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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1025-2020

Fecha
10 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1025-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el veintiséis (26) de enero de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUIS HERNÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ en contra del MUNICIPIO DE CALDAS, al cual se llamó en garantía a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1025-2020

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

10 de marzo de 2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL1025-2020

Radicación n.° 75138

Acta 08

Bogotá, DC, diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la sala el recurso de casación interpuesto por LUIS HERNÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 26 de enero de 2016, en el proceso promovido en contra del MUNICIPIO DE CALDAS, al cual se llamó en garantía a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Luis Hernán Vásquez Sánchez demandó al Municipio de Caldas, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985, en la cuota o parte no reconocida por el ISS, a partir del 1º de septiembre de 2011; los intereses moratorios; la indexación de las sumas objeto de condenas; y, las costas.

Como sustento de sus peticiones adujo que nació el 16 de octubre de 1952; que laboró para el Municipio de Caldas desde el 9 de octubre de 1968 hasta el 31 de agosto de 2011, es decir, por más de 32 años; que el 16 de octubre de 2007 cumplió 55 años de edad, satisfaciendo los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de conformidad con el art. 1º de la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; que devengó en el último año de servicios un salario de $2.091.568; que de conformidad con la citada norma, se le debió reconocer la mesada pensional con el 75% del promedio del salario devengado durante el último año de servicios.

Señaló que el ISS le reconoció pensión de vejez mediante la Resolución n.° 001149 de 2011, en cuantía de $891.983 para el año 2010, la cual es inferior a la que le correspondería de haber sido otorgada por la entidad territorial; que se le debe dar aplicación al art. 5 del Decreto 813 de 1994, en consecuencia, el municipio debe pagar el mayor valor de la reconocida por el ISS; y, que elevó reclamación administrativa ante la demandada el 8 de noviembre de 2012, la cual le fue respondida negativamente a través de la Resolución n.° 4833 de 2012.

El Municipio de Caldas al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó la vinculación laboral sostenida con el demandante, aunque precisó que los extremos de la misma fueron el 16 de octubre de 1978 y enero de 2011; el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS; la reclamación administrativa elevada, y los términos en que se hizo.

Expresó que la certificación aportada por el actor, expedida por la entidad territorial, da cuenta de un promedio salarial para el año 2011 de $300.678 semanales, es decir, $1.202.712 mensuales; y, que la pensión de vejez le fue reconocida por el ISS, correspondiéndole el bono pensional especial tipo T, como se dijo en la Resolución n.° 01149 de 2011.

Como medio exceptivo formuló el que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Juzgado Laboral Itinerante del Circuito de Envigado a través de auto del 9 de julio de 2014, ordenó la vinculación al proceso de Colpensiones, como llamada en garantía, quien al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó la fecha de nacimiento del demandante, la prestación del servicio y los extremos temporales, la fecha en que satisfizo los dos requisitos para la pensión de jubilación consagrados en la Ley 33 de 1985, y el reconocimiento de la pensión de vejez y los términos en que se hizo.

En su defensa propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez y de reconocer intereses moratorios sobre reajustes pensionales, improcedencia de la indexación, prescripción, y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral Itinerante del Circuito de Caldas mediante sentencia del 10 de septiembre de 2014, absolvió a la entidad territorial demandada y a la llamada en garantía, de las pretensiones del libelo introductorio; y condenó al demandante a pagar las costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín a través de providencia del 26 de enero de 2016, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la providencia de primer grado.

Consideró como problema jurídico a resolver, establecer si le asistía derecho al señor Vásquez Sánchez al pago de la pensión por parte del Municipio de Caldas, tomando como ingreso base de liquidación el previsto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, esto es, un monto del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios.

Señaló que lo pretendido era que la entidad territorial reconociera el mayor valor de la pensión de vejez a la que tenía derecho, en la cuota parte no reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, con fundamento en los artículos 45 del Decreto 1748 de 1995 y 5 del Decreto 813 de 1994.

