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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Sentencia SC21822-2017

Fecha
15 de diciembre de 2017
Magistrado ponente
Margarita Cabello Blanco
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SC21822-2017

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley RESUELVE Primero.- NO CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2012 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido identificado en el encabezamiento de esta providencia. Segundo.- CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo) M/cte., por haber sido objeto de réplica.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

Sentencia SC21822-2017

Magistrado ponente: Margarita Cabello Blanco

15 de diciembre de 2017

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada Ponente

SC21822-2017

Radicación n° 05615 31 03 002 2001 00192 01

(Aprobado en sesión de diez de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil dijiste (2017).

Decide la Corte el recurso de casación presentado por los intervinientes ad excludendum ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO, HÉCTOR DE BEDOUT TAMAYO y MARÍA TERESA ELENA ECHAVARRIA OLANO, esta última quien actúa en representación de la sucesión del causante ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA, frente a la sentencia de 12 de marzo de 2012 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLOS PSI contra HÉCTOR AUGUSTO GONZÁLEZ RESTREPO.

ANTECEDENTES

1.- Se formuló acción de dominio contra el señor arriba mencionado con miras a que se realicen las siguientes declaraciones:

“14.1 Declárese que a la ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLOS P.S.I., pertenece el DOMINIO PLENO y ABSOLUTO y que por lo tanto es el único PROPIETARIO REAL y MATERIAL de los inmuebles que fueron demandados en PROCESO ORDINARIO DE RINVINDICACIION DE DOMINIO, descritos así: (…)

14.2 Ordénesele al Sr. HECTOR AUGUSTO GONZALEZ RETREPO, ciudadano mayor de edad, identificado con la C.C No. 4’ 304.386 de Manizales, POSEESOR ACTUAL DE MALA FE, sin justo título, ni derecho, a RESTITUIR en favor de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLO P.S.I., los CINCO (5) BIENES INMUEBLES descritos en el Numeral 13.1de esta Demanda.

14.3 Condénese al Sr. HECTOR AUGUSTO GONZALEZ RESTREPO al PAGO en favor de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLO P.S.I, el valor de los FRUTOS NATURALES Y CIVILES – LUCRO CESANTE, que a justa tasación de Peritos, hubiesen podido percibir, con mediana inteligencia y actividad, los CINCO (5) INMUEBLES objeto de reivindicación, si la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLO P.S.I, los hubiera tenido en su poder.

14.4 Que el PAGO DE LOS FRUTOS NATURALES Y CIVILES se produzcan de acuerdo con la cifra que arroje el DICTAMEN PERICIAL, contabilizados desde el mes de Junio de 1.998, fecha en el Sr. GONZALEZ RESTREPO comenzó a hacer valer su DERECHO como POSEEDOR, dentro del PROCESO DE PERTENENCIA que tramitó ante el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO D RIONEGRO – ANTIOQUIA, instaurado por los Sres. ELKIN ECHAVARRIA OLOZAGA, HECTOR DE BEDOUT TAMAYO y ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO; hasta el día en que se verifique la RESTITUCIÓN de los INMUEBLES a favor de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLO P.S.I.

14.5 Declárese que el Demandado HECTOR AUGUSTO GONZALES RESTREPO es POSSEEDOR DE MALA FE, para efecto de las pretensiones económicas que éste llegare a impetrar o pretender en su favor.

14.6 Condénese al Sr. HECTOR AUGUSTO GONZALES RESTREPO, al PAGO del valor de las AGENCIAS EN DERECHO y los COSTOS ECONOMICOS que ocasione el proceso”.

2.- Como fundamento de sus súplicas expuso lo siguiente:

Que adquirió mediante escritura pública del 9 de agosto de 1962, otorgada en la Notaría Séptima del Circulo de Medellín, los cinco lotes de terreno con sus mejoras y anexidades, inmuebles que se conocen como Finca “Terranova” y por las cuales se canceló la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000.000.oo).

Los criadores de caballos pura sangre liderados por el fallecido ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA, propusieron a la Junta Directiva de ASOCRIADOES PSI, organismo que ejercía sus funciones desde Bogotá, constituir una filial en Antioquia, como en efecto se hizo.

Durante los años transcurridos entre 1962 a 1982 ASOCRIADORES PSI colaboró con el flujo de caja y el sostenimiento económico del puesto de monta de la filial Antioquia, ayuda que consistió fundamentalmente en el pago de impuestos, salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, al igual que el suministro de materiales e insumos para el cuidado de los caballos, asistencia profesional veterinaria, clínica, laboratorio, venta de droga, alquiler de pesebreras, entre otras.

Debido al cierre del hipódromo de techo en Bogotá y el de los Andes en 1982, se presentó una crisis para la Asociación, y para no liquidar el puesto de monta de Rionegro y no tener que vender los inmuebles, entregaron a los criadores antioqueños en cabeza de ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA, ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO y HÉCTOR DE BEDOUT TAMAYO, la administración, uso y explotación de esos bienes, configurándose un comodato precario.

El primero de los comodatarios mencionados, dirigió el 22 de septiembre de 1997, una misiva a las directivas de ASOCRIADORES PSI, solicitando autorización para enajenar los cinco inmuebles que conformaban el puesto de monta en Rionegro, pero la propuesta no fue aceptada porque no querían despojarse del único activo que tenían, rechazo que junto con los otros comodatarios los impulsó a iniciar un proceso de pertenencia que no prosperó en ninguna de las instancias.

3. Admitida la demanda mediante auto del 26 de marzo de 2001, la pasiva, por conducto de procurador judicial, planteó como excepción de mérito la de “ausencia de causa” y simultáneamente formuló por la ruta de la reconvención acción de pertenencia, pero se rechazó por no cumplir con los requisitos formales.

Dentro de la referida actuación judicial, se presentaron como terceros intervinientes ad excludendum, los señores HÉCTOR DE BEDOUT TAMAYO, ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO y MARÍA TERESA ELENA ECHAVARRIA OLANO, en su condición de heredera y en nombre y representación de la sucesión de ELKIN ECHAVARRIA OLOZAGA, alegando ser los verdaderos poseedores de los inmuebles debatidos por más de veinte años y excepcionando prescripción extintiva de dominio frente a la asociación demandante.

Sus pretensiones fueron las siguientes:

“2.1.1. Que se admita la intervención AD – EXCLUDENDUM de los señores HÉCTOR DE BEDOUT TAMAYO, ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO y MARIA TERESA ELANA ECHAVARRIA OLANO (ésta última en representación de la sucesión de ELKIN ECHAVARRIA OLOZAGA), en reemplazo del demandado inicial HECTOR AUGUSTO GONZALEZ, por ser ellos los reales poseedores de los cinco lotes que conforman la finca Terranova cuya reivindicación se reclama en el proceso de la referencia.

2.1.2 Que una vez admitida la intervención AD – EXCLUDENDUM de los señores HÉCTOR DE BEDOUT TAMAYO, ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO y MARIA TERESA ELANA ECHAVARRIA OLANO (ésta última en representación de la sucesión de ELKIN ECHAVARRIA OLOZAGA), se admita como respuesta a la demanda reivindicatoria de dominio la excepción de fondo de prescripción adquisitiva de dominio a favor mis poderdantes.

2.1.3 Que por vía de excepción se declare la falta de integración del contradictorio por ACTIVA, por no comparecer como demandante la señora MARIA ANTONIA LÓPEZ.

2.1.4 Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandante ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLOS P.S.I. y al demandado HECTOR AUGUSTO GONZALEZ”.

La actuación de los terceros fue aceptada, y corrido el traslado, ambas partes se pronunciaron oponiéndose a sus reclamaciones.

4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, luego de agotar las formas propias del juicio ordinario, finiquitó el debate mediante sentencia de 16 de septiembre de 2010, accediendo a la acción reivindicatoria “frente a los inmuebles denominados a), b), c) y e)”, con excepción del lote d). Ordenó subsecuentemente la restitución, a favor de la actora, de los referidos cuatro inmuebles —de los cinco pretendidos— y negó las excepciones de mérito formuladas denominadas “ausencia de causa” que propuso el demandado y “prescripción adquisitiva” planteada por los terceros intervinientes.

Al efecto, analizó los presupuestos axiológicos de la acción de dominio y los encontró satisfechos en las heredades conocidas como Lotes a), b), c) y e), pues en el caso del número d), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 020-55131, expuso que la Asociación convocante adquirió sobre él unos derechos no constitutivos de título justo y por ende no adquirió propiedad, de tal suerte que sobre ese inmueble no se probó dominio, negándose en ese aspecto la reivindicación.

