentan que la autoridad
electoral tenía competencia para tal efecto, pues (I) constitucionalmente es la
encargada de regular, inspeccionar, vigilar y controlar las agrupaciones políticas
(art. 265 C.P.) y, (II) que dejó sin efecto el auto 029 del 3 de septiembre de 2020,
porque el mismo se profirió en un contexto de vulneración sistemática de los
derechos de participación política de los señores Angie Vanessa Martínez Damián,
Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y
Antonio Martín Almazo Acosta, respecto de los cuales no bastaba dejar sin efecto
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la sanción de expulsión de la colectividad que era materia de revisión, sino todas
aquellas que les impedían ejercer sus cargos, lo que hacía imperativo
pronunciarse sobre el auto antes señalado.
225. A juicio de la Sala las anteriores razones resultan insuficientes para
justificar el proceder de la autoridad electoral, pues el hecho de que la misma
constitucionalmente sea la encargada de regular, inspeccionar, vigilar y controlar
las agrupaciones políticas, no la exime del deber que le asiste de actuar de
conformidad con el debido proceso, lo que implica por ejemplo, reconocer en cada
actuación su objeto y los asuntos respecto de los cuales puede pronunciarse, es
decir, sobre qué tiene y no competencia.
226. Bajo ese entendido, se reitera, si en el marco del trámite del artículo 11 de
la Ley 1475 de 2011, el CNE estaba revisando la validez de una sanción
específica, frente a la cual asumió conocimiento y fijó el litigio, su competencia se
circunscribió al análisis dicha decisión, no a otras independientes, so pena de
extender en la etapa final del proceso su margen de acción a cuestiones que no
fueron delimitadas, sorprendiendo a los sujetos procesales, pues se terminan
incluyendo y resolviendo asuntos que en estricto sentido no hicieron parte de la
controversia.
227. Tampoco justifica el proceder de la autoridad electoral el hecho de haber
advertido que los derechos de los investigados estaban en riesgo, pues las
medidas de protección de éstos también deben acompasarse al ordenamiento
jurídico, respetar el debido proceso de todas las partes involucradas, so pena de
defender que el fin justifica los medios y/o que en defensa de las garantías
fundamentales las autoridades que las defienden pueden obviar el respeto de
algunas de estas garantías.
228. Perder de vista lo anterior, implicaría avalar que las autoridades
administrativas en su condición de órganos de cierre o de mayor jerarquía, dentro
de un proceso con objeto y fin definido, pueden adoptar decisiones sobre materias
respecto de las cuales no asumieron el conocimiento del asunto o fijaron el litigio,
cuando evidencian la vulneración de derechos fundamentales, es decir, que
podrían ir más allá de los temas que en estricto sentido hacen parte de la
controversia y de la naturaleza y límites del procedimiento en curso.
229. Lo expuesto no significa que las autoridades competentes al advertir la
vulneración de derechos fundamentales que se deriva de una situación que en
estricto sentido no es objeto del proceso que están conociendo, deban omitirla o
guardar silencio, sino activar los mecanismos pertinentes en las oportunidades
respectivas, salvaguardando las garantías de todos los involucrados, lo que
incluye a quienes presuntamente generaron la situación de riesgo para que
ejerzan la correspondiente defensa.
230. Por lo tanto, el hecho de que constitucionalmente el CNE sea la autoridad
que ejerce la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral
(art. 265 C.P.) y que a su juicio haya advertido una grave situación de vulneración
de derechos fundamentales, no le excusaba de respetar el debido proceso, de
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reconocer el alcance y los límites del procedimiento en el que estaba revisando la
validez de una sanción específica, y por ende, que excedió su competencia al
dejar sin efectos una decisión respecto de la cual ni avocó conocimiento ni se fijó
el litigio en el trámite de impugnación de que trata el artículo 11 de la Ley 1475 de
2011.
231. Finalmente, sobre este aspecto de la controversia, el interviniente Antonio
Martín Almazo Acosta alegó que sobre la discusión atinente a la legalidad del auto
029 del 3 de septiembre de 2020 y la competencia del Consejo Nacional Electoral
de dejarlo sin efectos a través de la Resolución No. 183 de 2021, la primera
decisión fue declarada nula por el mismo Tribunal Disciplinario y de Ética del
Partido que la profirió, a través de decisión 003 del 16 de septiembre de 2021, que
es anterior a la presentación de la demanda.
232. Esto con el propósito de reprochar que el partido ASI haya controvertido
judicialmente la Resolución No. 183 de 2021, a pesar de que antes de la
presentación la demanda el Tribunal Disciplinario y de Ética de la colectividad
declaró nulo el auto 029 de 2020, que a juicio de la parte accionante no debió
dejarse sin efectos.
233. Sobre el particular se observa, que el hecho que el Tribunal Disciplinario y
de Ética del Partido ASI haya declarado nulo el auto 029 de 2020, en manera
alguna hace inviable o innecesario el juicio de legalidad que se propuso contra la
Resolución No. 183 de 2021 del CNE, de una parte, porque lo que se analiza en el
proceso de la referencia es la conformidad o no con el ordenamiento jurídico de
las razones de hecho y derecho que invocó de manera autónoma e independiente
la autoridad electoral al proferir la decisión y no la manera en que con
posterioridad a ella actuó la colectividad política, por ejemplo, al dictar el señalado
pronunciamiento del 16 de septiembre de 2021.
234. De otra parte, como se desprende del acápite de antecedentes, la decisión
de la Resolución No. 183 de 2021 de dejar sin efectos el auto 029 de 2020, no
sólo repercutió en el proceso disciplinario en el que éste se dictó, sino fue parte
del fundamento de otros de los actos acusados, como las Resoluciones No. 2316,
2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 del CNE aquí demandadas, todas anteriores al
pronunciamiento del 16 de septiembre de 2021 que en etapa de alegatos invocó el
interviniente.
235. Se subraya esta circunstancia, porque las anteriores resoluciones deben
analizarse como corresponde en este juicio de legalidad, teniendo en cuenta las
circunstancias y los argumentos expuestos por la autoridad electoral para el
momento en que fueron expedidas y surtieron efectos, más no a partir de la
situación generada por decisiones posteriores (por ejemplo, la decisión del 16 de
septiembre de 2021), en especial cuando no fueron dictadas por la entidad
demandada y no tienen la virtualidad de modificar lo dispuesto por ésta, como
ocurre con el mencionado pronunciamiento del Partido ASI.
236. Lo anterior particularmente, cuando a través del proveído del 16 de
septiembre de 2021, lo único que hizo el Tribunal Disciplinario y de Ética del
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Partido ASI fue declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario
en el que se dictó el auto 029 de 2020, invocado como fundamento la Resolución
183 de 2021 del CNE, de manera tal que corresponde a una decisión
consecuencia del anterior acto administrativo, lo que reafirma la importancia y
necesidad de continuar con el análisis propuesto en esta oportunidad, contrario a
lo indicado por el interviniente.
4.3. Impugnación ante el CNE de la Resolución No. 183 de 2021
237. En ese orden de ideas, a continuación se abordará el motivo de
inconformidad relativo al rechazo de plano del recurso de reposición interpuesto
por los señores Julio Rodríguez Ramírez, Michele Giraldo y Jimena Candelo
contra la Resolución No. 183 del 20 de enero 2021.
238. Como se indicó líneas a atrás, contra el anterior acto administrativo los
ciudadanos antes señalados invocando la condición de integrantes del Tribunal
Disciplinario y de Ética interpusieron recurso de reposición, que fue rechazado de
plano por el CNE a través de la Resolución No. 2316 del 8 de julio de 2021,
porque no acreditaron la calidad de interesados, pues según la certificación del 1°
de marzo de 2021 suscrita por el asesor de inspección y vigilancia de la autoridad
electoral, los integrantes del mencionado Tribunal eran los señores Oscar Enrique
Bedoya Sánchez, Camilo Andrés Álvarez Lobatón y Juan Diego Giraldo López, no
los impugnantes.
239. En sustento de lo anterior, la Resolución No. 2316 de 2021 hizo referencia
al artículo 9° de la Ley 1475 de 2011, según el cual los directivos de las
agrupaciones políticas son los designados de acuerdo con los estatutos de las
colectividades y que fueron inscritos ante el CNE.
240. Para establecer si los señores Julio Rodríguez Ramírez, Michele Giraldo y
Jimena Candelo estaban o no legitimados para controvertir la Resolución No. 183
del 20 de enero 2021, deben considerarse los siguientes aspectos:
• Según el acta de la XI Convención Nacional del Partido ASI, el 23 de marzo
de 2019 se eligieron como integrantes del Tribunal Disciplinario y de Ética a los
señores Oscar Enrique Bedoya Sánchez, Camilo Andrés Álvarez Lobatón y Juan
Diego Giraldo López.
• La anterior decisión fue registrada por el CNE mediante la Resolución 2279
del 1 de junio de 2019.
• De acuerdo con el acta de la XII Convención Nacional del Partido ASI, el 22
de enero de 2021, se eligieron como integrantes del referido Tribunal a los
señores Julio Rodrigo Ramírez Guevara, Jimena Candelo Perdomo y Lindsay
Michelle Giraldo Rodríguez.
• Se destaca que de conformidad con el artículo 59 de los estatutos del
Partido ASI, son 3 personas las que componen el referido Tribunal, por lo que con
los anteriores nombramientos se pretendió su renovación.
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• El 28 de enero de 202166, la representante legal radicó ante el CNE el informe
de la XII Convención Nacional en el que dio cuenta de las decisiones adoptadas,
incluyendo la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Disciplinario y de
Ética Nacional.
• Mediante el auto 1554/1555-21 del 23 de febrero de 2021, el CNE avocó
conocimiento del anterior informe, en virtud de su competencia de llevar el registro
de partidos y movimientos políticos, en los que éstos tienen el deber de inscribir
“las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados
con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus
directivos, así como el registro de sus afiliados (art. 3 Ley 1475 de 2011)
(destacado fuera de texto).
• Según lo señala la Resolución No. 2316 del 8 de julio de 2021 del CNE, la
Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021 fue notificada a sus destinatarios
entre el 28 de enero al 12 de febrero del mismo año.
• Contra la Resolución 183 de 2021, el 26 de febrero del mismo año
interpusieron recurso de reposición los señores Julio Rodrigo Ramírez Guevara,
Jimena Candelo Perdomo y Lindsay Michelle Giraldo Rodríguez, que al final de
sus firmas precisaron: “TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA NACIONAL
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI”.
241. Se destacan las anteriores actuaciones, porque de las mismas se
desprende que el CNE desde el 28 de enero de 2021 conoció acerca de la XII
Convención Nacional del Partido ASI, y por ende, de la elección de los nuevos
integrantes del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional, los ciudadanos antes
señalados. Tan es así, que avocó conocimiento del informe relacionado con dicha
convención el 23 de febrero de 2021.
242. En consonancia con lo anterior se tiene, que el para el 26 de febrero de
2021, día en el que se controvirtió la Resolución No. 183 de 2021, había
transcurrido más de un mes desde que el CNE fue notificado por el Partido ASI de
los nuevos integrantes del Tribunal Disciplinario, que precisamente, eran quienes
interpusieron el recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.
243. Por lo tanto, si la Resolución No. 183 de 2021 adoptó decisiones en contra
del acto expedido por el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del partido ASI,
es claro que los principales legitimados en controvertir tal decisión eran los
miembros de éste, que para el momento en que se notificó, correspondían a los
señores Julio Rodrigo Ramírez Guevara, Jimena Candelo Perdomo y Lindsay
Michelle Giraldo Rodríguez, designados por la autoridad competente desde el 22
de enero de 2021.
244. Ahora bien, la Resolución No. 2316 de 2021 llegó a la conclusión contraria
pasando por alto las anteriores circunstancias, porque el CNE se limitó a revisar
66
Según la constancia de radicado correspondiente ante el CNE, al que se le asignó el número 202100001554-00.
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su registro, en el cual como integrantes del Tribunal antes señalado no figuraban
los anteriores ciudadanos, sino los señores Oscar Enrique Bedoya Sánchez,
Camilo Andrés Álvarez Lobatón y Juan Diego Giraldo López, que fueron elegidos
en el 2019.
245. Lo anterior, porque el CNE bajo la interpretación que hace del artículo 9° de
la Ley 1475 de 2011, considera que la condición de directivo de una agrupación
política solo se adquiere y se pierde, cuando la decisión respectiva se incluye en el
registro que administra, y no cuando tiene lugar las circunstancias que hacen
posible la designación o retiro de la colectividad, razonamiento que como se
explicó en detalle al resolver el primer problema jurídico planteado no es de recibo,
en la medida que la decisión de formar o no parte de partidos, movimientos y
agrupaciones políticas y sus directivas constituye un derecho fundamental (art.
40.3 y 107 de la C.P), estrechamente relacionado con otros de la misma
naturaleza como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y
de opinión y la libre asociación (art. 16, 18 y 20 de la C.P), en los que respeto y la
garantía de la autonomía privada hace parte del núcleo esencial, por lo que
resultaría contrario a los mismos obligar a un ciudadano en contra de su voluntad
a seguir en determinada colectividad o condicionar su ingreso y permanencia al
visto bueno de la autoridad estatal.
246. Lo expuesto sin perjuicio, de la posibilidad que existe de controvertir ante el
CNE los nombramientos de directivos de las agrupaciones políticas, y la
importancia que tiene el referido registro en cuanto a la connotación, por una
parte, declarativa y por otra, de oponibilidad de la información consignada ante
terceros, de allí la necesidad de que aquéllas cumplan con su obligación de
reportar inmediatamente las designaciones que efectúan, a fin de qué estás a
título declarativo, no constitutivo, se incluyan en el registro y toda la ciudadanía y
autoridades conozcan quiénes son los principales responsables de las
colectividades, por ejemplo, los representantes legales al momento de verificar el
otorgamiento de avales.
247. Sin embargo, en este caso salta a la vista que un mes antes de que se
decidiera el recurso de reposición contra la Resolución No. 183 de 2021, le fue
informado al CNE sobre el cambio de conformación del Tribunal Disciplinario y de
Ética del Partido ASI, por ende, de los principales legitimados para controvertir el
señalado acto administrativo, de manera tal que con el rechazo se vulneró el
debido proceso.
