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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 88001-23-33-000-2025-00073-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 88001-23-33-000-2025-00073-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de febrero de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina En su lugar: (i) RECHAZAR la demanda frente al cumplimiento de la Ley 1381 de 2010, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 2471 de 2025. (ii) DECLARAR IMPROCEDENTE con relación a la sentencia del 7 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (iii) NEGAR las pretensiones de cumplimiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 88001-23-33-000-2025-00073-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00073-01
Accionante: JOAN NEOMAY WILLIAMS ESCALONA
Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Revoca. Rechaza por renuencia y confirma negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 20 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 5 de marzo de 2026.
Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en
la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Joan Neomay
Williams Escalona presentó demanda en contra de la Procuraduría General de la
Nación (en adelante, PGN) con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto
en el artículo 45 de la Ley 47 de 1993, la Ley 1381 de 20105, la Ley 2471 de

1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
5
Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los
artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso,

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20256, la sentencia del 7 de julio de 2022 del Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y los artículos 2, 8, 12 y 28 del Convenio
169 de la OIT7.

2. En consecuencia, solicitó que se le ordene, lo siguiente:

1. DECLARAR que la Procuraduría General de la Nación ha incurrido en renuencia
expresa y en el incumplimiento de las obligaciones lingüísticas, culturales y
territoriales derivadas de las normas citadas.
2. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, de manera inmediata,
implemente el Sistema de Acreditación de Competencia Lingüística en Creole
(SACOPT) para todos los funcionarios, contratistas y servidores públicos que
intervengan en procesos, actuaciones o funciones en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
3. ORDENAR a la PGN que, en un plazo no mayor a treinta (30) días, disponga
que solamente funcionarios acreditados en creole/kriol atiendan procesos o
actuaciones que involucren directamente a personas raizales o al territorio del
Archipiélago.
4. ORDENAR la adopción de una acción afirmativa para proveer el cargo de
Procurador Judicial II (o cualquier otro cargo con funciones en el Archipiélago) con
un profesional miembro del pueblo raizal, en virtud de la vacancia creada por el
Decreto 1107 de 2025, garantizando así la idoneidad cultural y lingüística en el
ejercicio de la función pública en territorio étnico.
5. ORDENAR a la PGN la adopción y presentación de un plan de cumplimiento
detallado ante este Tribunal, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación del fallo, que contemple las medidas administrativas, presupuestales y
operativas para la materialización de las órdenes judiciales.

1.2. Posición de la parte demandante

3. Manifestó que desde la expedición de la Ley 47 de 1993 se impuso la
obligación a cargo de los servidores públicos del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina de certificar el habla del idioma local, la cual se
reforzó con la Ley 2471 de 2025 que reconoce al creole como «lengua materna
y oficial».

4. Mencionó que, mediante sentencia del 7 de julio de 2022, el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estableció el deber
de implementar el Sistema de Certificación de Competencia Lingüística en Creole
(SACOPT8) por parte de todas las entidades públicas de la isla.

5. Refirió que la «entidad encargada de coordinar y certificar el examen
SACOPT» constató que «a la fecha, la Procuraduría General de la Nación

preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus
derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
6
Por medio del cual se establece la cátedra de la afroraizalidad en el departamento archipiélago
de San Andrés, providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones.
7
Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T.,
Ginebra 1989.
8
San Andrés Creole Oral Proficiency Test.

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NUNCA ha solicitado la coordinación, programación o certificación del examen
SACOPT», lo que demuestra su renuencia a cumplir con la orden judicial.

6. Precisó que, el 21 de octubre de 2025 radicó el escrito de constitución en
renuencia, por el cual se profirió la Respuesta E-2025-547863, en la que se negó
el acatamiento de las disposiciones invocadas por esta vía, bajo el argumento de
que «el creole no es obligatorio, [ya que] la Ley 47 exige solo castellano e inglés»,
aunado a que «la vacante del Procurador Judicial II fue reasignada a Bogotá».

1.3. Posición de la parte demandada

7. La PGN solicitó que se nieguen las pretensiones. Al respecto, manifestó
que no es entidad pública del orden territorial perteneciente al archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ni es establecimiento educativo, de tal
forma que no es la llamada a atender o reglamentar la Ley 2471 de 2025, de
acuerdo con sus funciones constitucionales y legales que se circunscriben a la
defensa de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia
del ejercicio correcto de la función administrativa.

