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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2023-00001-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2023-00001-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada en cuanto declaró la excepción de cosa juzgada, conforme con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, previsto en el literal l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. TERCERO: ORDENAR como consecuencia de lo anterior, las siguientes acciones: 3.1. Al MUNICIPIO, con la asesoría de CORPORINOQUÍA, revisar, actualizar y ajustar, en lo pertinente, los estudios técnicos24 correspondientes elaborados para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 24 Elaborados en el marco del contrato de consultoría No. 111 de 23 de junio de 2017, suscrito entre el Municipio y Diseño Arquitectura y Construcción DIARCO S.A.S.; cuyo objeto consistió en “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAUTO VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DEPORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 85001-23-33-000-2023-00001-01 Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAUTO, VEREDA SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, en relación con la problemática del río Pauto, concretamente, en la zona donde se genera el trasvase de su caudal al río La Curama, a fin de establecer técnicamente las obras adecuadas e idóneas que deberán ejecutarse, su magnitud y alcance, a efectos de mitigar el riesgo de inundación que se cierne sobre las veredas La Plata y El Garzón. Dicha actividad deberá realizarse dentro de un término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia. 3.2. Al MUNICIPIO y al DEPARTAMENTO: 3.2.1. ADELANTAR de manera conjunta, una vez vencido el término anterior, los trámites de orden administrativo y presupuestal con miras a la consecución de los recursos económicos requeridos para la ejecución de las obras, dentro de los tres (3) meses siguientes, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2023-00001-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 85001-23-33-000-2023-00001-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PERSONERÍA MUNICIPAL DE PORE

TESIS: NO SE CONFIGURA LA COSA JUZGADA PORQUE NO EXISTE
IDENTIDAD RESPECTO DE LA CAUSA PETENDI.

DERECHO COLECTIVO INVOCADO COMO VULNERADO: SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

Procurador II Judicial Administrativo de Casanare1 y el

Personero Municipal de Pore, contra la sentencia de 18 de enero

de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare2.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

1
En adelante el Procurador.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 85001-23-33-000-2023-00001-01
Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

El Personero Municipal de Pore, en ejercicio de la acción popular

prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por

la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, presentó demanda contra la

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo4, el Departamento de

Casanare5 y el Municipio de Pore6 tendiente a que se proteja el

derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres

previsibles técnicamente.

El Tribunal, mediante auto de 8 de agosto de 2023, vinculó a

CORPORINOQUÍA en calidad de demandada, la cual no realizó

manifestación alguna sobre la demanda.

I.2. Hechos

Expuso que las veredas El Banco, Matalarga, San Isidro, La Plata y

El Garzón han sido las más afectadas por las inundaciones causadas

por el desbordamiento del río Pauto y La Curama.

3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante UNGRD
5
En adelante el Departamento.
6
En adelante el Municipio.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

Indicó que el caudal del río Pauto aumenta considerablemente en

época de fuertes precipitaciones en períodos cortos de tiempo,

generando la socavación de su margen izquierda, inundaciones en el

sector donde se ubican las veredas en mención y el desvío de su

caudal al río La Curama, hecho que conlleva a inundaciones de mayor

magnitud, destrucción de fincas y viviendas.

Sostuvo que en los meses de junio y julio de 2020, así como entre

julio y agosto de 2022 el desbordamiento del río La Curama afectó

un número considerable de familias residentes en el sector de la

vereda La Plata, además de la pérdida de la banca del talud natural

de las márgenes derecha e izquierda donde se ubican viviendas,

conllevando a la declaratoria de calamidad pública para obtener

recursos del orden departamental y nacional a fin de atender la

situación.

Manifestó que en cumplimiento de la orden judicial impartida dentro

de una acción popular promovida en el año 2008, se construyó un

jarillón de aproximadamente 6 Kilómetros desde el puente Ramón

Nonato Pérez aguas abajo, pero justo en el punto donde termina la

estructura, el río nuevamente está generando socavación e

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

inundaciones en diferentes puntos de las veredas San Isidro, El

Banco, Matalarga, La Plata y El Garzón.

Afirmó que el Municipio, con el fin de mitigar y prevenir un desastre

en la zona, tramitó un proyecto ante la UNGRD para gestionar

recursos destinados a actividades de contención en 8 kilómetros de

la margen izquierda del río Pauto, en virtud del cual el Fondo Nacional

de Gestión del Riesgo suscribió un contrato de obra con la Unión

Temporal Obras de Mitigación Pore a fin de ejecutar acciones de

mitigación a lo largo de 5 kilómetros.

Destacó que antes de iniciar la ejecución del contrato las obras se

redujeron a una extensión de 3.1 kilómetros, pese a que el objeto

contractual y su valor no fueron modificados.

Destacó que la extensión de dicha obra solo mitiga el riesgo en un

sector de la vereda San Isidro, por tanto, es urgente ejecutarla en

una extensión de 8 kilómetros, donde se presenta la afectación más

grave a raíz del desvío del caudal al río La Curama, con la

consecuente inundación de las veredas La Plata y El Garzón.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que existe vulneración de los derechos
colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y a la vida, la salud, la integridad de los habitantes de
las veredas San Isidro, del Banco, Matalarga, La Plata y El Garzón del
municipio de Pore por parte de La Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, la Gobernación de Casanare y el municipio de Pore y/o
quienes resultaren responsables dentro del trámite procesal, por lo
expuesto en los hechos.