Arguyó que en dichas normas se establecía, que la entidad empleadora debía reconocer la pensión en las condiciones previstas en las del régimen al cual pertenecía el trabajador, con la obligación de seguir cotizando hasta cuando el ISS le otorgara la de vejez, y en ese momento quedaría a cargo de aquella el mayor valor si se llegara a presentar; pero que tal situación cambió con la expedición del Decreto 4937 de 2009, que buscó que el empleador público no tuviera que pagar temporalmente la pensión de jubilación, y seguir cotizando hasta que el servidor cumpliera con el requisito de la edad para acceder a la de vejez, sino que de una vez la entidad de seguridad social le reconociera la prestación a la edad exigida en la norma que regulaba la situación antes de la Ley 100 de 1993, en este caso, la Ley 33 de 1985, a cambio de que la entidad pública le pagara anticipadamente el valor de las cotizaciones que debía cubrirle hasta que el trabajador alcanzara la edad requerida en el reglamento del ISS, o en el art. 33 ibidem, lo cual se haría a través de la expedición de un bono pensional tipo T.

Concluyó que era viable que el ISS, hoy Colpensiones, le reconociera directamente la pensión de jubilación al demandante con fundamento en la Ley 33 de 1985, aplicable en gracia del régimen de transición.

Advirtió que, aunque hipotéticamente hubiera sido el Municipio de Caldas quien le hubiera reconocido inicialmente la pensión al demandante, igualmente se habría soportado en la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición consagrado en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, que solo conservó del régimen anterior, los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto; que, en los demás aspectos, debía regirse por la Ley 100 de 1993, por ende, en virtud del inciso 3° ibidem, para quienes a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones les faltaban menos de 10 años, el IBL se liquidaría con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello o en el cotizado durante todo el tiempo si este fuera superior, y para quienes les faltare 10 años o más para adquirir el derecho, como dicha norma no reguló nada al respecto, se debía remitir al régimen general de pensiones, es decir que su ingreso base de liquidación se determina con base en el art. 21 de la Ley 100 de 1993, o sea, con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años o con lo cotizado en toda la vida laboral siempre y cuando tuviera más de 1250 semanas, como es el caso del demandante.

Referenció las sentencias de la Corte Suprema de Justicia CSJ SL33343-2008, CSJ SL34866-2009, CSJ SL53049-2013 y CSJ SL55550-2014.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo, y en su lugar acceda a las pretensiones del libelo introductorio.

Con tal propósito formuló un cargo que no fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de violar la ley por la vía directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 53 y 58 de la Constitución Política y el párrafo 4º del 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en relación con los arts. 1 de la Ley 33 de 1985, 45 del Decreto 1748 de 1995 y 5 del Decreto 813 de 1994, lo cual condujo:

[…] a la infracción directa del decreto 4937 del 2009, dándole aplicación a este en forma retroactiva, no habiendo lugar a ello, en relación con el aparte del artículo 1° de la ley 33 de 1985, el cual dispone que “se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

En su demostración señaló que art. 53 de la Constitución Política contiene los principios protectores mínimos del derecho constitucional al trabajo, dirigidos a brindar amparo a la parte más débil de la relación laboral o de la seguridad social, corrigiendo la desigualdad fáctica o el desequilibrio económico que se presenta en dichos escenarios.

Dijo que la Constitución garantiza la protección de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, a través de dos principios hermenéuticos íntimamente relacionados entre sí, favorabilidad en sentido estricto e in dubio pro operario.

Afirmó que el texto legal escogido, debe emplearse respetando el principio de inescindibilidad, es decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones.

Sostuvo que el legislador desarrolló el principio de favorabilidad en armonía con el criterio de conglobamento en el art. 21 del CST, el cual no fue respetado por el ad quem, ya que se abstuvo de aplicar de manera íntegra el texto completo del art. 1 de la Ley 33 de 1985, acudiendo a apartes o trozos de normas de la Ley 100 de 1993, a todas luces desfavorables.

Agregó que mientras el principio de in dubio pro operario (favorabilidad en sentido amplio), implica que una o varias disposiciones aplicables a un caso, permiten diversas interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, generando duda en el operador jurídico sobre cuál hermenéutica escoger, la de favorabilidad en sentido estricto, recae sobre la selección de una determinada disposición jurídica; y que a pesar de esa distinción formal y sustancial entre ambos, debido a su estrecha similitud, se ha empleado una terminología única para explicar sus alcances.

