En el mismo trámite se escuchó al representante legal de la Organización sindical SINANINAL, quien por su parte señalo que dicha sentencia no se encuentra ejecutoriada debido a que el sindicato presento recurso de casación al cual tienen derecho por tratarse de un proceso ordinario, ya que la empresa como demandante, decidió atacar las afiliaciones individuales de los trabajadores que se afiliaron a SINANINAL Barranquilla, lo cual lo convierte en un proceso ordinario que se ajusta a los presupuestos facticos y procesales del artículo 13 del CPT, ya que los procesos especiales se encuentran taxativamente determinados y reglados como los procesos de fuero sindical, de sanciones, de suspensión temporal y de las cancelaciones de personerías, disolución y liquidación de las asociaciones sindicales, al tenor de los artículos 2 y 113 del CPL; 380 del CST. No existe en el Código Laboral, ni en el Código de Procedimiento Laboral un procedimiento especial llamado nulidad de afiliaciones sindicales, ni ninguno que se plantee en ese sentido. Manifestó el dirigente sindical que si por la ineptitud procesal del apoderado judicial de la parte demandante, nacido a la vida jurídica un proceso distinto al que perseguía, esa no es una situación que le competa definir a las partes, sino a quien debe decidir sobre el recurso, que es la autoridad que profirió el fallo de segunda instancia. Ahora bien, si descendemos a lo que establece la Ley sobre el procedimiento arbitral en los capítulos VI y VII del C.S.T, particularmente lo que señala el artículo 458, las facultades y las competencias de los árbitros para “DECIDIR”, solo se limitan a “los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación, y su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la constitución nacional, o por normas convencionales vigentes”. En este sentido está totalmente claro que la decisión tomada por los otros árbitros al excluir a la organización sindical SINANINAL, excede sus competencias y les hace incurrir en falta disciplinaria a la que se refiere el artículo 2.2.2.9.8 del Decreto 17 de 2016. Teniendo en cuenta que la sentencia que trae al tribunal de arbitramento con el fin de excluir a la organización sindical SINANINAL tiene fecha de 3 de marzo de 2020 y la Resolución 1559 fue proferida el 31 de marzo de 2020, no tiene sentido que la empresa haya esperado más de 7 meses para presentar su oposición sobre un asunto de pleno derecho, ante el tribunal de arbitramento y no ante el Ministerio del Trabajo que es la autoridad que profirió la resolución que nos ordenó la conformación de este ente arbitral. Por lo tanto, considero que debo apartarme de esta decisión y dejar todas las constancias, ya que la exclusión de la organización sindical por parte de este tribunal de arbitramento, trasgrede el mandato legal del artículo 458 del CST y lesiona gravemente derechos y facultades legales y constitucionales de la organización sindical.
Ahora bien, el fallo del cual me aparto tampoco tiene presentación, pues por tratarse de un asunto en litigio, ni siquiera el Ministerio del Trabajo es competente para “declarar derechos individuales, ni definir controversias”, al tenor del artículo 486 del C.S.T. y con mucha menos razón este tribunal podía dirimir una controversia sobre un asunto de pleno derecho.
III. RECURSO DE ANULACIÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA FLEXOGRAFÍA, PLÁSTICO, PAPELES, CARTONES Y AFINES – SINTRALITOPLAS-
Pretende que la Corte module los efectos de los artículos 4, 7, 8, 10 13, 15, 17 y 19 del laudo arbitral.
1. Auxilio para el sindicato
1.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 8. AUXILIOS PARA EL SINDICATO. LA EMPRESA y SINTRALITOPLAS han acordado los siguientes auxilios: a) Un auxilio por la suma única y por una sola vez de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000) por la duración de la vigencia de la Convención (1 de noviembre de 2018 al 1 de noviembre de 2020). b) Un auxilio mensual por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/L ($2’000.000) durante la vigencia de la Convención (1 de noviembre de 2018 al 1 noviembre de 2020). Este auxilio se incrementará en el IPC más 2 puntos para el segundo año de vigencia de la convención.
1.2 Laudo arbitral
Artículo cuarto: AUXILIOS PARA EL SINDICATO “La empresa auxiliará al sindicato SINTRALITOPLAS con la suma de Diez millones de pesos ($10.000.000) por una sola vez. Dicha suma se entregará a los siete días posteriores a la ejecutoria del Laudo. Las partes acuerdan que todos los valores que se pagan por este concepto y establecidos en esta cláusula no serán salario para ningún efecto.”
1.3 Argumentos del recurrente
Sostiene que, al momento de decidir la petición del Sindicato, el Tribunal fue abiertamente inequitativo en perjuicio de la organización sindical al solo conceder $10.000.000 para la vigencia del laudo arbitral, «es insuficiente habida cuenta que, la empresa Litoplas S.A. durante el desarrollo de la pandemia ha resultado ser una de las grandes beneficiadas de los distintos decretos reglamentarios al ser la actividad empresarial de la empresa excepcionada durante toda la pandemia del Covid 19»
Aduce que de los 382 trabajadores que, laboran en la sociedad «18 trabajadores se encuentran afiliados al Sindicato Sintralitoplas dentro de dicha empresa, esto por el accionar ilegal de la empresa Litoplas que, ha venido reduciendo los número de sindicación en virtud de los múltiples despidos y acciones completamente ilegales de esta empresa, tal y como quedó acreditado en sentencia de tutela del Tribunal Superior de Barranquilla radicado No. 08-001-31-05-015-2020-00082-01 (2) de fecha 17 de julio de 2020», y bajo las anteriores premisas ilegales la empresa «ha venido en 8 años exterminando al sindicato Sintralitoplas pasando de 108 afiliados a tan solo 18 a noviembre de 2020».
Afirma que el principio de equidad, no es desequilibrar a una de las partes en beneficio de la otra. Por equidad debe entenderse un equilibrio económico entre las partes. Pero en el presente caso, «existió un desequilibrio en contra del sindicato y en beneficio de la empresa, otorgando solo 11 SMMLV durante la vigencia del laudo, y el Sindicato los requería para salvar al sindicato de su propia desaparición pues su situación es precaria es justo en donde la empresa los quería llevar a su extinción».
Petición: «se module la decisión por ser inequitativa al Sindicato, y en ese orden se reconozca como auxilio sindical por el monto original de 50 millones de pesos, durante la vigencia del Laudo Arbitral».
2. Auxilio por lentes
2.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 8. AUXILIO POR LENTES. La Empresa Litoplas S.A., otorgará por una sola vez anualmente un auxilio de trescientos mil pesos ($300.000) a los trabajadores que requieran cambio de lentes o monturas, este beneficio se le cancelará directamente al establecimiento que contrate la empresa para suministro de lentes a sus trabajadores a precios preferenciales. Parágrafo: LOS ESTABLECIMIENTOS CONTRATADOS SE EVALUARÁN PERIÓDICAMENTE POR PARTE DE LA EMPRESA Y SINDICATO, de tal manera que se confirme que ofrecen excelentes opciones y el primero de enero de cada año se reajustará el presente auxilio de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior más un (1) punto adicional.
2.2 Laudo arbitral
Artículo séptimo: AUXILIO POR LENTES Se otorgará hasta por una sola vez anualmente un auxilio de hasta ciento ochenta y tres mil seiscientos pesos ($183.600) a los trabajadores que requieran a la vigencia de este Laudo Arbitral de cambio de lentes o monturas, este beneficio se le cancelará directamente al establecimiento que contrate la empresa para suministro de lentes a sus trabajadores a precios preferenciales. Por acuerdo de las partes, este auxilio no constituye salario. De igual manera, la empresa prestará a los trabajadores que así lo deseen hasta $60,000 pesos para ser utilizados en la compra de lentes y monturas, estos préstamos se descontarán en tres cuotas sin interés, una cada mes. Los establecimientos contratados se evaluarán periódicamente por parte de la empresa, de tal manera que se confirme que ofrecen excelentes opciones. El sindicato y los trabajadores podrán proponer ópticas que consideren que ofrezcan excelentes alternativas. El auxilio por lentes que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, el presente auxilio se incrementará con el IPC del año 2021.
2.2 Argumentos del recurrente
Asevera que lo resuelto por parte del tribunal de arbitramento laboral, es «altamente inequitativo pues el incremento obedece a que, actualmente los trabajadores, obtienen de las ópticas contratadas las monturas para sus lentes más corrientes las cuales no son las mejores, y por tanto su calidad dista mucho de lo que, se requiere para no volver en menos de un año a solicitar cambio y que, consecuencialmente la empresa niegue tal beneficio es injusto, la empresa está en condiciones de aumentar dicho monto con base en las verdaderas cifras».
Petición: «se module la decisión por ser inequitativa al Sindicato, y en ese orden se reconozca como auxilio sindical por el monto original y las condiciones del mismo durante la vigencia del Laudo Arbitral».
3. Auxilio por fallecimiento
3.1 Pliego de peticiones
NORMA11. ARTÍCULO 9. AUXILIO POR FALLECIMIENTO. En caso de muerte de un trabajador, LA EMPRESA concederá un auxilio, por una sola vez, de un salario promedio mensual por cada año de servicio y proporcional por fracción, a su viuda o viudo o compañero(a) permanente o herederos del mismo. Si el fallecimiento sobreviniere como consecuencia de un accidente de trabajo, previamente demostrado ante la ARL, este auxilio se incrementará en un 100%. Adicionalmente, LA EMPRESA concederá permiso remunerado para asistir al sepelio a los siguientes trabajadores: a) A siete (7) trabajadores, preferiblemente del área a la cual pertenecía el trabajador fallecido. b) A cinco (5) directivos sindicales del SINDICATO. Cuando un trabajador fallezca fuera de la ciudad donde éste y su familia residan, LA EMPRESA asumirá el transporte de sus restos mortales al lugar de su residencia. En caso de muerte de un familiar. LA EMPRESA concederá permiso remunerado de seis (6) días hábiles si la muerte del familiar ocurre en la misma ciudad y por siete (7) días hábiles si la muerte ocurre en lugar distinto, para asistir al entierro o funeral.
3.2 Laudo arbitral
Artículo octavo: AUXILIO POR FALLECIMIENTO Se otorgará un auxilio de cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos ($442.888.00 M.L.) a los trabajadores que devenguen menos de 2 millones en salario promedio que lamentablemente les fallezcan sus padres biológicos, esposa e hijos biológicos o adoptivos y hermanos. Por acuerdo de las partes, este auxilio no constituye salario. Así mismo, en el evento de fallecimiento del trabajador se reconocerá un auxilio de tres millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta pesos ($3.269.760.00 M.L.). El anterior beneficio no es salario por acuerdo de las partes. El auxilio por fallecimiento que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, el presente auxilio se incrementará con el IPC del año 2021.
3.3 Argumentos del recurrente
Expone que el auxilio «es realmente insuficiente para sufragar los gastos que requieren una novedad de esta naturaleza, por ello la idea es que, este funcione como un seguro de vida por parte de la empresa y no como un auxilio insuficiente para un evento tan dramático como este mismo».
Agrega que lo anterior tiene su fundamento en «el convenio de la organización internacional del trabajo OIT, No. 39 de 1933, (C039 - Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc., 1933), que si bien no está ratificado por Colombia constituye en sí criterio orientador de la anterior petición que de ninguna forma surge de un capricho de parte de los trabajadores esta es una real necesidad».
Petición: «se module la decisión por ser inequitativa al Sindicato, y en ese orden se reconozca como auxilio sindical por el monto original y las condiciones del mismo durante la vigencia del Laudo Arbitral».