248. Lo anterior en manera alguna significa que la consulta del registro de
partidos y movimientos políticos sea accesoria, por el contrario, como el mismo es
el que da constancia de los directivos de las agrupaciones, resulta de
trascendental importancia de una parte, que éstas reporten de manera inmediata
las novedades, y de otro, que el CNE al establecer quiénes son los principales
responsables de las colectividades, analice de manera integral toda la información
que le ha puesto de presente y decida de manera expedita sobre la misma, lo que
no ocurrió en el caso de autos.
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249. El hecho de haber procedido así, a juicio de la Sala afecta la validez y
eficacia de las decisiones adoptadas en la Resolución No. 183 de 2021,
particularmente en lo que atañe al presente proceso, en la determinación de dejar
sin efectos la medida cautelar decretada en el auto 029 de 2020, pues quedó
pendiente el estudio de un medio de impugnación procedente cuya resolución de
fondo se requería para establecer si aquélla debía confirmarse, modificarse o
revocarse, por lo que tampoco puede considerarse que con dicho acto
administrativo se garantizó el derecho a la defensa de sus destinatarios (el
Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido ASI), pues no tuvieron una
oportunidad real de que sus argumentos de impugnación fueran analizados en
detalle como correspondía.
4.4. Validez de las razones invocadas por la Resolución No. 183 de 2021 para
dejar sin efecto la medida cautelar decretada en el auto 029 de 2020
250. En consideración a las razones expuestas en los 2 capítulos precedentes,
en los que se ilustró que el CNE al dejar sin efectos la medida cautelar decretada
por el Tribunal Disciplinario a través del auto 029 de 2020 y rechazar de plano el
recurso de reposición contra la Resolución 183 de 2021 actúo en contra del
ordenamiento jurídico, resulta innecesario ahondar en el estudio de las razones de
fondo contenidas en el anterior acto administrativo sobre la medida de suspensión
provisional, que era el objetivo del tercer problema jurídico planteado67, cuyo
análisis se condicionó a una respuesta afirmativa sobre la competencia del CNE
para dejar sin efecto el auto antes señalado, dentro del trámite de impugnación de
la sanción de expulsión de algunos directivos del Partido ASI, lo cual se descartó.
4.5. Sobre la no participación de los señores Angie Vanessa Martínez
Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio
Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta, en la sesión del 17 de
noviembre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI
251. Resueltos los interrogantes relativos a la decisión del CNE de dejar sin
efecto la medida cautelar de suspensión provisional contra los anteriores
ciudadanos, impuesta a través del auto 029 de 2020, corresponde a la Sala
determinar si debían o no ser citados a la reunión celebrada el 17 de noviembre de
2020 del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI, que tuvo como fin reglamentar
y convocar la XII Convención Nacional de la colectividad. En caso afirmativo, si la
falta de comparecencia de aquéllos afectó la conformación del quorum
deliberatorio y decisorio en la mencionada sesión.
252. El problema planteado obedece, a que una de las razones principales que
desarrolló el CNE en la Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 para
(I) dejar sin efectos la convocatoria de la anterior Convención y (II) no inscribir las
designaciones producto de ésta, constituyó que los directivos antes señalados no
67
Que se recuerda consistió en: “(C) De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, si constituyen razones válidas
para que el CNE a través de la Resolución 183 del 20 de enero 2021, dejara sin efectos el auto 029 del 3 de septiembre de
2020 del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido ASI, la imposibilidad de imponer a título de medida cautelar,
la suspensión provisional de los cargos que ocupaban los investigados, so pena de desconocer la normatividad interna de la
colectividad aplicable al caso de autos y el artículo 11.2 de la Ley 1475 de 2011 que contempla tal medida como una
sanción.”
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fueron citados a la sesión del 17 de noviembre de 2020, en la que el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido ASI tomó las decisiones más relevantes para llamar
al órgano de mayor jerarquía de la colectividad.
253. Para comprender las anteriores decisiones y analizar los motivos de
inconformidad, se estima pertinente, a partir de las pruebas aportadas, tener en
cuenta las siguientes circunstancias:
A. Mediante la Resolución No. 2173 del 30 de agosto de 2017, el CNE inscribió
a los siguientes ciudadanos como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del
partido ASI:
Nombre Cargo
1. Sor Berenice Bedoya Pérez Vicepresidenta
2. Diego Fernando Jaimes Porras Secretario general
3. Hernando Chindoy Chindoy Secretario de relaciones internacionales
4. Ana Yenci Ospina Girón Secretaria de asuntos sociales y programáticos
5. Antonio Martín Almazo Acosta Secretario de formación y capacitación
6. Angie Vanessa Martínez Secretaria de juventud
Damián
7. Senaida Epia Chavarro Secretaria de mujer y género
8. Gloria Isabel Dávila Poveda Secretaria de asuntos étnicos
9. Honorio Abadía Rojas Secretario de asuntos regionales
10. Pedro Rolando Valencia Holguín Secretario de ambiente
En la misma resolución se negó el registro del señor Fabián Adolfo Jiménez como
presidente del partido ASI, por la existencia de una inhabilidad debido a una
condena judicial.
B. A través de escrito fechado el 13 de septiembre de 2017, el señor Hernando
Chindoy Chindoy presentó renuncia al cargo de secretario de relaciones
internacionales del partido ASI.
Asimismo, se observa escrito con fecha del 22 de diciembre de 2017, dirigido a la
representante legal y demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, mediante
el cual el señor Hernando Chindoy Chindoy renunció a su militancia al partido ASI.
La decisión del ciudadano antes señalado relativa a la dimisión de su condición de
directivo de la colectividad, fue puesta en conocimiento del CNE a través de oficio
con sello de recibido del 15 de julio de 2019 y radicado 201900013204-00.
El anterior asunto fue remitido mediante oficio con radicado del 22 de agosto de
201968, por la asesora de inspección y vigilancia del CNE a la subsecretaría de
éste, para que se sometiera a reparto entre los magistrados de la corporación.
Mediante la Resolución No. 7761 del 21 de octubre de 2021, el CNE inscribió en el
registro único de partidos y movimientos políticos, la renuncia del ciudadano
Hernando Chindoy Chindoy del cargo de secretario de relaciones internacionales
del Partido ASI.
68
Radicado 201900018636-00.
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C. Según el acta del 17 de noviembre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido ASI, se reunieron los señores Sor Berenice Bedoya Pérez, Senaida Epia
Chavarro, Pedro Rolando Valencia Holguín y Diego Fernando Jaimes Porras,
como miembros de aquél.
En dicha sesión se dejó constancia que los señores Angie Vanessa Martínez
Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía
Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta fueron suspendidos de sus cargos a través
del auto 020 del “2” (sic)69 de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario y de
Ética, razón por la cual no fueron convocados.
Por las anteriores circunstancias y en cumplimiento del artículo 23 de los
estatutos70, se estimó que podría darse aplicación a lo allí normado y, con los 4
integrantes restantes del Comité Ejecutivo Nacional71 se contaba con el 40% de
los miembros, de manera tal que podía sesionarse válidamente para abordar entre
otros asuntos, la convocatoria de la XII Convención Nacional, respecto de la cual
luego de definir que se celebraría los días 21, 22 y 23 de enero de 2021 y los
temas principales a tratar, de manera unánime se delegó su reglamentación a la
representante legal de la colectividad.
D. A través de la Resolución No. 34 del 15 de diciembre de 2020, suscrita por
la representante legal del partido ASI, se convocó a reunión ordinaria de la XII
Convención Nacional de manera virtual el día 22 de enero de 2021 y se regularon
los principales aspectos de ésta, verbigracia, el procedimiento para la elección del
Comité Ejecutivo Nacional.
E. El 7 de enero de 2021, los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana
Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio
Martín Almazo Acosta, invocando la condición de integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional, controvirtieron ante el CNE la Resolución 34 del 15 de diciembre de
2020, por medio de la cual se convocó la XII Convención Nacional.
Los fundamentos de la reclamación fueron los siguientes: “i) por no haberse
invitado a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de esta Agrupación
Política, situación que configura una convocatoria indebida, afectando así el
quórum decisorio para la reunión ordinaria que se celebró el día 17 de noviembre de
2020, en donde se tomaron decisiones referentes a la XII Convención Nacional de
ese partido; ii) por la participación irregular de un ciudadano en la mencionada reunión
ordinaria del día 17 de noviembre de 2020, que no hacía parte del Comité Ejecutivo
Nacional; iii) que la señora Sor Berenice Bedoya Pérez, como representante legal del
Partido Alianza Social Independiente, no tenía la facultad de expedir la Resolución
impugnada, que reglamentó y convocó la XII Convención Nacional Ordinaria Virtual del
mentado Partido Político; y iv) que la expedición de la Resolución N° 034 del 15 de
69
La decisión de suspensión es del 3 de septiembre de 2020.
70
“ARTÍCULO 23. Decisiones de los órganos. Las decisiones de los órganos plurales del Partido Alianza Social
Independiente, serán válidas siempre que estén debidamente convocadas y asistan como mínimo la mitad más uno de sus
miembros. Habrá quorum decisorio con la mitad más uno de los asistentes. Si a la hora señalada en la convocatoria a uno
de los órganos del partido, no se logra la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, podrá sesionarse válidamente
con el 40% de estos y habrá quorum decisorio con el (sic) la mitad más uno de los asistentes.”
71
Los señores Berenice Bedoya Pérez, Diego Fernando Jaime Porras, Seinada Epia Chavarro y Pedro Rolando Valencia
Holguín.
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diciembre de 2020, solo trata de la reglamentación y convocatoria de la XII Convención
Nacional de ese partido, dejando de lado, y sin realizar de manera previa las
convenciones de los niveles Municipal, Distrital y Departamental”72. (destacado fuera de
texto).
F. Mediante auto del 21 de enero de 2021, el CNE avocó conocimiento de la
impugnación antes señalada.
G. El 28 de enero de 2021, la representante legal del partido ASI radicó ante el
CNE el informe de la XII Convención Nacional de la colectividad, en el que dio
cuenta de las decisiones adoptadas, incluyendo la designación de los nuevos
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, el Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional y del veedor de la colectividad.
H. Mediante el auto 1554/1555-21 del 23 de febrero de 2021, el CNE avocó
conocimiento del anterior informe y dispuso la acumulación del asunto con el
relativo a la impugnación de la Resolución 034 de 2020 del partido ASI.
I. A través de la Resolución No. 2317 del 8 de julio de 2021 (uno de los actos
acusados), se resolvió la impugnación contra la Resolución 34 del 15 de diciembre
de 2020. En síntesis, al aceptar la mayoría de los argumentos expuestos contra la
misma, enunciados en el anterior literal “E”73. En consecuencia, dejó sin efectos la
totalidad de ésta y entre otros asuntos le ordenó al Comité Ejecutivo Nacional que
“realice una nueva reunión ordinaria, en donde retome todos los temas en la
reunión del día 17 de noviembre de 2020, garantizando la plena participación de
todos sus miembros, teniendo en cuenta no solo este acto administrativo, sino
también el proveído que resuelva el recurso de la Resolución N° 0183 del 20 de
enero de 2021”, es decir, la 2316 del 8 de julio de 2021.
Frente al primer motivo de inconformidad contra la Resolución No. 34 del 15 de
diciembre de 2020, es decir, el relativo a que no fueron convocados 5 integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional a la sesión del 17 de noviembre de 2020, el CNE en
la Resolución 2317 de 2021 afirmó que era “inviable” pronunciarse teniendo en
cuenta que:
“(…) mediante la Resolución N° 0183 del 20 de enero de 2021 el Consejo Nacional
Electoral decidió el fondo sobre la validez del Auto N° 209 del 2 (sic) de septiembre
de 2020, proferido por el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido
Alianza Social Independiente, el cual impuso medida cautelar la suspensión de las
funciones de sus cargos, a los ciudadanos Angie Vanessa Martínez Damián, Ana
Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio
Martín Almazo Acosta, impidiendo así la invitación y participación de los mismos a la
reunión ordinaria del día 17 de noviembre de 2020. (…) Así entonces, se reitera la
72
Resumen extraído de la Resolución 2317 de 2021 del CNE, mediante la cual se resolvió la impugnación contra la
Resolución 034 de 2020.
73
Excepto el consistente en la participación irregular de un ciudadano en la reunión ordinaria del 17 de noviembre de 2020,
que no hacía parte del Comité Ejecutivo Nacional. Sobre el particular el CNE concluyó, que la participación del señor Luis
Erira, que no hace parte del Comité Ejecutivo Nacional ni de las personas que puede intervenir en las reuniones de éste, y
que consistió en proponer que se modificara el punto 3 del orden del día (informe financiero, análisis y aprobación del
prepuesto para la vigencia 2021), no incidió en la reglamentación y convocatoria de la Convención Nacional de la
agrupación política, es decir, de la decisión objeto de impugnación.
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improcedencia de sustanciar un mismo tema en dos ponencias diferentes, para
evitar así contradicciones en las decisiones que profiere esta Corporación”.
J. El 8 de julio de 2021, el CNE dictó la Resolución No. 2318 de 2021 que:
(I) Dejó sin efectos todas las decisiones que se adoptaron en la Convención XII
Nacional del Parido ASI.
(II) Negó la solicitud de reconocimiento e inscripción de los miembros del
Comité Ejecutivo Nacional, del Tribunal Disciplinario y del veedor nacional
elegidos en aquélla.
(III) Ordenó a todos los integrantes del Comité Ejecutivo inscritos en el Registro
Único de Partidos y Movimientos Políticos mediante la Resolución N° 2279 de
2019, que tomen todas las medidas pertinentes para dar “estricto cumplimiento
de los preceptos estatutarios, sesionen válidamente, adelanten las acciones
previas para la convocatoria al máximo órgano del partido y convoquen la XII
Convención Nacional de esa organización política”.
Para llegar a las anteriores decisiones argumentó:
• Que el 17 de noviembre de 2020 se tomó la decisión de convocar la XII
Convención Nacional de la colectividad, aunque no fueron citados 5 de sus
miembros, “sin que se encuentre justificada dicha omisión, teniendo en cuenta
que las decisiones del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional, en contra de los
señores ANTONIO MARTÍN ALMAZO ACOSTA, ANA YENCI OSPINA GIRÓN,
ANGIE VANESSA MARTÍNEZ DAMIÁN, GLORIA ISABEL DÁVILA POVEDA y
HONORIO ABADÍA ROJAS, se encontraban en curso de impugnación ante el
Consejo Nacional en el efecto suspensivo por expreso mandato del inciso
segundo del artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, lo que deriva en la invalidez de
las decisiones allí tomadas en virtud de lo establecido en el artículo 23 de los
estatutos de la organización política”. (destacado fuera de texto).
