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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3134-2019

Fecha
30 de julio de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3134-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el primero (1°) de junio de dos mil doce (2012), en el proceso que instauraron PEDRO PABLO MURILLO COLMENARES y ARELIS POVEDA RONDEROS, en nombre propio y en representación de los menores W.J., D.A., y C.C. MURILLO POVEDA, MARÍA DEL ROSARIO COLMENARES y DAVID ALEXANDER MURILLO COLMENARES, contra la COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER –COAGRONORTE LTDA.- y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AVANZAR PROFESIONAL. Sin costas, en sede extraordinaria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3134-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

30 de julio de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL3134-2019

Radicación n.° 58437

Acta 025

Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PEDRO PABLO MURILLO COLMENARES y ARELIS POVEDA RONDEROS, en nombre propio y en representación de los menores W.J., D.A., y C.C. MURILLO POVEDA, MARÍA DEL ROSARIO COLMENARES y DAVID ALEXANDER MURILLO COLMENARES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 1 de junio de 2012, en el proceso que instauraron contra la COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER –COAGRONORTE LTDA.- y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AVANZAR PROFESIONAL.

Se acepta la renuncia presentada por el abogado Samir Alberto Bonett Ortiz, allegada el 20 de junio de 2017, en su calidad de apoderado de la parte demandante (f.° 14 del cuaderno de la corte), en los términos del artículo 76 del CGP.

ANTECEDENTES

Pedro Pablo Murillo Colmenares y Arelis Poveda Ronderos, en nombre propio y en representación de los menores W.J., D.A., y C.C. Murillo Poveda, María del Rosario Colmenares y David Alexander Murillo Colmenares llamaron a juicio a las Cooperativas Agropecuaria del Norte de Santander –Coagronorte Ltda.- y de Trabajo Asociado Avanzar Profesional, con el fin de que se declarara: que entre la primera y Pedro Pablo Murillo Colmenares existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido; que la otra actuó como intermediaria en la relación laboral en los términos del artículo 35 del CST; que ambas eran solidariamente responsables y debían ser condenadas a pagarles los perjuicios materiales, morales y de la vida de relación a causa de un accidente de trabajo sufrido por el trabajador; la indexación de las condenas, y las costas procesales.

Fundamentaron sus peticiones, en que Pedro Pablo Murillo Colmenares nació el 14 de febrero de 1968; que es hijo de María del Rosario Colmenares y hermano de David Alexander Murillo Colmenares; que estaba casado con Arelis Poveda Ronderos, de cuya unió nacieron los menores W.J., D.A. y C.C. Murillo Poveda, los días 4 de noviembre de 1994, 30 de octubre de 1997 y 11 de octubre de 2004, respectivamente.

Expusieron, que Pedro Pablo Murillo prestó sus servicios a favor de Coagronorte Ltda., a través de la CTA Avanzar Profesional, entre el 15 de enero de 2007 y el 21 de mayo de 2008; que dicha relación fue laboral, bajo la continuada subordinación respecto del empleador, en su sede de operaciones, con los medios materiales de propiedad de esta, en el horario de los demás trabajadores; que recibía un salario mínimo legal como contraprestación, aunque formalmente se llamó compensación, y se le pagó a través de la CTA, que era una mera intermediaria.

Afirmaron, que el 21 de mayo de 2008, en la sede de Coagronorte Ltda., ubicada en el kilómetro 8 vía El Zulia, el señor Murillo Colmenares sufrió un accidente de trabajo cuando se dirigía a reportar un daño a los mecánicos, se cayó encima de una máquina sinfín, que es una sierra mecánica que le atrapó los pies; que como consecuencia sufrió la amputación de ambas piernas a nivel del tercio proximal de la tibia bilateral; que la causa del accidente fue la negligencia de Coagronorte Ltda., pues incumplió las obligaciones de seguridad establecidas en los artículos 56, 57 numeral 2, y 348 del CST.