4.Fondo de compra y reparación de vivienda
4.1 Pliego de peticiones
NORMA 13. ARTÍCULO 11. FONDO DE COMPRA Y REPARACIÓN DE VIVIENDA Adquisición de vivienda: Por expreso acuerdo de las partes se establecen modalidades para el otorgamiento de los 16 préstamos de vivienda, con el fin de ajustarlos de la manera más precisa a las necesidades actuales de los trabajadores de LA EMPRESA. Durante la vigencia de la convención, LA EMPRESA destinará una suma para otorgar ochenta (80) préstamos anuales a los trabajadores afiliados a Sintralitoplas suscriptores en las modalidades de compra o construcción, cambio de vivienda, cancelación de hipoteca, reparación. Los préstamos tendrán los siguientes montos máximos: Préstamos Montos Compra o Construcción $50’000.000 Cambio de Vivienda $30.500.000 Deshipoteca $25.000.000 Reparaciones o ampliaciones $20.000.000 Estos montos serán incrementados anualmente de acuerdo al IPC más 1 punto para el segundo año de vigencia de la convención. Los requisitos para acceder a los préstamos de vivienda, son los siguientes: a) Contar con un mínimo de cinco (5) años continuos o discontinuos de servicio en LA EMPRESA y estar vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido. b) Presentar la respectiva solicitud a LA EMPRESA en el tiempo establecido para tal fin. c) Los préstamos para vivienda se adjudicarán teniendo en cuenta los siguientes: Años cumplidos al servicio en LA EMPRESA • Número de hijos d) Para este fin, LA EMPRESA creará un Comité de Vivienda, integrado por cuatro (4) representantes de la empresa y cuatro (4) representantes de Sintralitoplas. Los que se encargarán de estudiar las solicitudes y asignará los créditos por modalidad. j) LA EMPRESA entregará al SINDICATO SINTRALITOPLAS la lista de los aspirantes a los préstamos de vivienda previos a su adjudicación, para la verificación del cumplimiento de la reglamentación. Cuando los trabajadores no hagan uso del préstamo aprobado, dentro del plazo señalado por LA EMPRESA, 17 perderán el derecho al mismo y deberán presentar nuevamente la respectiva solicitud. INTERESES: Los intereses que causen estos préstamos serán del 1% anual sobre el saldo de la deuda. Para los trabajadores con préstamos de vivienda vigentes. AMORTIZACIONES: Los préstamos concedidos a partir del 1 de enero de 2016 se amortizarán en cuotas liquidadas mensualmente, equivalentes al quince por ciento (15%) del salario básico y con los abonos periódicos de la cesantía que se cause a favor de los beneficiarios. LA EMPRESA costeará el avalúo de los inmuebles cuando conceda préstamos para adquisición de vivienda. Al trabajador que se le adjudique el préstamo de vivienda, y así lo requiera, LA EMPRESA le anticipará del préstamo a que tiene derecho la suma de ocho millones de pesos M/L ($8’000.000), para asegurar el contrato respectivo previamente garantizado con pagaré. (negrillas y cursivas fuera del texto del pliego de peticiones). Ahora en análisis comparativo tenemos que, el laudo arbitral de fecha 25 de noviembre de 2020, estableció idénticas condiciones a las ya establecidas en la convención colectiva de trabajo de 20015 a 2017, es decir se abstuvo de discutir dicho punto del pliego de peticiones, veamos; “Artículo décimo: FONDO DE COMPRA Y REPARACIÓN DE VIVIENDA La empresa organizará un Fondo para la compra y reparación de las Viviendas de los trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral, el cual deberá contar con Ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000,00 M.L.). Los préstamos se harán a una tasa de DTF anual más 1%. El otorgamiento de los préstamos se hará de acuerdo a reglamento que hará la empresa, teniendo en cuenta una mayor cobertura, la antigüedad del trabajador, preferentemente a los de menores ingresos laborales, beneficiando en primer lugar a los que no tienen vivienda propia y tienen capacidad de pago. Adicionalmente, este Fondo se nutrirá con los mismos intereses que generen los préstamos derivados del presente fondo de vivienda. Parágrafo:
El sindicato constituirá una comisión que le presentará un informe a la empresa sobre las necesidades de los trabajadores con respecto a vivienda y reparación de estas, para efectos de que sean consideradas al momento de otorgar los préstamos y de fijar las 18 políticas de préstamos para viviendas. En este informe se puede plantear estudio de casos especiales que no estén claros en el reglamento o se consideren complementos del mismo.
4.2 Laudo arbitral
Artículo décimo: FONDO DE COMPRA Y REPARACIÓN DE VIVIENDA La empresa organizará un Fondo para la compra y reparación de las Viviendas de los trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral, el cual deberá contar con Ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000,00 M.L.). Los préstamos se harán a una tasa de DTF anual más 1%. El otorgamiento de los préstamos se hará de acuerdo a reglamento que hará la empresa, teniendo en cuenta una mayor cobertura, la antigüedad del trabajador, preferentemente a los de menores ingresos laborales, beneficiando en primer lugar a los que no tienen vivienda propia y tienen capacidad de pago. Adicionalmente, este Fondo se nutrirá con los mismos intereses que generen los préstamos derivados del presente fondo de vivienda. Parágrafo: El sindicato constituirá una comisión que le presentará un informe a la empresa sobre las necesidades de los trabajadores con respecto a vivienda y reparación de estas, para efectos de que sean consideradas al momento de otorgar los préstamos y de fijar las 18 políticas de préstamos para viviendas. En este informe se puede plantear estudio de casos especiales que no estén claros en el reglamento o se consideren complementos del mismo.
4.3 Argumentos del recurrente
Expresa que el derecho a una vivienda propia para un trabajador, es un derecho fundamental,
y elemental para un obrero por ello frente a las diferentes políticas del gobierno en esta materia y la inflación , lo que otorga la empresa no es suficiente para obtener vivienda propia, el hecho que la empresa sin participación directa del sindicato fije las condiciones y requisitos nos resta autonomía a nosotros y credibilidad frente a los trabajadores, por ello debemos procurar tener voz y voto, en la construcción de un programa de vivienda más adecuado a nuestras necesidades, y fijar criterios para que, los trabajadores sindicalizados puedan participar en ello, tanto así que, cada vez que hay convocatorias para crédito de vivienda la empresa empieza a sancionar por cualquier motivo a los trabajadores sindicalizados para que, no pueden ser elegibles para acceder a estos créditos como tal, por ello es momento de garantizar nuestro derecho como sindicato de tener voz y voto y tener participación activa en la construcción de una política de vivienda.
Petición: «se module la decisión por ser inequitativa al Sindicato, y en ese orden se reconozca como auxilio sindical por el monto original y las condiciones del mismo durante la vigencia del Laudo Arbitral».
5. Salarios
5.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 19. SALARIOS. La empresa LITOPLAS S.A., Durante la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo reajustará los salarios de los beneficiarios de la presente convención en el IPC del año inmediatamente anterior más un punto adicional desde el día primero de enero.
5.2 Laudo arbitral
Artículo décimo tercero: SALARIOS La empresa LITOPLAS S.A., durante la vigencia del presente Laudo Arbitral reajustará los salarios de los beneficiarios del presente Laudo Arbitral en el IPC del año inmediatamente anterior desde el primero de enero. Los salarios para los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementarán para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del Laudo, se incrementarán con el IPC del año 2021.
5.3 Argumentos del recurrente
Afirma que durante las convenciones pasadas «Litoplas s.a. en cabeza de sus representantes se han apropiado ilegalmente el saldo correspondiente de los reajustes del salario mínimo de todos los trabajadores, es decir se hace efectivo el reajuste de los salarios a partir del 15 de enero de cada año lo que ha provocado, que ese dinero entre directamente a las manos del empleador puesto que, solo se percibe para cada trabajador el reajuste desde el día 15 hacia delante y los 15 días anteriores no son percibidos por el trabajador».
Añade que no se puede ocultar el deterioro económico del poder adquisitivo de los trabajadores y, por ende, no se le podía negar el aumento salarial pretendido a partir del 2017, ya que el hecho que el conflicto no se hubiera solucionado en la etapa de arreglo directo, no enerva el derecho que les asiste a los trabajadores de que, su salario se incremente de acuerdo al IPC más un punto adicional, para que los mismos no pierdan su poder adquisitivo.
El Tribunal no cumplió con las funciones de equidad social, al sustraerse del pronunciamiento sobre el incremento salarial de los salarios que quedaron en statu quo, al negarse la retrospectividad. Y siendo totalmente inequitativo con relación a los trabajadores y en beneficio de la empresa, solo reconoció incremento a partir del 1 de enero de 2021.
Indica que esta Corte de antaño ha indicado que las disposiciones arbitrales puedan tener efectos retrospectivos, en relación a las disposiciones salariales para corregir eventuales desequilibrios generados por la prolongación del conflicto colectivo.
Petición: «En atención al desequilibrio económico presentado por la prolongación inusual del conflicto colectivo, se solicita respetuosamente a Sala Laboral module la disposición bajo la institución de la retrospectividad o en su defecto se devuelva el expediente a los Árbitros con el fin de que, el efecto del incremento salarial sea con efecto retrospectivo y en los términos y condiciones establecidos originalmente».
6. Prima de navidad
6.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 22. PRIMA DE NAVIDAD. La empresa seguirá reconociendo a sus trabajadores que hayan prestado sus servicios en el respectivo año calendario, una bonificación o prima de navidad por valor de UN SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE los cuales se cancelaran en la primera quincena del mes de diciembre e igualmente esta prima se cancelará proporcionalmente si el tiempo de servicio es inferior a doce meses.
6.2. Laudo arbitral
Artículo décimo quinto: PRIMA DE NAVIDAD La empresa seguirá reconociendo a sus trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral que hayan prestado sus servicios en el respectivo año calendario, una bonificación o prima de navidad, pagadera en la primera quincena de diciembre. Esta prima se cancelará proporcionalmente si el tiempo es inferior a doce meses. La prima de navidad que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, la prima de navidad se incrementará con el IPC del año 2021. Las partes acuerdan que todos los valores que se pagan por este concepto y establecidos en esta cláusula no serán salario para ningún efecto.
6.3 Argumentos del recurrente
Indica que el tribunal de nuevo muy a pesar de haber demostrado la solvencia económica de esta empresa durante este quinquenio de 2015 a 2020, «incluso el tiempo de esta pandemia hablando en cifras concretas no fueron tenidas en cuenta, es decir obviaron las cifras con el fin de favorecer los intereses ilegítimos de la empresa Litoplas S.A. quien tan solo este año ha invertido en el ensanche de la planta y adquisición de maquinaria nueva “bienes de capital exentos de impuesto al valor agregado (IVA)” más de 30 mil millones de pesos, lo cual torna injusta tal decisión».
Petición: «En atención al desequilibrio económico presentado por la prolongación inusual del conflicto colectivo, se solicita respetuosamente a Sala Laboral module la disposición bajo la institución de la progresividad en materia laboral. o en su defecto se devuelva el expediente a los árbitros con el fin de que, el efecto del incremento salarial sea bajo las condiciones dispuestas en el artículo original del pliego de fecha 13 de febrero de 2017».
7.Prima de diciembre
7.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 25. PRIMA DE DICIEMBRE La empresa les reconocerá a sus trabajadores una prima de cinco (5) días de salario básico (este equivale a lo que se conocía como: cambio en el periodo de pago), Esta prima se hará efectiva el primer día hábil del mes de diciembre de cada año, por parte de los trabajadores que estén prestando servicio en dicha fecha. PARA CUANDO EL AÑO EN CURSO SEA BISIESTO SE PAGARÁN SEIS (6) DÍAS.
7.2 Laudo arbitral
Artículo décimo séptimo: PRIMA DE DICIEMBRE La empresa reconocerá a los trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral una prima de cinco (5) días de salario básico. Esta prima se hará efectiva el primer día hábil del mes de diciembre de cada año, por parte de los trabajadores que estén prestando servicio en dicha fecha. La prima de diciembre que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, la prima de diciembre se incrementará con el IPC del año 2021. Las partes acuerdan que todos los valores que se pagan por este concepto y establecidos en esta cláusula no serán salario para ningún efecto.
7.3 Argumentos de la recurrente
Acota que lo que llevo a denunciar este punto en la convención colectiva de trabajo fue mejorar su redacción con la inclusión de una modificación en su texto que, dejara claro que, cuando el año sea bisiesto la empresa debe pagar un día más de los 5 que normalmente hace entrega en cada año, «sin embargo el tribunal de arbitramento laboral constituido por mandato de la [R]esolución 1559, de 31 de agosto de 2020, dejo claro que no estaba dispuesto a solucionar las grandes desigualdades e injusticias que se han venido dando al interior de la planta de procesos de Litoplas en todo aspecto desembocando en una sistemática negación de los derechos laborales y fundamentales que aún nos amparan».
Petición: «En atención al desequilibrio económico presentado por la prolongación inusual del conflicto colectivo, se solicita respetuosamente a Sala Laboral module la disposición bajo la institución de la progresividad en materia laboral o en su defecto se devuelva el expediente a los Árbitros con el fin de que, el efecto la regulación del punto denunciado sea bajo las condiciones dispuestas en el artículo original del pliego de fecha 13 de febrero de 2017».