SEGUNDO: Que se declare que las entidades demandadas: La Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Casanare y el
municipio de Pore y/o quienes resultaren responsables dentro del
trámite procesal, deben ejecutar las acciones tendientes a evitar el
daño contingente y hacer cesar el peligro la vulneración o agravio
sobre los derechos e intereses colectivos y fundamentales invocados.

TERCERO: Proteger los derechos vulnerados por parte de La Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Casanare y el
municipio de Pore y/o quienes resultaren responsables dentro del
trámite procesal, bajo el principio de concurrencia coordinación y
colaboración armónica para que en un plazo razonable adelanten las
gestiones administrativas necesarias para apropiar los recursos,
obtener la disponibilidad presupuestal y contratar de manera
coordinada y conjunta o como la magistratura lo considere pertinente
la terminación de las obras de contención en el sector de la Vereda
San Isidro, El Banco y Matalarga en los 4,9 km faltantes del proyecto
inicialmente planteado por el municipio y necesario para evitar
inundaciones que provoca el desbordamiento del Río pauto en el
sector ya mencionado.

CUARTO: Que los requisitos pertinentes de apropiación presupuestal
y de contratación de las obras de contención en el sector de las
veredas San Isidro, El Banco y Matalarga en los 4,9 km inicialmente
planteado por el municipio por parte de La Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo, la Gobernación de Casanare y el municipio de Pore y/o
quienes resultaren responsables dentro del trámite procesal, se
tomen las medidas preventivas que se requieran a fin de evitar el
riesgo de un desastre por inundación en los puntos críticos en el
sector de las veredas San Isidro, El banco y Matalarga, 4,9 km del

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proyecto inicialmente planteado por el municipio que provoca el
desbordamiento del río Pauto […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO adujo que no ha vulnerado el derecho

colectivo invocado en la demanda y que, incluso, fue quien presentó

el proyecto inicial de obras de mitigación en las veredas San Isidro y

Matalarga; no obstante, los recursos asignados por el Estado son

insuficientes para atender la totalidad del área identificada sobre la

margen izquierda del río Pauto.

Sostuvo que los 3.1 Kilómetros a intervenir minimizan el riesgo para

la comunidad mientras logran la consecución de los recursos

adicionales, además, la Oficina de Gestión del Riesgo monitorea de

forma permanente el afluente y ante cualquier situación que altere

las condiciones normales, será activado el Plan de Mando Unificado

para adoptar medidas urgentes encaminadas a contrarrestar la

amenaza o peligro.

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Propuso como excepción la “inexistencia de vulneración de los

derechos colectivos”, para lo cual describió en detalle las acciones

que ha adelantado para su protección.

I.4.2.- La UNGRD argumentó que no ha vulnerado el derecho

colectivo invocado, aunado a que el MUNICIPIO es el responsable

del financiamiento y ejecución de las obras faltantes.

Afirmó que el proyecto presentado por el ente territorial fue

viabilizado y financiado con recursos del Fondo Nacional de Gestión

del Riesgo de Desastres, y aunque inicialmente contemplaba la

construcción de un dique de 5 kilómetros, en la etapa de pre

construcción – fase aprobación de la interventoría – se determinó

que el diseño a ejecutar sería de aproximadamente de 3.100 metros.

Indicó que los cambios obedecieron a que los estudios iniciales fueron

realizados en el año 2017, por lo que muchas actividades debieron

modificarse, incluso, anteriormente, la localización del proyecto se

encontraba sobre el lecho del río pero con la revisión y ajuste fue

ubicado sobre la terraza consolidada; también varió el presupuesto

inicial dado que al formularlo no fueron incorporadas actividades

básicas para el buen desarrollo de la obra y aunque los precios

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inicialmente contratados no variaron si se presentaron algunos

cambios de materiales para hacer la construcción más duradera.

Refirió que con los recursos apropiados por el Ministerio de Hacienda

con destino al Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres solo fue

posible financiar 3.1 kilómetros, de manera que al MUNICIPIO le

corresponde gestionar los recursos para adelantar la segunda fase

del proyecto y ejecutar los kilómetros faltantes.

I.4.3.- El DEPARTAMENTO sostuvo que a través de la Dirección

Técnica de Gestión del Riesgo de Desastre ha adelantado labores de

intervención en los puntos críticos señalados por el accionante.

Anotó que, en su criterio, existe agotamiento de la jurisdicción

porque el proceso popular radicado con el número 2008-00036 se

fundamentó en hechos y pretensiones similares a los que ahora son

objeto de pronunciamiento y, además, el mismo, actualmente, se

encuentra en etapa de verificación.

Advirtió que el proceso en comento cursa en el Juzgado Primero

Administrativo del Circuito de Yopal, el cual emitió fallo de primera

instancia el 28 de mayo de 2009 en el sentido de amparar el derecho

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colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente y, en consecuencia, ordenó ejecutar actividades

concretas en la margen izquierda del río Pauto para mitigar la

problemática que vive la misma comunidad y por la misma causa de

vulneración.

Expuso que las afectaciones a los habitantes de las veredas indicadas

en la demanda son de público conocimiento y tienen por causa la

ubicación geográfica de las viviendas y las actividades de

deforestación en la zona ribereña del río Pauto por el accionar de la

misma comunidad durante los últimos 30 años.