Al estudiar la posesión del señor GONZÁLEZ RESTREPO y los terceros intervinientes, que fue confesada en el proceso, no encontró que se acreditara por el tiempo suficiente para poder adquirir la propiedad por la vía de la usucapión.

5. Dicho pronunciamiento, luego de apelado en la primera instancia por el convocado y los intervinientes ad excludendum, fue confirmado por el Tribunal el 12 de marzo de 2012.

EL RECURSO DE APELACIÓN

El demandado insistió en una nulidad formulada en el juicio fundamentada en la falta de jurisdicción, aduciendo que el proceso se tramitó como ordinario cuando tiene la naturaleza de agrario.

Igualmente reiteró que es poseedor de buena fe de toda la finca Terranova desde 1970, realizando mejoras, costeando su mantenimiento y pagando los servicios públicos.

Por su parte, los terceros ad excludendum cuestionan que el fallador desconociera las decisiones proferidas por las autoridades policiales y judiciales que los reconocen como poseedores de los inmuebles reclamados.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Consideró inicialmente que estaban colmados los presupuestos procesales; y dijo, sobre la nulidad propuesta por HÉCTOR GONZÁLEZ que se torna improcedente “porque pese a que los predios están ubicados en el área rural del municipio de Rionegro no tienen explotación económica agraria, pues la finalidad de los mismos es el mantenimiento privado de una raza de caballos para unos pocos asociados, su atención médica y técnica por un grupo de aficionados a los equinos”, además que la prueba documental contenida en los autos revela “que a la presentación de la demanda en el 2001, el inmueble no reportaba explotación económica a causa de actividades agrarias”.

Discurrió sobre el Decreto 2303 de 1989 que creó la jurisdicción agraria y precisó, luego de confrontar su articulado con el asunto estudiado, que los predios materia del debate “no son utilizados para la producción, transformación o enajenación de ningún producto, ni comercialización de animales por la parte débil del derecho agrario, por lo que no adquiere la agrariedad prevista en el mencionado Decreto, y en consecuencia, el trámite ordinario impartido es el adecuado”.

Se detuvo en las exigencias requeridas para la prosperidad de la pretensión reivindicatoria acorde con la satisfacción de los llamados por la jurisprudencia patria “elementos axiológicos”, enumerándolos uno a uno, mismos de los que señaló, el a quo los encontró cumplidos respecto de cuatro de los inmuebles pretendidos.

Acometió el estudio del reproche del demandado GONZÁLEZ RETSREPO y enfatizó que se equivoca cuando se duele de que la sentencia sea revocada para declararlo propietario de los bienes, porque, a más de la necesidad de acreditarse posesión por veinte años en forma pacífica, pública e ininterrumpida con ánimo de señorío, aquella debe invocarse “como pretensión, bien en demanda de reconvención o como acción de declaración de pertenencia, lo que en este caso no ocurrió, pues fue rechazada la demanda de reconvención y tal decisión cobró ejecutoria. Y su formulación como excepción de mérito aunque prospere, no conlleva tal declaratoria, sino que enerva la pretensión reivindicatoria; (…)”, aserto que fundamentó en precedentes de la Sala.

En todo caso, prosiguió, quien se reputa como poseedor debe acreditar la tenencia con ánimo de señorío de la cosa durante el lapso de tiempo y con los requisitos fijados por la ley, y sus efectos jurídicos “serán la frustración de la acción reivindicatoria o la declaratoria de pertenencia sobre el bien sometido a disputa, en virtud de la prescripción adquisitiva”.

Abordó el instituto de la prescripción y sus clases (Art. 2512 del C.C) y otras normas concordantes, haciendo particular énfasis en la extraordinaria, señalando los presupuestos para su éxito. Seguidamente definió la posesión conforme al precepto 762 del C.C recordando sus elementos y explicó:

“En el sub júdice se acreditó que el demandado sólo tuvo ánimo de señor y dueño durante un breve y reciente lapso y sólo a partir de 1998, pues se demostró que ingresó allí como tenedor, en virtud de la profesión de veterinario que ejercía en el puesto de monta, en cumplimiento del contrato de trabajo celebrado con La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLO P.S.I. finalizando en el año 1982, y con posterioridad por contratos suscritos por ésta a través de la filial Antioquia, la que asumió la administración de los predios, según lo acreditan la liquidación de prestaciones sociales del 30 de mayo de 1963 al 30 de abril de 1982 que lleva su rúbrica, Convenio de Trabajo del 31 de marzo de 1982 y del 02 de marzo de 1987 (fls. 7,8, 11-13 C.6).

Posteriormente y a partir que asumió tal condición, aunque en el interrogatorio de parte negó su vínculo inicial, aceptó que fue contratado como veterinario por los intervinientes ad excludendum para el puesto de monta; que ingresó allí por autorización de ELKIN ECHAVARRIA, ALEJANDRO ECHAVARRIA y HÉCTOR DE BEDOUT (fl. 4-8 C.12). Sólo a partir del 20 de mayo de 1998 exteriorizó su calidad de poseedor al intervenir en el proceso de pertenencia instaurado por los aquí accionados ad excludendum sobre los mismos inmuebles (…) No obstante, no probó la fecha desde la cual mutó su calidad de ocupación sobre los inmuebles, esto es, la interversión el título”.

Profundizó en las exigencias de esa interversión del título apoyado en precedentes de la Sala, y refirió a los testimonios de PEDRO JUAN MORENO VILLA y otros, los cuales expresan “que siempre han visto que el demandado es quien vive en la finca, pero desconocen quién asume sus gastos y mantenimiento y suponen que él es el dueño porque lo ven allí. Refieren que es veterinario (fl 45-73 C. 11). (…) Sólo TOBÍAS LAVERDE SAN MARTÍN trabajador del demandado, señala que es HÉCTOR GONZÁLEZ RESTREPO quien mantiene la finca y que él y su esposa se benefician de los ingresos que genera”, aún así, dijo que su exposición no es contundente pues, “aduce que no conoce escrituras”, se contradice en relación con la situación de ELKIN ECHAVARRIA y “no tiene un conocimiento cierto de la calidad que ostenta HÉCTOR GONZÁLEZ sobre el predio”.

Por ende, coligió que el demandado no demostró su posesión antes de 1998, misma conclusión a la que llegaron los jueces de conocimiento en el proceso de pertenencia instaurado por los tres criadores de caballo (fls 733-735 C.2 Prueba Trasladada). Y, ante eso, dispuso que no habría lugar al reconocimiento “de expensas en la conservación de la cosa ni las mejoras que reclama”.

Frente a los terceros ad excludendum, inició por advertir la falta de técnica de su intervención, “pues no elevó ninguna pretensión, sino que se presentó como contestación de la demanda”, proponiendo asimismo la excepción de prescripción adquisitiva.

Reiteró, de un lado, que dicho medio de defensa no conlleva la declaratoria de pertenencia, sino solo enerva la súplica del libelo, por ello, “no se opone al demandado, ni lo excluye”; y de otro, mostró asombro pues, no obstante que “ya la jurisdicción ha estudiado y negado su aspiración, es la tercera vez que (…) alegan su condición de poseedores de dichos inmuebles”, primero en el juicio de pertenencia promovido ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, después en el de saneamiento de la pequeña propiedad agraria conocido por el mismo Despacho y, finalmente en el que se estudia.

De todas formas destacó que como los elementos de la acción pueden variar, los analizó a partir “de los aspectos materia de reproche”, comenzando por la inconformidad relacionada con el desconocimiento de la sentencia proferida dentro del juicio de prescripción adquisitiva y el de las autoridades policivas que reconocieron su condición, además de ser ellos quienes pagaron las prestaciones sociales al accionado.

Sobre el efecto de la sentencia recordó que de su contenido se extrae que, los criadores de caballo solo asumieron la tenencia de los bienes, pues su administración fue en nombre de la filial Antioquia, y “hasta 1982 rindieron cuenta de su gestión a ésta”, conclusión que acogió porque en el fallo de pertenencia de primera instancia no se señaló que eran poseedores, “sino que a partir de 1982 asumieron algunos gastos, cubiertos de otras sociedades de las que también eran socios (..) que por sí solos no denotan señorío sobre los inmuebles”.

