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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2015-00005-02

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2015-00005-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 4 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris, por las razones expuestas en la presente providencia. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 88001-23-33-000-2015-00005-02

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

2 de junio de 2022

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL1
Demandada: CARMEN EMILIA TRESPALACIOS AMARIS

Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. No acreditó 20
años de servicio en el sector docente oficial en calidad
territorial o nacionalizada. Improcedencia devolución sumas
percibidas de buena fe.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide los recursos
de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 4 de febrero de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

DEMANDA

La UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó a la
señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris.

Pretensiones2

 Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por
Cajanal EICE: i) Resolución 014569 del 28 de diciembre de 1994, mediante la
cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a la señora Carmen
Emilia Trespalacios Amaris; ii) Resolución 011291 del 5 de octubre de 1995
que resolvió un recurso de reposición; iii) Resolución 33777 del 11 de julio de
2007 con la cual se negó la reliquidación de una pensión gracia por retiro
definitivo del servicio; iv) Resolución UGM 000705 del 8 de julio de 2011, que
dio cumplimiento a una sentencia judicial y reliquidó la aludida prestación con
la inclusión de todos los factores salariales causados en el año
inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional.

 Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la señora Carmen
Emilia Trespalacios Amaris reintegrar la totalidad de las sumas canceladas
debidamente indexadas, recibidas con ocasión del reconocimiento y

1 En adelante UGPP.
2 Folio 2 revés y 3.

2

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

reliquidación de la pensión gracia a la cual no tenía derecho, hasta que sea
proferida la sentencia que ponga fin al proceso.

 Ordenar que la condena sea actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 187 de la Ley 1437 del 2011, con sus respectivos ajustes de valor o
indexación, desde el momento en que se causó, hasta la fecha de la ejecutoria
de la providencia que finiquite el proceso, prorrogable hasta la fecha del pago
efectivo del reajuste y la retroactividad.

 Condenar a la demandada al pago de intereses comerciales y moratorios
regulados en el artículo 192 del CPACA; así como a las costas y agencias en
derecho.

Fundamentos fácticos relevantes3

1. La señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris nació el 8 de julio de 1937.

2. La demandada solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia para lo
cual acreditó haberse desempeñado como docente oficial en los siguientes
periodos: i) en la intendencia de San Andrés y Providencia desde el 1.° de febrero
de 1963 hasta el 30 de enero de 1976, para un total de 13 años, y; ii) en el
Ministerio de Educación Nacional desde el 1.° de febrero de 1976 hasta el 1.° de
marzo de 2002, para un total de 26 años, 1 mes y 1 día.

3. El último cargo que desempeñó la demandada fue como docente en el Colegio
Sagrada Familia del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
con vinculación de carácter nacional.

4. Mediante Resolución 014569 del 28 de diciembre de 1994, la extinta Cajanal
EICE le reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia, en cuantía de
$36.968.44, efectiva a partir del 8 de julio de 1987 y con efectos fiscales a partir
del 28 de febrero de 1991, por prescripción trienal.

5. A través de la Resolución 011291 del 5 de octubre de 1995, Cajanal resolvió
un recurso de reposición, en el que confirmó en todas sus partes la Resolución
014569.

6. Posteriormente, con la Resolución 33777 del 11 de julio de 2007, Cajanal negó
la reliquidación de la pensión gracia por retiro definitivo del servicio de la señora
Carmen Emilia Trespalacios Amaris.

7. Finalmente, por medio de la Resolución UGM 000705 del 8 de julio de 2011
se dio cumplimiento a providencia judicial del Juzgado Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que se ordenó reliquidar la prestación
con la inclusión de la asignación básica, prima extraordinaria, subsidio de
alimentación, movilización, y las doceavas de la prima de vacaciones y de
navidad. Lo anterior, a partir del 14 de septiembre del 2001 por prescripción
trienal.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de modo que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza
el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver
el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones y las

3 Folios 2 y revés

3

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los
problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se
convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones,
la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia
inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar
adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 29 de octubre de 2015.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«la parte vinculada no propuso excepciones previas.»

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«Determinar si son nulos o no los actos administrativos demandados que le reconocen
una pensión gracia a la señora CARMEN TRESPALACIOS AMARIS. […]» (mayúscula
del original)

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA4

Mediante sentencia del 4 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y negó las demás
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

En primer lugar, el tribunal indicó que en el presente caso no se cumplieron los
requisitos contenidos en el numeral 3.° de la Ley 114 de 1913, toda vez que
según apreció de los certificados expedidos por la Secretaria de Educación del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la vinculación de la
docente, al laborar en la Institución Sagrada Familia, fue de carácter nacional,
pagada con recursos del Sistema General de Participaciones, los cuales,
consideró, según definición de la Ley 715 de 2011 están constituidos por los
recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la
Carta Política a las entidades territoriales para la financiación de los servicios de
salud, educación y vivienda, razón suficiente que inhabilitaba a la docente para
hacerse acreedora de la pensión gracia.

