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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02055-00

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02055-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-02055-00 Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias 1. Acceder a la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por falta de legitimación en la causa por pasiva. 2. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral. 3. Negar la acción de tutela instaurada por el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02055-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

15 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02055-00
Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02055-00
Demandante: OSWALDO MAURICIO ALAPE ARIAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, por intermedio de apoderado, por el
señor Oswaldo Mauricio Alape Arias, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de abril de 2025, la parte actora, por intermedio de apoderado, interpuso acción
de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, a ser
elegido y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«(…) TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A
LA CONTRADICCIÓN, A SER ELEGIDO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, toda vez que la Sección Quinta del Consejo de Estado en el trámite de la
segunda instancia, mediante proveído de fecha 28 de noviembre de 2024 bajo ponencia
de la Honorable Consejera GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, incurrió en un defecto
fáctico y en un defecto sustantivo.

2.2. En consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha
28 de noviembre de 2024, proferida por el Honorable Consejo de Estado con ponencia de
la Magistrada GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA.

2.3. ORDENAR a la Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado, que dicte un nuevo
fallo, en el cual se reconozca que el señor OSWALDO MAURICIO ALAPE ARIAS nunca
tuvo la calidad de directivo del Partido Liberal Colombiano y en consecuencia se confirme
la decisión que negó las pretensiones de nulidad electoral, emanada del Tribunal
Administrativo del Tolima.».
(se transcribe con posibles errores)

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos relacionados con la candidatura y elección del señor Oswaldo Mauricio
Alape Arias a la alcaldía del municipio de Coyaima, Tolima

Por medio de la Resolución 6036 del 3 de abril de 2020, la Dirección Nacional del
Partido Liberal Colombiano declaró las personas electas por voto directo para integrar
el directorio municipal de Coyaima, entre los que se incluyó al señor Oswaldo Mauricio

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Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias

Alape Arias, además, lo reconoció como asistente por derecho propio a las
convenciones de esa colectividad, en los niveles municipal y departamental.

Como no se logró la elección completa del directorio municipal, por medio de la
Resolución 6796 del 4 de diciembre de 2020 la dirección del partido creó el Comité de
Acción Liberal de Coyaima, del cual también fue designado integrante el señor Alape
Arias.

El 17 de mayo de 2023, el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias presentó renuncia a
la militancia del Partido Liberal Colombiano y el 28 de julio de 2023, con el aval
principal del Partido Conservador Colombiano, en coalición con el Centro Democrático
y la Alianza Social Independiente «ASI», se inscribió como candidato a la Alcaldía
municipal de Coyaima, para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

El 29 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones a la alcaldía de Coyaima, en las
que se declaró electo al señor Alape Arias, mediante formulario E-26ALC y el 2 de
noviembre de 2023, la comisión escrutadora municipal de Coyaima expidió la
credencial al señor Oswaldo Mauricio Alape Arias como alcalde.

Que, en certificación suscrita por el Secretario General del Partido Liberal Colombiano,
del 2 de febrero de 2024, se indicó que:

(i) En reunión virtual del 1 de julio de 2020, que se adelantó con el fin de
crear el Directorio Liberal Municipal de Coyaima el señor Alape Arias
manifestó la declinación a su aspiración para hacer parte de la mesa
directiva y de ser miembro del directorio liberal municipal y,

(ii) En la Resolución 6796 del 4 de diciembre de 2020, «por error humano»
se le incluyó como miembro del órgano de dirección municipal.

Posteriormente, la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano, expidió la
Resolución 7895 del 5 de febrero de 2024, mediante la cual modificó la Resolución
6796 del 4 de diciembre de 2020, en el sentido de excluir al señor Oswaldo Mauricio
Alape Arias como miembro del comité de acción liberal de Coyaima.

Mediante Resolución 7901 del 15 de febrero de 2024, la Dirección Nacional del Partido
Liberal Colombiano resolvió revocar la Resolución 7895 del 5 de febrero de 2024.

Hechos relacionados con el proceso de nulidad electoral cuestionado

Los señores Luz Yamile Farias Castro1 y Juan Guillermo González Zota2 presentaron
demandas bajo el medio de control de nulidad electoral, en contra de la elección del
señor Oswaldo Mauricio Alape como alcalde del municipio de Coyaima, para el
periodo 2024- 2027.

Fundamentaron la demanda en que el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias incurrió
en la causal de doble militancia, al ejercer un cargo directivo en el Partido Liberal
Colombiano hasta el 17 de mayo de 2023 y posteriormente inscribirse, el 28 de julio
de 2023, como candidato a la alcaldía de Coyaima con aval del Partido Conservador,
en coalición con el Centro Democrático y la ASI, para las elecciones del 29 de octubre
de 2023.

1 Expediente ordinario con radicado número: 73001-23-33-000-2023-00465-00.
2 Expediente ordinario con radicado número: 73001-23-33-000-2023-00485-00.

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Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias

Lo anterior, porque de conformidad con inciso tercero del artículo 2 de la Ley 1475 de
20113, le asistía la obligación de renunciar al Partido Liberal Colombiano con una
anterioridad mínima de 12 meses a la inscripción de su candidatura, pero solo lo hizo
cuando faltaban 2 meses y 11 días.

El Tribunal Administrativo del Tolima 4, mediante sentencia del 11 de julio de 2024,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó que el señor
Oswaldo Mauricio Alape Arias hubiese ostentado la calidad de directivo del Partido
Liberal Colombiano, condición necesaria para configurar la causal de doble militancia.

Explicó que la Resolución 6036 de 2020 solo lo incluyó en una lista de militantes
habilitados para participar en la elección de directorios, sin que ello implicara su
integración efectiva a alguno de estos órganos.

Frente a la Resolución 6796 de 2020, que lo designó como miembro del comité de
acción liberal de Coyaima, advirtió que esta se expidió con fundamento en un error,
al asumir que era concejal, cargo que nunca ejerció. Además, no se probó que hubiera
aceptado dicha designación ni ejercido funciones directivas.

