Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2025-00044-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 88001-23-33-000-2025-00044-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2025-00044-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 88001-23-33-000-2025-00044-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de noviembre de 2025
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Tema: Revoca parcialmente sentencia impugnada. En su lugar, se
declara la improcedencia de la acción por subsidiariedad y se
confirma levantamiento de medida cautelar.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la
sentencia de 18 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina demandó a la Sociedad
de Activos Especiales S.A.S., en adelante SAE, por el presunto incumplimiento del
artículo 91 de la Ley 1708 de 20141, con el fin de que la demandada transfiera a la
demandante el derecho real de dominio del bien inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria 450-14318, con destino a proyectos sociales y de interés
público. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Que se declare configurado el incumplimiento, por parte de la Sociedad
de Activos Especiales S.A.S. - SAE S.A.S., del deber legal claro, expreso y exigible
contenido en el artículo 91 del Código de Extinción de Dominio, en cuanto a la
entrega a la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina del bien inmueble con FMI 450-14318 y de sus frutos,
por estar ubicado en la jurisdicción del Archipiélago.
1
Puede consultar el contenido de la norma en el siguiente enlace:
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1686736
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
SEGUNDA. Que se ordene a la SAE S.A.S. transferir a título gratuito a favor de la
Gobernación el derecho de dominio del referido inmueble FMI 450-14318, junto con
sus frutos y rendimientos conforme al propio tenor del art. 91, dentro del término que
fije el despacho.
TERCERA. Que se disponga que cualquier pretensión de cubrir pasivos de
INTERFIAR S.A. en liquidación con cargo al FMI 450-14318 no es procedente,
debiendo atenderse las acreencias con otros activos de la masa liquidable, por
prevalecer la lex specialis del art. 91 sobre reglas generales de liquidación (art. 105)
en lo que concierne a bienes ubicados en el Archipiélago.
2. Hechos
Los supuestos fácticos se resumen de la siguiente manera: en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encuentra ubicado el inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria 450-14318, que fue objeto de sentencia
de extinción de dominio el 30 de septiembre de 2016 y pasó a formar parte del
patrimonio del Estado.
Con fundamento en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, el departamento
accionante solicitó a la SAE, mediante oficio radicado YECU8668-70895 de 2024,
la transferencia gratuita del dominio de ese bien para destinarlo a proyectos
sociales y de interés público.
La SAE respondió, por comunicación 20245200381361, que se trata de un bien
extinto que, en principio, podría ser transferido a la Gobernación del
departamento, e informó que la petición había sido remitida al área encargada.
Posteriormente, mediante oficio de 17 de marzo de 2025, la accionante reiteró la
solicitud a la accionada y le pidió información sobre el estado del trámite; la SAE,
por comunicación del 10 de marzo de 2025 (radicado No. 20255100104101), negó
la transferencia alegando que el inmueble hace parte de los activos de la sociedad
INTERFIAR S.A., en Liquidación, y que se requiere para el pago de sus
acreedores, con apoyo en el artículo 105 de la Ley 1708 de 20142.
En criterio de la parte actora, pese a que el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014
ordena que, una vez declarada la extinción de dominio, los bienes ubicados en el
Archipiélago se transfieran a título gratuito al departamento, sin condiciones
adicionales, la SAE no ha efectuado la transferencia del inmueble solicitado, a
pesar de las reiteradas solicitudes de la entidad territorial.
2 Artículo 105.Efectos de la extinción de dominio de persona jurídica, sociedades y/o establecimientos de
comercio. Declarada por el operador judicial la extinción del derecho de dominio a favor del Estado del 100%
de acciones, cuotas, derechos o partes de interés que representen el capital de una sociedad o persona
jurídica, tal declaración comprenderá la extinción del derecho de dominio sobre los bienes que componen el
activo societario.
Declarada la extinción sobre las acciones y cuotas sociales, y en el evento de procederse a la liquidación de la
misma, las deudas a cargo de la sociedad serán canceladas con el producto de la venta de bienes y hasta
concurrencia del valor de los activos, respectando las prelaciones legales.
2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
En consecuencia, el 1 de julio de 2025, el departamento requirió a la SAE el
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, advirtiendo que ese escrito
tenía como finalidad agotar el requisito de la renuencia prevista en el artículo 8.°
de la Ley 393 de 1997.