De igual forma, agregó que la vinculación con el Colegio Sagrada Familia era de
orden nacional, en virtud de que este se encontraba adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, y era administrado por el Vicariato de la Prefectura
Apostólica de San Andrés bajo la modalidad de “Educación Nacional contratada”.

En ese sentido, señaló que si bien su nombramiento provino de decisión
administrativa adoptada por la antigua administración intendencial, no podía

4 Folios 348 a 363.

4

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

desconocerse que dicha institución educativa siempre funcionó bajo la modalidad
de educación contratada, por lo que los recursos provenían del tesoro nacional y
no del presupuesto territorial.

De acuerdo con los anteriores razonamientos, el a quo concluyó que la señora
Carmen Emilia Trespalacios Amaris no cumplió con todos los requisitos
necesarios para ser beneficiaria de la pensión gracia, lo que conllevaba a declarar
la nulidad de los actos administrativos demandados.

En segundo lugar, en cuanto a la restitución de los dineros percibidos por la
interesada con ocasión del reconocimiento de la pensión gracia, negó la
pretensión al sostener que los pagos efectuados por la entidad fueron percibidos
de buena fe por la parte demandada y no se logró desvirtuar esta, por lo que no
podía accederse al restablecimiento del derecho deprecado.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada5 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, para lo cual adujo que el tribunal fue más allá de lo pedido en
la demanda porque en esta no se hizo alusión alguna a que los recursos con los
que se pagaba a la docente mientras laboró en el Colegio la Sagrada Familia
eran de carácter nacional o territorial. De igual forma, señaló que de las pruebas
aportadas al proceso se comprobó que trabajó desde el día 1.° de febrero de
1963 hasta el 30 de enero de 1976 como docente territorial, pero que a partir de
dicha fecha fue sometida a un proceso de nacionalización abrupto.

En ese sentido, indicó que el objeto de discusión era la suma del tiempo de
servicio como docente territorial y nacional, pero el tribunal decidió sobre
aspectos no debatidos, como es el caso de hablar de la educación contratada.
Además, consideró que la decisión desconoció el tiempo laborado en el Colegio
Urbano de Niñas, tiempo anterior al nombramiento en el plantel educativo
Sagrada Familia.

Por las razones que anteceden, la demandada consideró que la sentencia
transgredió el artículo 29 de la Constitución Política, al ser evidente que los
argumentos de la parte demandante fueron unos y las consideraciones del
tribunal otras, sin que estas hubieran sido debatidas en el proceso, con lo cual se
desconocieron sus garantías fundamentales y se incurrió en vías de hecho,
además que en el proceso no obra prueba que demostrara que los recursos
pagados fueron del tesoro nacional y no del presupuesto territorial.

La UGPP6 apeló la decisión de negar la pretensión de restablecimiento del
derecho. Para el efecto, adujo que la presunción de la buena fe se desvirtuó
cuando la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris, con conocimiento que era
docente con vinculación nacional, solicitó y disfrutó del reconocimiento de una
pensión gracia a la que solo tienen derecho los docentes territoriales o
nacionalizados. De igual forma, indicó que la demandada deprecó
injustificadamente el reajuste de la prestación a través de la jurisdicción
contenciosa administrativa, para lo cual afirmó que se trató de un error de la
jurisdicción aprovechado de mala fe por la demandada.

En conclusión, solicitó acceder a la pretensión de restablecimiento del derecho,
esto es, al reintegro de las sumas percibidas en exceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5 Folios 369 a 375.
6 Folio 281 a 382.

5

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación, en el
sentido de que se condene a la demanda a reintegrar los dineros que recibió en
virtud de la pensión gracia a ella reconocida.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio, según se
desprende de la constancia secretarial que obra a folio 419.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, por haber sido apelada por
ambas partes el juez de segunda instancia puede resolver sin limitaciones los
argumentos expuestos en los recursos.

Problemas jurídicos

De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, los
problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia son los siguientes:

1. ¿En el sub judice se demostró que la señora Carmen Emilia Trespalacios
Amaris no acreditó 20 años de servicio como docente oficial del orden
territorial o en calidad de nacionalizada?

En caso afirmativo,

2. ¿Se desvirtuó la buena fe de la parte demandada cuando obtuvo el
reconocimiento y reliquidación de la pensión gracia, que permita el reintegro
de las mesadas pensionales percibidas por concepto de la prestación
reconocida?

Primer problema jurídico

¿En el sub judice se demostró que la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris
no acreditó 20 años de servicio como docente oficial del orden territorial o en
calidad de nacionalizada?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el presente caso no se
demostró fehacientemente por la parte interesada que la señora Carmen Emilia
Trespalacios Amaris, a quien le fue reconocida una pensión gracia de jubilación
por parte de Cajanal EICE, cumplió el requisito de 20 años de servicio docente
territorial o nacionalizada, como se explica a continuación:

La pensión de jubilación gracia

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza

6

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1. °, acerca de los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», preceptúa lo siguiente:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

Así mismo, el numeral 2 del artículo 15 de la anterior norma limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al señalar textualmente
que:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social
conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado7, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia así:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de
1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15,
dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó
la ley. […].»