Resaltó que, conforme con jurisprudencia y estatutos del partido político, la calidad
de directivo exige una designación válida e inscripción ante el Consejo Nacional
Electoral, en adelante CNE y, dicha inscripción debía recaer sobre personas
designadas de acuerdo con los estatutos de la respectiva organización política para
integrar sus órganos de gobierno, administración y control, lo cual no ocurrió en este
caso.

Pues, no se allegó algún medio probatorio que diera cuenta que el señor Alape Arias:
(i) fue designado como Directivo del partido político Liberal Colombiano y, (ii) que
dicho nombramiento haya sido registrado ante el CNE.

En cuanto a la renuncia presentada el 17 de mayo de 2023, consideró que obedeció
a su calidad de militante, más no como directivo, porque no se demostró esa
condición, por lo que, no se le podía exigir una renuncia anterior a los 12 meses a la
postulación como candidato por otro partido político.

En consecuencia, concluyó que el señor Alape Arias no incurrió en doble militancia,
pues no se acreditó el elemento subjetivo exigido en el inciso tercero del artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011.

Los demandantes Luz Yamile Farías Castro y Juan Guillermo González Zota
interpusieron recurso de apelación contra esa decisión, así:

(i) La señora Farías Castro sostuvo que el Tribunal desconoció las
sentencias de 13 de enero de 2017, 29 de abril de 2021 y 4 de julio de
2024 proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en las
que se dijo que la calidad de directivo dentro de una organización
política puede derivarse del cargo reconocido por el partido, sin que

3 « Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. (…)

(…)
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro
partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar
al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos cómo candidatos.
(…)».
4 En autos del 15 de diciembre de 2023 y 13 de febrero de 2024 se admitieron las demandas y se negó la medida se suspensión provisional

solicitada en ambos escritos y en auto del 4 de marzo de 2024 se decretó la acumulación de los procesos 73001-23-33-000-2023-00465-
00 y 73001-23-33-000-2023-00485-00 y se tuvo como expediente principal el primero de ellos.

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necesariamente esté inscrito ante el CNE, siempre que cumpla con las
funciones estatutarias de dirección.

Afirmó que la revocatoria de la Resolución 7895 del 5 de febrero de
2024 dejó vigente la Resolución 6796 de 2020, que acreditó al
demandado como miembro del comité de acción liberal, órgano con
funciones directivas según el parágrafo del artículo 36 de los estatutos.

Indicó que, conforme con el numeral 14 del artículo 14 de los estatutos
del Partido Liberal Colombiano, «son organismos políticos y de gestión»
los miembros del comité de acción liberal municipal.

(ii) El señor González Zota afirmó que la prueba documental y testimonial
obrante en el expediente acreditaba que el señor Alape Arias no solo
era militante hasta mayo de 2023, sino que también ejercía como
directivo. También citó la sentencia del 4 de julio de 2024 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

En el término que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, la
defensa del señor Alape Arias solicitó incorporar como pruebas las respuestas
proferidas por el Partido Liberal Colombiano a unas peticiones que elevó en ejercicio
del derecho fundamental de petición.

En auto el 31 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado, negó la
solicitud de pruebas, porque consideró que no resultaban útiles en virtud de los demás
documentos que obraban en el expediente, pues la creación del comité podía
verificarse con el análisis de los estatutos de la colectividad.

El 28 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones de nulidad
electoral, al considerar que el señor Alape Arias incurrió en la prohibición de doble
militancia prevista en el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, en concordancia
con el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Para sustentar esa decisión, explicó que la causal de nulidad invocada debía
interpretarse en armonía con los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley
1475 de 2011, según los cuales, los directivos de partidos políticos deben renunciar
con la debida antelación cuando deseen postularse por otra colectividad.

En el estudio del elemento subjetivo, la Sala estableció que el señor Alape Arias sí
ostentaba la calidad de directivo, por haber sido incluido como miembro del comité de
acción liberal del municipio de Coyaima, mediante la Resolución 6796 del 4 de
diciembre de 2020, expedida por la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano.

Indicó que este comité hace parte de la estructura orgánica del partido, conforme con
el artículo 14 de sus estatutos 5 y que el parágrafo del artículo 36 ibidem6 le asigna
funciones equivalentes a las de los directorios departamentales y municipales, en
materia administrativa y disciplinaria. Por tanto, concluyó que quienes integran dicho

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Artículo 14. Organismos competentes.- El Partido Liberal Colombiano está organizado de acuerdo con la siguiente estructura:
(…)
Organismos Políticos y de Gestión
(…)
14. Comités de acción liberal.
(…)”
6 Que indica: “En las circunscripciones electorales donde no se haya elegido directorio o este no opere, se creará un comité de acción

liberal el cual tendrá las mismas funciones de los directorios”.

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comité ejercen cargos de dirección, sin que sea necesario que hagan parte de la mesa
directiva o que estén inscritos ante el CNE.

Resaltó que el registro ante el CNE no tiene naturaleza constitutiva, sino meramente
declarativa, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado7.

A efecto de determinar la condición de directivo con fundamento en las aludidas
normas, transcribió el contenido de las Resoluciones: (i) 6036 del 3 de abril de 2020 y
(ii) 6796 del 4 de diciembre de 2020, con las cuales encontró acreditado que el
demandado militó en el Partido Liberal Colombiano y formó parte del comité de acción
liberal del municipio de Coyaima desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 17 de mayo
de 2023, cuando renunció al partido.

Destacó que, si bien, por medio de la Resolución 7895 del 5 de febrero de 2024 el
Secretario General del Partido Liberal Colombiano modificó la Resolución 6796 del 4
de diciembre de 2020, en el sentido de excluirlo del comité de acción liberal de
Coyaima por considerar como un «error humano» la inclusión del demandado en la
instancia directiva del nivel municipal, en Resolución 7901 del 14 de febrero de 2024,
el mismo Secretario General revocó esa Resolución, con la cual dejó en firme la
acreditación efectuada en la Resolución 6796 de 2020.

En cuanto al elemento temporal, encontró que el señor Alape Arias presentó su
renuncia al Partido Liberal el 17 de mayo de 2023 y se inscribió como candidato el 28
de julio del mismo año, es decir, con solo 2 meses y 11 días de anticipación, lo que
desconoció la exigencia de renunciar con al menos 12 meses de antelación a la
postulación.