Agregaron, que Positiva Compañía de Seguros S.A., determinó el origen como profesional y calificó la pérdida de capacidad laboral del 50,16%, estructurada el 21 de mayo de 2008; que mediante la Resolución n.° 5083 del 10 de diciembre de 2009 esa ARP le reconoció la pensión de invalidez por riesgo profesional.

Adujeron, que el accidente de trabajo les causó perjuicios materiales, morales y a la vida de relación del trabajador como cónyuge, hijos, madre y hermanos.

Al dar respuesta a la demanda, Coagronorte Ltda., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, se atuvo a la acreditación del estado civil de los miembros del grupo familiar accionante; dijo que nunca contrató los servicios de Pedro Pablo Murillo Colmenares, quien era un trabajador asociado de la CTA Avanzar Profesional; que era otro trabajador de esta cooperativa, Cristóbal Mosquera, coordinador del centro de trabajo, quien le impartía órdenes al señor Murillo Colmenares; que suscribió un convenio empresarial y un contrato de comodato con la CTA, en desarrollo de los cuales era esta quien tenía manejo y control sobre la producción y sobre todo lo relacionado con la vinculación, contratación de personal, bienes, equipos, maquinaria, pago de los salarios y aportes a la seguridad social integral.

Manifestó, que desconocía los hechos relacionados con el accidente padecido por el señor Murillo Colmenares, porque no tuvo ningún vínculo con él; se acogió a la prueba escrita relacionada, especialmente el acto expedido por la ARP Positiva Compañía de Seguros, por medio del cual reconoció la pensión de invalidez al actor.

En su defensa planteó las excepciones de inexistencia de la relación laboral ente ella y el demandante, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, carencia de acción, enriquecimiento sin causa, prescripción, mala fe del actor, falta de causa y objeto e inexistencia dela obligación.

Por su parte la Cooperativa de Trabajo Asociado Avanzar Profesional se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó el parentesco del señor Murillo Colmenares con los familiares que conformaban la parte demandante; negó que su papel fuera el de simple intermediaria ya que el señor Murillo suscribió con ella un convenio individual de trabajo asociado el día 10 de enero de 2007; que firmó un convenio empresarial con Coagronorte Ltda., donde se estableció que le vendía servicios; que en igual sentido establecieron un comodato o préstamo de uso, cuyo objeto era la entrega por parte del comodante, Coagronorte Ltda., al comodatario, de los bienes ubicados en la avenida sexta n.° 13-06, barrio el Salado, sede principal en el Molino Oro ubicado en el kilómetro 8 vía Zulia.

Relató, que lo anterior explicaba por qué la labor de cuadrillero, que realizaba el señor Murillo, se dio en el mencionado sitio objeto del comodato, «[…] ratificando que el asociado demandante le vendía servicios a Coagronorte, con total autogestión, autonomía, y autogobierno, y con la totalidad responsabilidad de la cooperativa», pues los medios materiales de trabajo utilizados los había recibido de Avanzar Profesional, por lo que era absurdo hablar de subordinación entre el asociado y Coagronorte.

Refirió, que en sus estatutos figuraba como uno de sus objetos principales el apoyo de actividades de trabajo asociado relacionadas con la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada de obreros de la minería y operarios de la industria nacional en toda la cadena productiva y de comercialización; que, en desarrollo de los convenios ejecutados, como el contrato empresarial suscrito con Coagronorte Ltda., la CTA recibía un pago económico que era repartido entre todos sus asociados.

Dijo que era cierto, que el 21 de mayo el asociado sufrió un accidente en uno de los lugares donde permanecían los medios de trabajo recibidos a título de comodato por parte de la CTA; pero negó que tuviera culpa en su ocurrencia porque realizaba con sus afiliados programas de prevención de acuerdo con el cronograma suministrado por la ARP del Seguro Social; que en tal sentido había recibido certificaciones sobre el cumplimiento de estas actividades para la época del accidente; que al actor se le entregaron los implementos de protección tales como guantes, gafas, botas, fajas; se le capacitó en primeros auxilios, salud ocupacional, y seguridad industrial.

