En ese orden de ideas, la anulación pretendida por la recurrente carece de efecto práctico.
2. Régimen disciplinario
2.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 12.- COMISIÓN DE RECLAMOS.
La Comisión de Reclamos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1. Estará integrada por dos (2) representantes de la Empresa y dos (2) representantes de los trabajadores designados por el Sindicato, con sus respectivos suplentes.
2. Tendrá como funciones: recibir, analizar y resolver problemas colectivos o individuales de trabajo, tales como sanciones disciplinarias, despidos, interpretación de la Convención Colectiva, del Reglamento de Trabajo, o de la ley laboral, y en general todos aquellos problemas que se presenten entre la Empresa y trabajadores, todo con el ánimo de llegar a acuerdos equitativos y satisfactorios.
3. La Comisión de Reclamos del Sindicato estarán asesorados por dos (2) miembros de la Junta directiva y/o representantes de la Federación o Confederación a que esté afiliado el Sindicato.- La Empresa también podrá tener asesores.
4. Los dos (2) miembros principales de la Comisión de Reclamos gozarán de Fuero Sindical.
5. Para resolver los problemas que sean presentados por la Comisión de Reclamos, se dispondrá de un tiempo máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación de la queja o reclamo.
6. Si transcurridos cinco (5) días hábiles después de recibida la queja no se celebra la reunión o reuniones por renuencia de los representantes de la Empresa, el trabajador o trabajadora inculpados quedarán exentos de la falta que se les imputa.
7. Si no se lograre acuerdo entre los miembros de la Comisión de Reclamos, se convocará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes un Comité Fallador integrado por dos (2) representantes de la Empresa, uno de los cuales será el Gerente General o quien haga sus veces y dos (2) representantes del Sindicato, uno de los cuales será el Presidente o quien haga sus veces y el otro un miembro de la Junta Directiva, quienes tendrán las mismas funciones y atribuciones de la Comisión de Reclamos.
8. Este Comité Fallador dispondrá de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba el reclamo o queja para fallar.
9. De los acuerdos y fallos de la Comisión de Reclamos y del Comité Fallador se suscribirán actas por los representantes de las partes, en la Comisión de Reclamos y del Comité Fallador, una vez concluida cada reunión.
10. La Comisión de Reclamos y el Comité Fallador se reunirán una vez por semana, o antes extraordinariamente si las circunstancias así lo exigen y lo justifican para el estudio de los casos correspondientes y objeto de las garantías en la defensa de los derechos de los trabajadores. Estas reuniones se celebrarán en horas en que al menos uno de sus integrantes por parte del Sindicato esté laborando.
11. Los acuerdos y fallos de Comisión de Reclamos y el Comité Fallador serán de forzoso cumplimiento para las partes. Sin embargo, el trabajador o trabajadores, el Sindicato o la Empresa, podrán recurrir a la Justicia Ordinaria para que se dirima el reclamo o conflicto, en caso de que el acuerdo de la Comisión de Reclamos o el Comité Fallador no los satisfaga.
12. La Empresa no descontará del salario de los (as) trabajadores (as) el valor del dominical cuando éstos sean suspendidos por faltas disciplinarias.
13. Antes de imponérsele alguna sanción que implique la suspensión de labores al trabajador o trabajadores la Empresa por intermedio del Vicepresidente de Recursos Humanos convocará a los integrantes de la Comisión de Reclamos como al inculpado para escuchar los cargos que contra el sindicado se imputen.
En esta reunión de Comisión de Reclamos se le recibirán los descargos al trabajador y se discutirá la sanción a imponerse. Si se llega a un acuerdo el caso quedará resuelto, si no hay acuerdo en la Comisión de Reclamos se dejará constancia en el acta respectiva de las fórmulas de las partes y el caso pasará al Comité Fallador de que se habla en este artículo.
PARAGRAFO 1.- Ningún trabajador podrá ser suspendido o retirado de la Empresa, sin aplicar antes los procedimientos anteriores, tampoco podrá en ningún caso imponer sanciones mayores a treinta (30) días. Todo lo anterior en el marco del Articulo 29 DEBIDO PROCESO de la Constitución Política de Colombia.
PARAGRAFO 2.- Si transcurridos cinco (5) días hábiles la Empresa es renuente a integrar el Comité Fallador, el trabajador o trabajadores, quedarán exentos de la falta que se les imputa.
PARAGRAFO 3.- La sanción que se acuerde en el procedimiento de Comisión de Reclamos y/o Comité Fallador se hará efectiva al trabajador inculpado en el término de ocho (8) días después de haberse firmado el Acta respectiva, si no se hace en este término, no tendrá ningún efecto la sanción.
2.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 4°: RÉGIMEN DISCIPLINARIO: A partir de la vigencia del presente Laudo Arbitral, cuando algún trabajador que se beneficie del mismo, cometiere una falta que amerite sanción, CLARIOS ANDINA S.A.S. (antes MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.) lo llamará a descargos, con la participación de dos (2) representantes del Sindicato, para que lo asesoren y representen, dando fe de que se le agotará el debido proceso y se le garantizará la asesoría y su derecho a la defensa. En todo caso antes de tomar cualquier determinación, CLARIOS ANDINA S. A.S. escuchará al trabajador en descargos con la participación de los representantes del Sindicato, para que de esta forma se garantice la estabilidad laboral, atemperándose a lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-593 del 20 de agosto de 2014, el cual contiene los siguientes principios".
1. La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario al trabajador a quien se imputan las conductas posibles de sanción.
2. La formulación de los cargos- imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias.
3. El traslado al trabajador de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
4. La indicación de un término durante el cual, el trabajador pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.
5. El pronunciamiento definitivo <del empleador mediante un acto motivado y congruente.
6. La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron.
7. La posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción, como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria.
En caso de acaecimiento de uno o varios hechos que generen la aplicación de una cualquiera de las causales de despido o sanción contempladas por la Ley y/o el Reglamento Interno de Trabajo en cabeza de algún trabajador, CLARIOS ANDINA S.A.S. informara al Sindicato acerca de tal circunstancia acompañando la documentación que sustente tal decisión.
2.3 Argumentos del recurrente
Asevera que existe un claro y abierto desconocimiento de los límites legales que deben acompasar la decisión del tribunal, tal y como quedó evidenciado en la modificación y aprobación del artículo 4 del laudo.
Añade que resulta abiertamente excesivo, que el tribunal de arbitramento, hubiere legislado y reglado respecto de una situación que claramente está definida en el Código Laboral y normalizada en el reglamento interno de la compañía, pues los árbitros no tienen la facultad de pronunciarse sobre normas o principios que ya se encuentran contemplados en la Constitución o en la Ley; al mismo tiempo que, «COARTARON con su decisión el ejercicio de potestades y facultades reconocidas al empleador que emanan de su calidad de subordinante y director de la empresa y establecimiento».
Así las cosas, debe tenerse presente que el artículo aprobado, contiene limitaciones a potestades y facultades reconocidas por la ley y la constitución al empleador, «al exigir el sindicato que se le aporten pruebas de su decisión cuando la situación le permita adoptar sanciones disciplinarias a trabajadores que hayan incurrido en una falta prevista en la ley, el reglamento de trabajo y/o el contrato de trabajo, esto sin que resulte claro si dicho propósito es que el EMPLEADOR obtenga la aquiescencia del Sindicato, lo que a todas luces constituye un claro desconocimiento de la facultad disciplinaria del empleador».
Dice que «pretender limitar derechos reconocidos a mi representada en los artículos 112 y 51 numeral 4 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como puede evidenciarse en lo decidido por los árbitros en la parte final del artículo, desborda la facultad de pronunciarse sobre normas o principios que ya se encuentran contemplados en la Constitución o en la Ley».
Agrega que el tribunal está restringiendo «la facultad legal de terminar un contrato de trabajo con justa causa, sin necesidad de proceso disciplinario, situación que vulnera los derechos y facultades de administrar, puesto que se exige trámite previo; con el artículo se confunde la disciplina con la terminación de los contratos y se dispone de manera uniforme eliminando una facultad y derecho del empleador».
Aduce que la realidad material es que se trata de un tema que le está vedado a los tribunales de arbitramento, puesto que su decisión le está reservado a la autonomía del empleador.
2.4 Réplica
Expone que en virtud de los artículos 106 y 108 del Código Sustantivo de Trabajo, esta Corte ha señalado que los arbitradores no tienen ningún impedimento legal para pronunciarse sobre la reglamentación del ejercicio del poder sancionador en la empresa, en el entendimiento que esta facultad no puede invocarse para despojar al empleador del poder subordinante, pues en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 del CST, modificado por la Ley 50 de 1990, tiene la facultad de imponer sanciones, cuando en ejecución del contrato de trabajo el trabajador infrinja los mandatos legales o el reglamento interno de trabajo.
V. CONSIDERACIONES
La Corte ya ha expuesto su criterio, el cual reitera en esta oportunidad, en punto a la facultad de los árbitros de establecer un procedimiento disciplinario antes de imponer sanciones o terminar el contrato de trabajo con justa causa.
Observa la Corte que el cuerpo arbitral consagró un trámite detallado, garantista, para que el trabajador asuma su defensa e incluso para que el empleador, luego de valorar los diferentes elementos de persuasión, tenga suficiente claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se le imputan al trabajador, sin que ello, de ninguna manera, restrinja su facultad de imponer las sanciones pertinentes y terminar el contrato de trabajo con justa causa, cuando se encuentre demostrada la falta que así lo permita.
De suerte que, se itera, la forma como quedó redactado este artículo cumple con la finalidad que esta Corte ha sostenido en cuanto a que sólo persigue que, frente a la eventual imposición de sanciones o terminación de la relación laboral, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son pilar fundamental del derecho del trabajo. Medida que además no perjudica al empleador, dado que por el contrario puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación, que le permite incluso evitar perjuicios de orden económico derivados de la determinación que a la postre resulte injustificado.
Ahora bien, del análisis del precepto no se infiere que el empleador se encuentre limitado para terminar un contrato de trabajo cuando medie justa causa, sino que, como se dijo, lo que se hace es fijar un debido proceso tendiente a garantizar el derecho de defensa y contradicción que le asiste al trabajador inculpado, dándole la oportunidad de presentar descargos, tener conocimiento de los hechos que se le imputan, estar asesorado por miembros de la organización sindical y de recurrir la decisión. Además, la circunstancia de comunicarle al sindicato la decisión adoptada, no atenta contra derecho alguno del empleador, pues, se itera, el deber consiste en informar la determinación que otrora fue adoptada por el empleador.
No hay lugar entonces a la anulación del artículo bajo estudio.
3. Suministro de ropa, calzado y toallas
3.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 24. SUMINISTRO DE ROPA, CALZADO Y TOALLAS
La Empresa MAC- JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. suministrará vestido (pantalón y camisa) y zapatos para el personal masculino y vestido y zapatos para el personal femenino más toallas a todo el personal, en la siguiente forma:
a. Para el personal, cuatro (4) pantalones, cuatro (4) camisas y tres (3) pares de zapatos en el año.
b. Para el personal femenino de planta, cinco (5) vestidos y cuatro (4) pares de zapatos en el año.
c. Cuatro (4) toallas para cada uno de los trabajadores y trabajadoras en el año.
d. Cuatro (4) gorras de uso para los operarios que las soliciten.
PARÁGRAF01.Estas prendas serán de buena calidad. En su escogencia intervendrá un directivo del Sindicato o Delegado del sindicato y se darán a todo el personal sin tener en cuenta el salario que devengue.
PARÁGRAFO 2. En la eventualidad de que cualquier trabajador, por causas imprevistas de trabajo, estime necesario solicitar prendas adicionales, las solicitará ante la Oficina de Recursos Humanos quien previa comprobación y justificación de tal necesidad, atenderá la entrega.
PARÁGRAFO 3. Las prendas se entenderán para uso exclusivo de labores en la fábrica, y se entregará la nueva dotación a más tardar el 31 de Marzo (sic) de cada año. PARÁGRAFO 4. La empresa dotara y acondicionará (sic) de equipos y un área de trabajo para el lavado y descontaminado de las prendas de dotación, las cuales procederá para su recibo el día sábado de la correspondiente semana y según el turno programado de cada trabajador.
3.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 9º: SUMINISTRO DE ROPA, CALZADO Y TOALLAS: La Empresa CLARIOS ANDINA S.A.S., suministrará, para el año calendario, a los trabajadores (as) que se beneficien del presente Laudo Arbitral, durante su vigencia, Dotación de calzado y ropa de trabajo, en la siguiente forma:
a) Para el personal femenino de planta, cuatro (4) vestidos y cuatro (4) pares de zapatos para el año calendario.
b) Para el personal masculino, cuatro (4) pantalones, cuatro (4) camisas y tres pares de zapatos para el año calendario.
c) Cuatro (4) toallas por cada trabajador, para el año calendario.
d) Cuatro (4) gorras para uso de los operarios que las soliciten, para el año calendario.
PARAGRAFO 1. Estas prendas serán de buena calidad y para su escogencia se contará con la intervención de dos (2) delegados del Sindicato y se entregarán, a más tardar al 31 de marzo, al personal beneficiado del presente Laudo, sin tener en cuenta el salario que devengue-
PARÁGRAFO 2, En el evento en que un trabajador, beneficiario del presente Laudo, estime necesario, por razones imprevistas, solicitar prendas adicionales, las solicitará a la oficina de Recursos Humanos quien previa comprobación de la justificación, atenderá la entrega.
