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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2025-00039-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2025-00039-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia de 4 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones para, en su lugar, rechazar la demanda de cumplimiento porque la demandante no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia. Segundo. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2025-00039-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de octubre de 2025

Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00039-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: acción de cumplimiento
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00039-01
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Tema: revoca negativa a las pretensiones para rechazar la demanda
por no agotar el requisito de procedibilidad de la renuencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia de 4 de septiembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Joan
Neomay Williams Escalona demandó a la Procuraduría General de la Nación por
el presunto incumplimiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993, en el escrito se
formuló la siguiente petición:

1. Que se declare que la Procuraduría General de la Nación está obligada a
acreditar el dominio del creole para todos los funcionarios con relación directa con el
público en el Archipiélago.

2. Que se declare el incumplimiento por parte de la Procuraduría General de la
Nación del artículo 45 de la Ley 47 de 1993 y normas conexas

3. Que se ordene implementar de inmediato el SACOPT para certificar el dominio
del creole en sus funcionarios en el Archipiélago.

4. Que se ordene que solo los procuradores judiciales acreditados mediante
SACOPT puedan intervenir en procesos penales, administrativos o disciplinarios
contra personas del pueblo raizal.

5. Que se disponga acciones afirmativas para priorizar la vinculación de
profesionales raizales.

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Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00039-01

2. Hechos

En resumen, la accionante señaló que, en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, el creole (kriol) es la lengua nativa del pueblo raizal
y, junto con el castellano y el inglés, es reconocida como lengua oficial en el
ámbito territorial insular.

Indicó que el artículo 45 de la Ley 47 de 1993 dispuso que los empleados públicos
que ejerzan funciones en el departamento y tengan relación directa con el público
deben hablar los idiomas castellano e inglés; además, que la jurisprudencia ha
interpretado el mencionado artículo atendiendo al carácter oficial y funcional del
creole en el Archipiélago, de modo que, para garantizar el acceso efectivo a los
servicios públicos, el deber lingüístico cobija también la atención en creole a la
población raizal.

Explicó que, mediante sentencia del 7 de julio de 2022, radicado 88001-33-33-
001-2022-00053-01, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, declaró el incumplimiento de la obligación lingüística en el territorio
y ordenó la creación de un instrumento idóneo para acreditar el dominio del creole
por parte de los servidores con atención al público.

En cumplimiento de la orden, la Gobernación del departamento Archipiélago
desarrolló el mecanismo técnico San Andrés Creole Oral Proficiency Test
(SACOPT), concebido para la certificación del nivel de competencia oral en creole.

La accionante manifestó que el SACOPT se estableció como la herramienta de
verificación objetiva del dominio del creole para efectos de la provisión y
desempeño de cargos con contacto directo con el público en las entidades del
orden territorial del Archipiélago, atendiendo las particularidades sociolingüísticas
del pueblo raizal. Sin embargo, estima que los funcionarios de la PGN no se
encuentran acreditados en el manejo de ese idioma.

Para acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad de la renuencia, la
accionante aportó escrito del 18 de junio de 2025, dirigido a la PGN, en el que
solicitó información sobre el cumplimiento del deber que estima que se deriva del
artículo 45 de la Ley 47 de 1993.

La Administración, mediante oficio de 10 de julio siguiente S-2025-025850, le
informó que en la Regional San Andrés cuatro funcionarios dominan el creole,
pero ninguno está acreditado porque no existe ente certificador en la isla; añadió
que el acceso en creole se garantiza porque el personal de atención lo habla y que
todos cuentan con OCCRE (Certificado de la Oficina de Control Circulación y
Residencia) conforme al Decreto 2762 de 1991.

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Sostuvo que puede trasladar procuradores judiciales según necesidades del
servicio y que, al actuar ante despachos judiciales, rige el castellano como idioma
del proceso, pudiéndose nombrar intérprete cuando se requiera; que el artículo 45
de la Ley 47 de 1993 exige solo castellano e inglés.

3. Admisión de la demanda

En auto de 8 de agosto de 2025, la ponente del Tribunal admitió la demanda y
ordenó la notificación de lo decidido al extremo activo, a la Procuraduría General
de la Nación, a la procuradora delegada ante el Tribunal y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado. Luego, en providencia del día 25 siguiente, se
negó la medida cautelar que la actora formuló.

4. Informe

La PGN no contestó la demanda.

5. Agente del Ministerio Público delegada

Se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento; sostuvo que, aunque es
esencial garantizar el derecho del pueblo raizal a usar su lengua, la acción de
cumplimiento exige un deber cierto, expreso y exigible frente a la entidad
demandada, lo que aquí no ocurre, explicó que la norma invocada por la
demandante exige castellano e inglés, mientras que la Ley 2471 de 2025 reconoce
el creole como lengua oficial, fija plazos para su implementación y atribuye la
reglamentación y certificación al Gobierno nacional y al Comité Lingüístico
Departamental; como esa reglamentación aún no existe, no hay mecanismo
aplicable que la PGN pueda imponer.