Por último, aceptó el reconocimiento de la pensión de invalidez al demandante, por parte de la ARP, y dijo que era el fruto del cumplimiento de la CTA con las obligaciones de afiliación y el pago de los aportes por riesgos profesionales.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del vínculo laboral y del contrato de trabajo, inexistencia de la culpa, y principio constitucional de primacía de la realidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante fallo del 11 de abril de 2012, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la relación laboral, carencia de acción, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de culpa. En consecuencia, absolvió a las demandadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de los demandantes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del 1 de junio de 2012, confirmó la decisión.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró que debía establecer si entre Pedro Pablo Murillo Colmenares y Coagronorte Ltda., existió una relación laboral bajo la figura de un contrato de trabajo o, si, por el contrario, fue a través de una cooperativa de trabajo asociado en calidad de cooperado, al tenor de la Ley 79 de 1988 y su Decreto Reglamentario 468 de 1990.

Reprodujo el artículo 70 de la Ley 79 de 1988, a cuyo tenor «Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios»; citó apartes de la sentencia CC C-211-2000, relacionada con esta figura legal; recordó el principio de la carga de la prueba en torno a la presunción establecida en el artículo 24 del CST, a efectos de verificar la existencia de una relación laboral, y realizó el siguiente análisis probatorio:

Aludió a los testimonios de Ronald Fernando Jerez Moreno (f.° 199 a 202) y de Diego Fernando Flórez García (f.° 203 a 205), quienes manifestaron que Luis (sic) Pablo Murillo Colmenares prestó el servicio a Coagronorte Ltda., por medio de la Cooperativa Avanzar Profesional; que laboró bajo la subordinación de Coagronorte, cumpliendo un horario de trabajo impuesto por esta; que estuvieron presentes el día del accidente de trabajo sufrido por el actor, y que con anterioridad se le había manifestado a Coagronorte la necesidad de insertar sistemas de seguridad industrial, entre los que estaba incluida la máquina con la cual ocurrió el accidente.

Observó, que contrario a esos testimonios, los declarantes Jorge Enrique Agudelo Acosta (f.° 227 a 230), Hamilton Alexis Santafé Quintero (f.° 237 a 239), Pedro María Mora Mora (F.° 239 A 241) y Carlos Arturo Medelo Cuy (f.° 230 a 232), manifestaron que Pedro Pablo Murillo Colmenares trabajaba con la Cooperativa Avanzar Profesional y que laboró bajo la subordinación de la misma; que les constaba, además, de la capacitación brindada por la CTA para la prevención de accidentes de trabajo y que el percance sufrido por el actor fue por su falta de precaución y cuidado y no por negligencia de la demandada.

Señaló, que al ser interrogado el señor Murillo Colmenares, manifestó que firmó un convenio de trabajo con al CTA Avanzar Profesional, como requisito para laborar con Coagronorte, la cual le cancelaba la contraprestación por el servicio prestado, le entregó dotación, lo afilió a la seguridad social integral; que la ARP Positiva de Seguros le reconoció la pensión de invalidez por riesgo profesional, y que él no se encargaba de las medidas de seguridad para operar la máquina, ya que solo era el operador del molino, pues existía personal encargado del mantenimiento y del buen funcionamiento, pero que al momento del accidente la máquina no tenía las tapas de seguridad.

Destacó la prueba documental anexada a folios 52 a 55, correspondiente al certificado de constitución, existencia y representación legal de la CTA Avanzar Profesional, cuyo objeto social y la actividad socioeconómica era la de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno, específicamente relacionado con la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada de obreros de minería, operarios de la industria nacional en toda la cadena productiva y de comercialización.

