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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Sentencia SC19855-2017

Fecha
28 de noviembre de 2017
Magistrado ponente
Álvaro Fernando García Restrepo
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SC19855-2017

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO.- NO CONCEDER el exequátur de la sentencia dictada el 12 de enero de 2010 por la Corte Superior del Condado de Whitfield, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se declaró el divorcio de Erika Jaramillo Hincapié y Baley Brad Allen. SEGUNDO.- Sin costas en el trámite. LUIS ALONSO RICO PUERTA Presidente de Sala MARGARITA CABELLO BLANCO ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO ARIEL SALAZAR RAMÍREZ LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

Sentencia SC19855-2017

Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo

28 de noviembre de 2017

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado Ponente

SC19855-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2012-02577-00

(Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).-

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur elevada por ERIKA JARAMILLO HINCAPIÉ, respecto de la sentencia dictada el 12 de enero de 2010 por la Corte Superior del Condado de Whitfield, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica.

ANTECEDENTES

1. La demandante a través de apoderado judicial, pretende la homologación del fallo antes mencionado, en el cual se decretó el divorcio del matrimonio que celebró con Baley Brad Allen y, en consecuencia, requiere la inscripción de tal providencia en el registro civil correspondiente.

2. Como fundamento de su petición, la actora adujo, que,

2.1. El 7 de junio de 2007 contrajo esa unión en la Notaría Única de San Andrés, Isla, conforme la Escritura Pública No. 754 de esa calenda, registrada bajo el indicativo serial No.04965582. De la misma no existen hijos comunes.

2.2. Mediante sentencia de 12 de enero de 2010 la Corte Superior del Condado de Whitfield, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, otorgó el divorcio que le solicitó en proceso contencioso.

2.3. La determinación está ejecutoriada; fue emitida con la citación y contradicción del demandado; no se opone a disposiciones legales de orden público; no recae sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces nacionales; ni hay juicio terminado o en curso sobre el mismo asunto (fls. 14 al 18).

3. La demanda fue admitida mediante auto de 5 de diciembre de 2012, en el que se ordenó correr traslado al Ministerio Público en la forma prevista en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, y se decretó el emplazamiento de Brad Allen Bailey, por cuanto en el litigio hubo contradicción.

4. Al emitir su criterio frente al escrito inicial, la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, tras pronunciarse frente a los hechos, y discurrir sobre los requisitos que deben acreditarse en el caso concreto para la procedencia de la figura invocada, resaltó que con el estado que emitió el fallo foráneo no existe reciprocidad diplomática, por lo que debe probarse si hay la legislativa (fls. 27 al 36).

5. Brad Allen Bailey fue emplazado el 10 de febrero de 2013, y el curador ad litem designado para representarlo se manifestó sobre el sustento fáctico de la petición de homologación, sin oponerse a la misma (fls. 39, 53 y 54).

6. Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad que aprovechó la peticionaria para señalar que el demandado no se opuso a su pedimento, y reiterar que se cumplen los presupuestos legales para emitir una decisión que le sea favorable, pues, la sentencia extranjera “se encuentra debidamente ejecutoriada, traducida y autenticada mediante apostillamiento, [y] su contenido y efectos guarda conformidad con el régimen matrimonial y de liquidación de la sociedad conyugal establecido en la Constitución Política de Colombia y en el Código Civil que nos rige” (fls. 180 y 181).

CONSIDERACIONES

1. La exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal, comporta que éste se reserve para sí la sublime función pública de administrar justicia, en virtud de la cual, únicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.

Sin embargo, dicho imperio jurisdiccional, y más concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado «una nueva concepción (…), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica», en razón al inacabado proceso de globalización, «[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones» (CSJ SC, 16 jul. 2004, Rad. 2003-00079-01, reiterado en SC14776-2015).

Es por eso que, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros proveídos que tengan tal carácter, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil.

2. Así las cosas, el legislador nacional diseñó un sistema mixto en aras de conceder las mencionadas homologaciones, sobre el cual ha precisado esta Corporación:

[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho (CSJ SC, 17 jul. 2001, Rad. 0012, reiterada en SC14776-2015).

Por consiguiente, al adoptar esta clase de decisiones,

se atiende [en primer lugar] a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00, reiterada en SC14776-2015).

3. No obstante, como se anticipó, para el éxito del exequátur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, adicionalmente, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el prenotado artículo 694 del Código de Procedimiento Civil y las del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia.

4. En el asunto que se analiza, Erika Jaramillo Hincapié solicitó la homologación de una decisión en virtud de la cual la Corte Superior del Condado de Whitfield, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, ordenó el divorcio del vínculo marital que aquella contrajo con Baley Brad Allen, razón por la cual, corresponde a esta Sala analizar la convergencia de las exigencias mencionadas en párrafos precedentes.

5. Se advierte primero que en virtud de la consulta elevada por esta Corporación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la respuesta que aquél emitió el 9 de mayo de 2014 por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, según la cual no «reposa información sobre la suscripción de tratados por medio de los cuales se de reconocimiento recíproco de sentencias judiciales en materia civil, entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América» (fl. 69), no es posible otorgar efectos jurídicos en este territorio a la determinación mencionada a través de la figura de la reciprocidad diplomática.

