Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02055-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02055-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02055-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
8 de agosto de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02055 01
Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02055 01
Accionante: OSWALDO MAURICIO ALAPE ARIAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 15 de mayo de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Oswaldo Mauricio Alape Arias, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida
el 28 de noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en el proceso nulidad electoral identificado con el radicado nro. 73001 23
33 000 2023 00465 00/01 (principal) y 73001 23 33 000 2023 00485 00
(acumulado), y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
«[…] 2.1. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA DEFENSA, A LA CONTRADICCIÓN, A SER
ELEGIDO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, toda vez que la Sección Quinta del Consejo de Estado
en el trámite de la segunda instancia, mediante proveído de fecha
28 de noviembre de 2024 bajo ponencia de la Honorable Consejera
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, incurrió en un defecto
fáctico y en un defecto sustantivo.
2.2. En consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia de
segunda instancia de fecha 28 de noviembre de 2024, proferida
por el Honorable Consejo de Estado con ponencia de la Magistrada
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA.
2.3. ORDENAR a la Sección Quinta del Honorable Consejo de
Estado, que dicte un nuevo fallo, en el cual se reconozca que el
señor OSWALDO MAURICIO ALAPE ARIAS nunca tuvo la calidad
de directivo del Partido Liberal Colombiano y en consecuencia se
confirme la decisión que negó las pretensiones de nulidad electoral,
emanada del Tribunal Administrativo del Tolima […]». (Mayúsculas
y negrillas originales del escrito de tutela).
Adicionalmente, solicitó la siguiente medida provisional2:
«[…] solicito a la colegiatura que sea decretada desde el
conocimiento de la acción constitucional y hasta cuando la
considere pertinente la siguiente medida provisional, lo anterior
debido a la urgencia, la necesidad y la inminencia del perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales del accionante:
• Suspensión provisional de la providencia objeto de la acción de
tutela mediante la cual se declaró la nulidad del acto contenido en
el Formulario E-26 ALC expedido el 02 de noviembre de 2023 por
la comisión escrutadora Municipal de Coyaima (Tolima).
Como consecuencia de la anterior medida, se ordene también la
suspensión de los efectos de las siguientes decisiones en tanto su
ejecución hace nugatorio los derechos fundamentales que están
siendo conculcados a mi representado:
• El artículo 3 del Decreto 0186 de 2025 a través del cual la
gobernadora del departamento del Tolima convocó a elecciones
atípicas en dicha entidad territorial, programadas para el 18 de
mayo del año en curso, y
• La Resolución 3171 del 18 de marzo de 2025 expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por la cual se fija el
calendario electoral para la nueva elección de alcalde en Coyaima
– Tolima, que se realizará el 18 de mayo de 2025 […]»
2
Ibidem.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que fue militante del Partido Liberal Colombiano
hasta el mes de mayo del 2023, en virtud de la renuncia que le fue
aceptada por medio de la Resolución nro. 3326 del 22 de mayo del 2023,
modificada por la Resolución nro. 5364 del 13 de junio de 2023.
Manifestó que el 28 de julio de 2023 se inscribió como candidato a la
alcaldía municipal de Coyaima (Tolima) con el aval del Partido
Conservador Colombiano, en coalición con el Centro Democrático y la
Alianza Social Independiente – ASI y que, en los comicios del 29 de
octubre de 2023, fue elegido alcalde de dicho municipio para el período
2024 – 2027.
Señaló que la señora Luz Yamile Farias Castro y el señor Juan Guillermo
González Zota promovieron demanda de nulidad electoral en contra de su
elección como alcalde del municipio de Coyaima (Tolima).
Anotó que “(…) los demandantes en ese proceso de nulidad electoral
adujeron como hechos en los que soportan sus escritos de demanda en
que a voces de los artículos 4, 5, 6 y 11 de la Resolución 6036 del 3 de
abril de 2020, adoptada por la dirección nacional del Partido Liberal
Colombiano se declaró la elección de las listas inscritas para participar en
la elección del directorio municipal de Coyaima (Tolima), mencionando al
señor Oswaldo Mauricio Alape Arias. Adicionalmente indicaron que el
mismo partido, a través de la Resolución No. 6796 del 04 de diciembre
del 2020, designó al señor Oswaldo Mauricio Alape Arias como integrante
del Comité de Acción Liberal del Municipio de Coyaima en su condición de
Concejal del Partido Liberal Colombiano. Dentro del proceso, sin embargo,
se probó que el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias, nunca ha sido
concejal de dicha municipalidad (…)”3.
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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Agregó que los demandantes alegaron que había incurrió en causal de
doble militancia al haber ocupado un cargo directivo por la supuesta
participación en el precitado comité de acción liberal.
Relató que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Tolima que, en sentencia del 11 de julio de 2024 negó
las pretensiones al considerar, entre otras cosas, que no se acreditó la
calidad de directivo del partido liberal del señor Alape Arias.
Inconformes con la decisión anterior, los demandantes interpusieron
recurso de apelación y la Sección Quinta de esta Corporación, en
sentencia del 28 de noviembre de 2024 la revocó y, en su lugar, declaró
la nulidad de la elección del señor Oswaldo Mauricio Alape Arias como
alcalde del municipio de Coyaima (Tolima).
Expuso que “(…) la Sala electoral concluyó que mi representado estaba
incurso en la causal de doble militancia contenida en el artículo 2 de la
Ley 1475 de 2011, por no haber renunciado al partido liberal, con al
menos 12 meses de anticipación a su aspiración a la Alcaldía del municipio
de Coyaima; determinó que este plazo le era exigible por ser miembro del
Comité de Acción Liberal, instancia que a su vez el alto tribunal consideró
es del nivel directivo dentro del partido. Todo lo anterior, sin embargo,
sin existir expresamente una disposición estatutaria del partido que
catalogara a los Comités de Acción Liberal como instancias directivas del
partido y descartando, sin justificación racional alguna, las pruebas
obrantes dentro del proceso que acreditaban que el señor Alape Arias no
hacía parte del mencionado Comité (…)”4.
En el acápite del escrito de tutela denominado “REQUISITOS GENERALES
DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES
JUDICIALES”, indicó que su solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales, comoquiera que (i) el asunto bajo estudio tiene relevancia
constitucional debido a que “(…) [e]l debate que se plantea se relaciona
4
Ibidem.