Sostuvo que la PGN carece de competencia para exigir o implementar por sí
misma acreditaciones en creole, crear requisitos de acceso a cargos o restringir
funciones, pues tales condiciones son de reserva legal/reglamentaria. Además,
cuestionó sobre el cumplimiento del requisito de renuencia por falta de claridad y
congruencia entre la petición y las pretensiones.

6. Sentencia de primera instancia

En fallo de 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, negó las pretensiones de la demanda
porque el deber invocado no es actualmente exigible en los términos pretendidos,
pues el artículo 45 de la Ley 47 de 1993 fue modificado tácitamente por la Ley
2475 de 2025, que otorgó un plazo para la acreditación de competencias
lingüísticas —lo que impide imponer de inmediato a la PGN la certificación en
creole o la adopción del SACOPT—; tampoco es la PGN la competente para crear

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o exigir de manera autónoma una certificación de idioma o restringir funciones,
materias reservadas al legislador y, en su desarrollo, al Gobierno nacional.

7. Impugnación

La accionante pidió revocar lo decidido y que se acceda a lo pretendido, sostuvo
que el Tribunal interpretó erróneamente la Ley 2471 de 2025 al extender
indiscriminadamente el plazo de dos años para acreditar competencia en creole,
pues —afirma— dicho término cobija solo a funcionarios ya vinculados, mientras
que para nuevos nombramientos el cumplimiento es inmediato. Alegó, además,
que la PGN sí tiene competencia para asegurar el acatamiento de la ley; que el
fallo omitió el control de convencionalidad y estándares interamericanos;
desconoció la sentencia de 7 de julio de 2022 que reconoció la necesidad de
mecanismos técnicos de certificación. Concluyó que la decisión vulnera la tutela
judicial efectiva al diferir la garantía lingüística para el pueblo raizal1.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 4
de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el
artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la
Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 4
de septiembre de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto de la norma invocada en la demanda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

1 La PGN radicó escrito ante el Tribunal en el que formuló oposición a la impugnación. Sin embargo, el
documento no será tenido en cuenta porque el trámite especial de la Ley 393 de 1997 no prevé oportunidad
para controvertir la impugnación.

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3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.

2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento. Frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar
que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular
que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición, pero
enfocado al fin reseñado4.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. La subsidiariedad implica
la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para
lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté
en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento
judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que
acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no
principales.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Lo anterior, por expresa disposición legislativa la
acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,6 a menos que
estén apropiados;7 o cuando se pretenda la protección de derechos

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.
6
Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.

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fundamentales. En este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite
en el mecanismo previsto por el artículo 86 constitucional8.

Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii., iii. y iv.],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política9.

Lo anterior, sin dejar a un lado la procedencia contra los actos administrativos de
contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad
unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es
dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

8 Sentencia antes citada.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
11
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».

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Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»15.

En el caso concreto, para acreditar el requisito de procedibilidad, la accionante
acompañó con la demanda copia del escrito de 18 de junio de 2025, que dirigió a
la PGN, en los siguientes términos:

15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Conforme al examen del citado medio de convicción, se deja en evidencia que en
ningún momento se precisó que se pedía el acatamiento del artículo 45 de la Ley
47 de 1993, pues la actora apenas quería informarse sobre si se estaba o no
cumpliendo con el deber que estima que se deriva de la disposición y que solo
precisó pedir cumplir en las pretensiones de la demanda.

Es decir, con la petición de 18 de junio de 2025, la accionante nunca pidió el
obedecimiento del artículo que indicó al momento de acudir al juez de
cumplimiento. Por tanto, por esa razón el juez constitucional no debió estudiar la
procedencia ni el fondo de sus pretensiones con miras a que se atienda lo
establecido en el precepto que solo esclareció en la demanda. Lo anterior, tiene su
fundamento en garantizar el debido proceso de la Administración previo a que se
acuda ante la jurisdicción a través de este mecanismo constitucional.

Por tanto, como con el escrito aportado no se logró satisfacer el citado
presupuesto de procedibilidad, tal y como lo alegó la procuradora delegada ante el
Tribunal, dicha circunstancia implica que la Sala no puede tener por agotado el
requisito de constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997.

Lo anterior, impone revocar la sentencia de 4 de septiembre de 2025 en cuanto
negó lo pretendido toda vez que conforme lo evidenciado no se procuró por exigir
el obedecimiento de los artículos que solo se precisaron hasta la presentación de
la demanda. En su lugar, será rechazada la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00039-01

III. FALLA:

Primero. Revocar la sentencia de 4 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que
negó las pretensiones para, en su lugar, rechazar la demanda de cumplimiento
porque la demandante no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de
constitución en renuencia.

Segundo. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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