Seguidamente reprodujo lo dispuesto por el fallo de primer grado de 22 de febrero de 1999 que obra como prueba trasladada, explicando que conforme a su motivación, aunque se admitió que después de 1982 se encargaron de administrar los cinco inmuebles, “y efectuaron gastos desde otras sociedades de las que hacían parte, reconocieron dominio ajeno frente a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLO al solicitar autorización para la venta de los mismos (…) se desdibuja el ánimo de señorío”, conclusión misma a la que llegó esa Sala al resolver la apelación presentada, en el proveído de 16 de mayo de 2000, trasuntándolo.

Agregó, que si únicamente a partir del 22 de septiembre de 1997 “pudiese contarse el tiempo de su posesión (carta que obra a folio 196 y 197 del C. Pertenencia)”, para el año en que invocaron tal condición en este proceso, es decir el 26 de septiembre de 2002, contarían con cuatro años, de suerte que no cumplirían el requisito de los veinte que exige la prosperidad de su excepción de prescripción extraordinaria de dominio.

Respecto de las decisiones proferidas por las inspecciones de policía, informó que reconocieron que aquellos usaban y disfrutaban los inmuebles al igual que el señor GONZÁLEZ RESTREPO, que la perturbación por éste inició con la pretensión de usucapión, definiendo que el reconocimiento no refiere a posesión con ánimo de señores y dueños, “pues condicionó la suspensión de la perturbación hasta que la justicia ordinaria definiera su calidad, además, que obraron como tenedores a nombre de la filial Antioquia, verdadera poseedora por lo menos, hasta septiembre de 1997 (fl. 20-39 C. 6)”.

Por último señaló que, contrario a lo esgrimido en el recurso, dado que la posesión no fue exclusiva, pues fueron varias las personas que actuaron como poseedores pero no todos reclamaron, para que su súplica salga avante deben demostrar que dejaron de poseer para la comunidad y que ejercieron los actos en forma personal e independiente, desconociendo a los demás.

LA DEMANDA DE CASACION

Con sustento en la causal primera que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se formularon dos cargos, el inicial con apoyo en lo previsto en el motivo primero del artículo 368 del CPC, por violación indirecta de la ley sustancial, falta de aplicación, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de algunas pruebas.

El otro se basó en la misma causal, pero por infracción directa de las disposiciones que denunció.

La Corte, por auto de 20 de marzo de 2014, admitió solamente el ataque inicial; inadmitiendo el segundo por no allanarse a los requisitos formales y de técnica, declarando esa acusación desierta.

CARGO PRIMERO

Se acusa la sentencia de infringir indirectamente, por falta de aplicación, las siguientes normas de derecho sustancial: artículos 762, 763, 764, 766, 770, 778, 952, 957, 2512, 2513, 2518, 2521, 2522, 2527, 2531 y 2532 del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de algunas pruebas.

Advirtió que la queja es en relación a lo decidido respecto a los terceros, pues se acepta que el demandado HÉCTOR AUGUSTO GONZÁLEZ no es poseedor de los inmuebles de este proceso.

Dijo, que el desacuerdo es con las siguientes conclusiones: (i) que los intervinientes reconocieron dominio ajeno el 22 de septiembre de 1997, cuando fue enviada la carta a la Asociación actora solicitando autorización para la venta de los bienes; (ii) que la filial Antioquia de Criadores de Caballo hasta abril de 1982 envió reportes contables a esta, reconociendo con ello dominio ajeno y que la filial representa a la Asociación; (iii) que hubo coposesión y “nunca se determinó cuando unos poseedores dejaron de tener ánimo de señor y dueño”; y (iv) que en el eventual caso de ser poseedores solamente lo serían desde 22 de septiembre de 1997.

Informó, que las pruebas que el Tribunal no valoró o que apreció erróneamente, y las inferencias equivocadas que lo llevaron a no dar por probada la posesión y el tiempo de ella, fueron:

Prueba documental. Carta enviada por ELKIN ECHAVARRIA OLÓZOGA el 22 de septiembre de 1997

Reprodujo su contenido y manifestó que no se apreció correctamente, particularmente en el aparte que dice: “… pues ustedes hicieron posible todo este proyecto con la donación que nos hicieron hace 35 años”; de manera que los intervinientes, por la “donación” efectuada, se consideraban propietarios, pues en su mente era claro que aquella se produjo por parte de la demandante, “a la mal llamada filial Antioquia, que en principio estuvo integrada por siete criadores antioqueños, pero ya para 1980 solo la integraban los tres intervinientes”.

El dictamen pericial

Expresó que el Tribunal pretirió la prueba documental contable arrimada a la inspección judicial, que además hace parte del dictamen pericial practicado por el Dr. JOSÉ HORACIO SALAZAR demostrativo que los terceros “asumían y pagaban al Dr. HÉCTOR GONZÁLEZ hasta el más mínimo gasto de la Finca Terranova desde su vinculación como empleado y muchos años después (…) por su calidad de contratista”.

Al efecto, transcribió el acta de conclusiones (anexo 14 de la experticia), visible en los folios 1 a 3, donde el perito acompaña un cuaderno de los emolumentos que reflejan el pago realizado por los recurrentes en casación a la empresa JACARANDA ECHAVRRIA S.A; citó lo consignado en la experticia y afirmó:

“… no queda ninguna duda que el sostenimiento del puesto de monta se hacía por los señores ELKIN ECHAVARRÍA OLÓZAGA, HÉCTOR DE BEDOUT y ALEJANDRO ECHAVARRIA desde abril de 1978 y abril de 1997.

Siendo ello así es indubitable que los tres intervinientes ejercían actos de señor y dueño sobre los predios objeto de este proceso, y esto lo ignoró el Tribunal. (…) Tales gastos como se puede apreciar en los 12 cuadernos anexos del dictamen acreditan los actos (…) que han efectuado en la Finca Terranova durante más de 20 años y que les han permitido adquirir la misma por prescripción”.

Describió en un cuadro el contenido de cada libro adjunto, enfatizando, que ese tipo de gastos lo presentaron únicamente los recurrentes en casación.

Las declaraciones de los testigos

Comenzó por la versión del 11 de noviembre de 2003 del señor REINALDO CÉSAR CALLE RAVÉ, reproduciéndola, al igual que la de HÉCTOR SANTIAGO VALDERRAMA MOLINA, y explicó que los vecinos de la región reconocen a los intervinientes ad excludendum como poseedores.

Seguidamente destacó las manifestaciones de ÓSCAR OVIDIO GÓMEZ y PASCUAL ECHEVERRI obrantes en los folios 1, 5, 9 del cuaderno 14 y en el 31 del paginario 12, las cuales, dijo,

“son unívocas al reconocer a los intervinientes ad excludendum como únicos dueños y señores de los predios que conforman la Finca Terranova.

Les consta a estos testigos, en razón de que sus funciones laborales han estado vinculadas durante muchísimos años a las actividades de la Finca Terranova, que las únicas personas que han contribuido desde hace más de 20 años al sostenimiento de la misma son los tres criadores antioqueños (…) agrupados entre ellos exclusivamente como Asocriadores de Antioquia. Estos trabajadores vinculados durante muchos años mediante contrato laboral de trabajo a las actividades propias de la Finca Terranova, como administrador, auxiliar contable y oficios varios, les consta que el Sr. GONZÁLEZ estaba igual que ellos contratado por los tres criadores ya citados y que los servicios de monta que se prestan en la Finca Terranova han sido propiedad de esos tres criadores y las yeguas que allí se servían eran las de sus propios criaderos y que también vendían los saltos de sus reproductores a terceros de la región, dineros que alimentaban los bolsillos de los mismos”.

Adicionalmente recordó, que de las versiones de los testigos se extrae que no conocen a los demandantes y nunca recibieron instrucciones ni visitas de los mismos a la Finca, o a algún otro lugar.

Diligencia de Inspección Judicial practicada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá a Libros de Contabilidad

Expresó que el Juzgador no apreció la inspección ocular realizada el 28 de octubre de 2004 a los libros y comprobantes contables de las sociedades JACARANDA ECHAVARRIA y CIA S.C.A y GUADAIRA LTDA, sociedades de propiedad del señor ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA (hoy de sus herederos), diligencia en la que se pudo establecer los gastos sufragados, sin indexar, por la parte ad excludendum, en suma de $92.785.053.oo.

Señaló que los 12 cuadernos en donde se hallan esas cartillas, “hacen parte igualmente del dictamen pericial y a los cuales se hizo referencia anteriormente, pero se incluyen nuevamente para demostrar que hacen parte de dos pruebas ignoradas por el Tribunal”.