6. De otro lado, la actora no logró probar tampoco la reciprocidad de carácter legislativo con el estado de Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, que permitiera afirmar que en la ley de ese territorio existen normas que le dan a una sentencia emitida en este país, la misma fuerza que le conceden a la decisión objeto de homologación, como pasa a explicarse.

En efecto, a instancias de un decreto probatorio oficioso, el Cónsul General de Colombia en Estados Unidos de Norteamérica indicó en el memorando CGAO – 386404 de 10 de diciembre de 2014, los vínculos web para acceder a «los estatutos vigentes en el Estado de Georgia en materia de relaciones domésticas incluyendo el divorcio» (fls. 83 al 87), pero se requirió su envío en copia auténtica y debidamente traducidos, conforme imponen los artículos 188, 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.

Ante ello, esa autoridad informó en el oficio No. CGAO – 386658 de 13 de mayo de 2015 el costo aproximado del compendio normativo en comento, y del concepto legal de dos bufetes locales de abogados sobre la ejecución en ese país de sentencias extranjeras, por lo cual en auto de 26 de octubre de 2016 se pidió a la gestora allegar la normatividad debidamente transcrita al español y legalizada, la que solo hasta el momento conferido para alegar de conclusión, fue arrimada en copia traducida por intérprete oficial (fls. 164 al 179).

7. Entonces, no se acreditó la existencia de las normas de reciprocidad requeridas, pues aun superando el que las allegadas incumplen con la formalidad del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a quien debe expedirlas, que será “la autoridad competente del respectivo país” o “el cónsul de ese país en Colombia”, en todo caso constata la Sala de la traducción oficial de su contenido, que no se refieren en modo alguno a la ejecutabilidad de decisiones extranjeras en ese territorio.

Esas normas solo aluden de manera general a la reglamentación del divorcio, pero no a la posibilidad de que una decisión extranjera emitida sobre la materia, pueda tener efectos en ese estado, siendo ello a lo que apunta la correspondencia legislativa que se exige, en defecto de la diplomática, para la eventual homologación por esta Corte de un fallo foráneo.

8. No deja de lado la Sala, a propósito de la reciprocidad legislativa, que como se trata de una resolución adoptada en los Estados Unidos,

opera el sistema del derecho anglosajón, [en el que] las decisiones judiciales “tienen por objeto no sólo definir la controversia planteada sino también descubrir la ley natural aplicable a los hechos presentados, creando un precedente que puede ser utilizado por otros tribunales enfrentados a casos similares”, (…) resulta viable aceptar que “la ley salvo en determinadas materias, no se encuentra escrita en términos generales (Sentencia de 19 de junio de 1994, G.J. CCXXXI, No. 2470, 2º semestre de 1994, Volumen I, pág. 83 y s.s.).

De manera que, «tratándose de normatividad extranjera no escrita, como ocurre en el presente caso, para probar la reciprocidad legislativa el artículo 188 del estatuto procesal civil dispone que puede demostrarse con el testimonio de dos o más abogados del país originario de la providencia» (CSJ SC, 18 dic. 2012, rad. 2008-00775-00).

Pero la interesada no aportó o siquiera procuró ese medio de convicción, aun cuando estuvo a su disposición, y ciertamente era de su interés y carga, en tanto era necesario para establecer el supuesto de su pretensión, lo que impone desestimar ésta.

9. Lo anterior no sufre modificación, aun acudiendo a casos similares conocidos con anterioridad por esta Corte, en procura de estructurar la reciprocidad legislativa con el Estado de Georgia, de Estados Unidos de Norteamérica, en materia de sentencias de divorcio, pues, esta Sala tuvo oportunidad de precisar en un asunto de contornos similares, donde se solicitó homologar idéntica decisión proveniente de otra Corte de ese estado, de 21 de abril de los corrientes, Exp. 2014-1679, SC5472 de 2017, que,

“ (…) pese a que se ofició en varias oportunidades al Consulado de Colombia en Atlanta (Georgia), para que remitiera copia auténticas de las normas vigentes en ese territorio que reconocieran las decisiones judiciales extranjeras, este se limitó a remitir únicamente unos vínculos web, donde presuntamente podían accederse a los estatutos vigentes de dicho lugar en materia de relaciones domesticas incluyendo el divorcio.

Sin que de los mencionados, se pudiera extraer la existencia de las normas de reciprocidad requeridas, pues sólo hacen referencia a los títulos del ordenamiento que regula las relaciones matrimoniales, como su constitución y terminación”.

10. Entonces, contrario a lo afirmado por la solicitante, como no se demostró la existencia de la referida correspondencia diplomática o de carácter legislativo, se denegará la homologación reclamada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- NO CONCEDER el exequátur de la sentencia dictada el 12 de enero de 2010 por la Corte Superior del Condado de Whitfield, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se declaró el divorcio de Erika Jaramillo Hincapié y Baley Brad Allen.

SEGUNDO.- Sin costas en el trámite.

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

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