Transcribió apartes de la sentencia de la Corte Constitucional CC T-1268-2005; y expresó, que el tribunal pasó por alto el contenido del párrafo 4 del art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, que consagra el respeto por los derechos adquiridos, en relación con los arts. 1 de la Ley 33 de 1985, 45 del Decreto 1748 de 1995 y 5 del Decreto 813 de 1994.

Realizó algunas disquisiciones en torno a los derechos adquiridos. Expuso que en el presente proceso se aceptó por el fallador de segundo grado, que cumplió los 20 años como servidor público el 30 de octubre de 1998, y que alcanzó los 55 años de edad el «17 de julio de 2007», es decir que de conformidad con los requisitos exigidos por el art. 1 de la Ley 33 de 1985, adquirió el derecho a pensionarse, con un monto pensional definido en la forma y términos de la citada disposición; pensión que por virtud del art. 45 del Decreto 1748 de 1995 concordado con el 5 del Decreto 813 de 1994, debía ser compartida con el ISS, a partir de los 60 años de edad, siendo de cargo de la empleadora, la diferencia pensional no cubierta por la entidad de seguridad social; entidad ésta regida en su totalidad por las normas vigentes del Sistema General de Pensiones, con sus reformas o modificaciones, las cuales son menos favorables, en comparación con las disposiciones pensionales anteriores, como la Ley 33 de 1985.

Concluyó que como laboró como servidor público por más de 20 años y cumplió los 55 años de edad antes de la expedición del Decreto 4937 de 2009, por virtud del ingreso a su patrimonio del derecho adquirido a la pensión de jubilación consagrada en el art. 1 de la Ley 33 de 1985, así debe reconocérsele, por lo tanto, se impone darle aplicación plena a dicha norma y al art. 45 del Decreto 1748 de 1995, porque la primera de las citadas normas no existía para la época en que cumplió las condiciones y requisitos.

Por último, transcribió apartes de la sentencia de esta corporación CSJ SL 29911, 6 feb. 2007.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que el cargo fue planteado por la senda directa, la corte parte de los siguientes supuestos fácticos acreditados dentro del proceso: i) que Luis Hernán Vásquez Sánchez nació el 16 de octubre de 1952; ii) que prestó sus servicios al Municipio de Caldas por más de 20 años, siendo afiliado al ISS para los riesgos de IVM con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones introducido por la Ley 100 de 1993; (iii) que es beneficiario del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; y, (iv) que el ISS a través de la Resolución n.° 001149 de 2011, le reconoció pensión de vejez en cuantía de $891.983, con fundamento en el art. 1 de la Ley 33 de 1985, en armonía con el 36 de la Ley 100 de 1993, considerando 1597 semanas cotizadas, un IBL de $1.189.310 y una tasa de reemplazo del 75%, pagadera a partir del retiro del servicio.

Acusó el recurrente la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa los arts. 53 y 58 de la Constitución Política, el párrafo 4º del art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en relación con los arts. 1 de la Ley 33 de 1985, 45 del Decreto 1748 de 1995 y 5 del Decreto 813 de 1994.

El tribunal confirmó la decisión de primer grado, por considerar que si bien le correspondía al Municipio de Caldas reconocer la pensión en las condiciones previstas en el régimen anterior al cual pertenecía el trabajador, con la obligación de seguir cotizando hasta cuando el ISS le otorgara la de vejez, quedando en ese momento a su cargo solo el mayor valor, en caso de existir, ello cambió con la expedición del bono tipo T regulado por el Decreto 4937 de 2009, el cual tiene como objeto, que el empleador público no tenga que pagar temporalmente la pensión de jubilación, y seguir cotizando hasta que el servidor cumpla con el requisito de la edad para acceder a la de vejez, sino que de una vez ésta reconociera la prestación a la edad exigida en la norma que regulaba la situación antes de la Ley 100 de 1993, a cambio de que la entidad pública le pagara anticipadamente el valor de las cotizaciones que debía cubrirle hasta que el trabajador alcanzara la edad requerida en el reglamento del ISS, o en el art. 33 ibidem, lo cual se haría a través de la expedición de un bono pensional tipo T.