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directamente con que la sentencia objeto de la presente acción, vulnera
derechos constitucionales a través de los graves errores que se evidencian
en ella, de manera que lejos de ser un debate legal sobre la aplicación de
las normas, se trata de un menoscabo relevante para los derechos
fundamentales de mi poderdante (…)”5; (ii) contra la sentencia de
segunda instancia proferida por la Sección Quinta no procede recurso
alguno; (iii) cumple con el requisito de inmediatez toda vez que la solicitud
de adición presentada en contra de la sentencia cuestionada fue notificada
el 14 de febrero de 2025; (iv) no se trata de una irregularidad procesal;
(v) identificó en debida forma los hechos que generaron la vulneración y
(vi) no se trata de tutela contra tutela.
Frente a las causales específicas de procedencia, alegó que la autoridad
judicial accionada, en la providencia cuestionada, incurrió en defecto
sustantivo y en defecto fáctico.
Respecto al defecto sustantivo, argumentó que en la providencia
controvertida se aplicó el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011,
la cual, según afirmó, no era aplicable a su caso, debido a que dicha
disposición normativa prevé que “(…) “los directivos de los partidos y
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones
de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo
significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
estas, deben renunciar al cargo doce meses antes de postularse o aceptar
la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (…)”6.
Adujo que “(…) la Sentencia creó una categoría de directivo no prevista
expresamente en los estatutos del Partido Liberal, para extender el
alcance de la prohibición de doble militancia contenida en el artículo 2
inciso 3 de la Ley 1475 de 2011 a un supuesto de hecho allí no
contemplado. En este sentido, la sentencia que hoy se tutela utilizando
interpretaciones aparentemente sistemáticas, le otorga la calidad de
5
Ibidem.
6
Ibidem.
5
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directivos a los miembros de los Comités de Acción Liberal sin que los
estatutos del partido así lo hayan dispuesto expresamente; bajo este
razonamiento, extiende el alcance de la prohibición de doble militancia
referida, a situaciones realmente no contempladas en la norma, esto es,
a miembros de órganos distintos a los definidos por los estatutos como
directivos, lo que a todas luces resulta desacertado tratándose de una
prohibición que debe interpretarse de manera restrictiva (…)”7.
Posteriormente, citó lo dispuesto en los artículos 20, 35 y 36, incluyendo
el parágrafo, del estatuto del Partido Liberal Colombiano y explicó que
“(…) la Sala Electoral elabora su análisis respondiendo afirmativamente al
interrogante sobre si los directorios territoriales (…) pueden ser
considerados como directivas al interior de los partidos, fundamentándose
en una interpretación sobre la conformación de la estructura del partido
y en las funciones administrativas que estos ejercen (…)”8.
En ese sentido, sostuvo que “la Sección Quinta improcedentemente le
otorga mayores alcances a lo expresamente contemplado en el parágrafo
del que se sirvió para considerar que el señor Alape Arias ostentó la
calidad de Directivo por ser supuestamente integrante del Comité de
Acción Liberal del Municipio de Coyaima, cuando de hecho no existe
disposición contenida en los Estatutos del Partido Liberal Colombiano en
el que se mencione que los integrantes del comité de acción liberal
tendrán la calidad de Directivos”9.
Insistió en que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo “(…) por darle una aplicación extensiva a la causal que prohíbe
la doble militancia y la que según sus alcances contentivos en el artículo
2° inciso 3° de la Ley 1475 de 2011, se predica de quienes tengan la
calidad de directivos y bajo ninguna circunstancia contempla integrantes
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
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de organizaciones que no gocen de esa condición expresamente señalada
por los estatutos (…)”10.
Sobre la configuración del defecto fáctico, advirtió que “(…) un aspecto
que fundamentó decididamente el fallo objeto de la presente acción de
tutela fue la conclusión a la que llegó el Consejo de Estado de que mi
representado hizo parte de la instancia denominada Comité de Acción
Liberal en el Municipio de Coyaima, a cuyos miembros como quedó
expuesto, se les extendió la calidad de directivos sin que alguna norma
estatutaria del partido así lo dispusiese o autorizara (…)”11.
Por lo anterior, aseveró que “(…) a través de los registros de videos
allegados con soporte pericial, denominado INFORME DE INSPECCIÓN Y
EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO TIPO
TELÉFONO CELULAR CON DESTINO JUDICIAL, el cual se acompañó de
cuatro audios y dos capturas móviles en formato de video continuo del
grupo de comunicaciones de la red social de comunicación por mensaje
digital WhatsApp y su contenido, se acreditó que el señor Alape Arias
manifestó desde el mismo momento en que el Partido lo quiso postular
para ser elegido miembro del Directorio Municipal de Coyaima, en
declaración del día 1 de julio de 2020, que su voluntad era no pertenecer
a ninguna instancia directiva dentro del partido, evidenciando
decididamente la clara intención de no querer integrar ni la mesa directiva
ni mucho menos el mencionado directorio municipal (…)”12.
Agregó que “(…) la sentencia resta todo valor a la prueba sobre la falta
de voluntad que mi representado tuvo para formar parte de las instancias
directivas de Partido Liberal, aun habiéndose también acreditado que
desde la dirección del Partido Liberal se permitió la creación de grupos a
través del aplicativo WhatsApp para instalar y llevar a cabo las sesiones,
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
7
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lo que puede ser constatado en la parte considerativa del contenido de la
Resolución No. 7895 del 2024 (…)”13.
Reprochó que “(…) el sentenciador se apoyó solamente en la Resolución
7901 del 14 de febrero de 2024 proferida por el Secretario del Partido
Liberal a través de la cual se revocó la Resolución 7895 del 05 de febrero
de 2024 que excluía de la lista del Comité de Acción Liberal a mi
representado; en específico, el Consejo de Estado-Sección Quinta
concluye que dicha autoridad (el Partido Liberal) acreditó la existencia de
elementos de convicción que le permitieron inferir (al Partido Liberal) que
mi representado participó activamente en las actividades desplegadas por
el comité municipal ya mencionado (…)”14.
Resaltó que “(…) la Resolución 7901 de 2024 a la que se está haciendo
referencia y que fue transcrito casi en su integridad en la sentencia
tutelada, se lee que el Partido Liberal en su decisión de revocatoria se
fundamentó en las declaraciones extra juicio de los señores Luis Orlando
Ortiz Salcedo, Miriam Patiño de Moso, Juan de Jesús Barrera Lozano y
Jorge Eduardo Triana Betancourth, que afirmaron que el señor Alape Arias
era miembro activo del Comité de Acción Liberal, declaraciones que no
pudieron ser controvertidas por mi mandante en sede de la revocatoria y
que no fueron incorporadas como prueba dentro del proceso de nulidad
lectoral. En tanto que lo que sí fue oportunamente aportado al proceso
fueron los registros de video allegados con soporte Pericial a los que se
ha hecho referencia y sobre los cuales no medió consideración para
descartar su contundencia probatoria (…)”15.