8. Procedimiento disciplinario
8.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 29. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. La empresa LITOPLAS S.A., se obliga a seguir el siguiente procedimiento para sancionar a un trabajador que presuntamente haya cometido una falta: a) La persona que en principio conoce la falta supuestamente cometida por el trabajador, deberá informar a oficina de Desarrollo Organizacional Humano D.O.H. al día (1) día siguiente a la falta. b) La oficina de desarrollo organizacional humano notificará en forma escrita al trabajador la presunta falta cometida, con copia al sindicato, dentro de dieciséis (16) horas hábiles. c) El trabajador se presentará a realizar sus descargos a la oficina de desarrollo organizacional humano asistido por dos (2) miembros de Junta Directiva del sindicato y/o de la Comisión de Reclamos. Además, concurrirá la persona que reportó la supuesta falta cometida por el trabajador. d)De esta diligencia se levantará un acta donde quedarán consignados los puntos tratados y compromisos adquiridos. Dicha acta será firmada por todos los presentes en la diligencia. e) Con base en el acta firmada por las partes, la empresa dentro de las dieciséis (16) horas hábiles siguientes, notificará al trabajador si hay o no lugar a sanción y en qué consiste ésta. f) El trabajador podrá apelar dentro de los tres días hábiles siguientes ante el jefe inmediato de talento humano o quien haga sus veces, quien decidirá si disminuye o anula o confirma la sanción, anotando en la notificación su decisión. El trabajador podrá asistir con un representante del sindicato. g) En caso que el trabajador no esté de acuerdo con la decisión tomada por quien resolvió la apelación podrá recurrir ante las instancias legales pertinentes. h) No tendrá ninguna validez la sanción impuesta al trabajador si no se siguen los anteriores trámites y si por esta causa se le han descontado salarios al trabajador le serán devueltos inmediatamente. PARAGRAFO 1: La empresa enviará al sindicato copias de las llamadas de atención que pase por escrito a los trabajadores sindicalizados. Los llamados de atención no serán considerados sanciones disciplinarias. 33 PARAGRAFO 2: Las faltas cometidas por el trabajador que tengan más de un (1) año de ocurridas no servirán para agravar la comisión de una nueva falta. PARÁGRAFO 3: Las apelaciones suspenden los efectos de la sanción o el despido, hasta que esta sea resuelta en segunda instancia.
8.2 Laudo arbitral
Artículo décimo noveno: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Todo procedimiento disciplinario debe cumplir las etapas y requisitos que a continuación se describen: Inicio del procedimiento disciplinario. La Empresa iniciara el procedimiento disciplinario dentro los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del día en que Desarrollo Organizacional y Humano (DOH), haya sido informado de las faltas, hechos y autor o autores de las mismas o desde el momento en que se rinda informe que contenga las conclusiones sobre investigaciones, auditorias y/o medidas de conservación y recaudo de pruebas que se hayan debido adelantar, a juicio de la EMPRESA, para el esclarecimiento de los hechos. Competencia para iniciar el procedimiento disciplinario. La persona encargada de liderar e instruir los procesos disciplinarios en la empresa es quien ocupe el cargo de Human Talent Bussines [sic] Partner o quien haga sus veces. Citación: LA EMPRESA, por conducto de quien ocupa el encargo de Human Talent Bussines [sic] Partner o quien haga sus veces, remitirá una comunicación por escrito al trabajador, mediante la cual se le cita a una diligencia de descargos. Dicha citación deberá contener la fecha y hora de la diligencia y el objeto de la citación, esto es, formulará los cargos de la investigación que consiste en las presuntas faltas y un resumen de los hechos que se investigan. El trabajador no sindicalizado tiene derecho a pedir acompañamiento del sindicato Sintralitoplas en los procesos disciplinario que se le adelanten, a opción del trabajador inculpado. Acompañada de la citación, La Empresa aportará las pruebas que tenga en su poder y que son sustento de los mencionados cargos, lo anterior, para que el EMPLEADO presente sus descargos en la diligencia respectiva. controvierta las pruebas presentadas y aporte las que este pretenda hacer valer en la investigación. La citación deberá ser entregada personalmente al empleado. En caso de que no se pueda surtir la notificación personal el trabajador, la citación surtirá efecto solo con el hecho de que la empresa haya notificado al sindicato Sintralitoplas en la dirección que tiene registrada en la empresa, dado que es deber del sindicato Sintralitoplas mantener actualizada ante la EMPRESA, la dirección de su ultimo domicilio.
Diligencia de descargos al empleado disciplinado. En la fecha y hora que se fije para la diligencia de descargos, LA EMPRESA practicará la diligencia de descargos en la cual se le hará saber verbalmente al empleado y, de manera clara y precisa, los cargos que se le formulan, para lo cual LA EMPRESA describirá al empleado, las conductas o faltas disciplinarias que posiblemente cometió el empleado. En dicha diligencia, LA EMPRESA podrá formular preguntas al EMPLEADO en relación con los hechos investigados. El empleado tiene derecho a que, en dicha diligencia, sea acompañado por dos (2) directivos sindicales, si así lo desea, para que actúen como testigos, quienes velaran porque en la mencionada diligencia se respeten los derechos del actor y el presente procedimiento.
Etapa probatoria: En la diligencia de descargos, trabajador podrá: (i) presentar sus descargos o alegaciones sobre los cargos formulados, (ii) controvertir las pruebas presentadas en su contra por la EMPRESA, (iii) solicitar la práctica de pruebas testimoniales y documentales y, (iv) allegar las pruebas que estime conveniente para sustentar sus descargos. La persona que lidera el proceso disciplinario podrá aceptar o rechazar las pruebas solicitudes y presentadas por el trabajador mediante decisión motivada. Se negarán las pruebas solicitadas y presentadas, cuando resulten inconducentes, impertinentes o superfluas o cuando ya se encuentre el hecho probado dentro de la investigación. Contra la decisión que niegue las pruebas cabe el recurso de apelación ante la Gerencia de desarrollo organizacional y humano, el cual se concederá en el efecto suspensivo. El derecho a pedir pruebas radica exclusivamente en cabeza del trabajador inculpado y de la persona que adelanta la instrucción del procedimiento, quien podrá decretarlas de oficio o a petición del empleado disciplinario.
Acta: De esta diligencia, se levantará a un acta, en la cual se dejará constancia de los cargos como de las preguntas de la EMPRESA y respuestas del empleado, así como de las pruebas presentadas. A la terminación de la diligencia, el empleado implicado, podrá solicitar copia de la respectiva acta de descargos. Si el empleado se niega a firmar el acta se dejará constancia de ello en la misma acta, la cual se suscribirá porte suscribirá por testigos. Inasistencia del empleador a la diligencia de descargos: El procedimiento aquí establecido se suspenderá por enfermedad o incapacidad del trabajador expedida por la EPS a que se encuentra afiliado el trabajador o ARL. Igualmente se suspenderán los términos de los procesos disciplinarios cuando el trabajador disfrute de sus vacaciones. En el evento en que el trabajador implicado no asista a la diligencia de descargos, sin que justifique su inasistencia sumariamente dentro del día hábil siguiente a la misma o, se niegue a comparecer a la diligencia de descargos, se entenderá tal hecho como una renuncia del trabajador implicado al derecho que tiene a ser escuchado en descargos por LA EMPRESA. En tal caso, LA EMPRESA deberá levantar acta en el que queden consignada la inasistencia del empleado firmada en lo posible de los testigos, si comparecieron. Si empleado justifica su inasistencia dentro del plazo antes establecido, entonces LA EMPRESA deberá reprogramar la diligencia, para lo cual fijará nueva fecha y hora para el efecto. El término de los cinco (5) días para la citación a descargos que regula esta cláusula, se contará nuevamente cuando se presente el aplazamiento de la diligencia de descargos, por inasistencia justificada del trabajador, y se contabilizará a partir del día que estaba programada la diligencia aplazada. Las diligencias de descargos se adelantarán dentro de su respectivo turno. excepto los trabajadores de turno 5, a quienes los descargos se le practicaran dentro de un rango de 2 pm a 4 pm, sin perjuicio de que estas horas no hagan parte de su respectivo turno.
Decisión.
Con base en los descargos y en las pruebas aportadas al proceso disciplinario, en Human Talent Business Partner decidirá la investigación. LA EMPRESA deberá comunicar la decisión al trabajador personalmente o en la dirección que haya sido notificada por el trabajador como su último domicilio o residencia. La notificación de la decisión surtirá efectos, aunque el trabajador ya no resida en ese domicilio, o se niegue a recibir, o la dirección del domicilio resulta errada, o por cualquier otra causa que le impida recibir la citación, dado que es deber del trabajador mantener actualizada ante LA EMPRESA, la dirección de su último domicilio. Copia de la decisión se le entregará a SINTRALITOPLAS.
Recursos. Contra la decisión, el empleado podrá interponer recurso de apelación en contra de la decisión tomada por LA EMPRESA dentro de los tres (3) días siguientes al momento en que el empleado es comunicado de la decisión.
El recurso de ser presentado por el empleado ante la gerencia de Desarrollo Organizacional y Humano y, con el mismo, el empleado puede presentar pruebas documentales o pedir otras, para lo cual se aplica lo regulado en la "Etapa probatoria" de este artículo. El único legitimado para presentar recurso de apelación es el empleado inculpado. El sindicato SINTRALITOPLAS podrá asesorar al trabajador investigado. El recurso será resuelto por el Gerente de Desarrollo Humano o quien haga sus veces.
Efecto el recurso: El recurso de apelación que se interponga por el empleado cuando se trata de una sanción disciplinaria (llamado de atención o suspensión) suspende los efectos de la decisión. Pero, cuando la decisión es el despido por justa causa, la apelación no suspende los efectos de la decisión, el despido se aplica de manera inmediata. En el caso de que el recurso de apelación revoque la determinación de despido tomada en primera instancia y, en su reemplazo, se aplique una sanción de suspensión disciplinaria, se computarán los días que el trabajador estuvo ausente como sanción disciplinaria. Si no hay lugar a suspensión disciplinaria o si la misma es inferior el número de días que el trabajador estuvo por fuera, LA EMPRESA deberá cancelar al trabajador los salarios dejados de percibir, y hará los ajustes en la hoja de vida del trabajador, según corresponda de acuerdo con la decisión adoptada.
Formación de expediente
De todo proceso disciplinario se formará un expediente, cuya copia deberá reposar, por lo menos en la hoja de vida del empleado. Las sanciones se retirarán de la hoja de vida a los dos (2) años de tomada la decisión.
8.3 Argumentos del recurrente
Arguye que la Organización Sindical solicitó, un procedimiento disciplinario para sus afiliados para imponer sanciones disciplinarias o despido por parte de Litoplas S.A. más justo más equilibrado y más respetuoso de los derechos y garantías de todos y cada uno de sus afiliados e incluso de los no afiliados. Sin motivación alguna por parte de los árbitros del tribunal de arbitramento, se excluyó el procedimiento disciplinario en caso que la empresa decida despedir algún miembro de la Organización Sindical, sin ningún tipo de argumento válido esta se sustrajo de su obligación de discusión con el fin de seguir favoreciendo los intereses desmedidos en esta materia de la sociedad empleadora.
No garantizar el debido proceso en caso de despidos, es una decisión árbitramente inequitativa para los miembros de la Organización Sindical, y más si se tiene en cuenta que, la empresa ha emprendido una persecución a los miembros del sindicato de vieja data, retirándolos del proceso productivo, discriminándolos, apartándolos de sus cargos, sancionándolos de forma desmedida utilizando el reglamento interno de trabajo bajo la base de ejercer su poder de subordinación laboral.
Solicita a la Corte que module este artículo, en el sentido de que, se entienda que el procedimiento disciplinario del Laudo Arbitral es una copia íntegra de lo establecido en la convención colectiva de trabajo de fecha 29 de abril de 2015, y que hoy es objeto de reproche por la gran cantidad de situaciones irregulares e ilegales ventiladas con este proceso disciplinario.
Agrega que lo que logra evidenciarse en un proceso disciplinario tan largo y complejo es el intríngulis de un claro abuso de poder de subordinación sobre todos y cada uno de los trabajadores dejando al trabajador desprovisto de herramientas con las cuales poder avanzar en la defensa de sus derechos, ha dicho la corte constitucional en sentencia C- 934 de 2004.
Adicionalmente expone que la facultad que se le otorgó «a la empresa de iniciar el procedimiento disciplinario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la falta y/o conocimiento del empleador, es una afectación del debido proceso a la Organización Sindical, por cuanto, al no fijarse un límite de tiempo y que este se sujete al conocimiento del empresario, conllevaría a que se inicie el procedimiento disciplinario en cualquier tiempo. Por tanto, es de interés de la Organización Sindical se anule ese apartado del laudo arbitral, al haber incurrido el Tribunal en extralimitación de sus funciones».
Petición: «Solicitamos comedidamente la Corte Suprema de Justicia anule el punto décimo noveno, habida cuenta que resulta en un desequilibrio entre los derechos de los trabajadores y el poder de dirección del empleador otorgado por las normas laborales».
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Corte
Es doctrina de esta Sala que las precisas facultades que le concede el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social-recurso de anulación, se limitan a verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario. Ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y cobijen la totalidad de los que son materia del diferendo; a verificar que el pronunciamiento del Tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; y, de manera excepcional, a disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas. Todo lo anterior, dentro del marco de las potestades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos.