El interrogatorio de parte

Refirió que PEDRO JUAN MORENO VILLA, como Representante Legal de la Asociación demandante al absolver el interrogatorio de parte indicó: “desde la adquisición del predio por parte de ASOCRIADORES, los doctores ELKIN ECHAVARRIA, HÉCTOR DE BEDOUT y ALEJANDRO ECHAVARRÍA, en su calidad de Presidente y Vicepresidente y Tesorero del capítulo Antioquia, en su condición de dignatario y representante de la Institución en Antioquia, se dieron a la tarea en nombre de esta de ubicar allí un puesto de monta al servicio de los criadores antioqueños de la RAZA PURA SANGRE INGLESA”, destacando de esa confesión, que el mismo Gerente admite que los únicos criadores antiqueños al frente del puesto de monta, esto es la Finca Terranova son los terceros intervinientes; nadie más, “lo que desdice de la supuesta coposesión de estos con otros amantes de la hípica antioqueña”.

El Tribunal erró al dar por demostrada la existencia de la denominada filial Antioquia de Asocriadores, sin estarlo

Anotó que el concepto de filial viene del derecho comercial; “aún más, debería esta filial, para considerarse como existente, haber estado registrada en el registro (sic) mercantil y haberse allegado el certificado de existencia y representación legal, que así la acreditara. Tal hecho y tal prueba no existen”; de manera que el yerro se torna en manifiesto porque en él se excusa el fallador para negar la posesión de los terceros argumentando coposesión.

El Interrogatorio de ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO

Señaló que se interpretaron mal las respuestas que dio, en especial en lo relativo a una supuesta coposesión, cuando la realidad es que nunca la hubo; “mis poderdantes, desde el inicio fueron los únicos poseedores. Las demás personas, eran invitadas como usuarias de los servicios del puesto de monta. Lo que el Tribunal concluye no tiene asidero probatorio de ninguna clase”.

Finalmente se duele de una:

Interpretación equivocada de la demanda

Informó que el juzgador no entendió que el libelo lo que pretende es la reivindicación de unos predios, que uno de ellos ni siquiera es de la entidad accionante y tal demanda se debe seguir “contra los actuales poseedores”; no obstante, haciendo caso omiso de esa exigencia legal, “le da plena efectividad en la sentencia, como causa motora de su conclusión” al no encontrar demostrada la posesión en el demandado, “a quien considera mero tenedor”.

En fin, concluye, si los recurrentes son los poseedores, el escrito introductorio se dirigió contra persona equivocada, de suerte que la acción no debió ser la de dominio sino de mera tenencia, o a lo sumo posesoria.

Por último advierte, que también se interpretó incorrectamente el escrito de intervención ad excludendum, atribuyéndole un error de técnica del cual carece.

Al efecto expresa:

“El poseedor demandado no está obligado a contrademandar en reconvención. Le basta alegar la excepción de prescripción que fue lo que pretendieron mis poderdantes, pero no se les comprendió el alcance de su intervención por la sentencia acusada. Si el Tribunal lo hubiese mirado en su real y verdadero alcance, habría entendido que lo que están alegando mis representados es la prescripción extintiva que está más que acreditada dentro del proceso”.

CONSIDERACIONES

1.- Como el recurso de casación examinado lo presentaron terceros ad excludendum, útil es recordar que ese instituto regulado en el artículo 53 de la ley de los ritos civiles, se caracteriza porque, un tercero comparece al juicio ejerciendo su derecho de acción y formula pretensiones dirigidas contra ambos extremos de la relación procesal, quienes frente a aquél se convierten en demandados.

La Corte ha señalado al respecto que:

“La intervención ad excludendum, también conocida doctrinariamente como intervención principal, consiste en hacer valer frente a dos partes contendientes en el proceso un derecho propio del interviniente e incompatible con la pretensión deducida en el proceso (ad infringendum iura itrius que competitores), para excluir o quebrar los derechos de los contendientes, aparece consagrada positivamente en el artículo 53 del CPC, para permitir, particularmente por razones de economía procesal, que en un solo proceso se debatan pretensiones de dos o más personas que se consideran como titulares de un mismo derecho discutido en idéntico proceso”. (CSJ SC Sentencia de 5 de marzo de 1990, radicación n. 00062).

La injerencia principal que realizan estos terceros, es primordial justamente porque introduce al trámite una nueva demanda —autónoma por supuesto a las pretensiones de actor y opositor—; que debe ser desatada en sentencia de mérito; por ende, los autoriza para ejercer eficazmente todos los actos necesarios tendientes a proteger sus garantías, inclusive el de presentar el recurso extraordinario de casación.

Por ello se ha dicho, que los terceros excluyentes vinculados con el fallo están habilitados para presentar la referida opugnación, quienes son parte principal con todas las facultades procesales inmanentes a su condición, como la de interponer recursos, puesto que, cual lo señalara el profesor HERNANDO MORALES, “ejercen derechos que se ven vinculados a la relación procesal, hasta el punto de que en ocasiones adquieren la categoría de litisconsortes del demandante o del demandado”.

2. La acción que motivó la presente Litis fue la reivindicatoria, misma que de acuerdo a lo establecido por el artículo 946 del Código Civil, “es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”, esto es, compete al titular del ius in re, "que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa” (artículos 946 y 950 Código Civil), e igualmente se concede “la misma acción aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho” (artículo 951, ídem), (...) (cas. civ. 3 de marzo de 1954, LXXVII, Nos. 2138-2139, p. 75).

Acorde con lo referido, constituyen presupuestos estructurales, concurrentes e imprescindibles de la reivindicación: (i) el derecho real de propiedad en el demandante; (ii) la posesión del demandado; (iii) que la demanda verse sobre bien reivindicable o cuota determinada del mismo y (iv) que exista identidad entre el bien perseguido por el convocante y poseído por el último.

2.1 La prosperidad de la reivindicación, señaló en tiempos recientes la Sala, evocando jurisprudencia precedente, requiere la,

"prueba idónea de la calidad invocada o legitimatio ad causam activa y de las exigencias normativas de la reivindicación (cas. civ. sentencia 031 de 30 de julio de 1996, CCXLIII, pp. 154 ss.), a saber: a) derecho de propiedad del demandante o, en la actio publiciana, posesión regular (artículo 764, Código Civil) durante el plazo legal para adquirir por prescripción (artículo 951, ibídem); b) cosa singular o cuota determinada de ella; c) posesión material del demandado, y d) identidad entre el bien pretendido por el actor y el poseído por el demandado. Sobre esta particular cuestión, tiene dicho la Corte que ‘dentro de los instrumentos jurídicos instituidos para la inequívoca y adecuada protección del derecho de propiedad, el derecho romano prohijó, como una de las acciones in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, Libro VI, Título I, Digesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario -y se sigue autorizando- para reclamar que, judicialmente, se ordene al poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este último, por manera que la acción reivindicatoria, milenariamente, ha supuesto no sólo el derecho de dominio en cabeza de quien la ejerce, sino también, a manera de insoslayable presupuesto, que éste sea objeto de ataque ‘en una forma única: poseyendo la cosa, y así es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho’ (LXXX, pág. 85)… Como lógica, a la par que forzosa consecuencia de lo esgrimido en el párrafo anterior, emergen las demás exigencias basilares para el éxito de la acción reivindicatoria, cuales son, que ella recaiga sobre una cosa singular o cuota indivisa de la misma, y que exista identidad entre la cosa materia del derecho de dominio que ostenta el actor y la poseída por el demandado’ (cas. civ., sentencia del 15 de agosto de 2001, expediente No. 6219; subrayas fuera del texto). Justamente, ejercida la actio reivindicatio por el dueño de la cosa, sobre éste gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (artículos 43 y 54 del D. 1250 de 1970; cas. civ. sentencias de 30 de julio de 2001, exp. 5672 y 6 de octubre de 2005, exp. 7895) y también debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aquél cuyo dominio invoca y de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado". (CSJ C.S. Sentencia de 28 de febrero de 2011, radicación n. 1994-09601-01).

En esta clase de juicio, se enfrentan varias posiciones: en primer lugar, la del demandante que afirmándose dueño de la cosa, procura recuperarla de manos del poseedor; también la de este último, quien enarbola en su favor la presunción de dominio establecida en el artículo 762 del Código, misma que por ser de carácter legal admite prueba en contrario. Finalmente, puede suceder que exista un enfrentamiento de títulos entre ambas partes, para lo cual, prevalecerá el de mejor calidad.