Por ello, concluyó que se configuraba la causal de nulidad electoral por doble
militancia. En consecuencia, anuló el formulario E-26 ALC del 2 de noviembre de 2023,
mediante el cual se había declarado la elección del señor Alape Arias como alcalde
del municipio de Coyaima para el periodo 2024–2027.

La decisión contó con un salvamento de voto y una aclaración de voto.

El 5 de diciembre de 2024, el apoderado del señor Alape Arias solicitó aclaración de
la sentencia, la cual fue rechazada por extemporánea en auto del 13 de febrero de
2025.

Por medio de la Resolución 0015 del 10 de febrero de 2025, la gobernadora del
departamento del Tolima resolvió dar cumplimiento a la decisión judicial de nulidad
electoral declarada por el Consejo de Estado y, como consecuencia, declaró la
vacancia absoluta del cargo de alcalde municipal de Coyaima y dispuso encargar de
tal dignidad al entonces Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo del ente
territorial.

3. Argumentos de la acción de tutela

7 Al efecto, explicó que, en cuanto a la necesidad de registro de los directivos de los partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral,

la jurisprudencia reiterada de la Sección Quinta ha precisado que este no tiene naturaleza constitutiva, sino simplemente declarativa. Por
ello, el que se omita el cumplimiento de ese deber no afecta la calidad de directivo, ya que, en caso contrario, se llegaría al absurdo de
entender que una colectividad que ha designado a sus directivos conforme a las reglas fijadas en los estatutos, pero no los ha registrado
ante la autoridad electoral, estaría acéfala. En ese punto, citó la sentencia del 7 de julio de 2020, proferida dentro del expediente con
radicado número: 11001-03-28-000-2021-00061-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado.

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La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que, el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, no era
aplicable al caso concreto, pues, la disposición prevé que «los directivos de los partidos
y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección
popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar
parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce meses antes de
postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos» .

Para sustentar lo anterior, adujo que, en la sentencia del 28 de noviembre de 2024,
interpretó de indebida forma el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, al
extender el concepto de «directivo» a los miembros del comité de acción liberal, sin
que los estatutos del Partido Liberal Colombiano otorguen expresamente esa
condición.

Indicó que los estatutos del Partido Liberal definen quiénes son directivos, sin que se
incluya expresamente a los comités de acción liberal en esa categoría, pues, el artículo
20 señala expresamente los cargos directivos del nivel nacional. Además, que los
artículos 35 y 36 ibidem establecen que los departamentos, municipios y localidades
elegirán por voto directo a su directorio liberal y la forma cómo determinar el número
de sus miembros, así como la designación y periodo.

Por ello, consideró que se vulneró el principio de interpretación restrictiva de las
prohibiciones, reconocido por la Corte Constitucional en las sentencias SU-659 de
2015, T-459 de 2017 y C-329 de 2024.

Asimismo, alegó que la Sección Quinta desconoció el contenido del artículo 9 de la
Ley 1475 de 2011, según el cual, son directivos aquellas personas que, conforme con
los estatutos del partido, han sido designadas e inscritas ante el Consejo Nacional
Electoral como integrantes de órganos de dirección, administración o control.

Que, en el presente asunto, el señor Alape Arias nunca fue inscrito ante el CNE ni
aceptó formalmente integrar el comité en mención, como lo demostraban pruebas
incorporadas al proceso, entre ellas registros de comunicaciones y la inexistencia de
actas de funcionamiento del comité.

En cuanto al defecto fáctico, señaló que existió indebida valoración de las pruebas
obrantes en el proceso y omisión en incorporar pruebas relevantes y conducentes que
desvirtuaban la presunta calidad de directivo del Partido Liberal Colombiano.

Al efecto, resaltó que la autoridad judicial demandada desconoció el informe técnico
pericial denominado «informe de inspección y extracción de información de equipo
tecnológico tipo teléfono celular con destino judicial», que constaba de cuatro audios y dos
videos de una reunión realizada el 1 de julio de 2020, mediante la red social
WhatsApp.

Respecto a esa prueba, dijo que el señor Alape Arias expresó de manera clara su
voluntad de no integrar el directorio liberal municipal ni algún órgano directivo. De
modo que, esa manifestación constituyó un acto de rechazo expreso a su eventual
designación, conforme con los procedimientos establecidos en los estatutos del
partido.

Agregó que, desde la dirección del Partido Liberal, se permitió la creación de grupos
por medio del aplicativo WhatsApp para instalar y llevar a cabo las sesiones, lo que
puede ser constatado en la parte considerativa del contenido de la Resolución 7895
del 2024.
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Además, consideró que en Resolución 6796 del 4 de diciembre de 2020, mediante la
cual se conformó el comité de acción liberal del municipio de Coyaima, incluyó
erróneamente al accionante bajo la supuesta calidad de concejal, cuando en realidad
no ostentaba dicha investidura ni en ese momento ni en periodos anteriores, lo que
desvirtuó la legalidad y validez de su inclusión como miembro del comité.

Alegó que la sentencia se apoyó solamente en la Resolución 7901 del 14 de febrero
de 2024 proferida por el Secretario del Partido Liberal por la cual se revocó la
Resolución 7895 del 05 de febrero de 2024 que excluía de la lista del comité de acción
liberal.

Sobre ese punto, dijo que la sentencia le dio plena credibilidad a las declaraciones
extra juicio mencionadas en la esta resolución, las cuales, aduce, no fueron
incorporadas al proceso y le restó contundencia probatoria a lo aportado al proceso,
mediante los videos y los mensajes de WhatsApp, calificados como insuficientes, sin
esgrimir razones que sustentaran esa conclusión.

Advirtió que la autoridad judicial de primera instancia erró al negar la incorporación
como pruebas las respuestas a las peticiones presentadas por el señor Alape Arias al
Partido Liberal Colombiano, a pesar de que se trataban de pruebas sobrevinientes,
las cuales resultaban determinantes para reforzar las premisas en las que se apoyaba
la defensa.

Que, dichas respuestas daban cuenta que no existían actas, resoluciones ni registros
de actividad alguna del comité de acción liberal entre el 4 de diciembre de 2020 y el
17 de mayo de 2023, fecha de su renuncia al partido, lo cual demostró la inactividad
real del órgano y la ausencia de ejercicio de funciones de dirección, administración o
control por parte del actor.