2. La modulación o condicionamiento, pretendida por el sindicato, es una labor excepcionalísima de la Corte
Tal como se recordó en el fallo de anulación CSJ, SL, 25 nov. 2008, rad. 37482, reiterado, entre otros, recientemente en el fallo CSJ SL2619-2021, la competencia de la Corte de anular o no anular las disposiciones del laudo, fue atenuado por la Sala a partir de la sentencia CSL SL, 15 may. 2007, rad. 31.381, en el sentido de considerar permisible cierta modulación de los efectos del laudo arbitral que, sin sustituir con ello la orientación esencial de la voluntad de los árbitros, permita alcanzar a través de éstos un verdadero contenido en términos de equidad.
En efecto, en dicha providencia, se asentó:
[…] Bajo esta premisa ha sido tradicional la postura de la Sala de comprender dentro de los juicios de regularidad jurídica del laudo, aspectos de contenido económico, cuando se advierten situaciones de ostensible inequidad.
La justicia material que se pretende con esta postura, alcanza un mayor grado de realización, si los juicios de legalidad o de equidad no sólo son aquellos que sirven para fundamentar la elección entre el blanco y el negro, sino para diferenciar los matices entre ellos.
De esta manera, la Sala corrige su postura tradicional de pronunciarse en sede del recurso de homologación contra un laudo arbitral que resuelve un conflicto colectivo sólo en los términos de declarar escuetamente su exequibilidad o la nulidad, y en su lugar admitir la posibilidad de hacerlo condicionadamente, introduciendo precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa, en aras de salvar las garantías o beneficios que ofrece el Tribunal de Arbitramento; esto es, preservar y no sustituir el sentido principal de la voluntad de los árbitros.
3. Sobre la equidad
Esta Corte, en sentencia CSJ SL1944-2021, razonó:
El concepto de equidad en punto al pronunciamiento arbitral, ha sido desarrollado por la Corte en una construcción jurisprudencial que se ha expresado en diversos fallos, entre ellos el CSJ SL3349-2020.
Considera la Sala que la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, como lo señala la impugnación, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas.
Nótese que por mayor esfuerzo que haga un Tribunal de Arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el Colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se use para observar el resultado final.
Es por ello que, con miras a una posible anulación, la exigencia que ha decantado la jurisprudencia en estos casos, no es que una decisión sea inequitativa o no, sino que debe ser de tal magnitud dicha inequidad, que no quede otro remedio que calificarla de manifiesta, es decir, que tiene tal claridad, tal grado de evidencia, que no se requiere mayor elucubración para llegar a esa conclusión.
[…]
Pues bien, cumple recordar que el arbitraje obligatorio, en materia laboral, está diseñado para dirimir conflictos de interés, en los que se propende por el mejoramiento o la creación de prerrogativas a favor de los trabajadores. Es precisamente, la naturaleza del conflicto la que determina que los árbitros deban resolver en equidad.
Sobre el criterio de equidad, esta Sala en sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, reiteró que el concepto de equidad consiste en «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos…Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento». Así, quien acude al recurso extraordinario con fundamento en esta causal de anulación, tiene la carga argumentativa de demostrarle a la Corte que la decisión de los árbitros no solo es inequitativa, sino también que esa inequidad es manifiesta u ostensible. Para estos fines no valen las afirmaciones inespecíficas, especulativas o el planteo de una visión paralela de lo que podría ser cuantitativa o cualitativamente más justo; contrario a ello, es menester probar que la decisión es incompatible con criterios elementales de equidad, en desarrollo de lo cual el impugnante debe acreditar el costo real, cierto y actual de las prestaciones del laudo, la situación financiera concreta de la empresa y de qué manera el laudo incide desfavorablemente en la producción o en la continuidad de las actividades económicas. Al respecto, en sentencia de anulación CSJ SL 24443, 5 ag. 2004, reiterada en CSJ SL17421-2016 y CSJ SL2893-2017, la Sala sostuvo:
En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que sólo (sic) en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que sólo (sic) puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la "manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas.
4. No existen méritos para modular las disposiciones arbitrales bajo escrutinio
Como se recuerda la organización sindical reconoce que el tribunal de arbitramento concedió los beneficios que hoy controvierte, pero no comparte los montos otorgados en cada uno de ellos y, en esa medida busca, a través de la figura de la modulación, que la Corte los aumente teniendo como báculo el pliego de peticiones.
No se accederá a la modulación pretendida por el recurrente, por lo siguiente:
4.1. Tal como la Sala lo explicó en la sentencia SL5188-2020, se observa que no existe razón alguna para modular las cláusulas controvertidas, toda vez que los árbitros no están obligados a ceñirse rigurosamente a las aspiraciones planteadas por los trabajadores en el pliego de peticiones, ya que gozan de un amplio marco de acción en la búsqueda de la paz laboral, a través de la solución más justa y equitativa del conflicto, siempre que sus decisiones no riñan en forma ostensible con el espíritu de equidad que las debe acompañar. De manera que es válido que la justicia arbitral, al analizar la naturaleza de las aspiraciones de las partes en disputa, acoja total, parcial o bajo determinadas condiciones, las peticiones de la organización sindical. En esta dirección, una respuesta favorable a una petición del pliego, no necesariamente significa que deba plasmarse en los mismos términos en que fue pedida, ni mucho menos que la cláusula arbitral deba ser un calco de lo solicitado (sentencia SL14879-2016).
4.2. Nótese que lo que el recurso plantea como modulación en el fondo entraña una modificación en la cuantía o monto de lo decidido por el cuerpo arbitral, actividad que le está vedada a la Corte, dados los límites de competencia que le asisten, en tanto, como se explicó, la Sala solo ha aceptado de manera excepcionalísima la modulación, cuando para preservar la voluntad de los árbitros se hace necesario precisar, aclarar o sanear algunas notas o frases que, de no existir, hacen que la disposición sea perfectamente rescatable (CSJ SL8157-2016).
4.3. La modulación es un instrumento que permite alterar el texto de la disposición arbitral para darle viabilidad, más no para acomodarla a los intereses de los contendientes (CSJ SL3693-2020), como es lo pretendido por el sindicato.
4.4. Cuando el cuestionamiento a la prerrogativa del Tribunal viene dirigido por el lado de ser escasa o que no cumple con las expectativas de la organización sindical, no existe otro camino que desechar la objeción, porque son los árbitros los que autónomamente deciden el conflicto, y para ello tienen un amplio margen de discrecionalidad en aras de investigar el origen, causa y naturaleza de la controversia, para lo cual se pueden valer de varias posibilidades, medidas, reglas y alternativas con el propósito de decidir, teniendo en cuenta raciocinios ecuánimes que intenten satisfacer los requerimientos de las partes, que si no lo logran, y por ejemplo, persiste el inconformismo del sindicato en cuanto al valor económico o alcance del beneficio, no es el recurso de anulación la vía para buscar una progresión a favor de los trabajadores, sino el inicio de un nuevo conflicto de intereses con las etapas propias que debe dar, para lograr ese objetivo (CSJ SL4608-2020).
4.5. Resulta totalmente improcedente la solicitud de la organización sindical, por cuanto la Corte no está habilitada para crear o aumentar los beneficios producto del conflicto colectivo, que se resuelve con el parámetro de la equidad, esto es, por los árbitros como jueces naturales de esa contienda, quienes aplican parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, a efectos de encontrar un término medio entre lo que reclaman los trabajadores y las posibilidades del empleador. En esencia, el recurrente confunde la tarea de la Corporación, al solicitarle prácticamente una decisión de reemplazo con respecto a la función de los árbitros, para que se acojan las particulares solicitudes que fueron ventiladas en la etapa de negociaciones, y que el Tribunal decidió acoger parcialmente o con otro tipo de criterios, que por la labor autónoma que ejercen los componedores al analizar las posiciones de las partes y sus argumentos, forman un panorama del conflicto, ofreciendo una solución que tienda al acercamiento de las partes en el ambiente laboral, aspecto en el que no puede interferir la Corte, pues esa fue la visión de los árbitros, y la que mejor hallaron para superar el diferendo con ganancia frente a cada uno de los contendientes y, por tanto, es la que prima sobre cualquier otra. No hay lugar entonces a modulación alguna, porque se itera, lo que pretende la organización sindical, es poner a la Corte en una posición de juez en equidad, a efecto de reexaminar el conflicto y otorgarle una mejor prestación al colectivo de trabajadores (CSJ SL1740-2019).
Por las anteriores razones no es procedente la modulación. Tampoco la devolución pues el tribunal concedió los beneficios implorados por la organización, aunque, como se dijo, en unas sumas inferiores a las anheladas por los trabajadores.
5. La retrospectividad del aumento salarial, no es un deber de los árbitros sino una mera facultad
La jurisprudencia de esta Corte, a partir del fallo de 19 de julio de 1982 proferido por la Sala Plena de Casación Laboral, ha aceptado que los aumentos salariales puedan tener efecto retrospectivo con el fin de corregir el desequilibrio económico que eventualmente puedan sufrir los trabajadores con la prolongación de la solución del conflicto colectivo, cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un tribunal de arbitramento, mediando incluso en algunos casos la huelga (Sentencia de 6 de mayo de 2002, rad. 18380).
Sin embargo, ello no comporta una camisa de fuerza, sino que corresponde a una potestad de los árbitros, quienes no están obligados a decretar en forma automática en todos los casos incrementos salariales retrospectivos, sino que tal decisión dependerá de las circunstancias específicas del conflicto sometido a su conocimiento, deberá adoptarse esencialmente en equidad, y en esa óptica puede analizar aspectos tales como el conjunto de prerrogativas otorgadas en el laudo, la situación salarial de los trabajadores y la disponibilidad económica de la empresa.
Al punto, esta Corporación en providencia CSJ SL14391-2015, reiteró que:
Frente a tal cuestionamiento, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido, con insistencia, que los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que, solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un «efecto retrospectivo» a sus disposiciones salariales. Ha entendido esta Corporación que esa medida se amolda perfectamente a la función primordial del Tribunal de encontrar la fórmula que resulte más equitativa para la resolución del conflicto. En la sentencia CSJ SL, 26 jul. 2011, rad. 50469, se dijo al respecto:
Amparado en criterios de equidad, el Tribunal de Arbitramento consideró viable la aplicación de la cláusula de vigencia y de los incrementos salariales a partir del 1º de mayo de 2010, posición de la que disiente el recurrente.
No obstante, esta Sala ha sido pacífica en torno al punto traído a discusión y ha señalado que aun cuando en principio el laudo arbitral tiene efectos hacia el futuro, a partir de su expedición, se ha aceptado su retrospectividad, cuando quiera que el conflicto colectivo de trabajo no se termine mediante arreglo directo y sea necesaria la definición a través de un Tribunal de Arbitramento, como aconteció en el sub lite, a fin de corregir el desequilibrio económico que pueda surgir en ese lapso.
Justamente, esa facultad ha sido conferida a los árbitros para que, en cada caso particular ponderen si es viable la aplicación retrospectiva de las cláusulas referidas a los aumentos salariales, y se ha considerado que aquellos no se encuentran atados a una decisión en torno a este específico aspecto, de manera que les está permitida su definición, en el marco de los criterios de equidad a los que se hizo referencia anteriormente.
Entonces, el fallo arbitral pone fin al conflicto económico planteado entre el empleador y el sindicato de sus trabajadores, y sus efectos, por regla general, como cualquiera otra disposición en el ámbito del derecho del trabajo, rigen hacia el futuro, dado la íntima relación que en el tiempo deben tener el conflicto y su solución. Por eso, excepcionalmente, los arbitradores pueden incrementar los salarios de manera retrospectiva. Pero de ahí a entenderse, como lo sugiere la organización sindical recurrente, que la excepción se haya convertido en una regla, en puridad de verdad no consulta lo dictado por la ley o lo dicho por la jurisprudencia.
En el sub examine, debe concluirse que no se evidencia que la decisión arbitral, de decretar el incremento salarial sin retrospectividad, sea contraria al equilibrio económico que debe regir todas las relaciones laborales individuales como colectivas, para el caso las de las partes implicadas en la presente negociación colectiva.
6. Tampoco se evidencian razones para modular la cláusula del procedimiento disciplinario
Para despachar desfavorablemente esta petición solo baste decir que la Corte observa que el cuerpo arbitral consagró un trámite detallado y garantista, para que el trabajador asuma su defensa e incluso para que el empleador, luego de valorar los diferentes elementos de persuasión, tenga suficiente claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se le imputan al trabajador.
Ahora bien, nótese que el procedimiento disciplinario diseñado por el tribunal de arbitramento está acorde con lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-593-2014, en la que se destacó, entre otros aspectos: (i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción deben encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente, (vii) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii) la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria.