Destacó que “(…) la Sentencia le da plena credibilidad a las declaraciones
extra juicio mencionadas que no fueron incorporadas al proceso, le resta
toda la contundencia probatoria a lo aportado oportunamente al proceso,
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
8
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Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
despachando los videos y los mensajes de WhatsApp como insuficientes,
sin esgrimir ninguna razón que así lo fundamentara (…)”16.
Adicionalmente, el accionante mencionó que “(…) otro error en el que
incurre el referido fallo y que configura también un defecto fáctico, es lo
concerniente a la negativa de incorporar como pruebas las respuestas a
los derechos de petición presentados por el señor Alape Arias al Partido
Liberal Colombiano, a pesar de que se trataban de pruebas
sobrevinientes, las cuales resultaban determinantes para reforzar las
premisas en las que se apoyaba la defensa (…)”17.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de abril de 202518 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que por auto del 11 de abril de 202519 la admitió,
negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar20 a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, como parte accionada; así como vincular21
a la Tribunal Administrativo del Tolima, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a los señores Luz Yamile
Farías Castro y Juan Guillermo González Zota, como terceros interesados
en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Tolima para que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
19
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
20
Esta orden se cumplió el 22 de abril de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
21
Ibidem.
9
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Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 73001 23 33
000 2023 00465 00/01 (acumulado), el cual fue remitido22.
3.2. En memorial allegado el 22 de abril de 2025, el señor Javier Alfonso
Castro, quien no obra como parte ni como tercero vinculado en este
trámite de tutela, manifestó lo siguiente23:
«[…] quiero poner en conocimiento la situación que está pasando
con respecto a la acción de tutela que radicó el señor Oswaldo
Alape Arias a quien fue anulada su elección como alcalde del
municipio de Coyaima, pues este señor viene diciendo a todos y a
sus allegados que elecciones atípicas programadas para el 18 de
mayo de los corrientes no van a haber, debido a que el gana la
tutela y vuelve al cargo como pasó con el caso de prado
departamento del Tolima, se escucha a oídas, las personas
allegadas a él, dicen que ya se dieron más de cinco mil millones de
pesos, comprando el fallo de tutela, tan es así que casi no inscribe
candidato, y que lo inscribió por cumplir un requisito, porque el
vuelve a la alcaldía de Coyaima porque ya compró esa tutela, en
varias ocasiones se han reunido y se emborracha y lo ha dicho,
todo esto se escucha de parte de la gente allegada a él, son desde
luego rumores, dicen que para el viernes de esta semana ya tienen
contratados varios artistas, tienen comida para regalar que van a
hacer una fiesta para celebrar ese fallo de tutela a favor, todo
porque él dice que esta fijo que ya tiene arreglado los magistrados
para el reintegro. Como ciudadano habitante de este municipio
quiero poner en conocimiento esta situación, en estos momentos
hay candidatos, se está haciendo la campaña por parte del
demandante que ganó el proceso, entonces vemos con mucha
preocupación este tema, también los invito a que fallen en derecho,
porque sería muy preocupante que llegase a pasar una decisión
que tumbe el fallo de la sección 5 del mismo consejo de estado y
se eche para atrás toda la programación de la registraduría.
Finalmente quiero decirles que esto es lo que se escucha por todos
lados en el municipio porque el mismo Alape Arias lo ha dicho, pero
personalmente a mí no me consta […]».
3.3. El apoderado del Consejo Nacional Electoral allegó escrito 24 en el que
solicitó que se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar y
se declare la improcedencia de la acción de tutela.
22
La Secretaría de la Sección Quinta de esta Corporación remitido el link de acceso al
expediente de segunda instancia. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
Señaló que, “(…) no están llamadas a prosperar las pretensiones de la
accionante de la presente Acción Constitucional, ya que, se vislumbra que
no ha existido alguna vulneración, amenaza o menoscabo a los derechos
fundamentales aludidos por la parte actora, por lo cual esta acción de
tutela resulta improcedente debido a la inexistencia de la vulnerabilidad
del derecho fundamental invocado (…)”. Adicionalmente, anotó que el
Consejo Nacional Electoral no interfiere en las decisiones que pueda llegar
a emitir el Consejo de Estado.
3.4. El señor Juan Guillermo González Zota presentó escrito25 en el que
solicitó que se niegue el amparo deprecado por la parte actora.
Indicó que “(…) los argumentos expuestos por el tutelante, a mi juicio, no
son más que razones de inconformidad respecto de la decisión adoptada
por el operador judicial que en este caso obedece a la SECCION QUINTA
– CONSEJO DE ESTADO, juez natural y especializado, quienes valoraron
los hechos y las pruebas allegadas para acceder a la NULIDAD DEL ACTO
DE ELECCION pretensiones del suscrito, en especial teniendo en cuenta
que el vicio de nulidad se afianza en la doble militancia según el criterio
legal y jurisprudencial imperante, sin que se reúna en esta oportunidad el
requisito especial de procedibilidad de este mecanismo residual, pues no
se demuestra la relevancia constitucional (…)”.
3.5. El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil allegó escrito26 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad
del presente trámite tutelar al considerar que no han vulnerado los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
Adujo que “(…) la Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene
competencia para pronunciarse sobre lo pretendido por el actor, pues
como se puede advertir, recae sobre el proceso contencioso
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Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
administrativo que se adelanta en el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
QUINTA, toda vez que es aquella entidad que, en el marco de sus
competencias, debe resolver la situación presentada con la declaratoria
de nulidad del alcalde del municipio de Coyaima- Tolima (…)”.
3.6. La señora Luz Yamile Farias Castro presentó escrito27 en el que
solicitó que se declare “que al accionante no se le conculcó ningún derecho
fundamental, porque se no vislumbra ni quisiera indiciariamente que debe
ser destinatario de una decisión favorable”.