4. Trámite previo

El 11 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, negó la
medida cautelar porque no se evidenció la necesidad y urgencia de declararla, en la
medida que su contenido correspondió a la pretensión principal de la acción de tutela,
razón por la que se indicó que sería el fallo la oportunidad para pronunciarse al
respecto, en conjunto, con los argumentos y pruebas en que basa la solicitud de
amparo del radicado de la referencia.

Asimismo, el despacho ordenó notificar a la demandante, a los magistrados que
integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, en calidad de demandados y al
Tribunal Administrativo del Tolima, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Consejo Nacional Electoral y a los señores Luz Yamile Farías Castro y Juan Guillermo
González Zota, como terceros interesados.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela porque, de la lectura de la tutela se colige que la parte actora pretende lograr
un nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso.

La Sección Quinta del Consejo de Estado pidió que se declare improcedente la
acción de tutela, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional y, de
forma subsidiaria, que se nieguen las pretensiones del accionante al no demostrar la
vulneración de derechos fundamentales.
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Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias

Al respecto, explicó que la petición del tutelante no presenta razones suficientes a
efecto de demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados. De
modo que, solamente busca reabrir un debate de naturaleza legal bajo el pretexto de
vulneración de derechos fundamentales.

Advirtió que no se configura el defecto sustantivo, porque, de conformidad con el
artículo 9 de la Ley 1475 de 2011, son directivos todas aquellas personas a las que
las normas estatutarias les asignen dicha condición y quienes hayan sido «designados
para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control» .

De ahí que, en la providencia cuestionada, se llegó a la conclusión que mediante
Resolución 6796 del 4 de diciembre de 2020 se creó el comité de acción liberal y se
reconoció y acreditó que el señor Alape ostentó un cargo directivo.

Por otro lado, advirtió que el defecto fáctico tampoco tiene vocación de prosperidad,
porque se valoraron en debida forma las pruebas. Además, respecto de las pruebas
que el demandante calificó como sobrevinientes, la Sección se pronunció dentro de la
oportunidad pertinente y advirtió que pretendían acreditar un nuevo argumento que no
fue alegado en el proceso.

6. Terceros con interés

El señor Javier Alfonso Castro envió correo electrónico en el que manifestó que
quería poner en conocimiento lo siguiente:

«[…] quiero poner en conocimiento la situación que está pasando con respecto a la acción
de tutela que radicó el señor Oswaldo Alape Arias a quien fue anulada su elección como
alcalde del municipio de Coyaima, pues este señor viene diciendo a todos y a sus
allegados que elecciones atípicas programadas para el 18 de mayo de los corrientes no
van a haber, debido a que el gana la tutela y vuelve al cargo como pasó con el caso de
prado departamento del Tolima, se escucha a oídas, las personas allegadas a él, dicen
que ya se dieron más de cinco mil millones de pesos, comprando el fallo de tutela, tan es
así que casi no inscribe candidato, y que lo inscribió por cumplir un requisito, porque el
vuelve a la alcaldía de Coyaima porque ya compró esa tutela, en varias ocasiones se han
reunido y se emborracha y lo ha dicho, todo esto se escucha de parte de la gente allegada
a él, son desde luego rumores, dicen que para el viernes de esta semana ya tienen
contratados varios artistas, tienen comida para regalar que van a hacer una fiesta para
celebrar ese fallo de tutela a favor, todo porque él dice que esta fijo que ya tiene arreglado
los magistrados para el reintegro. Como ciudadano habitante de este municipio quiero
poner en conocimiento esta situación, en estos momentos hay candidatos, se está
haciendo la campaña por parte del demandante que ganó el proceso, entonces vemos con
mucha preocupación este tema, también los invito a que fallen en derecho, porque sería
muy preocupante que llegase a pasar una decisión que tumbe el fallo de la sección 5 del
mismo consejo de estado y se eche para atrás toda la programación de la registraduría.
Finalmente quiero decirles que esto es lo que se escucha por todos lados en el municipio
porque el mismo Alape Arias lo ha dicho, pero personalmente a mí no me consta».

(se transcribe textualmente)

Los señores Ayda Lorena Cuevas Páramo y Juan David Contreras Montero,
mediante correo electrónico del 22 de abril de 2025, solicitaron acceso al expediente
de tutela, en atención al interés público y académico que reviste la acción de tutela.

Solicitud que fue atendida por la Secretaría General de la Corporación, tal como puede
verse en el índice 12 del expediente de la presente acción de tutela, que obra en el
sistema de información Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02055-00
Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias

El Consejo Nacional Electoral – CNE solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela porque no cumple con el requisito de subsidiariedad y la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no está vulnerando los derechos
fundamentales invocados.

La Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no intervino en las actuaciones judiciales
cuestionadas, máxime si se tiene en cuenta que no tiene competencia para incidir en
las decisiones judiciales cuestionadas.

El señor Juan Guillermo González Zota, demandante del medio de control de nulidad
electoral, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no
cumple con el requisito de subsidiariedad.

Resaltó que, en auto del 31 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, se pronunció sobre las respuestas a las peticiones proferidas por el Partido
Liberal Colombiano, en el sentido de señalar que estas no resultaban útiles en virtud
de los demás documentos que obran en el expediente.

La señora Luz Yamile Farias Castro, demandante del medio de control de nulidad
electoral, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, porque no
cumple con el requisito de subsidiariedad. Frente a los cargos formulados en la tutela,
manifestó que los defectos fáctico y sustantivo alegados carecen de sustento.

Señaló que, contrario a lo discutido por el actor, la Sección Quinta del Consejo de
Estado no se excedió en el juicio valorativo que imprimió a las pruebas documentales
oportuna y legalmente aportadas por las partes en el curso del proceso de nulidad
electoral.

Indicó que corresponde exclusivamente al juez constitucional determinar la existencia
de una eventual violación de derechos fundamentales. No obstante, manifestó que las
actuaciones promovidas por el señor Alape Arias tras la notificación de la sentencia
de nulidad electoral tienen como único propósito dilatar su salida del cargo y
obstaculizar la ejecución de la sentencia proferida por la Sección Quinta el 28 de
noviembre de 2024.