PARAGRAFO 3. Los trabajadores acreedores de este beneficio, se obligan al uso exclusivo, de la dotación, en sus labores en la fábrica.
PARÁGRAFO 4. La Empresa acondicionará un área de trabajo y la dotará de los equipos necesarios para el lavado y descontaminado de las prendas de dotación, de conformidad con la programación que realice para cada trabajador.
3.3 Argumentos del recurrente
Lo decidido por el Tribunal, corresponde a una obligación legal que ya se encuentra reglada, razón por la cual los árbitros no tenían facultad alguna para pronunciarse sobre ellas (CSJ SL9346-2016).
Si el legislador ha establecido una obligación clara y los plazos en que la misma debe cumplirse, resulta inadmisible desestimar dichos plazos so pretexto de no creerse que con su modificación se está superando la ley, como erradamente lo argumentó el Tribunal, por tanto, no resulta acertado que su entrega se efectúe en un único momento, que puede resultar perjudicial incluso para el trabajador, si efectivamente presta el servicio durante los tiempos que establece el artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo, como puede en igual entendido ser contraproducente para el empleador que los suministra a quien no supera el periodo mínimo de cuatro meses a su servicio.
Adicionalmente, no resulta legal que la entrega ordenada, se deba cumplir con intervención de dos miembros del sindicato, requisito que no contempla la norma, o realice a cualquier trabajador afiliado sin importar su rango salarial, criterio que desnaturaliza el espíritu de la ley, constituyendo la usurpación de las funciones del legislador.
Debe tenerse en cuenta que dentro de la empresa se suministran los elementos cada vez que se requieren, teniendo en cuenta que son elementos de protección personal y dotación a la vez, que muchas veces se otorgan incluso más de los concedidos en el laudo. Además, el laudo no tiene en cuenta que la empresa por seguridad industrial marca todas las prendas con el nombre del trabajador y presta el servicio de lavandería, por lo cual ningún colaborador usa sus prendas personales en la operación, la cual siempre está cubierta por los elementos suministrados por la empresa.
3.4 Réplica
Al examinar las razones que invocó el tribunal para otorgar este punto del petitorio se encuentra que los árbitros señalaron lo siguiente: (i) la gran mayoría de los beneficiarios del laudo son trabajadores que perciben mensualmente menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales; en ese sentido, la decisión del tribunal consiste en otorgar una (1) dotación adicional a las tres (3) que se encuentran establecidas en los artículos 232 del Código Sustantivo de Trabajo y 8o de la Ley 11 de 1984; (ii) en cuanto al acondicionamiento de un área de trabajo para el lavado y descontaminación de las prendas de dotación ya existe esta zona asignada, según la información recibida por la empresa, y (iii) aunque el suministro de «toallas y gorras» no se encuentra contemplado en la ley, estas «dotaciones son necesarias por la naturaleza de la labor (Acta 13)».
Es decir, en CLARIOS ya existe una regla interna, que se aplica a los trabajadores afiliados a la agremiación –PROMAC-, según la cual el vestuario para el desarrollo de la actividad laboral de los trabajadores debe reunir unas características mínimas: ser adecuado para las actividades que desarrollan y tener buena presentación.
En desarrollo del principio participativo, nada impide que el tribunal hubiera decidido establecer un acompañamiento de dos (2) delegados sindicales para evitar posibles controversias alrededor del cumplimiento de los estándares mínimos de calidad de los atuendos suministrados por la empresa. Es decir, lo otorgado por los árbitros en este aspecto tiene un carácter preventivo para evitar futuras controversias sobre la calidad de las dotaciones que entrega la empresa a sus trabajadores.
La norma expedida por el tribunal solo agrega que la empleadora debe tener en cuenta la opinión de dos delegados del sindicato, sin que esta sea vinculante. Por consiguiente, no puede interpretarse esta garantía como una restricción al empleador o un desbordamiento en las competencias arbitrales.
VI. CONSIDERACIONES
Lo primero que debe decirse es que es criterio pacífico de esta Corte que no escapa a las facultades de los arbitradores, la previsión del laudo que dispone ampliar el beneficio de calzado y uniforme a los trabajadores amparados por la convención colectiva de trabajo, sin el límite salarial ni exigencia de tiempo mínimo de prestación de servicios, establecidos en los artículos 7º y siguientes de la Ley 11 de 1984, pues precisamente es de la esencia misma del conflicto colectivo, que los trabajadores obtengan prerrogativas que superen el mínimo de derechos establecidos en la ley laboral (sentencias CSJ SL, 4039-2017, CSJ SL8693-2014, entre otras).
De otra parte, no observa la Corte exceso de las facultades de los árbitros al disponer que «para su escogencia se contará con la intervención de dos (2) delegados del Sindicato», lo cual tampoco comporta una inequidad manifiesta para que sea viable su anulación, pues no se avista al romper una injerencia del sindicato en la forma como la empresa deba administrar su negocio. En el mismo sentido se pronunció esta Corte en sentencia CSJ SL8693-2014.
Mas en lo que sí le asiste razón al recurrente es cuando advierte que las fechas concernientes a la entrega de vestido y calzado de trabajo está regulado en la ley (CSJ SL16885-2016) y, además, no se hallan razones objetivas para modificarlas a tal punto que ello implique una mejora sustancial para los intereses de los trabajadores; por tanto, se anularán las expresiones «se entregarán, a más tardar al 31 de marzo» consagradas en el parágrafo primero. No se anula en lo demás.
4. Auxilio para compra de medicamentos
4.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 32°. AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
La Empresa concederá un Auxilio del cincuenta por ciento (50%) del valor de los medicamentos, para los familiares, previa presentación de la fórmula médica de la Entidades o Instituciones Prestadoras de Salud. La Empresa cancelara (sic) el cien por ciento (100%) a la entidad suministradora. A la vez, dispondrá para el pago correspondiente al trabajador un periodo de un año para la cancelación de la deuda aquí referida, de la cual, acordará con el trabajador afectado los términos de financiación económica.
4.2 Laudo arbitral
ARTICULO 13: AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS La Empresa concederá a los trabajadores que se beneficien del presente Laudo arbitral y durante su vigencia, un auxilio del Cuarenta por ciento (40%) del valor de los medicamentos formulados a los familiares inscritos en la Caja de Compensación Familiar, previa presentación de la formula médica de las Entidades o Instituciones prestadoras del servicio de salud. La Empresa cancelará el ciento por ciento (100%) a la entidad proveedora y otorgará un período de un año para el pago que corresponde al trabajador de la deuda que se genere.
4.3 Argumentos del recurrente
Se trata de un artículo de contenido jurídico reglada y debidamente protegida por el derecho colombiano, razón por la cual los árbitros no tenían la facultad de pronunciarse sobre normas o principios que ya se encuentran contemplados en la Constitución o en la Ley, y adicionalmente resulta inequitativa desde el punto de vista económico.
Así las cosas, imponer a mi representada el pago de un auxilio económico del cuarenta por cierto (40%) del valor de los medicamentos para los familiares afiliados a la caja de compensación, previa presentación de la fórmula médica de las entidades o instituciones promotoras de salud (EPS o IPS), así como el pago del cien por ciento (100%) de los medicamentos a la entidad suministradora, implica alterar el sistema de obligaciones y responsabilidades prestablecidos por la ley en la cobertura de contingencias derivadas de incapacidades y enfermedades de origen común, así como también, equivale a sustituir en CLARIOS ANDINA S.A.S. servicios que el Plan Obligatorio de Salud (POS) ha depositado en cabeza de las entidades del sistema.
En ese orden, resulta abiertamente improcedente la decisión emitida por el Tribunal, pues además de desconocer la subrogación del riesgo, enluta a la empresa a convertirse en un proveedor de medicamentos, cuando los mismos por disposición legal deben ser suministrados a través de las entidades del sistema de seguridad social, adicional, la decisión generará un costo que incluso es muchísimo más oneroso para los beneficiarios del Laudo pues deben asumir el 60% del costo del medicamento, que en ordinarias condiciones legalmente corresponde a su EPS suministrar por el valor de una cuota.
Así las cosas, ante la ausencia de facultad legal de parte del Tribunal, que lo legitimara a modificar el ordenamiento jurídico para reasignar obligaciones en cabeza del empleador, es que se hace necesario que sea declarada la nulidad del presente artículo del Laudo Arbitral.
4.4 Réplica
Afirma que, desde antaño, esta Sala tiene establecido que beneficios relacionados con «el suministro de asistencia farmacéutica a los familiares de los trabajadores pueden ser objeto de decisión por los árbitros […] (Sentencia del 11 de julio de 1971, Ponente Dr. Luis Fernando Paredes)».
Añade que esta Corte ha señalado que ni la Ley 100 de 1993 ni sus reglamentarios obligan a suprimir los regímenes convencionales relativos a los temas propios de la seguridad social, sino que se enfocan a instituir un sistema obligatorio e ineluctable que no puede afectarse por voluntad de las partes, sin que ello implique que estos no sean susceptibles de mejoramiento mediante la negociación y la contratación colectiva, como también a través del arbitramento, pues así se desprende no solo del alcance del derecho constitucional de negociación colectiva, como también de la circunstancia que, en ausencia de una solución directa entre las partes, puedan ser los árbitros quienes diriman estos aspectos del conflicto colectivo.
Téngase en cuenta también que esta Corporación ha señalado que no todo beneficio adicional que se establezca en materia de seguridad social debe ser eliminado por falta de competencia de los árbitros.
Advierte que en el artículo 27 de la convención colectiva de trabajo existente con el sindicato –PROMAC- se estatuye un beneficio similar, ligeramente inferior (30%), en el monto del auxilio que se otorga a los trabajadores para la compra de medicamentos para sus familiares cuando se encuentren inscritos en la caja de compensación.
VII. CONSIDERACIONES
En sentencia CSJ SL1604-2019, la Corte recordó la competencia que tienen los árbitros para decidir en equidad sobre los derechos de los trabajadores que superen el mínimo establecido en la ley, entre los que se cuentan los pertenecientes al sistema de seguridad social, cuando por ejemplo, imponen el pago de las diferencias dinerarias que no cubre aquél, con el propósito de que el trabajador no vea disminuido el monto de sus ingresos, en razón de su imposibilidad para trabajar por afectaciones de su salud, porque esas fórmulas comportan una superación de los derechos mínimos previstos en la legislación y su previsión normativa está lejos de vulnerar el orden jurídico social.
En la citada providencia también se memoró que no ocurre lo mismo, cuando los componedores imponen obligaciones que desdibujan la estructura del sistema o trasladan las obligaciones propias de los entes de la seguridad social al empleador, como cuando se regula en tema de recobros o «…como se precisó en la sentencia CSJ SL3269-2016, los tribunales de arbitramento no pueden imponer al empleador “cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema”, de tal forma que se conviertan en un instrumento de desplazamiento de las entidades obligadas por ley a satisfacer determinadas obligaciones prestacionales, o en un mecanismo de reasignación de las mismas contrariando la articulación del sistema general de seguridad social. Máxime que con el fin de liberarse de ciertas cargas asistenciales y económicas, el empleador contribuye mediante un aporte monetario a esos entes especializados a fin de que garanticen la cobertura y protección del trabajador ante la ocurrencia de los riesgos asegurados. (CSJ SL4039-2017)».
En ese contexto, dijo la Corte, que lo mismo puede decirse sobre la asunción del costo de la consulta médica y los medicamentos, pues precisamente, el empleador, por cuenta de la cotización al sistema, subroga en la EPS, y en los entes prestadores del servicio de salud, los servicios asistenciales que requiera el trabajador, sin desconocer, que es su obligación, atender los primeros auxilios cuando aquél se accidenta laboralmente, amén de tener implementado de antemano para el trabajador normas de salud ocupacional y reportar el accidente de trabajo a la ARL, para lo de su cargo (num. 3, art. 57 CST).
Ahora bien, los árbitros sí pueden disponer de un auxilio o ayuda en lo atinente al costo de los medicamentos y, en ese contexto, no hay un desplazamiento total de las obligaciones de los organismos del sistema de seguridad social, pese a la contribución que el empleador, por Ley debe realizar mensualmente en su nómina, para que sus colaboradores y grupo familiar reciban las diferentes prestaciones que ofrece el sistema.
Pero, repárese en que la textura de la disposición luce abierta, genérica e indeterminada en lo atinente a que el empleador otorgará «un auxilio del Cuarenta por ciento (40%) del valor de los medicamentos» (resaltado y subrayado fuera de texto) que, por contrariar el sentido de la equidad debida a las relaciones laborales, imponen su anulación.
Al no establecerse un límite en el precio de los medicamentos o sin atarla a un valor de referencia o a un techo, lesiona frontalmente los principios de proporcionalidad y razonabilidad, situación que, inclusive, le impide al empleador cuantificar el monto de la obligación.
Tiene razón el opositor en advertir que en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con PROMAC, existe un auxilio para compra de medicamentos e inclusive, agrega esta Sala, también en el Pacto Colectivo de Trabajo; empero, no destaca que, en dichos instrumentos palmariamente se establece un tope para su reconocimiento. Por ejemplo, en la convención se dice: «concede un auxilio del 30% del valor de los medicamentos, hasta agotar el monto de dos (2) salarios mínimos legales vigentes al año», y en el pacto se dispuso: «concederá un auxilio del 27% del valor de los medicamentos, no pudiendo ser superior al monto de dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por año». Lo anterior, corrobora que la disposición debe ser anulada.
