Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2025-00074-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 88001-23-33-000-2025-00074-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2025-00074-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 88001-23-33-000-2025-00074-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de marzo de 2026
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Tema: Revoca parcialmente la sentencia impugnada
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 6 de febrero de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la ciudadana Joan
Neomay Williams Escalona, actuando en nombre propio, instauró acción de
cumplimiento, en contra de la Fiscalía General de la Nación, en lo sucesivo la
FGN, en la que solicitó el cumplimiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993 1, la
Ley 2471 de 2025, la Ley 1381 de 20102, la sentencia del 7 de julio de 2022
dictada por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina3, y el Convenio 169 de la OIT. En consecuencia, formuló a título
de pretensiones las siguientes pretensiones:
[…] 1. Declarar que la fiscalía general de la Nación ha incumplido los deberes
lingüísticos establecidos en la Constitución Política, la Ley 47 de 1993, la Ley 2471
de 2025, el Convenio 169 de la OIT y la Sentencia del Tribunal Administrativo del 7
de julio de 2022.
1 Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
2
Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de
la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan
normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los
grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes
3 Acción de cumplimiento 88001-33-33-001-2022-00053-01.
1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
2. Ordenar a la fiscalía general de la Nación que, en un término perentorio, cumpla
con los siguientes deberes:
• a. Coordinar inmediatamente con el Comité Lingüístico Departamental la
aplicación del Sistema Oficial de Acreditación Lingüística (SACOPT) a todos los
servidores públicos de la entidad que atiendan al público o participen en audiencias
y diligencias judiciales en el Archipiélago.
• b. Exigir la acreditación lingüística en creole/kriol, inglés y español a todo servidor
con contacto con el público o que intervenga en la función judicial.
• c. Adoptar medidas urgentes y transitorias para garantizar la comprensión
lingüística de los procesados raizales, tales como la asignación prioritaria de
fiscales y funcionarios raizales o bilingües.
• d. Presentar informes trimestrales al Tribunal, detallando el avance en la
implementación del SACOPT y las medidas transitorias adoptadas, hasta el
cumplimiento total de la orden.
3. Advertir a la entidad demandada que el plazo de dos años para la
reglamentación de la Ley 2471 de 2025 no suspende ni limita la aplicación
inmediata y prevalente de los derechos lingüísticos y el debido proceso de los
procesados raizales, conforme al Convenio 169 de la OIT.
4. Dar traslado a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza la vigilancia
disciplinaria correspondiente por la renuencia y omisión de la entidad.
2. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el creole es la
lengua nativa del pueblo raizal y ha sido reconocida como idioma oficial junto al
castellano y el inglés.
Mediante la Ley 47 de 1993, «Por la cual se dictan normas especiales para la
organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina», se estableció en el artículo 45 el deber en cabeza
de los empleados públicos de dominar el español e inglés frente al personal que
atiende público.
Asimismo, refirió que el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, profirió sentencia el 7 de julio de 2022, en la que se
ordenó la implementación del San Andrés Creole Oral Proficiency Test (SACOPT),
como herramienta para establecer que empleados cuentan con las capacidades
lingüísticas necesarias para el desempeño de cargos.
Por lo anterior, el 20 de octubre de 2025, la actora presentó escrito en el que se
constituyó en renuencia a la entidad demandada, el cual fue contestado por la
FGN el 4 de noviembre de 2025 y en donde se indicó que lo pretendido por la
parte actora no era aún exigible conforme lo dispone el artículo 9.º de la Ley 2471
de 2025.
2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
3. Admisión de la demanda
En auto de 18 de diciembre de 20254, el ponente de del Tribunal a quo admitió la
demanda y ordenó la vinculación de la FGN.
4. Informe
La FGN, en síntesis, se opuso a las pretensiones afirmando que las obligaciones
invocadas por la actora no eran exigibles de manera inmediata porque no existía
un mandato legal específico, claro e inobjetable actualmente incumplido, ya que
las disposiciones sobre dominio de los idiomas oficiales en el Archipiélago aún
requerían reglamentación; además, afirmó que la normativa y la jurisprudencia
contemplaban excepciones para servidores del orden nacional y que la Ley 2471
de 2025 previó, de un lado, un término de gracia de dos años para los funcionarios
ya vinculados y, de otro, una reglamentación pendiente para la aplicación integral
de esas exigencias.
5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 6 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó lo pretendido,
concluyó que, no estaba acreditada la existencia de un deber vigente, claro,
expreso e inmediatamente exigible a cargo de la Fiscalía, pues la exigibilidad del
deber está sometido al vencimiento de un plazo, toda vez que la Ley 2471 de 2025
concedió a los funcionarios ya vinculados un término de dos años para adquirir la
competencia comunicativa, de modo que, mientras ese plazo no se cumpla, la
obligación no puede reclamarse por esta vía judicial.