Indicó que en cumplimiento de lo ordenado en la acción popular

2008-00036, durante la vigencia 2022, desarrolló un plan de trabajo

consistente en la ampliación y canalización del cauce, descolmatación

en el centro de la ronda hídrica del río Pauto y la reconstrucción y

refuerzo del jarillón existente para proteger y estabilizar la margen

izquierda de dicho afluente, disminuyendo así la amenaza por

fenómenos de erosión y migración lateral en el sector de las veredas

de El Verde, San Isidro, Matalarga, Brisas del Pauto y El Banco.

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Propuso las excepciones que denominó “no vulneración de los

derechos colectivos por parte del Departamento de Casanare” e

“improcedencia de la acción por jurisdicción consumada y cosa

juzgada”.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 2 de agosto

de 2023, declarándose fallida por ausencia de fórmulas de acuerdo

entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 18 de enero de 2024, declaró

configurada la excepción de cosa juzgada porque, a su juicio, los

hechos de uno y otro proceso versan sobre las inundaciones que

causa el desbordamiento del río Pauto y si bien en esta nueva

demanda se adicionan las veredas La Plata y El Garzón, también

están ubicadas en el mismo sector al que se refiere la acción popular

inicial.

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Expuso que el objetivo perseguido en ambos procesos es la

protección de derechos colectivos para evitar o mitigar los efectos de

las inundaciones periódicas que causa el río Pauto, sobre todo en

época de lluvias, los cuales fueron objeto de protección mediante el

fallo proferido en la primera acción popular, de manera que las

medidas ordenadas cobijan a todas las veredas afectadas por las

inundaciones ubicadas en un tramo de 10 kilómetros aguas abajo del

puente Ramón Nonato Pérez.

Determinó que aun cuando en la presente acción se incluyó como

demandada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,

lo que no ocurrió en el proceso 2008-00036, en etapa de verificación

en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, las

pruebas aportadas no permitían inferir acción u omisión que

conllevara a la declaratoria de responsabilidad de dicha entidad.

Indicó que de la comparación de los hechos, las pretensiones y las

medidas dispuestas en el proceso 2008-00036, con la finalidad

perseguida en el asunto sub examine, se infería la identidad de causa

y de objeto más no de partes, cuyo presupuesto no impedía declarar

configurada la cosa juzgada, razón por la cual no serían analizados

los demás problemas jurídicos planteados.

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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- El PROCURADOR 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVO DE

CASANARE cuestionó la declaratoria de la excepción de cosa

juzgada porque, en su criterio, el Tribunal de manera inconsulta y sin

fundamento jurídicamente entendible determinó que la UNGRD

viene acompañando el trámite de verificación de cumplimiento de la

sentencia proferida en la acción popular promovida en el año 2008,

por tanto, “[…] esa actuación la equipararía a una de las demandadas

[…]”, desconociendo que las órdenes judiciales solo proceden frente

a quienes fungen como partes o fueron vinculados dentro de un

determinado proceso.

Sostuvo que en el proceso 2008-00036 se amparó el derecho

colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente frente al riesgo generado para los habitantes de las

veredas San Isidro, El Banco, Matalarga y La Mapora, mientras que

en esta nueva demanda se pretende la protección de quienes residen

en las veredas La Plata y El Garzón, siendo contraevidente que el

fallo apelado haya establecido que en la acción de 2008 se

protegieron a “[…] todas las comunidades y veredas que se

encuentran ubicadas sobre la margen izquierda del río Pauto, aguas

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abajo del puente Ramón Nonato Pérez, en un tramo de 10 kilómetros

[…]”.

Indicó que pese a ser irrefutable la coincidencia en la causa de ambas

acciones populares (problemática de inundaciones periódicas del río

Pauto), no se configura la identidad de objeto y tampoco de partes,

habida cuenta que en el primer proceso los hechos se refirieron

específicamente a unas determinadas veredas de la margen

izquierda del afluente y, además, en este proceso fue incluida como

demandada la UNGRD, hecho que pasó por alto el Tribunal, porque

en su criterio, este último requisito no impedía declarar la cosa

juzgada.

Resaltó que aunque el Tribunal sostuvo que no estudiaría los puntos

adicionales de la controversia referentes a la procedencia del amparo

del derecho invocado y los responsables de su protección, cuando se

pronunció sobre la identidad de partes, indicó que pese a que la

UNGRD no era demandada, ninguna prueba daba cuenta de una

acción u omisión para declararla responsable y, en todo caso,

legalmente era su deber participar en la solución de la problemática

en virtud de los principios de concurrencia, subsidiaridad,

colaboración armónica y unidad territorial.

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Precisó que lo dispuesto en el fallo acerca de remitir copia de lo

actuado en este proceso para que sea tenido en cuenta en el trámite

de verificación del proceso popular con radicado 2008-00036, es

improcedente porque no puede pretenderse que la última providencia

subrogue, modifique o adicione aquella proferida en la primera acción

constitucional.

III.2.- El PERSONERO MUNICIPAL DE PORE alegó que si bien los

hechos se refieren a la vulneración de derechos de los habitantes de

la margen izquierda del río Pauto, aguas abajo del puente Ramo

Nonato Pérez, también está probado que la vereda la Plata y otros

sectores de la vereda El Garzón están siendo afectados por hechos

nuevos como “el trasvase en su totalidad del río Pauto sobre el río la

Curama”, situación que generó un riesgo para la Institución

Educativa Horacio Perdomo de La Plata, debiendo cerrarse por un

tiempo por orden del Comité de Riesgo Municipal, cuyos temas no se

trataron en la popular 2008-00036.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para el amparo de derechos colectivos como el invocado en el

presente asunto, con ocasión de los eventos de inundación que se

han presentado de forma reiterada en algunas veredas del Municipio

de Pore, en el Departamento de Casanare.