Por el sendero del ejemplo, lo explicó esta misma Corte en jurisprudencia añeja al señalar:

“En la acción consagrada por el art. 950 del C.C pueden contemplarse varios casos: llámase Pedro el demandante y a Juan el demandado. 1º Pedro, con títulos registrados en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1911. Debe triunfar Pedro. 2º Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1909. Debe triunfar Juan. 3º Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión comenzó en 1909 y presenta además otro título registrado con el cual comprueba que su autor fue causahabiente de Diego desde 1908. Debe triunfar Pedro, no por mérito de su título, sino por mérito del título del autor. En estos tres casos, referentes a una propiedad privada, se ha partido de la base de que Juan es poseedor sin título. Cuando lo tiene se ofrecen otros casos harto complejos”. (Sentencias de 26 de febrero de 1936, XLIII, 339; 5 de junio 1957, LXXXIX, 435).

De manera general, deberá acreditar el actor, a más de la existencia de un título, la ocurrencia del modo en virtud del cual incorporó a su activo patrimonial el bien materia de reivindicación, debiéndose tener en cuenta, en orden a la satisfacción de la anotada carga y, en cuanto toca con el título, que cuando entraña acto jurídico “de disposición o gravamen de bienes inmuebles”, es de naturaleza solemne en la medida que debe hacerse constar por medio de escritura pública, a lo que le sigue, puesto que debe demostrarse, que se cumplió con la formalidad de la inscripción, según lo previene el artículo 756 del Código Civil y demás normas registrales concordantes, so pena de que no pueda atribuírsele mérito probatorio.

3. El caso examinado, fue despachado favorablemente a las pretensiones reivindicatorias respecto de cuatro de los cinco inmuebles disputados, decisión que ratificó el Tribunal al adoptar la sentencia combatida en este escenario excepcional.

4. Antes de acometer el estudio del único cargo admitido soportado en la infracción indirecta de reglas sustanciales por la incorrecta valoración de los elementos persuasivos, conviene recordar algunas cuestiones fácticas con relevancia dentro del asunto, que aparecen demostradas:

a.- La empresa demandante, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, tiene domicilio principal en Bogotá, pero tiene igualmente un establecimiento en Antioquia, según se desprende del Acta No 124 de 11 de mayo de 1959, aprobada por la Asamblea General, designándose como Presidente al señor ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA.

b.- La Asociación adquirió mediante escritura pública No 2585 del 9 de agosto de 1962, otorgada en la Notaría Séptima del Circulo de Medellín (título justo), cuatro predios identificados como lotes a), b), c) y e), inmuebles que se conocen como Finca “Terranova” y por las cuales se canceló la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000.000.oo). (Folios 4, 5 y 6 fte y vto del cuaderno de intervención).

c.- En el mismo instrumento, respecto del predio d), consignó que se transmitían “los derechos que por gananciales corresponden o puedan corresponder en el juicio de sucesión ilíquida de la señora MARÍA ANTONIA LÓPEZ DE MURILLO, derechos que se vinculan exclusivamente a un lote de terreno con una superficie aproximada de media cuadra, con sus mejoras y anexidades (…)”.

d.- La identidad del inmueble reclamado y del poseído apareció acreditada conforme a lo verificado en la inspección judicial (folios 1, 2 del cuaderno 15).

e.- Los intervinientes, ahora recurrentes en casación, promovieron proceso ordinario de pertenencia contra la Asociación, obteniendo sentencia adversa en primera instancia mediante proveído de 22 de noviembre de 1999 (folio 726-736), ratificada por el Tribunal con decisión de 16 de mayo de 2000 (folios 521-542).

5.- La acusación enfatiza, que con los yerros de facto atribuidos a la decisión del ad quem, no se pretende desconocer la conclusión relativa a que el demandado HÉCTOR GONZÁLEZ RESTREPO, no está en posesión del inmueble, sino que se reconozca la de los terceros intervinientes y el tiempo de la misma, a partir de la preterición y/o tergiversación de las siguientes pruebas:

a.- Carta de 22 de septiembre de 1997 signada por ELKIN ECHAVARRIA OLÓAGA.

b.- El dictamen pericial, demostrativo que los terceros cancelaban a HÉCTOR GONZÁLEZ todos los gastos de la Finca Terranova desde su vinculación como empleado.

c.- Las declaraciones de los testigos REINALDO CÉSAR CALLE RAVÉ, HÉCTOR SANTIAGO VALDERRAMA MOLINA, ÓSCAR OVIDIO GÓMEZ y PASCUAL ECHEVERRI, según los cuales, expresó, los reconocen “como únicos dueños y señores de los predios que conforman” la heredad reclamada.

d.- Diligencia de Inspección Judicial practicada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá a Libros de Contabilidad, acorde con la cual, anotó, aparecen los reflejos financieros de que las empresas JACARANDA ECHAVARRIA y CIA S.C.A y GUADAIRA LTDA, de propiedad del señor ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA (hoy de sus herederos), incurrieron en gastos que alcanzan los $92.785.053.oo.

e.- Interrogatorio de parte del Gerente de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIDORES DE CABALLO, Dr. PEDRO JUAN MORENO VILLA, quien indicó que los intervinientes estuvieron al frente del puesto de monta, ubicado en la Finca Terranova, y del señor ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO.

Ninguno de esos medios de convicción sufrieron una errada valoración o se pretirieron según la queja de la parte impugnante en casación, por las siguientes razones:

5.1 Sobre la misiva de 22 de septiembre de 1997 suscrita por ELKIN ECHAVARRIA OLÓAGA, lejos de desconocerse su contenido y objetividad misma, el juzgador la analizó cabalmente.

La misiva decía, in extenso:

“Santa Fe de Bogotá, septiembre 22 de 1997

Señor Presidente y demás miembros del Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE CABALLO PSI

Estimados señores:

En agosto de 1962 el entonces presidente de la Asociación. Señor Ernesto Cubides, me envió un poder para que yo comprara un terreno a nombre de la Asociación, filial de Antioquia, para construir un puesto de monta para los 7 criadores que existíamos en ese entonces. Nos enviaron la suma de $120.000.oo para el terreno y de allí en adelante nosotros tuvimos que poner para construir las pesebreras y demás anexos que necesitaba el puesto de monta.

Me permito adjuntarles la escritura de compra de hace 35 años y los poderes que me envió la Asociación para llevar a cabo la compra. Desde esa época los criadores Antioqueños nos encargaremos de todos los gastos para el sostenimiento del puesto de monta.

Sin embargo, ya para el año 1908 no quedábamos si no (sic) tres criadores y entonces para no cerrarlo y venderlo, yo me encargué de seguirlo sosteniendo pues ya nos había llegado el reproductor KABORI que estaba sindicalizado y no lo quería tener en mi finca debido a esa circunstancia.

En mi oficina se han gastado hasta la fecha aproximadamente $64.000.000.000.oo. y allí existen todos los comprobantes correspondientes a estos gastos, son de mantenimiento de los edificios, valorizaciones del municipio de Rionegro, impuestos prediales, etc.

En varias ocasiones hemos hablado que hacer con el puesto de monta cuando saliera KABORI y llegamos a la conclusión que este se vendería y luego de pagarme a mi todos los gastos, hechos desde 1980, el dinero sobrante se le regalaría a una de las fundaciones para niños de las cuales hay varias muy necesitadas en Medellín.

Sin embargo, ahora vemos visto grandes posibilidades de darle un empuje a la hípica nacional después de ver el éxito que está teniendo el hipódromo de los comuneros y hemos pensado más bien en usar este dinero para capitalizar el hipódromo. Haríamos una fundación con estos fondos para invertirlos en acciones de esta compañía, para que ellos pudieran adicionarlo con nuevas tribunas y equipos que le darían una dimensión con más brillo al espectáculo. En caso que por alguna razón se tuviera que liquidar el hipódromo, los fondos que quedaran regresarían a la fundación y ésta a su turno se les podría donar a otra fundación infantil de Medellín.

Naturalmente para poder hacer todo esto yo necesitaría el visto bueno de ustedes, pues ustedes hicieron posible todo este proyecto con la donación que nos hicieron hace 35 años.

Desafortunadamente los cuentos se riegan y ya todo el pueblo aficionado a la hípica Antioqueña, están llenos de ilusión con este empuje tan inesperado que va a recibir la hípica local.