Recordó, que a folios 56 a 59 se hallaba el convenio empresarial suscrito entre la CTA Avanzar Profesional y Coagronorte Ltda., en el que se estipuló que la cooperativa integraría voluntariamente a sus trabajadores asociados para el desarrollo de labores propias de su objeto social, en la ciudad de Cúcuta; que a folio 60 se encontraba el contrato de comodato entre las mismas entidades, y a folio 65 estaba el convenio individual de trabajo asociado entre la CTA Avanzar Profesional y el señor Murillo Colmenares, en el que se acordó «[…] la vinculación voluntaria de trabajo personal como cuadrillero y sus aportes para que la cooperativa ejecute los trabajos y demás actividades propias del objeto social, así como poner a disposición de la cooperativa sus servicios de acuerdo a su profesión u oficio».

Mencionó el artículo 3 de la Ley 79 de 1988, conforme al cual el acuerdo cooperativo era un contrato que se celebraba por un número plural de personal con el objeto de crear una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades debían desarrollarse con fines de interés social y sin ánimo de lucro; el artículo 4° ibídem, en cuanto a que los cooperados eran simultáneamente aportantes y gestores de la empresa; el 59 ídem, que remitía a los estatutos para fijar el régimen de trabajo, de seguridad social, de previsión y de compensación.

En ese orden de ideas coligió que, «[…] el actor PEDRO PABLO MURILLO COLMENARES, prestó sus servicios de cuadrillero en la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AVANZAR PROFESIONAL no como trabajador bajo contrato de trabajo sino como asociado subordinado a los reglamentos cooperativos de aquella». Así mismo, afirmó que no se demostró «[…] que la entidad demandada hubiere coaccionado al actor a pertenecer a dicha cooperativa, enfatizando la Sala la voluntad libre y espontánea y aceptando que se sometía al cumplimiento de los estatutos».

Concluyó, que la CTA funcionó amparada en una personería jurídica reconocida; que suscribió lícitamente un contrato de prestación de servicios con Coagronorte Ltda. Advirtió que, aunque existían eventos en los que la vinculación del cooperado con terceras personas estructuraba una verdadera relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos, lo cierto era que en el presente caso se encontraba acreditado que desde el 30 de septiembre de 2005 el objeto social de la cooperativa Avanzar Profesional fue el de «[…] generar y mantener trabajo para sus asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno, específicamente en calidad de obreros de la minería y operarios de la industria nacional en toda la cadena productiva y de comercialización»; razón por la cual, no podía predicarse que estuviere sirviendo como intermediaria para evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por los demandantes, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden que la corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del juzgado y, en su lugar, conceda todas las pretensiones.

Con tal propósito formularon un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado.

CARGO ÚNICO

Acusaron la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 53 de la CN; 3, 4, 59 y 70 de la Ley 79 de 1988; e infracción directa de los artículos 22, 23 y 35, numeral 3 del CST.

Endilgaron al tribunal, «[…] el error grave de considerar que la relación jurídica entre Coagronorte Ltda., y el demandante Pedro Pablo Murillo Colmenares no fue laboral».

Adujeron, que se valoraron erróneamente:

El convenio cooperativo entre Avanzar Profesional y el demandante pedro Pablo Murillo Colmenares.

El contrato de prestación de servicio celebrado entre las demandadas.

Afirmaron, que no se valoraron «[…] los testimonios de Ronald Fernando Jerez Moreno (f.° 199 a 202), y Diego Fernando Flórez García (f.° 203 a 205)».

En el desarrollo del cargo, argumentaron que de la lectura de los documentos era claro que se trataba de actos jurídicos simulados que escondían una verdadera relación laboral, «[…] que por efecto legal sería entre Coagronorte Ltda., empleador, y Pedro Pablo Murillo Colmenares, trabajador, y Avanzar Profesional como intermediario»; que así debió entender el tribunal el caso al valorar la prueba y no haberse limitado a citar la normativa que regulaba la actividad de las cooperativas de trabajo asociado, «[…] sino a establecer si los testimonios, todos los recibidos en el proceso, lograban desvirtuar los documentos aportados por las demandadas».