Problemas jurídicos

Conforme con los argumentos expuestos en el escrito contentivo de

la alzada, a la Sala corresponde determinar, en su orden, lo

siguiente:

i) ¿Se dan los presupuestos para declarar probada la excepción de

cosa juzgada?

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ii) ¿Está probada la vulneración del derecho colectivo invocado y, de

ser así, a qué entidades corresponde ejecutar las intervenciones

requeridas para hacer cesar su trasgresión?

De la cosa juzgada

Esta institución procesal fue definida en el artículo 303 del Código

General del Proceso –CGP -, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa
juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión
[…]”.

Es decir, su declaratoria está supeditada a que: (i) exista identidad

de objeto entre el proceso ya dirimido y el nuevo litigio, (ii) ambos

procesos estén fundados en la misma causa, y (iii) se advierta

identidad jurídica respecto de las partes procesales.

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Ahora, esta Sección en cuanto a la aplicación de dicha figura en el

marco de las acciones populares ha puntualizado7:

«[…] Al respecto, es del caso tener en cuenta que la Sala ha
precisado que en materia de acciones populares la excepción de cosa
juzgada respecto de las partes, aunque estas no sean idénticas en
el cotejo, lo relevante es que tanto los responsables de la
vulneración y la comunidad titular del derecho o el grupo
determinado o determinable sean los mismos. Así lo sostuvo la Sala
en providencia 12 de junio de 2008 (Expediente nro. 2005-90013-
01(AP), Consejero ponente: doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta):

“[…] Entonces, en materia de acciones populares, la excepción de
cosa juzgada respecto de las partes ocurre aunque ellas no sean
idénticas en los procesos que se cotejan, pues lo relevante es que
los responsables por la afectación al derecho colectivo invocado sean
los mismos, y que no obstante la calidad difusa de la comunidad
titular del derecho, el grupo -determinado o determinable- afectado
con la amenaza o vulneración de los derechos colectivos
comprometidos, también sea el mismo […]”».

En el caso concreto, respecto de la causa petendi la Sala advierte

que ambas acciones se presentaron por los eventos de inundación

suscitados por el desbordamiento del río Pauto en época de invierno;

no obstante, en el asunto sub examine también se expone como

sustento de la demanda el desbordamiento del río La Curama y las

inundaciones en las veredas La Plata y El Garzón, circunstancias de

las cuales es dable inferir el incumplimiento de este presupuesto.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre
de 2017, Expedientes acumulados: 73001-23-33-000-2013-00072-01 y 73001-23-33-006-2014-
00197-00, CP. María Elizabeth García González.

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Respecto de la identidad de objeto, la Sala destaca que a diferencia

de la acción promovida en el año 2008, este nuevo proceso tiene por

finalidad que las obras planteadas dentro del proyecto inicial8,

formulado en el marco de la declaratoria de calamidad pública9, sean

ejecutadas a lo largo del tramo allí planteado, esto es, en una

extensión total de 8 kilómetros, todo ello con el fin de conjurar el

riesgo existente para las comunidades aledañas a la zona en que

ocurre el desvase del río Pauto al río La Curama, esto es, de las

veredas la Plata y El Garzón.

Bajo tal contexto, dado que las demandas bajo examen no guardan

identidad de objeto y causa petendi, la Sala se abstendrá de

pronunciarse sobre la igualdad de parte demandada, pues ya se

encuentra claramente evidenciada la inexistencia de la cosa juzgada,

razón por la que lo procedente es revocar el fallo impugnado y, en

consecuencia, abordar el estudio acerca de la vulneración del derecho

colectivo invocado y la responsabilidad que les asiste a las entidades

accionadas.

8
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION EN PUNTOS CRITICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO PAUTO, VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE
CASANARE"
9
Declarada mediante Decreto No. 045 de 8 de julio de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PORE – CASANARE”.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

De la vulneración de derechos colectivos

Sobre el particular, la Sala destaca que el cúmulo de pruebas que

obran en el proceso da cuenta que las veredas ubicadas en la margen

izquierda del río Pauto vienen padeciendo, desde aproximadamente

una década, las consecuencias del incremento y desbordamiento de

su caudal en temporada de lluvias.

De igual forma, está acreditado que cuando las lluvias superan los

niveles normales, excediendo la capacidad hidráulica del río Pauto,

desvían sus aguas hacia el río La Curama causando su

desbordamiento a la altura de las veredas La Plata y El Garzón al

punto de que en los años 2020 a 2022 padecieron las adversidades

generadas por las inundaciones, tal como quedó consignado en los

Informes Técnicos de Emergencias del Municipio de Pore de

noviembre de 2020, 29 de abril de 2021, 18 de noviembre de 202210

y los registros fotográficos relacionados en estos.

Incluso, el MUNICIPIO ante la magnitud del evento presentado en

el año 2020 declaró la calamidad pública mediante Decreto núm. 045

10
Índice SAMAI 00003, archivo “2_ED_002PRUEBAS(.pdf) NroActua 3”. folios 45 a 81.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

de 8 de julio de 202011, prorrogada por Decreto núm. 113 de 18 de

diciembre de la misma anualidad12.