8. En segundo lugar, aclaró que se encuentra en etapa de planeación de
concursos de mérito necesarios para la provisión de cargos, lo cual fue ordenado
por el Consejo de Estado en sentencia de acción de cumplimiento del 22 de
agosto de 20249.

9. Además, puso de presente que la accionante ha presentado «varias
solicitudes de postulación de hojas de vida para el cargo de Procurador 85
Judicial II para Asuntos Penales de San Andrés» en las que se le indicó que
puede consultar los canales de comunicación de la entidad para participar en los
concursos de mérito, sin que ello implique vulneración o extralimitación de sus
funciones.

10. Señaló que las actuaciones del cargo de procurador judicial II que indica
la actora se adelantan en castellano conforme lo prevé el artículo 104 de la Ley
1564 de 2012. En caso de que se requiera del uso del creole, se podrá solicitar
el apoyo de intérpretes para el desarrollo y garantía de los derechos de quien lo
requiera.

11. Sobre la Ley 2471 de 2025 precisó que no le resulta aplicable, toda vez
que esta se dirige a los establecimientos educativos y las entidades públicas del
orden territorial. En el caso de las entidades públicas, de conformidad con el
artículo 7 de la norma indicada se deberá expedir una reglamentación que no se
ha realizado.

12. Por último, afirmó que el interés particular de la accionante es ser
nombrada procuradora 85 Judicial II para asuntos penales en la isla, y solicitó
que se analice la configuración de una acción temeraria porque Joan Neomay

9
25000-23-41-000-2024-00875-01.

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Williams Escalona presentó en anterior oportunidad una acción de cumplimiento
en su contra en la que pidió las mismas normas, la cual fue resuelta dentro del
expediente 88001-23-33-000-2025-00039.

1.4. Intervención

13. El Ministerio Público se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que las normas aludidas por la actora no contienen un mandato
claro y expreso. En todo caso, explicó que, a la fecha, no era exigible a los
funcionarios de la entidad acreditar el habla en creole, «toda vez que la ley aún
no ha sido reglamentada por el Gobierno Nacional».

14. Sostuvo que la Ley 2471 de 2025 reconoce al creole como lengua materna
del pueblo raizal, pero le otorgó un periodo al Gobierno Nacional para
reglamentar su acreditación y ante la inexistencia de dicha regulación, la cual
está a cargo del ejecutivo, no es exigible el cumplimiento de lo que pide la
accionante.

15. Precisó que el régimen de los funcionarios de la entidad está previsto en
la Ley 262 de 2000, «norma que establece los requisitos para ejercer cargos
como Procurador Judicial, dentro de los cuales no se encuentra el conocimiento
de lengua distinta al castellano».

1.5. Fallo de primera instancia

16. En sentencia del 20 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, negó las pretensiones de la demanda.

17. Explicó que al artículo 45 de la Ley 47 de 1993 se le introdujo un elemento
adicional con el artículo 8 de la Ley 2471 de 2025, consistente en que además
de acreditar el dominio del inglés y el español, los funcionarios públicos del
archipiélago deben hablar creole.

18. Sin embargo, el artículo 6 de la misma norma concedió el término de dos
años para «adquirir las competencias comunicativas en las tres lenguas
oficiales», por lo que en la actualidad no es exigible la disposición invocada.

19. Frente a los artículos del Convenio 169 de la OIT adujo que constituyen
desarrollos normativos frente a los mecanismos institucionales para la protección
del pluralismo cultural y lingüístico, situación que también ocurre con relación a
la Ley 1381 de 2010.

20. Finalmente, sostuvo no es posible ordenar el acatamiento de sentencias
judiciales mediante la acción de cumplimiento.