5. Jornada de trabajo
5.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 37. JORNADA DE TRABAJO
La Empresa reconocerá y pagará a todos sus trabajadores el salario que se pacte por la presente convención colectiva de trabajo y por los servicios prestados por la jornada de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales.
PARAGRAFO 1. La Empresa mantendrá turnos rotatorios de acuerdo con sus necesidades de producción, mantenimiento e instalación guardando una equidad en la programación del personal con el objetivo de que todos los trabajadores tengan la misma oportunidad de rotación. Sin embargo, por efectos de personal incapacitado, por urgencia de producción y de intervenciones o casos análogos, la Empresa podrá utilizar un mismo trabajador en idéntico turno, sin exceder de dos (2) semanas continuas.
La rotación de turnos de que habla éste Parágrafo se aplicará a los trabajadores amparados con fuero sindical, siempre y cuando pertenezcan a una sección y/o máquina en la que haya rotación.
PARAGRAFO 2. La Empresa reconocerá los días Sábado Santo, Veinticuatro y Treinta y Uno de Diciembre de cada año como descanso remunerado con el salario básico para todos sus trabajadores.-
5.2 Laudo arbitral
ARTICULO 18: JORNADA DE TRABAJO: La empresa reconocerá y pagará a los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral, los salarios por los servicios prestados por la jornada de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales,
PARÁGRAFO. La empresa mantendrá los turnos rotatorios de acuerdo con sus necesidades de producción, mantenimiento e instalación, guardando equidad en la programación del personal con el objetivo de que los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral, tengan la misma oportunidad de rotación. Sin embargo, en el evento de personal incapacitado, por urgencia de producción, intervenciones o casos análogos, la empresa podrá convocar a un mismo trabajador en idéntico turno, sin exceder de dos (2) semanas continuas.
La rotación de tumos de que habla este PARÁGRAFO se Aplicará a los trabajadores amparados con fuero sindical, siempre y cuando pertenezcan a una sección y/o máquina en la que haya rotación.
5.3 Argumentos del recurrente
Se trata de una decisión que desconoce la existencia de legislación y reglamentación por la cual los árbitros no tienen la facultad de pronunciarse sobre normas o principios constitucionales y legales ya definidos.
Debe precisarse, además, que el artículo parte de una situación de hecho que no es cierta, pues adicionalmente, sin fundamento fáctico, tiene por cierto que la empresa no genera en igualdad de condiciones la rotación de turnos, situación que no corresponde a la realidad.
Exigir que se mantenga una rotación de turnos vulnera la autonomía y facultad de la empresa para establecer la forma más conveniente de desarrollar su objeto social, esta es una de las situaciones que no puede ser objeto de disposición por parte del Tribunal, puesto que su competencia no puede restringir potestades del empleador, pues, aunque pueda coincidir con situaciones fácticas actuales, no significa que la empresa no quiera o no necesita realizar cambios necesarios para el desarrollo del objeto social.
5.4 Réplica
Arguye que es cierto que según la doctrina no es de competencia de los árbitros adentrarse en los aspectos relacionados con las jornadas de trabajo, el establecimiento de turnos y la rotación de personal, pues así se ha señalado, entre otras, en la sentencia CSJ SL4039-2017; empero, con el debido comedimiento, se solicita que tenga en cuenta que la decisión de los árbitros no afecta el poder de dirección del empleador, como equivocadamente lo señala el impugnante, pues no coarta el poder subordinante de la empresa, dado que su texto, además de reiterar el contenido del artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo sobre la jornada máxima legal, señala que «La empresa mantendrá los turnos rotatorios de acuerdo con sus necesidades de producción, mantenimiento e instalación...» y agrega que los turnos rotatorios se mantendrán «guardando equidad en la programación de personal con el objetivo de que los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral, tengan la misma oportunidad de rotación», sin discriminación hacia quienes se encuentren amparados por la garantía del fuero sindical.
Dice que si los árbitros tienen competencia para la resolución integral de los conflictos de naturaleza económica, no debería existir impedimento alguno para establecer criterios de equidad en el acceso a las jornadas laborales para los trabajadores beneficiarios del laudo, cuando el empleador decida programarlas de tal manera que afecte, inequitativamente, la posibilidad que determinados grupos de trabajadores accedan a los beneficios económicos derivados de aquellas, como los recargos nocturnos, dominicales o en días festivos.
Estas son las razones para solicitar que no se acceda a la solicitud de anulación de la cláusula correspondiente del laudo arbitral.
VIII. CONSIDERACIONES
El artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo estatuye que la jornada de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de convenio, la máxima legal.
De suerte que la jornada laboral es un tema esencialmente negociable y, por ende, es admisible traerla a la contratación colectiva; sin embargo, son los protagonistas sociales, en ejercicio de la autocomposición, los que pueden acordarla, mas no a través de un tribunal de arbitramento en desarrollo de la heterocomposición, toda vez que, dada la materia y su naturaleza, escapa a su facultad y, por esta circunstancia, no le es dable establecerla, así los árbitros se limiten a reproducir la legal, se insiste, por carecer de competencia, no es viable pronunciarse al respecto.
Esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL5117-2020, recordó su doctrina referente a que dentro de las competencias de la justicia arbitral no está la de establecer o modificar las jornadas de trabajo, ni determinar o alterar turnos de trabajo o periodos de descanso obligatorio que corresponden a potestades exclusivas del empleador, propias de su poder de gestión, planeación y organización de sus actividades y esquemas de producción, de acuerdo con sus particulares necesidades.
Allí, se memoró la providencia CSJ SL9150-2015, reiterada, entre otras, en la CSJ SL5542-2019, en la que se razonó:
No se equivocó el tribunal al negar los numerales 1, 2 y 3 del punto 5º del pliego titulados jornada laboral, descansos obligatorios y horario de trabajo, por falta de competencia, porque, en efecto, la jurisprudencia de esta Sala, de forma mayoritaria, tiene asentado que, de ser otorgados, se estaría coartando la libertad de dirección y organización que tiene la empresa, además de que dicho cuerpo colegiado no puede limitar la facultad del ius variandi que tiene el empleador y que lo faculta para modificar la jornada de trabajo en razón a las necesidades operativas y funcionales, desde luego, siempre y cuando que se resguarde la dignidad, el honor y el derecho al mínimo vital que el empleado tiene.
Por lo explicado, se anulará la cláusula bajo escrutinio.
6) Aumentos de salario
6.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 41. AUMENTO GENERAL DE SALARIOS
A partir del primero (01) de enero del año 2017, los trabajadores de la empresa MAC- JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. devengarán los siguientes salarios básicos diarios incrementados con el seis por Ciento (10%) (sic) para el primer año de vigencia de esta Convención:
c) La Empresa comunicará al Sindicato y a los trabajadores, los nuevos salarios básicos diarios y los incrementos en auxilios extralegales y sindicales.
6.2 Laudo arbitral
ARTICULO 19: AUMENTO DE SALARIOS: La empresa, reconocerá y pagará a los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral y durante su vigencia, un incremento salarial así:
A. Para la vigencia del Laudo
a) A partir del Primero (1o) de enero de 2020 Un incremento equivalente al incremento del salario mínimo legal para año 2020, más el uno punto cinco (1.5).
b) A partir del Primero (1o) de enero de 2021, Un incremento equivalente al incremento del salario mínimo legal para el año 2021, más uno punto cinco (1.5).
PARAGRAFO: La empresa comunicará a los trabajadores y al Sindicato, los nuevos salarios básicos diarios.
B. De manera RETROSPECTIVA, en razón a que el conflicto data desde el 27 de marzo de 2017, el incremento salarial será:
A partir del 27 de marzo de 2017, fecha de presentación del pliego de peticiones hasta el 31 de diciembre del mismo año. un incremento equivalente al incremento del salario mínimo legal para el año 2017, más dos (2) puntos.
Para el año 2018 un incremento equivalente al incremento del salario mínimo legal para el año 2018, más dos (2) puntos.
c j Para el año 2019, un incremento equivalente al incremento del salario mínimo legal para el año 2019 más dos (2) puntos.
PARÁGRAFO: Los incrementos que la empresa haya efectuado durante los años 2017, 2018 y 2019, serán imputables a los incrementos del literal B de este artículo
6.3 Argumentos del recurrente
Dice que, además de ser abiertamente inequitativo, ha excedido las facultades legales que les asisten a los árbitros, y, en consecuencia, debe anularse este artículo del Laudo, en el entendido de que la decisión no podía exceder con efectos retrospectivos bajo el argumento, de que había que reponer el tiempo que transcurrió el trámite arbitral.
La decisión retrospectiva, además de atender a un criterio netamente subjetivo e infundado, dado que el tribunal lo sustenta en el hecho de que se trata de una decisión que pretende reparar una serie de perjuicios temporalmente causados a los afiliados al sindicato, con ocasión a la suspensión del pago de los beneficios que venían recibiendo con ocasión al pacto vigente en la empresa, lo que denota un claro desconocimiento de la legislación laboral que prohíbe al trabajador beneficiarse simultáneamente por un lado del Pacto y por otra de una convención.
Nótese que los afiliados a SINTRAIME, obtuvieron una negociación parcial de su pliego de peticiones, lo que se traduce materialmente en que se convirtieron en nuevos beneficiarios de su propia Convención, sometiéndose al trámite arbitral los puntos que no fueron objeto de consenso con mi representada.
No obstante, lo anterior, fue abiertamente desconocido por el tribunal, quien sancionó a mi representada con obligaciones que son incompatibles legalmente.
Repárese cómo la decisión del tribunal implica una verdadera inequidad para quienes pertenecen al sindicato mayoritario de la empresa frente a la minoría a la que pertenecen los afiliados a SINTRAIME.
El laudo no tuvo en cuenta que la escala salarial ya está por sobre el promedio del mercado, esto es, que la capacidad económica se destinó a mejorar la capacidad, siendo que el promedio salarial en la empresa es de $2.015.920, valor que está arriba de dos salarios mínimos.
De otro lado, las referencias tomadas por el tribunal para resolver fueron las del salario mínimo, cuando lo razonable es que se tome el IPC, pero no conformes con ello agregaron puntos porcentuales que sumados llegaron a 8 y 9 por ciento, esto es, que reconocieron el pliego de peticiones en un 80 y 90 por ciento, sin tener en cuenta la realidad social, económica y la equidad frente a la mayoría de los trabajadores de la empresa
Por tanto, justificar la decisión del Tribunal, bajo el argumento de que debe garantizarse en equidad la pérdida sufrida por quienes decidieron someterse a la decisión del Tribunal de arbitramento, afirmando sin pruebas, que sus pérdidas económicas deben ser compensadas, carece de toda justificación jurídica que la legitime en su expedición. Este argumento solo es la comprobación de una motivación falsa y vengativa, puesto que no es cierto que se le hubiesen suspendido beneficios por el hecho de sindicalizarse o presentar pliego; la realidad es que a partir del momento que se depositaron las actas de acuerdos parciales, materialmente había una convención (un acuerdo suscrito por sindicato y empresa en el desarrollo de las etapas del conflicto reglado por la ley laboral y con la formalidad del depósito ante registro sindical del Ministerio del Trabajo), aunque aún estuviese en conflicto los restantes artículos del pliego, por tanto a partir de aquel acuerdo depositado, los beneficiarios de esos acuerdos ya no podían beneficiarse legalmente del pacto colectivo que entonces regía.
6.4 Réplica
Asevera que, en sede de anulación, no es conducente que esta Corte modifique o desconozca la solución arbitral, salvo que esa «decisión sea manifiestamente inequitativa».
En el laudo, el incremento salarial decretado se estableció teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el tiempo de duración no solo del conflicto colectivo, sino de deliberaciones y la decisión del tribunal de arbitramento.
IX. CONSIDERACIONES
Como bien lo señala el opositor, a la Corte, en sede de anulación, no le es dable injerir en las determinaciones de los árbitros en materia salarial, a menos que la decisión de estos resulte abierta, clara y notoriamente inequitativa, o que desconozca derechos mínimos de los trabajadores, o se vulneren derechos constitucionales y legales, circunstancias que en este asunto no acontecen.
Respecto al hecho de que el colegiado haya ordenado que los incrementos se efectuaran con base en el salario mínimo en lugar del IPC, es plenamente viable, ya que ello hace parte de la autonomía de los componedores en aras de solucionar el conflicto, para lo cual pueden acudir a diversas fórmulas de incremento de determinada prerrogativa tasada en cifras, tal como lo explicó esta Sala en sentencia CSJ SL282-2021, en los siguientes términos:
Es cierto que la variación del IPC es el referente fundamental a la hora de establecer incrementos monetarios, en razón de que allí se miden los componentes básicos de la canasta familiar, es decir, los bienes y servicios que los hogares pueden adquirir con determinado dinero y su dinámica habitual; de ahí que en la fijación del salario mínimo para cada anualidad, acorde con lo previsto en la L. 278 de 1996, dicho componente deba ser tenido en cuenta, lo que prácticamente lleva a que al final tal salario sea superior a esa variación del IPC, con el fin de mejorar la calidad de vida de los hogares que dependen de ese ingreso, y por ello, ese mecanismo puede ser trasladado a la solución de un conflicto colectivo, ya que se traduce en un mayor incremento para los valores monetarios de las prerrogativas arbitrales impuestas, y por ende, en un mejor beneficio para los trabajadores.