Les agradecería una pronta respuesta a mi fax en MIAMI, donde estaré durante 5 días. Mi fax allí es el número 305-3850198. Estoy seguro que ustedes también van a estar de acuerdo con este plan, que le puede devolver a la hípica nacional un futuro más seguro y brillante.

De ustedes muy atentamente.

ELKIN ECHAVARRIA OLOZAGA”. (Subraya fuera de texto).

5.1.1 Destaca la censura, el aparte relacionado con “la donación que nos hicieron hace 35 años”; empero se observa que, tal aspecto por no haber sido alegado en las instancias constituye un hecho nuevo que no fue propuesto en el ámbito de los momentos procesales que la ley confiere para ese propósito, por tanto, no puede ser ahora objeto de análisis en este excepcional medio de impugnación.

Aceptar en el recurso de casación de que aquí se trata, la introducción de puntos novedosos conduce a la violación del derecho de defensa, llamado a impedir que una parte sorprenda a la otra con explicaciones fácticas que no fueron ventiladas en el trámite del asunto.

Así lo decantó la jurisprudencia cuando asentó que “se violaría el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría podido defender su causa. (Sentencia de 1º de marzo de 1955, G.J. LXXXIII, pág. 76, reiterada en fallo de 3 de agosto de 2014, radicación n. 1998 07770, entre otros).

Era necesario precisar lo anterior porque, el recurso va dirigido contra la sentencia en sí, en cuanto ha desatado una controversia teniendo presente los elementos aducidos y los hechos invocados en ella y no ajenos al litigio, por tanto desconocidos por el juez.

De todos modos, enfatiza la Sala, si se hiciera abstracción de lo anterior, tal indicación no constituye por sí sola, menos cuando su elaboración deviene del mismo ELKIN ECHAVARRIA, prueba suficiente del justo título de los recurrentes por esa presunta donación alegada; menos aún cuando el proceso de transferencia del dominio de las cosas impone, tratándose de inmuebles, el cumplimiento de unas formalidades. Una interpretación diversa, por demás, equivaldría tanto como a autorizar la fabricación de la propia prueba al amparo de la creación del contenido de quien la aporta.

5.1.2 Por otro lado, el pliego denunciado por la crítica, como lo encontró el Tribunal, sirvió de fundamento para denegar las súplicas dado que, precisamente esa comunicación demuestra que los criadores de Medellín estaban reconociendo pleno dominio ajeno en esa entidad. Asímismo lo entendió la jurisdicción en sentencias de 22 de noviembre de 1999 y de 16 de mayo de 2000 (las dos instancias) al no prosperar el proceso de pertenencia instaurado por los terceros contra la Asociación.

En efecto, la solicitud de autorización para enajenar los predios constitutivos de la Finca Terranova implica que aceptaban, al menos para la fecha de radicación de ese escrito (septiembre de 1997), propiedad en persona distinta de la que ocupa o goza de la tenencia de la res.

Por ende, el error atribuido en la apreciación de ese medio de convicción resulta infundado.

5.2 Cuanto hace a la preterición del dictamen pericial, demostrativo al decir del libelo casacional que los terceros cancelaban a HÉCTOR GONZÁLEZ todos los gastos de la Hacienda Terranova desde su vinculación como empleado, y a la inspección judicial practicada a los asientos contables de las Sociedades JACARANDA ECHAVARRIA y CIA S.C.S y GUADAIRA LTDA, de propiedad de los herederos del señor ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA, el Tribunal sí valoró esos elementos persuasivos.

5.2.1 En efecto, la decisión combatida precisó que a partir de 1982 los recurrentes asumieron algunos gastos “cubiertos de otras sociedades de las que también eran socios verbigracia JACARANDA ECHAVARRIA y COMPAÑÍA S.C.S., que por sí solos no denotan señorío sobre los inmuebles, pues tal filial siguió generando otros ingresos de su propia actividad, los supuestos poseedores reclamaron los gastos efectuados sobre los predios y reconocieron dominio ajeno en el año 1997 ante la Asociación. De manera que no acreditaron su posesión como personas naturales, sino que continuaron la administración de los inmuebles a nombre de la filial Antioquia de la Asociación demandante, por lo menos, hasta el año 1997”. (Negrilla original del texto).

5.2.2 La inspección judicial practicada a los libros de contabilidad de las empresas mencionadas (folios 154 a 156 del c. 12) da cuenta de doce libretas aportadas por el apoderado de la parte demandada ad excludendum discriminados así: (i) pagos de subsidio familiar a trabajadores; (ii) a entidades parafiscales de los empleados de la Finca Terranova; (iii) cesantías; (iv) primas, vacaciones, sueldos; (v) servicios públicos e impuestos prediales; (vi, vii y viii) gastos de mantenimiento y conservación (ix, x, xi y xii) pagos realizados por la SOCIEDAD JACARANDA ECHAVARRIA al veterinario HÉCTOR GONZALEZ de acreencias laborales, viales, permisos, uniformes, equipos, transporte, gasolina, reembolsos y otros.

El dictamen rubricado por el experto Dr. JOSÉ HORACIO SALAZAR MAZO (folio 33), precisó, atendiendo lo informado por quienes atendieron la diligencia, “que en la Finca Terranova no existe en la actualidad algún bien mueble, máquina o equipo de propiedad de los señores ALEJANDRO ECHAVARRIA OLÓZAGA, HÉCTOR DE BEDOUT TAMAYO y ELKIN ECHAVARRIA o sus herederos”.

Igualmente dejó sentado la experticia que la información que la parte ad excludemdum “ha acumulado en el proceso” muestra que los egresos efectuados para el mantenimiento del puesto de monta los ha ejercido la empresa hoy llamada JACARANDA S.A, acompañando un anexo—informe “del estudio y análisis de cada uno de los cuadernos que solicitó el Despacho se tuvieran en cuenta para la realización del presente dictamen, los cuales indicaron al perito sobre la necesidad de viajar a la ciudad de Bogotá”.

5.2.3 No obstante lo anterior, y si bien el detalle de los pagos aparece en esos medios de convicción —informe técnico e inspección judicial— observa la Sala que, de un lado, la contabilidad, cual ya lo hubiere advertido la justicia, “demuestra que los gastos del predio y del puesto de monta siempre se realizaron por la filial, la cual obtenía sus ingresos de los aportes de los asociados, de servicios prestados y de aportes de la actividad hípica, ello al menos hasta 1982, de allí en adelante los gastos se hicieron por los demandantes a través de sus sociedades. (…) todo gasto, acto, inversión y aporte que han realizado para su sostenimiento, mantenimiento y mejora, lo han realizado como asociados de la Filial Antioquia”.

De donde, los actos de posesión esgrimidos fundados en los pagos realizados a que refieren esas pruebas, no fueron preteridos, tampoco distorsionados en su valoración; simplemente apoyaron la realidad incontestable de que aquellos no se hicieron a título personal, sino en calidad de miembros de la filial.

Si el ánimo con que se realizaron esas erogaciones fue motu proprio, surgiría después de la negativa de la Asociación en 1997 para autorizar la venta del bien; no de otra forma se explica que los criadores de Antioquia rindieran cuentas a la parte actora a través de sus balances y estados de egresos e ingresos. Así discurrió la justicia en aquél proceso de pertenencia —en ambas instancias— y lo comprendió la decisión aquí controvertida.

No se configura, por consiguiente, la preterición de prueba planteada en la demanda.

5.3 Frente a las declaraciones de los testigos REINALDO CÉSAR CALLE RAVÉ, HÉCTOR SANTIAGO VALDERRAMA MOLINA, ÓSCAR OVIDIO GÓMEZ y PASCUAL ECHEVERRI, según los cuales, expresó, los reconocen “como únicos dueños y señores de los predios que conforman” la heredad reclamada, conviene hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, si bien esos declarantes señalan que asumían que los dueños de la heredad eran los criadores de caballo de Antioquia, sus versiones lejos se encuentran de precisar fechas, títulos de adquisición etc.

Lógicamente convienen en que siempre los vieron como tales, pero por supuesto no en el sentido jurídico que va ínsito a la condición de poseedores, entre otras porque desconocían contablemente de donde provenían los recursos para el sostenimiento del predio.