De la misma manera, los requisitos para dicha pensión fueron reiterados en otra
sentencia de unificación, en la cual se dijo lo siguiente8:

«De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa

7Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de l997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
8Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. SUJ-SII-11-2018 de 21

de junio de 2018. Demandante: Gladys Amanda Hernández Triana.

7

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los servicios como
docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término
no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad y haberse
desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.» [Negrillas fuera de
texto].

Finalmente, esta Subsección resolvió un caso similar en donde se hizo alusión a
la diferencia entre los docentes nacionales y aquellos que hicieron parte del
proceso de nacionalización. Al respecto, en sentencia del 29 de octubre de 2020
se dijo lo siguiente9:

«37. Esta Corporación, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro
Peñaranda, fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes
términos10:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni
recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este
aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales.»

38. De lo anterior, se infiere que la citada prestación se causa únicamente para
los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales
hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal. Es claro entonces,
que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados
exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas.

39. Al respecto, esta Subsección en sentencia de 27 de abril de 201611 expresó con
base en la sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997 de la Sala Plena de la misma
Corporación, que no serán computables los tiempos de servicio ejercidos en planteles
nacionales ni aquellos que provengan de nombramientos efectuados por el
Gobierno Central, así:

«2.3.2. De la vinculación del personal docente.

En lo que respecta a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29
de 1989 consagró la descentralización administrativa en el sector de la educación, y
dispuso que:

«Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar,
remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de
los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de
colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas
del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante
el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas
de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes. […]
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 29 de octubre de 2020.

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03743-01 (578-2018). Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Demandado: Gilma
Barrera de Martínez y María del Carmen Rojas Torres.
10 Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
11 Con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, dentro del expediente radicado 3075-14.

8

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon. […]

Artículo 10º.- Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán temporalmente
las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o
administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del
Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.”
[…]
De tal manera y de conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria
oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción
pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de
enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de
1997, dictada en el proceso No. S-699 de la cual fue ponente el Magistrado doctor
Nicolás Pájaro Peñaranda, sólo acceden aquellos docentes que hubieran
prestado los servicios en planteles municipales, distritales, departamentales o
nacionalizados. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en
centros educativos de carácter nacional.»

40. De lo anterior se concluye que los beneficiarios de la pensión gracia serán
aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada, descartando de
esta forma aquellas del orden nacional, bien sea porque provenga directamente
del Gobierno Nacional o se acredite en el plenario que la profesión se ejerció en
una institución educativa nacional.» (negrillas fuera de texto original).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta suficientemente claro que los
tiempos de servicio como docente del orden nacional no pueden ser computados
para efectos de los requisitos exigidos para adquirir la pensión gracia de
jubilación.

La sentencia de unificación del 21 de junio de 2018

Ahora bien, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en
relación con el tema específico del reconocimiento de la pensión gracia, procedió
en la aludida providencia a explicar la incidencia de los recursos con los que se
remunera a los docentes (situado fiscal y sistema general de participaciones); la
naturaleza de los fondos educativos regionales (FER); y la prueba de la calidad
de quienes tienen derecho a esta prestación, y en consecuencia, fijó las reglas
de unificación que a continuación se transcriben:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron
en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez
se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de
los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley
24 de 1988).

9

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique
la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)

La vinculación de la docente beneficiaria de la pensión gracia

En el sub examine, la Sala advierte que lo pretendido a través del recurso de
apelación interpuesto por la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris es que
sean analizados los hechos, pretensiones y pruebas de la demanda en cuanto a
los tiempos y el tipo de vinculación nacionalizada que ostentaba para el natural
reconocimiento de la citada prestación, a partir de lo cual se puede corroborar
que cumplió con los requisitos para acceder a la pensión gracia y, en
consecuencia, se revoque la sentencia proferida por el a quo para mantener el
derecho pensional.

En ese sentido, se observa que el tribunal sustentó su decisión de declarar la
nulidad de los actos demandados en el hecho de que la docente, mientras laboró
en la institución educativa Sagrada Familia lo hizo bajo una vinculación de tipo
nacional, porque la citada entidad estaba adscrita al Ministerio de Educación
Nacional y administrada por el Vicariato de la Prefectura Apostólica de San
Andrés bajo la modalidad de educación nacional contratada.

Al respecto, debe señalarse que en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-011-
2018 del 21 de junio de 2018 adoptada por la Sala Plena de esta Sección, se
definió que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión

12 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el

Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
13 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.

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Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada y no el origen de los recursos de la entidad nominadora
destinados para cubrir las acreencias que genera el respectivo vínculo, pues son
aquellos docentes los beneficiarios del régimen prestacional reclamado en el sub
lite.