Con base en lo anterior, señalaron que era factible auscultar la prueba no calificada, específicamente los testimonios de Ronald Fernando Jerez Moreno y Diego Fernando Flórez García, que el tribunal mencionó pero no valoró, de los cuales era fácil inferir los elementos esenciales del contrato de trabajo ya que la prestación personal del servicio, el horario, el jefe inmediato y las órdenes cumplidas por el señor Murillo Colmenares, se hicieron a favor de Coagronorte Ltda., y no de la CTA Avanzar Profesional; que dichos declarantes merecían credibilidad porque fueron trabajadores dependientes y directos de Coagronorte Ltda., durante la época de los hechos y, además, que eran compañeros del demandante.

Agregaron, apoyados en la sentencia CSJ SL 25713, 6 dic. 2006, que la contratación con las cooperativas de trabajo asociado no podía ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo; que en el nexo jurídico entre trabajador cooperado y la CTA no podía darse una subordinación de índole laboral según lo disponía el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, que la posibilidad de delegar la subordinación laboral en un tercero estaba prevista por la ley para otro tipo de relaciones jurídicas, como las surgidas entre una empresa usuaria y una de servicios temporales.

CONSIDERACIONES

Insistentemente ha expresado esta corporación, que el recurso extraordinario no le confiere competencia para juzgar el litigio, esto es, establecer a cuál de las partes en contienda le asiste la razón, puesto que la labor de la corte se circunscribe a determinar si el juez colegiado, al resolver la segunda instancia, dirimió rectamente el conflicto a la luz de las normas jurídicas que debía emplear.

En la sentencia CSJ SL8833-2017, se reiteró lo siguiente:

[…] El error de hecho en la apreciación de pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y que permite la Corte la casación de un fallo tiene que ser manifiesto, es decir, tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos de tal magnitud que resulte absolutamente contrario la evidencia del proceso. No es, por tanto, error de hecho que autorice la casación de un fallo aquel a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento. Ha sido esta la doctrina constante de la Corte, sólidamente fundada en la naturaleza del recurso de casación que, como es bien sabido, no tiene por objeto hacer un nuevo análisis de todos los elementos probatorios aducidos en el juicio" (CAS., octubre 27 de 1954, G.J. 2147).

En el campo de la vía indirecta, es deber del recurrente en casación acusar los reales argumentos de la sentencia impugnada. Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL13058-2015, se indicó que:

[…] la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración.

Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

La prueba calificada, cuya errónea apreciación acusa el censor está compuesta por el «convenio empresarial» firmado el 1 de julio de 2006, entre Coagronorte Ltda., y la CTA Avanzar Profesional (f.° 56 y 57) que, en lo relevante, expresa:

Teniendo en cuenta lo estipulado por la LEY 79 DE 1988, DECRETO NÚMERO 0468 DE 1990. ARTÍCULO 6 «AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA y RESPONSABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES» se suscribe el siguiente convenio empresarial regido por las siguientes cláusulas. PRIMERA. - Objeto. LA COOPERATIVA integra voluntariamente a sus trabajadores asociados con su capacidad laboral para el desarrollo de labores propias de su objeto social, en la ciudad de Cúcuta, estas labores serán organizadas por la COOPERATIVA, trabajando en forma personal y autogestionaria, de conformidad con las aptitudes, capacidades y requerimientos de cada labor. CLAUSULA SEGUNDA: Centros de trabajo. Para el presente convenio empresarial se definirá como centro de trabajo el domicilio comercial de LA EMPRESA CONTRATANTE, sin perjuicios a que la cooperativa pueda reasignar otro centro de trabajo a sus asociados. CLÁUSULA TERCERA: Termino del convenio: el plazo aceptado por las partes será de 12 meses y empezará a contarse a partir del 01 de julio de 2006 terminado el día 30 de junio de 2007. PARÁGRAFO: las partes comunican por escrito su decisión de no prórroga con 30 días de anticipación al tiempo pactado. CUARTA: VALOR Y PAGO: el desarrollo del presente convenio empresarial, generará una retribución para la cooperativa que se estipula unitaria e independientemente, en proporción directa al número de trabajadores asociados vinculados a la actividad laboral teniendo en cuenta la productividad diaria e individual de cada trabajador asociado, reflejado en el volumen de carga movilizada, empacada de producto y demás procesos operativos consignados en los manuales de funciones objeto de este contrato. Esta medida de productividad será la base para fijar las políticas de pago de compensaciones y aportes entre la cooperativa y el trabajador asociado, políticas estipuladas en el Convenio Individual de Trabajo Asociado. Compensaciones que de ninguna manera constituyen salario, según el Capítulo I, artículo I del régimen de compensaciones de la cooperativa.