Y sobre estos pilares está soportado el mencionado procedimiento.
En otro orden de consideraciones el término de 5 días que tiene el empleador para dar inicio al procedimiento disciplinario no se muestra manifiestamente inequitativo, puesto que dicho término es razonable para que la empresa recopile las pruebas pertinentes y cite al trabajador a la diligencia de descargos.
Ahora bien, ante la comisión de una falta, puede que no exista certeza sobre quién es el autor de la conducta, caso en el cual son necesarias auditorías, investigaciones y pesquisas adelantadas internamente y, algunas veces, por entidades externas; de ahí que sea razonable que el término de ejercicio de las acciones disciplinarias se cuente desde que se tiene conocimiento. Pero sucede que, en otros casos, el empleador sabe con certeza las condiciones de tiempo, modo y lugar de la presunta falta, por ejemplo, cuando se sorprende al empleado en el momento de comisión de la conducta o cuando hay confesión, supuestos en los cuales el mencionado término se cuenta desde la ocurrencia de los hechos (sentencia CSJ SL3063-2019).
En lo que respecta al procedimiento para despedir, es patente que el procedimiento estatuido por el tribunal de arbitramento es tanto para imponer sanciones disciplinarias como para despidos. No otra cosa se puede inferir verbi gracia de lo siguiente: «Pero, cuando la decisión es el despido por justa causa, la apelación no suspende los efectos de la decisión, el despido se aplica de manera inmediata» y «En el caso de que el recurso de apelación revoque la determinación de despido tomada en primera instancia y, en su reemplazo, se aplique una sanción de suspensión disciplinaria, se computarán los días que el trabajador estuvo ausente como sanción disciplinaria».
En tal sentido, se negará la solicitud de devolución.
V. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA EMPRESA LITOPLAS S.A.
La sociedad impugnante aduce:
1.Frente al artículo segundo, referente a permisos sindicales, en su acápite primero atinente las diligencias sindicales:
Solicitamos la modulación de la decisión contenida en el acápite mencionado, que contempla el otorgamiento de 4 días mensuales de permisos para diligencias sindicales, para que, en su lugar, se mantengan los 2 días mensuales de permisos para diligencias como se encontraba establecido en la convención colectiva de trabajo.
2. Frente al artículo nueve referentes al auxilio para niños en situación especial.
Solicitamos la anulación parcial de la decisión contenida en el artículo en lo que se refiere al reajuste anual del beneficio de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior.
3. Frente al artículo décimo séptimo, referente a la prima de diciembre.
Solicitamos la anulación parcial de la decisión contenida en este artículo en lo que se refiere al reajuste anual del beneficio de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor del año Inmediatamente anterior.
4. Frente al artículo décimo octavo referente al encargo o provisionalidad:
4.1. Como pretensión principal solicitamos la anulación del artículo.
4.2. Como pretensión subsidiaria, la anulación parcial del artículo en lo referente a la expresión “o verbalmente".
5. Frente al artículo vigésimo cuarto, referente al transporte:
5.1. Como pretensión principal, solicitamos la anulación del artículo.
5.2. Como pretensión subsidiarla, solicitamos la modulación de la decisión contenida en este artículo en el sentido de que el beneficio se reconocerá en las condiciones que era otorgado antes de la pandemia por Covid - 19.
1. Permiso sindical
1.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 5 PERMISOS SINDICALES. LA EMPRESA concederá por cada año de vigencia de la presente convención colectiva de trabajo permisos remunerados con salario básico para un total de ciento cincuenta (150) días para los trabajadores afiliados a nuestra Organización Sindical - SINTRALITOPLAS. Lo anterior con el fin de realizar todas aquellas diligencias propias de la actividad sindical, entre otras, tales como capacitaciones y congresos sindicales regional, nacional e internacional; reuniones y asambleas de juntas directivas de SINTRALITOPLAS ordinarias y extraordinarias y atención de diligencias administrativas y/o judiciales.
1.2 Laudo arbitral
Artículo segundo: PERMISOS SINDICALES. LA EMPRESA reconocerá los siguientes permisos sindicales remunerados:
Diligencias sindicales. Durante los años de vigencia que se pacte en el presente Laudo Arbitral, mensualmente la empresa le concederá a la organización hasta cuatro (4) días mensuales de permiso sindical, para ser repartidos entre los miembros de la unión sindical, para diligencias inherentes a la organización. Estos permisos se deben solicitar antes del jueves en que se programan los turnos de la empresa (máximo el miércoles de la respectiva semana) de la semana siguiente y para ser reconocidos en la semana siguiente a la solicitud.
Para efectos de la acumulación de estos permisos se debe tener en cuenta que no se podrán solicitar estos permisos para más de dos personas en un mismo día, ni más de dos días en una misma semana.
Para junta directiva. De igual manera. cada cuatro meses la empresa le concederá un día (1) laboral de permiso sindical a diez (1O) miembros de la junta directiva y a los dos (2) miembros de la comisión de reclamos. El empleado no puede cambiar el día de permiso por estar de vacaciones, descanso u otra razón, ni cambiado el permiso para otra persona que no sea de la junta o comisión de reclamo. Estos permisos se deben solicitar con un mes de anticipación, al día en que se reconocen.
Eventos sindicales. La empresa otorgará permisos sindicales hasta por (14) días al año para cursos, conferencias, capacitaciones, asambleas, plenums, congresos, foros o cualquier otro evento sindical. En ningún caso se podrán solicitar estos permisos para más de dos personas en un mismo día ni el permiso será por más de cinco días. Cuando el evento se realice por fuera de la ciudad de Barranquilla, se le reconocerán a cada trabajador que se le concede permiso, viáticos por $90,000 pesos por cada día de permiso otorgado.
Estos permisos se deben solicitar con seis días hábiles de anticipación, al día en que se reconocen. No serán hábiles los días sábados, domingos y festivos o días en que no se prestan servicios en la empresa.
PARÁGRAFO: Estos permisos sindicales deben ejercerse para las actividades sindicales objeto de la petición del permiso, constituirá falta grave utilizar los permisos sindicales para otros fines.
1.3 Argumentos del recurrente
Sostiene que la decisión del tribunal de arbitramento es manifiestamente inequitativa en tanto desatiende los criterios de proporcionalidad y razonabilidad a los que la concesión de los permisos sindicales debe quedar sujeta ya que el número de trabajadores afiliados a SINTRALITOPLAS se redujo considerablemente pasando de contar con más de 100 miembros al momento de la suscripción de la convención colectiva de trabajo a tener 18 afiliados en la actualidad.
Aduce que, el reconocimiento de este número de permisos, teniendo en cuenta la cantidad de afiliaciones a la organización sindical, resulta excesiva, desproporcionada y más aún injustificada, por cuanto realmente el argumento en que se sustentó la decisión no se condice con la realidad.
Agrega que, la decisión más allá de ser desproporcionada y excesiva atendiendo al número de afiliados, también genera una afectación grave en la operación de la compañía, pues los trabajadores pertenecientes a este sindicato tienen la calidad de operarios y hacen parte del área de producción, luego resulta claro que el aumento de permisos mensuales para un inferior número de trabajadores generará un impacto desfavorable para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa, afectando así su normal funcionamiento.
VI. CONSIDERACIONES
Concerniente a los permisos sindicales, el criterio de la Sala gravita en que se trata de una facultad de los árbitros, siempre que su concesión se muestre proporcional y razonable.
Sin duda, la necesidad del reconocimiento del permiso sindical es evidente, dado que la garantía de un adecuado ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores, no puede quedar al arbitrio de quien, precisamente, es su antagonista dentro de la dialéctica de la relación capital-trabajo, sino que a los directivos sindicales se les debe brindar la oportunidad de reunirse con el objetivo de organizarse en defensa de los intereses de los afiliados, dentro de un marco de razonabilidad y sin que se desvirtúe uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo como lo es la prestación personal de servicio a favor de un empleador (CSJ SL10918-2016).
La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de esta Corporación, ha sido unánime en cuanto el deber que el ordenamiento colombiano impone al empleador de conceder los permisos sindicales, «pero eso sí dentro de ciertos y precisos límites» (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 36147); por cuanto «el uso de los permisos sindicales debe estar apoyado en los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad» (CC T-464/10).
Los permisos remunerados, que fijaron los árbitros, tienen una estrecha relación con el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical.
En esa perspectiva, puesta la Corte en la tarea de verificar cada uno de los aspectos relacionados, observa que la forma como está concebido el reconocimiento de los permisos, el número de trabajadores sindicalizados (18) y de días otorgados, que no son permanentes, esto es, un total de 130 días durante los dos años de vigencia, en realidad dista de ser una decisión contraria a la equidad, razonabilidad y proporcionalidad y, además, la recurrente no acredita fehacientemente con probanza alguna cómo el otorgamiento de los permisos le acarrearía dificultades en su ejercicio normal que interfiera en el adecuado cumplimiento de su objeto social y que, eventualmente, pueda poner en peligro su estabilidad económica, máxime que la empresa, según su propia información, cuenta con un total de 100 trabajadores.
Tampoco se pierda de vista que la decisión arbitral fue palmaria en advertir que el permiso debe solicitarse con una antelación de seis días hábiles, tiempo que le permite al empleador adecuar las necesidades del servicio, durante los días de permiso.
De suerte que, la Sala estima que la decisión arbitral bajo escrutinio no se exhibe inequitativa o injustificada, teniendo en cuenta los propósitos u objetivos que persigue, se ajusta a los criterios de racionalidad y proporcionalidad y, además, no tienen el carácter de ser permanentes, como tampoco afectan el desarrollo normal de la gestión empresarial y, por ende, no se anulará.
1. Auxilio para niños en situación especial
2.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 10. AUXILIO PARA NIÑOS EN SITUACIÓN ESPECIALES. La empresa concederá un auxilio educativo equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente al trabajador que tenga hijo(s) biológico(s) o adoptivos que presente(n) las siguientes patologías permanentes: Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Autismo, o lesiones cerebrales congénitas graves y las demás que acredite el centro médico del trabajador, que impliquen educación especial permanente, debidamente diagnosticado por un especialista pertinente de acuerdo con la patología; El trabajador deberá presentar los recibos de pago correspondientes a los gastos por educación especial. CUANDO SE DETECTEN INCONSISTENCIAS EN LA
INFORMACIÓN Y LOS SOPORTE PRESENTADOS POR EL TRABAJADOR, LA EMPRESA PREVIA COMPROBACION SUSPENDERA ESTE BENEFICIO.
PARAGRAFO: Para éstas patologías permanentes se requerirá presentar el diagnóstico de la patología solo para efectuar el primer pago. Para pagos siguientes el trabajador solo deberá presentar certificación de la Institución de educación especial, con el diagnóstico mencionado en el mismo certificado. En el caso que el niño no pueda trasladarse a la institución educativa este auxilio será tomado para sus gastos médicos y/o personales, este auxilio será reajustado anualmente de acuerdo al IPC.
2.2 Laudo arbitral
Artículo noveno: AUXILIO PARA NIÑOS EN SITUACIÓN ESPECIAL LA EMPRESA concederá un auxilio educativo al trabajador que tenga hijo(s) biológicos (s) que presente (n) las siguientes patologías permanentes: síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Autismo o lesiones cerebrales congénitas graves que impliquen educación especial permanente, debidamente diagnosticado por un especialista pertinente de acuerdo con la patología; Se destinará un auxilio del veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo legal mensual vigente. El trabajador deberá presentar los recibos de pago correspondientes a los gastos por educación especial. Cuando detecten inconsistencias en la información de soporte presentada por algún trabajador, la empresa procederá con el respectivo proceso disciplinario. Para estas patologías permanentes se requerirá presentar el diagnóstico de la patología solo para efectuar el primer pago. Para pagos siguientes el trabajador sólo deberá presentar certificación de la institución de educación especial con el diagnóstico mencionado en el mismo certificado. En el caso que el niño no pueda trasladarse la Institución Educativa este auxilio será tomado para sus gastos médicos y/o personales. El anterior beneficio no es salario por acuerdo entre las partes. El auxilio para niños en situación especial que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, el presente auxilio se incrementará con el IPC del año 2021.
2.3 Argumentos del recurrente
Para la sociedad recurrente el tribunal de arbitramento no define claramente un sistema de reajuste para el beneficio en tanto dispone que el monto del auxilio será equivalente al 25% del salario mínimo legal mensual vigente, «no obstante, también ordena un reajuste anual de acuerdo con el IPC del año inmediatamente anterior», en ese sentido, «si la intención del Tribunal es disponer que se apliquen simultáneamente dos sistemas de reajuste para un mismo beneficio, luego la decisión resulta abiertamente inequitativa».