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1.6. Impugnación

21. Joan Noemay Williams Escalona pidió que se revoque la decisión del a
quo y se acceda a sus pretensiones.

22. Indicó que la decisión interpreta restrictivamente el artículo 87 de la
Constitución Política y «desconoce el carácter inmediato de los derechos
lingüísticos del pueblo raizal10 e incurre en omisión del bloque de
constitucionalidad11, además violenta el principio de progresividad y no
regresividad»12.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, en su lugar, la rechazará por no acreditar el
requisito de constitución en renuencia frente a algunas normas y negará el
cumplimiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993. Para ello, se analizarán las
siguientes cuestiones: i) el agotamiento del requisito de constitución en renuencia
y ii) el incumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento en el caso concreto.

2.1. Caso concreto

24. Como viene de verse, la accionante ejerció acción de cumplimiento en
contra de la PGN, con el fin de que se le ordene cumplir lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 47 de 1993, la Ley 1381 de 201013, la Ley 2471 de 202514, la
sentencia del 7 de julio de 2022 del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y los artículos 2, 8, 12 y 28 del Convenio 169 de la
OIT15.

25. Lo anterior, en procura de que la PGN implemente el «Sistema de
Acreditación de Competencia Lingüística en Creole (SACOPT) para todos los
funcionarios, contratistas y servidores públicos que intervengan en procesos,
actuaciones o funciones en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina», atienda los procesos que involucren personas raizales, y adopte «una

10
De conformidad con los artículos 2, 7 y 93 de la Constitución Política.
11
Toda vez que el Convenio 169 de la OIT goza de carácter vinculante y en su artículo 12 se
contempló el deber de «comprender y hacerse comprender en procedimientos legales».
12
Ya que el efecto de la sentencia del a quo es «regresivo al postergar la eficacia práctica de la
oficialidad del creole».
13
Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los
artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso,
preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus
derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
14
Por medio del cual se establece la cátedra de la afroraizalidad en el departamento archipiélago
de San Andrés, providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones.
15
Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T.,
Ginebra 1989.

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acción afirmativa para proveer el cargo de Procurador Judicial II» con un
profesional del pueblo raizal.

2.1.1. Verificación del requisito de procedibilidad relativo a la constitución
en renuencia de la Procuraduría General de la Nación

26. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, la parte actora debe constituir en renuencia a la
autoridad o al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento16.

27. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»17. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de
la demanda.

28. En este caso está probado que la demandante constituyó en renuencia a
la PGN respecto del cumplimiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993 y la
sentencia del 7 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que solamente tendrá por acreditado
el requisito sobre estos.

29. En ese sentido, se tendrá por acreditada la constitución en renuencia con
relación a los artículos mencionados en el párrafo anterior y se proseguirá con el
estudio de los demás requisitos con relación a estas normas.

30. Ahora bien, respecto de la Ley 1381 de 2010, el Convenio 169 de la OIT y
la Ley 2471 de 2025 no se agotó el requisito de constitución en renuencia, lo cual
impide que el juez constitucional estudie dicha disposición, por lo que, respecto
de esta norma se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones, para en su lugar rechazarlas por el incumplimiento del requisito en
cuestión.

31. Cabe destacar que la Ley 1381 de 2010 ni siquiera se relacionó en el
escrito de renuencia, mientras que, en lo que tiene que ver con el Convenio 169
de la OIT y la Ley 2471 de 2025 no se especificaron las disposiciones sobre las

16
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.

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que se persigue el cumplimiento, de tal forma que la autoridad pudiera conocerlas
y pronunciarse sobre las mismas.

2.1.2. Caso concreto

32. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)18.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

33. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

34. Así, frente a la sentencia del 7 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro de una
acción de cumplimiento19, se advierte que corresponde a una decisión judicial
que no puede catalogarse como norma con fuerza material de ley o acto
administrativo por lo que se declarará la improcedencia del mecanismo judicial
de la referencia en lo que atañe a esta.

18
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
19
Exp. 25000-23-41-000-2024-00875-01.

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35. Sin embargo, se aclara que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley
393 de 1997 procede el incidente de desacato contra el fallo de acción de
cumplimiento que ordene el acatamiento del deber omitido, por lo que, además
de no ser procedente el medio de control para ordenar atender una decisión
judicial, se añade que el legislador dispuso para ello de otro mecanismo de
defensa.

36. Ahora bien, con relación a la solicitud de ordenar el cumplimiento del
artículo 45 de la Ley 47 de 1993 esta Sección advierte que, en principio, la norma
se encuentra vigentes y tiene rango de ley o acto administrativo, por lo que se
prosigue con el estudio.