Así mismo, determinó que la prueba de calidad de docente territorial se puede
acreditar a través del acto administrativo donde conste el vínculo y que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, en su
defecto, también es posible demostrar tal situación con la respectiva certificación
de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual fue sometido el docente oficial fue de carácter territorial o
nacionalizado.

En ese orden de ideas, en el presente asunto está demostrado que la señora
Carmen Emilia Trespalacios Amaris nació el 8 de julio de 1937 14.

Por otra parte, respecto al tiempo de servicios obran las siguientes certificaciones
laborales:

 Certificación del 15 de diciembre de 199315 emitida por la jefe de registro y
control interno de la secretaria de educación del departamento del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de la que se advierte que la
señora Trespalacios Amaris prestó sus servicios como docente a la
Intendencia Especial según Resolución 010 del 18 de febrero de 1963 y tomó
posesión el día 1.° de febrero de dicha anualidad.

Además, que fue trasladada a la Nación bajo la modalidad de Educación
Contratada, al colegio de la Sagrada Familia, a partir del 31 de enero de 1976
según Decreto 114 del 16 de junio de 1976.

 Certificación del 1.° de febrero de 199416 emitida por el Coordinador de
Educación Nacional en la cual se hizo constar que la señora Trespalacios
Amaris prestó sus servicios al Ministerio de Educación Nacional con la
Prefectura Apostólica bajo modalidad de Educación Contratada, como
maestra del Colegio de Sagrada Familia a partir del 1.° de febrero de 1976.

 Certificado de tiempo de servicio del 9 de noviembre de 201517 en el cual se
evidencia que la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris laboró en el
plantel educativo Escuela Urbana (hoy Institución Educativa Técnico
Industrial) de San Andrés, desde el 1.° de febrero de 1963 hasta el 31 de
enero de 1976, con vinculación nacionalizada.

 Certificado de tiempo de servicio del 5 de noviembre de 201518 en el cual se
evidencia que la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris laboró en el
plantel educativo, Institución Sagrada Familia de San Andrés desde el 6 de
junio del año 1976 hasta el 1.° de marzo de 2002, con vinculación nacional y
en esta también consta anotación del Decreto 091 del 1.° de marzo de 2002
con el cual le fue aceptada la renuncia a la docente.

 Certificación del 14 de mayo de 200219 emitida por el Vicario Apostólico,
Coordinador de Educación Contratada del departamento del Archipiélago de

14 Folios 102.
15 Folio 47.
16 Folios 48 y 50.
17 Folio 328 y revés
18 Folio 329 y revés
19 Folio 95

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Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que se indicó que la señora
Trespalacios Amaris prestó sus servicios como profesora de primaria del
Colegio Sagrada Familia en el lapso comprendido entre el 1.° de febrero de
1976 y el 1.° de marzo de 2002, nombrada a través de Resolución provisional
001 del 10 de enero de 1976 y ratificado su nombramiento por la Resolución
del Ministerio de Educación Nacional 21854 del 17 de diciembre de 1987.

Así mismo, que su renuncia le fue aceptada por el Decreto 091 del 1.° de
marzo de 200220 emanada de la Gobernación de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

De acuerdo con lo anterior, es claro que en el primer periodo laborado por la
demandada, comprendido entre el 1.° de febrero de 1963 hasta el 31 de enero
de 1976 la docente Carmen Emilia Trespalacios Amaris prestó sus servicios en
instituciones del orden territorial, en calidad de docente nacionalizada21 en la
Escuela Urbana (hoy Institución Educativa Técnico Industrial). De modo que
dicho tiempo era computable para efectos de acceder a la pensión gracia, sin que
este sea objeto de discusión por las partes.

Cabe agregar que una de las inconformidades de la parte demandada en su
apelación es que el tribunal no tuvo en cuenta los tiempos laborados en la
Escuela Urbana de Niñas, razonamiento que no se comparte en tanto que,
contrario a lo afirmado por la señora Trespalacios Amaris, dicho periodo sí fue
tenido en cuenta para efectos del cómputo de los 20 años exigidos legalmente
para ser beneficiario de la pensión gracia.

Ahora, respecto al segundo periodo, este es, el comprendido entre el 1.° de
febrero de 1976 hasta el 1.° de marzo de 2002, la Sala debe concluir que lo hizo
como docente del orden nacional, porque como lo indicó el a quo, en dicho lapso
laboró para una institución educativa que era administrada por el Vicariato
Apostólico, bajo la modalidad de educación contratada, y que además, fue
nombrada a través de la Resolución provisional 001 del 10 de enero de 1976, y
ratificada posteriormente por el Ministerio de Educación Nacional a través de la
Resolución 21854 del 17 de diciembre de 1987.