[…]

Del referido documento no se desprende, per se, un yerro valorativo del tribunal ni salta a la vista la presunta simulación que le atribuye el recurrente. Pudiera cuestionarse que en el objeto contractual la CTA estaba suministrando personal a Coagronorte Ltda., y se valía de la maquinaria de esta empresa, lo cual en la jurisprudencia de la sala puede constituir elementos indicativos de un contrato aparente y no real (CSJ SL 35790, 25 may. 2010, SL666-2013 y SL6441-2015), en tanto esas actividades de suministro de trabajadores en misión, «[…] sólo las pueden ejercer legalmente las empresas autorizadas para ello, que deben tener la calidad de empresas de servicios temporales; actividad que, por otra parte, no se enmarca dentro de aquellas labores a las que, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 79 de 1988».

Sin embargo, en el sub examine se descarta el indicio aludido, que por demás no es prueba calificada en casación, si se tiene en cuenta que el tribunal valoró el «contrato de comodato préstamo de uso», suscrito el 1 de enero de 2008, entre Coagronorte y la CTA (f.° 60 a 60), correspondiente a los bienes relacionados e inventariados para dar cumplimiento al «convenio empresarial», donde una de las obligaciones de la CTA era la responsabilidad por el daño o deterioro de los mismos.

También dejó libre de ataque la censura, la prueba documental vista a folios 52 a 55, correspondiente al certificado de constitución, existencia y representación legal de la CTA Avanzar Profesional, cuyo objeto social y la actividad socioeconómica era la de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno, específicamente relacionado con la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada de obreros de minería, operarios de la industria nacional en toda la cadena productiva y de comercialización.

Tampoco cuestionó el casacionista, siendo su deber, la prueba estudiada por la colegiatura, aportada a folio 65, referida al convenio individual de trabajo asociado entre la CTA Avanzar Profesional y el señor Murillo Colmenares, en el que se acordó «[…] la vinculación voluntaria de trabajo personal como cuadrillero y sus aportes para que la cooperativa ejecute los trabajos y demás actividades propias del objeto social, así como poner a disposición de la cooperativa sus servicios de acuerdo a su profesión u oficio».

Respecto de las acusaciones exiguas, ha dicho la sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL12298-2017, lo siguiente:

Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la critica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga la decisión de segundo grado.

Conviene agregar, que los razonamientos de la sentencia confutada, en torno a la prueba documental, no son desatinados, como se dijo en un caso similar al tratado, en la sentencia CSJ SL434-2013:

[…]

A lo único que se refiere el ataque es al hecho de que por dar el Tribunal por acreditados los servicios cumplidos por el causante como asociado a la cooperativa COOTRALSER, en beneficio de la usuaria TEXTILES FABRICATO TEJICÓNDOR S.A., se deslegitima el vínculo cooperativo y la citada cooperativa pasa a ser un simple intermediario laboral y, por tanto, solidaria en las acreencias laborales que reclama, no pasa de ser una mera alegación desprovista de toda acreditación, pues a ese respecto el juzgador asentó que “el artículo 70 de la Ley 79 de 1988, transcrito en acápite anterior, contempla la prestación de servicios, como una de las posibilidades de desarrollo del objeto social de tales cooperativas. Adicionalmente en todo tipo de contrato, civil o comercial, se presentan obligaciones y compromisos recíprocos y el que exista interventoría, auditoría, exigencias, vigilancia, sometimiento a horarios –precisamente porque por regla general, quien necesita el servicio, establece las condiciones- no implica dependencia o subordinación, como la exigida en materia laboral, para que se presuma la existencia de este tipo, regulado por la normatividad propia de los trabajadores dependientes” (subrayado fuera del texto). Razonamiento que en manera alguna discute la recurrente y que resuelve el cuestionamiento que propone sobre la prestación de servicios, dado que, como en efecto lo previera en su momento el artículo 70 de la Ley 79 de 1988: “Artículo 70º. Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios”.