Así, solicita «la anulación parcial del artículo en lo que atañe a su reajuste por el IPC».
Prima de diciembre
3.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 25. PRIMA DE DICIEMBRE La empresa le reconocerá a sus trabajadores una prima de cinco (5) días de salario básico (este equivale a lo que se conocía como: cambio en el periodo de pago), Esta prima se hará efectiva el primer día hábil del mes de diciembre de cada año, por parte de los trabajadores que estén prestando servicio en dicha fecha. PARA CUANDO EL AÑO EN CURSO SEA BISIESTO SE PAGARÁN SEIS (6) DÍAS.
3.2 Laudo arbitral
Artículo décimo séptimo: PRIMA DE DICIEMBRE La empresa reconocerá a los trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral una prima de cinco (5) días de salario básico. Esta prima se hará efectiva el primer día hábil del mes de diciembre de cada año, por parte de los trabajadores que estén prestando servicio en dicha fecha. La prima de diciembre que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, la prima de diciembre se incrementará con el IPC del año 2021. Las partes acuerdan que todos los valores que se pagan por este concepto y establecidos en esta cláusula no serán salario para ningún efecto.
3.3 Argumentos del recurrente
Explica que similar situación a la del artículo anterior ocurre con la prima de diciembre, que se establece por un monto de 5 días de salario del trabajador. No obstante, se contempla un reajuste de la prima con base en el IPC del año anterior.
Cabe recordar que, en el propio laudo, se definió el reajuste anual de los salarios en el artículo décimo tercero, sobre la base del IPC. Es decir, al salario del empleado se le aplica anualmente este porcentaje.
Por tanto, si además de incrementar el salario por el IPC, se incrementara la prima, cuyo valor es de 5 días de salario del trabajador, también por el IPC, se estaría generando un doble reajuste.
Lo anterior, dice, es manifiestamente inequitativo, siendo contrario a la razonabilidad y proporcionalidad, además de contrariar la línea seguida a lo largo del laudo para el asunto del reajuste.
VII. CONSIDERACIONES
Tiene adoctrinado esta Corte que, por medio del conflicto colectivo y la dinámica que le es propia, lo que los trabajadores buscan es precisamente la defensa y la mejora de sus derechos laborales, bien sea superando los establecidos en la ley o en algún otro acuerdo previo suscrito con el empleador, o, ya sea creando nuevos derechos. Esa finalidad de mejoramiento de los derechos y beneficios de los trabajadores, que apareja la negociación y el conflicto colectivo, se replica a los arbitradores, quienes, para decidir en equidad, igualmente pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación o adición de los ya existentes (sentencia de anulación CSJ SL15705-2015), siempre y cuando no sean manifiestamente inequitativas.
Para dar respuesta a lo planteado por la sociedad recurrente, es menester recordar que el laudo arbitral dispuso un incremento de salarios de la siguiente manera:
Artículo décimo tercero: SALARIOS La empresa LITOPLAS S.A., durante la vigencia del presente Laudo Arbitral reajustará los salarios de los beneficiarios del presente Laudo Arbitral en el IPC del año inmediatamente anterior desde el primero de enero. Los salarios para los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementarán para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del Laudo, se incrementarán con el IPC del año 2021.
Y siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, halla la Sala que la decisión en torno a que «la prima de diciembre que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, la prima de diciembre se incrementará con el IPC del año 2021» es desproporcionada ya que si el beneficio está íntimamente ligado al salario básico del trabajador, pues equivale a 5 días del mismo, y si aquel que es el referente para calcular la prima, en aras de mantener su poder adquisitivo se actualiza durante dichas anualidades, como quedó plasmado en el artículo décimo tercero del laudo arbitral, se exhibe desproporcionado que a los 5 días del salario básico, salario que, se repite, se actualiza cada año con el IPC, se incremente nuevamente u otra vez, teniendo como venero el mismo IPC.
Igual argumento sirve en lo atinente al auxilio para niños en situación especial, pues también se encuentra atado al salario mínimo legal, que anualmente es incrementado. Entonces, si una vez incrementado el salario mínimo legal, también se incrementa en el IPC el 25% del mismo, sin duda, lesiona el postulado de proporcionalidad sobre el que debe gravitar cualquier decisión de los tribunales de arbitramento.
Por lo brevemente expuesto se anularán las expresiones «El auxilio para niños en situación especial que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, el presente auxilio se incrementará con el IPC del año 2021» y «La prima de diciembre que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, la prima de diciembre se incrementará con el IPC del año 2021», contenidas en los artículos noveno y décimo séptimo de la parte resolutiva del laudo arbitral, respectivamente.
2. Encargo o provisionalidad
4.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 27. ENCARGO O PROVISIONALIDAD. Cuando un trabajador sea encargado por escrito o VERBALMENTE de ocupar un cargo de mayor nivel salarial, se le reconocerá temporalmente el salario del cargo provisional, una vez regrese a su puesto se le pagará la asignación correspondiente al cargo del que es titular. PARÁGRAFO: Lo estipulado en la presente cláusula no aplica para los reemplazos que se presentan en algunos casos con ocasión a la rotación del personal que cumple turnos rotativos e incapacidades temporales y los cargos contratados para cubrir vacaciones.
4.2 Laudo arbitral
Artículo décimo octavo: ENCARGO O PROVISIONALIDAD Cuando un trabajador beneficiario del presente Laudo Arbitral sea encargado por escrito o verbalmente de ocupar un cargo de mayor nivel salarial, se le reconocerá temporalmente el salario del cargo provisional, una vez regrese a su puesto se le pagará la asignación correspondiente al cargo del que es titular. PARÁGRAFO: Lo estipulado en la presente clausula no aplica para los reemplazos que se presentan en algunos casos con ocasión a la rotación del personal que cumple turnos rotativos e incapacidades temporales y los cargos contratados para cubrir vacaciones.
4.3 Argumentos del recurrente
Arguye que el tribunal carece de competencia, dado que el asunto de los encargos no debió haber sido regulado en el laudo o, en todo caso, debió respetar los términos que habían acordado las partes en la Convención Colectiva anterior (2015-2017), máxime, por cuanto la inclusión de la expresión «verbalmente» puede ser problemática, en tanto la asignación de funciones o tareas, no necesariamente implica un encargo, sino sencillamente el ejercicio de la facultad de subordinación del empleador.
Por tanto, la modificación introducida por el tribunal es una extralimitación de sus competencias y en todo caso deriva en una afectación para el ejercicio de la facultad del empleador.
VIII. CONSIDERACIONES
Lo primero que hay decir es que, a juicio de la Corte, los arbitradores sí están facultados para establecer en los laudos arbitrales temas concernientes a los reemplazos.
Empero, en este específico asunto tiene razón la recurrente ya que el cuerpo arbitral desbordó la competencia dado que el mero hecho de un reemplazo no sería suficiente para que el trabajador reemplazante reciba el mismo salario «del cargo provisional», pues como se explicó en las sentencias CSJ SL987-2019 y CSJ SL17769-2016, una cláusula así redactada desconoce que pueden existir razones legítimas, relevantes y objetivas que permitan una remuneración diferente, como serían, de desempeño, condiciones de puesto, jornada y eficiencia, logro de metas, funciones, liderazgo, «rendimiento físico», «antigüedad», «experiencia», «adaptación al medio de trabajo», «iniciativa», «destreza», para citar solo algunos de ellos.
Entonces, la decisión en los términos descritos, podría, de manera indirecta, afectar el ámbito de libertad con que cuenta el empleador para nombrar los reemplazos de un trabajador que haga uso de vacaciones, licencias, incapacidades o cualquier otra novedad laboral temporal al imponérsele que debe reconocer la misma retribución, se insiste, por el mero hecho del reemplazo, sin más miramientos, pues omite que existen circunstancias objetivas y legales que permiten reconocer una diferencia retributiva.
De suerte que se anulará la decisión arbitral.
2. Transporte
5.1 Pliego de peticiones
TRANSPORTE. La empresa LITOPLAS S.A. Prestará el servicio de transporte a los trabajadores de recogida y reparto para el personal que labore en todos los turnos. Este servicio se brindará en rutas de transporte suficiente y cómodo, cuya reglamentación corresponderá exclusivamente al Departamento de Recursos Humanos o en su defecto al gerente o la gerente desarrollo organizacional humano D.O.H. Si por culpa del transportador el trabajador no es recogido, este se trasladará por otro medio hasta su sitio de trabajo. La Empresa pagará el valor del transporte y lo dejará entrar a laborar. Cuando un trabajador no pueda irse en la ruta por encontrarse realizando algún trabajo ordenado por la Empresa, ésta lo enviará en taxi hasta su casa sin importar la hora.
5.2 Laudo arbitral
Artículo vigésimo cuarto: TRANSPORTE La empresa LITOPLAS S.A., continuará prestando el servicio de transporte en las condiciones que se encuentra y como lo viene haciendo antes de la pandemia, en beneficio de los trabajadores que se beneficiaren del presente Laudo Arbitral.
5.3 Argumentos del recurrente
Solicita la anulación de este artículo por ser manifiestamente inequitativo o, en subsidio de esto su modulación, en el sentido de que el beneficio de transporte se seguirá reconociendo en la forma en que lo hacía la empresa antes de la pandemia.
Explica que el beneficio de transporte, se concreta a unas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ingresar y salir de su tumo. Para principios de año, la compañía disponía 5 rutas que eran utilizadas por los trabajadores sin perjuicio de que la empresa sigue reconociendo el auxilio de transporte de ley; no obstante, con ocasión de la pandemia y de las distintas reorganizaciones operativas y de turnos que han tenido que hacerse, la compañía incrementó el beneficio, por esta situación excepcional a 16 rutas para los empleados, es decir, «más del triple de las que se disponían en condiciones normales y, se insiste, sin ser obligación de la empresa hacerlo. Con este incremento, el gasto para la compañía por este asunto pasó de cerca de quince millones de pesos ($15.000.000 M/L) a cincuenta y dos millones de pesos ($52.000.000). Es decir, una erogación superior a seiscientos millones de pesos ($600.000.000) en el año, todo lo cual fue puesto a consideración del Tribunal».
Asevera que, si bien la compañía, tiene previsto mantener el beneficio para sus empleados, la configuración actual de este se da en respuesta a la situación de emergencia que atraviesa el país. Por ende, siendo una medida excepcional, ante una contingencia igualmente excepcional, es inequitativo de forma manifiesta querer establecerlo como un beneficio que deba seguirse dando de manera indefinida a futuro. Así se desprende de la redacción de la cláusula, que, con la aclaración, eliminó la referencia de que el beneficio se debe reconocer en la forma en que se daba antes de la pandemia.
Es por ello que se hace un llamado a la Corte, para que anule esta determinación injusta y que le impone a la carga a la empresa de manera indefinida, cuando se trata por el contrario de una medida favorable a los empleados y tomada específicamente en el marco de la emergencia.
En subsidio, y si la Sala Laboral desea preservar la decisión del Tribunal, les solicitamos que la module, de forma que quede claro que el beneficio rige de la forma en que se concedía antes de la pandemia.
IX. CONSIDERACIONES
Encuentra la Corte que lo que dispusieron los árbitros, en lo que concierne al transporte fue reiterar la prestación de un servicio que con anterioridad existía, por lo tanto, a buen seguro, no se evidencia alguna afectación grave de las condiciones económicas de la recurrente, al otorgar en el laudo una prebenda que ya venía reconociendo.
Ahora bien, no hay que desconocer que el tema de pandemia a más de que fue algo excepcional ya se está superando, lo que le permitirá al empleador adecuar el servicio de transporte en las condiciones normales que ofrecía antes de la mencionada pandemia. En estas condiciones no se anulará la cláusula bajo estudio.
X. RECURSO DE ANULACIÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES –SINANINAL-
La organización sindical busca que el laudo arbitral sea devuelto al tribunal de arbitramento para que se pronuncie respecto al pliego de peticiones que fue presentado por la misma, teniendo en consideración lo siguiente: (i) extralimitación del tribunal de arbitramento en cuanto al objeto para el cual se convocó, y (ii) afectación a los derechos o facultades de las partes, reconocidos por la CN, la ley o las normas convencionales vigentes.
1. Extralimitación del tribunal de arbitramento en cuanto al objeto para el cual se convocó
1.1. El campo de competencia jurisdiccional del tribunal de arbitramento «conformado por medio de la Resolución 1559 del 31 de agosto de 2020, era el descrito legalmente en el artículo 458 del C.S.T., por lo tanto, los árbitros al no pronunciarse sobre los puntos del pliego de peticiones presentado por mi procurada, y sobre los cuales no hubo acuerdo en la etapa de arreglo directo con la empresa LITOPLAS S.A, sin ninguna otra acción congruente en virtud de su ejercicio jurisdiccional, representa una extralimitación por omisión que afecta de manera drástica los derechos de la organización sindical SINANINAL y los trabajadores a quienes representa, pues la sentencia traída al ente arbitral por parte de la empresa LITOPLAS S.A, no se encuentra ejecutoriada, y de por más, tampoco era un asunto integrante del objeto de su convocatoria, por lo cual existe también extralimitación por acción al excluir al sindicato de las resultas del fallo arbitral».