• Añadió que según el anterior artículo, a la reunión del 17 de noviembre de
2020 debieron haber asistido por los menos 6 de los miembros del Comité
Ejecutivo, pero solo 4 tomaron la decisión de delegar la reglamentación de
la convención y convocar al máximo órgano de la colectividad.
• Indicó que frente a la situación que antecede, el partido invocó la segunda
parte del artículo 23 de los estatutos, que indica que “si a la hora señalada en
la convocatoria a uno de los órganos del partido, no se logra la asistencia de la
mitad más uno de sus miembros, podrá sesionarse válidamente con el 40% de
estos y habrá quorum decisorio con la mitad más uno de los asistentes”.
Olvidando que este precepto resulta aplicable siempre y cuando se haya
convocado en debida forma a todos los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional, lo que no ocurrió en el caso de autos.
• En atención a la indebida realización de la reunión del 17 de noviembre de
2020, de la convocatoria de la XII Convención Nacional y del
desconocimiento del quorum estatuario, en aplicación del principio de
economía, estimó que no había lugar a adentrarse en el estudio de las
decisiones adoptadas en la mentada Convención, por ejemplo, la
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designación de las nuevas directivas, pues por consecuencia carecen de
validez.
K. Contra la Resolución No. 2317 de 2021 del CNE, es decir, la que dejó sin
efectos la decisión de reglamentar y convocar la XII Convención Nacional
Ordinaria, interpuso recurso de reposición la representante legal del partido ASI,
que expuso los mismos argumentos que sustentan la demanda de la referencia,
sobre la imposibilidad de convocar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional
que se encontraban suspendidos en virtud de una decisión del Tribunal
Disciplinario y de Ética que se encontraba vigente y se presume legal; el hecho
que la Resolución 183 de 2020 del CNE no podía pronunciarse sobre la medida
cautelar dictada en virtud del auto 029 del 2 de septiembre de 2020; que la
autoridad electoral no tuvo en cuenta las renuncias de los señores Hernando
Chindoy Chindoy y Antonio Marín Almazo Acosta; la competencia que tenía para
convocar y reglamentar la XII Convención Nacional por vía de delegación y; que
no era necesario para celebrar ésta llevar a cabo previamente convenciones
municipales y departamentales.
Añadió que, en la sesión del 17 de noviembre de 2020, sí se cumplió con el
quórum decisorio de conformidad con el artículo 23 de los estatutos, pues se
contaba con el 40% de los 10 miembros inscritos del Comité, es decir, con 4 de
éstos, con los que válidamente se tomaron las decisiones respectivas.
L. Mediante la Resolución No. 2900 del 12 de agosto de 2021, el CNE negó el
recurso de reposición propuesto por la representante legal del partido. En cuanto a
la celebración de la reunión del 17 de noviembre de 2020, indicó que el acto
recurrido (2317 de 2021) no se pronunció de fondo, porque respecto de ese
asunto cursaba un procedimiento administrativo distinto frente al cual se dictó la
Resolución 183 del 20 de enero de 2021.
Frente a los demás reproches, que serán analizados al resolver los demás
problemas jurídicos planteados, confirmó las razones que lo llevaron a dictar la
Resolución No. 2317 de 2021.
M. La Resolución No. 2318 de 2021 del CNE, también fue controvertida por la
representante legal del Partido ASI, que reiteró los motivos de inconformidad hasta
aquí expuestos.
N. El recurso de reposición contra el anterior acto fue negado a través de la
Resolución No. 4714 del 8 de septiembre de 2021. En cuanto a la no
convocatoria de 5 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI a la
sesión del 17 de noviembre de 2020, indicó que no “es procedente revivir en esta
etapa procesal y bajo este radicado, aspectos sobre los cuales esta Corporación ya se ha
pronunciado de fondo en las Resoluciones N° 0183 y 2316 de 2021 acerca de la legalidad
de las decisiones tomadas por el Tribunal de Ética y Disciplina del partido - ASI”.
No obstante, insistió en las razones expuestas en el anterior acto administrativo
para considerar contrarias al ordenamiento jurídico las medidas cautelares de
suspensión provisional de los directivos de la referida colectividad, con el propósito
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de ilustrar que no existía una razón válida para no haber convocado a los señores
Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila
Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta a la sesión del 17
de noviembre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI, y por ende,
que las decisiones adoptadas en ésta no cumplieron el quorum estatutario.
254. Del recuento antes expuesto salta a la vista que uno de los principales
fundamentos de las Resoluciones 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 del CNE, para
dejar sin efectos la convocatoria y reglamentación de XII Convención Nacional del
Partido ASI y no inscribir las designaciones que realizó ésta, constituyó la
Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021, en cuanto estimó contrario al
ordenamiento jurídico el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal
Disciplinario de la colectividad, que suspendió de sus cargos directivos a los
ciudadanos antes señalados.
255. Esto al considerar que como la anterior medida cautelar es ilegal, no
resultaba válido invocarla como efecto ocurrió74, para no convocar a los señores
Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila
Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín Almazo Acosta a la sesión del 17
de noviembre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI, en la que se
decidió lo atinente a la convocatoria y reglamentación de la XII Convención
Nacional.
256. En consecuencia, el CNE concluyó que como la reunión que dio lugar a la
anterior Convención fue ilegal, ésta desde su convocatoria y las decisiones
adoptadas carecen de validez, por lo que deben dejarse sin efectos, como lo
declaró mediante las Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021.
257. Ahora bien, como se expuso en los capítulos 4.2 y 4.3 de esta providencia,
debe tenerse en cuenta que la Resolución No. 183 de 2020 del CNE, en cuanto
dejó sin efectos la medida el auto 029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal
Disciplinario del Partido ASI, a juicio de la Sala carece de validez y eficacia, pues
constituyó una decisión que la autoridad electoral dictó por fuera del objeto y fin
del trámite en el que se profirió la resolución antes señalada, y además, contra la
cual se rechazó de plano el recurso de reposición que se presentó contra ella,
aunque el resultaba procedente.
258. Esta circunstancia resulta determinante en el análisis de legalidad de las
Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021, pues quiere decir que uno de
los principales parámetros de validez que tuvieron en cuenta, la Resolución No.
183 de 2021, no puede aceptarse por ser contrario al ordenamiento jurídico.
259. Es decir, que no es recibo avalar que aquéllas se hayan sustentado en la
Resolución No. 183 de 2021 en cuanto dejó sin efectos la medida cautelar del auto
029 del 3 de septiembre de 2020 del Tribunal Disciplinario del Partido ASI, para
considerar que los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci Ospina
Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín
74
Según el acta del 17 de noviembre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional
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Almazo Acosta sí debieron haber sido convocados a la sesión del 17 de
noviembre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional.
260. Lo anterior debido a la relación de dependencia que construyeron las
Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 del CNE, a la decisión de la
Resolución No. 183 de 2021 en cuanto a la referida medida cautelar, al punto de
considerar frente a la controversia relativa a si era válido o no considerar que los
referidos ciudadanos estuvieron suspendidos provisionalmente de sus cargos en
virtud del auto 029 de 2020, para el 17 de noviembre de 2020, que resultaba
improcedente realizar más consideraciones que las efectuadas en el acto 183 de
202175, “revivir en esta etapa procesal y bajo este radicado, aspectos sobre los cuales
esta Corporación ya se ha pronunciado de fondo”76.
261. Es más, conscientes de esa relación de dependencia, la demanda dirigió
buena parte de sus reproches contra la Resolución No. 183 de 2021, pues
finalmente a partir de ella que el CNE le reprochó en los demás actos acusados,
que no se hubiera citado a la reunión antes señalada a 5 integrantes del Comité
Ejecutivo.
262. En ese orden ideas, también deviene razonable el argumento de la parte
actora según el cual, para el 17 de noviembre de 2020 existía una decisión de su
autoridad disciplinaria según la cual, Angie Vanessa Martínez Damián, Ana Yenci
Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio Martín
Almazo Acosta estaban suspendidos de sus cargos en el Comité Ejecutivo
Nacional, que no podía desconocer, de manera tal que no era procedente
convocarlos, máxime cuando la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021 se
dictó con posterioridad, con las falencias ya expuestas que impiden tenerla como
parámetro de validez.
263. Asimismo, también resulta reprochable como lo destacó la demanda, que el
CNE en la Resolución No. 2318 de 2021 haya indicado que el 17 de noviembre de
2020 se tomó la decisión de convocar la XII Convención Nacional de la colectividad,
aunque no fueron citados 5 de sus miembros, “sin que se encuentre justificada dicha
omisión, teniendo en cuenta que las decisiones del Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional, en contra de los señores ANTONIO MARTÍN ALMAZO ACOSTA, ANA YENCI
OSPINA GIRÓN, ANGIE VANESSA MARTÍNEZ DAMIÁN, GLORIA ISABEL DÁVILA
POVEDA y HONORIO ABADÍA ROJAS, se encontraban en curso de impugnación
ante el Consejo Nacional en el efecto suspensivo por expreso mandato del inciso
segundo del artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, lo que deriva en la invalidez de las
decisiones allí tomadas en virtud de lo establecido en el artículo 23 de los estatutos de la
organización política”. (destacado fuera de texto).
264. Lo anterior, porque (I) la decisión que se tuvo en cuenta para no citar a los
referidos directivos fue el auto 029 del 3 de septiembre de 2020, (II) respecto del
cual, para el 17 de noviembre de 2020, como lo reconoció en la presente
actuación el CNE en virtud de las pruebas decretadas, no estaba en curso el
trámite de impugnación en el efecto suspensivo de que trata la Ley 1475 de
75
Como se afirmó en la Resolución No. 2317 de 2021.
76
Como lo aseveró en la Resolución No. 4741 de 2021.
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2011, de manera tal que para la fecha antes señalada estaba vigente y debía
cumplirse por todas las autoridades de la colectividad política.
265. Eventualmente con la señalada afirmación de la Resolución No. 2318 de
2021, el CNE quiso hacer referencia al trámite de impugnación de la sanción de
expulsión del partido contra los referidos directivos, respecto de la cual avocó
conocimiento mediante auto 36735-19 del 16 de junio de 2020, trámite en el que
se insiste, el Tribunal Disciplinario del Partido ASI no profirió el auto 029 del 3 de
septiembre de 2020, que corresponde a un proceso distinto, fue invocado para no
citar a los mencionados ciudadanos a la sesión del 17 de noviembre de 2020 y
estaba vigente en la fecha antes señalada.
266. En suma, por las razones expuestas, para la Sala no son de recibo las
razones invocadas por las Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 del
CNE, para considerar que los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana
Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio
Martín Almazo Acosta, debieron ser citados a la reunión del Comité Ejecutivo
Nacional del partido ASI celebrada el 17 de noviembre de 2020.
267. En consecuencia, si (I) los anteriores directivos no podían ser citados y
desde el 13 de septiembre de 2017; (II) el 13 de septiembre de 2017 el señor
Hernando Chindoy Chindoy presentó renuncia del cargo que ocupaba en el
Consejo Directivo del Partido ASI, es más, desde el 22 de diciembre de 2017 dejó
ser militante y; (II) el CNE a través de la Resolución 2173 del 30 de agosto de
2017 negó el registro del señor Fabián Adolfo Jiménez como integrante del
Comité, resultaba razonable que para el 17 de noviembre de 2020 la colectividad
diera aplicación al artículo 23 de los estatutos que reza:
“ARTÍCULO 23. Decisiones de los órganos. Las decisiones de los órganos
plurales del Partido Alianza Social Independiente, serán válidas siempre que estén
debidamente convocadas y asistan como mínimo la mitad más uno de sus
miembros. Habrá quorum decisorio con la mitad más uno de los asistentes. Si a la
hora señalada en la convocatoria a uno de los órganos del partido, no se logra la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, podrá sesionarse válidamente con
el 40% de estos y habrá quorum decisorio con el (sic) la mitad más uno de los
asistentes”. (Destacado fuera de texto)
268. Lo anterior teniendo en cuenta, que para el 17 de noviembre de 2020 los
miembros del citado Comité eran 1177, de manera tal que de conformidad con la
77
Teniendo que los estatutos registrados para esa fecha ante el CNE, indican que la conformación del Comité Ejecutivo
Nacional que consagrara los mismos, de 7 integrantes, aplica desde la elección que se haga de éste desde la XII
Convención Nacional, lo que para el 17 de noviembre de 2020 no había ocurrido. Sobre el particular dice el artículo 32 de
los estatutos: “ARTÍCULO 32. Composición. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por siete (7) miembros, con los
siguientes cargos:
1. Presidente(a) Nacional.
2. Secretaría General.
3. Secretaría de Capacitación y Asuntos Sociales, Sectoriales y Programáticos.
4. Secretaría de Juventud.
5. Secretaría de Mujer y Grupos poblacionales
6. Secretaría de Asuntos Étnicos
7. Secretaría de medio ambiente
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La composición del Comité Ejecutivo Nacional de que trata el artículo 32 de los Estatutos
entrará a regir en la elección de nuevas directivas que se efectuará en la XII Convención Nacional del Partido Alianza Social
Independiente”. (subrayado fuera de texto).
En ese orden de ideas, resulta aplicable en cuanto a la conformación de dicho Comité los estatutos anteriores, aportados
por el CNE al presente trámite. Según esta normatividad, el mentado Comité tiene 11 integrantes: 1 Presidente(a) Nacional.
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segunda parte de la disposición transcrita, el órgano colegiado podía sesionar con
al menos 4 integrantes y decidir con la mitad más uno de ellos, como ocurrió en la
reunión del 17 de noviembre de 2020, en la que participaron los señores Sor
Berenice Bedoya Pérez, Senaida Epia Chavarro, Pedro Rolando Valencia Holguín
y Diego Fernando Jaimes Porras que adoptaron decisiones unánimes.
269. Por las razones expuestas, en lo que atañe a la no convocatoria a la sesión
antes señalada de los 5 miembros de Comité Ejecutivo Nacional que se
encontraban suspendidos y la adopción de decisiones atendiendo el quorum
estatutario, no se advierten las irregularidades por las cuales el CNE a través de
las Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021, dejó sin efectos la
convocatoria y reglamentación de la Convención Nacional del Partido ASI y las
decisiones adoptadas en la misma.