Indicó que, el 30 de enero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado, notificó
a la Gobernadora del Tolima, sobre la ejecutoria de la decisión de declaratoria de
nulidad de la elección del alcalde del municipio de Coyaima. Por Resolución 015 del
10 de febrero de 2025, declaró la vacancia absoluta del cargo de alcalde y designó
como alcalde encargado al secretario del despacho, pero omitió convocar a elecciones
atípica, como lo ordena la Ley y el 18 de marzo de 2025 y, después de la intervención
de la Procuraduría General de la Nación, la Gobernadora del Tolima, dictó el Decreto
186 por el cual se convocó a elecciones atípicas el 18 de mayo de 2025.

9. Intervenciones adicionales

En escrito radicado el 13 de mayo de 2025 la parte actora solicitó impulso procesal y
la declaratoria de suspensión provisional de la sentencia objeto de cuestionamiento,
en atención a que las elecciones atípicas en cumplimiento de dicho fallo se llevarán
a cabo el 18 de mayo siguiente.

El 14 de mayo de 2025 el señor Juan Guillermo González Zota se opuso a la solicitud
de la parte actora, en el entendido que el despacho sustanciador ya resolvió en sentido

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Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias

negativo la medida provisional solicitada en el escrito de tutela, en el auto del 11 de
abril de 2025.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional8, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
9 10
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la acción de tutela
presentada por el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias, con el fin de dejar sin efecto
la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que declaró configurada la causal de doble militancia.

El accionante alegó que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, al extender la calidad
de directivo a los miembros del comité de acción liberal, sin que tal condición esté

8 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29

de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de d erechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
9 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta
debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgred ieron y
que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias
de tutela.
10 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno d e los

siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.

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prevista de forma expresa esa norma, ni en los estatutos del Partido Liberal
Colombiano, ni en el artículo 9 de la misma ley.

Además, alegó la configuración de defecto fáctico por indebida valoración del
material probatorio que acreditaba su renuncia expresa desde el 1 de julio de 2020 a
participar en órganos directivos del partido, la falta de ejercicio efectivo de funciones
dentro del comité y por omitir la valoración de pruebas sobrevinientes que
desvirtuaban la validez de su inclusión en la Resolución 6796 de 2020.

La Sala anticipa que denegará el amparo solicitado, al encontrar que la decisión
judicial cuestionada se encuentra debidamente motivada y refleja un ejercicio
razonable de interpretación de la norma y de apreciación probatoria, sin que se
advierta una actuación arbitraria que vulnere los derechos fundamentales del actor.

Para resolver el asunto, la Sala abordará los siguientes puntos en el caso concreto: (i)
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
el caso concreto; (ii) el estudio del defecto sustantivo y, (iv) el análisis del defecto
fáctico.

Sin embargo, de manera previa, se referirá a la falta de legitimación que alegaron las
entidades vinculadas en condición de terceras con interés.

De la falta de legitimación en la causa por pasiva

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

En relación con la Registraduría Nacional del Estado Civil la Sala accederá a dicha
solicitud, teniendo en cuenta que fue desvinculada del proceso de nulidad electoral
como demandada11 y, por lo tanto, las decisiones que aquí se adopten tampoco
generan efectos frente a la entidad.

Sin embargo, en cuanto a la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional
Electoral, la Sala advierte que no está llamada a prosperar, porque su vinculación al
presente trámite obedeció a que esa autoridad intervino en el proceso de nulidad
electoral cuestionado como autoridad demandada12, por lo tanto, le asiste interés en
las decisiones que eventualmente aquí se adopten.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el requisito general de procedencia,
en tanto el accionante invoca la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción, de acceso a la administración de justicia y a

11 Al respecto, se precisa que, en la providencia cuestionada, en el acápite pertinente a la cuestión previa, accedió a la solicitud de

desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues, la irregularidad que sustentó la demanda de nulidad electoral no se
dirigió a alegar cuestiones relacionadas con las actuaciones que desplegó la autoridad electoral en el curso del proceso demo crático y,
por lo tanto, no se observó como necesario que defendiera la legalidad del acto demandado, en el entendido que el debate versó sobre
una posible circunstancia subjetiva del accionado, que no era verificable por ella al momento de la inscripción.
12 Por el contrario, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cuanto a la vinculación del CNE, precisó que obedece al mandato

establecido el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, la admisión de la demanda debe notificarse a la autoridad
que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, que, en el asunto objeto de estudio correspondió a las comisiones escrutadoras
hacer el conteo oficial de los votos en las elecciones populares, labor que tiene como propósito declarar la elección correspondiente y,
en esa medida, al finalizar la función transitoria de las comisiones, resulta necesaria mantener la participación del CNE en las demandas
contra elecciones por voto popular, para que, si es del caso, defienda la legalidad de quienes actuaron en representación de la
organización electoral, concretamente, los responsables del escrutinio.

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ser elegido.

Además, expone de manera suficiente las razones por las cuales considera que la
sentencia judicial cuestionada vulnera tales garantías, al haber incurrido en una
indebida interpretación de las normas e indebida valoración del material probatorio.
No se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen
que ver con la ratio decidendi.

Tampoco se advierte que el mecanismo de tutela se utilice como una instancia
adicional, en el entendido que la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, declaró la nulidad del acto de elección del señor Alape Arias como alcalde
del municipio de Coyaima.

Además, en caso de acreditarse alguno de los defectos alegados por el accionante,
se configuraría una afectación directa y grave al derecho fundamental al debido
proceso, en tanto la decisión judicial cuestionada habría incurrido en una aplicación
arbitraria e irrazonable de una norma o en una valoración probatoria abiertamente
defectuosa, al desconocer medios de prueba relevantes que desvirtuarían el supuesto
fáctico de la causal de nulidad.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque la parte actora no
cuenta con algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que
invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se
satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez
que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 28 de noviembre de 2024,
notificada por correo electrónico de 29 de noviembre de 2024 y el ejercicio de acción
de tutela tuvo lugar el 8 de abril de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

Defecto sustantivo13 en el caso concreto

Como se anticipó, el actor alegó la configuración del defecto sustantivo porque el
inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 no resultaba aplicable al caso objeto de
estudio, la cual señala:

«Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos

13 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado

defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea
porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en
cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en
razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más
acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitució n le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii)
cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respe ctiva
(Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).