En razón de ello consideró que era viable que el ISS, hoy Colpensiones, le reconociera directamente la pensión de jubilación al demandante con fundamento en la Ley 33 de 1985 aplicable en gracia del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, el cual solo conservó, los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto, aplicando el IBL regulado en el art. 21 ibidem.

Lo primero que debe precisarse, es que el señor Vásquez Sánchez no tenía un derecho adquirido frente al art. 1 de la Ley 33 de 1985, porque para que se hubiera consolidado el mismo, era preciso que cumpliera con los requisitos de tiempo de servicios y edad antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones introducido por la Ley 100 de 1993, en su caso, a más tardar, al 30 de junio de 1995 (art. 151 Ley 100 de 1993), no obstante, satisfizo aquellos con posterioridad a dicha data.

Por el contrario, contaba con una expectativa de pensionarse con base en esa normativa, la cual se le protegió por el régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Sobre la diferencia entre derechos adquiridos y meras expectativas, resulta particularmente ilustrativa, la sentencia de la Corte Constitucional C-168-1995, que expresó:

e. Derechos adquiridos

El Constituyente de 1991, en forma clara y expresa se refirió a los derechos adquiridos para garantizar su protección, al estatuir en el artículo 58:

"Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social ......".

Los derechos adquiridos están íntimamente relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo, pues una ley posterior no puede tener efectos retroactivos para desconocer las situaciones jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior. Sin embargo, nuestra Constitución establece una excepción al principio de la irretroactividad de la ley, al consagrar la favorabilidad de las normas penales, la que dejó estatuída en el artículo 29, así: "En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

El concepto de derecho adquirido ha sido tema de reflexión de innumerables tratadistas, muy especialmente en el campo del derecho civil, oponiendo esa noción a la de mera expectativa. Por vía de ilustración, resulta pertinente aludir a algunos, bien significativos. Veamos:

Para Louis Josserand "Decir que la ley debe respetar los derechos adquiridos, es decir que no debe traicionar la confianza que colocamos en ella y que las situaciones creadas, los actos realizados bajo su protección continuarán intactos, ocurra lo que ocurra; fuera de esto, no hay sino simples esperanzas más o menos fundadas y que el legislador puede destruir a su voluntad.... Las simples esperanzas no constituyen derechos, ni eventuales siquiera; corresponden a situaciones de hecho más que a situaciones jurídicas: son intereses que no están jurídicamente protegidos y que se asemejan mucho a los 'castillos en el aire': tales como las 'esperanzas' que funda un heredero presunto en el patrimonio de un pariente, cuya sucesión espera ha de corresponderle algún día. En general, las simples expectativas no autorizan a quienes son presa de ellas a realizar actos conservatorios; no son transmisibles; y como ya lo hemos visto, pueden ser destruidas por un cambio de legislación sin que la ley que las disipe pueda ser tachada de retroactividad" (Derecho Civil. Tomo I. Vol. I págs. 77 y ss.).

Los hermanos Mazeaud encuentran justificada la diferenciación hecha por la doctrina clásica entre derecho adquirido y expectativa. Para ellos, es derecho adquirido aquél "que ha entrado definitivamente en un patrimonio, o una situación jurídica creada definitivamente" y, expectativa, "es una esperanza no realizada todavía"; por tanto, "los derechos adquiridos deben ser protegidos, incluso contra una ley nueva: ésta no podría privar de un derecho a las personas que están definitivamente investidas del mismo, a la inversa, las simples expectativas ceden ante la ley nueva, que puede atentar contra ellas y dejarlas sin efecto", y consideran que "la necesidad de seguridad está suficientemente garantizada si el derecho adquirido está amparado, y las simples expectativas deben ceder ante una ley que se supone más justa".(Lecciones de Derecho Civil. Tomo I)

Merlín define los derechos adquiridos como "aquellos que han entrado en nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no puede ya quitarnos aquél de quien los tenemos". Toda otra ventaja no es más que un interés o expectativa que no nos pertenece y la ley puede quitarnos la esperanza de adquirirla, definición reproducida con ligeras variantes por casi todos los autores, y que según Luis Claro Solar "tiene el inconveniente de no poderse aplicar en todos los casos pues hay derechos que no figuran en nuestro patrimonio, como los derechos políticos y los derechos constitutivos de la persona; y hay facultades que no pueden sernos quitadas por nadie y que, sin embargo, no constituyen derechos adquiridos en el sentido que debemos dar a estas expresiones. Pero en el fondo todas las definiciones están de acuerdo en esta idea capital: los derechos adquiridos son las facultades legales regularmente ejercidas y las expectativas aquellas facultades no ejercidas en el momento del cambio de legislación". (Explicaciones de Derecho Civil Chileno Comparado. Tomo I. págs 64 y ss)