37. Además, la acción se dirige en contra de una autoridad, pues los deberes
cuyo cumplimiento se exigen estarían a cargo de la PGN.

38. La Sala debe destacar que lo perseguido por la accionante es el
acatamiento de un deber cuya observancia no implica la protección de un
derecho fundamental que pueda ser garantizado vía acción de tutela. En ese
sentido, no procede la acción de tutela para lo que se pide vía acción de
cumplimiento.

39. Tampoco se evidencia que la parte accionante tenga otro mecanismo de
defensa judicial a su alcance para procurar el cumplimiento del artículo 45 de la
Ley 47 de 1993, por lo que se atienden los requisitos de procedencia y se
prosigue con el estudio de fondo.

40. Como se indicó en el acápite de antecedentes, con el obedecimiento de
las normas invocadas por la parte actora se pretende que la PGN implemente el
SACOPT con el fin de que todos los funcionarios, contratistas y servidores
públicos que intervengan en procesos, actuaciones o funciones dentro del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cumplan con el
requisito de hablar creole, por ser el idioma oficial de la isla.

41. Con relación a lo anterior, se destaca que el artículo 45 de la Ley 47 de
1993 dispone que «[l]os empleados Públicos que ejerzan sus funciones dentro
del territorio del Departamento Archipiélago y tengan relación directa con el
público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés».

42. En línea con lo expuesto, el artículo 8 de la Ley 2471 de 2025 establece
que «[l]os empleados públicos que ejerzan sus funciones dentro del territorio del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y
tengan relación directa con el público, deberán hablar los idiomas castellano,
inglés, Creole o Kriol», como lo indicó la actora en su demanda.

8
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43. No obstante, las normas antes mencionadas deben interpretarse de forma
armónica con el artículo 6 de la Ley 2471 de 2025, la cual dispone en el parágrafo
2 lo siguiente:

Parágrafo 2º. Los funcionarios ya nombrados, que debido a su cargo deben tener
trato directo con las personas, dispondrán de dos (2) años para adquirir la
competencia comunicativa oral en las tres lenguas oficiales.

44. Al respecto, ha manifestado de forma unánime la Sección Quinta20 que la
pretensión relacionada con que se disponga que todos los empleados de una
determinada entidad acrediten el dominio lingüístico exigido, «no es posible aún
dado que la obligación se encuentra sujeta a un plazo cuyo vencimiento no ha
ocurrido» teniendo en cuenta la fecha de expedición de la norma en cuestión,
razón por la que ha declarado improcedente el presente mecanismo de control
con miras a ordenar lo que pide la actora.

45. Por último, se pone de presente que la PGN solicitó que se estudie la
eventual configuración de una actuación temeraria por parte de la accionante,
toda vez que esta solicitó previamente el acatamiento de las mismas
disposiciones en su contra y el asunto se resolvió dentro del expediente 88001-
23-33-000-2025-00039-01.

46. Al respecto, se aclara que mediante sentencia del 16 de octubre de 2025
se rechazó la demanda porque no se agotó el requisito de constitución en
renuencia, por lo que, dado que no se resolvió el asunto de fondo, no hay lugar
a declarar la temeridad al no haber un análisis sobre las normas y el presunto
mandato.

2.2. Conclusión

47. Por las anteriores razones, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia proferida el 20 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda.
En su lugar, se rechazará la demanda frente a la Ley 1381 de 2010, el Convenio
169 de la OIT y la Ley 2471 de 2025, declarará la improcedencia en lo que tiene
que ver con la sentencia del 7 de julio de 2022 y negará las pretensiones de
cumplimiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

20
Sentencia del 5 de marzo de 2026, exp. 88001-23-33-000-2025-00075-01.

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Accionante: Joan Noemay Williams Escalona
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00073-01

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de febrero de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina En su lugar:

(i) RECHAZAR la demanda frente al cumplimiento de la Ley 1381 de
2010, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 2471 de 2025.
(ii) DECLARAR IMPROCEDENTE con relación a la sentencia del 7 de
julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
(iii) NEGAR las pretensiones de cumplimiento del artículo 45 de la Ley 47
de 1993.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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