Expuso que “(…) [l]os argumentos traídos en la Acción de Tutela suscrita
por el demandado dentro del Medio de Control electoral, que nos ocupa,
fueron discutidos hasta la saciedad en las intervenciones que allegaron
las partes al proceso y los hechos fueron demostrados con elementos
probatorios regular y oportunamente allegados, conforme a la
Constitución y la Ley, donde el Accionante tuvo la oportunidad de ejercer
su Derecho al Debido Proceso, asunto que hizo sin ninguna restricción,
además, estuvo debidamente representado por su apoderado, quien no
omitió ningún acto dirigido a la defensa de las teorías de su cliente (…)”.
Advirtió que “(…) la Providencia que dictó el Honorable Consejo de Estado
• Sección Quinta el 28 de noviembre de 2024, declarando la Nulidad de la
elección de OSWALDO MAURICIO ALAPE ARIAS como Alcalde de
Coyaima para el periodo 2024-2027, debe estar protegida por el principio
de "Estabilidad Jurídica", para que se cumpla sin ninguna restricción,
como lo ordenó el Juez competente en este caso (…)”.
3.7. El magistrado ponente de la sentencia de primera instancia dictada
en el proceso ordinario objeto de debate, rindió informe28 en el que hizo
un recuento de dicha providencia y solicitó que se nieguen las
pretensiones del accionante, comoquiera que “del escrito tutelar,
27
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radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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claramente se colige que lo que la parte actora pretende es lograr un
nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso”.
3.8. La magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia acusada
rindió informe29 en el que solicitó, principalmente, que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo y de forma subsidiaria, que se
nieguen las pretensiones del accionante.
Para ello, sostuvo que “(…) la petición del tutelante no presenta razones
suficientes a efectos de demostrar la existencia de verdaderas
vulneraciones a derechos fundamentales o la necesidad de desarrollar la
aplicación o contenido de una disposición constitucional, pues de sus
argumentos se logra evidenciar una discusión meramente legal, buscando
con la presentación del recurso de amparo la creación de una instancia
adicional al medio de control de nulidad electoral en la cual se revisen los
argumentos esbozados por la parte demandada en la contestación de la
demanda (…)”.
Adicionalmente, analizó los defectos invocados por la parte actora en el
escrito de tutela y concluyó que los mismos no se encontraban
configurados.
3.9. El 12 de mayo de 2025, a través de correo electrónico remitido a la
Secretaría General de esta corporación, el accionante radicó escrito en el
que solicitó lo siguiente30:
«[…] me permito solicitar de manera respetuosa que se dé impulso
procesal a la tutela del vocativo de la referencia, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
1. El pasado 08 de abril de 2025, se radicó ante el honorable
Consejo de Estado y se repartió al despacho de conocimiento,
la acción de tutela de referencia contra la providencia de
segunda instancia de fecha 28 de noviembre de 2024 expedida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el marco del
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Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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Visto en los índices 25, 27, 29 y 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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proceso de nulidad electoral identificado con radicado 73001-
23-33-000-2023-00465-01(acumulado).
2. Adicionalmente, la tutela pidió que fuera concedida una medida
provisional de urgencia consistente en la suspensión provisional
de la sentencia que se solicita sea revocada y de los actos
administrativos que ordenan la realización de unas nuevas
elecciones en el Municipio de Coyaima – Tolima (Art. 3 Decreto
0186 de 2025 de la Gobernación del Tolima y Resolución 3171
de 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
3. A través del auto de fecha 11 de abril de 2025, notificado el 22
de abril del mismo año, el despacho negó la solicitud provisional
de urgencia y dispuso continuar con el proceso para dictar
sentencia de fondo.
4. Las elecciones atípicas en el municipio de Coyaima están
programadas para realizarse el próximo 18 de mayo de
2025.
Por lo anterior y ante el periodo corrido desde la interposición de la
presente acción, la inminencia de los comicios atípicos y como
quiera que los mismos son consecuencia del fallo accionado, de
manera respetuosa me permito solicitar que antes de la fecha del
certamen electoral indicado (18 de mayo de 2025), sean
suspendidos los actos administrativos que convocaron a las
elecciones atípicas y que fijaron el calendario electoral, mientras el
despacho profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela.
Todo con el fin de “no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo
a favor del solicitante”.
Al efecto, comedidamente se solicita la suspensión provisional,
mientras se dicta decisión de fondo, de:
• La providencia objeto de la acción de tutela mediante la cual se
declaró la nulidad del acto contenido en el Formulario E-26 ALC
expedido el 02 de noviembre de 2023 por la comisión escrutadora
Municipal de Coyaima (Tolima).
• El artículo 3 del Decreto 0186 de 2025 a través del cual la
gobernadora del departamento del Tolima convocó a elecciones
atípicas en dicha entidad territorial, programadas para el 18 de
mayo del año en curso, y
• La Resolución 3171 del 18 de marzo de 2025 expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por la cual se fija el
calendario electoral para la nueva elección de alcalde en Coyaima
– Tolima, que se realizará el 18 de mayo de 2025 […]». (Negrillas
y resaltado originales del escrito).
3.10. El señor Juan Guillermo González Zota allegó escrito en el que se
opuso a la medida cautelar deprecada por el accionante y solicitó que sea
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negada, al considerar que “(…) los argumentos [q]ue fueron planteados
en el memorial de mayo 12 de 2025 ya fueron analizados por el despacho
y no tienen la relevancia para considerar que debe adoptarse una medida
para proteger los derechos fundamentales que se consideran vulnerados
(…)”31.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de mayo de
202532, resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Acceder a la solicitud de desvinculación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
2. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional
Electoral.
3. Negar la acción de tutela instaurada por el señor Oswaldo
Mauricio Alape Arias contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo
de Estado […]”. (Negrillas originales de la providencia).
Para ello, en el acápite de la sentencia denominado “Del cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el
presente caso”, expuso que los requisitos generales se encontraban
superados. Puntualmente, frente a la relevancia constitucional, adujo que
el asunto cumplía con dicho requisito, comoquiera que el accionante había
invocado la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, a la contradicción, de acceso a la administración de justicia
31
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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y a ser elegido, por la presunta materialización de un defecto sustantivo
y factico ante una indebida interpretación de las normas e indebida
valoración del material probatorio. En ese sentido, el a quo procedió a
estudiar dichos defectos.
Frente defecto sustantivo, inicialmente citó lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 y aseveró que el defecto alegado no se
encontraba acreditado por las siguientes razones:
Manifestó que “(…) en la sentencia se analizaron las disposiciones
contenidas en los estatutos del Partido Liberal Colombiano y bajo una
interpretación racional y razonable, se concluyó que el comité de acción
liberal tenía la misma jerarquía de los directorios y en esa medida, los
miembros que la integran tienen las mismas facultades (…)”.