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políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección
de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos como candidatos».

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada creó una categoría de
directivo no prevista expresamente en los estatutos del Partido Liberal Colombiano,
para extender el alcance de la prohibición de doble militancia antes citada. Aseveró
que, en la providencia se le otorgó la calidad de directivos a los miembros de los
comités de acción liberal sin que los estatutos del partido así lo hayan dispuesto
expresamente.

Sin embargo, los argumentos expuestos por el actor no evidencian la configuración
del defecto sustantivo alegado, por las razones que se pasan a exponer:

1) Para el caso concreto, en la sentencia se analizaron las disposiciones
contenidas en los estatutos del Partido Liberal Colombiano y bajo una
interpretación racional y razonable, se concluyó que el comité de acción
liberal tenía la misma jerarquía de los directorios y en esa medida, los
miembros que la integran tienen las mismas facultades.

Como fundamento de lo anterior, la Sala estableció que el señor Alape
Arias sí ostentaba la calidad de directivo, por haber sido incluido como
miembro del comité de acción liberal del municipio de Coyaima, mediante
la Resolución 6796 del 4 de diciembre de 2020, expedida por la Dirección
Nacional del Partido Liberal Colombiano.

Indicó que este comité hace parte de la estructura orgánica del partido,
conforme con el artículo 14 de sus estatutos14 y que el parágrafo del
artículo 36 ibidem15 le asigna funciones equivalentes a las de los
directorios departamentales y municipales, en materia administrativa y
disciplinaria. Por tanto, concluyó que quienes integran dicho comité
ejercen cargos de dirección, sin que sea necesario que hagan parte de la
mesa directiva o que estén inscritos ante el CNE.

2) Si bien, el contenido del artículo 20 de los aludidos estatutos señala
expresamente los cargos directivos del nivel nacional, lo cierto es que la
autoridad judicial demandada estableció las razones por las que los
miembros del comité de acción liberal en el ámbito municipal tenían la
misma jerarquía de los directorios, es decir, estableció que el alcance era
más amplio porque esa colectividad tiene una estructura en otros niveles
inferiores.

De hecho, la anterior conclusión se refuerza, con la mención de los
artículos 35 y 36 de los estatutos, que echa de menos la parte actora, la
primera de ella, refiere la «Conformación. - Cada departamento, municipio y
localidad tendrá un directorio liberal elegido por voto directo, en consulta popular
o interna», por su parte, el parágrafo del artículo 36 prevé que, «en las
circunscripciones electorales donde no se haya elegido directorio o este no

14
Artículo 14. Organismos Competentes.- El Partido Liberal Colombiano está organizado de acuerdo con la siguiente estructura:
(…)
Organismos Políticos y de Gestión.
(…)
14. Comités de acción liberal.
(…)”
15 Que indica: “En las circunscripciones electorales donde no se haya elegido directorio o este no opere, se creará un comité de acción

liberal el cual tendrá las mismas funciones de los directorios”.

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opere, se creará un comité de acción liberal el cual tendrá las mismas funciones
de los directorios».

Además, en la decisión cuestionada citó los artículos 37 de los Estatutos
del Partido Liberal en el cual están descritas las funciones administrativas
de los Directorios Departamentales, del Distrito Capital, municipales y
locales y 38 ejusdem en el que se establecen las funciones disciplinarias
y concluyó que:

«87. De lo transcrito, la sala puede concluir que los directorios territoriales,
entre ellos los comités de acción liberal que se equiparan por expresa
disposición estatutaria al órgano del nivel municipal cuando aquél no se
conforma o no opera, son instancia directiva del Partido Liberal
Colombiano, pues aquellas tienen importantes funciones y competencias
que se enfocan en aspectos políticos de la organización, así como de
aprobación de presupuestos, elección de otras dignidades, e incluso, la
posibilidad de disciplinar a sus militantes y elegidos en cargos de elección
popular.

88. Ahora bien, para esta sección, quienes integran aquellos órganos, que
por su composición son de naturaleza colegiada, ostentan la condición de
directivos en la circunscripción en que funcionan. Sin embargo, las
competencias que se citaron en forma precedente se entienden ejercidas
por el pleno del directorio territorial y, por lo tanto, las discusiones que se
lleven a cabo y las decisiones que se adopten en su seno, cuentan con el
voto de cada uno de los que tienen un asiento en aquel.»

Por lo tanto, contrario a la afirmación de la parte actora, en el presente
caso, sí resultaba aplicable el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, que obligaba al aquí accionante, en condición de miembro del
comité de acción liberal a renunciar al Partido Liberal Colombiano 12
meses antes a la inscripción de su candidatura con el aval principal del
Partido Conservador Colombiano, en coalición con el Centro Democrático
y la Alianza Social Independiente «ASI», como candidato a la Alcaldía
municipal de Coyaima.

3) Ahora bien, en relación con el desconocimiento del artículo 9 de la Ley
1475 de 2011, sobre la designación de los integrantes de los órganos de
dirección ante el CNE, la autoridad judicial demandada precisó con
suficiencia que la jurisprudencia el Consejo de Estado ha determinado
que «(…) no se puede desconocer la condición de directivo de un partido
político, simplemente porque ese acto no se ha registrado ante el CNE, sin que
ello, en manera alguna, constituya una interpretación extensiva, irrazonable o
desproporcionada del artículo 9 de la Ley 1475 de 2011» 16. Que, para verificar
tal calidad, necesariamente debe acudirse a los estatutos del partido o
movimiento político, así como los actos de conformación del nivel
directivo.