4.6. Sobre la facultad o restricción para delegar la competencia de convocar
y reglamentar la Convención Nacional del Partido ASI
270. Otro de los problemas jurídicos planteados consiste en establecer, si de
conformidad con los estatutos del Partido ASI, el Comité Ejecutivo Nacional podía
facultar a la representante legal de la colectividad para que reglamentara y
convocara la XII Convención Nacional Ordinaria, o si la anterior responsabilidad de
manera exclusiva y directa la debía ejercer el señalado Comité.
271. Este interrogante se formuló teniendo en cuenta que dentro de los
argumentos de la Resolución No. 2317 del 8 de julio de 2021, confirmada por la
Resolución No. 2900 del 12 de agosto de 2021, por medio de la cual el CNE dejó
sin efectos la Resolución No. 034 de 2020 que reglamentó y convocó la XII
Convención Nacional del Partido ASI, expedida por la representante legal de la
colectividad, consistió en que ésta no podía ser delegada por el Comité Ejecutivo
para tal fin.
272. La parte demandada sustentó esta conclusión, en que el anterior Comité
sólo podía delegar en el representante legal del Partido ASI las funciones
previstas en el artículo 34 de los estatutos, entre las que no se encuentra la de
reglamentar y convocar la Convención Nacional, máxime cuando la anterior
atribución se radicó exclusivamente en el primer órgano colegiado, como se
desprende del artículo 28 estatutario. Concretamente, la Resolución No. 2317 de
2021 argumentó:
“Así pues, para el caso en concreto, el artículo 34 de (los) Estatutos del Partido
Alianza Social Independiente – ASI, enuncia las funciones que tiene a su cargo el
Comité Ejecutivo Nacional de esta agrupación política, consecuentemente, en su
último numeral, es decir el 26, se establece que este Comité puede delegar
funciones al Presidente Nacional o quien haga sus veces; no obstante esta
Corporación, haciendo un estudio detallado del mencionado precepto estatutario y
teniendo en cuenta la técnica jurídica que envuelve las normas de esta naturaleza,
2 Vicepresidente(a). 3 Secretaria de Relaciones Internacionales. 4. Secretaria General. 5. Secretaria de Asuntos Sociales,
Sectoriales y Programáticos. 6. Secretaria de Formación y Capacitación. 7. Secretaría de Juventud. 8. Secretaria de la
Mujer y Género. 9. Secretaria de Asuntos Étnicos. 10. Secretaría de Asuntos Regionales. 11. Secretaria de Ambiente. (art.
25)
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considera que solo pueden delegar las funciones contenidas en el ya referido
artículo 34 de los mismos estatutos, como se puede observar, así:
“ARTÍCULO 34. Funciones. Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las
siguientes:
1. Mantener la integridad de los principios, valores y objetivos del partido y ser el
tribunal de última instancia para resolver las divergencias que pudieran presentarse
entre los órganos de dirección departamental, distrital o municipal.
2. Ejercer la dirección política de acuerdo con las orientaciones de la Convención
Nacional.
3. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y desarrollar el programa del Partido.
4. Hacer acompañamiento político, seguimiento y asesoría a los representantes del
Partido en órganos de elección popular o en cargos públicos.
5. Adelantar y definir las relaciones políticas del partido con el Gobierno Nacional.
6. Adelantar las relaciones políticas a nivel nacional e internacional y orientarlas a
nivel regional y local.
7. Trazar directrices a los congresistas para su desempeño legislativo.
8. Crear comités asesores o auxiliares técnicos que estimen convenientes, darles
sus reglamentos y nombrar los directores titulares de los mismos.
9. Interpretar y reglamentar cuando asi (sic) sea dispuesto los presentes estatutos.
10. Elaborar los proyectos anuales de presupuesto, ingresos y gastos, par (sic)
ponerlos a consideración de la Comisión de Presupuesto. Presentar informes y
balances anuales del estado económico del Partido.
11. Presentar por escrito al Partido informes semestrales de su gestión y la de sus
representantes en cargos públicos de elección nacional.
12. Conseguir, recaudar y administrar las finanzas del Partido.
13. Coordinar las relaciones entre sus regionales y afiliados.
14. Dar asistencia y acompañamiento a las regionales.
15. Distribuir internamente sus tareas, pudiendo nombrar comisiones temporales o
permanentes, de acuerdo con las necesidades del trabajo.
16. Crear y designar los cargos que ocuparán los miembros del Ejecutivo Nacional.
Esta designación será por un periodo de un año, al cabo del cual deben ser
evaluados, removidos o reelegidos.
17. Crear las Secretarias Técnicas y coordinar un Comité Asesor de carácter
consultivo.
18. Definir la condición de los Comités Regionales cuando cumplan los requisitos
respectivos y emitir la resolución de reconocimiento.
19. Darse su propio reglamento.
20. Decidir las candidaturas del nivel nacional y local y otorgar los avales por medio
de la representante legal en concordancia con el artículo 100 de los presente
estatutos.
21. Convocar al Consejo de Líderes del Partido.
22. Registrar la inscripción de los comités municipales que han sido aprobada su
conformación mediante resolución por las departamentales. Llevar el registro de
directivos del partido.
23. Cumplir con la realización de al menos 2 jornadas de acción política no electoral
cada año.
24. Presentar iniciativa legislativa en el Congreso a través de los congresistas del
partido.
25. Hacer seguimiento al cumplimiento del régimen de bancadas.
26. Delegar funciones al Presiente (sic) Nacional o quien haga sus veces”.
Por otra parte, considera la Sala que la delegación realizada por el Comité Ejecutivo
Nacional, a la representante legal del partido en mención, respecto de reglamentar
la convocatoria y, si era del caso, modificar la reglamentación que se expedida a la
XII Convención Nacional del Partido Alianza Social Independiente ASI, era
improcedente, puesto que el parágrafo del artículo 28 estatutario, faculta
únicamente al Comité Ejecutivo Nacional para que ejecute esta función en un
tiempo determinado (dos meses siguientes a la aprobación de los estatutos), sin que
de manera expresa autorice la delegación para la misma, siendo, entonces, diáfano
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que la pluricitada convocatoria está reglada en un artículo en particular que, por su
especificidad, excluye la aplicación analógica de otras disposiciones estatutarias.
Así entonces, se concluye que el Comité Ejecutivo Nacional Partido Alianza Social
Independiente – ASI, no podía delegar a la representante del partido la facultad de
reglamentar la convocatoria ni de modificar la reglamentación para la XII
Convención Nacional de ese Partido, establecidas en el parágrafo del artículo 28 de
los estatutos.”
273. En contraste, la parte demandante reprochó que el CNE solo haya
considerado dentro de las funciones del Comité Ejecutivo Nacional las previstas
en el artículo 34 de los estatutos, aunque en otras partes de éste pueden
apreciarse más responsabilidades, por ejemplo, en los artículos 32, 58, 65 y 7178.
Esto para señalar que no puede considerarse que las atribuciones descritas en el
artículo 34 son taxativas, sino meramente enunciativas.
274. También sostuvo que la potestad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional de
delegar funciones en el presidente del partido o quien haga sus veces, no se
restringe a las responsabilidades de que trata el artículo 34 de los estatutos, pues
con anterioridad asuntos distintos a los previstos en dicha norma han sido objeto
de delegación al representante de la colectividad y las decisiones
correspondientes registradas sin objeción alguna por el CNE79.
275. Frente la disyuntiva interpretativa expuesta, de la lectura del anterior
artículo, según la versión de los estatutos registrada actualmente ante la autoridad
electoral, no evidencia la Sala que se haya indicado que únicamente las
funciones que enuncia el mismo son las susceptibles de delegación por parte del
Comité Ejecutivo Nacional al presidente de la colectividad o a quien haga sus
veces.
276. Por el contrario, la mencionada norma en su numeral 26 de manera abierta
señala que el mencionado Comité tiene como atribución delegar funciones al
presidente nacional o a quien haga sus veces, sin establecer de entrada alguna
condición o restricción respecto al tipo de atribuciones susceptibles de delegación,
verbigracia, un catálogo cerrado de las potestades sobre las que podría recaer
ésta.
277. Es más, la anterior disposición es concordante con el 54 estatutario, en el
que se indica que el presidente del Partido ASI es su representante legal y
enuncia algunas de sus funciones, entre las cuales se encuentra “las demás que le
asigne o delegue el Comité Ejecutivo Nacional” (numeral 13), sin realizar algún tipo de
condicionamiento o restricción, como el argüido por el CNE en las Resoluciones
No. 2317 y 2900 de 2021.
78
Atinentes a decidir sobre algunas situaciones de vacancia de los integrantes del Comité, garantizar los recursos y el
funcionamiento autónomo del Tribunal Disciplinario y de Ética, elegir a los integrantes de éste ante ausencias o faltas
absolutas, y la misma competencia cuando las anteriores situaciones se presentan frente al veedor nacional.
79
Destacó que la tarea de reglamentar y convocar la convención nacional ha sido desarrollada en virtud de la delegación
efectuada al representante legal de la colectividad, como ocurrió frente a la XI Convención celebrada el 22 y 23 de marzo de
2019, cuyas decisiones fueron registradas por el CNE mediante la Resolución 2279 del 11 de junio de 2019.
Asimismo, ilustró que el Consejo Nacional Electoral con anterioridad aceptó decisiones del representante legal del partido
ASI, en virtud de delegación del Comité Ejecutivo Nacional, respecto de tareas que no están en el artículo 34 de los
estatutos. Para tal efecto trajo a colación la Resolución 1292 del 21 de abril de 2021 de la autoridad electoral, que registró el
nombramiento de un miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética.
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278. En ese orden de ideas, no se evidencia a partir de qué expresiones del
artículo 34 ibidem la autoridad electoral concluyó que sólo se pueden delegar al
presidente del partido las funciones expresamente señaladas en dicho precepto,
que como bien lo señala la parte demandante, no es el único que hace referencia
a las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional, pues en otros como los artículos
32, 58, 65 y 71, se evidencian potestades que no están en el 34, tales como
decidir sobre algunas situación de vacancia de sus integrantes, garantizar los
recursos y el funcionamiento autónomo del Tribunal Disciplinario y de Ética, elegir
a los integrantes de éste ante ausencias o faltas absolutas, y la misma
competencia cuando las anteriores situaciones se presentan frente al veedor
nacional.
279. Entre los artículos de los estatutos del Partido ASI que hacen referencia a
otras atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional se encuentra el 28, que es
destacado en las Resoluciones No. 2317 y 2900 de 2021 del CNE, con el fin de
señalar que del mismo se desprende que es indelegable la atribución de
reglamentar y convocar a la Convención Nacional de la colectividad. La
mencionada norma prescribe:
“ARTÍCULO 28. Reuniones. La Convención Nacional deberá reunirse cada dos
años. El Comité Ejecutivo Nacional lo convocara de manera ordinaria o
extraordinaria según la reglamentación que para el efecto expida. En todo caso, si el
comité no convocare convención alguna, la mayoría calificada de los miembros de la
última convención podrá hacerlo. La convocatoria deberá garantizar la participación
de los militantes que por derecho les corresponde asistir.
PARÁGRAFO. Dentro de los dos meses siguientes a la aprobación de los estatutos,
el Comité Ejecutivo Nacional, mediante resolución, reglamentará la convocatoria y
realización de las convenciones del Nivel Nacional, Departamental, Distrital y
municipal. En todo caso, las convenciones deberán comenzar desde lo municipal a
lo nacional.”
280. De la lectura del artículo transcrito, tampoco se desprende como lo señala
el CNE, que la atribución de reglamentar y convocar la Convención Nacional del
Partido ASI sea indelegable.
281. En efecto, el hecho de que la referida atribución haya sido conferida al
Comité Ejecutivo Nacional, como en efecto lo señala el artículo 28, no se
desprende necesariamente, como lo señalaron las Resoluciones No. 2317 y 2900
de 2021 del CNE, que tal función no la pudiera delegar aquél en el presidente de
la colectividad, en especial cuando no se evidencia restricción clara y expresa en
tal sentido en aparte alguno de los estatutos de la colectividad. Por el contrario, los
artículos 34.26 y 54.13, como se ilustró líneas atrás, de manera abierta
consagraron la posibilidad del citado Comité de delegar sus funciones en el
representante legal del partido.
282. Es más, al revisar los estatutos de la colectividad se observa que cuando
ésta quiso precisar que alguna atribución o responsabilidad no podía delegarse,
expresamente estableció tal limitación, por ejemplo, en los siguientes artículos:
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“ARTÍCULO 27. Composición. La Convención Nacional del Partido Alianza Social
Independiente, estará conformada por los siguientes delegados, quienes actuaran
con voz y voto: (…) PARÁGRAFO 3. La asistencia de los congresistas, miembros
del Comité Ejecutivo Nacional, diputados, concejales y ediles es indelegable y su
inasistencia le acarreará sanciones pecuniarias no inferiores a un salario mínimo
mensual vigente ni mayor a cinco salarios mínimos mensuales vigentes, además de
las sanciones disciplinarias que determinen los órganos de control. (…)”
“ARTÍCULO 80. Composición del Consejo de Líderes del Partido. La composición y
participación del Consejo de Líderes del partido quedará de la siguiente manera:
(…) PARÁGRAFO. La participación en el consejo será indelegable”
“ARTÍCULO 115. Reglas. En la votación al interior de la bancada se observarán las
siguientes reglas: (…) 2. El voto será personal, intransferible e indelegable (…)”
(destacado fuera de texto).
283. Ahora bien, en lo atinente a la tarea a cargo del Comité Ejecutivo Nacional
de reglamentar y convocar la Convención Nacional, los estatutos del partido no
califican tal atribución como indelegable, ni emplean alguna otra expresión de la
cual se pudiere razonablemente desprender tal restricción.
284. En suma, de la lectura sistemática de los estatutos del Partido ASI, no se
evidencia que la responsabilidad de reglamentar y convocar la Convención
Nacional Ordinaria del partido no pueda delegarse en el presidente éste. Por el
contrario, a partir de lo consagrado en los artículos 34.26 y 54.13, es razonable
predicar tal posibilidad, en especial, cuando el artículo 28 estatutario, que versa
sobre dicha tarea, no establece en criterio de la Sala una prohibición de
delegación.