Anotó que “(…) la Sala estableció que el señor Alape Arias sí ostentaba
la calidad de directivo, por haber sido incluido como miembro del comité
de acción liberal del municipio de Coyaima, mediante la Resolución 6796
del 4 de diciembre de 2020, expedida por la Dirección Nacional del Partido
Liberal Colombiano (…)”. Agregó que dicho comité “(…) hace parte de la
estructura orgánica del partido, conforme con el artículo 14 de sus
estatutos y que el parágrafo del artículo 36 ibidem le asigna funciones
equivalentes a las de los directorios departamentales y municipales, en
materia administrativa y disciplinaria. Por tanto, concluyó que quienes
integran dicho comité ejercen cargos de dirección, sin que sea necesario
que hagan parte de la mesa directiva o que estén inscritos ante el CNE
(…)”.
Continuó explicando que “(…) [s]i bien, el contenido del artículo 20 de los
aludidos estatutos señala expresamente los cargos directivos del nivel
nacional, lo cierto es que la autoridad judicial demandada estableció las
razones por las que los miembros del comité de acción liberal en el ámbito
municipal tenían la misma jerarquía de los directorios, es decir, estableció
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que el alcance era más amplio porque esa colectividad tiene una
estructura en otros niveles inferiores (…)”.
Advirtió que “(…) la decisión cuestionada citó los artículos 37 de los
Estatutos del Partido Liberal en el cual están descritas las funciones
administrativas de los Directorios Departamentales, del Distrito Capital,
municipales y locales y 38 ejusdem en el que se establecen las funciones
disciplinarias (…)”.
En este punto, trajo a colación las conclusiones a las que llegó la autoridad
accionada en la sentencia enjuiciada y resaltó que “(…) contrario a la
afirmación de la parte actora, en el presente caso, sí resultaba aplicable
el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, que obligaba al aquí
accionante, en condición de miembro del comité de acción liberal a
renunciar al Partido Liberal Colombiano 12 meses antes a la inscripción
de su candidatura con el aval principal del Partido Conservador
Colombiano, en coalición con el Centro Democrático y la Alianza Social
Independiente «ASI», como candidato a la Alcaldía municipal de Coyaima
(…)”.
Por las anteriores razones, el a quo arguyó que no se advertía la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte
accionante, debido a que la sentencia cuestionada hizo un análisis e
interpretación de las normas aplicable al caso concreto con los elementos
materiales que fueron allegados al proceso nulidad electoral, con base en
los cuales se concluyó que se configuraba la causal de doble militancia.
Añadió que “(…) no se advierte configurado el defecto sustantivo, pues,
el presente caso debe respetarse la interpretación del juez natural de la
causa que, como se vio, fue racional y razonable, pues, mal haría esta
Sala en imponer una interpretación distinta a las normas que regulan la
materia, siendo la Sección Quinta el órgano de cierre en lo electoral (…)”.
Posteriormente, sobre la configuración del defecto fáctico, hizo una
relación de las pruebas que, a juicio del accionante, fueron indebidamente
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valoradas y sobre las cuales afirmó que de haberse valorado en debida
forma habrían llevado a una conclusión distinta sobre la supuesta
condición de directivo y, en consecuencia, sobre la existencia de la causal
de nulidad electoral.
Al respecto, en primer lugar, el a quo sostuvo que “(…) la autoridad
judicial demandada sí analizó el informe pericial relacionado con los
audios y videos del 1 de julio de 2020, aportado por el accionante. No
obstante, concluyó que dicho material no desvirtuaba la inclusión formal
del señor Oswaldo Mauricio Alape Arias como miembro del comité de
acción liberal del municipio de Coyaima, efectuada mediante Resolución
6796 del 4 de diciembre de 2020, expedida por la Dirección Nacional
Liberal (…)”. Agregó que “(…) si bien el accionante manifestó en la reunión
virtual su voluntad de no participar, esa declaración no surtió efectos
jurídicos dentro de los canales internos previstos por el partido, ni fue
objeto de revocatoria estatutaria oportuna, por lo que no eliminaba la
validez ni los efectos jurídicos del acto administrativo partidario, el cual le
otorgaba la calidad de integrante del órgano de dirección municipal desde
la fecha de su expedición (…)”.
Indicó que “(…) en cuanto al argumento del accionante según el cual no
se tuvo en cuenta que el señor Alape Arias nunca aceptó formalmente su
inclusión en el comité de acción liberal del municipio de Coyaima, la Sala
observa que este punto fue valorado por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Al efecto, resaltó que en la Resolución 7901 del 14 de febrero de
2024, se indicó la participación del señor Alape Arias en actividades del
partido entre 2020 y 2023. Por ello, concluyó que el actor formó parte del
comité de acción liberal desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 17 de
mayo de 2023 y que, aunque la designación no le fue formalmente
notificada, sí tenía conocimiento de su calidad de miembro y actuó como
tal, lo que permitía presumir su aceptación material de la designación
(…)”.
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En segundo lugar, destacó que “(…) [en] lo relativo al argumento
dirigido a señalar que el accionante fue indebidamente incluido en la
Resolución 6796 del 4 de diciembre de 2020, como concejal en ejercicio,
la Sala reconoció que dicho error fue admitido inicialmente por el propio
partido mediante la Resolución 7895 del 5 de febrero de 2024. Sin
embargo, advirtió que la posterior revocatoria de esa resolución,
mediante Resolución 7901 del 14 de febrero de 2024, dejó en firme la
designación inicial como miembro del comité, con efectos desde el 4 de
diciembre de 2020. En todo caso, la Sala precisó que la condición de
directivo no dependía de ostentar o no un cargo de elección popular, como
el de concejal, sino que se derivaba de la inclusión formal en un órgano
con funciones de dirección, conforme con el parágrafo del artículo 36 de
los estatutos del Partido Liberal Colombiano, que le otorga a los comités
de acción liberal las mismas competencias administrativas y disciplinarias
de los directorios municipales. En esa medida, señaló que lo relevante no
era el cargo público del designado, sino el acto estatutario que acreditaba
su pertenencia al órgano directivo mencionado (…)”.
En tercer lugar, aseguró que “(…) la providencia cuestionada no otorgó
valor probatorio a las declaraciones contenidas en la motivación de la
Resolución 7901 del 14 de febrero de 2024, sino al acto administrativo,
como a los demás aportados al expediente, los cuales en todo caso
mantuvieron su presunción de legalidad al no ser cuestionada en ninguna
etapa del proceso por las partes o intervinientes del proceso (…)”.