De lo anterior, se advierte que la autoridad judicial accionada atendió el
criterio jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, según el
cual la calidad de directivo de un movimiento político no necesariamente
se acredita con la inscripción en el CNE, sino que tal calidad se determina

16 Al efecto, explicó que, en cuanto a la necesidad de registro de los directivos de los partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral,

la jurisprudencia reiterada de la Sección Quinta ha precisado que este no tiene naturaleza constitutiva, sino simplemente declarativa. Por
ello, el que se omita el cumplimiento de ese deber no afecta la calidad de directivo, ya que, en caso contrario, se llegaría al absurdo de
entender que una colectividad que ha designado a sus directivos conforme a las reglas fijadas en los estatutos, pero no los ha registrado
ante la autoridad electoral, estaría acéfala. En ese punto, citó la sentencia del 7 de julio de 2020, proferida dentro del expediente con
radicado número: 11001-03-28-000-2021-00061-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado.

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de los estatutos del partido o movimiento político, así como los actos de
conformación del nivel directivo.

4) Finalmente, se advierte necesario precisar que, si bien, el actor trae a
colación los argumentos expuestos en el salvamento de voto de uno de
los magistrados, para justificar la configuración del defecto sustantivo. Sin
embargo, es oportuno aclarar que la manifestación que el magistrado
realizó no representa la existencia de una situación que pueda
encuadrarse en un posible defecto de la sentencia, en tanto que este
disenso informa de los motivos o razones que tuvo el consejero para
apartarse de la decisión mayoritaria.

Sobre este particular, es necesario precisar que, de conformidad con los
artículos 128 y 129 del CPACA, las providencias requieren, para su
deliberación y decisión, la asistencia y el voto favorable de la mayoría de
sus miembros.

En este sentido, queda claro que la sentencia cuestionada fue adoptada
con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. El registro de los
disensos no afecta la legalidad de la decisión ni genera alguna situación
que implique afectación alguna frente a la misma, aunque la parte
recurrente utilice esta manifestación para sustentar los defectos
deprecados, dicho aspecto no tiene incidencia en la validez de la decisión.

Por lo tanto, no se advierte la vulneración de derechos fundamentales al actor por
parte de la autoridad judicial demandada, sino que se trató del análisis e interpretación
de las normas aplicable al caso de conformidad con los elementos materiales que
fueron allegados al proceso nulidad electoral, con base en el cual concluyó que se
configuraba la causal de doble militancia.

De manera que, no se advierte configurado el defecto sustantivo, pues, el presente
caso debe respetarse la interpretación del juez natural de la causa que, como se vio,
fue racional y razonable, pues, mal haría esta Sala en imponer una interpretación
distinta a las normas que regulan la materia, siendo la Sección Quinta el órgano de
cierre en lo electoral.

Del defecto fáctico17 en el caso concreto

El accionante alegó que se configuró defecto fáctico, por indebida valoración
probatoria y omisión en la incorporación de elementos de convicción relevantes que
desvirtuaban su presunta calidad de directivo del Partido Liberal Colombiano. Al
respecto, mencionó:

(i) Informe pericial forense de extracción de datos de un teléfono celular, que
incluía audios y videos del 1 de julio de 2020, en los que el accionante
expresaba de manera clara y anticipada su rechazo a formar parte del
directorio municipal del partido liberal, prueba que demostraba tanto la
falta de voluntad de asumir funciones directivas como su desvinculación
efectiva desde esa fecha.

17
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el
juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la negación
o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

15
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Agregó que desde la dirección del Partido Liberal se permitió la creación
de grupos por medio del aplicativo WhatsApp para instalar y llevar a cabo
las sesiones, lo que puede ser constatado en la parte considerativa del
contenido de la Resolución 7895 del 2024.

(ii) Ausencia de calidad de concejal, requisito por el cual se justificó su
inclusión en la Resolución 6796 de 2020 como miembro del comité de
acción liberal. De modo que, se acreditó que nunca ostentó dicha
investidura, por lo que su inclusión en ese comité fue producto de un error
administrativo reconocido inicialmente por el partido, pero luego
desconocido sin motivación suficiente.

(iii)Alegó que la sentencia se apoyó solamente en la Resolución 7901 del 14
de febrero de 2024 proferida por el Secretario del Partido Liberal por la
cual se revocó la Resolución 7895 del 05 de febrero de 2024 que excluía
de la lista del comité de acción liberal.

Sobre ese punto, dijo que la sentencia le dio plena credibilidad a las
declaraciones extra juicio mencionadas en la esta resolución, las cuales,
aduce, no fueron incorporadas al proceso y le restó contundencia
probatoria a lo aportado al proceso, mediante los videos y los mensajes
de WhatsApp, calificados como insuficientes, sin esgrimir razones que
sustentaran esa conclusión.

(iv)Pruebas sobrevinientes allegadas con los alegatos finales del proceso de
segunda instancia, consistentes en respuestas a peticiones emitidas por
el Partido Liberal Colombiano, en las que se confirmaba que no existían
actas de reunión, ni constancia de aceptación formal por parte del señor
Alape Arias como miembro del comité, lo cual evidenciaba su no
participación real ni efectiva en dicho órgano.

Sin embargo, la autoridad judicial demandada negó la incorporación de
esas pruebas sobrevinientes, mediante auto del 31 de octubre de 2024, y
desestimó su valor en la sentencia sin motivación expresa.

Las cuales daban cuenta que no existían actas, resoluciones ni registros
de actividad alguna del comité de acción liberal entre el 4 de diciembre de
2020 y el 17 de mayo de 2023, fecha de su renuncia al partido, lo cual
demostró la inactividad real del órgano y la ausencia de ejercicio de
funciones de dirección, administración o control por parte del actor.

A juicio del accionante, dichos yerros configuran la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, pues, de haberse valorado habrían llevado a una
conclusión distinta sobre la supuesta condición de directivo y, en consecuencia, sobre
la existencia de la causal de nulidad electoral.

Para empezar, se tiene que la autoridad judicial demandada sí analizó el informe
pericial relacionado con los audios y videos del 1 de julio de 2020, aportado por el
accionante. No obstante, concluyó que dicho material no desvirtuaba la inclusión
formal del señor Oswaldo Mauricio Alape Arias como miembro del comité de acción
liberal del municipio de Coyaima, efectuada mediante Resolución 6796 del 4 de
diciembre de 2020, expedida por la Dirección Nacional Liberal.