No obstante, la señora Trespalacios Amaris consideró errado ese razonamiento
en tanto se desempeñó como docente en una entidad del orden territorial y que,
en consecuencia, tenía era la calidad de nacionalizada; al igual que el hecho que
estuviese en una institución bajo la modalidad de “Educación Contratada” no
quiere decir, como lo consideró el a quo, que los dineros con que le pagaban a
la docente por sus servicios prestados provenían del tesoro nacional y no del
presupuesto territorial.

A fin de desatar el recurso de apelación de la parte demandada, debe precisar la
Subsección que es pacifica la jurisprudencia de esta Sección alrededor de la
imposibilidad de acumular tiempos de servicio como docente nacional para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, tal como se expuso en acápite
anterior.

Ahora, sobre el razonamiento expuesto por el tribunal para decidir el asunto, esta
Subsección en sentencia del 7 de abril de 201622, sostuvo:

20 Folio 97
21 Recuérdese que la categoría de docente nacionalizado corresponde a los docentes que fueron vinculados

por nombramiento de entidad territorial antes del 1.° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad por lo dispuesto en la Ley 43 de 1975.
22 Proceso con radicación 15001-23-33-000-2008-00002-01 (3261-14). Pedro Ignacio Sánchez Merchán

contra la UGPP.

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Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

«El motivo de inconformidad frente al fallo del a quo propone como discusión, el
carácter de los tiempos de servicios prestados por el demandante en los
Establecimientos Educativos pertenecientes a la Educación Misional Contratada,
anteriormente relacionados y su validez frente al derecho a la pensión gracia, lo que
impone revisar la naturaleza de esta modalidad en la prestación del servicio educativo
y el tipo de vinculación que en razón de la misma ostentaba el actor.

Al respecto se debe indicar, que la Educación Misional Contratada surge con la
aprobación por parte del Congreso Nacional del Concordato y Protocolo Final suscrito
entre la Santa Sede y el Estado Colombiano, a través de la Ley 20 de 1974. Esta
modalidad de prestación del servicio educativo, posibilitó la ampliación de la cobertura
educativa en las regiones más apartadas del país y en los antiguos territorios
nacionales a través de la suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la
Iglesia Católica, cuyo objeto se contraía a la administración del servicio público
educativo por parte de la Iglesia y al desarrollo de los programas oficiales en los
Centros Educativos Contratados bajo la orientación del Ministerio de Educación
Nacional en las zonas asignadas, que comprendían alrededor de 19 Departamentos.

En desarrollo de la referida Ley, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 2768 de
1975, 2484 de 1976 y 2155 de 1987, dentro de los cuales se establecieron las
directrices y parámetros generales bajo los que se contrataría y desarrollarían los
objetivos de la Educación Misional.

En los mencionados Decretos se definió, que los contratos serían celebrados por el
Presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional, con el respectivo
Ordinario Competente de la Iglesia Católica y que la financiación de los costos de
infraestructura, funcionamiento, planta de personal docente y administrativa de los
Centros Educativos bajo contrato, administrados por la Iglesia Católica en cada zona,
serían sufragados directamente por la Nación con cargo a las sumas señaladas en la
Ley de Presupuesto en cada año.23

En cuanto a la administración del personal docente al servicio en esta modalidad, el
artículo 4º del Decreto 2768 de 1975 modificado por el artículo 1º del Decreto 2484
de 1976, estableció el procedimiento para su vinculación, que inicialmente debía ser
adelantado por el Ordinario Competente (Iglesia Católica) y posteriormente avalado
por el Ministerio de Educación Nacional, a quien en todo caso correspondía mediante
ratificación, coordinar los nombramientos y toda novedad del personal de los centros
educativos contratados (traslados, licencias, vacaciones, renuncias, insubsistencias
etc.). De igual forma, se dispuso que estos educadores debían reunir las condiciones
y requisitos consignados en las disposiciones legales generales o especiales sobre
escalafón docente y en el régimen administrativo para funcionarios públicos.

A partir del año 2001, con la expedición del Decreto 1286 que reglamentó el artículo
200 la Ley 115 de 1994, la competencia para la suscripción de estos contratos con
Iglesias y Confesiones Religiosas se trasladó a las entidades territoriales con cargo a
sus presupuestos, bajo la continuada inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional.

De lo anterior se colige, en principio, el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era administrada por
las denominaciones católicas con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos directos de la
Nación hasta el año 2001, lo que a su vez permite concluir, que el cuerpo docente
adscrito a los centros educativos contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales.»

Bajo ese entendido, la Sala comparte la decisión adoptada por el tribunal por las
siguientes razones:

23 Decreto 2155 de 1987. Artículo 1º numeral 8º.

13

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

En primer lugar, debe reiterarse la distinción que ha hecho el legislador entre
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en lo relacionado con su tipo
de vinculación, bajo el entendido de que, según el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
los docentes nacionales son los «vinculados por nombramiento del gobierno
nacional».