Por otra parte, Bonnecase considera que la noción clásica del derecho adquirido debe sustituirse por la de "situación jurídica concreta" y a su turno, la noción de expectativa debe ceder el puesto a la de "situación jurídica abstracta"; la primera, es derecho adquirido y la segunda, es expectativa. "Por la noción de situación jurídica abstracta entendemos la manera de ser eventual o teórica de cada uno, respecto de una ley determinada"; y la situación jurídica concreta, "es la manera de ser de una persona determinada, derivada de un acto jurídico o de un hecho jurídico que ha hecho actuar en su provecho o en su contra, las reglas de una institución jurídica, y el cual al mismo tiempo le ha conferido efectivamente las ventajas y las obligaciones inherentes al funcionamiento de esa institución", y sobre esta última señala que "constituyen el campo sobre el cual no puede tener efecto la nueva ley". (Elementos de Derecho Civil. Tomo I. págs. 194 y ss)

Fiore define el derecho adquirido como "el derecho perfecto, aquél que se debe tener por nacido por el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente verificado todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor para atribuir dicho derecho, pero que no fue consumado enteramente antes de haber comenzado a entrar en vigor la ley nueva", y agrega, que "lo pasado, que queda fuera de la ley, es el derecho individualmente ya adquirido, en virtud de una disposición de la antigua ley antes vigente". (De la Irretroactividad e Interpretación de las leyes).

Gabba sostiene que "es adquirido todo derecho que entra inmediatamente a formar parte del patrimonio de quien lo ha adquirido, la consecuencia de un acto idóneo y susceptible de producirlo, en virtud de la ley del tiempo en que el hecho hubiere tenido lugar, aunque la ocasión de hacerlo valer no se presentase antes de la publicación de una ley nueva relativa al mismo, y por los términos de la ley bajo cuyo imperio se llevará a cabo". (Teoría de la retroactividad de la ley. Vol. I. 1991)

En la obra titulada "Cours de Droit Civil Francais. Introd", afirma Beudant, que "es evidente que la ley nueva no puede perjudicar los derechos adquiridos en virtud de la antigua. Por consiguiente, las consecuencias de un hecho ejecutado bajo una ley quedan sometidas a esta ley auncuando ellas no se realicen sino bajo el imperio de la ley nueva, cuando ellas se relacionan a su causa como un resultado necesario y directo, porque ellas constituyen un derecho adquirido desde la aparición de la causa a la cual se relacionan".

Por "derechos adquiridos hay que entender las facultades legales regularmente ejercidas, y por expectativas o intereses las que no lo habían sido todavía en el momento del cambio de legislación", según lo sostienen Baudry-Lacantinerie y Houques-Fourcade (Tratado Teórico y Práctico de Derecho Civil).

Julián Restrepo Hernández, tratadista colombiano, considera que "los derechos adquiridos son pues las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley".

La jurisprudencia colombiana también ha sido copiosa en ese sentido. Sin embargo, sólo citaremos dos de sus pronunciamientos, que, en nuestro criterio, recogen el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre este asunto, el que ha sido reiterado con pequeñas variaciones no sustanciales.

"La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa...... Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que, por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente.

Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una acción o por una excepción.

Ajusta mejor con la técnica denominar 'situación jurídica concreta o subjetiva', al derecho adquirido o constituido de que trata la Constitución en sus artículos 30 y 202; y 'situación jurídica abstracta u objetiva', a la mera expectativa de derecho. Se está en presencia de la primera cuando el texto legal que la crea ha jugado ya, jurídicamente, su papel en favor o en contra de una persona en el momento en que ha entrado a regir una ley nueva. A la inversa, se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado esa situación aún no ha jugado su papel jurídico en favor o en contra de una persona". (sent. diciembre 12 de 1974)

Y en sentencia del 17 de marzo de 1977, se expresó:

"Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder."