285. En este punto vale la pena subrayar que el CNE en la Resolución 2900 de
2021, subrayó que la tarea de reglamentar y convocar la Convención Nacional en
cabeza del referido Comité es indelegable, porque “no se encuentra autorización
expresa de su delegación, tal y como se expresó sobre el parágrafo 28 de los estatutos en
el acto administrativo recurrido”.
286. Se destaca el anterior argumento, porque revela que para el CNE sólo es
procedente la delegación de cualquier tarea a la que hace alusión los estatutos del
CNE, cuando de manera expresa habilitan tal posibilidad frente a cada atribución
en específico, razonamiento que resulta contrario a la técnica que empleó en la
materia la normatividad interna de la colectividad.
287. Esto si se tiene en cuenta que artículos como los 34.26 y 54.13, señalan
que es una atribución del Comité delegar funciones al presidente del partido sin
establecer condiciones específicas, y a su vez, una tarea de éste asumir las
responsabilidades que le asigne el órgano colegiado, lo que denota que no se
optó por un catálogo restrictivo de las atribuciones susceptibles o no de
delegación, sino una forma abierta de ejercer tal posibilidad.
288. Es más, si fuera acertado el razonamiento del CNE, en lugar de la manera
amplia en que se permitió que el Comité Ejecutivo Nacional delegara sus
funciones en el presidente de la colectividad, los estatutos tendrían un artículo que
enunciaría las tareas susceptibles de delegación, o uno que determinara las que
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están excluidas de tal posibilidad, lo que no se evidencia, pues se insiste, el
partido político dentro de su autonomía optó por una perspectiva distinta, en la que
simplemente consagró la alternativa de delegación de una autoridad a otra, sin
establecer condiciones especiales para tal efecto.
289. Por consiguiente, el CNE erró al concluir en las Resoluciones No. 2317 y
2900 de 2021 del CNE, (I) que resultaba contrario a los artículos 28 y 34 del
estatuto del partido ASI, que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI hubiere
delegado en la representante legal la tarea de reglamentar y convocar la XII
Convención Nacional Ordinaria, y (II) que por tal razón la Resolución 34 de 202080
que profirió aquélla era contraria al ordenamiento jurídico.
4.7 Reglamentación y convocatoria de la Convención Nacional del Partido
ASI
290. El siguiente de los problemas planteados es el relativo a si los estatutos del
partido ASI, para la celebración de la XII Convención Nacional Ordinaria, que tuvo
dentro de sus principales propósitos, la elección de los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional, el veedor nacional y los integrantes de Tribunal Disciplinario y
de Ética, resultaba o no imperativo celebrar previamente convenciones del nivel
municipal, distrital y departamental de la colectividad.
291. Esto en consideración a que otras de las razones de la expedición de la
Resolución No. 2317 de 2021, confirmada por la Resolución No. 2900 de 2021,
para dejar sin efectos la Resolución 34 de 2020, consistió en que la XII
Convención Nacional fue llevada a cabo sin que se celebraran previamente
convenciones del nivel municipal, distrital y departamental, a pesar de la exigencia
final de que trata el parágrafo del artículo 28 de los estatutos que reza:
“ARTÍCULO 28. Reuniones. La Convención Nacional deberá reunirse cada dos
años. El Comité Ejecutivo Nacional lo convocara de manera ordinaria o
extraordinaria según la reglamentación que para el efecto expida. En todo caso, si el
comité no convocare convención alguna, la mayoría calificada de los miembros de la
última convención podrá hacerlo. La convocatoria deberá garantizar la participación
de los militantes que por derecho les corresponde asistir.
PARÁGRAFO. Dentro de los dos meses siguientes a la aprobación de los estatutos,
el Comité Ejecutivo Nacional, mediante resolución, reglamentará la convocatoria y
realización de las convenciones del Nivel Nacional, Departamental, Distrital y
municipal. En todo caso, las convenciones deberán comenzar desde lo
municipal a lo nacional.” (Destacado fuera de texto).
292. Frente a la posición del CNE, el partido ASI tanto en el trámite administrativo
que dio lugar a los actos acusados como en el presente proceso, argumentó que
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial parte de una interpretación
incorrecta y asistemática de los estatutos de la colectividad, pues no se tuvieron
en cuenta los artículos 149 transitorio81, 40 y 50 estatutarios82.
80
“Por medio de la cual se reglamente y se convoca la XII Convención Nacional Ordinaria Virtual del Partido Alianza Social
Independiente -ASI”.
81
“ARTÍCULO 149. Artículo Transitorio. Las Comisiones de trabajo departamentales y municipales que hasta la fecha de
aprobación de estos estatutos hayan sido creadas, tendrán la condición de Comités Ejecutivos departamentales y
municipales hasta la próxima convención que se cite para su elección.”
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293. El 149, en cuanto estableció que las comisiones de trabajo departamentales
y municipales del partido tendrían la condición de comités ejecutivos del mismo
nivel “hasta la próxima convención que se cite para su elección”, y los artículos 40 y 50,
que previeron que dichos comités tienen un periodo de 4 años.
294. Destacó las anteriores normas porque considera que de la interpretación
conjunta de ellas debe concluirse que como en el mes de marzo de 2019, en el
que se reformaron los estatutos del partido, las comisiones de trabajo se
convirtieron en comités ejecutivos departamentales y municipales (art 149), y
éstos últimos son elegidos por 4 años (arts. 40 y 50), para el 2020, año en el que
se convocó la XII Convención Nacional del Partido ASI, aún no era necesario
hacer el llamado a las convenciones del nivel territorial para renovar dichos
comités, contrario a lo dicho por el CNE en las Resoluciones No. 2317 y 2900 de
2021.
295. Agregó que la XII Convención Nacional del partido ASI celebrada el 22 de
enero de 2021, tuvo como propósito exclusivo celebrar elecciones para la
designación de autoridades del orden nacional de la colectividad, el Comité
Ejecutivo Nacional, el veedor nacional y los integrantes del Tribunal Disciplinario y
de Ética, por lo tanto, no era necesario para tal fin convocar previamente a los
comités ejecutivos territoriales.
296. Frente a estos argumentos el CNE se pronunció en la Resolución 2317 de
2021 en los siguientes términos:
“En primera medida, es menester expresar que, así como en la Constitución o la ley,
en los estatutos internos de los partidos, se encuentra dos tipos de artículos, unos
permanentes, y otros transitorios. Los primeros, son los que regulan propiamente y
con vocación de permanencia determinada materia; mientras que los segundos,
tienen un carácter accesorio y limitado en el tiempo en atención a la función
pasajera o transicional que realizan, pues actúan como complemento de los
artículos principales o permanentes. (…)
En el caso en concreto, el artículo 149 de los Estatutos del Partido Alianza Social
Independiente – ASI, le dio a las comisiones de trabajo departamentales y
municipales creadas hasta la fecha de la aprobación de los estatutos, la condición
de Comités Ejecutivos departamentales y municipales; sin embargo vale resaltar,
que el artículo finaliza, así: “hasta la próxima convención que se cite para su
elección”, es decir, en ningún momento hace relación a los periodos establecidos en
los artículos 40 y 50 de los mismos Estatutos, como equívocamente lo expresó la
Representante Legal del Partido.
Ahora bien, como se expresó en el párrafo anterior, el artículo 149 de los Estatutos
finaliza con la expresión: “hasta la próxima convención que se cite para su elección”,
por lo que es necesario acudir en este momento al parágrafo del artículo 28 de los
mismos, ya que en este último se establece un término temporal, el cual es de dos
82
“ARTÍCULO 40. Periodo. El Comité Ejecutivo Departamental se elegirá para un periodo de cuatro (4) años. Se permitirá la
reelección de un periodo consecutivo. Las elecciones se deberán realizar de conformidad con el calendario que para el
efecto expida el Comité Ejecutivo Nacional. Las ausencias temporales o faltas absolutas de uno de sus miembros será
designado por el Comité Ejecutivo Departamental para el periodo faltante”.
“ARTÍCULO 50. Periodo. El Comité Ejecutivo Municipal se elegirá para un periodo de cuatro (4) años. Se permitirá la
reelección de un periodo consecutivo. Las elecciones se deberán realizar de conformidad con el calendario que para el
efecto expida el Comité Ejecutivo Nacional. Las ausencias temporales o faltas absolutas de uno de sus miembros será
designado por el Comité Ejecutivo Municipal para el periodo faltante.”
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meses siguientes a la aprobación de los estatutos, para realizar mediante
resolución, la reglamentación y la convocatoria de las convenciones del Nivel
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, resaltando, que las convenciones
deben comenzar desde lo Municipal a lo Nacional. Es decir, que la Resolución N°
034 del 15 de diciembre de 2020, expedida por la representante legal del Partido
Alianza Social Independiente – ASI, no pudo haberse expedido sin antes
reglamentar y realizar las correspondientes convenciones a nivel Municipal,
Departamental y Distrital, como, en efecto, no se realizó”.
297. Esta argumentación fue reiterada por la Resolución No. 2900 de 2021, en la
que se agregó:
“(…) se observa que el artículo transitorio (149) citado le otorgó a las comisiones de
trabajo departamentales, creadas hasta la fecha de la aprobación de los estatutos,
la condición de Comités Ejecutivos departamentales y municipales, sin embargo
esta condición no es absoluta, puesto que el artículo como se explicó finaliza
diciendo: “hasta la próxima convención que se cite para su elección”.
Así entonces, para que pueda cumplir la disposición del parágrafo 28 del pluricitado
estatuto, es necesario que se convoquen las convenciones municipales y
departamentales o distritales con anterioridad de la convención nacional; y, de no
hacerlo, este artículo transitorio aprobado y registrado dentro de los estatutos por
esta Corporación mediante la Resolución N° 2279 de 2019, no tendría ningún
sentido al permitir que se realizara la XII Convención Nacional sin realizar las
mencionadas convenciones municipales y departamentales con anterioridad”,
298. En cuanto a la argumentación de las partes, en especial la desarrollada en
los actos acusados, la Sala estima necesario destacar los siguientes aspectos,
que se desprenden de los estatutos del Partido ASI:
• De conformidad con los artículos 26 a 53, son órganos de dirección del
Partido, la Convención Nacional y las convenciones departamentales y
municipales, por otra, el Comité Ejecutivo Nacional y los comités ejecutivos
departamentales y municipales, los cuales actúan dentro del área geográfica
respectiva.
• A grosso modo, las convenciones son las encargadas de impartir dentro del
ámbito de su competencia los lineamientos generales y elegir a los comités
ejecutivos de sus ámbitos de acción (arts. 29, 38, 48), mientras que éstos
que se reúnen de manera ordinaria cada 4 meses (arts. 31, 42, 50), son los
encargados de impartir directrices concretas relativas al cumplimiento de las
principales responsabilidades y metas de la colectividad (arts. 34, 43, 53).
• En cuanto a los distritos, entre los que se destaca el de Bogotá, el artículo
44 de los estatutos señala que la organización “se asimila a la departamentales
y sus localidades se asimilan a municipios, por lo cual se tomarán las reglas por
analogía de dichas estructuras territoriales, haciendo una interpretación que permita
realizar los ajustes lógicos que ello implique”. Además se señala, que “en los
municipios donde existan resguardos indígenas se deberá propiciar su
participación”.
• Respecto a la sujeción de dichas autoridades, se evidencia de un lado que
los comités ejecutivos dependen de las respectivas convenciones, y que las
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autoridades municipales dependen de las departamentales y éstas de las
nacionales (arts. 30, 35, 39, 45, 49).
• Llama la atención que todas las convenciones deben reunirse de manera
ordinaria cada 2 años, en virtud de la convocatoria que efectúe el Comité
Ejecutivo Nacional (arts. 28, 37 y 47).
• En virtud de la anterior responsabilidad, el parágrafo del artículo 28 de los
estatutos estableció que “(d)entro de los dos meses siguientes a la aprobación
de los estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional, mediante resolución, reglamentará
la convocatoria y realización de las convenciones del Nivel Nacional,
Departamental, Distrital y municipal. En todo caso, las convenciones deberán
comenzar desde lo municipal a lo nacional.” (destacado fuera de texto).
299. La anterior norma, que según la Resolución No. 2279 de 2019 del CNE83,
fue producto de la XI Convención Nacional del Partido ASI celebrada el 22 y 23 de
marzo de 2019, donde estableció como mandato, que dentro de los 2 meses
siguientes a la aprobación de los nuevos estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional
debía expedir la reglamentación de las convocatorias y la celebración de las
convenciones del nivel nacional y territorial, es decir, precisar en términos
generales cuáles serían las pautas a seguir para el cumplimiento de dicha tarea a
futuro, teniendo en cuenta que aquéllas por disposición de los mismos estatutos,
deben sesionar cada 2 años.
300. Asimismo se observa, que el artículo 28 estableció como regla a tener en
cuenta para dicha reglamentación, que en todo caso las convenciones debían
desarrollarse de manera gradual, de lo municipal a lo nacional.
301. Se destacan los anteriores aspectos, porque una cosa es predicar que el
artículo antes señalado establece que el Comité Ejecutivo debía dentro de los
meses siguientes a la aprobación de los estatutos reglamentar el trámite de
convocatoria y realización de la reuniones de todas las convenciones del partido,
que es lo que señala la norma, y otra muy distinta, que fue lo señalado por el CNE
en la Resolución 2317 de 2021, que dicho Comité en el mencionado plazo debía
“realizar mediante resolución, la reglamentación y la convocatoria de las convenciones
del Nivel Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, resaltando, que las convenciones
deben comenzar desde lo Municipal a lo Nacional”
302. En efecto, el mandato contenido en el artículo 28 al Comité Ejecutivo
Nacional fue el de reglamentar dentro de los meses siguientes a la aprobación de
la reforma estatutaria el trámite de convocatoria y realización de dichas
comisiones, más no que en el mismo plazo, además de dicha reglamentación,
procediera a convocar a todas las convenciones, de las municipales a la nacional.
303. Ahora bien, vale la pena destacar que de las pruebas aportadas al presente
trámite no se evidencia la existencia de una normatividad a través de la cual en
83
Por medio de la cual se autorizó el registro de la reforma de los estatutos del partido ASI.
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términos generales el Comité Ejecutivo Nacional directamente o por delegación,
haya realizado la referida reglamentación.
304. Lo que se tiene es que (I) el 17 de noviembre de 2020, según el acta
correspondiente, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI, delegó en su
representante legal la facultad de reglamentar y convocar la XII Convención
Nacional, (II) lo que dio lugar a la Resolución 034 del 15 de diciembre de 2020.