En ese contexto, debe acudirse a los certificados de tiempo de servicio visibles
del folio 327 al 329, en los que consta el tipo de vinculación nacionalizada que
sostuvo la demandada en el periodo comprendido entre el 1.° de febrero de 1963
hasta el 31 de enero de 1976 y del 1.° de febrero de 1976 hasta el 1.° de marzo
de 2002 como nacional.

Sobre el particular, se advierte que mediante Resolución 001 del 10 de enero de
1976 la Coordinación de Educación Nacional creó cargos de personal
administrativo, docente y de servicios para el año 1976, en la cual se nombró a
la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris como profesora de primera
categoría de Primaria en el colegio de La Sagrada Familia24. De igual forma, que
tomó posesión ante la Inspección Escolar de Educación Nacional de San Andrés
y Providencia25.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta evidente que la plaza docente
ocupada por la demandada mientras laboró en el Colegio La Sagrada Familia no
era ni territorial ni nacionalizada, ello en tanto que esta fue creada a partir del año
1976 en virtud de orden de autoridad nacional.

Asimismo, debe recordarse que esta Corporación en la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018 indicó lo siguiente:

«En cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la
aludida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que
los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo
laborado en esa condición no se puede computar con el servido en calidad de
educador nacionalizado o territorial.»

Además, entre las reglas de unificación definidas en la sentencia citada, se indicó
lo siguiente:

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el
reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […] (iv) para acreditar la
calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde
conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad
que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales,
o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. (destaca la Sala)

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la señora Carmen Emilia Trespalacios
Amaris prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años; empero,
para acceder a la pensión gracia, era indispensable acreditar que prestó sus
servicios en la docencia oficial territorial o nacionalizada por un término no menor
de veinte (20) años, circunstancia que no se encuentra demostrada con los
elementos de prueba que reposan en el expediente, pues ellas dan cuenta en
debida forma, que su vinculación a la docencia oficial fue nacionalizada entre el
1.° de febrero del año 1963 hasta el 31 de enero de 1976, y nacional desde 1.°
de febrero de 1976 al 1.° de marzo de 2002

24 Documento allegado en medio electrónico y radicado en la plataforma Samai, visible a índice 23.
25 Idem.

14

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

Así las cosas, se comprobó plenamente que la demandada no acreditó los
requisitos necesarios para que se mantuviera el reconocimiento de la pensión
gracia y, conforme con lo expuesto, la señora Trespalacios Amaris no tenía
derecho a causar a su favor el derecho pensional objeto de estudio, pues se
reitera, el tiempo de servicios acreditado de carácter territorial o nacionalizado,
resultó insuficiente para materializar el beneficio a la pensión gracia y, en
consecuencia, le asiste razón al juez de primera instancia cuando declaró la
nulidad de los actos acusados.

Además porque, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación de la
demandada, el hecho de que fuera vinculada a una institución educativa que
operaba bajo la modalidad de educación contratada sí resulta relevante para
determinar el tipo de vinculación de la docente, porque como se indicó, el carácter
de docente nacional o territorial se puede determinar a partir de la autoridad que
profiere el acto de nombramiento y, en ese sentido, está suficientemente claro
que su afiliación al Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés, fue de carácter
nacional.

Por último, cabe agregar que en materia de educación nacional contratada, la
jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en el sentido de que los docentes
que laboraron bajo ese mecanismo tienen la calidad de docentes nacionales. Así
lo indicó esta Subsección en sentencia del 17 de agosto de 2017, donde indicó:

«La Educación Misional Contratada nace con la aprobación por parte del Congreso
Nacional del Concordato y Protocolo Final suscrito entre la Santa Sede y el Estado
Colombiano, a través de la Ley 20 de 1974. Esta modalidad de prestación del servicio
educativo, permitió la ampliación de la cobertura educativa en las regiones más
remotas del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de
contratos entre el gobierno Nacional y la Iglesia Católica, cuyo objeto se contraía a la
administración del servicio público educativo por parte de la Iglesia y al desarrollo de
los programas oficiales en los Centros Educativos Contratados bajo la orientación del
Ministerio de Educación Nacional en las zonas asignadas, que comprendían
alrededor de 19 departamentos.

En desarrollo de la Ley 20 de 1974, el gobierno Nacional expidió los Decretos 2768
de 1975, 2484 de 1976 y 2155 de 1987, dentro de los cuales se establecieron las
directrices y parámetros generales bajo los que se contrataría y desarrollarían los
objetivos de la Educación Misional.

En los citados Decretos se definió que los contratos serían celebrados por el
presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional, con el respectivo
Ordinario Competente de la Iglesia Católica y que la financiación de los costos de
infraestructura, funcionamiento, planta de personal docente y administrativa de los
centros educativos bajo contrato, administrados por la Iglesia Católica en cada zona,
serían sufragados directamente por la Nación con cargo a las sumas señaladas en la
ley de presupuesto en cada año.