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, sostuvo que se
incurrió en errores de derecho y de interpretación constitucional y convencional,
porque, aunque el a quo reconoció la existencia de un deber legal claro y la
renuencia de la Fiscalía no se ordenó el cumplimiento pretendido. A su juicio, el
Tribunal confundió el plazo otorgado a los servidores para acreditar competencias
lingüísticas con la obligación inmediata del Estado de garantizar el acceso a la
justicia en lengua creole, de modo que subordinó indebidamente un derecho
colectivo de raigambre constitucional y convencional a un cronograma
administrativo. En esa línea, afirmó que el deber de asegurar que el pueblo raizal
pueda comprender y hacerse comprender en los procedimientos judiciales surge
de manera directa de la Ley 47 de 1993, de la Ley 2471 de 2025 y del Convenio
4 Previa inadmisión de la demanda, a través de auto de 29 de septiembre de 2026, porque no se acreditó el
agotamiento del requisito de procedibilidad de la renuencia.
3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
169 de la OIT, integrado al bloque de constitucionalidad, por lo que su
cumplimiento no podía diferirse.
Además, alegó que el fallo vulneró el principio de no regresividad de los derechos
culturales y étnicos, efectuó un falso control de convencionalidad y desconoció la
prevalencia del derecho sustancial, al citar instrumentos internacionales sin
aplicarlos de forma efectiva y al vaciar de contenido la acción de cumplimiento.
Por ello, solicitó revocar íntegramente la sentencia y, en su lugar, ordenar a la
Fiscalía que garantice de manera inmediata el acceso a la justicia en lengua
creole, así como la adopción de medidas estructurales para evitar la repetición de
la discriminación lingüística contra el pueblo raizal.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 6
de febrero de 2026 del Tribunal Administrativo del departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 6
de febrero de 2026. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes aspectos a
dilucidar:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento de las disposiciones legales
invocadas?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales invocadas
por la parte actora?
4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo5 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo6.
5 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres
puntos descritos [ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de
improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política8.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»9.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado10.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,11 a menos que estén apropiados;12 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior13.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
11 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
13
Sentencia antes citada.
7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este14 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»15. Igualmente, esta Sección16 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[17] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
14Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
17 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, «aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»18.
En el caso concreto, la Sala evidencia que, en la solicitud del 20 de octubre de
2025, la actora estableció de manera clara y contundente su objeto, esto es el
obtener el acatamiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993, la Ley 2471 de 2025,
la Ley 1381 de 2010, la sentencia del 7 de julio de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el
Convenio 169 de la OIT.
Por su parte, la FGN, mediante comunicado del 4 de noviembre de 2025, emitió
respuesta en la que precisó que, respecto a la materia, se debe tener en cuenta
que la Ley 2471 de 2025 estableció un plazo para exigir el requisito de dominio
lingüístico echado de menos por la accionante y, en consecuencia, indicó que no
se encuentra en situación de incumplimiento.
Con base en lo anterior, la Sala revocará parcialmente la decisión de primera
instancia, en lo que atañe a la Ley 2471 de 2025, al Convenio 169 de la OIT,
aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991 y desarrollada por
la Ley 1381 de 2010, pues se advierte que la parte omitió la carga de individualizar
la disposición legal que, en su sentir, contiene un mandato imperativo e
inobjetable.
Al respecto, esta Sección ha indicado en múltiples oportunidades que la parte
demandante tiene el deber de especificar cuál o cuáles son las normas que, desde
su punto de vista, se encuentran en un estado de incumplimiento. Lo anterior, por
cuanto la parte demandada ni el juez deben suplir dicho vacío.
18 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
Siendo ello así, se tendrá por superado el requisito en cuestión únicamente en lo
que atañe al artículo 45 de la Ley 47 de 1993 y la sentencia del 7 de julio de 2022
dictada por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente.
La señora Joan Neomay Williams Escalona acude a la acción constitucional
dispuesta en el artículo 87 de la Constitución Política, en la que solicita el
cumplimiento del artículo 45 de la Ley 47 de 1993 y la sentencia del 7 de julio de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Expuesto lo anterior, conviene delimitar el estudio que hará la Sala frente a las
súplicas de la demanda, pues, con base en el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997,
la acción de cumplimiento procede únicamente para obtener el acatamiento de
leyes o actos administrativos, sin que sea posible su uso para un fin diferente.