Ahora bien, tales versiones, no son coincidentes con la totalidad de manifestaciones habida en el juicio. Así, el señor FRANCISCO BOTTA SUTER, al preguntársele sobre las razones de su citación indicó que fue Presidente de la empresa actora; y para el año 1995 recibió una carta de ELKIN ECHAVARRIA solicitando permiso para vender el puesto de monta de la Asociación en Rionegro con miras a capitalizar el hipódromo de los comuneros, pero el pedimento se puso a consideración de la Junta Directiva y ante la negativa iniciaron las desavenencias. Igualmente manifestó, que aunque nunca dio instrucciones directamente a los empleados del puesto de monta, no lo hizo porque, “La Asociación Central en Bogotá delegó esa función en los criadores antioqueños”. (Folios 9-12 cuaderno de pruebas).

JOSÉ MARÍA ORTEGA (folios 13-20 c. ídem) indicó de las dificultades existentes con el remisor de la carta que pedía permiso para transferir los predios donde funcionaba la filial Antioquia, cuya negativa detonó las reclamaciones que los criadores de esa región formularon ante la justicia en acción de pertenencia, la cual, una vez fracasó en las respectivas instancias, dio lugar a los requerimientos realizados a HÉCTOR GONZÁLEZ, no haciendo lo propio con los terceros ad excludendum porque, expuso, “ni Don ELKIN ECHAVARRIA ni HÉCTOR DE BEDOUT ni ALEJANDRO ECHAVARRIA visitaban el predio, ni en esos momentos tenían nada en el predio (…)”. Recalcó de otro lado, que no son poseedores porque la transferencia de la finca obedeció “a un acto de confianza de la Asociación para con los miembros de su Junta Directiva para beneficio de todos los criadores que quisieran hacer uso del puesto de monta por estar en la cercanías”.

Además dijo, que después de la muerte de ELKIN ECHAVARRIA sus hijos no son continuadores de ninguna posesión pues, “viven en Bogotá o en los Estados Unidos o en Francia o en México o en Suiza y liquidaron el criadero Santa Lucía que era de propiedad de su padre. ALEJANDRO ECHAVARRIA ya no tiene caballos de carreras ni es criador y HÉCTOR DE BEDOUT tiene su criadero en Carmen de Vilboral y no necesita usar esas tierras”.

Lo anterior armoniza con el dicho de FERNANDO SÁNCHEZ COLLINS (folios 20 23), quien a más de recalcar sobre las “absurdas pretensiones” de esos terceros, señaló que ante tan violentos actos, la Asociación y sus miembros en particular han asistido “como criadores y asociación al puesto de monta para cuidar y observar nuestra sociedad”.

Síguese de lo expuesto que no hay univocidad en la totalidad de testificales recabadas, menos aún cuando, la declaración de quien dijo ser el administrador de una Finca de propiedad de ELKIN ECHAVARRIA, señor HECTOR SANTIAGO VALDERRAMA MOLINA, fue contradictoria entre lo dicho en el trámite del proceso de pertenencia (debidamente allegado como prueba trasladada) y lo confirmado en el reivindicatorio del que conoce la Sala, pues allá no pudo afirmar si los criadores antioqueños corrían con los gastos de la heredad por cuenta propia o por delegación de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADERO DE CABALLOS PSI, ni tampoco pudo determinar, con grado de certeza, los títulos con que adquirieron la finca y cuáles eran esos actos de señorío específico que realizaban.

Lo reseñado demuestra, que en la actuación confluyen varios tipos de versiones; unas para las que los terceros intervinientes siempre tuvieron ánimo de dominio, y otras para las que, cual se asentó, actuaron por un acto de delegación de la demandante.

En tal caso, mal puede estructurarse el desatino de facto atribuido a la sentencia puesto que,

«(…) cuando se enfrentan dos grupos de testigos, el juzgador puede inclinarse por adoptar la versión prestada por un sector de ellos, sin que por ello caiga en error colosal, único que autorizaría el quiebre de la sentencia, pues “...‘en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde a él dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión desechando otro’ (G.J. tomo CCIV, No. 2443, 1990, segundo semestre, pág. 20), (…)».

5.4 También se duele el libelista de los alcances dispensados al interrogatorio de parte del señor PEDRO JUAN MORENO VILLA, Representante Legal de la parte actora.

5.4.1 Según la crítica, él manifestó que desde que los ASOCRIADORES recibieron la heredad, ELKIN ECHAVARRIA, HÉCTOR DE BEDOUT y ALEJANDRO ECHAVARRÍA, en su calidad de Presidente, Vicepresidente y Tesorero respectivamente del capítulo Antioquia, “se dieron a la tarea en nombre de esta de ubicar allí un puesto de monta al servicio de los criadores antioqueños de la RAZA PURA SANGRE INGLESA” (subraya fuera de texto), destacando de esa confesión, que el mismo Gerente admite que los únicos criadores antiqueños al frente del puesto de monta son los terceros intervinientes; nadie más, “lo que desdice de la supuesta coposesión de estos con otros amantes de la hípica antioqueña”.

El interrogado clarificó que los criadores antioqueños atendían instrucciones de la Junta Directiva Central y las decisiones de la Asamblea General, “siguiendo siempre los lineamientos y orientaciones de las Directivas Nacionales de Asocriadores”, y respecto a la pregunta de si la empresa demandante realizó erogaciones para el sostenimiento de la Finca Terranova contestó: “El sistema era el siguiente: Los Representantes de ASOCRIADORES de Antioquia, o sea los dignatarios del capítulo de Antioquia, elaboraban mensualmente en una planilla ingresos y egresos del puesto, los cuáles eran enviados a Bogotá para el reembolso correspondiente, como le manifesté no tengo la cifras en la cabeza pero todas ellas obran en el expediente”.

La confesión alude a la afirmación realizada por una parte sobre hechos que puede producirle consecuencias jurídicas adversas o que favorezcan al extremo opuesto de la relación procesal; y puede ser, merced a lo previsto por el canon 194 provocada o espontánea. Asimismo, el precepto subsiguiente gobierna los requisitos que deben colmarse para derivarle efectos en el mundo del derecho.

En el orden expuesto, lo dicho en el escrito del recurso, antes que validar la tesis ensayada por el recurrente lo que hace es afianzar la conclusión a la que arribó el sentenciador, pues de tal declaración no se desprenden actos de posesión propios de los terceros, ni mucho menos que fuera exclusiva; lo que brota es que esos criadores de Antioquia, “se dieron a la tarea en nombre de esta” — refiriéndose a la Asociación promotora del proceso— y siguiendo los lineamientos y directivas del nivel central de continuar con sus políticas.

5.4.2 Para la parte recurrente, igualmente erró el sentenciador en la valoración del interrogatorio rendido por ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO en cuanto a sus afirmaciones alusivas a la coposesión entre varias personas; dijo que la tenencia con ánimo de señorío fue exclusiva, “las demás personas eran invitadas como usuarias de los servicios del puesto de monta”. (Negrilla fuera de texto)

El Tribunal al respecto consideró:

“Finalmente, la falta de posesión exclusiva, contrario a lo dicho por el recurrente, sí lleva al traste la pretensión de ganar el dominio por prescripción, en razón a que debe demostrarse que la misma es excluyente, esto es, la creencia de sentirse dueño debe ser tal, que se posea con desconocimiento de las demás”.

Cotejado el embate y el aserto del juzgador plural, la acusación, en primer lugar luce desenfocada, pues, al hablar la sentencia de coposesión, hacía referencia a los actos que también ejecutó como poseedor el demandado —no personas distintas o invitadas— conclusión a la que se arribó teniendo en cuenta, entre otras pruebas, las decisiones proferidas por las Inspecciones de Policía al establecer “que los intervinientes usaban y disfrutaban los inmuebles al igual que HÉCTOR AUGUSTO GONZÁLEZ RESTREPO”.

Se observa, por ende, un desenfoque técnico, toda vez que los argumentos enarbolados para cimentar el error desconoce la consonancia y congruencia debida respecto a lo que expresó la sentencia que se censura.

A más de lo anterior, el reproche, de configurarse, devendría en intrascendente pues, la razón toral para denegar lo pedido por los intervinientes y recurrentes en casación, no se originó únicamente en la mencionada coposesión, sino, básicamente en la insuficiencia del tiempo necesario para usucapir.

En efecto, su calidad de poseedores, a lo sumo se aceptó con posterioridad a la carta donde reconocían dominio ajeno de 22 de septiembre de 1997; así lo dijo el fallo combatido al discurrir: “lo anterior es suficiente para desvirtuar la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria en tanto uno de los elementos que la estructuran no se configuró, cual es la posesión por un lapso de veinte años”. (Negrilla original del texto), lo que indica que para la época en que se presentó la demanda (folio 64 del c.p), marzo de 2001, solo llevarían poco más de cuatro años como tales.