En cuanto a la administración del personal docente al servicio bajo esta modalidad,
el artículo 4.º del Decreto 2768 de 1975 modificado por el artículo 1.º del Decreto 2484
de 1976, estableció el procedimiento para su vinculación, que inicialmente debía ser
adelantado por el Ordinario Competente (Iglesia Católica) y posteriormente avalado
por el Ministerio de Educación Nacional, a quien en todo caso correspondía mediante
ratificación, coordinar los nombramientos y toda novedad del personal de los centros
educativos contratados (traslados, licencias, vacaciones, renuncias, insubsistencias
etc.). De igual forma, se dispuso que estos educadores debían reunir las condiciones
y requisitos consignados en las disposiciones legales generales o especiales sobre
escalafón docente y en el régimen administrativo para funcionarios públicos.

A partir del año 2001, con la expedición del Decreto 1286 que reglamentó el artículo
200 la Ley 115 de 1994, la competencia para la suscripción de estos contratos con

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Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

iglesias y confesiones religiosas se trasladó a las entidades territoriales con cargo a
sus presupuestos, bajo la continuada inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional.

De lo anterior se deduce, en principio, el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era administrada por
las denominaciones católicas con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos directos de la
Nación hasta el año 2001, lo que a su vez permite concluir, que el cuerpo docente
adscrito a los centros educativos contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales.»26

Posición que, además, ha sido reiterada en sentencias del 14 de septiembre de
201727, y más recientemente el 25 de septiembre de 202028 y 2 de octubre de
202029.

Conclusión: la señora Carmen Emilia Trespalacios Amaris no reunió la totalidad
de los requisitos regulados legalmente para tener derecho a la pensión gracia,
comoquiera que esta no acreditó 20 años de vinculación como docente territorial
o nacionalizada, y los tiempos que trabajó en calidad de docente nacional no
pueden ser computados para la causación de la prestación.

Por consiguiente, se debe declarar la nulidad de los actos demandados puesto
que el lapso en el que laboró como docente en el colegio La Sagrada Familia no
era computable para el otorgamiento de la pensión gracia.

Segundo problema jurídico

¿Se desvirtuó la buena fe de la parte demandada cuando obtuvo el
reconocimiento, que permita el reintegro de las mesadas pensionales percibidas
por la demandada por concepto de la prestación reconocida?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: en el plenario no existen pruebas
que permitan desvirtuar la presunción de buena fe y, en consecuencia, resulta
improcedente la recuperación de las sumas pagadas a su favor en virtud del acto
acusado.

El principio de la buena fe.

El artículo 83 de la Constitución Política prevé que «Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

Por su parte, el artículo 768 del Código Civil, en relación con el principio de buena
fe, prescribe:

«ARTICULO 768. BUENA FE EN LA POSESIÓN. La buena fe es la conciencia de
haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes
y de todo otro vicio.

26 Proceso con radicación 81001-23-39-000-2015-00006-01 (0468-2017). UGPP contra Gustavo Rivera
Flórez. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
27 Proceso 63001-23-33-000-2012-00153-01 (0071-2014). UGPP contra Raúl Tobón Tamayo. MP. Rafael

Francisco Suárez Vargas.
28 Proceso 25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018). Yolanda Ríos Ospina contra la UGPP. MP César

Palomino Cortés.
29 Proceso 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019). Edison Alfredo Albán Angulo contra la UGPP. MP

Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de
haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber
habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.
Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.
Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que
no admite prueba en contrario.»

Sobre el particular, esta corporación30 ha sostenido lo siguiente:

«[Este] Principio […] no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia
del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros. En este sentido, no podemos entender al principio de la
buena fe de manera aislada y como un fin en si (sic) mismo, por cuanto se debe
concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos
concretos encerrados en sí mismos, o como una simple mescolanza de normas,
sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no
contradicción»

Por su parte, la Corte Constitucional31 señaló:

«[…] En los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se señaló
que tanto los particulares como las autoridades están sujetos a los mandatos de
honestidad, lealtad y sinceridad, integradores del principio de la buena fe. Para los
primeros, como una barrera que evita el abuso del derecho; y para los segundos,
como un límite a los excesos y a la desviación del poder. Allí también se explicó
que el reconocimiento de la presunción de buena fe pretendía superar la
desconfianza hacia el particular en sus actuaciones ante la administración pública,
con el fin de humanizar las relaciones jurídicas y reducir los requisitos y
procedimientos exigidos por las autoridades.

4.2.- Desde sus inicios la Corte ha examinado el significado y alcance de la buena
fe, que ha dejado de ser considerada únicamente un principio general del derecho
para constituirse en un verdadero postulado constitucional que cumple un papel
integrador del ordenamiento y de las relaciones entre particulares, y entre estos y
el Estado.

La sentencia C-840 de 2001 define la buena fe como la pieza fundamental de
todo el ordenamiento jurídico, que incorpora el valor de la confianza como un
presupuesto de las relaciones sociales que trascienden en la vida jurídica. Al
mismo tiempo, señala, funge como criterio para valorar el comportamiento de los
sujetos de derecho y regla de conducta que debe ser observada tanto en el
ejercicio de sus derechos como en el ámbito de los deberes y obligaciones […]»

De lo anterior se colige que el principio de buena fe es aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una persona correcta.

