Ficha de la providencia
Sentencia SC4101-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2018 › SC4101-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
Ficha de la providencia
Sentencia SC4101-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
Sentencia SC4101-2018
Magistrado ponente: Alvaro Fernando García Restrepo
26 de septiembre de 2018
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
SC4101-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2016-01087-00
(Aprobado en sesión de once de julio de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).-
Procede la Sala a resolver la demanda de exequátur presentada por MIGUEL DARÍO BUSTOS ACOSTA, con el objeto de que produzca efectos en la República de Colombia la sentencia proferida el 16 de julio de 2008 por el Tribunal del Circuito Quince del Condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se decretó el divorcio del matrimonio civil celebrado entre el aquí interesado y la señora Johana Alexandra Poveda Barrantes.
I. ANTECEDENTES
1. Como fundamento del escrito petitorio, el actor adujo los hechos que se compendian a continuación:
1.1. El 10 de agosto de 2003, contrajo matrimonio civil en la ciudad de Bogotá con la señora Johana Alexandra Poveda Barrantes, en cuya unión «no se procrearon hijos ni se obtuvieron bienes de capital».
1.2. Estando radicados en Estados Unidos de Norteamérica, su esposa presentó en su contra «demanda de divorcio o disolución de matrimonio» ante el Tribunal del Circuito Quince del Condado de Palm Beach, Florida, quien mediante sentencia del 16 de julio de 2008, decretó el divorcio de la pareja.
1.3. La providencia cuya homologación se demanda, «es compatible con los principios y las leyes de orden público del Estado Colombiano», pues existe plena identidad de la causal por la cual fue decretado el divorcio en aquél Estado, esto es, «separación de cuerpos que haya durado seis o más meses», con la contemplada en el numeral 8º del artículo 154 de nuestro Código Civil; además, en aquél territorio «son ejecutables las sentencias de divorcio proferidas por los jueces colombianos conforme lo testimonian los abogados Glenn G. Kolk, Edith G. Ossman, Honh Andrés Thornton y Yale manof, autorizados para ejercer la profesión en ese país, cuyas declaraciones debidamente legalizadas se presentan», por lo que es indudable que «[l]os requisitos exigidos para conceder el exequatur se hallan surtidos», máxime cuando también «se cumplen las formalidades que permiten establecer la autenticidad de la [citada] sentencia».
1.4. Desde la referida anualidad, «desconoce el paradero, residencia o sitio de trabajo de su ex cónyuge» (fls. 24 a 28).
II. TRÁMITE DEL EXEQUATUR
1. El 31 de octubre de 2016, se admitió la demanda y se corrió el traslado de rigor a los agentes del Ministerio Público y a la señora Johana Alexandra Poveda Barrantes, en la forma prevista en el artículo 607 del Código General del Proceso, última a quien se ordenó emplazar conforme al canon 293, en concordancia con el 108 ibídem, ante el desconocimiento de su paradero (fl. 38).
2. La Procuradora Delegada para para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas a los requisitos de la homologación, indicó que, si bien el fallo que se pide homologar no versa sobre bienes que se encuentren en territorio colombiano, «no se tiene certeza de que la sentencia está debidamente ejecutoriada de conformidad con la legislación del país de origen», menos aún si existe «reciprocidad para el reconocimiento de sentencias extranjeras» en los países involucrados, sumado a que la aludida decisión «NO da prueba tampoco de que la causal invocada coincida con alguna de las señaladas por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992»; y por último, «no se observa dentro de las pruebas acompañadas el registro civil del matrimonio, necesario para la demostración de su existencia en Colombia» (fls. 42 a 49).
3. El Curador Ad-litem de la señora Poveda Barrantes, después de referirse a cada uno de los hechos soporte de la demanda, manifestó no oponerse a las pretensiones de la misma, «toda vez que en [su] concepto, se cumple con los requisitos que establece la Ley, especialmente con la reciprocidad legal entre las Leyes del Estado de Florida y las Leyes Colombianas» (fls. 76 y 77).
4. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con el libelo incoativo, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que informara si existían convenios internacionales entre Colombia y Estados Unidos de Norteamérica, en concreto el Estado de Florida, sobre reciprocidad en el reconocimiento de fallos proferidos por autoridades jurisdiccionales, y si era del caso, remitiera copia auténtica de los documentos pertinentes; además, se le pidió su colaboración para que por su intermedio solicitara al Consulado General de dicho país en nuestro territorio la información citada con antelación, así como copia de los textos normativos que en dicho Estado regulan el divorcio (fls. 82 y 83).
Por último, mediante auto del 3 de mayo de 2018, se requirió al actor para que informara y acreditara cuál de las causales de divorcio fue invocada ante el Tribunal de Familia del Condado de Palm Beach, Florida, e indicara si se trató de un juicio contencioso, llamado que nunca fue atendido por el aquí interesado (fl. 168).
6. Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 170), oportunidad que aprovechó el Curador Ad-litem de la demandada, para solicitar que no se profiera sentencia favorable de exequátur, tras señalar, en síntesis, que no se cumplen los presupuestos legales para ello (fls. 171 a 173).
III. CONSIDERACIONES
1. Sea lo primero indicar, que aunque el numeral 4 del art. 607 del Código General del Proceso prescribe para el trámite del exequátur, que «Vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia», la presente decisión se toma de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del art. 278 del citado Estatuto, que autoriza al Juez para dictar sentencia anticipada, total o parcial, «en cualquier estado del proceso», entre otros eventos, «Cuando no hubiere pruebas por practicar», tal como sucede en el caso que hoy ocupa la atención de la Sala.
2. Ahora, en lo que concierne al asunto en cuestión, debe señalarse que la exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal, comporta que éste se reserve para sí la sublime función pública de administrar justicia, en virtud de la cual, únicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.
Sin embargo, dicho imperium jurisdiccional, y más concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado «una nueva concepción (…), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica», en razón al inacabado proceso de globalización, «[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones» (CSJ SC, 16 jul. 2004, Rad. 2003-00079-01, citada hace poco en SC19855-2017).
3. Por eso, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros proveídos que tengan tal carácter, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 605 y 606 del Código General del Proceso, de los que emana «el sistema llamado de la ‘regularidad internacional de los fallos extranjeros’ sobre una base previa de reciprocidad, sistema éste que consiste en aceptar por norma el cumplimiento en el país de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se reúnan ciertas exigencias mínimas señaladas por la legislación con el fin de precaver eventuales ‘irregularidades internacionales’ de que las ameritadas sentencias [y laudos arbitrales] puedan adolecer» (CSJ SC, 5 nov. 1996, Rad. 6130, mencionada últimamente, entre otras, en STC19858-2017).
El legislador nacional diseñó, para que una decisión judicial pronunciada por una autoridad de otro país produzca consecuencias en el ámbito espacial patrio, un sistema mixto o combinado, sustentado en la reciprocidad diplomática y, a falta de ésta, en la reciprocidad legislativa y de hecho.
Sobre el particular ha precisado esta Corporación:
«[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho» (CSJ SC, 17 jul. 2001, Rad. 00012, reiterada recientemente en STC21053-2017 y SC1229-2018).
Por consiguiente, como lo ha sostenido la Corte en numerosas oportunidades, «en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia» (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309, citada recientemente, entre otras, en STC21053-2017 y SC1229-2018).
Claro está, que para el éxito del exequátur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, en adición, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el Estatuto Procesal vigente para el momento en que se presentó la solicitud (CSJ SC8655-2016), así como las exigencias del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia pertinente.
4. En el asunto que se analiza, Miguel Darío Bustos Acosta solicitó la homologación de una decisión en virtud de la cual el Tribunal del Circuito Quince del Condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, decretó el divorcio del vínculo marital celebrado entre él y la señora Johana Alexandra Poveda Barrantes (fls. 9 y 10), según su dicho, tras hallar demostrada la causal de «separación de cuerpos que haya durado seis o más meses», vigente en dicho Estado, razón por la cual, corresponde a esta Sala analizar la convergencia de las exigencias mencionadas en párrafos precedentes.
4.1. En ese sentido, se advierte que en virtud de la consulta elevada por esta Corporación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la respuesta que aquél allegó el 23 de febrero de 2018 por conducto de la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, según la cual «en el mismo no reposa información sobre la suscripción de tratados bilaterales o multilaterales sobre reconocimiento recíproco de sentencias en los que la República de Colombia y los Estados Unidos de América sean Estados parte» (fl. 87), no es posible otorgar efectos jurídicos en este territorio a la determinación mencionada a través de la figura de la reciprocidad diplomática.
4.2. Por otro lado y siguiendo con el derrotero trazado, se tiene que el actor no logró probar tampoco la reciprocidad de carácter legislativo con el estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, que permitiera afirmar que en la ley de ese territorio existen normas que le dan a una sentencia emitida en este país, la misma fuerza que le conceden a la decisión objeto de homologación, pues a más que éste no las aportó durante el trámite, como era su deber, el ruego efectuado por la Corte para que la mencionada Cartera Ministerial colaborara en la consecución de las mismas ante el Consulado General de aquélla Nación, no tuvo el resultado deseado, en la medida que la aludida autoridad consular informó, a través de nota verbal 1110 del 24 de julio de 2017, que «esta clase de solicitudes se deben realizar en virtud del Convenio del 18 de marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, aprobada mediante Ley 1282 de 2009, diligenciando el formato correspondiente» (fls. 89 y 90), respuesta que fue puesta en conocimiento de las partes, quienes guardaron silencio respecto a la misma.