Con ocasión de ello, estructuró y presentó ante la UNGRD el

proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS

CRÍTICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAUTO, VEREDA SAN

ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO

DE CASANARE” a ejecutar en un tramo de 8 kilómetros, aprobado

por el Fondo Nacional de Gestión de Desastres13, de acuerdo con el

Oficio núm. 2021EE05612 de 24 de mayo de 202114.

Por consiguiente, el FONDO suscribió el contrato de obra núm. 9677-

PPAL001-1787-2021 con la Unión Temporal Obras de Mitigación

Pore, cuyo objeto consistió en “Realizar la intervención correctiva

mediante la construcción de obras de mitigación y protección en

puntos críticos de la margen izquierda del río Pauto, veredas San

Isidro y Matalarga en el municipio de Pore para reducir el riesgo por

inundación en el municipio de Pore departamento de Casanare, en el

marco del decreto de calamidad pública No. 045 de 2020, prorrogado

11
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PORE –
CASANARE”.
12
“POR MEDIO DEL CUAL PRORROGA LA DECLARATORIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA
EN EL MUNICIPIO DE PORE”.
13
En adelante el FONDO.
14
Según información consignada en la parte considerativa del contrato de obra, numeral 37.

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mediante decreto No. 113 de 2020 y en desarrollo del plan de acción

específico (PAE) establecido en el retorno a la normalidad No. 031 de

2021”; por valor de $19.151´869.895. En sus consideraciones se

indicó expresamente:

«[…]19. Que, de conformidad con la ficha de presentación de proyecto
ante la UNGRD:

“Debido a las precipitaciones presentadas en los períodos de
temporada invernal de cada año, se ve un aumento en los niveles del
caudal del río Pauto, dando como resultado inundaciones en las áreas
aledañas al afluente, viéndose involucrado de esta manera los
habitantes, viviendas y pertenencias, siendo recurrente en los
sectores de Brisas del Pauto, El Banco, El Verde, Garzón, La Macolla,
La Plata, Matalarga, Miralindo, San Isidro, estas veredas son
afectadas principalmente por los desbordamientos del río Pauto, entre
otros” […].

20. Que “El desbordamiento del río Pauto en la vereda San Isidro
y del río La Curama en la vereda La Plata, sector El Garzón, del
municipio de Pore, generó emergencias […].

21. Que el Comandante del Organismo de Socorro […] señaló
que están inundadas las veredas El Garzón y La Plata, con
riesgo de colapso en dos viviendas e inundación en cultivos
pancoger […].

23. Que, dada la recurrencia de los eventos hidrometereológicos que
generan inundaciones y con el fin de mitigar esta amenaza, como
consta en el Acta de Comité Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres de fecha 18 de marzo de 2021 y en el Acta de Comité
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de fecha 14 de
abril de 2021, el municipio socializó y presentó ante los mismos el
proyecto "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS
CRÍTICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PAUTO, VEREDA SAN
ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO
DE CASANARE”, consiguiendo su aval.

[…]

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

34. Que en atención a las medidas que deberán adoptarse en razón
de la situación de calamidad pública establecida por este municipio y
en cumplimiento de los principios de subsidiaridad y
complementariedad establecidos en la citada ley, en el marco de la
calamidad decretada por el Municipio de Pore, este ha presentado a
la UNGRD un proyecto cuyo alcance consiste en la “CONSTRUCCIÓN
OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RÍO PAUTO, VEREDA SAN ISIDRO Y MATALARGA EN
EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, teniendo
en cuenta que en el mencionado proyecto se ve reflejada la
problemática que aqueja al municipio y la necesidad que soporta la
solicitud.

35. Que de conformidad con la ficha técnica del proyecto diligencia
por el Municipio de Pore y presentada a la UNGRD, la población
directamente beneficiada con la ejecución del proyecto es de
aproximadamente 1.200 habitantes […]”.

Asimismo, en la cláusula quinta del citado contrato se pactó:

“[…] QUINTA.-PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo máximo previsto
para la ejecución de las actividades que se deriven del presente
proceso es de ONCE (11) MESES, el cual se contará a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y dividido en las
siguientes etapas:

1. Etapa de pre-construcción: Dos (2) meses para revisión y/o
ajustes de Estudios y Diseños, así como la aprobación de los
mismos por parte de la interventoría.

2. Etapa de construcción: Nueve (09) meses para la ejecución de las
obras […]” (Negrillas fuera del texto original).

Con fundamento en la cláusula anterior, el contratista en la fase de

pre construcción disminuyó el tramo a intervenir a 3.1. km, fijando

el diseño de las obras a ejecutar, así:

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“[…] Construcción de un dique en material granular del río de una
longitud aproximada de 3.100 metros, con colchoneta reno, en la
margen izquierda del río pauto para mitigar la amenaza de
inundación en las veredas San Isidro y Matalarga en el municipio de
Pore, Departamento de Casanare. Dicho dique será construido con
material granular proveniente del río, el cual tiene como
dimensiones de 2.5 metros de alto, 20 metros de base, con una
pendiente de 1 en la horizontal y 1.5 en la vertical, el cual se
encuentra recubierto en su cara húmeda por una colchoneta reno de
0.3 m, para el control antisocavación se contempla el mismo
elemento de colchogavión con 1.5 metros y un lastre de 2.0 metros
[…]”.