Sobre tal objeto de las cooperativas de trabajo asociado, en sentencia de 25 de mayo de 2010 (Radicación 35.790), aun cuando para resolver una situación acreditada de subordinación laboral, la Corte recordó su validez al sostener que,

“De lo expuesto en esta cláusula, que en verdad el Tribunal no valoró, se desprende que el objeto del convenio era el suministro de personal docente de cátedra y no docente a la universidad demandada, lo que equivale a una actividad de suministro de personal o, si se quiere, de envío de trabajadores en misión, que sólo pueden ejercer legalmente las empresas autorizadas para ello, que deben tener la calidad de empresas de servicios temporales. Actividad que, por otra parte, no se enmarca dentro de aquellas labores a las que, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 79 de 1988, vigente para la época de los hechos, se vincula el trabajo personal de los asociados a las cooperativas de trabajo asociado, esto es, la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios” (subrayas y negrillas en el texto).

Luego, aparte de no haber incurrido el Tribunal en los desafueros jurídicos que le achaca el cargo, y de no atacar éste los soportes esenciales al fallo, lo que refulge inequívoco es que ninguna razón asiste a la parte recurrente en que la mera ejecución de servicios deslegitime o desnaturalice el objeto social de los entes cooperativos, más aún, cuando quiera que son considerados hoy como organizaciones de economía solidaria, “creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general”, tal y como hoy se desprende del artículo 6º de la Ley 454 de 1998, que reguló todo el sector de la economía solidaria y que modificó en su artículo 67 la discutida Ley 79 de 1988 en todo lo que no le resultare contrario. Es decir, la prestación de servicios hace parte del objeto social de los entes cooperativos, pues es una de las modalidades en que puede ejecutar su particular actividad socioeconómica tendiente a satisfacer las necesidades de sus asociados y a propender por el desarrollo de obras de servicio comunitario.

Ahora bien, el recurrente quiso derribar los soportes de la sentencia del ad quem, a través del examen de los testimonios de Ronald Fernando Jerez Moreno y Diego Fernando Flórez García, porque el colegiado los mencionó, pero no les fijó su alcance o connotación. Para la sala es claro, conforme a lo dispuesto en por el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, que no es una prueba calificada para fundar cargo en casación, ya que los únicos medios que cuentan con aptitud para estructurar un yerro fáctico ostensible, son la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial.

Y, en gracia de discusión, aunque es cierto que la colegiatura no estableció expresamente el grado de credibilidad que le merecían los mencionados deponentes, no debe perderse de vista que en el proceso se enfrentaron dos grupos de testigos, como lo referenció el tribunal: de un lado, Ronald Fernando Jerez Moreno (f.° 199 a 202) y Diego Fernando Flórez García (f.° 203 a 205), quienes manifestaron que Pedro Pablo Murillo Colmenares prestó el servicio a Coagronorte Ltda., por medio de la Cooperativa Avanzar Profesional; que laboró bajo la subordinación de Coagronorte, cumpliendo un horario de trabajo impuesto por esta; que estuvieron presentes el día del accidente de trabajo sufrido por el actor, y que con anterioridad se le había manifestado a Coagronorte la necesidad de insertar sistemas de seguridad industrial, en lo que estaba incluida la máquina con la cual ocurrió el accidente.