4.3. Ahora, no deja de lado la Sala, a propósito de la reciprocidad legislativa, que como se trata de una resolución adoptada en los Estados Unidos, «opera el sistema del derecho anglosajón, [en el que] las decisiones judiciales “tienen por objeto no sólo definir la controversia planteada sino también descubrir la ley natural aplicable a los hechos presentados, creando un precedente que puede ser utilizado por otros tribunales enfrentados a casos similares”, (…) resulta viable aceptar que “la ley salvo en determinadas materias, no se encuentra escrita en términos generales» (citada recientemente en SC19855-2017); de manera que, «tratándose de normatividad extranjera no escrita, como ocurre en el presente caso, para probar la reciprocidad legislativa el artículo 188 del estatuto procesal civil dispone que puede demostrarse con el testimonio de dos o más abogados del país originario de la providencia» (ejusdem); sin embargo, el aquí interesado, pese a que procuró ese medio de convicción, pues atendiendo su solicitud, se trasladó al presente trámite especial copia autentica de los documentos que contienen los testimonios de los abogados Glenn G. Kolk, Edith G. Ossman, Honh Andrés Thornton y Yale Manof, autorizados para ejercer la profesión en dicha Nación, rendidos dentro del exequatur radicado con el No. 11001-02-03-000-2004-00053-01, y quienes al unísono manifestaron que en el Estado de Florida son ejecutables las sentencias de divorcio proferidas por los jueces colombianos (fls. 91 a 155), se advierte que tales declaraciones no pueden ser apreciadas por incumplir la exigencia establecida en la parte final del canon 174 ibídem, atinente a que «serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella», pues, es incontrastable, que la señora Johana Alexandra Poveda Barrantes no fue parte en el citado juicio, circunstancia que torna improcedente el fin de la norma citada con antelación y, por ende, la acreditación de la reseñada reciprocidad legislativa (no escrita).
4.4. Así mismo, la Sala echa de menos en la sentencia que se pide homologar, la causal bajo la cual la autoridad judicial que la emitió decretó el divorcio de las partes allí en contienda, presupuesto necesario para poder establecerse el cumplimiento de la exigencia contenida en el numeral 2º del artículo 606 del Código General del Proceso, alusiva a que «[p]ara que la sentencia o el laudo extranjero surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos: (…) 2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento», pues aunque en ella se afirma, a manera de conclusión, que «[e]l matrimonio de las partes está roto de manera irreparable», y, el actor señaló en la demanda de exequatur que aquella es la de «separación de cuerpos que haya durado seis o más meses», vigente en el Estado de Florida, tales manifestaciones no dan certeza de ello, sumado a que, de aceptarse que si se trata del aludido motivo, nada se infiere o se dice en relación al tiempo que estuvieron separados éste y su cónyuge, aspecto igualmente esencial para cotejar el mentado requisito, pues, recuérdese que, en Colombia, la separación de cuerpos, judicial o de hecho, solo es admisible como causal de divorcio cuando “haya perdurado por más de dos años” (Num. 8º Art. 154 C.C.), circunstancia que, por obvias razones, también impide que la providencia de marras pueda ser objeto de exequatur a la luz de la legislación colombiana, toda vez que, de homologarse, se estaría vulnerando el orden público colombiano, dado que la razón sustentada no encuentra asidero en ninguna medida con las causales de divorcio previstas en el ordenamiento civil patrio.
En casos de idéntica situación fáctica al presente, la Corte ha predicado que,
«De concederse exequátur, se socavaría el orden público, no solo porque la providencia está fundada en un motivo de ningún modo reconocido en el derecho patrio, sino también porque se habilitaría, sin más, el mero paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo cual atenta contra la institución de la familia, concebida por la norma superior como el núcleo fundamental de la sociedad, y contra la protección integral que, a partir de hacer taxativas las causales de divorcio, el Estado se propone garantizar (art. 42, C. P.), para darle estabilidad.
El orden público implica «(…) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de salvaguardarlo» (CSJ SC. Sentencia de 8 de julio de 2013, Rad. #2008-2099-00), y «(…) se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez (…) extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles» (CSJ SC17371-2014, reiterado AC de 25 de agosto de 2015, Rad. 2015-01124-00 y SC8300-2017).
5. Así las cosas, como la sola ausencia de uno de los requisitos legales para la procedencia de la solicitud de exequátur enerva su prosperidad, y acá se demostró la ausencia de dos de ellos, es razón suficiente para negar el reconocimiento de efectos jurídicos a la decisión jurisdiccional extranjera sometida al presente trámite.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR el exequátur de la sentencia proferida el 16 de julio de 2008 por el Tribunal del Circuito Quince del Condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se decretó el divorcio del matrimonio civil celebrado entre el aquí interesado y la señora Johana Alexandra Poveda Barrantes.
SEGUNDO. Sin costas en el trámite.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SC4101-2018 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.