305. Al analizar la anterior resolución, mediante la cual se reglamentó y convocó
la mencionada Convención, se observa que tuvo como objetivo central establecer
que ésta se celebraría de manera virtual, debido a la pandemia por COVID-19, el
22 de enero de 2021, día en el que se elegiría el nuevo Comité Nacional, el veedor
nacional y los integrantes del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional, para lo
cual estableció de manera pormenorizada las pautas, requisitos y el cronograma a
seguir, para que los candidatos se inscribieran, se conocieran sus postulaciones y
realizaran las designaciones.
306. En cuanto a la elección de las anteriores autoridades (arts.29, 59 y 69), se
observa que corresponde a la Convención Nacional, sin que se advierta que en el
trámite de designación intervengan las convenciones departamentales, distritales
o municipales.
307. En ese orden de ideas, si el objetivo principal de la XII Convención Nacional
fue la elección de autoridades que estatutariamente le corresponde elegir a ella, la
Sala considera que no era imperativo para que se materializaran la misma, que
previamente se celebraran convenciones del nivel municipal, distrital y
departamental de la colectividad.
308. Desde luego, no se desconoce que el parágrafo del artículo 28 de los
estatutos del partido ASI a propósito de la reglamentación que le corresponde
efectuar al Comité Ejecutivo en relación con su tarea de convocar a todas las
convenciones, estableció como parámetro que éstas se celebraría en todo caso de
las municipales a la nacional, eventualmente como una pauta de organización,
teniendo en cuenta que tales órganos directivos debe sesionar cada dos años por
convocatoria de la misma autoridad84, y/o con el fin de que la Convención Nacional
al momento de reunirse pueda considerar las decisiones adoptadas con
anterioridad en el marco de su competencia por las convenciones territoriales, lo
que le permitiría tener una perspectiva más amplia a la hora de adoptar de ejercer
sus funciones.
309. Empero, en el punto específico de la designación de los integrantes del
Comité Nacional, el veedor nacional y los miembros del Tribunal Disciplinario y de
Ética Nacional, cuya competencia es exclusiva de la Convención Nacional y en
cuyo trámite no tienen participación las convenciones territoriales, no se advierte
de qué manera que éstas se reúnan con anterioridad podría constituir una
condición necesaria, un requisito indispensable de tales elecciones, a tal punto
que su omisión afecte su legitimidad o validez.
84
El Comité Ejecutivo Nacional.
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310. Bajo tal perspectiva podría resultar razonable la interpretación que hizo el
Ministerio Público sobre el artículo 28 en comento, en cuanto a que la exigencia de
convocar primero a la convenciones municipales, luego a las departamentales y
finalmente a la Nacional, tiene lugar cuando existen asuntos de interés de todas
estas autoridades, verbigracia, la modificación de los estatutos, y por consiguiente,
la necesidad de que el máximo órgano de la colectividad conozca previamente la
opinión de los del nivel territorial; y que también obedece a que con ocasión de las
sesiones de éstas pueden surgir temas de significativo interés para toda la
colectividad, cuyo tratamiento amerita la convocatoria de la Convención Nacional.
311. Ahora bien, si lo que subyace al reproche que efectuó el CNE de no haberse
celebrado convenciones municipales, distritales o departamentales antes de la
Nacional, en la que se realizaron las mencionadas designaciones, es que no se
permitió respecto de ésta la participación del nivel territorial, basta recordar la
composición de la máxima autoridad de la colectividad, para constatar que la
mayoría de sus integrantes son personas que tienen relación con el ámbito local.
312. Sobre el particular, se trae a colación el artículo 27 de los estatutos que reza:
“ARTÍCULO 27. Composición. La Convención Nacional del Partido Alianza Social
Independiente, estará conformada por los siguientes delegados, quienes actuaran
con voz y voto:
1. Todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los Órganos de Control,
Congresistas y Diputados electos.
2. Dos (2) concejales por departamento que hayan obtenido la mayor votación.
3. Dos (2) concejales de los municipios de categoría quinta y sexta que hayan
obtenido la mayor votación.
4. Dos (2) concejales de los municipios de categoría tercera y cuarta que hayan
obtenido la mayor votación.
5. Diez (10) ediles que hayan obtenido la mayor votación a nivel nacional, cinco
urbanos y cinco rurales.
6. Dos delegados por cada regional.
7. Las cinco votaciones más altas de la lista a senado que no lograron credencial y
que continúen militando en el Partido.
8. Los tres candidatos a Cámara de Representantes, que no obtuvieron credencial,
de las tres listas con el mayor número de votos en todo el país y que continúen
militando en el Partido.
9. Las tres votaciones más altas a la Cámara de Representantes que no obtuvieron
credencial en proporción al número de votos obtenidos por las listas a Cámara en
los departamentos, que continúen militando en el Partido.
10. Los dos candidatos a Asamblea, que no obtuvieron credencial, de las dos listas
con el mayor número de votos en todo el país y que continúen militando en el
Partido.
11. Las dos más altas votaciones a la Asamblea que no obtuvieron credencial en
proporción al número de votos obtenidos por las listas a Asamblea en los
departamentos, que continúen militando en el Partido.
12. Diez (10) delegados, uno por cada comisión municipal, de los municipios que
obtuvieron la mayor votación en relación a la votación de la lista al Senado de la
República.
13. Los ex ejecutivos nacionales, los ex congresistas, cuando continúan formando
parte del partido, no hayan participado en campañas por otros partidos y no tengan
asuntos pendientes con el mismo.
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14. Veinte delegados en proporción al número de votos obtenidos por los
departamentos a la última elección en la lista inscrita por el partido al Senado de la
República de candidatos propios de la ASI.
PARÁGRAFO 1. Los miembros de los órganos de control nacional de que trata el
numeral 1 asistirán a la Convención con voz, pero sin voto.
(…)”.
313. De conformidad con el informe presentado por el Partido ASI al CNE el 28 de
enero de 2021, en lo que atañe a la XII Convención Nacional, teniendo en cuenta
la composición de ésta descrita con anterioridad, se observa que se habilitó la
participación de 195 convencionalistas, que casi en su totalidad estuvieron
conectados y ejercieron el derecho al voto85, según el acta del 22 de enero de
2021. Esto confirma la significativa participación que tuvieron los integrantes de
dicha Convención, que por disposición estatutaria en buena parte provienen del
nivel territorial.
314. En ese orden, considera la Sala que la interpretación que debe efectuarse
del artículo 28 estatutario debe propender por darle un efecto útil, procurar un
entendimiento del mismo que se adecúe a las necesidades y propósitos de la
colectividad política y que se armonice con las demás disposiciones estatutarias,
en lugar de una lectura aislada del precepto normativo, de la cual podría derivarse
como ocurrió con las Resoluciones No. 2317 y 2900 de 2021, que por el hecho de
que antes de las XII Convención Nacional no se celebraron convenciones
territoriales, concluyera que las elecciones efectuadas son contrarias al
ordenamiento jurídico, aunque en éstas no tienen injerencia alguna los órganos
colegiados del partido del nivel territorial, pues corresponde a un asunto de
competencia exclusiva de la máxima autoridad de la colectividad, que fue
convocada para el 22 de enero de 2021, con el propósito principal de elegir el
Comité Ejecutivo Nacional, el veedor nacional y el Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional, como en efecto ocurrió con una altísima participación de los integrantes
de aquélla, incluidos los que tiene una relación más estrecha con el nivel local.
315. En ese orden de ideas, no resulta relevante la discusión atinente a cuándo
debe entenderse finalizado el periodo de las comisiones de trabajo que por
disposición de artículo 149 transitorio se convirtieron en comités ejecutivos
departamentales y municipales, máxime cuando (I) la elección de éstos
corresponde a las convenciones departamentales y municipales respectivamente
(arts. 38 y 48). (II) Tampoco es objeto de este proceso esclarecer el lapso de
permanencia de dichos comités.
4.8. La condición de directivos del partido ASI de los señores Hernando
Chindoy Chindoy y Antonio Martín Almazo Acosta, según las Resoluciones
No. 2318 del 8 de julio y 4714 del 8 de septiembre de 2021 del CNE
316. El siguiente asunto analizar es si los actos acusados, en especial las
anteriores resoluciones, incurrieron en un error al tener como miembros del
Comité Ejecutivo Nacional a los señores Hernando Chindoy Chindoy y Antonio
85
Se evidencia en cuanto a las designaciones una participación superior al 94% de los habilitados para votar.
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Martín Almazo Acosta, a pesar de que con anterioridad presentaron escritos
renunciando a la condición de directivos de la agrupación política.
317. En cuanto al primer ciudadano, como se destacó en el acápite 4.5 de la parte
motiva de esta decisión, de conformidad con las pruebas aportada se tiene que:
• A través de escrito fechado el 13 de septiembre de 2017, el señor Hernando
Chindoy Chindoy presentó renuncia al cargo de secretario de relaciones
internaciones del partido ASI.
• Asimismo, se observa escrito con fecha del 22 de diciembre de 2017, dirigido a la
representante legal y demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, mediante
el cual el señor Hernando Chindoy Chindoy renunció a su militancia al partido ASI.
• La decisión del ciudadano antes señalado relativa a la dimisión de su condición
de directivo de la colectividad, fue puesta en conocimiento del CNE, por 2
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Partido, a través de oficio con sello
de recibido del 15 de julio de 2019 y radicado 201900013204-00. Para mayor
ilustración se trae a colación la imagen del anterior documento:
-
• El asunto antes referido fue remitido mediante oficio con radicado del 22 de
agosto de 2019, por la asesora de inspección y vigilancia del CNE a la
subsecretaría de éste, para que se sometiera a reparto entre los magistrados de la
corporación:
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• Mediante la Resolución No. 7761 del 21 de octubre de 2021, el CNE inscribió en
el registro único de partidos y movimientos políticos, la renuncia del ciudadano
Hernando Chindoy Chindoy al cargo de secretario de relaciones internacionales
del Partido ASI.
La anterior resolución destaca que mediante oficio de septiembre de 2017,
suscrito por la representante legal de la colectividad, se aceptó la renuncia del
señor Chindoy Chindoy como militante del partido, para lo cual se reprodujo una
imagen de dicho oficio.
Adicionalmente, se observa que la anterior resolución en el acápite de
antecedentes, en los siguientes términos expuso que en el registro de la referida
renuncia, insistió la representante legal del Partido ASI desde el 29 diciembre de
2020, petición que fue reiterada por el secretario general de la colectividad el 9
agosto de 2021. Además, se confirmaron las fechas de los escritos de renuncia y
que de ellos se informó al CNE desde el 15 de julio de 2019:
“RESOLUCIÓN No. 7761 de 2021
(21 de octubre)
Por medio de la cual se ordena una INSCRIPCIÓN en el Registro Único de Partidos
y Movimientos Políticos, dentro del expediente con radicado No. 0109-21.
EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas en los numerales 1 y 6 del artículo 265 de la Constitución Política, Ley
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130 de 1994, artículos 3 y 9 de la Ley 1475 de 2011, y teniendo en cuenta los
siguientes:
1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1 Que, mediante escrito del día 29 de diciembre del año 2020, con radicado 0109-
21, la representante legal del Partido Alianza Social Independiente –ASI informó a
esta Corporación sobre una renuncia de un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
1.2 Que, por reparto interno le correspondió al Honorable Magistrado JAIME LUIS
LACOUTURE PEÑALOZA, conocer sobre el asunto con radicado 0109-21.
1.3 Que, la Subsecretaria de la Corporación a través del gestor documental allegó al
presente asunto el escrito identificado bajo radicado No. CNE-E-2021-012926 de
fecha 09 de agosto de 2021, suscrito por el ciudadano DIEGO FERNANDO JAIMES
PORRAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.60.3.842 en su calidad
de Secretario General y militante del Partido Alianza Social Independiente –ASI-, por
medio del cual reitera la inscripción en el registro correspondiente la renuncia
irrevocable que presentó a su cargos de Secretario de Formación y Capacitación a
la militancia del partido político el señor HERNANDO CHINDOY CHINDOY
identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.354.807, adjuntando para tales
efectos:
a) Carta de renuncia irrevocable presentada por el señor HERNANDO CHINDOY
CHINDOY identificado con la cédula de ciudadanía No (…) a su calidad de
Secretario de Relaciones Internacionales ante los Directivos del Partido Político
Alianza Social Independiente –ASI- calendada el 13 de septiembre de 2017.
b) Carta de renuncia irrevocable presentada por el señor HERNANDO CHINDOY
CHINDOY identificado con la cédula de ciudadanía No. (…) a su militancia dentro
del Partido Político Alianza Social Independiente -ASI- calendada el 22 de diciembre
de 2017.
c) Copia simple del escrito denominado “Notificación de la renuncia Directivo
Nacional Partido ASI” por medio de la cual la señora Angie Vanessa Martínez
Damián identificada con la cédula de ciudadanía No. (…) y la señora Gloria Isabel
Dávila Poveda identificada con la cédula de ciudadanía (…) notifican al Consejo
Nacional Electoral de la renuncia irrevocable del señor HERNANDO CHINDOY
CHINDOY identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.354.807 a su militancia
dentro del Partido Político Alianza Social Independiente -ASI-, escrito de fecha 15 de
julio de 2019. (…)” (subrayado fuera de texto).
318. Se describen con detalle las anteriores circunstancias, porque revelan
contrario a lo sostenido por el CNE en el presente trámite, que al menos desde el
15 de julio de 2019 le fue puesto de presente la situación relativa a la renuncia del
señor Hernando Chindoy Chindoy a su condición directivo y militante del partido
ASI, decisiones que respectivamente se manifestaron ante la colectividad el 13 de
septiembre y 22 de diciembre de 2017.
319. Es decir, desde el 15 de julio de 2019 el CNE conocía la determinación del
señor Chindoy Chindoy de desvincularse del partido ASI y, sólo hasta el 21 de
octubre de 2021 fue incluida dicha situación en el registro de partidos y
movimientos políticos.
320. Se pone de presente esta situación, porque el CNE sostiene a partir de la
permanencia del señor Chindoy Chindoy como directivo del partido ASI en el
referido registro, que el mismo fue tenido como tal en los actos acusados, en
especial en las Resoluciones No. 2318 del 8 de julio y 4714 del 8 de septiembre
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de 2021, y por ende, reitera la tesis según la cual la desvinculación de la
agrupación política sólo tiene lugar cuando la autoridad electoral da el visto bueno.