3. Admisión de la demanda
En auto de 25 de agosto de 2025, el ponente del Tribunal de primera instancia
admitió la demanda, y ordenó la notificación de lo decidido a la SAE y al Ministerio
Público.
Además, frente a la medida cautelar de urgencia que solicitó el departamento
accionante3, el ponente concluyó que la norma invocada ordena destinar esos
bienes al departamento y existe peligro de que no se entregara a la parte actora,
porque la SAE ha calificado el predio como activo imprescindible para pagar
acreencias de INTERFIAR S.A., en Liquidación, lo que evidenciaba riesgo real de
enajenación. En consecuencia, ordenó a la SAE que se abstuviera de enajenar,
gravar, adjudicar o disponer del inmueble hasta que se profiera la decisión de
fondo, pero negó la suspensión provisional de actos de disposición emitidos por la
demandada, porque no obraban en el expediente ni fueron aportados con la
solicitud. Finalmente, requirió a la SAE para que remitiera el expediente
administrativo o certificara su inexistencia.
4. Informe
La SAE se opuso a las pretensiones demanda alegando, en síntesis, que el
inmueble FMI 450-14318 pertenece a la sociedad INTERFIAR S.A., actualmente
en liquidación, y por tanto está sometido al régimen comercial propio de ese
proceso. Explicó que todos los bienes de la sociedad son garantía para el pago de
los acreedores y deben monetizarse, de modo que el patrimonio se destina
exclusivamente a cubrir los pasivos. Señaló que INTERFIAR S.A. solo tiene dos
inmuebles para pagar sus deudas y que, si se entrega gratuitamente el de mayor
valor (FMI 450-14318, tasado en $ 10 769 400 000), solo quedaría disponible el
otro bien (FMI 450-17711) por $ 655 032 000, cifra insuficiente frente a acreencias
por $ 820 017 176, contraviniendo las reglas del Código de Comercio sobre
prelación del crédito.
Sostuvo que no desconoce el artículo 91 de la Ley 1708, sino que lo aplica de
forma sistemática para proteger a los acreedores y el patrimonio público dentro de
las restricciones legales. Por ello pidió levantar la medida cautelar de urgencia,
afirmando que no hay prueba de una intención arbitraria de enajenar el bien, sino
de una imposibilidad jurídica de entregarlo gratuitamente por ser un activo
3
Consistente en que se ordenara la suspensión de todo acto administrativo, contractual o de disposición
material encaminado a la enajenación, venta, subasta, adjudicación o uso del inmueble con matrícula
inmobiliaria 450-14318, ubicado en el departamento mientras se decide de fondo la acción de cumplimiento.
3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
necesario para el pago de pasivos, de manera que no existiría un peligro real o
inminente que justifique mantener la medida ni acceder a lo pretendido.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina accedió a las
pretensiones de la demanda de cumplimiento. El a quo concluyó que la SAE
incumplió el deber claro, expreso y exigible previsto en el artículo 91 de la Ley
1708 de 2014 —modificado por la Ley 2294 de 2023—, que ordena transferir a
título gratuito al departamento los bienes objeto de extinción de dominio ubicados
en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Tribunal consideró que la SAE se negó a entregar el inmueble FMI 450-14318,
amparándose en la Liquidación de INTERFIAR S.A. y en la necesidad de pagar
acreencias, razones que estimó insuficientes frente a la norma especial que
privilegia la destinación social y territorial del bien. Concluyó que la interpretación
sistemática de ese artículo no permite supeditar la entrega. En consecuencia,
declaró el incumplimiento, ordenó la entrega material y jurídica del inmueble y sus
frutos al departamento, levantó la medida cautelar, remitió copias a los órganos de
control para lo de su competencia y se abstuvo de imponer costas.
6. Impugnación
La SAE impugnó la decisión de primera instancia. En resumen, alegó que
respondió de manera motivada al departamento, explicando por qué no podía
entregar el inmueble, de modo que no hubo silencio ni negativa arbitraria. En
segundo término, sostuvo que no existe un deber legal claro, expreso y exigible, la
entrega de bienes no es automática sino condicionada a una verificación previa. A
ello sumó que el Tribunal desconoció la necesidad de armonizar esa norma con el
régimen de liquidación societaria del Código de Comercio y de la Ley 1116 de
2006, pues el inmueble hace parte de la masa liquidatoria de INTERFIAR S.A. y
constituye garantía de los acreedores, cuyos derechos están protegidos por el
artículo 58 de la Constitución.