Lo anterior, evidencia que la zona donde se desarrolla la

problemática, solo ha sido objeto de intervenciones parciales

tendientes a mitigar el riesgo existente en algunos de los sectores

afectados, lo que denota que las acciones desplegadas hasta ahora

son insuficientes de cara a salvaguardar el total de la población que

reside en las áreas impactadas, concretamente, en las veredas La

Plata y El Garzón, quienes han tenido que padecer el desbordamiento

del río La Curama cuando el río Pauto desborda su caudal hacia dicho

cauce.

Bajo tal contexto, es indiscutible que estos hechos constituyen la

transgresión de derechos e intereses colectivos de las citadas

comunidades, y pese a que de tiempo atrás la problemática ha sido

de pleno conocimiento de las entidades accionadas, como lo denotan

las pruebas reseñadas, lo cierto es que a la fecha la misma no se ha

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atendido de forma integral y adecuada, como lo amerita la magnitud

de la situación.

En consecuencia, la Sala declarará que en el presente asunto se

configura la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres previsibles técnicamente, y así se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

Del responsable de la vulneración del derecho colectivo

Del MUNICIPIO

Para el efecto, la Sala resalta que el Gobierno Nacional mediante la

Ley 1523, adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres

como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y

el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a

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la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al

desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era una política de

desarrollo indispensable para garantizar, entre otros, la seguridad

territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y

las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,

con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de

gobierno y la efectiva participación de la población15.

La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11

del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el

caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio

climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la

medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad

o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios

observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que

también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,

que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo

cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las

15
Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.

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situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación

entendida como rehabilitación y reconstrucción.

Ahora, la Sala advierte que en los ámbitos territoriales, la Ley idem

otorgó funciones específicas en materia de gestión del riesgo

a los alcaldes en los siguientes términos:

“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”16.

“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública [...]”17.

Asimismo, las funciones encomendadas a cada uno de los integrantes

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas por los

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad

positiva, definidos por la misma Ley 1523, reconocidos en el artículo

288 de la Constitución Política como rectores en el ejercicio de las

16
Ley 1523. Artículo 14.
17
Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.

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competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y

desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199418.

Cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde,

en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo

en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción

del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los

artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136, que

definen al municipio como la entidad territorial fundamental en la

división político administrativa del Estado, cuya finalidad es prestar

los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y

cultural de sus habitantes, buscar el bienestar general y el

mejoramiento de la calidad de vida de la población de su territorio.

“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
18

municipios”.

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28

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Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención

del riesgo, es al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde, a quien

corresponde de manera principal implementar, ejecutar, desarrollar,

entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho

fin; no obstante, ello no indica que deba dejarse de lado que la misma

Ley 1523 y el Decreto 4147 de 2011, establecieron un trabajo

coordinado y armónico con las demás entidades, en punto al

desarrollo de dicha política19.

Entonces, los elementos de juicio hasta aquí desarrollados conducen

a la Sala a concluir con suficiente nivel de convicción que el

MUNICIPIO es el directo llamado a ejecutar las obras

correspondientes a la intervención de orden correctivo que

demandan las circunstancias constitutivas del problema que se

ventila en esta acción popular, atendiendo a los deberes que le han

sido impuestos por el Legislador en materia de gestión del riesgo a

nivel local, en concreto, a voces del artículo 14 de la citada Ley 1523.

Ahora, la entidad territorial, en su defensa, manifestó haber

adelantado “[…] todas las gestiones necesarias en procura de la

19
Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en sentencia de
28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-02. Consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón).

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consecución de los recursos económicos para atender la necesidad

de protección que aqueja a la comunidad residente, río abajo, pero

tan solo ha logrado la asignación de recursos para intervenir un área

de 3.1 kilómetros en puntos críticos con los cuales se considera que

se minimiza el riesgo previsto a toda la comunidad, mientras se logra

adición de recursos para seguir desarrollando las obras civiles

necesarias […]”.

Al respecto, la Sala destaca que dentro del caudal probatorio no obra

evidencia alguna sobre las gestiones de orden administrativo y

presupuestal surtidas a nivel municipal para atender la situación, aun

cuando también el Sistema General de Participaciones lo faculta para

destinar recursos a la financiación de proyectos de interés municipal

que tienen por objeto, entre otros, la defensa contra las

inundaciones20.

Contrario a ello, lo que la Sala advierte es una clara intención del

MUNICIPIO de trasladar a la UNGRD, de manera absoluta, la

20
“[…] Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
[…] 76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas,
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa
contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”.

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30

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responsabilidad de las actividades a desarrollar en la zona,

argumentando la limitación de sus recursos económicos, hecho que

no tiene la virtualidad de eximirlo de los deberes constitucionales y

legales que le asisten para garantizar el mejoramiento de las

condiciones de seguridad, bienestar y calidad de vida de quienes

habitan su territorio.

Así las cosas, es el MUNICIPIO el directo llamado a adoptar las

medidas y desarrollar las acciones correctivas para la reducción y

mitigación del riesgo advertido en la zona en la que se desarrolla la

problemática objeto de esta acción, previo estudio y análisis técnico

de las condiciones particulares del caso a fin de establecer la solución

integral, idónea y definitiva que demanda la situación descrita.

Del DEPARTAMENTO

En cuanto a la participación del DEPARTAMENTO en la búsqueda y

materialización de dicha solución, el artículo 12 de la Ley 1523 prevé

que a esta entidad territorial, en cabeza del Gobernador, compete

implementar procesos de conocimiento y de reducción del riesgo, así

como las acciones tendientes al manejo de desastres en su territorio.