[…]
Como se observa, el parámetro que en esta ocasión adoptó el colegiado para incrementar el salario fue la proporción que aumenta el mínimo legal y le adicionó un punto porcentual, que según se explicó en el análisis que se realizó de la anterior cláusula arbitral, es una medida válida a la cual pueden acudir los componedores para solucionar el conflicto colectivo en aras de fijar incrementos monetarios, ya que resulta más provechoso para los trabajadores ese valor dadas las reglas que se utilizan para fijar anualmente el aludido salario por parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y en su defecto, por el gobierno nacional.
Puede que en muchos casos los incrementos salariales se fijen con base en el IPC, habida cuenta de que con ello los salarios se reajustan en proporción con la variación de los precios, en especial, con los de la canasta familiar, pero se itera, no es una atadura para los árbitros, ya que éstos, dependiendo del contexto del conflicto pueden acudir a otras fórmulas, entre ellas, el incremento del salario mínimo, pues se trata de referentes comunes que se utilizan en la economía nacional.
Sobre la posibilidad de que los árbitros acudan, bien al incremento del salario mínimo que se fija anualmente, ora al IPC, con el propósito de ajustar el ingreso de los trabajadores, hace parte de sus facultades para aumentar la cuantía de las prestaciones, en sentencia del 29 nov. 2011, rad. 49862, reiterando la del 17 feb. 2005, rad. 25760, la Sala explicó:
Por ello, itérese, la determinación no se muestra irracional y excesiva, ya que los mencionados indicadores, como lo ha dicho en otras ocasiones esta Sala, constituyen un claro factor de referencia, sobre los cuales, el mismo Gobierno Nacional y el Legislativo desarrollan sus políticas en materia social laboral y pensional. El tribunal de arbitramento, entonces, buscó paliar la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, para que de esa forma los trabajadores pudieran mantener la capacidad de compra de los productos básicos de la canasta familiar, generada a raíz del alza en los precios, dado que durante el período de tiempo comprendido entre el 2003 y 2010 no fueron reajustados sus salarios.
El punto en cuestión lo ha decantado la Corte en reiteradas decisiones, en la que ha precisado que:
“Para la Corte, el sólo de hecho de que el incremento salarial ordenado en el laudo que aquí se objeta, supere el índice de precios al consumidor, no lo hace abiertamente inequitativo y que desde luego conlleve su anulación; pues si bien el IPC es un referente para efectos de determinar el monto en los incrementos salariales de los trabajadores, en la medida que como dato estadístico permite establecer cuál es el aumento en el costo de vida en Colombia, ello no significa que dichos guarismos porcentuales constituyan camisa de fuerza para los árbitros, a los cuales tengan que acogerse sin ninguna otra consideración al respecto.
En la decisión del Tribunal no se vislumbra inequidad manifiesta, ya que el 9% ordenado entre noviembre 1º de 2003 y octubre 31 de 2004, representa el 50% de lo que había solicitado el sindicato en el pliego de peticiones y apenas supera el 1.56% en relación con el incremento del salario mínimo de 2003 que fue del 7.44% y el 1.17% en relación con el incremento del salario mínimo de 2004 que fue del 7.83%. Y, para el año 2005 el aumento salarial previsto en el laudo únicamente supera el 2.266% en relación con el incremento del salario mínimo de 2005 que corresponde al 6.564% frente al año anterior” (fallo de anulación de 17 de febrero de 2005, radicación 25.760).
De otra parte, resulta válido que cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un tribunal de arbitramento, se decreten los incrementos salariales de manera retrospectiva y no retroactiva, decisión que, al depender de las circunstancias específicas del conflicto sometido a su conocimiento, se debe adoptar esencialmente en equidad, como en efecto aquí se hizo, al disponer dicho aumento para los años 2017, 2018 y 2019.
Al punto, esta Corporación en providencia CSJ SL, del 20 oct. 2015, rad. 69720, reiteró que:
Frente a tal cuestionamiento, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido, con insistencia, que los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que, solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un «efecto retrospectivo» a sus disposiciones salariales. Ha entendido esta Corporación que esa medida se amolda perfectamente a la función primordial del Tribunal de encontrar la fórmula que resulte más equitativa para la resolución del conflicto. En la sentencia CSJ SL, 26 jul 2011, rad. 50469, se dijo al respecto:
Amparado en criterios de equidad, el Tribunal de Arbitramento consideró viable la aplicación de la cláusula de vigencia y de los incrementos salariales a partir del 1º de mayo de 2010, posición de la que disiente el recurrente.
No obstante, esta Sala ha sido pacífica en torno al punto traído a discusión y ha señalado que aun cuando en principio el laudo arbitral tiene efectos hacia el futuro, a partir de su expedición, se ha aceptado su retrospectividad, cuando quiera que el conflicto colectivo de trabajo no se termine mediante arreglo directo y sea necesaria la definición a través de un Tribunal de Arbitramento, como aconteció en el sub lite, a fin de corregir el desequilibrio económico que pueda surgir en ese lapso.
Justamente, esa facultad ha sido conferida a los árbitros para que, en cada caso particular ponderen si es viable la aplicación retrospectiva de las cláusulas referidas a los aumentos salariales, y se ha considerado que aquellos no se encuentran atados a una decisión en torno a este específico aspecto, de manera que les está permitida su definición, en el marco de los criterios de equidad a los que se hizo referencia anteriormente.
De suerte que la jurisprudencia de esta Corporación de antaño tiene definido que los arbitradores sí están facultados para fijar los aumentos de los salarios y determinar la vigencia del laudo, con retrospectividad, sin que con ello se desconozca el mandato contenido en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que este precepto enseña que las normas sobre trabajo son de efecto general inmediato y no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores, es decir, que lo dispuesto en el laudo se aplica únicamente a los contratos que estén en vigencia al momento de proferirse el mismo, o a los que surjan con posterioridad a él, pero no a los que estén terminados o extinguidos.
En consecuencia, no le merece a la Sala ningún reproche, que en este asunto el aumento salarial se hubiera ordenado con retrospectividad.
Cuanto a la presunta inequidad fundada en que el laudo no tuvo en cuenta que la escala salarial ya está por sobre el promedio del mercado, tiene asentado esta Corporación que «los árbitros, en aras de ofrecer soluciones justas y equilibradas, no están obligados a consultar, necesariamente, los salarios promedio del sector o de la industria en la cual se encuentre inserta la empresa. Para tal fin, también pueden acudir a otros parámetros, igualmente válidos, como lo son las posibilidades financieras y económicas de la organización, el impacto de la medida, los resultados, los índices inflacionarios, la equivalencia del valor del trabajo, entre otros» (sentencia de anulación CSJ SL5887-2016), directrices que fueron observadas por los árbitros.
En otro orden de consideraciones la aplicación de los beneficios del laudo exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, no transgrede el principio constitucional de igualdad, en la medida en que la situación jurídica de estos es diferente a la de los trabajadores no afiliados a un gremio profesional.
Así lo reiteró esta Sala en sentencia CSJ SL282-2021, de la siguiente manera:
Con respecto a la vulneración al principio de igualdad, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que para decidir el conflicto, los árbitros están facultados para fijarse o tomar como parámetro otro tipo de instrumentos, verbigracia, un pacto colectivo u otra convención, incluso, otra decisión arbitral que aplicada al contexto que está resolviendo, le permite precisar de mejor manera las prerrogativas laborales que fueron solicitadas y discutidas por las partes en la etapa de arreglo directo, bajo criterios de igualdad y equidad, pues precisamente, para llegar a una decisión equilibrada, nada más apropiado que consultar los antecedentes históricos de otros conflictos, y los escenarios que han permitido resolver los asuntos colectivos a través de diversos puntos de vista en otras condiciones socioeconómicas, bien sea en la misma empresa, o con otros actores a efectos de fijarse un mejor criterio (véase CSJ SL20784-2017, SL16044-2017 y SL22237-2017), entre muchas otras), lo cual no implica que se deban asimilar en la misma forma, sino como un referente, que sumado a otros análisis, le permitan llegar a un resultado conjunto o armonizado.
De tal manera que, establecer en el laudo incrementos salariales o prestacionales que puedan generar diferencias con trabajadores no sindicalizados, no constituye un trato discriminatorio, pues unos y otros están situados en un plano desigual.
Adicionalmente, si dentro del contexto de análisis del Tribunal encuentra un déficit de protección para los trabajadores sindicalizados con respecto a quienes no lo están, puede resultar un parámetro válido para plasmar mejores garantías, pero igualmente consultando la justicia y la equidad que deben regir las relaciones obrero-patronales.
Acorde con lo anterior, el argumento de la empresa sobre la supuesta discriminación con los trabajadores no sindicalizados por parte del Tribunal, al partir de la base del pacto colectivo existente y mejorar las prerrogativas para los afiliados a Sintraime, no resulta acertado, pues como se indicó, los árbitros pueden referenciarse en diversos instrumentos, a efectos de plasmar alguna prerrogativa no acordada por las partes en la etapa de negociación, y con ello mejorarla, pues ese es el objetivo de todo el instrumento de contención colectiva.
Pero además, es el propio ordenamiento jurídico (la Constitución Política de 1991 y los tratados internacionales, entre los que se destacan los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, que garantizan el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva), el que permite que los trabajadores sindicalizados puedan negociar con su empleador para alcanzar mejores beneficios, independientemente de si los que no se afilian a las organizaciones sindicales no lo hacen o las prerrogativas alcanzadas por aquellos se ven superadas producto de dicha negociación, aunque el empleador por iniciativa propia puede en un futuro llegar a extender los beneficios a todos sus trabajadores, lo cual es producto de su voluntad y no de una imposición legal.
Entonces, no se vislumbra en la decisión de los arbitradores, una inequidad manifiesta, al disponer el aumento salarial teniendo como báculo el incremento del salario mínimo legal más 1,5% para los años 2020 y 2021 y más 2% por los años 2017, 2018 y 2019, toda vez que realmente consultan un verdadero equilibrio entre las partes en conflicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo.
En tal sentido, como los árbitros actuaron dentro del marco de su competencia al disponer los incrementos salariales en forma retrospectiva, no trasgredieron precepto legal o constitucional alguno, además, que acogieron los lineamientos jurisprudenciales antes transcritos, así se impone concluir que no existen razones para variar tal posición. De ahí que no se accederá a la anulación de las citadas cláusulas.
Por último, debe quedar muy claro que el empleador no solo tiene el respaldo del mismo laudo arbitral (parágrafo de la letra B) de la cláusula bajo estudio) sino legal al momento de cumplir con lo ordenado por los árbitros, de tener en consideración los incrementos de salario que hubiese efectuado durante el conflicto, para no incurrir en doble incremento y no afectar el «espíritu de coordinación económica y equilibrio social».
Puestas en esa dimensión las cosas, la cláusula arbitral no se anulará.
Adicional. Retrospectividad del laudo arbitral- Retrospectividad de los beneficios convencionales
Laudo arbitral
ARTÍCULO 21. ADICIONAL. RETROSPECTIVIDAD DE LOS BENEFICIOS CONVENCIONALES. Los Beneficios ultra y extralegales contenidos en el presente Laudo Arbitral, se pagarán de manera retrospectiva a los trabajadores que se beneficien del mismo, a partir del 07 de junio del 2018, fecha en la cual se suspenden los términos del proceso arbitral, por efectos del incidente de recusación, de uno de los árbitros, propuesto por la empresa.
7.2 Argumentos del recurrente
Aduce, en esencia, que es uniforme la postura de esta Corte, respecto de la ausencia de competencia para hacer pronunciamientos que desbordan el pliego de peticiones, o el residuo de aquel en lo que refiere a los puntos en los cuales no hubo acuerdo, y en este caso es evidente que el tribunal desbordó dicha competencia y además justificó su desbordamiento a partir de fundamentos que no guardan coherencia con su función y límites.
7.3 Réplica
Sobre la retrospectividad de beneficios económicos, diferentes al incremento salarial, y de prestaciones sociales que se ordena a una empresa en un tribunal de arbitramento, esta Sala ha señalado su viabilidad (sentencias rad. 12773, CSJ SL6403-2014 y rad. 15683).
X. CONSIDERACIONES
Le asiste la razón al recurrente en su cuestionamiento, pues por una parte, la organización sindical no solicitó en el pliego de peticiones que las diferentes prerrogativas fueran concedidas de esa forma y, por otra, porque la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que los árbitros no están facultados para aplicar la retrospectividad en los auxilios extralegales, ya que su creación, modificación o nuevo alcance solo puede darse a partir de la expedición del laudo arbitral, con excepción del tema de salarios, puesto que allí pueden los componedores corregir eventuales desequilibrios generados en la prolongación del conflicto (CSJ SL282-2021).