321. Sobre el anterior asunto, la Sala se remite a las consideraciones
desarrolladas en el capítulo 4.1 de la parte motiva de esta providencia, en las que
explicó por qué la permanencia de un militante o directivo de una agrupación
política no puede estar sometida a la inclusión de dicha decisión en el señalado
registro, so pena de restringir desproporcionadamente varios de los derechos
fundamentales del ciudadano involucrado y desconocer que aquél en la materia lo
que busca es brindar publicidad a las decisiones relativas a los integrantes de las
colectividades y su oponibilidad ante terceros, aunado a su estirpe declarativa.
322. Es más, lo ocurrido en el caso del señor Chindoy Chindoy revela que
resultaría desproporcionado sostener que aunque renunció a la colectividad en el
año 2017, es decir, que manifestó libre y voluntariamente su decisión de no
continuar asociado a la misma como directivo o militante, sólo hasta el 2021 logró
su cometido, pues ello implicaría avalar que su manifestación de voluntad quedó
sometida a la diligencia del Partido ASI en informar de tal situación al CNE (lo que
ocurrió desde julio de 2019) y que éste actuara conforme con los principios de
celeridad y eficacia a dar su visto bueno (en octubre de 2021), condiciones que
son contrarias al ordenamiento jurídico.
323. Desde luego, no se pasa por alto, como también se indicó en el acápite 4.1
de la parte considerativa de esta decisión, que tratándose de la condición de
directivos de las agrupaciones políticas, y por consiguiente, de ciudadanos que
voluntariamente aceptaron someterse a reglas especiales relacionadas con el
ejercicio de su cargo, debe verificarse si la colectividad estableció pautas o
trámites especiales para desvincularse de la misma, condiciones que a priori se
presumen ajustadas al ordenamiento jurídico, por ser producto de la facultad de
autorregulación de las colectividades políticas y del acuerdo de voluntades de los
interesados, en especial cuando fueron objeto de revisión y registro ante el CNE,
por lo que cada caso deben analizarse prestando especial atención a sus
particularidades, verbigracia los estatutos respectivos.
324. En lo que atañe a la situación del señor Chindoy Chindoy, revisados los
estatutos aplicables cuando fue elegido integrante del Comité Ejecutivo Nacional,
e inclusive, los que actualmente están registrados ante el CNE, no se evidencian
condiciones especiales para dejar de ser directivo la colectividad, de manera tal
que la manifestación libre de su voluntad de cesar con tal responsabilidad es el
parámetro esencial a tener en cuenta, que como se destacó, fue expresada desde
el 13 de septiembre de 2017.
325. En ese orden de ideas, le asiste razón a la parte accionante al considerar
que resulta contrario a la decisión libre del señor Chindoy Chindoy de no continuar
en el Comité Ejecutivo Nacional desde la fecha antes señalada, que en las
resoluciones acusadas, en especial en las 2318 del 8 de julio y 4714 del 8 de
septiembre de 2021, se le haya tenido como directivo del Partido ASI, máxime
cuando al CNE le fue informada la situación de la renuncia desde julio de 2019
para que actualizara el registro correspondiente, que se insiste, en tratándose de
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la designación, permanencia y retiro de los directivos políticos, tiene
exclusivamente fines declarativos – más no constitutivos – y de publicidad y
oponibilidad ante terceros, más no es una condición para que se adquiera o cese
tal condición.
326. Conclusión distinta se predica frente a la situación del señor Antonio Martín
Almanzo Acosta, respecto del cual se evidencia:
• Mediante escrito del 10 de diciembre de 2020, radicado en la misma fecha ante
el Partido ASI, manifestó que de “manera libre y voluntaria” renunciaba
irrevocablemente al cargo que desempeñaba en el Comité Ejecutivo Nacional.
• La anterior decisión que fue aceptada el mismo día mediante oficio suscrito por la
representante legal de colectividad.
• Dicha renuncia fue comunicada al CNE a través de oficio del 29 de diciembre de
2020, como lo confirma la Resolución 477 del 13 de enero de 2022 del CNE.
• A través de la anterior resolución se inscribió en el registro de partidos y
movimientos políticos la renuncia del señor Almazo Acosta del cargo que ocupaba
en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI.
• La Resolución 477 del 13 de enero de 2022, da cuenta que el señor Almazo
Acosta en el trámite de inscripción de su renuncia expresó, en especial durante los
meses de septiembre y octubre de 2021, que ésta no fue producto de su voluntad
libre, sino resultado de la coacción en su contra ejercida por “las decisiones de los
miembros del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional”, por lo que no debió aceptarse.
• El CNE en la citada resolución estimó que era procedente inscribir la renuncia,
pues el señor Almazo Acosta no acreditó que su voluntad se encontraba viciada
cuando presentó aquélla.
• A través de escrito del 1° de febrero de 2022, el ciudadano antes señalado
presentó recurso reposición contra la Resolución 477 del 13 de enero de 2022,
con el fin de que se revoque y no se ordene la inscripción de su renuncia al
partido, reiterando que no fue libre ni voluntaria, además, que no fue aceptada por
el Comité Ejecutivo del Partido ASI, entre otras circunstancias.
• Según lo expuesto por el CNE y el señor Almazo Acosta al contestar la
demanda, el medio de impugnación antes señalado no se ha resuelto.
327. Las circunstancias descritas ilustran que aunque el CNE tiene conocimiento
de la renuncia del anterior ciudadano desde el 29 de diciembre de 2020, es decir,
desde una fecha anterior a los actos acusados, respecto de la misma se planteó
una controversia que al parecer no ha finalizado ante la autoridad electoral, en la
que el punto central es establecer si el señor Almazo Acosta manifestó o no libre y
voluntariamente su deseo de no seguir en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
ASI.
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328. Sobre el punto se reitera, que no es materia de este proceso, de manera tal
que no le corresponde a la Sección en esta oportunidad verificar la validez de la
referida renuncia, entre otras razones, porque no hacen parte de los actos
demandados la Resolución 477 del 13 de enero de 2022, y por consiguiente, en el
presente trámite solo le concierne destacar que está en desarrollo una discusión
en sede del CNE.
329. Ahora bien, en punto al problema jurídico planteado lo anterior es relevante,
porque si para el momento en que se dictaron los actos acusados, en especial las
resoluciones 2318 del 8 de julio y 4714 del 8 de septiembre de 2021, la aludida
controversia no había finalizado ante el CNE, resultaba razonable que el mismo
siguiera considerando al señor Almazo Acosta como parte del Comité Ejecutivo
Nacional, pues para ese instante no había definido si tal renuncia era resultado de
la expresión libre y voluntaria de su titular.
330. Lo anterior, no bajo la perspectiva que solo con el registro de la renuncia
cesa la condición de directivo de la agrupación política, como se ha explicado en
esta providencia, sino en atención a la existencia de una controversia en sede
administrativa, en la que se puso en duda la veracidad de la voluntad del directo
interesado en continuar en el Comité Ejecutivo Nacional, es más, porque dicha
situación se originó porque el ciudadano que presentó el escrito renuncia indicó
que en realidad lo hizo por coacción.
331. Lo expuesto confirma que, tratándose de la permanencia de los ciudadanos a
las agrupaciones políticas y sus órganos directivos, el factor determinante es la
manifestación libre y voluntaria de aquéllos, pues a partir de ella debe
establecerse para un momento dado si cesó o no la vinculación con la colectividad
política, salvo que existan condiciones especiales que libremente se hayan
aceptado para cesar la relación y que estén en consonancia con el ordenamiento
jurídico.
332. Por lo tanto, ante la controversia que le fue planteada al CNE en torno a si el
señor Almazo Acosta renunció o no libremente a su condición de directivo,
planteada por quien puso en tela de juicio su propia declaración, no resulta
razonable exigirle a la autoridad electoral que en los actos acusados en el
presente trámite ya no tuviera como integrante del Comité Ejecutivo Nacional al
anterior ciudadano, pues al dictarse éstos el referido debate continuaba en curso.
333. Desde luego, vale la pena destacar que la anterior situación en parte se
generó por el considerable lapso que transcurrió entre el instante que le fue
informado al CNE sobre la presentación de la renuncia (29 de diciembre de 2020)
y el día en que registró la misma (13 de enero de 2022), decisión que según
informó la autoridad electoral al contestar la demanda, no está en firme por la
interposición de un recurso.
334. Bajo las circunstancias antes señaladas, no hay lugar a considerar que los
actos acusados incurrieron en un error por el hecho de haber tenido como
integrante del Comité Ejecutivo Nacional al señor Almazo Acosta, que se
recuerda, hace parte de los directivos contra lo que se impuso medida cautelar de
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suspensión provisional a través del auto 029 de 2020, lo que justificó que no fuera
convocado a la sesión de dicho Comité del 17 de noviembre de 2020.
4.9. Sobre el alcance del oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de 2021
335. El siguiente problema a resolver consiste en establecer si este oficio, que se
pronunció sobre las Resoluciones 2317 y 2318 de 202186, determinó que como
consecuencia de éstas el Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI, no podía
abordar temas distintos a los señalados en las mismas. En caso afirmativo, si
dicha prohibición significó que el CNE le impidió a la colectividad participar en las
elecciones al Congreso de la República para el periodo 2020-2026, en vulneración
de los derechos políticos de la agrupación y sus integrantes.
336. Vale la pena recordar que el oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de
2021 se produjo como consecuencia de una petición elevada el 30 de junio de
2021 por el señor Diego Fernando Jaimes Porras, que invocando la condición de
militante y directivo del partido ASI, formuló varios interrogantes relacionados con
los efectos de las resoluciones 2317 y 2318 del 2021 del CNE, la mayoría de ellos
dirigidos a que se precisara, si para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en
los anteriores actos administrativos, podían reunirse los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional cuyo periodo terminó en el año 2021.
337. En cuanto a las órdenes contenidas en las anteriores resoluciones, se
destaca que la 2317 de 2021 dejó sin efecto la convocatoria y reglamentación de
la XII Convención Nacional del Partido ASI y determinó que:
(I) “(S)e realice una nueva reunión ordinaria, en donde retome todos los temas
en la reunión del día 17 de noviembre de 2020, garantizando la plena participación
de todos sus miembros, teniendo en cuenta no solo este acto administrativo, sino
también el proveído que resuelva el recurso de la Resolución N° 0183 del 20 de
enero de 2021” (es decir, la 2316 del 8 de julio de 2021).
(II) Expedir un acto en el que se “reglamente y se convoque las convenciones
del nivel Nacional, Departamental y Distrital, como lo establece el parágrafo del
artículo 28 de sus estatutos, garantizando la participación de los miembros que por
derecho les corresponde”.
338. Lo anterior, como consecuencia de haber considerado que la reunión del 17
de noviembre de 2020 en la que se decidieron los principales aspectos de la XII
Convención Nacional del Partido fue celebrada en abierto desconocimiento de los
estatutos, por lo que se ordenó rehacer sin incurrir en los errores advertidos CNE,
lo que a su vez implicaba convocar dicha Convención, previa celebración de las
del nivel territorial.
339. En cuanto a la Resolución 2318 de 2021, que dejó sin efectos las decisiones
adoptadas en la XII Convención Nacional, ordenó a todos los integrantes del
Comité Ejecutivo inscritos en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos
mediante la Resolución 2279 de 2019, que tomen todas las medidas pertinentes
86
Que dejaron sin efecto la Resolución 34 de 2020 que convocó y reglamentó la XII Convención Nacional del Partido ASI y
las decisiones adoptadas en ésta.
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para dar “estricto cumplimiento de los preceptos estatutarios, sesionen válidamente,
adelanten las acciones previas para la convocatoria al máximo órgano del partido y
convoquen la XII Convención Nacional de esa organización política”.
340. La petición formulada 3 de agosto de 2021, además de considerar las
anteriores órdenes, puso de presente que el periodo de 4 años de los miembros
de Comité Ejecutivo Nacional que se encontraban inscritos ante el CNE finalizó en
enero de 2021, por lo que no se tenía certeza sobre los responsables de cumplir lo
dispuesto en las resoluciones 2317 y 2318 de 2021, lo cual resultaba razonable,
teniendo en cuenta que éstas dejaron sin efectos las designaciones de los nuevos
integrantes de dicho Comité.
341. En concreto, las anteriores circunstancias motivaron que el señor Diego
Fernando Jaimes Porras formulara el siguiente interrogante: “En la Resolución 2317
del 2021 en el CNE “Ordena al Comité Ejecutivo Nacional que realice una nueva reunión
ordinaria, en donde retomen todos los temas de la reunión debatidos el 17 de noviembre
de 2020. ¿Puede reunirse y tomar decisiones un Comité Ejecutivo cuyo periodo
estatutario ya terminó y son tomadas como válidas sus decisiones?””.
342. En respuesta a dicha solicitud, mediante oficio del 3 de agosto de 2021, con
radicado CNE-JERR-185-2021, la autoridad electoral indicó que los miembros del
Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI son los que se encuentran inscritos
como tales mediante la Resolución 2173 de 2017, y que éstos están en la
obligación de acatar las órdenes del CNE. En tal sentido indicó:
“Así pues, resulta diáfano que las disposiciones ordenadas mediante los actos
administrativos 2317 y 2318 de 2021, están dirigidas, para su cumplimiento, al
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social Independiente – ASI que se
encuentra inscrito actualmente en acápite del Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos correspondiente al pluricitado Partido ASI, teniendo en cuenta
que:
i) Lo ordenado es imprescindible para la realización de una nueva convención de la
Agrupación Política; lo cual, a su vez, es necesario para que se puedan inscribir los
nuevos miembros directivos que conforman estos cargos de conformidad con sus
estatutos; y
ii) que lo ordenado por esta Corporación es específico y puntual, es decir, que los
miembros del Comité Ejecutivo Nacional, no podrán tomar decisiones diferentes
a lo que el Consejo Nacional Electoral les ordenó en las ampliamente
evocadas Resoluciones” (destacado fuera texto).
343. De la respuesta contenida en el oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto
de 2021, se destaca la expresión según la cual los miembros inscritos del Comité
Ejecutivo Nacional “no podrán tomar decisiones diferentes a lo que el Consejo
Nacional Electoral les ordenó en las ampliamente evocadas Resoluciones”, porque
a partir de ella la parte accionante entendió que el CNE estableció que dicho
órgano colegiado no podía abordar temas distintos a los señalados en las
referidas resoluciones.