Señaló que, si bien el accionante manifestó en la reunión virtual su voluntad de no
participar, esa declaración no surtió efectos jurídicos dentro de los canales internos
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previstos por el partido, ni fue objeto de revocatoria estatutaria oportuna, por lo que
no eliminaba la validez ni los efectos jurídicos del acto administrativo partidario, el cual
le otorgaba la calidad de integrante del órgano de dirección municipal desde la fecha
de su expedición.

Además, en cuanto al argumento del accionante según el cual no se tuvo en cuenta
que el señor Alape Arias nunca aceptó formalmente su inclusión en el comité de acción
liberal del municipio de Coyaima, la Sala observa que este punto fue valorado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

Al efecto, resaltó que en la Resolución 7901 del 14 de febrero de 2024, se indicó la
participación del señor Alape Arias en actividades del partido entre 2020 y 2023. Por
ello, concluyó que el actor formó parte del comité de acción liberal desde el 4 de
diciembre de 2020 hasta el 17 de mayo de 2023 y que, aunque la designación no le
fue formalmente notificada, sí tenía conocimiento de su calidad de miembro y actuó
como tal, lo que permitía presumir su aceptación material de la designación.

En segundo lugar, lo relativo al argumento dirigido a señalar que el accionante fue
indebidamente incluido en la Resolución 6796 del 4 de diciembre de 2020, como
concejal en ejercicio, la Sala reconoció que dicho error fue admitido inicialmente por
el propio partido mediante la Resolución 7895 del 5 de febrero de 2024. Sin embargo,
advirtió que la posterior revocatoria de esa resolución, mediante Resolución 7901 del
14 de febrero de 2024, dejó en firme la designación inicial como miembro del comité,
con efectos desde el 4 de diciembre de 2020.

En todo caso, la Sala precisó que la condición de directivo no dependía de ostentar o
no un cargo de elección popular, como el de concejal, sino que se derivaba de la
inclusión formal en un órgano con funciones de dirección, conforme con el parágrafo
del artículo 36 de los estatutos del Partido Liberal Colombiano, que le otorga a los
comités de acción liberal las mismas competencias administrativas y disciplinarias de
los directorios municipales.

En esa medida, señaló que lo relevante no era el cargo público del designado, sino el
acto estatutario que acreditaba su pertenencia al órgano directivo.

En tercer lugar, la providencia cuestionada no otorgó valor probatorio a las
declaraciones contenidas en la motivación de la Resolución 7901 del 14 de febrero de
2024, sino al acto administrativo, como a los demás aportados al expediente, los
cuales en todo caso mantuvieron su presunción de legalidad al no ser cuestionada en
ninguna etapa del proceso por las partes o intervinientes del proceso.

En cuarto lugar, en cuanto a las solicitudes de incorporación de las contestaciones
que obtuvo en ejercicio del derecho fundamental de petición dirigido al Partido Liberal,
mediante los cuales buscaba acreditar que el comité no sesionó ni fue operativo, la
autoridad judicial y respecto de los que la autoridad judicial negó su incorporación
mediante auto del 31 de octubre de 2024, decisión confirmada en auto el 18 de
noviembre del mismo año.

Se evidencia que dicha solicitud, pretendía incorporar, como pruebas sobrevinientes:
(i) las respuestas las peticiones del Partido Liberal Colombiano, en las que se indicaba
que no existían actas de reuniones del Comité de Acción Liberal de Coyaima entre
diciembre de 2020 y mayo de 2023, ni constancia de aceptación expresa por parte del
accionante para integrar dicho comité y (ii) una copia del trámite de una acción de
tutela promovida para obtener esas respuestas.

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No obstante, la autoridad judicial concluyó que dichas pruebas no cumplían los
requisitos de utilidad, conducencia ni pertinencia exigidos por el artículo 168 del CGP,
porque la presunta condición de directivo podía verificarse con las Resoluciones 6036
del 3 de abril de 2020, 6796 del 4 de diciembre de 2020 y demás pruebas aportadas
al expediente.

De modo que, la autoridad judicial expresó razonadamente que las pruebas
sobrevinientes no cumplían con los requisitos exigidos en el artículo 168 del CGP, sin
que, en todo caso, la parte actora logre acreditar de qué manera esas pruebas harían
variar la conclusión del juez natural de conocimiento en torno a que se configuró la
causal de doble militancia, ante la omisión en presentar su renuncia al partido liberal
dentro del término previsto en el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

Por tanto, la Sala encuentra que el análisis probatorio realizado por la autoridad judicial
accionada se muestra ajustado a los principios de la sana crítica sin que se configure
una omisión o indebida valoración probatoria que comprometa el debido proceso del
accionante.

De modo que, el Consejo de Estado, Sección Quinta no incurrió en un defecto fáctico,
porque su determinación se fundamentó en un análisis integral de las pruebas
obrantes en el proceso y no en una omisión probatoria o en la exclusión injustificada
de un elemento de juicio esencial.

En efecto, entiende la Sala que la conclusión a la que llegó la autoridad judicial
demandada tuvo como sustento la valoración de las pruebas allegadas al proceso y,
en esa medida, la inconformidad de la parte actora tiene que ver con las conclusiones
probatorias del juez natural de conocimiento, las cuales se encuentran debidamente
motivadas, facultad que, en todo caso, está respaldada por la autonomía que
caracteriza la actividad judicial.

Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una providencia proferida por una Alta Corporación, la
Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el
sentido que se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional, situación que en el presente caso no
ocurrió.

Finalmente, la Sala anota que no accederá a la solicitud de suspensión provisional
solicitada por la parte actora en escrito adicional radicado el 13 de mayo de 2025, si
se tiene en cuenta que en la presente providencia se está profiriendo la decisión de
fondo y, por lo tanto, no resulta procedente un pronunciamiento de esa naturaleza en
esta etapa.

Se encuentra resuelto el problema jurídico planteado en el caso objeto de estudio, en
el presente caso no se encontraron configurados los defectos sustantivo y fáctico
invocados y, en esa medida, se impone, negar las pretensiones de la acción de tutela
que ejerció el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

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Demandante: Oswaldo Mauricio Alape Arias

1. Acceder a la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
2. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral.
3. Negar la acción de tutela instaurada por el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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