En cuarto lugar, aseveró que “(…) en cuanto a las solicitudes de
incorporación de las contestaciones que obtuvo en ejercicio del derecho
fundamental de petición dirigido al Partido Liberal, mediante los cuales
buscaba acreditar que el comité no sesionó ni fue operativo, la autoridad
judicial y respecto de los que la autoridad judicial negó su incorporación
mediante auto del 31 de octubre de 2024, decisión confirmada en auto el
18 de noviembre del mismo año. Se evidencia que dicha solicitud,
pretendía incorporar, como pruebas sobrevinientes: (i) las respuestas las
peticiones del Partido Liberal Colombiano, en las que se indicaba que no
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existían actas de reuniones del Comité de Acción Liberal de Coyaima entre
diciembre de 2020 y mayo de 2023, ni constancia de aceptación expresa
por parte del accionante para integrar dicho comité y (ii) una copia del
trámite de una acción de tutela promovida para obtener esas respuestas.
No obstante, la autoridad judicial concluyó que dichas pruebas no
cumplían los requisitos de utilidad, conducencia ni pertinencia exigidos
por el artículo 168 del CGP, porque la presunta condición de directivo
podía verificarse con las Resoluciones 6036 del 3 de abril de 2020, 6796
del 4 de diciembre de 2020 y demás pruebas aportadas al expediente
(…)”.
Aunado a lo anterior, manifestó que “(…) la autoridad judicial expresó
razonadamente que las pruebas sobrevinientes no cumplían con los
requisitos exigidos en el artículo 168 del CGP, sin que, en todo caso, la
parte actora logre acreditar de qué manera esas pruebas harían variar la
conclusión del juez natural de conocimiento en torno a que se configuró
la causal de doble militancia, ante la omisión en presentar su renuncia al
partido liberal dentro del término previsto en el inciso 3 del artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011 (…)”.
En ese sentido, concluyó que el análisis probatorio realizado por la
autoridad judicial accionada se encontraba ajustado a los principios de la
sana crítica sin que se configure una omisión o indebida valoración
probatoria que comprometa la garantía fundamental del debido proceso
del accionante.
Recalcó que “(…) la conclusión a la que llegó la autoridad judicial
demandada tuvo como sustento la valoración de las pruebas allegadas al
proceso y, en esa medida, la inconformidad de la parte actora tiene que
ver con las conclusiones probatorias del juez natural de conocimiento, las
cuales se encuentran debidamente motivadas, facultad que, en todo caso,
está respaldada por la autonomía que caracteriza la actividad judicial
(…)”.
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Agregó que “(…) tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los
casos en que la tutela se dirige contra una providencia proferida por una
Alta Corporación, la Corte Constitucional ha establecido un requisito
adicional de procedencia, en el sentido que se constate la configuración
de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del
juez constitucional, situación que en el presente caso no ocurrió (…)”.
Finalmente, sobre la solicitud de suspensión provisional solicitada por la
parte accionante el 12 de mayo de 2025, anotó que no se accedería a
aquella, teniendo en cuenta que con la sentencia se estaba profiriendo
una decisión de fondo en el caso concreto, por lo cual, no era procedente
un pronunciamiento de esa naturaleza en esta etapa procesal.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
impugnó33 señalando lo siguiente:
«[…] me permito presentar escrito de IMPUGNACIÓN del fallo de
primera instancia proferido el pasado 15 de mayo de 2025 a través
del cual se negó la solicitud de amparo tramitada en el proceso de
la referencia, con fundamento en las siguientes razones:
I. El fallo de tutela desconoce la configuración del defecto
sustantivo en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado
Con relación al defecto sustantivo, se recuerda que los cargos de
la tutela habían planteado la configuración del defecto sustantivo
de la sentencia objeto de la acción, en razón a que aplicó una
norma que no podía ser aplicable razonable y ponderadamente al
caso concreto.
En específico, no era aplicable el artículo 2 inciso 3 de la Ley 1475
de 2011 que consagra como hipótesis de doble militancia lo
siguiente:
“los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren
ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro
partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos,
o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben
33
Visto en los índices 41,42,43 y 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar
la nueva designación o ser inscritos como candidatos”.
Este deber se traduce en la prohibición de doble militancia cuyos
sujetos pasivos son los directivos de los partidos y
movimientos políticos. El reproche puntual a la Sentencia de la
Sección Quinta es que creó una categoría de directivo no prevista
expresamente en los estatutos del Partido Liberal, para extender el
alcance de la prohibición de doble militancia contenida en el
mencionado artículo de la Ley 1475 de 2011.
De esta manera, esa sentencia le otorgó la calidad de directivos a
los miembros de los Comités de Acción Liberal sin que los estatutos
de este partido así lo hayan dispuesto expresamente; bajo este
razonamiento, extiende el alcance de la prohibición referida a
situaciones realmente no contempladas en la norma, esto es, a
miembros de órganos distintos a los definidos por los estatutos
como directivos, lo que a todas luces resulta desacertado
tratándose de una prohibición que debe interpretarse de manera
restrictiva.
(…)
Y más allá, en un segundo paso de su razonamiento, el órgano de
cierre electoral concluye que siendo los directorios territoriales
órganos directivos, se desprende que los Comités de Acción Liberal
también lo son, en virtud de lo consagrado en el parágrafo del
artículo 36 de los estatutos del Partido Liberal. Vale la pena
recordar que, de manera alguna, dicho parágrafo indica tal
cuestión. El artículo dispone:
ARTÍCULO 36.- DESIGNACIÓN Y PERIODO.- Los directorios
serán elegidos para un periodo de dos (2) años. De entre sus
miembros se elegirá una mesa directiva integrada por un
presidente, un vicepresidente y un tesorero, elegida por el término
de un (1) año. El secretario será designado por la mesa directiva.
Por lo menos un treinta por ciento (30%) de los miembros de los
directorios elegidos debe corresponder a uno de los géneros, de
acuerdo con la reglamentación de la Comisión Política Central.
Los directorios deberán inscribirse ante la Dirección Nacional
Liberal y las mesas directivas deberán ser debidamente
acreditadas.