Bajo el anterior razonamiento, y según lo prescribe el numeral 1, literal c) del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, disposición que reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo
136 del CCA, no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de
buena fe.

30 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-23-25-000-

2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE en Liquidación - Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery
Melo Melo.
31 Sentencia C-527 de 2013.

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Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

Al respecto, esta sección32, en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la
administración, ha mantenido una posición pacífica, en cuanto a que no
procederá la devolución de las mesadas por haber sido estas percibidas de
buena fe. Específicamente se ha sostenido:

«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al
reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir
del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos
cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este
concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del 1º
de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de la
Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender
unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues
fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por
la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la
demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto que dispuso el
reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa
ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes
pagados». (Se subraya)

Luego entonces, dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción
de legalidad, que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de
menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Sin embargo, repárese que
al hablarse de un error de la administración (reconocer la pensión a quien no
reúne los requisitos), esta no puede con posterioridad alegar a su favor su propia
culpa, a fin de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena
fe33. Empero en aquellos casos en que esta situación no se consolide, es decir,
que el error no devenga de la administración, se deberá analizar cada caso
particular, para determinar si hay lugar o no a la devolución de los dineros.

Ahora, en sede judicial el a quo anuló el acto mencionado al advertir que la
prestación no satisfizo el requisito de 20 años de servicio en entidades del orden
territorial; sin embargo, negó el restablecimiento del derecho, consistente en la
devolución del dinero recibido por la demandada, lo cual comporta el motivo de
la alzada de la entidad demandante.

Como argumento de su inconformidad, la UGPP adujo que la demandada,
además de tener conocimiento que no le asistía el derecho, su ausencia de
actuación en sede judicial se constituyó en un indicio de la mala fe de esta.

32 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.

Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación:
25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Demandado: Luz Mery Melo Melo.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-2006. Actora:
Univ. Distrital Francisco Jose de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-
03370-01 (0488-07). Actor: Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado:
130012333000201300149 01 (2677-2015). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero
Nova.
33 En este sentido, se pronunció recientemente la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias

del 17 de noviembre de 2016, número interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-
2016

18

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

En lo que respecta al caso concreto, es preciso recordar que, por regla general,
declarada la nulidad de un acto de carácter particular y concreto, las cosas deben
volver al estado en el que se encontraban antes de que este naciera a la vida
jurídica. No obstante, en aquellas demandas donde se pretenda la nulidad de un
acto que reconoció una prestación periódica, como es el caso de la pensión
gracia, y como restablecimiento se peticione la devolución de las sumas de dinero
pagadas y no debidas, dicho precepto no puede aplicarse de forma absoluta,
dado que el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, previó que «[…] no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]»

Para la Subsección el hecho de que la señora Trespalacios Amaris hubiese
reclamado el reconocimiento de una pensión gracia en su favor, no denota, a
partir de esa sola situación, un actuar de mala fe dirigido a defraudar a la
administración.

Así, por ejemplo, la mala fe tiene lugar cuando se despliegan otras actividades,
como cuando se acude a la acción de tutela en un lugar diferente al domicilio, y
pese a que por la vía administrativa se le había negado expresamente el
reconocimiento a dicho derecho al interesado34.

De acuerdo con lo expuesto, el actuar de la señora Trespalacios Amaris no se
apartó del postulado de la buena fe, es decir, no realizó afirmaciones engañosas,
ni se probó que hubiese aportado documentos falsos encaminados a demostrar
que prestó sus servicios docentes en entidades territoriales.

En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de juicio que permitan
corroborar las afirmaciones de la entidad demandante, la Sala no accederá a su
solicitud presentada en su recurso de apelación.

Conclusión: Aunque la señora Trespalacios Amaris percibió sumas de dinero
por concepto de pensión gracia reconocida por Cajanal sin haber cumplido los
requisitos determinados legalmente, no se desvirtuó la buena fe con la que actuó,
por lo cual no hay lugar a ordenar que se restituyan las sumas pagadas
irregularmente.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida el 4 de febrero de 2016 por
el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, por medio de la cual declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y negó las demás pretensiones.

Condena en costas

En cuanto a la condena en costas en la presente instancia, la subsección resalta
que el presente asunto se promovió en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se
reconoció y reliquidó una pensión gracia.

En ese sentido conforme al artículo 188 del CPACA 35, no es viable la condena
en costas, toda vez que en este tipo de eventos en que se ventilan intereses
públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de

34 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con

radicación 76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez
35 «ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,

la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.».

19

Radicado: 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016)
Demandante: UGPP

la prestación sea la parte vencida en el litigio, cuando resulte afectado con la
decisión.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 4 de febrero de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la señora
Carmen Emilia Trespalacios Amaris, por las razones expuestas en la presente
providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de
Estado denominada «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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