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31

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Asimismo, es su obligación integrar en la planificación del desarrollo

departamental, gestiones estratégicas y prioritarias en cuanto a la

gestión del riesgo se refiere, por medio del plan de desarrollo

departamental y demás instrumentos a su disposición, a fin de

materializar las competencias de coordinación, concurrencia y

subsidiariedad positiva frente a los municipios de su jurisdicción.

Es decir que, en aplicación de estos principios, al DEPARTAMENTO,

en asocio con los municipios de su territorio, le corresponde aunar

esfuerzos para adelantar las acciones que tienen por objeto evitar o

hacer cesar la afectación que se esté causando a un valor, interés o

bien jurídico protegido como la mitigación del riesgo de desastres,

como ocurre en el presente asunto.

Por consiguiente, atendiendo a la magnitud de los hechos

constitutivos del riesgo al que está expuesta la comunidad residente

en las veredas aledañas a los ríos Pauto y La Curama, concretamente

La Plata y El Garzón; el alcance de la intervención que se requiere en

la zona y los recursos presupuestales que ello implica, la Sala

considera ineludible la participación del DEPARTAMENTO.

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Así las cosas, compete a este junto con el MUNICIPIO gestionar,

estructurar y ejecutar estrategias de colaboración y apoyo financiero

con el fin de obtener los recursos necesarios para resolver de manera

efectiva y definitiva la problemática advertida, precisamente en

aplicación de los principios de concurrencia y subsidiariedad previstos

en los numerales 13 y 14, artículo 3º de la citada Ley 1523 y, en

todo caso, sujetos al ámbito de sus competencias constitucionales y

legales, tal como quedará dispuesto en el acápite resolutivo del

presente fallo.

De la UNGRD

Está probado que esta entidad viabilizó y asignó recursos por la suma

de $ 19.151´869.895 m/cte para la ejecución del proyecto aludido

en la zona de la margen izquierda del río Pauto a la altura de las

veredas San Isidro y Matalarga21; no obstante, en la etapa de pre

construcción la intervención a realizar se redujo a 3.1 kilómetros,

tornándose insuficientes para la reducción del riesgo que se cierne

sobre las comunidades aledañas a los ríos en comento, dada la

extensión del área expuesta a los eventos de inundación.

21
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO PAUTO, VEREDA SAN ISIDRO Y MATALARGA EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE
CASANARE”.

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De lo anterior, la Sala concluye que a la UNGRD corresponde, bajo

el esquema de cofinanciación previsto en la Ley 1523, viabilizar la

asignación de presupuesto para las obras a ejecutar en el marco de

la solución integral y definitiva que se requiere en las zonas

específicas donde ocurre el desbordamiento de los ríos Pauto y La

Curama, con la consecuente afectación de los habitantes de las

veredas La Plata y el Garzón.

En todo caso, para viabilizar la destinación de esos recursos

económicos por parte de dicha entidad, el MUNICIPIO tendrá a su

cargo radicar ante la UNGRD el proyecto de las intervenciones que,

conforme con el estudio técnico correspondiente, deban llevarse a

cabo, sujetándose a los requisitos fijados para acceder al sistema de

cofinanciación en materia de gestión del riesgo a través del FONDO,

como será dispuesto en la parte resolutiva de esta providencia.

De CORPORINOQUÍA

Si bien es cierto que el MUNICIPIO es el principal responsable de

atender las problemáticas relacionadas con la gestión del riesgo en

su territorio, al punto que la intervención CORPORINOQUÍA es de

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34

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orden complementario22, también lo es que al fungir como autoridad

ambiental en esa jurisdicción tiene a su cargo expresas atribuciones

en relación con los recursos naturales renovables existentes en su

zona de influencia, puntualmente, en la conservación de los ríos

Pauto y La Curama.

Como sustento de lo anterior, resulta pertinente hacer referencia a

lo precisado por la Sala en una oportunidad anterior en la que conoció

de un asunto con supuestos fácticos similares, en los siguientes

términos:

“[…] Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1523 ordena a las
corporaciones autónomas regionales apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en la elaboración de “[…]
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo
[…]”, según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1523 […].

Cabe resaltar que si bien el parágrafo 1º del artículo en
mención dispone que el papel de las corporaciones
autónomas regionales es complementario y subsidiario
respecto a la labor de las Alcaldías y Gobernaciones en apoyo
de las tareas de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la exime del
cumplimiento de los deberes que le asisten en materia
ambiental y de gestión del riesgo, pues debe trabajar
coordinadamente con las demás entidades para la consecución de
dichos fines.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 29 de julio de
202130, consideró lo siguiente:

“[…] Como se observa, si bien el papel de la Corporación no
suple ni exime de sus funciones a los entes territoriales, recae

22
Ley 1523 de 2012, artículo 31, parágrafo primero.

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35

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en ella el deber de asesorar y colaborar con las autoridades
territoriales (gobernaciones y alcaldías) en la prevención de
desastres, el análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución. Así las cosas, la Sala determina que el
papel de la Corporación no es subsidiario respecto de las labores de
alcaldías y gobernaciones.