A través de este fallo, la Corte reiteró la sentencia CSJ SL22175-2017, en la que indicó:
Frente a tal cuestionamiento, lo primero que deviene advertir es que esta Sala ha sostenido, con insistencia, que las decisiones de los laudos arbitrales solo pueden producir efectos a futuro, a partir de su expedición, salvo en lo que se relaciona con la facultad de los árbitros de otorgarle efectos retrospectivos a los aumentos salariales, y con el único fin de evitar inequidades producidas por la dilación del conflicto colectivo, de manera que no le es dable a un tribunal conceder auxilios o beneficios de manera retroactiva. En la sentencia CSJ SL9346-2016, se dijo al respecto:
En cuanto a las fechas que el Tribunal de arbitramento definió se enmarcaban dentro de los dos (2) años en comento, debe recordarse que la calenda de inicio de la vigencia del laudo arbitral, en principio, no es de elección de los árbitros, pues esta resulta de la expedición de tal decisión. Ciertamente las normas convencionales anteriores se extienden hasta el día anterior al que se pone fin al conflicto colectivo, en este caso con el laudo arbitral, tal como lo consagra el citado artículo 461 del C.S.T. Si bien la ley garantiza la vigencia continua de la regulación convencional, aquella opera sin que sea posible sobreponer en el tiempo la normatividad denunciada y la que se sustituye con la decisión arbitral, que es lo que acontecería de admitirse lo sugerido por el recurrente de fijar la vigencia del laudo desde el 1° de enero de 2011, lo cual no resulta procedente porque se retrotrae la misma a una fecha muy anterior a su expedición, que en este caso tuvo ocurrencia el 20 de marzo de 2014, además por cuanto se le estaría imprimiendo efectos retrospectivos a todos los beneficios contenidos en él, superaría los dos (2) años que consagra el CST art. 461.
Es pertinente aclarar en este punto, que de conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Sala, el Tribunal de arbitramento estaría facultado para disponer de manera excepcional efectos retrospectivos y no retroactivos, respecto a la vigencia del laudo, cuando se trata del incremento de salarios, según las particularidades de cada conflicto. Lo que significa, que resulta completamente válido que cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un Tribunal de arbitramento, se decreten los aumentos salariales de manera retrospectiva, decisión que al depender de las circunstancias especiales de la contienda sometida a su conocimiento, se debe adoptar esencialmente en equidad.
En ese orden, el tribunal no podía conceder auxilios y beneficios en forma retroactiva, pues se reitera, este tipo de disposiciones solo puede producir efectos hacia futuro, a partir de su expedición, y por el tiempo de vigencia a que alude, pues es evidente que las prerrogativas y auxilios contenidos en los siguientes artículos 9º (seguro de vida o de invalidez total), 10º (auxilio por muerte de familiar), 13º (auxilio de alimentación), 22º (auxilio de maternidad), y 26º (auxilio mejores bachilleres), se concedieron unos desde el año de 2011, y otros desde 2012, y esa decisión obedeció a que el tribunal estimó que no existía certeza si tales derechos fueron satisfechos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 a la fecha de expedición del laudo arbitral, argumento que no es válido ni justificativo para ordenarlos en forma retroactiva, toda vez que no solo superaría el término que establece el art. 461 del CST, sino que tal razonamiento escapa de la esfera de la competencia del tribunal, de manera que procede la anulación parcial de las cláusulas antes referidas en cuanto desconocen los efectos futuros de la decisión arbitral, solo en aquellos incisos y apartes en que se concedieron tales beneficios por los años 2011, 2012 y 2013 […]
Por lo dicho, se anulará la disposición arbitral.
Decisiones adoptadas desconociéndose el criterio de equidad
-En cuanto a las cláusulas de Permisos remunerados sindicales, Transporte, Casino, Auxilio por muerte de familiares, Auxilio de maternidad, Prima de navidad y antigüedad, la Sala observa que coinciden en los siguientes argumentos:
1º) El laudo arbitral vulnera el derecho constitucional a la igualdad, toda vez que no todos los trabajadores estarían bajo las mismas condiciones, razón por la cual, la decisión del Tribunal se encuentra desconociendo el principio de equidad, rompiendo la uniformidad, como exigencia de la justicia.
Se observa que el Tribunal otorgó prelación a un grupo minoritario de trabajadores, al otorgárseles unos auxilios que económicamente son notoriamente más favorables a los que reciben los trabajadores afiliados a la Convención Colectiva, que representan la mayoría. Circunstancia, que evidencia el total desconocimiento del principio de equidad y del derecho a la igualdad.
Así las cosas, el laudo arbitral debe ajustarse al contexto actual de la empresa, esto es, observarse las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva suscrita y vigente entre CLARIOS ANDINA SAS y PROMAC, en aras de que la decisión no sea manifiestamente inequitativa e irrazonable para las partes.
2º) Estos artículos resultan abiertamente inequitativos puesto que la organización sindical Sintraime solo cuenta con 61 afiliados, cuando la empresa tiene más de 584 trabajadores y especialmente porque existe convención colectiva con otro sindicato que es 6 veces más grande que el promotor de este conflicto. El hecho que el tribunal no esté de acuerdo con lo que está dispuesto dentro de la empresa, no lo faculta para violentar el principio de equidad, y a lo largo de este laudo se desconoció la situación preexistente en la convención colectiva del sindicato mayoritario.
3º) Téngase en cuenta, además, que este clausulado tal y como fue aprobado, fue objeto de salvamento de voto, por parte del árbitro Luis Felipe Arana, cuyos argumentos fueron desestimados a pesar de encontrarse debidamente fundados, razón por la cual se solicita igualmente a la honorable Corte, los analice en conjunto con los reparos aquí expuestos con el fin de que se declare la nulidad de esta cláusula.
-Replica común
Afirma que con independencia del número de afiliados que tenga una organización sindical, los árbitros tienen autonomía para decidir sobre los puntos no acordados del pliego de peticiones, siempre que tengan en cuenta las circunstancias existentes en cada caso.
Sostiene que, en relación al cargo de que los árbitros no siguieron los lineamientos de la Convención Colectiva de Trabajo pactada con el sindicato "PROMAC", recuerda que esta Corte ha señalado que «la preexistencia de una o más convenciones colectivas de trabajo en la misma unidad productiva, no necesariamente impone a los árbitros tomar como único punto de referencia esos acuerdos colectivos, pues tienen la discrecionalidad de seguir lineamientos diferentes».
XI. CONSIDERACIONES
En cuanto a la desigualdad de los beneficios y prestaciones entre diferentes laudos, convenciones o pactos, menester resulta traer a colación lo explicado en sentencia de anulación CSJ SL13026-2017, reiterada entre otras en la sentencia CSJ SL SL3491-2019, así:
Para dar una respuesta a este punto, es suficiente recordar que la asimetría que pueda existir entre los beneficios y prerrogativas del laudo respecto a los de otros instrumentos colectivos preexistentes en el interior de la empresa, no es reflejo de una práctica discriminatoria.
En reiteradas oportunidades esta Corporación ha sostenido que si bien los árbitros pueden tomar en consideración lo dispuesto en los pactos o convenciones colectivas preexistentes en la empresa para informar su juicio, esto no significa que estén irredimiblemente obligados a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o a laudar por debajo de las prerrogativas allí establecidas. Por ello, es válido que los árbitros instalen nuevos derechos o superen los consagrados en esos instrumentos cuando la equidad y la justicia en las relaciones obrero-patronales así lo dictamine (CSJ SL53118, 4 dic. 2012, reiterada en SL703-2017). (Negrillas fuera de texto)
Negar la posibilidad de las organizaciones sindicales de obtener mejoras y conquistas mediante la negociación colectiva so pretexto de que en el ámbito empresarial existen otros actos colectivos que pueden entenderse como máximos o techos, implica privar de sustancia este derecho, así como cualquier posibilidad de avanzar progresivamente en la consecución de mejores condiciones laborales y sociales (CSJ SL703-2017).
No puede olvidarse que, precisamente, el conflicto colectivo del trabajo tiene por objeto mejorar las condiciones vigentes de las relaciones laborales en la empresa, de donde es natural que en el pliego de peticiones se inserten prebendas que ya existían pretendiendo que se amplíen, actualicen, acrecienten, etc; como que se tengan nuevas aspiraciones laborales de sus afiliados, por lo que el empleador está llamado a no desconocer estas situaciones, sino precisamente, en aras de la concertación laboral, a acreditar ante la agremiación sindical su imposibilidad o inconveniencia, y luego, si fuere el caso, ante el tribunal de arbitramento o la misma Corte, que violan los límites que la ley establece al laudo arbitral en esta clase de conflictos (CSJ SL17889-2017).
Se insiste en que, los términos de comparación de los diversos instrumentos colectivos del trabajo, no es argumento suficiente para desquiciar el laudo, pues, si bien resulta conveniente buscar la unidad de pliegos, de negociación y de convención al interior de la empresa, ello no constituye una camisa de fuerza que conduzca indefectiblemente a obtener una uniformidad que afecte la pluralidad sindical, la concurrencia convencional y aún, la libre sindicación o sindicalización (CSJ SL17889-2017).
Nada mejor que recordar la línea de pensamiento de la Corte (CSJ SL10918-2016), en el sentido de que el balance entre los derechos consagrados en un acuerdo colectivo con referencia a los entronizados en otra convención colectiva, por regla general no procede por la simple comparación de cláusulas individuales, como lo pretende el recurrente, sino que en la mayoría de los casos, implica un análisis comparado contextual, es decir, que se debe estudiar la globalidad de los implicados y la integralidad de la decisión.
Además, no se olvide que el cuerpo arbitral tuvo como báculo «la convención colectiva vigente suscrita entre la Empresa y PROMAC, ésta se consideró como un punto de referencia, mas no como un listado de beneficios que habrían de adoptarse con el mismo texto, como la Empresa lo solicitó en su informe denominado "PRONUNCIAMIENTOS SOBRE EL PLIEGO DE PETICIONES...", sino que los árbitros en su composición mayoritaria, en ejercicio de la jurisdicción transitoria que les otorga la Constitución Política, y el principio de la Autonomía e Independencia, tomaron sus decisiones de conformidad con los criterios de equidad referidos».
En ese contexto, se reitera, que, si los arbitradores resolvieron el conflicto colectivo a la luz de la equidad en procura de armonizar los intereses sociales y económicos, ello patentiza que no existe razón alguna para ordenar la anulación como lo procura la sociedad recurrente, sin desconocer, claro está, los juiciosos argumentos sobre los cuales gravitaron los salvamentos de voto, que en algunos eventos coincidirán con los de la Sala para la decisión que más adelante se adoptará.
1. Permisos remunerados sindicales
1.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 19. PERMISOS REMUNERADOS SINDICALES.
La Empresa concederá a sus trabajadores los siguientes permisos sindicales y cooperativos remunerados:
a. Empresa dará permiso sindical remunerado a los miembros de la Junta Directiva del Sindicato y de la Comisión de Reclamos, con el objeto de que puedan asistir cada ocho (8) días a las reuniones de Junta Directiva. Igualmente los Directivos que laboren en turno ordinario cobrarán su jornada completa.
b. Para Comisión Preparatoria del Pliego.- Ciento veinte (120) días antes del Período legal de denuncia de la presente convención Colectiva, la Empresa concederá ciento veinte (120) horas mensuales de permiso sindical remunerado para una Comisión de tres (3) miembros del Sindicato, que elaborarán el Pliego de Peticiones. Además la Empresa dará una suma de Doscientos Mil Ochocientos Ochenta y Cinco pesos ($200.885.oo) mensuales para esta Comisión, incrementado esta suma con el IPC +1.5 para el primer año y el IPC +1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención.
c. Para Congresos.- Concederá permiso anual remunerado a cada uno de los delegados por el tiempo de duración del Congreso, Asambleas, plenums, conferencias locales, regionales, o nacionales de las entidades federales o confederales a que esté afiliado el Sindicato.- El número de delegados será de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8o.del Decreto 2655 de 1.954.- Los permisos para Congresos se ceñirán también por esta norma incluyendo el tiempo de los viajes de ida y regreso si éstos se efectúan fuera de la ciudad de Cali.- Estos permisos se amplían a un (1) día antes y un (1) día después cuando los eventos se realicen fuera de Cali.- Un (1) día después cuando se realice en Cali y coincida éste con el día de la Clausura.-
d. Educación Sindical. - Concederá hasta un total de cincuenta (50) días al año; para que socios del Sindicato asistan a cursos de capacitación sindical o de cooperativismo, locales, regionales o nacionales, en cada caso, con un máximo de dos (2) participantes a la vez. -
e. Permisos para Asamblea General del Sindicato. - La Empresa continuará facilitando los permisos necesarios dentro de sus posibilidades a los socios del Sindicato, cuando la Junta Directiva programe reunirse en Asamblea General. - El Sindicato hará las Asambleas los Sábados, los Domingos o días festivos, salvo caso muy especial que por urgencia o naturaleza exija reunirse en Asamblea en días distintos.
f. Permisos Internos. - La Empresa, previa autorización escrita del Jefe inmediato correspondiente, dará libre acceso a uno de los Directivos del Sindicato para trasladarse a cualquier Dependencia de la Compañía, cuando por algún motivo se originen reclamos de cualquier trabajador plenamente justificados.-
PARAGRAFO 1o- Los trabajadores que disfruten de los anteriores permisos recibirán el salario promedio, liquidado sobre los últimos seis (6) meses, y en ningún caso interrumpirán el contrato individual de trabajo, para todos los efectos legales.