Lejos de catalogar a los Comités de Acción Liberal como órganos
directivos, el parágrafo del artículo 36 dispuso que en las
circunscripciones territoriales cuyos directorios no se hayan elegido
o no opere, se creará un comité de acción, el cual tendrá las
funciones de aquellos:
PARÁGRAFO. En las circunscripciones electorales donde no se
haya elegido directorio o este no opere, se creará un comité de
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acción liberal, el cual tendrá las mismas funciones de los
directorios.
(…)
La consideración a la que arriba la Sección Quinta y que justifica
como razonable la primera instancia de la tutela, resulta una
interpretación errónea del parágrafo citado, toda vez que de su
contenido literal lo que se puede afirmar sin lugar a duda es una
equiparación de funciones, sin embargo, la sentencia le imprimió
un mayor alcance y le otorgó la calidad de directivos a los
integrantes del comité de acción liberal.
(…)
El fallo de Tutela hoy impugnado contrario a realizar un análisis de
las razones por las cuales no era posible tal interpretación, se limitó
a calificar como razonables y racionales los fundamentos de la
Sentencia y a avalar las deducciones a las que recurre la Sección
Quinta, sin reflexionar sobre la gravedad de lo que ello involucra
cuando se trata de la aplicación de una norma restrictiva y
limitativa de derechos fundamentales.
(…)
Corolario de todo lo anterior, de manera respetuosa solicito que
sea revoca la sentencia de tutela de primera instancia y en su lugar,
se estudie el defecto sustantivo planteado en la demanda,
accediendo al amparo solicitado.
II. El fallo de tutela desconoce la configuración del defecto
fáctico en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado
Sobre el defecto fáctico en que incurrió la Sección Quinta y que se
solicita sea reconocido en sede de Tutela, se recuerda que el cargo
específico se fundamentó en i) haberle restardo (sic) todo valor a
las pruebas aportadas al proceso de nulidad electoral, en específico
al denominado INFORME DE INSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE
INFORMACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO TIPO TELÉFONO
CELULAR CON DESTINO JUDICIAL, el cual se acompañó de cuatro
audios y dos capturas móviles en formato de video continuo del
grupo de comunicaciones de la red social de comunicación por
mensaje digital WhatsApp, y ii) en la negativa de incorporar como
pruebas las respuestas a los derechos de petición presentados por
el señor Alape Arias al Partido Liberal Colombiano, a pesar de que
se trataban de pruebas sobrevinientes, las cuales resultaban
determinantes para reforzar las premisas en las que se apoyaba la
defensa.
En primer lugar, los videos y los audios a los que se le restó toda
importancia y conducencia para establecer la verdad sobre la
pertenencia de mi representado al Comité de Acción Liberal, dejan
plenamente establecido que este jamás dio el consentimiento para
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ello, pues manifestó desde el mismo momento en que el Partido lo
quiso postular para ser elegido miembro del Directorio Municipal de
Coyaima, en declaración del día 1 de julio de 2020, que su voluntad
era no pertenecer a ninguna instancia directiva dentro del partido,
evidenciando decididamente la clara intención de no querer
integrar ni la mesa directiva ni mucho menos el mencionado
directorio municipal.
A pesar de que el juez de la primera instancia de tutela indica que
la Sección Quinta del Consejo de Estado tuvo en cuenta la firmeza
del acto que designaba a mi representado como miembro del
Comité tantas veces referido, lo cierto es que de la lectura de la
Sentencia se concluye el análisis y la plena credibilidad que le da a
las declaraciones extra juicio que soportaron la decisión del partido
liberal y que no fueron incorporadas al proceso, y le resta toda la
contundencia probatoria a lo aportado oportunamente al proceso,
despachando los videos y los mensajes de WhatsApp como
insuficientes, sin esgrimir ninguna razón que así lo fundamentara
(…).
En segundo lugar, las respuestas al derecho de petición que fueron
contestadas por el partido liberal tenían como finalidad demostrar
que el señor Alape Arias nunca aceptó su participación para
integrar el Comité de Acción Liberal y que no existían actas de
reunión del comité que hayan sido registradas por el Partido Liberal
Colombiano desde el 04 de diciembre de 2020 y el 17 de mayo del
2023.
Así las cosas, era claro que se presentaba una causal de no
operancia del comité de acción liberal al tenor del artículo 2° de la
Resolución 3040 del 30 de julio de 2013 “Por la cual se expide el
Reglamento Especial de los Comités de Acción Liberal del Partido
Liberal Colombiano” (…).
(…)
En este punto la pena volver a recordar que la Sección Quinta del
Honorable Consejo de Estado tiene como prueba fundamental para
decidir este caso, la Resolución No. 7901 del 14 de febrero de 2024,
que como se ha dicho se soportó en unas declaraciones extra-juicio
que nunca se pudieron controvertir, así como unas fotografías
sobre las que no se da certeza o convencimiento de nada al
juzgador (…).
Ninguna de estas cuestiones de fondo, que tienen que ver con la
violación del derecho fundamental al debido proceso y a la garantía
de una defensa plena fueron abordados de manera adecuada por
la sentencia de primera instancia, por lo que solicito
respetuosamente que se examinen estas circunstancias, se
revoque la sentencia de tutela y se acceda a la protección de los
derechos fundamentales, tal como fue deprecado en la solicitud
(demanda).
24
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Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
III. Necesidad de un pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones de la acción de tutela
A pesar de que las elecciones atípicas en el Municipio de Coyaima
se llevarán a cabo el próximo domingo 18 de mayo de 2025 y de
que el despacho siendo conocedor de esta situación no accedió a
la solicitud de suspensión provisional de l[os] actos que convocaron
a dicho certamen, se solicita al honorable Consejo de Estado en
sede de impugnación de la presente tutela, dar pronto trámite a
esta instancia y emitir decisión de fondo que proteja de manera
integral los derechos fundamentales de mi representado, sin que
se considere que el objeto de la acción ha desaparecido.
Al efecto, se recuerda el precedente que existe dentro de la
Corporación en providencia del 15 de octubre de 2021, Sección
Segunda, sentencia de Tutela con radicado 11001-03-15-000
2021-01227-01, a través de la cual se protegieron los derechos del
accionante en un caso similar al presente en el que ya se habían
realizado las elecciones para proveer el cargo de Alcalde del
municipio de Tadó-Chocó […]». (Mayúsculas y negrillas originales
del escrito de impugnación).
5.2. Por auto proferido el 23 de mayo de 2025 se concedió la
impugnación34 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
del 5 de junio de 202535.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199136, en concordancia con el numeral 5 del artículo
34
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
35
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 01.