Conviene recordar sobre el particular que,

“... para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso”. (CSJ SC Sent. 19 de mayo de 2004, Radicación n. 7145. Reiterado en Cas. Civ. Nov. 9 de 2006, Radicación n 00684 – 01).

Por ende, al margen del mérito que le hubiera otorgado el Tribunal a esa versión, la conclusión sería la misma respecto de los intervinientes por ausencia de la totalidad de requisitos que los llevarían al éxito de la prescripción adquisitiva reclamada.

5.4.3 Atañedero al error consistente en que el Tribunal “dio por demostrada la existencia de la denominada Filial Antioquia de Asocriadores sin estarlo”, debe decirse desde ya, con independencia de las argumentaciones basadas en los alcances de esa figura en el marco del derecho mercantil que, por la misma razón analizada en precedencia, esa es cuestión insubstancial e intrascendente; pero además también constituye hecho nuevo al no proponerse en los debates de ambas instancias, lo que conlleva a su desestimación.

5.4.4 Planteó un ataque concretado en una equivocada interpretación de la demanda porque, dijo, no se comprendió que lo pretendido “es la reivindicación de unos predios, que uno de ellos ni siquiera es de la entidad demandante” y que el proceso debía seguirse contra los actuales poseedores.

Además agregó que si los recurrentes eran los poseedores, el libelo se dirigió “contra persona equivocada” máxime cuando, si el Tribunal no aceptó que eran poseedores, entonces la acción no debió ser la de dominio sino de mera tenencia.

El reproche propuesto al fallo de segundo grado apuntalado en la modalidad del error mencionado, reclama que sea de tal magnitud que incida significativamente en la forma como se resolvió el debate, al producir un resultado contrario a la realidad procesal, dejando por fuera los argumentos de la cuestión litigiosa que no alcanzan a derrumbar lo resuelto, dada la presunción de legalidad y tino con que arriba a la Corte.

Al respecto, ha señalado la Sala que,

“(…) la apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo.

Para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (…)

La falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda '...le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido' (G.J. t. CXXXIX, pág. 136) en lo que atañe a la causa pretendí hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada”. (CSJ SC 19 Oct. 1994, Rad. 3972. Reiterado en CSJ SC 18 Dic. 2013. Rad. 12000-01098-01). (Subraya fuera de texto).

Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, gravita en la afectación de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de facto al interpretar indebidamente la demanda.

Contrastado el embate con la providencia de segunda instancia y el libelo incoativo (folio 1-64 del c.1) se encuentra que el Tribunal le dispensó una cabal hermenéutica al escrito introductor puesto que, el análisis de la sentencia combatida recoge un estudio vinculado a lo pedido en el proceso, por manera que ab initio descarta cualquier reproche. En efecto, el ad quem entendió y puso al descubierto la aspiración ahora de la parte actora, cuando reivindicó cuatro de los cinco bienes que componen la Finca Terranova de acuerdo con las previsiones del artículo 964 del C.C; es decir la de dueño de cosa singular que no está en posesión de ella.

Ahora bien, es el accionante quien escoge a la parte demandada, en este caso, atendiendo los presupuestos de la acción reivindicatoria, y el señor GONZALEZ RESTREPO se opuso a las súplicas al amparo de su alegada condición de poseedor (folios 87 y ss del c.p). De tal forma, el sentenciador entendió el caso discurriendo de conformidad y, por cuanto no halló prósperas las defensas formuladas por el opositor, y encontró demostrados los hechos invocados en el libelo, se acogieron las súplicas.

Lo dejó sentado el órgano de segunda instancia en estos términos al referirse al señor HÉCTOR GONZÁLEZ RESTREPO:

“En el sub judice se acreditó que el demandado sólo tuvo ánimo de señor y dueño durante un breve y reciente lapso y sólo a partir de 1998, pues se demostró que ingresó allí como tenedor, (…) No obstante no probó la fecha desde la cual mutó su calidad de ocupación sobre los inmuebles (…)”.

Por demás, y aún aceptándose que la demanda se dirigió contra sujeto pasivo equivocado, el aspecto se superó, quedando saneado, con la intervención que como terceros ad excludendum formularon los recurrentes en el trámite de la primera instancia y en la que alegaron la posesión de los inmuebles bajo Litis.

Sobre el otro punto que soportó la presunta hermenéutica incorrecta del libelo al desconocer que uno de los inmuebles “ni siquiera es de la entidad demandante”, baste recordar que precisamente el lote d), no fue reivindicado por no tener la parte actora justo título sobre el mismo; así lo entendió el a quo y lo ratificó el juez colegiado.

De tal suerte, no puede atribuirse un desatino en la apreciación de la demanda; menos aún cuando ese error sólo se configura si el sentenciador incurre en un protuberante u ostensible desliz, de manera que refulja la contrariedad de lo por él percibido o captado, con el contenido integral de aquella pieza procesal.

5.4.5 A propósito de la interpretación equivocada del escrito de intervención, se tiene que el mismo expresó:

“El poseedor demandado no está obligado a contrademandar en reconvención. Le basta alegar la excepción de prescripción que fue lo que pretendieron mis poderdantes, pero no se les comprendió el alcance de su intervención por la sentencia acusada. Si el Tribunal lo hubiese mirado en su real y verdadero alcance, habría entendido que lo que están alegando mis representados es la prescripción extintiva que está más que acreditada dentro del proceso”. (Negrilla fuera de texto).

Sea suficiente para desestimar la acusación en los términos planteados que, cotejado el escrito de los señores HÉCTOR DE BEDOUT TAMAYO, ALEJANDRO ECHAVARRIA RESTREPO y MARÍA TERESA ELENA ECHAVARRIA OLANO, quien obra como heredera de la sucesión de ELKIN ECHAVARRIA OLÓZAGA visible en los folios 57 a 70 del cuaderno n. 6, por una parte, como lo dice el Tribunal, no se formuló en estrictez demanda alguna, lo que guarda sujeción con el artículo 53 del CPC al exponer: “quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se reconozca”.

Dicho escrito, se redujo a pedir que “se admita como respuesta a la demanda reivindicatoria la excepción de fondo de prescripción adquisitiva de dominio a favor de mis poderdantes”, lo que contrasta con lo suplicado en este recurso excepcional donde se insistió que lo alegado es la “prescripción extintiva”.

Sabido se tiene que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos de otro, por haberse poseído y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo (Art. 2512).

Ambas, por supuesto, son disímiles conceptualmente y, dado que lo reclamado en casación fue una cuestión no invocada en las instancias y en particular en el escrito de intervención, tal circunstancia se erige en un hecho nuevo inadmisible en este momento procesal, pues se cercenaría el derecho a la defensa de las partes.

5.5 A modo de conclusión, bueno es recordar, como se sabe, que el funcionario judicial en los diferentes grados, goza de la prudente autonomía para evaluar todo el caudal probatorio, sin que ello implique, por supuesto, que al abrigo de esa libertad, desconozca la razonabilidad, lógica y coherencia mínima exigibles a la decisión judicial que se controvierte; escrutinio que bajo esos parámetros debe ser respetado y aceptado en sede de este recurso extraordinario.

De tal suerte, la potestad de los juzgadores de instancia para sacar sus propias inferencias de aquél conjunto de pruebas, por supuesto mientras no sean contraevidentes, ilógicas y arbitrarias, son inmodificables en casación.

Se hacía necesaria la acotación final precedente porque, el argumento esencial de la censura, no asoma a dudas, se limitó a plantear una fundamentación distinta desde su propio ángulo para que, al abrigo de ese entendimiento se dispensara a la realidad fáctica sobre la que gravitó la contienda una solución que condujera al fallador acusado a revocar la decisión de primer grado, declarando la prescripción adquisitiva de dominio de los bienes bajo Litis a los terceros intervinientes.

Habida cuenta de las motivaciones condensadas, y por establecerse que lo invocado en el cargo es una apreciación diversa a la manera en que el sentenciador valoró los diversos medios de convicción adosados al plenario, más parecido a un alegato de instancia, fracasa la acusación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE

Primero.- NO CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2012 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido identificado en el encabezamiento de esta providencia.

Segundo.- CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo) M/cte., por haber sido objeto de réplica.

NOTIFÍQUESE

LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de Sala)

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

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