PARAGRAFO 2o- Los trabajadores que sean designados para asistir a congresos, asambleas, conferencias, plenums o seminarios sindicales o cooperativos, recibirán de la Empresa un Auxilio de Cien Mil Ciento pesos Mete ($100.000.oo) por cada participante, cuando se trate de reuniones en Cali; a los trabajadores que sean designados para asistir a eventos sindicales o cooperativos nacionales, la Empresa los auxiliará a cada uno con el valor del pasaje de ida y regreso en avión turismo y les dará un viático de Doscientos mil pesos Mete. ($200.000.oo).
PARAGRAFO 3o- Para todos los anteriores permisos, la Empresa los concederá mediante solicitud escrita firmada por el Presidente del Sindicato, o el Gerente de la Cooperativa o su Secretario según el caso. La elección de los delegados o participantes se hará en Asamblea General o reunión de Directiva del Sindicato respectivamente. Todos los anteriores permisos serán para participantes y delegados a reuniones convocadas por la Federación o Confederación, a las cuales esté afiliado el Sindicato a la que estén afiliados la mayoría de los trabajadores de la Empresa.
1.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 5°: PERMISOS REMUNERADOS SINDICALES. La Empresa concederá, a sus trabajadores los siguientes permisos sindicales remunerados:
a. La Empresa concederá permiso sindical remunerado a los trabajadores miembros de la Junta Directiva del Sindicato y de la Comisión de Reclamos, con el objeto de que puedan asistir cada quince días a las reuniones de Junta Directiva.
b. La Empresa Concederá un permiso sindical anual remunerado por el tiempo que dure el evento, a los trabajadores que tengan el carácter de delegados de la organización sindical, para asistir a congresos, plenums, asambleas, conferencias locales, regionales y nacionales de las entidades federales y confederales a que esté afiliado el sindicato, en la proporción indicada en el artículo 8 o del decreto 2655 de 1954. Cuando el evento se realice fuera del departamento del Valle se amplía un día antes y un día después de la terminación del evento.
c. Educación Sindical.- Concederá hasta un total de veinticinco (25) días al año para que los afiliados al Sindicato asistan a cursos de capacitación sindical locales, regionales y nacionales, con la participación de dos (02) trabajadores por cada evento.
d. Permisos para Asamblea General del Sindicato.- La Empresa concederá, dentro de sus posibilidades, a los afiliados al Sindicato, para asistir a la Asamblea General que programe la Junta Directiva. Estas Asambleas se realizarán los sábados, los Domingos' o días festivos, salvo caso muy especial que por urgencia o naturaleza exija reunirse en Asamblea Extraordinaria en días distintos.
PARÁGRAFO I*- Los trabajadores que disfruten de los anteriores permisos recibirán el salario básico.
PARÁGRAFO 2°- Los trabajadores que sean designados para asistir a congresos, asambleas, conferencias, plenums o seminarios sindicales nacionales, la Empresa los auxiliará a cada uno con el valor del pasaje de ida y regreso en avión y les reconocerá un valor de doscientos mil pesos Mete. ($200.000.oo), por concepto de viáticos.
PARÁGRAFO 3°- Los anteriores permisos, la Empresa los concederá, previa solicitud escrita firmada por el Presidente del Sindicato, con una antelación de no menos de cinco (05) días. La elección de los delegados para la ASAMBLEA GENERAL NACIONAL, se hará en Asamblea General y la de los participantes a eventos diferentes de la Asamblea Nacional, se designarán por la Junta Directiva Seccional del Sindicato.
1.3 Argumentos del recurrente
Dice, en esencia, que se le impuso hasta un total de veinticinco (25) días al año para que los afiliados al Sindicato asistan a cursos de capacitación sindical locales, regionales y nacionales, con la participación de dos (02) trabajadores por cada evento. El pretendido permiso desnaturaliza el objeto de la relación laboral, puesto que sí veinticinco (25) días en los cuales mi representada no contará con los servicios de «afiliados al sindicato» so pretexto de supuesta «educación sindical», adicional a los que se ausentarán como consecuencia de los permisos remunerados solicitados, más vacaciones legales, más las licencias y permisos especiales que éstos soliciten por diferentes contingencias inherentes al ser humano, «lo que representa que de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, únicamente doscientos cuarenta y cuatro (244) son laborales y, si a ello se resta los días de permiso remunerado sindical que se pretenden, significa que los representantes y delegados sindicales prestarán servicios a mi representada NOVENTA Y UN (91) DIAS DEL AÑO, sin tomar en cuenta en esta operación matemática las vacaciones y demás permisos o licencias a las que puede haber lugar en el transcurso de cada año calendario. Lo que se reitera corresponde a una petición desproporcionada e irracional que desnaturaliza el contrato de trabajo al desaparecer la prestación de servicios como elemento esencial».
En consecuencia, resulta evidente que este permiso, en los términos en «que ha sido otorgado es irracional, desproporcionado e inequitativo al imponer a mi representada el otorgamiento de permisos de carácter permanente», por tanto, este tipo de beneficio escapa a las facultades de los árbitros.
XII. CONSIDERACIONES
Atinente a los permisos sindicales, el criterio de la Sala gravita en que se trata de una facultad de los árbitros, siempre que su concesión se muestre proporcional y razonable.
Sin duda, la necesidad del reconocimiento del permiso sindical es evidente, dado que la garantía de un adecuado ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores, no puede quedar al arbitrio de quien, precisamente, es su antagonista dentro la dialéctica de la relación capital-trabajo, sino que a los directivos sindicales se les debe brindar la oportunidad de reunirse con el objetivo de organizarse en defensa de los intereses de los afiliados, dentro de un marco de razonabilidad y sin que se desvirtúe uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo como lo es la prestación personal de servicio a favor de un empleador (CSL SL10918-2016).
La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de esta Corporación, ha sido unánime en cuanto el deber que el ordenamiento colombiano impone al empleador de conceder los permisos sindicales, «pero eso sí dentro de ciertos y precisos límites» (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 36147); por cuanto «el uso de los permisos sindicales debe estar apoyado en los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad» (CC T-464/10).
Los permisos remunerados, que fijaron los árbitros para educación sindical, tienen una estrecha relación con el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical.
En esa perspectiva, puesta la Corte en la tarea de verificar cada uno de los aspectos relacionados, observa que la forma como está concebido el reconocimiento de los permisos, el número de trabajadores sindicalizados y de días otorgados, que no son permanentes, dista de ser una decisión contraria a la equidad, razonabilidad y proporcionalidad, puesto que si son 61 colaboradores los afiliados al sindicato, quiere decir que 2 de sus miembros tendrían permiso para educación sindical, durante 2,08 días al mes y, en puridad de verdad, la recurrente no acredita cómo el otorgamiento de los mismos puede interferir en el adecuado cumplimiento de su objeto social, máxime que la empresa, según su propia información, cuenta con un total de 584 trabajadores.
Tampoco se pierda de vista que la decisión arbitral fue palmaria en advertir que el permiso debe solicitarse «con una antelación de no menos de cinco (05) días», tiempo que le permite al empleador adecuar las necesidades del servicio, durante los días de permiso.
De suerte que, la Sala estima que la decisión arbitral bajo escrutinio no se exhibe inequitativa o injustificada, teniendo en cuenta los propósitos u objetivos que persigue, se ajusta a los criterios de racionalidad y proporcionalidad y, además, no tienen el carácter de ser permanentes, como tampoco afectan el desarrollo normal de la gestión empresarial.
Por último, la recurrente no acredita fehacientemente con probanza alguna cómo el otorgamiento de los permisos le acarrearía dificultades en su ejercicio normal y que eventualmente pueda poner en peligro su estabilidad económica, por lo que no es dable su anulación.
2. Transporte
2.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 22°. TRANSPORTE
La EMPRESA pagará a cada uno de sus trabajadores el valor correspondiente al subsidio mensual de transporte de acuerdo con los lineamientos e incrementos fijado por la ley sin perjuicio del servicio de transporte prestado por la EMPRESA a los trabajadores domiciliados en la ciudad de Cali.
El transporte de Yumbo y las regiones circunvecinas se prestará a la entrada y salida en turno de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. con una ruta troncal.
2.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 7°: TRANSPORTE: La empresa pagará a cada uno de los(as) trabajadores(as) que se beneficien del presente Laudo Arbitral, el valor correspondiente al subsidio mensual de transporte de acuerdo con los lineamientos e incrementos fijados por la Ley, sin perjuicio del servicio de transporte prestado por la Empresa a los trabajadores domiciliados en la ciudad de Cali.
El transporte de Yumbo y las regiones circunvecinas se continuará prestando a la entrada y salida en turno de 3.00 P.M a 11:00 P.M., con una ruta troncal.
2.3 Argumentos del recurrente
El Tribunal desconoció la aplicación de los principios de proporcionalidad y equidad entre SINTRAIME y PROMAC, al obviarse el derecho a la igualdad con relación a los afiliados de PROMAC quienes sí optan por recibir el servicio de transporte que brinda la empresa, no se les hace entrega del auxilio y viceversa. Es decir, reciben un solo beneficio por el mismo concepto según su elección.
Además, se trata de una petición de contenido jurídico reglada y debidamente protegida por el derecho interno, razón por la cual los árbitros no tienen la facultad de pronunciarse sobre normas o principios que ya se encuentran contemplados en la Constitución o en la Ley.
XIII. CONSIDERACIONES
Con respecto a este auxilio, la Sala ha reiterado (CSJ SL1604-2019), que como se trata de un estipendio legal, las partes pueden mejorarlo en su monto o liberarlo de ciertas condiciones, cuestiones que igualmente se pueden trasladar al escenario del arbitramento, ya que los componedores, pueden crear nuevo derecho o ampliarlo, sin que ello implique desbordar la competencia para la cual son convocados.
En sentencia CSJ SL22241-2017, la Corte señaló que: «La ampliación del beneficio del auxilio de transporte a trabajadores que devenguen hasta 2.5 SMLMV, se traduce en un mejoramiento económico para unos destinatarios determinables, que bien puede ser materia de un conflicto económico, y por lo tanto, llegar a decisión de los árbitros como ocurrió en el caso, sin que se comprometa competencias del tribunal ni invada las facultades del legislador en la materia, razones por las cuales no se anulará la cláusula».
Ahora bien, los argumentos sobre los cuales soportó la decisión el tribunal de arbitramento fueron:
1). Los trabajadores residentes en la ciudad de Cali, deben desplazarse desde su residencia hasta el punto de abordaje en la ruta fijada por la empresa, en su medio de transporte, y ese desplazamiento implica costos para el trabajador por la distancia entre el punto de abordaje y su residencia. 2) Este beneficio venía siendo reconocido, por la empresa, conforme al Pacto Colectivo que tenía vigencia desde el 13 de diciembre de 2012, en los mismos términos solicitados en el pliego. 3) El único efecto extralegal es que deba pagársele a todos los trabajadores, beneficiarios del Laudo, sin tener en cuenta el monto del salario. Revisada la nómina presentada por la empresa la gran mayoría de estos trabajadores están por debajo de los dos salarios mínimos legales vigentes. (resaltado y subrayado fuera de texto).
En el presente asunto, encuentra la Corte que lo que dispusieron los árbitros, fue reiterar la prestación de un servicio que ya existía en el Pacto Colectivo del que eran beneficiarios los trabajadores, hoy miembros de la organización sindical Sintraime, por lo tanto, a buen seguro, no se evidencia alguna afectación grave de las condiciones económicas de la recurrente, al otorgar en el laudo una prebenda que ya venía reconociendo, de manera que bien puede suponerse que dichos aspectos estaban siendo regulados por la Empresa y que la pretensión del Sindicato no era otra que elevarlos a norma convencional.
En la parte pertinente dice el pacto colectivo: «TRANSPORTE: La EMPRESA pagará a cada uno de sus COLABORADORES, el valor correspondiente al subsidio mensual de transporte de acuerdo con los lineamientos fijados por la Ley, sin perjuicio del servicio de transporte prestado por la EMPRESA a los COLABORADORES domiciliados en la ciudad de Cali […]»
Por lo tanto, no hay méritos para anular la decisión.
3. Casino
3.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO 23°. CASINO
La Empresa se compromete a mantener el suministro del servicio de casino, almuerzo, comida y refrigerio. La calidad será controlada por el Comité de Higiene y Seguridad Industrial y la Comisión de Reclamos en representación del Sindicato Sintraime Subdirectiva Seccional Yumbo.
Parágrafo 1.- La Empresa para la prestación de este servicio, descontará del salario quincenal la suma de cinco mil pesos ($5.000.oo) a los trabajadores por el servicio de casino por la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo.
Parágrafo 1.- El Menú del almuerzo y la comida se incluye el suministro de un vaso de leche de 250 centímetros cúbicos
3.2 Laudo arbitral
ARTICULO 8: CASINO: La empresa se compromete a mantener el suministro del servicio de casino: almuerzo, comida y refrigerio; en condiciones de óptima calidad, la cual será controlada por el médico especialista en medicina del trabajo y por Comité de Higiene y seguridad Industrial.
Parágrafo 1 Para la prestación de este servicio, la Empresa descontará la suma de Diez mil pesos ($10.000) quincenales, a los trabajadores que se beneficien del presente Laudo arbitral y durante su vigencia.