344. Frente a la anterior posición, al analizar tanto la parte motiva como la
resolutiva de las Resoluciones 2317 y 2318 de 2021 y las que las conformaron, es
decir, las 2900 y 4714 de 2021, no advierte la Sala que hayan significado una
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prohibición al Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI de reunirse para tratar
temas distintos a dar cumplimiento a las órdenes impartidas por el CNE. En
especial, no se observa que se le haya indicado que no podía determinar cuáles
sería sus candidatos para las próximas elecciones hasta tanto no cumpliera con lo
ordenado en los anteriores actos administrativos.
345. Lo anterior, porque a través de éstos, en especial los números 2317 y 2318
de 2021, en síntesis se dejó sin efectos la resolución que reglamentó y convocó la
XII Convención Nacional del partido, así como las decisiones adoptadas en ésta, y
en su lugar se le ordenó al Comité Ejecutivo Nacional que celebrara una nueva
reunión para efectos de convocar a la mencionada convención, citando a todos
sus integrantes; respetando el quorum decisorio; teniendo en cuenta que la
reglamentación de la convención nacional es indelegable y; que antes de llevar a
cabo ésta debe celebrarse las del nivel municipal y territorial.
346. Es decir, en apartado alguno de las referidas decisiones de manera directa o
indirecta se hizo alusión a la imposición al Comité Ejecutivo Nacional de reunirse
para abordar asuntos distintos a los que fueron materia de análisis por el CNE en
las resoluciones 2317, 2318 de 2021, 2900 y 4714 de 2021.
347. Sin embargo, como líneas atrás se indicó, no se pasa por alto que la parte
demandante justifica la supuesta prohibición en el oficio del 3 de agosto de 2021
en cuanto señaló: “lo ordenado por esta Corporación es específico y puntual, es decir,
que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, no podrán tomar decisiones
diferentes a lo que el Consejo Nacional Electoral les ordenó en las ampliamente
evocadas Resoluciones” (destacado fuera de texto).
348. No obstante, del análisis del escrito que contiene los interrogantes relativos a
los efectos de las resoluciones acusadas, de la pregunta que dio lugar a la anterior
respuesta87 y de la totalidad del oficio del 3 de agosto de 2021, estima la Sala que
se hizo referencia a las decisiones que debía adoptar el Comité Ejecutivo Nacional
del partido ASI, frente a los temas que fueron objeto de la reunión del 17 de
noviembre de 2020, en especial, la XII Convención Nacional, y por ende, que las
consideraciones que hizo el CNE se circunscribieron a tal asunto.
349. En ese orden de ideas, de la referida expresión no se desprende como lo
estima la representante legal del partido ASI, que se le prohibió al Comité
Ejecutivo determinar quiénes serán sus candidatos para las próximas elecciones
y/o adoptar cualquier otra decisión atinente a la existencia o funcionamiento de la
agrupación, por ejemplo, la interposición de la presente demanda, simplemente se
le indicó que debía acatar en estricto sentido las órdenes que le fueron impartidas,
prestando especial atención a las consideraciones y determinaciones de las
resoluciones acusadas.
87
Consistente en: “En la Resolución 2317 del 2021 en el CNE “Ordena al Comité Ejecutivo Nacional que realice una nueva
reunión ordinaria, en donde retomen todos los temas de la reunión de debatidos el 17 de noviembre de 2020. ¿Puede
reunirse y tomar decisiones un Comité Ejecutivo cuyo periodo estatutario ya terminó y son tomadas como válidas sus
decisiones?”.
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350. En suma, en lo que atañe al interrogante planteado, el oficio CNE-JERR-185-
2021 del 3 de agosto de 2021, no determinó que como consecuencia de las
Resoluciones 2317 y 2318 de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional del partido ASI
no podía abordar temas distintos a los señalados en éstas, por la misma razón
tampoco puede considerarse, como incluso se destacó en la providencia del 7 de
diciembre de 2021 que negó la solicitud de suspensión provisional de los actos
acusados, que el CNE le prohibió al partido ASI participar en las elecciones al
Congreso de la República para el periodo 2020-2026.
351. Ahora bien, como también se indicó en el anterior auto, que de los actos
acusados, en especial el oficio CNE-JERR-185-2021 del 3 de agosto de 2021, no
se desprendieran las aludidas prohibiciones, no significaba que no existiera una
situación de incertidumbre frente a la composición de Comité Ejecutivo Nacional y
su responsabilidad de determinar los candidatos a las pasadas elecciones al
Congreso de la República, debido a la terminación del periodo de 4 años de los
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y que se dejaron sin efectos los
nombramientos de quienes reemplazaría a éstos, lo que justificó que como medida
cautelar de urgencia esta Sección declarara que:
“las personas que aparecen inscritas ante el CNE como integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional del partido Alianza Social Independiente, tienen la posibilidad de
reunirse para establecer todo lo atinente a las próximas elecciones al Congreso de
la República, como conceder avales, inscribir candidaturas y modificar éstas en las
oportunidades legalmente previstas, a fin de que la discusión relativa a la legalidad
de los actos administrativos del CNE cuestionados en esta oportunidad, no impida
que la colectividad inscriba a sus aspirantes, y por ende, pueda ejercer los derechos
consagrados en los numerales 1, 2, 3, 5 y 7 del artículo 40 de la Constitución
Política.”
352. Esta medida, ante la referida situación de incertidumbre, que se insiste, no se
derivó de una supuesta prohibición impuesta por los actos cuya nulidad se solicita,
le brindó al Partido ASI la tranquilidad necesaria para inscribir sus candidatos al
Congreso de la República y que algunos de ellos fueran electos, como
posteriormente lo reconoció aquél, de manera tal que la presente controversia
judicial no significó que la colectividad estuviera excluida de la pasada contienda
electoral.
4.10. Resolución de las pretensiones elevadas
353. Resueltos los motivos de inconformidad contra los actos acusados,
corresponde decidir sobre las pretensiones formuladas.
354. En cuanto a la Resolución No. 183 del 20 de enero de 2021 del CNE, se
solicitó la nulidad de su numeral 2°, es decir, mediante el cual dejó sin efecto la
medida cautelar decretada por el Tribunal Disciplinario y de Ética del partido ASI a
través del auto 029 de 2020 contra los señores Angie Vanessa Martínez Damián,
Ana Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y
Antonio Martín Almazo Acosta.
355. Tal petición resulta procedente, al acreditarse que la referida orden fue
proferida dentro de un trámite administrativo que no tenía como fin el análisis de
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legalidad de dicha medida cautelar, de manera tal que está justificada su exclusión
del ordenamiento jurídico.
356. Asimismo, en relación con las determinaciones adoptadas por la Resolución
No. 183 de 2021, también se acreditó que el CNE erró al rechazar de plano el
recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo a través de
la Resolución 2316 del 8 de julio de 2021 del CNE, aspecto que fue motivo de
inconformidad al ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
357. Empero, debe tenerse presente que el partido ASI reprochó la legalidad de la
Resolución No. 2316 de 2021, en la medida que fue el acto que resolvió el recurso
de reposición contra la 183 de 2021, respecto de la cual no controvirtió todas sus
decisiones, sino únicamente la atinente a dejar sin efectos la medida cautelar
decretada a través del auto 029 de 2020 del Tribunal Disciplinario del Partido ASI,
en razón a que esta decisión fue el fundamento de los principales actos contra los
que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021 del CNE, atinentes a la XII
Convención Nacional de Partido ASI.
358. Dicho de otro modo, el reproche de legalidad contra las Resoluciones No.
183 de 2021 y 2316 de 2021, como proposición jurídica completa que son, debido
a que la firmeza de la primera no puede predicarse sin la segunda, pues ésta
versa sobre un recurso de reposición contra el primero de los actos administrativos
señalados, se circunscribió a la medida cautelar decretada en el auto 029 de 2020
del Tribunal Disciplinario del Partido ASI.
359. Esta precisión resulta indispensable, debido a que la Resolución No. 183 de
2021, y por ende, la 2316 de 2021, se ocuparon principalmente de la sanción de
expulsión de la colectividad de los señores Angie Vanessa Martínez Damián, Ana
Yenci Ospina Girón, Gloria Isabel Dávila Poveda, Honorio Abadía Rojas y Antonio
Martín Almazo Acosta y del trámite que le precedió, frente a los cuales no se
presentó la demanda de la referencia ni se fijó el litigio, por lo que no puede
proferirse alguna orden que afecte su validez.
360. En ese orden de ideas, en criterio de la Sala no es pertinente ordenar la
anulación de la Resolución No. 2316 de 2021 del CNE, que se pronunció en
términos generales sobre el recurso de reposición contra lo decidido en la
Resolución 183 de 2021, sin distinguir los asuntos que fueron abordados por ésta,
entre los que se encuentra principalmente, la referida sanción de expulsión.
361. No obstante, el hecho que no se declare la nulidad de la Resolución No.
2316 de 2021 en nada afecta las pretensiones de la parte accionante, comoquiera
que al declararse la nulidad de la Resolución No. 183 de 2021 solamente en lo
atinente a la medida cautelar del auto 029 de 2020, la Resolución 2316 de 2021
continuará produciendo efectos jurídicos exclusivamente sobre las
determinaciones del proceso disciplinario de expulsión de los directivos del Partido
ASI, que se insiste, no es objeto de esta actuación judicial.
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362. En cuanto a la validez de la Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de
2021, que dejaron sin efectos la Resolución No. 034 del 15 de noviembre de 2020,
por medio de la cual el partido ASI reglamentó y convocó la XII Convención
Nacional Ordinaria de la colectividad y negaron el reconocimiento e inscripción de
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, del Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional y del veedor nacional, elegidos en la Convención antes señalada, de lo
expuesto en esta providencia deviene en necesario que se excluyan del
ordenamiento jurídico.
363. Esto en atención a que fueron desvirtuadas por el Partido ASI las principales
razones por las que se adoptaron las anteriores decisiones, esto es, que a la
sesión del 17 de noviembre de 2020 debieron convocarse a 5 de sus directivos
contra los cuales existía una medida cautelar de suspensión provisional del
ejercicio de los cargos que ejercían en la colectividad; que tal omisión impidió
predicar la conformación del quórum estatutario; que el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido ASI no podía delegar la convocatoria y reglamentación de la XII
Convención Nacional y; que para ésta era imperativo haber celebrado previamente
convenciones municipales, distritales y departamentales.
364. De otra parte, se negará la pretensión de nulidad del oficio CNE-JERR-185-
2021 del 3 de agosto de 2021, suscrito por el magistrado del CNE Jorge Enrique
Rozo Rodríguez, al no acreditarse el motivo de inconformidad expuesto sobre el
mismo, sobre la supuesta prohibición impuesta al Comité Ejecutivo Nacional de
sesionar para tratar temas distintos a los señalados en las Resoluciones 2317 y
2318 de 2021.
365. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se infiere que el
principal perjuicio ocasionado al partido ASI consiste en la negativa de inscribir la
resolución que reglamentó y convocó la XII Convención Nacional Ordinaria de la
colectividad y en especial las decisiones adoptadas en la misma, relativas a la
designación de sus directivos, de allí que la agrupación a título de restablecimiento
del derecho solicite que se ordene la inscripción de tales actuaciones.
366. Aunque la petición de la parte demanda es razonable y consecuente con la
declaratoria de nulidad de la mayoría de los actos acusados, también debe
considerarse que las decisiones relativas a la inscripción en el registro de partidos
y movimientos políticos corresponden al CNE y que en dicha labor como también
se indicó en esta providencia, no realiza una mera revisión formal, de manera tal
que eventualmente podría advertir situaciones distintas a las que fueron
analizadas en este proceso, que a su juicio hagan inviable la inscripción,
verbigracia, alguna novedad sobre las personas elegidas como directivos de la
colectividad durante el tiempo en que se desarrolló la presente controversia.
367. Por tal razón, la Sala estima que no es pertinente ordenarle al CNE que
manera inmediata realice la inscripción de la información a que hace alusión la
colectividad, sin embargo, tampoco permitir que se continúe extendiendo en el
tiempo la resolución de dicho asunto y mucho menos, que para negarse el registro
se vuelvan a invocar los argumentos cuya validez fue desvirtuada en el presente
trámite.
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Radicación: 11001-03-28-000-2021-00061-00
368. En ese orden de ideas, en aras de respetar la competencia que tiene el CNE
en la administración del registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas,
y a su vez, restablecer los derechos afectados del Partido ASI debido a las
decisiones cuya nulidad se decretará, se le ordenará a la autoridad electoral, que
en el término de 15 días siguientes a la firmeza de esta decisión, adelante todas
las gestiones pertinentes para decidir sobre las peticiones de inscripción de la
Resolución No. 034 del 15 de diciembre de 2020, por medio de la cual la referida
colectividad reglamentó y convocó la XII Convención Nacional Ordinaria de la
colectividad y de las designaciones que tuvieron lugar en ésta, sin volver a incurrir
en las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley
FALLA:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las siguientes decisiones proferidas por el
Consejo Nacional Electoral:
➢ El numeral 2° de la parte resolutiva de la Resolución No. 183 del 20 de enero de
2021.
➢ Las Resoluciones No. 2317 del 8 de julio y 2900 del 12 de agosto de 2021,
mediante las que dejó sin efectos la Resolución 034 del 15 de diciembre de 2020,
por medio de la cual el partido ASI reglamentó y convocó la XII Convención
Nacional Ordinaria.
➢ Las Resoluciones No. 2318 del 8 de julio y 4714 del 8 de septiembre de 2021,
mediante las cuales se dejaron sin efectos las decisiones adoptadas en la XII
Convención Nacional Ordinaria del Partido ASI y negó el reconocimiento e
inscripción de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, del Tribunal
Disciplinario y de Ética Nacional y del veedor nacional.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se le ordena al Consejo
Nacional Electoral, que en el término de 15 días siguientes a la firmeza de esta
decisión, adelante todas las gestiones pertinentes para decidir sobre las peticiones
de inscripción de la Resolución No. 034 del 15 de diciembre de 2020, por medio
de la cual la referida colectividad reglamentó y convocó la XII Convención
Nacional Ordinaria de la colectividad y de las designaciones que tuvieron lugar en
ésta, sin volver a incurrir en las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de
nulidad de las Resoluciones No. 2317, 2318, 2900 y 4714 de 2021.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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