El segundo grupo de declarantes, compuesto por Jorge Enrique Agudelo Acosta (f.° 227 a 230), Hamilton Alexis Santafé Quintero (f.° 237 a 239), Pedro María Mora Mora (F.° 239 A 241) y Carlos Arturo Medelo Cuy (f.° 230 a 232), manifestaron que Pedro Pablo Murillo Colmenares trabajaba con la Cooperativa Avanzar Profesional y que laboró bajo la subordinación de la misma; que les constaba, además, de la capacitación brindada por la CTA para la prevención de accidentes de trabajo y que el percance sufrido por el actor fue por su falta de precaución o exceso de cuidado y no por negligencia de la demandada.

Es pertinente relievar que, al notar ese abierto enfrentamiento o contradicción entre los dos grupos de declarantes, el juez plural se inclinó por el segundo, reforzado con la valoración de la prueba documental. Además, cabe destacar, con la sentencia CSJ SC21822-2017, que «[…] en tal caso, mal puede estructurarse el desatino de facto atribuido a la sentencia» puesto que:

[…] cuando se enfrentan dos grupos de testigos, el juzgador puede inclinarse por adoptar la versión prestada por un sector de ellos, sin que por ello caiga en error colosal, único que autorizaría el quiebre de la sentencia, pues “...‘en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde a él dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión desechando otro’ (G.J. tomo CCIV, No. 2443, 1990, segundo semestre, pág. 20). (Subrayas al margen).

La sala también avizora otro obstáculo en la demanda de casación, consistente en que el recurrente omitió indicar uno de los preceptos sustantivos de orden nacional relacionados con el éxito de sus pretensiones (art. 90 CPTSS); concretamente, guardó silencio frente al artículo 216 del CST que es la norma a la que apuntaba al núcleo de las pretensiones principales, en caso de haber resultado avante la demostración del contrato laboral realidad.

Ese defecto no es de poca monta, puesto que en el recurso de apelación no se presentaron argumentos de disenso contra la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de «ausencia de culpa patronal». Ello impediría a la sala proveer de manera oficiosa al respecto, en el evento de hallarse en ese escenario, como se tiene sentado, entre otras, en las sentencias CSJ SL4541-2017 y SL4285-2017, en el sentido de que «[…] la corte no tiene competencia para pronunciarse sobre temas no incluidos en el recurso de apelación; constituye una nueva alegación que pone de presente el recurrente en sede extraordinaria –dada su omisión en el recurso de apelación- lo cual es inadmisible».

Finalmente, no sobra reseñar que la decisión de tribunal permanece incólume, en su doble acepción de legalidad y validez, al amparo del principio de libre formación del convencimiento (art. 61 CPTSS). Así se lo ha dicho esta corporación, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL 39458, 7 nov. 2012, en la que se expresó:

Valga repetir que en materia de apreciación probatoria por el Tribunal, sólo es posible a la Corte corregir su equivocada valoración siempre y cuando sea manifiesta la disociación entre la aprehensión del juez y el medio de instrucción calificado, pues sólo frente a un yerro de estas características es que puede esta Corporación infirmar la decisión, ya que es función propia de los jueces de las instancias la valoración de las pruebas legalmente aducidas en juicio, de modo que si éstas admiten más de una apreciación lógica de acuerdo con los postulados de la sana crítica, es a ellos a quienes corresponde determinar la que más se acomode al caso, sin que se pueda entrar a suplir su criterio con uno diferente, así éste se estime igualmente apropiado, pues esa consideración queda enmarcada dentro de la potestad de libre apreciación de los medios probatorios otorgada a los jueces por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tal como lo ha sostenido esta Corporación inveteradamente.

Colofón de lo anterior, el cargo no prospera.

Sin costas, en sede extraordinaria, porque no hubo oposición.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el primero (1°) de junio de dos mil doce (2012), en el proceso que instauraron PEDRO PABLO MURILLO COLMENARES y ARELIS POVEDA RONDEROS, en nombre propio y en representación de los menores W.J., D.A., y C.C. MURILLO POVEDA, MARÍA DEL ROSARIO COLMENARES y DAVID ALEXANDER MURILLO COLMENARES, contra la COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER –COAGRONORTE LTDA.- y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AVANZAR PROFESIONAL.

Sin costas, en sede extraordinaria.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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