6.4.3.3. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que,
según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 1523 de
2012, los Consejos departamentales, distritales y municipales de
Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación,
asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la
efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del
riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la
entidad territorial correspondiente, están conformados por un
representante de cada una de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible dentro de la respectiva
jurisdicción territorial. Dicha representación no es en vano, pues
resulta claro que el propósito de la norma es fomentar un
trabajo de cooperación interinstitucional entre todas las
entidades que hacen parte del sistema, en búsqueda de
corresponsabilidad e integralidad en las acciones. Así las
cosas, cualquier competencia que recaía en los Comités de
Prevención y Atención de Desastres, indirectamente lo es de la
Corporación al ser uno de sus miembros […]”23 (Negrillas fuera del
texto original).

Entonces, comoquiera que las intervenciones a realizar con la

finalidad de mitigar el riesgo tienen, en mayor o menor medida,

repercusiones en el comportamiento del cauce de los ríos

involucrados, resulta imperioso que CORPORINOQUÍA apoye con

asesoría al MUNICIPIO en la elaboración de los estudios técnicos

requeridos para tener certeza sobre las adecuaciones y obras a

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón, Sentencia de 10 de diciembre de 2021, expediente núm. 66001-23-33-000-2013-
00290-02.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

realizar como, en efecto, se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Del comité de verificación

Comoquiera que se accederá a la protección deprecada y, en

consecuencia, serán impartidas las órdenes pertinentes para hacerla

efectiva, la Sala dispondrá la conformación del Comité de

Verificación del cumplimiento de esta sentencia.

Dicho comité estará integrado por el Magistrado Ponente del fallo

proferido en el Tribunal, quien lo presidirá, el Agente del Ministerio

Público delegado para actuar ante esa Corporación, el Personero

Municipal de Pore, en calidad de actor popular, un representante del

MUNICIPIO, un representante del DEPARTAMENTO, un

representante de la UNGRD y un representante de

CORPORINOQUÍA.

El comité se reunirá y la parte accionada informará al Tribunal sobre

las gestiones realizadas en cumplimiento de la sentencia, una vez

vencidos los términos otorgados para tal fin.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada en cuanto declaró la

excepción de cosa juzgada, conforme con las consideraciones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la vulneración del derecho colectivo a la

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,

previsto en el literal l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

TERCERO: ORDENAR como consecuencia de lo anterior, las

siguientes acciones:

3.1. Al MUNICIPIO, con la asesoría de CORPORINOQUÍA, revisar,

actualizar y ajustar, en lo pertinente, los estudios técnicos24

correspondientes elaborados para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE

24
Elaborados en el marco del contrato de consultoría No. 111 de 23 de junio de 2017, suscrito entre el
Municipio y Diseño Arquitectura y Construcción DIARCO S.A.S.; cuyo objeto consistió en “ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO PAUTO VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DEPORE,
DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MARGEN

IZQUIERDA DEL RIO PAUTO, VEREDA SAN ISIDRO Y MATALARGA EN

EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, en

relación con la problemática del río Pauto, concretamente, en la zona

donde se genera el trasvase de su caudal al río La Curama, a fin de

establecer técnicamente las obras adecuadas e idóneas que deberán

ejecutarse, su magnitud y alcance, a efectos de mitigar el riesgo de

inundación que se cierne sobre las veredas La Plata y El Garzón.

Dicha actividad deberá realizarse dentro de un término no superior a

tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

3.2. Al MUNICIPIO y al DEPARTAMENTO:

3.2.1. ADELANTAR de manera conjunta, una vez vencido el término

anterior, los trámites de orden administrativo y presupuestal con

miras a la consecución de los recursos económicos requeridos para

la ejecución de las obras, dentro de los tres (3) meses siguientes,

lapso en el que asimismo el MUNICIPIO deberá formular ante la

UNGRD el proyecto de intervención correctiva a ejecutar en la zona

afectada, a fin de obtener recursos bajo el esquema de cofinanciación

previsto en la Ley 1523 de 2012.

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3.2.2. EJECUTAR de manera conjunta, dentro de los seis (6)

siguientes al cumplimiento del término anterior, las obras que los

estudios técnicos determinen como necesarias para garantizar la

mitigación del riesgo en la zona y con ello la protección del derecho

colectivo amparado.

3.3. A la UNGRD:

APOYAR al MUNICIPIO con la asignación de presupuesto para la

financiación de las obras requeridas en el sector donde se origina la

problemática de esta acción popular, bajo el esquema de

cofinanciación previsto en la Ley 1523 de 2012.

CUARTO: CONFORMAR el Comité de Verificación de esta sentencia,

integrado por el Magistrado Ponente del Tribunal, quien lo presidirá,

el actor popular, el Procurador Delegado ante dicha Corporación

Judicial, un representante del MUNICIPIO DE PORE, un

representante del DEPARTAMENTO DE CASANARE, un

representante de la UNGRD y un representante de

CORPORINOQUÍA. La parte accionada deberá rendir ante el

magistrado ponente del Tribunal los respectivos informes sobre el

cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia, una vez

se cumplan los términos otorgados para cada una de ellas.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

QUINTO: En el evento de que durante la ejecución de la sentencia

se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo

adicional, el Tribunal, en el marco del Comité de Verificación, podrá

adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su

cumplimiento, en atención a lo ordenado en el artículo 34 de la Ley

472 de 1998. Lo anterior, incluye todas las órdenes de esta

sentencia.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, de acuerdo con

lo precisado en la parte motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de noviembre de 2024.

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Actor: PERSONERO MUNICIPAL PORE

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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