Por su parte, la Corte Constitucional en reciente fallo, al resolver una demanda contra el artículo 289 de la misma ley que hoy se impugna parcialmente, expresó en relación con este tema lo siguiente:

"La norma (art. 58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca.

Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia." (sent. C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

Y en sentencia C-126 de 1995 al resolver la acusación contra el inciso primero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, que aquí también se impugna y que trata sobre el aumento de edad para efectos pensionales a partir del año 2014, expresó:

"...considera la Corte conveniente precisar que la cuestión debatida no involucra un desconocimiento de los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente, no tienen por qué ser alteradas en el evento de que entre a operar la hipótesis prevista para el año 2014. Las meras expectativas mientras tanto permanecen sujetas a la regulación futura que la ley ha introducido, situación perfectamente válida si se tiene en cuenta que los derechos pertinentes no se han perfeccionado conforme a lo dispuesto en la ley." (M. P. Hernando Herrera Vergara)

Como se puede apreciar, la jurisprudencia al igual que la doctrina, distingue los derechos adquiridos de las simples expectativas, y coinciden ambas en afirmar que los primeros son intangibles y por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador.

Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio Constituyente para el cumplimiento de su función.

Así las cosas, se puede concluir que quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma. Pero quien aún no ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad prevista en la norma legal, no tiene un derecho, sino que se halla apenas ante una simple expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante.

En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa que, en general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría donde debe ubicarse la llamada 'condición más beneficiosa'. (Negrillas propias del texto)

Fue entonces en el inciso 2º del art. 36 de la Ley 100 de 1993, en el que se consagró, cuáles eran los elementos que se respetarían en gracia del régimen de transición, entre los cuales no se encuentra el ingreso base de liquidación - IBL, aspecto que fue regulado por el inciso 3º de la misma norma y el art. 21 ibidem.

Sobre el particular se pronunció esta corporación en la sentencia CSJ SL16101-2014:

La argumentación de este cargo está dirigida a controvertir la forma de determinar el IBL de la pensión reclamada. No obstante, establecido como quedó en los cargos anteriores que el actor no es beneficiario de la misma, la Corte, por sustracción de materia, se releva del estudio de esta acusación.

Al margen de lo anterior, a simple modo de doctrina, y sin que tenga inferencia alguna en las resultas del proceso es preciso recordar, que ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en sostener que el régimen de transición contemplado en la L. 100/1993 Art. 36, conservó para sus beneficiarios, la aplicación de la normativa anterior, en lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto de la prestación, pero no en lo relacionado con el ingreso base de liquidación, el cual está sometido inicialmente a lo dispuesto en el inciso 3 ibídem, para las personas beneficiadas con el régimen de transición, que al 1º de abril de 1994, les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho y, seguidamente, a lo contemplado en el art. 21 de la citada ley, a quienes para la misma fecha, les faltaba 10 años o más, evento en el que el IBL se liquidará, con base en el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años al reconocimiento de la prestación o el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, si resulta superior al anterior, siempre y cuando el afiliado haya cotizado 1250 semanas como mínimo.

Por su parte, en la sentencia CSJ SL 33343, 17 oct. 2008, reiterada en la CSJ SL849-2018, expresó:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el ingreso base de liquidación.

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada.

Por manera que no existe ninguna contradicción en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 cuando señaló que el monto o porcentaje de la pensión de los beneficiarios sería el establecido en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados y el ingreso base de liquidación de la prestación, para casos como el de la demandante, el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo, si este promedio fuese superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor.

Igualmente, el juez de la apelación, con las normas aplicadas, tampoco conculcó el principio de inescindibilidad de la norma, consagrado en el art. 288 de la Ley 100 de 1993, que reza:

Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley

Lo anterior, porque fue en el inciso 2º del art. 36 de la Ley 100 de 1993 que se consagró en forma concreta, cuáles elementos se respetarían del régimen de transición, y cuáles no, sin que sea posible la aplicación de los principios de in dubio pro operario ni de favorabilidad, pues no se está en presencia de varias interpretaciones respecto de una norma, o de varias normas regulando la misma situación, respectivamente; lo que hizo el fallador de segundo grado, fue, darle aplicación al mandato previsto en la norma referida, en armonía con el 21 ibidem sin salirse del marco general de la Ley 100 de 1993.