1.2. Infracción a la función jurisdiccional transitoria
De conformidad con el artículo 116 superior, «los árbitros integrantes del Tribunal de Arbitramento que profirió el fallo arbitral que ataca el presente recurso extraordinario fueron «investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de [...] árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley».
En tal sentido, el ejercicio de la función transitoria de los árbitros está reconocida en los términos «del numeral 3, artículo 13 de la Ley 270 de 1996, donde se señala la obligación de respetar "en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso"».
Acota que ese mismo debido proceso fue trasgredido por los árbitros al desconocer su obligación legal «respecto de la remisión que realiza el artículo 19 del C.S.T, para lo cual han debido atenerse a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012, "Estatuto de arbitraje Nacional e internacional', cuya aplicación, por respeto al debido proceso de mi prohijada le era procedente sobre las medidas cautelares de su competencia, para efectos de la aplicación del parágrafo del artículo 32 de la fuente normativa en comento, cosa que no se hizo, actuando de plano y sin consulta alguna a la autoridad judicial de conocimiento».
Aduce que yerran los árbitros por acción y omisión al no decidir en equidad sobre los puntos objeto del tribunal, sino que de manera arbitraria usurpan la competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para excluir de plano el petitorio de la organización sindical SINANINAL.
Sobre el caso concreto no existe ninguna duda que el arbitramento al que se sometió la organización sindical SINANINAL, es de carácter obligatorio, en virtud de lo establecido en el artículo 452 del C.S.T.
Por otra parte, los árbitros violaron el principio de congruencia, al no pronunciarse en torno al pliego de peticiones.
1.3. Infracción por vía de hecho
Ausencia de ejecutoria de la sentencia de fecha 3 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Dice que el artículo 13 del C.P.T.S.S. señala un tipo de proceso sin cuantía, el cual se ajusta al proceso presentado por la empresa LITOPLAS S.A. pues la causa petendi del mismo es que se «declare» la ilegalidad de las afiliaciones a SINANINAL.
Expone que tal como se lee en la decisión arbitral, el árbitro nombrado por la empresa y a quien nombró el Ministerio del Trabajo, decidieron excluir del proceso arbitral a la organización sindical SINANINAL bajo el supuesto único y no motivado de la supuesta cosa juzgada. Ambos árbitros asumieron valido el argumento presentado por la empresa, sin más reparos, con lo cual incurrieron en una infracción por vía de hecho contra los derechos al debido proceso, negociación colectiva, libertad sindical e igualdad, pues la decisión de segunda instancia que conoció del proceso referido aún no se encontraba en firme, pues se había interpuesto recurso extraordinario de casación.
Afirma que no hay que pasar por alto que en materia laboral «los procesos especiales están taxativamente determinados, con procedimientos y mecanismos definidos. Dichos procesos especiales no pueden crearse al arbitrio de las consideraciones del demandante, sino que deben cumplir los requisitos formales y materiales propios de los procesos especiales determinados por la ley, como lo son los procesos de fuero sindical, de sanciones, de suspensión temporal y «de las cancelaciones de personerías, disolución y liquidación de las asociaciones sindicales, al tenor de los artículos 2 y 113 del CPL; 380 del CST. No existe en ninguna parte del ordenamiento jurídico un proceso especial laboral denominado "Ilegalidad de afiliaciones”, por lo que yerran en su comprensión legal los árbitros que avalaron el razonamiento de la empresa, contra toda evidencia jurídica y jurisprudencial, lesionando por vía de hecho los derechos fundamentales de la organización sindical que excluyeron del proceso arbitral (SINANINAL) y los de sus afiliados».
2. Afectación a los derechos o facultades de las partes, reconocidos por la CN, la ley o las normas convencionales vigentes
Expresa que como se puede ver, el laudo recurrido de manera extraordinaria lesiona por vía de hecho las garantías constitucionales a las que tiene derecho la organización sindical SINANINAL y sus afiliados, que por tratarse de una organización de carácter nacional hace presencia en diferentes partes del país y en distintas empresas, por lo que esta agresión contra la persona del sindicato constituye en un atentado contra la libertad y los derechos del cual es titular la persona jurídica de la asociación, teniendo repercusiones profundas en sus asociados, repercusiones directas para los trabajadores asociados en la empresa LITOPLAS S.A., «quienes siguen siendo afiliados al sindicato hasta tanto no se defina la última ratio del proceso ordinario laboral, lo cual está en manos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien debe resolver el recurso de casación presentado en debida forma, ante lo cual ha guardado silencio hasta la fecha. El tribunal de arbitramento se abstuvo de fallar en equidad para fallar en arbitrariedad, contra derecho y lesionando profundamente a una de las partes más débiles que se enfrentan en el diferendo económico».
Agrega que los árbitros que decidieron excluir a la organización sindical SINANINAL del objeto del laudo arbitral actuaron contrario a la ley, la constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y a todo atisbo elemental de razonabilidad procesal, acto más reprochable aun cuando quienes prosiguen ese derrotero son profesionales del derecho, contrario sensu a quien sin ser abogado, se opuso ajustándose a los preceptos legales y constitucionales.-1619760000
Pues bien, previamente a resolver lo que en derecho corresponda, menester se exhibe hacer la siguiente recensión fáctica, que trae a colación el recurrente, lo que, sin duda alguna, permite una mayor comprensión del asunto sometido a escrutinio de la Corte:
1. El 25 de octubre de 2013 se constituyó legalmente la Subdirectiva Barranquilla del Sindicato Nacional de la Industria de Productos Destinados para la Alimentación, Bebidas. Afines y Similares, “SINANINAL”, por mandato de la Resolución 002 del 13 de octubre de 2013, proferida por la Dirección Nacional de Sinaninal.
2. Del acto de constitución se realizaron las respectivas notificaciones y depósito ante el Ministerio del Trabajo.
3. El 10 de junio de 2016 la organización sindical SINANINAL - Seccional Barranquilla, presentó pliego de peticiones a la empresa LITOPLAS S.A.
4. El 16 de junio de 2016 la empresa LITOPLAS S.A., citó a la organización sindical para dar inicio a la discusión del pliego de peticiones, reconociendo la existencia del conflicto colectivo suscitado desde la presentación del petitorio.
5. La etapa de arreglo directo se agotó con la suscripción del acta de inicio de negociación el 17 de junio de 2016 y el acta final de la etapa de arreglo directo el 7 de julio de 2016, sin que las partes hubieren llegado a acuerdos en ninguno de los puntos del pliego de peticiones.
6. Posteriormente, por decisión de la asamblea, el sindicato decide realizar la solicitud al Ministerio del Trabajo para que actúe de conformidad a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo.
7. El 14 de octubre de 2020, el Ministerio del Trabajo notifica por vía correo electrónico el contenido de la Resolución 1559 del 31 de agosto de 2020, previo trámite administrativo de sorteo del tercer árbitro.
8. Mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2020, la secretaria del conformado tribunal de arbitramento notifica sobre la instalación del ente arbitral, donde están claramente identificadas las partes, siendo mi prohijada parte en el proceso arbitral.
9. La organización sindical mostrando pleno interés jurídico en la solución del conflicto laboral presentó su pronunciamiento de aceptación y fue convocada para que presentara sus consideraciones ante los miembros del tribunal, sustentación que se llevó a cabo los días 5 y 10 de noviembre de 2020.
10. Tal como lo manifiesta el árbitro nombrado por el Sindicato, el representante legal de SINANINAL respondió al cuestionamiento realizado por el tribunal respecto de la solicitud realizada por la empresa LITOPLAS S.A., al Tribunal de Arbitramento para excluirla del mismo debido a la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, donde se declaró "ilegales" las afiliaciones de los trabajadores en la empresa LITOPLAS S.A.
11. El 30 de noviembre de 2020, la secretaria del Tribunal de Arbitramento, Dra. NATHALIA TORRES, envió vía correo electrónico formato de acta de notificación y citación de notificación, sin dar traslado del laudo arbitral, ante lo cual mi representada propuso oposición y las respectivas constancias de ausencia de notificación el 2 y el 3 de diciembre de 2020, siendo notificadas las partes del contenido del laudo arbitral el día 4 de diciembre de 2020.
12. Al analizar el contenido del laudo se encuentra que el ente arbitral decidió excluir del proceso arbitral a la organización sindical SINANINAL, muy a pesar de haber agotado todo el procedimiento y de haber permitido la participación de mi representada, 2 de los 3 árbitros resolvieron no tener en cuenta a la organización sindical SINANINAL, por lo cual no se hace mención alguna de ella en la decisión arbitral.
ANTECEDENTES DEL PROCESO JUDICIAL CONTRA LAS AFILIACIONES A SINANINAL
Sostiene el sindicato:
1. La empresa LITOPLAS S.A., a través de apoderado judicial presentó demanda ORDINARIA LABORAL contra las «afiliaciones» de sus trabajadores a la organización sindical SINANINAL, siendo radicado el proceso con el Numero 08-001-31-05-005-2016-00019-00, por medio del cual la empresa LITOPLAS S.A., pretendía que se declarara la "ilegalidad" de las afiliaciones de sus trabajadores a la organización sindical SINANINAL.
2. Admitida la demanda el 9 de febrero de 2016, en primera instancia conoció del proceso el Juez Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, quien mediante sentencia de fecha 21 de febrero de 2018 resolvió ABSOLVER a los demandados de las pretensiones de la demanda, por lo que NO se declaró la ilegalidad del acto de afiliación de los trabajadores al sindicato.
3. El tres (3) de marzo de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala Segunda de Decisión Laboral, con ponencia del magistrado César Rafael Marcucci Diazgranados, resolvió REVOCAR la decisión de primera instancia y, en consecuencia, “DECLARAR LA ILEGALIDAD” de las afiliaciones de los trabajadores de LITOPLAS S.A. al sindicato SINANINAL.
4. El 9 de marzo de 2020, dentro de los términos legales fue presentado por el apoderado judicial de SINANINAL, el respectivo recurso de casación contra la sentencia de fecha 3 de marzo de 2020, proferida por la Sala Segunda de Decisión Judicial del Tribunal Superior del Distrito judicial de Barranquilla.
5. De manera casi inmediata, por razón de la pandemia el Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, mediante el cual se suspendieron los términos judiciales en todo el país, mientras que el gobierno nacional expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró la Emergencia, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
6. El 10 de agosto de 2020, la organización sindical SINANINAL, a través de su representante legal, elevó Derecho de Petición al magistrado César Marcucci Diazgranados, integrante de la Sala Segunda de Decisión Judicial del Tribunal Superior de Barranquilla, solicitando respuesta sobre el recurso de casación presentado contra la sentencia fallada por esa sala el 3 de marzo de 2020.
7. La secretaria de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, se pronunció sobre los inconvenientes que ha tenido la rama para atender los procesos en virtud del estado de emergencia nacional.
8. El 22 de octubre de 2020, el presidente nacional de SINANINAL presentó nuevamente derecho de petición, solicitando respuesta sobre el recurso de casación de fecha 9 de marzo de 2020, sin que hasta la fecha haya pronunciamiento del Tribunal al respecto.
XI. CONSIDERACIONES
Desde el umbral se impone recordar la doctrina de esta Corte sentada en la sentencia CSJ SL21177-2017, reiterada en la CSJ 2839-2019, que en lo esencial es aplicable al presente asunto, en cuanto a que para que una de las partes deje de subsistir, desde un punto de vista constitucional y legal, en específico el sindicato, y aquí se agrega, o que las afiliaciones de los trabajadores a un sindicato se declaren ilegales, se requiere de una sentencia judicial, debidamente ejecutoriada, que así lo disponga.
Esto significa que hasta tanto no exista una providencia judicial ejecutoriada, la organización sindical conserva su personería jurídica y, por tanto, su capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y efectuar actos con trascendencia para el derecho y desde luego frente a aquellos trabajadores sobre los cuales no recae la ilegalidad de la afiliación a la organización sindical.
De suerte que la pauta que debe marcar la fecha en la que un sindicato deja de existir o que se declare la ilegalidad de la afiliación de los trabajadores al mismo, y, por ende, de tener vocación para ejercer sus funciones legales y estatutarias y representar los intereses y derechos de sus asociados, es la data de la ejecutoria del acto jurisdiccional que define su personería, en tanto que solo con él se concreta su realidad en el mundo del derecho y los efectos de haber estado incursa en causal de disolución o de ilegalidad de la afiliación de sus miembros. No otra interpretación, a juicio de la Sala, deriva del mandato categórico del artículo 39 de la Constitución Nacional.