Siendo ello así, emerge claramente la improcedencia de la acción respecto a la
sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, al interior del trámite 88001-33-33-001-2022-00053-
01, pues, para tales fines el legislador estableció otro mecanismo judicial
consignado en el artículo 41 de la Ley 472 de 199819.
Por lo expuesto, se hará el estudio únicamente frente al artículo 45 de la Ley 47 de
1993, el cual dispone lo siguiente:
LEY 47 DE 1993
(Febrero 19)
por la cual se dictan normas especiales para la organización y el
funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia Y
Santa Catalina.
19 Artículo 41.Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente
en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y
será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la
sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo.
10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
ARTICULO 45. Empleados públicos. Los empleados Públicos que ejerzan sus
funciones dentro del territorio del Departamento Archipiélago y tengan relación
directa con el público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés.
La norma en cita se encuentra vigente, pues, no existe otra disposición legal o
decisión judicial que la haya removido del ordenamiento jurídico.
Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
derechos fundamentales.
Finalmente, el acatamiento de la norma no conlleva para la parte demandada
incurrir en un gasto no presupuestado.
3.5. Existencia de un deber imperativo expreso e inobjetable
Expuesto lo anterior, se remembra que la finalidad de la acción de cumplimiento
es que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer
efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone
el artículo 87 constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato
perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato
“imperativo e inobjetable”.
Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos
imperativos, expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó
su postura de la siguiente manera20:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
20Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2022-
00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución
sea posible de realizar»21.
En suma, la Sala estima que efectivamente la disposición legal consignó un
mandato a cargo de los empleados públicos que desarrollan sus labores en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; sin embargo, no puede
perderse de vista que se expidió la Ley 2471 de 202522 que estableció en su
artículo 8.º lo siguiente:
ARTÍCULO 8º. Empleados Públicos. Los empleados públicos que ejerzan sus
funciones dentro del territorio del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y tengan relación directa con el público, deberán
hablar los idiomas castellano, inglés, Creole o Kriol.
Disposición legal que debe ser interpretada de manera armónica con el artículo 6,
el cual, a su turno, indica lo siguiente:
ARTÍCULO 6º. Del conocimiento de las tres lenguas oficiales para ocupar
cargos públicos. Para el acceso a los cargos públicos en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los empleados y
funcionarios no pertenecientes al Pueblo étnico Raizal deberán dominar
integralmente y certificar el nivel de dominio lingüístico de los tres idiomas oficiales
de que trata la presente ley: Creole o Kriol, Castellano e inglés.
Parágrafo 1º. Para todas las vacancias de los cargos públicos a proveer en el
departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la
Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad que haga sus veces, en las
convocatorias públicas deberá incluir dentro de los requisitos del cargo una
certificación del dominio integral de los tres idiomas oficiales, conforme a lo
establecido en la presente ley y en el Decreto número 2762 de 1991.
Parágrafo 2º. Los funcionarios ya nombrados, que debido a su cargo deben tener
trato directo con las personas, dispondrán de dos (2) años para adquirir la
competencia comunicativa oral en las tres lenguas oficiales.
Parágrafo 3º. Las entidades públicas del orden nacional o departamental estarán
obligadas a incorporar en los programas de inducción y reinducción a servidores
públicos, la cátedra de la Afroraizalidad de que trata la presente ley. (Subrayado
fuera del texto)
Lo anterior quiere decir, en otros términos, que la pretensión de cumplimiento
reclamada ante la FGN, traducida en que todos sus empleados que ejercen sus
funciones en el mencionado ente territorial acrediten el dominio lingüístico exigido,
no es posible aún dado que la obligación se encuentra sujeta a un plazo cuyo
21
Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social
de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
22 Por medio del cual se establece la cátedra de la afroraizalidad en el departamento archipiélago de San
Andrés, providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones.
12
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Joan Neomay Williams Escalona
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 88001-23-33-000-2025-00074-01
vencimiento no ha ocurrido.
Conforme lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en
cuanto a la negativa de las pretensiones frente al artículo 45 de la Ley 47 de 1993,
en la medida que, con ocasión del artículo 6 de la Ley 2471 de 2025, los
empleados públicos cuentan con un término de 2 años para acreditar la suficiencia
idiomática exigida.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 6 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para, en su lugar, RECHAZAR la acción frente a la
la Ley 2471 de 2025, la Ley 1381 de 2010 y el Convenio 169 de la OIT, por no
agotar el requisito de constitución en renuencia; DECLARAR la improcedencia de
la acción de cumplimiento respecto sentencia del 7 de julio de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y, en todo lo demás, CONFIRMAR la providencia de impugnada.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
13
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.