Parágrafo 2. Como parte del menú del almuerzo y la comida se incluye el suministro de un vaso de leche de 250 centímetros cúbicos.
3.3 Argumentos específicos del recurrente
Asevera, en esencia, que «el Tribunal de arbitramento se encuentra desbordando su competencia al determinar que la óptima calidad de los almuerzos, comidas y refrigerios sería controlada por el médico especialista en medicina del trabajo y por el COPASST. Además, es una disposición absurda, desde cuando los nutricionistas de profesión han sido desplazados por los médicos especialistas en medicina del trabajo?».
XIV. CONSIDERACIONES
En lo que respecta a la decisión referente a que la alimentación «será controlada por el médico especialista en medicina del trabajo», observa la Corporación que el cuerpo colegiado extralimitó su competencia porque ello no fue pedido por el sindicato, luego de esta forma lesionó el principio de la congruencia.
La Corte, en sentencia de anulación CSJ SL, del 1° de jun. 2005, rad. 25583, sostuvo que «el arbitramento debe respetar el principio de congruencia (C. de P.C. art. 672-8 y 9) en su triple implicación: a) Absteniéndose de resolver en puntos no sujetos a su decisión, b) Considerándose imposibilitado para conceder ultra petita, es decir más de lo pedido; y C) Decidiendo todos los puntos planteados (Sentencia de la Sala Plena Laboral del 19 de julio de 1982. Gaceta Judicial No. 2410)».
Puestas así las cosas se anularán las expresiones «será controlada por el médico especialista en medicina del trabajo».
4.Auxilio por muerte de familiares
4.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 25. AUXILIO POR MUERTE DE FAMILIARES
La Empresa pagará un auxilio al trabajador o trabajadora por muerte de los familiares, de novecientos mil pesos Mete ($900.000.oo), incrementado esta suma con el IPC +1.5 para el primer año y el IPC +1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención; este auxilio por cada fallecimiento que ocurra, comprobado en los siguientes casos:
a. Muerte de la esposa o esposo, del trabajador o trabajadora.
b. La muerte del compañero o compañera del trabajador o trabajadora que aparezca registrada en la Empresa.
c. La muerte de los padres legítimos, o naturales que dependan económicamente del trabajador o trabajadora que estén registrados en la Empresa.
d. La muerte de los hijos legítimos, legitimados o naturales reconocidos que dependan económicamente del trabajador o trabajadora y que estén registrados en
la Empresa.
Este auxilio se pagará dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de haber sido comprobado. En el caso de que el padre o madre fallecidos tuvieran más de un (1) hijo al servicio de la Empresa el auxilio de defunción aquí previsto se pagará a un solo trabajador.
4.2 Laudo arbitral
ARTICULO 10«: AUXILIO POR MUERTE DE FAMILIARES. La Empresa, reconocerá y pagará, durante la vigencia del presente Laudo arbitral, a los trabajadores (as) que se beneficien del mismo, una suma equivalente al salario Mínimo Legal vigente, a la fecha del suceso, por el fallecimiento de sus familiares, en los siguientes casos:
a) Muerte del cónyuge del trabajador (a).
b) Muerte del compañero o compañera permanente de la trabajadora o trabajador, registrados previamente en la empresa.
c) Muerte de los Padres legítimos o naturales, que dependan económicamente del trabajador (a), que estén registrados en la empresa.
d) La muerte de los hijos legítimos, legitimados o extramatrimoniales reconocidos, hasta los 25 años de edad y sin límite de edad para los hijos discapacitados y que dependan económicamente del trabajador o trabajadora y que estén registrados en la empresa.
PARÁGRAFO 1. En el evento de que el padre o madre fallecidos tuviesen más de un hijo al servicio de la empresa, este auxilio se pagará a un (01) sólo trabajador.
PARÁGRAFO 2. Este auxilio se pagará dentro de los cuatro (04) días ordinarios contados a partir del momento en que el trabajador presente el registro civil de defunción.
4.3 Argumentos específicos del recurrente
El valor solicitado por concepto de auxilio por muerte de familiares es desproporcionado e irracional, en tanto se pretende el pago equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente, a la fecha del suceso por el fallecimiento de los familiares del trabajador.
De conformidad con lo anterior, se observa que el Tribunal se encuentra desconociendo el derecho a la igualdad y el principio de equidad, toda vez que la mayoría de los trabajadores se les está reconociendo por convención colectiva el 50% del salario mínimo legal.
Frente al parágrafo 2, se exige que el pago de tal auxilio económico se realice dentro de los cuatro (4) días ordinarios contados a partir del momento en que el trabajador presente el registro civil de defunción, imponiendo al empleador condiciones para el pago de tal auxilio, desconociéndose los procesos y controles administrativos que deben adelantarse para generar el pago respectivo, necesarios para mantener en orden su contabilidad, en definitiva, este aspecto forma parte de las potestades exclusivas del empleador, lo cual vislumbra la falta de competencia de los árbitros para pronunciarse al respecto, aunado al hecho que, el fallecimiento de una persona sólo puede ser comprobado con el correspondiente Certificado de Defunción, documento que debe ser allegado a la empresa en físico y acompañado de otros que permitan acreditar la cualidad otorgada al fallecido (familiar) para que el colaborador se haga beneficiario de este concepto, ya que la simple notificación verbal no es garantía suficiente.
Por lo anterior, debe ser declarada nula esta cláusula, toda vez que la misma va en total contravía del principio de equidad y desconocer el derecho fundamental a la igualdad.
XV. CONSIDERACIONES
Las sumas fijadas en el laudo arbitral como auxilios económicos por muerte de familiares que la cláusula señala, tienen como soporte, el brindar una ayuda al trabajador para afrontar con mayor solvencia, los múltiples gastos que se generan en estas situaciones extraordinarias como es la pérdida de seres queridos, particularmente por la esposa(a), padres o hijo(s) (CSJ SL137-2018), y no se exhiben desproporcionadas dado que no son erogaciones habituales para la empresa.
De otra parte, en sentir de la Corte el término de 4 días, luego de recibir el registro civil de defunción, que se establece en la cláusula para que el empleador satisfaga la obligación se exhibe razonable, máxime que la recurrente debe contar con diferentes ayudas humanas y tecnológicas que así se lo permita.
Conclusión forzosa de cuanto se ha expuesto es que se despachan desfavorablemente los planteamientos de la recurrente.
5. Auxilio de maternidad
5.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 29. AUXILIO DE MATERNIDAD
La Empresa reconocerá y pagará directamente a su trabajador por cada nacimiento y en forma exclusiva, un auxilio por maternidad de la esposa o compañera de los trabajadores (en ningún caso ambas) que éstos hayan inscrito o inscriban legalmente en la Empresa, el valor de quinientos mil pesos MCTE ($500.000,oo) por cada año de vigencia de esta Convención. El pago se efectuará directamente a la trabajadora, esposa o compañera del trabajador.
Cuando se trate de parto múltiple se reconocerá el auxilio por cada uno de los hijos, siempre que se acredite la documentación correspondiente.
5.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 11o: AUXILIO DE MATERNIDAD: La empresa CLAROS ANDINA S.A.S., reconocerá y pagará, durante la vigencia del presente Laudo arbitral, al trabajador o (a), que se beneficie del mismo, un auxilio por nacimiento de hijo (a), de la trabajadora o de la esposa del trabajador o de la compañera permanente, previamente inscrita en la empresa, una suma equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del Salario Mínimo Legal Mensual. Este pago se efectuará directamente al trabajador o a la trabajadora. PARAGRAFO. Cuando se trate de parto múltiple se reconocerá el auxilio por cada uno de los hijos, siempre que se acredite la documentación correspondiente.
5.3 Argumentos del recurrente
Asevera que la cláusula se deba anular porque el tribunal de arbitramento tasó el beneficio en salarios mínimos por lo que de suyo incluye una actualización anual en su monto, con lo cual no resulta de recibo lo aducido por el tribunal, al imponerle a la empresa una carga económica superior a la actualmente reconoce, más aún si se tiene en cuenta que es de carácter facultativo.
Por lo anterior, debe ser declarada nula esta cláusula, toda vez que la misma va en total contravía del principio de equidad y desconocer el derecho fundamental a la igualdad
XVI. CONSIDERACIONES
La empresa viene reconociendo, tanto en el pacto colectivo como en la convención colectiva de trabajo suscrita con PROMAC un auxilio de maternidad equivalente al 42% del salario mínimo, luego no se muestra atentatorio contra la equidad, proporcionalidad y razonabilidad que el tribunal de arbitramento haya dispuesto este beneficio en un 50% del salario mínimo y, además, el fijarlo en un porcentaje del salario mínimo, resulta favorable a futuro para los trabajadores sindicalizados, sin que se evidencie que fue una decisión adoptada a espaldas de la situación financiera de la recurrente.
Aunado a que, como lo ha dicho esta Sala de antaño, el nacimiento de un hijo corresponde a hechos de carácter eventual u ocasional en la vida del trabajador, es decir, no implican una erogación permanente ni periódica, por lo que no gravan exageradamente las finanzas de la compañía, sin que se pueda desconocer, además, el número de afiliados a la organización sindical.
Así que no se abre paso la pretensión anulatoria de estas disposiciones.
6.Auxilio para educación
6.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 30. AUXILIO PARA EDUCACION
Hijos de Trabajadores.
A 1. La Empresa pagará un auxilio para educación a cada uno de los hijos de los trabajadores en la siguiente forma:
a. Para quienes cursan Preescolar el cien por ciento (100%) de la matrícula de la institución educativa.
b. Los que estudien Primaria recibirán el pago del cien por ciento (100%) de la matrícula y la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000.oo) adicionales para los gastos escolares, anuales incrementando esta cuantía con el IPC+1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención
c. Los que estudien Secundaria recibirán el pago del cien por ciento (100%) de la matrícula y la suma de Trescientos cincuenta mil pesos ($350.000.oo) adicionales para los gastos escolares anuales incrementando esta cuantía con el IPC+1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención.
d. Los que estudien en Universidad recibirán del cien por ciento (100%) del valor de la matricula semestral por hijo del trabajador y la suma de Ciento cincuenta mil pesos Mete ($150.000.oo) anuales incrementando esta cuantía con el IPC+1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención.
e. Los que estudien en carreras intermedias recibirán del cien por ciento (100%) del valor de la matricula semestral por hijo del trabajador y la suma de Cien mil Mete ($100.000.oo) anuales incrementando esta cuantía con el IPC+1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención.
Trabajadores
2. Cada uno de los trabajadores que estudien recibirán de la Empresa los siguientes auxilios educacionales:
a. Quince (10) (sic) becas para estudios secundarios el pago del cien por ciento (100%) de la matricula semestral y la suma de cien mil pesos Mete ($100.000.oo) semestrales incrementando esta suma con el IPC+1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención.
Trece (10) (sic) Becas para estudios en Universidad el pago del cien por ciento (100%) de la matricula semestral y la suma de cien mil pesos Mete ($150.000.oo) (sic) semestrales incrementando esta suma con el IPC+1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención.,
Quince (10) (sic) becas para quienes adelantan estudios en carreras intermedias en institutos debidamente aprobados el pago del cien por ciento (100%) de la matricula semestral y la suma de cien mil pesos Mete ($100.000.oo) semestrales incrementando esta suma con el IPC+1.5 para el segundo año de vigencia de esta Convención.
PARAGRAFO 1. A los trabajadores que estudien, la Empresa les facilitará laborar en turnos que les permitan asistir a clases hasta terminar sus estudios.
PARAGRAFO 2. Los beneficiarios de estas becas solo perderán el derecho si fuere reprobado en dos (2) o más materias, excepto en los casos de enfermedad.
PARAGRAFO 3. Las becas relacionadas en este punto se incluyen las carreras universitarias e intermedias en la modalidad de larga distancia o semipresencial.
Si terminada la relación laboral con la Empresa, él o su hijo o sus hijos beneficiarios, podrán disfrutar de la beca o auxilio hasta terminar la carrera respectiva. El beneficiario deberá presentar a la Empresa, la libreta de asistencia del establecimiento en donde él o sus hijos cursen estudios durante el semestre o año lectivo respectivamente.
Para otorgar las becas antes mencionadas, la Empresa y el Sindicato acordarán el reglamento respectivo.
6.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 12: AUXILIO PARA EDUCACION. La Empresa CLAROS ANDINA S.A.S., reconocerá y pagará, durante la vigencia del presente Laudo arbitral, a los trabajadores que se beneficien del mismo, los auxilios para educación que a continuación se establecen:
1. - Para hijos de trabajadores (as):
a) Para quienes cursan educación preescolar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula, certificada por la Institución educativa.-
b) Para quienes cursan educación Primaria el cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula, certificada por la Institución educativa y la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($175.000.oo) moneda corriente, adicionales para gastos escolares, para cada periodo lectivo.
c) Para quienes cursan Educación Secundaria, el Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la matricula certificada por la Institución educativa y la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.OOO.oo) moneda corriente adicionales para los gastos escolares para cada periodo lectivo.
d) Para quienes cursan estudios de Educación Superior en Universidad reconocida por el Estado, el Sesenta por Ciento (60%) del Valor de la matrícula semestral certificada por la Universidad y una suma adicional de Ciento Cincuenta mil pesos ($150.000.oo) moneda corriente por cada periodo académico, para subsidiar los gastos escolares
e) Para quienes estudien carreras Intermedias, en Instituciones debidamente reconocidas por el Estado, la suma equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la matricula semestral, certificada por la Institución y una suma adicional de Cincuenta mil pesos ($ 50.000.oo) por cada período académico para subsidiar los gastos escolares.