Afirmó que el fallo excedió el alcance propio de la acción de cumplimiento al
ordenar la entrega inmediata del inmueble sin considerar los trámites
administrativos y registrales necesarios, y al remitir copias a los órganos de
control, cuando este medio de control se limita a constatar el incumplimiento de un
deber legal y no a iniciar juicios de responsabilidad. También reprochó que se
desconocieron las documentales que demuestran que el bien es un activo
indispensable para atender los pasivos de INTERFIAR S.A., con lo cual se vulnera
el debido proceso y los criterios de sana crítica.
4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
18 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
18 de septiembre de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto del cumplimiento del artículo 91 de la Ley
1708 de 2014?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
4 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP.
Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
6
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política7.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»8.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
8
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado9.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados;11 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional12.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
10 Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
12 Sentencia antes citada.
13Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»17.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
1 de julio de 2025, en el que le requirió a la SAE el cumplimiento del artículo 91 de
16 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
17
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
la Ley 1708 de 2014, para que le transfiera el derecho real de dominio del bien
inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 450-14318, con destino a
proyectos sociales y de interés público.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, toda vez
que no obra respuesta de la accionada a la petición de 1.º de julio de 2025.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El departamento demandante
invocó como disposición incumplida el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.
No obstante, el objeto del presente asunto implica controvertir la legalidad de la
respuesta de la sociedad accionada, del 10 de marzo de 2025 (radicado No.
20255100104101), por medio de la cual le negó la transferencia del derecho real
de dominio del bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 450-14318,
con destino a proyectos sociales y de interés público. En la que le indicó lo
siguiente:
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
Por tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente a la disposición
invocada, porque el objeto de discusión en este asunto recae sobre una decisión
adoptada previamente al requerimiento de la renuencia y las demás actuaciones
adoptadas por la SAE al interior del trámite administrativo del mencionado
inmueble (expediente administrativo aportado por la accionada a este trámite); al
proceso de liquidación voluntaria que actualmente atraviesa la sociedad Interfiar
S.A. en Liquidación, el cual es un procedimiento reglado en los artículos 218 al
259 del Código de Comercio, inclusive, implica dirimir la controversia interpretativa
entre la norma invocada por el departamento actor y el artículo 105 del Código de
Extinción de Dominio aludido por la SAE.
En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice desatendido por
la accionante supere el juicio de procedibilidad para que esta Corporación analice
de fondo sus pedimentos, pues implica un juicio de legalidad respecto de las
respuestas y actuaciones de la SAE y que resultan desfavorables a los
pedimentos de la entidad territorial actora, además se afectaría los derechos de
crédito de los demás sujetos que hacen parte del citado trámite de liquidación.
Aspectos y discusiones que escapan a la lógica prevista por el constituyente para
la acción de cumplimiento.
Así las cosas, esta Sección determinará la improcedencia18, dado que, el debate
propuesto se debe plantear a través de otros medios de control de naturaleza
declarativa; mecanismos en los cuales puede pedir las medidas cautelares que
estime pertinentes. Además, en este asunto no se alegó ni demostró la
configuración de un perjuicio irremediable que permita superar el cumplimiento del
requisito de procedencia contenido en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.
18 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia de 23 de
septiembre de 2021, radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, MP. Rocío Araújo Oñate; Sentencia de
21 de diciembre de 2021, radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio;
Sentencia de 23 de marzo de 2023, radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sentencia de 11 de abril de 2024, radicación n.º 08001-23-33-000-2024-00023-01, MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez; Sentencia de 2 de abril de 2024, radicación n.º 68001-23-33-000-2024-00181-01,
MP. Gloria María Gómez Montoya y Sentencia de 2 de mayo de 2024, radicación n.º 25000-23-41-000-2024-
00059-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00044-01
En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de las pretensiones del ente territorial
demandante. En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia.
Además, la Sala reitera y recuerda al Tribunal a quo que, la acción de
cumplimiento no es un medio de control de naturaleza declarativa; por ende, las
medidas cautelares no son procedentes, en consecuencia también se levantará la
medida cautelar declarada pero por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 18 de septiembre de 2025 del
Tribunal Administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. En su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
cumplimiento por subsidiariedad.
SEGUNDO. Confirmar la decisión de levantar la medida cautelar de urgencia
dictada mediante proveído de 25 de agosto de 2025, pero por las razones
expuestas en esta sentencia.
TERCERO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
CUARTO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.