36
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
25
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Accionante: Oswaldo Mauricio Alape Arias
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201537, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202138, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201939, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente40:
6.2.1. Los señores Luz Yamile Farias Castro y Juan Guillermo González
Zota, actuando en nombre propio, presentaron demandas de nulidad
electoral en contra del acto mediante el cual el señor Oswaldo Mauricio
Alape Arias fue elegido alcalde del municipio de Coyaima (Tolima), para
el periodo constitucional 2024-2027, a las que les correspondieron los
radicados nro. 73001 23 33 000 2023 00465 00/01 y nro. 73001 23 33
000 2023 00485 00/01, respectivamente.
6.2.2. Por auto del 4 de marzo de 2024, se decretó la acumulación de los
precitados procesos, comoquiera que en ambos se discutía la anulación
del acto de elección del señor Oswaldo Mauricio Alape Arias como alcalde
municipal de Coyaima, por la presunta existencia de doble militancia.
6.2.3. En sentencia del 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de las demandas acumuladas.
6.2.4. Inconformes con la decisión anterior, los señores Luz Yamile Farias
Castro y Juan Guillermo González Zota interpusieron recurso de
37
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
38
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
39
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
40
Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado nro. 73001 23 33 000
2021 00353 00/01. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
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apelación, y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia
proferida el 28 de noviembre de 2024 resolvió lo siguiente:
«[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 11 de julio de 2024, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del acto contenido en el
Formulario E-26 ALC expedido el 2 de noviembre de 2023 por la
Comisión Escrutadora Municipal de Coyaima (Tolima), por el cual
se declaró electo como alcalde para el período 2024-2027 al señor
Oswaldo Mauricio Alape Arias.
TERCERO: DECLÁRASE probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la RNEC y DENIÉGASE frente al
CNE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
tribunal de origen […]». (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
6.2.5. En escrito radicado el 5 de diciembre de 2024, el señor Oswaldo
Mauricio Alape Arias, actuando por conducto de apoderado, solicitó a la
Sección Quinta del Consejo de Estado aclaración de la precitada
sentencia, la cual fue negada por auto del 23 de enero de 2025, al
considerar que “(…) la intención del peticionario es reabrir un nuevo
debate o cuestionar la decisión de la Sección, frente a los fundamentos
que se esbozaron para concluir que el demandado ostentó la condición de
directivo dentro del Partido Liberal Colombiano (…)”.
6.2.6. Por escrito radicado el 27 de enero de 2025, el señor Oswaldo
Mauricio Alape Arias solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
adición de la sentencia de segunda instancia, la cual fue rechazada por
extemporánea mediante auto del 13 de febrero de 2025.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo expuesto en la impugnación, y comoquiera que el
a quo descendió al estudio de los defectos alegados por el accionante y
negó la solicitud de amparo, la Sala estima necesario determinar, en
27
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primer lugar, si en este evento se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, especialmente el de relevancia
constitucional, y para ello, se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”41.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
41
Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
28
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Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades42:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia43. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que 44 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
42
Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de
2022.
43
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
44
Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
29
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tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento, esto es,
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impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
pretende reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad electoral,
dado que sus inconformidades, expuestas tanto en el escrito de tutela
inicial como en la impugnación, están encaminadas a controvertir la
interpretación normativa y los fundamentos planteados en la sentencia
acusada, así como, cuestionar la valoración probatoria realizada por la
autoridad judicial accionada.
Para ello, reprochó que “(…) la Sala electoral concluyó que mi
representado estaba incurso en la causal de doble militancia contenida en
el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, por no haber renunciado al partido
liberal, con al menos 12 meses de anticipación a su aspiración a la Alcaldía
del municipio de Coyaima; determinó que este plazo le era exigible por
ser miembro del Comité de Acción Liberal, instancia que a su vez el alto
tribunal consideró es del nivel directivo dentro del partido (…)”45.
En ese sentido, alegó que “(…) no era aplicable el artículo 2 inciso 3 de la
Ley 1475 de 2011 que consagra como hipótesis de doble militancia lo
siguiente: “los directivos de los partidos y movimientos políticos que
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por
otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos,
o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al
cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación
o ser inscritos como candidatos” (…)”46.
45
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
46
Aparte del escrito de impugnación. Visto en los índices 41, 42, 43 y 44 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
02055 00.
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Aseguró que “no existe disposición contenida en los Estatutos del Partido
Liberal Colombiano en el que se mencione que los integrantes del comité
de acción liberal tendrán la calidad de Directivos”47.
Adicionalmente, argumentó que la autoridad judicial accionada (i) le restó
valor “a la prueba sobre la falta de voluntad que mi representado tuvo
para formar parte de las instancias directivas de Partido Liberal”48; (ii) “se
apoyó solamente en la Resolución 7901 del 14 de febrero de 2024
proferida por el Secretario del Partido Liberal a través de la cual se revocó
la Resolución 7895 del 05 de febrero de 2024 que excluía de la lista del
Comité de Acción Liberal a mi representado”49; y (iii) “le resta toda la
contundencia probatoria a lo aportado oportunamente al proceso,
despachando los videos y los mensajes de WhatsApp como
insuficientes”50.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada por la parte actora como una instancia o recurso adicional al
proceso de nulidad electoral, con el fin de insistir en que nunca tuvo la
calidad de directivo del Partido Liberal Colombiano, por lo que, bajo su
consideración, no incurrió en la causal de doble militancia. Por lo tanto,
se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional aludida
en referencia, la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de la
relevancia constitucional.
Ahora, frente al planteamiento del accionante en su impugnación,
respecto “[del] precedente que existe dentro de la Corporación en
providencia del 15 de octubre de 2021, Sección Segunda, sentencia de
Tutela con radicado 11001-03-15-000 2021-01227-01, a través de la cual
se protegieron los derechos del accionante en un caso similar al presente
en el que ya se habían realizado las elecciones para proveer el cargo de
47
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02055 00.
48
Ibidem.
49
Ibidem.
50
Ibidem.
32
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Alcalde del municipio de Tadó-Chocó”, la Sala advierte que los fallos de
tutela tienen efectos inter partes, por lo que no constituyen precedente.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
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facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante
no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso.
En consecuencia, se revocará el fallo proferido el 15 de mayo de 2025 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo
por considerar que no estaban configurados los defectos invocados por el
accionante, para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela,
comoquiera que no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 15 de mayo de 2025
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la solicitud de
amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor Oswaldo Mauricio Alape Arias, por las razones
señaladas en la parte motiva.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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