Igualmente el recurrente acusó la infracción directa del Decreto 4937 de 2009, cuyo artículo 1 modificó el 45 del Decreto 1748 de 1995, en cuanto a la consideración de que el responsable del pago de la pensión de jubilación oficial es el ISS, mientras que a la entidad empleadora le asiste la obligación correlativa de emitir a favor de la referida institución un bono pensional tipo T, con el que se cubre el pago de la pensión en las precisas condiciones del régimen de transición, sin afectar, por una parte, el derecho del pensionado, y, por la otra, la capacidad financiera del ISS, por reconocer pensiones diferentes a las concebidas en sus propios reglamentos.

El bono tipo T permite cubrir la diferencia por los cinco años de pensión que debe asumir el ISS tratándose de una pensión oficial que se reconoce a los 55 años y no a los 60, como corresponde según sus reglamentos, esto es, para financiar la diferencia existente entre las condiciones de reconocimiento previstas en los regímenes aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, para que este reconocimiento sea efectuado por el ISS.

Frente a ese punto, en efecto incurrió el colegiado en el error jurídico endilgado, en la medida en que dicha norma no era aplicable al presente caso, toda vez que no estaba vigente al 16 de octubre de 2007, cuando el señor Vásquez Sánchez cumplió los requisitos necesarios para obtener la pensión de jubilación de que trata el art. 1 de la Ley 33 de 1985, lo cual ocurrió el 16 de octubre de 2007, por lo que la aplicable era el art. 45 del Decreto 1748 de 1995, que remite al art. 5 del Decreto 813 de 1994.

Sin embargo, su configuración no resulta de relevancia en el presente asunto, debido a que el ISS le reconoció la pensión de jubilación al señor Vásquez Sánchez, de conformidad con el art. 1 de la Ley 33 de 1985, aplicable en gracia del régimen de transición, y no, bajo las reglas del Sistema General de Pensiones introducido por la Ley 100 de 1993; y si la demandada hubiera procedido al reconocimiento pensional a su cargo, lo habría hecho considerando esos mismos supuestos fácticos y normativos, sin que se generara una diferencia pensional como consecuencia de un mayor valor, porque tratándose de una prestación reconocida bajo la prerrogativa del régimen de transición, independientemente de que su otorgamiento estuviera a cargo de la empleadora o de la entidad de seguridad social, el ingreso base de liquidación es el reglado como se expresó, por la Ley 100 de 1993.

Corolario de lo anterior, no se casará la decisión.

Sin costas en el recurso extraordinario.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el veintiséis (26) de enero de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUIS HERNÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ en contra del MUNICIPIO DE CALDAS, al cual se llamó en garantía a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

Ref.: Luis Hernán López Sánchez (Recurrente) Vs. Municipio de Caldas y Colpensiones – Rad. 75138 (SL1025-2020). M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.

Con todo respeto por la posición mayoritaria, paso a exponer las razones que me alejan del proveído recurrido por el demandante:

No estamos de acuerdo con la decisión, pues si el accionante cumplió 60 años el 16 de octubre de 2012, el ISS no debió reconocerle la pensión desde el 2011, pues esto le correspondía, en efecto, a la empleadora, por lo que el actor tiene razón en su crítica.

En principio, lo que correspondería realizar es calcular la pensión al 2011 partiendo de la situación del demandante en esa fecha, que pudo haber cambiado hasta el 2012 cuando el ISS debió reconocerle la prestación, y a partir de ello, establecer si hay un mayor valor.

Además, es propicio el momento para precisar el criterio establecido en la sentencia CSJ SL2852-2019, en el sentido de que el Decreto 4937 de 2009 no solo es aplicable cuando la pensión se causa en su vigencia, sino cuando se cumplen las condiciones para su reconocimiento, porque de no ser así, a mi juicio, se anularía la finalidad para la cual fue expedido. En efecto, si bien en este asunto la pensión se causó en el 2007, las condiciones (retiro del servicio) se cumplieron en el 2011, particularidad que le da cabida a la aplicación de la referida normatividad y precedente.

En estos términos dejo expuestos los motivos de mi disenso.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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