En el asunto bajo estudio, observa la Corte que el fundamento basilar para que el tribunal de arbitramento no se pronunciara en torno al pliego de peticiones presentado por SINANINAL en estricto rigor estribó en que la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de fecha 3 de marzo de 2020 mediante la cual se dispuso declarar la ilegalidad de la afiliación de los trabajadores de Litoplas S.A. a la organización sindical SINANINAL, se hallaba debidamente ejecutoriada al momento en que se profirió el laudo arbitral, cuando, en puridad de verdad, no lo estaba, puesto que pasó por alto que contra dicho fallo la organización sindical interpuso recurso de casación; impugnación extraordinaria frente a la cual, para esa data, el juzgador aún no se había pronunciado si la concedía o no.
Y siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, lo procedente sería devolver el laudo arbitral al tribunal de arbitramento para que se pronunciara en torno al mencionado pliego de peticiones, si no fuera porque la Corte prontamente advierte que se encuentra frente a la carencia actual del objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente, cual es, que la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de fecha 3 de marzo de 2020 mediante la cual se dispuso declarar la ilegalidad de la afiliación de los trabajadores de Litoplas S.A. a la organización sindical SINANINAL, a la fecha se encuentra en firme, lo que obliga a la Corporación a tenerlo en cuenta, por lo siguiente:
1o) Como se dijo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 3 de marzo de 2020, dispuso declarar la ilegalidad de la afiliación de los trabajadores de Litoplas S.A. a la organización sindical SINANINAL.
2o) Contra dicho fallo el sindicato SINANINAL formuló recurso de casación.
3o) Esta Sala, al resolver una acción de tutela promovida por SINANINAL en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (CSJ ST4127-2021 del 14 de abril de 2021), en la cual el sindicato arguyó que el mencionado Tribunal no ha extendido respuesta formal y material al recurso de casación de 9 de marzo de 2020, fue enterada que dicha Corporación, el 11 de marzo de 2021, resolvió no conceder el recurso extraordinario interpuesto por la asociación sindical dado que «los perjuicios no son cuantificables para efecto de establecer la procedencia del recurso extraordinario», decisión frente a la cual SINANINAL no interpuso recursos de reposición y, en subsidio, queja, mecanismos con los que contaba para atacarla.
4o) De lo precedente es fácil inferir que la sentencia del juzgador de segunda instancia que declaró la ilegalidad de la afiliación de los trabajadores de Litoplas S.A. a la organización sindical SINANINAL, hoy, cuando se profiere este fallo, se encuentra debidamente ejecutoriada. Incluso, nótese que la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se dictó con anterioridad a la data en que fue repartido el presente recurso de anulación al despacho del magistrado ponente, que lo fue, el 8 de abril de 2021.
Entonces, se itera, aún a riego de fatigar, para la Corte se exhibe insoslayable el hecho sobreviniente de la ejecutoria del fallo que declaró la ilegalidad de la afiliación de los trabajadores de Litoplas S.A. a la organización sindical SINANINAL, por lo que emerge improcedente la devolución del laudo arbitral en los términos solicitados por el SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES –SINANINAL.
Sin costas.
XII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR del laudo arbitral de fecha 25 de noviembre de 2020, aclarado y adicionado el 15 de diciembre siguiente, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la sociedad LITOPLAS S.A., el SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA FLEXOGRAFÍA Y PLÁSTICOS DE LA COSTA-SINTRALITOPLAS- y el SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES –SINANINAL-, las expresiones «El auxilio para niños en situación especial que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, el presente auxilio se incrementará con el IPC del año 2021» y «La prima de diciembre que devengan los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, se incrementará para el año 2021 con el IPC del año 2020. Para el segundo año de vigencia del presente Laudo, la prima de diciembre se incrementará con el IPC del año 2021», contenidas en los artículos noveno y décimo séptimo de la parte resolutiva del laudo arbitral, respectivamente; así como el «Artículo décimo octavo: ENCARGO O PROVISIONALIDAD». No se anula en lo demás. No se devuelve ni modula en los términos solicitados por SINTRALITOPLAS.
SEGUNDO: NO DEVOLVER el laudo arbitral de fecha 25 de noviembre de 2020, aclarado y adicionado el 15 de diciembre siguiente, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la sociedad LITOPLAS S.A., el SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA FLEXOGRAFÍA Y PLÁSTICOS DE LA COSTA-SINTRALITOPLAS- y el SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES –SINANINAL-, solicitado por el SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES –SINANINAL-, según lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.
(Salva voto Parcial)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
(Aclara Voto)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Recurrentes: Litoplas S.A. y otros.
Opositores: Sintralitoplas y otros.
Radicación: 89618
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Como tuve la oportunidad de manifestarlo en la sesión correspondiente, estoy en desacuerdo con las resoluciones adoptadas al resolver el recurso de anulación de la empresa Litoplas. En particular, considero que la Sala debió rechazar por falta de competencia la pretensión de anulación propuesta contra los artículos 2 -permisos sindicales-, 9 -auxilio para niños en situación especial- y 17 -prima de diciembre- y, por otra parte, no anular el artículo 18 -encargo o provisionalidad- del laudo arbitral, los cuales se fundamentaron en la manifiesta inequidad.
1. Falta de competencia de la Corte para analizar la «manifiesta inequidad» como un motivo de anulación
Como lo he expuesto en otras oportunidades, considero que la «manifiesta inequidad» no existe en la legislación laboral, por lo que no puede invocarse como causal de anulación del laudo. Por lo tanto, la Corte no tiene competencia para analizar si se configura o no esa causal y, desde este ángulo, debió rechazar la petición de anulación propuesta contra los artículos 2 -permisos sindicales-, 9 -auxilio para niños en situación especial- y 17 -prima de diciembre- del laudo arbitral, la cual se fundamentó en la supuesta inequidad de esas cláusulas.
Los argumentos que sustentan mi posición al respecto fueron expuestos ampliamente en el voto disidente a la sentencia CSJ SL1573-2021 y reiterados en los fallos CSJ SL5223-2021, CSJ SL3102-2021 y CSJ SL5506-2021. Por razones prácticas me remito a esos argumentos para sustentar mi voto particular en esta oportunidad:
(…) si bien la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
En armonía con lo anterior, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.
Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. De modo que si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizaron los árbitros.
Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Y al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente el que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia.
La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar ‘los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo’.
De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califican o determinan si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias, cuando a las partes les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una garantía de procedimiento que permita verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
2. Improcedencia de anular el artículo 18 -encargo o provisionalidad-
Los árbitros en el mencionado artículo dispusieron:
Artículo décimo octavo: ENCARGO O PROVISIONALIDAD Cuando un trabajador beneficiario del presente Laudo Arbitral sea encargado por escrito o verbalmente de ocupar un cargo de mayor nivel salarial, se le reconocerá temporalmente el salario del cargo provisional, una vez regrese a su puesto se le pagará la asignación correspondiente al cargo del que es titular.
PARÁGRAFO: Lo estipulado en la presente clausula no aplica para los reemplazos que se presentan en algunos casos con ocasión a la rotación del personal que cumple turnos rotativos e incapacidades temporales y los cargos contratados para cubrir vacaciones.
A criterio de la mayoría, si bien los árbitros están facultados para regular el tema de los reemplazos en la empresa, en este caso desconocieron la libertad del empleador «para nombrar los reemplazos de un trabajador que haga uso de vacaciones, licencias, incapacidades o cualquier otra novedad laboral temporal al imponérsele que debe reconocer la misma retribución, se insiste, por el mero hecho del reemplazo, sin más miramientos, pues omite que existen circunstancias objetivas y legales que permiten reconocer una diferencia retributiva».
Desde mi punto de vista el fallo contiene un paralogismo, pues reivindica la competencia de los árbitros para regular la cuestión de los reemplazos en la empresa, pero a renglón seguido impone una serie de condicionamientos complejos a la facultad de los árbitros que en la práctica terminan por suprimir su capacidad para laudar sobre dicho aspecto.
Considero que la fórmula empleada por los árbitros en la cláusula anulada era sencilla, clara y acorde a los fines del arbitraje, pues señalaba que si un trabajador es encargado en un puesto de mayor ingreso salarial, el empleador debe reconocerle el salario del empleo provisional. Someter la posibilidad de devengar un salario igual al del empleo ocupado a cuestiones como el «desempeño, condiciones de puesto, jornada y eficiencia, logro de metas, funciones, liderazgo, «rendimiento físico», «antigüedad», «experiencia», «adaptación al medio de trabajo», «iniciativa», «destreza», priva de repercusión práctica a la norma arbitral y la vuelve inane, equiparándola al principio de a trabajo de igual valor, salario igual previsto en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y precisamente la intención de los trabajadores al plantear este tipo de peticiones es flexibilizar las condiciones rígidas y a veces complicadas de aplicación del citado principio, remitiéndose a un criterio objetivo: el hecho de ocupar un empleo de mayor nivel remunerativo.
Sin embargo, la Sala entiende erróneamente que los árbitros solo pueden regular la remuneración de los empleados nombrados en encargo, si se dan estrictamente los presupuestos del principio de a trabajo de igual valor, salario igual, razonamiento que olvida que los procedimientos de negociación colectiva y arbitraje propenden por superar e incluso flexibilizar lo previsto en la legislación, a fin de mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores.
En los anteriores términos, salvo parcialmente el voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 89618
LITOPLAS S.A. vs. SINTRALITOPLAS y SINANINAL
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto de anular el artículo 18 --encargo o provisionalidad-- del laudo arbitral, debo aclarar mi voto en cuanto a las afirmaciones que en sus considerandos se hacen sobre esta cláusula en particular.
Y es que, a mi manera de ver, el tema en cuestión merece una reflexión muchísimo más profunda, por los enormes desafíos que implica su aplicación en la práctica, para hacer realidad --verdaderamente-- el principio de «a trabajo de igual valor, salario igual», en la que se abandone la literalidad del texto sobre igualdad laboral y se adopten las directrices impartidas de antaño por la OIT.
En ese sentido, es mi opinión, debería tomarse como marco de referencia el término «puesto de trabajo» o en otros términos «empleo»’ o «cargo», que si bien, difiere en cuanto a su naturaleza particular en cada empresa, resulta ser de igual valor con base en criterios objetivos, como sería en este caso puntual, el hecho de ocupar un empleo, puesto o cargo de mayor nivel remunerativo. En otras palabras, determinar si dos puestos de trabajo son de igual valor supone efectuar una comparación con base en parámetros imparciales y, a su vez, acoger el vocablo «remuneración» que incluye, obviamente, el salario básico o mínimo, pero va más allá, al cubrir cualquiera otro pago, en dinero o en especie efectuado por el empleador directa o indirectamente al trabajador por su trabajo.
En suma, de lo que aquí se trata, es de adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe. Ello implica que se utilice el empleo como norte para establecer la remuneración, no propiamente el trabajador y sus circunstancias individuales o particulares.
A no dudarlo, el tan anhelado principio de igualdad debería mirarse desde este enfoque propuesto, una óptica del empleo, como ocurre, por ejemplo, en el sector público, donde al trabajador «encargado» en un puesto de mayor ingreso salarial se le reconoce la remuneración del empleo público provisional. Ciertamente, a mi juicio, a todo trabajador debería remunerársele en esas circunstancias, tratándose de reemplazos, licencias, incapacidades o cualquiera otra novedad laboral temporal, esto es, con lo que se gana por el puesto, cargo o empleo.
Así las cosas, condicionar la posibilidad de devengar un salario igual al del empleo ocupado, a cuestiones como el «desempeño, condiciones de puesto, jornada y eficiencia, logro de metas, funciones, liderazgo, «rendimiento físico», «antigüedad», «experiencia», «adaptación al medio de trabajo», «iniciativa», «destreza», como expresamente se dice en la sentencia analizada, implica, de suyo, miramientos de índole meramente subjetivo; y de contera, con ello, en mi parecer, se restringe la norma arbitral equiparándola al principio de a trabajo igual, salario igual previsto en el fosilizado artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, con las notables condiciones rígidas y muchas veces complicadas de aplicación que acarrea el mentado principio, cuando quiera que lo apropiado es hoy la consideración de que debe proceder igual salario por trabajo de igual valor, y la igualdad del trabajo desde un criterio objetivo es la de igual salario por igual empleo, cuando quiera que éste está reglado funcional y operativamente.
Por la brevedad debida a las providencias judiciales, dejó así consignada mi aclaración frente a la decisión adoptada.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
MAGISTRADO