2. -Para los trabajadores (as)
La Empresa otorgara los auxilios educativos que a continuación se relacionan a los trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral y que, previa reglamentación acordada con la organización sindical, apliquen para su reconocimiento:
a) Diez (10) becas para estudios secundarios consistentes en el pago del sesenta por ciento (60%) del valor de la matrícula para cada periodo académico.
b) Diez (10) becas para quienes adelantan estudios en carreras intermedias, consistentes en el pago del setenta por ciento (70%) del valor de la matrícula por cada período académico.
c) Diez (10) becas para quienes cursan estudios Universitarios consistentes en el pago del ochenta por ciento (80%) del valor de la matrícula, por cada período
académico.
PARAGRAFO 1. A tos trabajadores que adelantan estudios secundarios, de educación intermedia o profesional, la empresa les facilitara laborar en turnos que les permitan asistir a las clases hasta terminar sus estudios.
PARAGRAFO 2. Los beneficiarios de estas becas solo perderán el derecho, si fueren reprobados en dos (2) o más materias, excepto en caso de enfermedad debidamente comprobada.
PARAGRAFO 3. Las becas relacionadas en este punto, incluyen las carreras Universitarias o intermedias en la modalidad de Educación a distancia o semipresencial.
6.3 Argumentos del recurrente
El valor aprobado por concepto de auxilio para educación de hijos de trabajadores es desproporcionado e irracional, en tanto impone que asuma el cincuenta por ciento (50%) de la matrícula escolar de cada uno de los hijos de los trabajadores, sea que cursen preescolar, primaria, secundaria, y el sesenta por ciento 60% para estudios universitarios, sin tenerse en cuenta que cada trabajador puede tener más de un hijo y por tanto la carga económica que se pretende imponer a CLARIOS ANDINA S.A.S. es excesiva y abusiva.
Así mismo, porque adicional a los subsidios sobre la matrícula el valor anexo para los gastos escolares, conlleva a que materialmente mi representada asuma cargas y deberes que corresponden a quienes tienen a su cargo la custodia y cuidado de los menores, prerrogativas que a todas luces resultan desproporcionadas e irracionales; insistimos, una cosa es que se procure un auxilio o ayuda para educación, cuya naturaleza es coadyuvar al trabajador a paliar las cargas económicas que tiene en su esfera personal en cuanto a la educación de sus hijos, y otra muy diferente, es pretender trasladar dicha responsabilidad de los padres a CLARIOS ANDINA S.A.S.
Adicionalmente, el artículo aprobado no ha fijado un límite temporal para su cumplimiento en tanto no se determinó ¿hasta qué edad los hijos de los trabajadores serán beneficiarios de este auxilio?, ¿cómo validará la empresa la cualidad de hijo (a)?, ¿qué sucederá en el caso que ambos padres laboren para la organización?, ¿existe algún límite en el valor de la matrícula escolar para preescolar, primaria, secundaria, carrera profesional o intermedias o por el contrario, los trabajadores podrán elegir discrecionalmente la institución educativa sin importar el costo de la matrícula en detrimento económico de la Empresa?, ¿deberá asumir la empresa el pago de los estudios universitarios y carreras intermedias de los hijos de trabajadores mayores de edad que cuenten con ingresos propios?, ¿tienen derecho a este auxilio todos los hijos de los trabajadores desde el primer día de trabajo?, ¿si no aprueban el período de prueba?, entre otras tantas interrogantes.
La ambigüedad de lo aprobado por el tribunal, implicará que la empresa se vea avocada a situaciones que atentan contra la armonía de las relaciones con sus empleados, pues adicional le representará la imposición de cargas económicas que superaran los diez años, esto si se tiene en cuenta que el promedio escolar es de 16 años entre estudios primarios, secundarios y educación superior.
Ahora bien, en lo que respecta al auxilio para educación solicitado para los trabajadores, resulta pertinente resaltar que, al igual que la contenida en el numeral primero del artículo presente laudo, se trata igualmente de una petición abusiva, desproporcionada e irracional, pues el porcentaje reconocido, carece de todo criterio que permita su delimitación temporal, y monto base sobre los cuales se reconocerá, lo que indudablemente afectará la estabilidad económica y la equidad incluso entre los mismos trabajadores al no existir un rango equitativo de las sumas totales que finalmente beneficiará a cada trabajador.
Finamente, resulta desbordado e inequitativo que mi representada deba ceder su facultad subordinante, al imponérsele, además, la carga de restringir su potestad de organizar su empresa, conforme a la necesidad del servicio de manera definitiva, so pena de salvaguardar a los trabajadores que adelantan estudios, imposición que resulta abiertamente inequitativa frente a los demás trabajadores que no son beneficiarios de la prerrogativa aquí concedida, quienes tendrán igualmente que ajustarse a las necesidades de sus compañeros de trabajo, lo que sin lugar dudas menoscaba igualmente sus derechos laborales.
XVII. CONSIDERACIONES
En puridad de verdad, este auxilio para educación tampoco es novedoso al interior de la sociedad recurrente, dado que se encuentra en los artículos 18 y 21 del Pacto Colectivo, así como 25 y 28 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con PROMAC. En el presente laudo se observa que los árbitros aumentaron el monto dado que en aquellos instrumentos colectivos se otorgan teniendo en consideración un porcentaje del salario mínimo, mientras que aquí corresponde a un porcentaje del valor de la matrícula, adicionando una ayuda para gastos escolares, durante la vigencia del laudo y, a pesar de ello, la empresa impugnante no acredita de manera precisa y certera cómo el reconocimiento de estas prestaciones afecta sus finanzas a tal punto que ponga en riesgo el cumplimiento de su objeto social.
De otra, parte esta Corte al estudiar similares argumentos a los expuestos por la recurrente enseñó que una decisión como la presente sí guarda relación con el contrato de trabajo ya que los destinatarios de las mismas son precisamente los hijos de los trabajadores de la empresa, condición ésta de asalariado que les permite, a través del mecanismo de la negociación colectiva, mantener sus ingresos, lo que, a no dudarlo, genera una mejor calidad de vida de los colaboradores y su núcleo familiar (CSJ SL, del 25 de ene. 2011, rad. 40620).
Pero en lo que sí tiene razón el recurrente es en que una disposición, como lo atacada, que no establezca límite de edad para el disfrute del auxilio de los hijos del trabajador, es manifiestamente inequitativa al imponerle una carga excesiva y de difícil cuantificación al empleador.
Tiene dicho la Corte que las cláusulas indeterminadas son contrarias a los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Esta Corte, en sentencia CSJ SL1604-2019, al estudiar una cláusula de similares contornos asentó que al quedar abierta su concesión, esto es, sin un límite de edad, puede ser inequitativo, dado que no se compadecería con las verdaderas necesidades del núcleo familiar del trabajador, llegando a generar abusos en contra del empleador, por esa razón, para evitar tal situación, la Corte procederá a MODULAR dicho estipendio, con base en el criterio que el legislador ha impuesto, por ejemplo, para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a los beneficios del sistema de seguridad social en salud, en cuanto aquellos que se encuentren entre los 18 y los 25 años, se presume su incapacidad económica.
Por consiguiente, se entenderá que este auxilio tendrá un límite de hasta los veinticinco (25) años de edad, si los hijos del trabajador dependen económicamente de aquél.
De otra parte, para la Corte los árbitros no se excedieron al disponer que la empresa le facilitará a los trabajadores laborar en turnos que les permitan asistir a las clases, pues ello no invade el campo de dirección y administración si se tiene en cuenta que es al dador del laborío al que le corresponde establecer o determinar los turnos, en aras de que el trabajador cumpla con su obligación de prestar el servicio, lo que permite la continuidad de sus actividades, evitando de alguna manera paralizar su objeto social.
Sobre la presunta ambigüedad, esta Corporación, en sentencia CSJ SL5887 – 2016, enseñó:
En cuanto a la excesiva indeterminación y oscuridad de las cláusulas como factor de anulación, esta Corporación ha admitido, por una parte, la posibilidad de excluir del ordenamiento convencional las disposiciones que sean extremadamente indeterminadas, confusas o insuperablemente oscuras (CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867; CSJ SL SL8693-2014, CSJ SL8869-2015), y por otra ha dicho que la interpretación de las normas convencionales corresponde «en primer lugar a las partes generadoras de las mismas y, en su defecto, al juez ordinario laboral» (CSJ SL8694-2014; CSJ SL10179-2015).
Estas dos ideas a simple vista parecen irreconciliables, pues es difícil concebir una norma que adolezca de algún grado de indeterminación, que por medio de la interpretación jurídica no pueda ser determinada. Como también es difícil concebir una disposición oscura que a través de un ejercicio hermenéutico no pueda ser clarificada. Lo anterior y por sobre todo, si se tiene de presente que la indeterminación o vaguedad semántica es una característica potencial de toda norma jurídica.
Sin embargo, si se las mira con mayor detenimiento, no existe tal disociación o contraposición entre estas dos reflexiones. Ello debido a que la anulabilidad de las cláusulas arbitrales, la ha reservado la Corte de forma excepcional y para aquellos casos en que la oscuridad presente en la disposición es insuperable, o su indeterminación es excesiva, de modo tal que su puesta en marcha pueda constituir un factor de conflictividad en la empresa o rayar con la equidad en las relaciones de trabajo.
Al respecto, esta Corte en sentencia CSJ SL13016-2015 señaló:
El hecho de que un determinado texto convencional pueda generar distintas interpretaciones, no conlleva necesariamente a su anulación, porque precisamente una de las características de los enunciados normativos es su vocación para generar dudas razonables en los intérpretes, bien sea por razón de los distintos significados que pueda atribuírsele (ambigüedad), su complejidad, indeterminación o relaciones de implicación, o también por la multiplicidad de los métodos interpretativos y presupuestos teóricos empleados en su lectura. Ante situaciones como estas, son las partes o el juez laboral los llamados a imprimirle el sentido a las normas de conformidad con la Constitución y la ley.
Sin embargo, cuando una determinada disposición sea insalvablemente oscura o extremadamente indeterminada, confusa o equivoca, puede llegar a invalidarse para evitar situaciones indeseables en la empresa, que puedan afectar la armonía y las relaciones con sus empleados, tal y como en algunas oportunidades lo ha hecho esta Sala (CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867; CSJ SL SL8693-2014, CSJ SL8869-2015).
En este orden de ideas, no es cualquier rastro de inexactitud o equivocidad de las normas convencionales la que conduce a su anulación, sino aquella que se exhibe como insaneable, pues si, en efecto, el texto convencional admite, de acuerdo con los métodos de interpretación y análisis del lenguaje, acepciones o significados enteramente compatibles con el orden jurídico y la equidad, no hay lugar a su exclusión, sino más bien, a su interpretación por las partes y los jueces.
Es tradicional el criterio de esta Sala según el cual las decisiones de los árbitros deben interpretarse de buena fe y con la racionalidad propia de la intelección de los contratos (CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 48395 y CSJ SL 15499-2015), para la Sala no existen argumentos para acceder a la petición en cuanto a anular las disposiciones en estudio, por motivos de incongruencia.
No sobra recordarse que no es el acto jurisdiccional de anulación el que sugiere una solución o que tenga que prever todas suposiciones o hipótesis que emanen de las cláusulas arbitrales, los interlocutores sociales tendrán los mecanismos que la ley les otorga para que el laudo arbitral se cumpla.
Fluye insoslayable que, si la recurrente estima que estas cláusulas carecen de claridad o son imprecisas, debió echar mano del remedio procesal de la aclaración ante el tribunal de arbitramento, solicitud que brilla por su ausencia
Por último, teniendo presente que el número de trabajadores afiliados al sindicato parte del conflicto, no es palmario que se vaya a precipitar un desequilibrio económico para la entidad educativa y, en estas condiciones, no resiente la estabilidad económica de la empresa o, al menos, no está probada por parte de la recurrente.
Entonces, se modulará la cláusula en el entendido que el auxilio para educación de los hijos de los trabajadores tendrá un límite de hasta los veinticinco (25) años de edad, si los mismos dependen económicamente de aquellos. No se anula lo demás.
7. Prima de navidad y antigüedad
7.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 34. PRIMA EXTRA DE NAVIDAD Y ANTIGÜEDAD
Dentro de los primeros veinte (20) días del mes de Noviembre de cada año, la Empresa pagará a todos sus trabajadores una prima extra de Navidad en la siguiente forma:
a. - A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa (6) seis meses a un (1) año, diez (10) días de salario.
b. - A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa (1) un Año (1) Un día a (2) Dos años, veinte (20) días de salario.
c- A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa de (2) Dos años (1) Un día a (3) Tres años, veinticinco (25) días de salario.
d. - A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa de (3) Tres años (1) Un día a (4) Cuatro años, treinta (30) días de salario.
e. - A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa de (4) Cuatro años (1) Un día a (5) Cinco años, Treinta y Tres (33) días de salario.
f. - A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa de (5) Cinco años (1) Un día a (10) Diez años, Treinta y Tres (35) días de base, más (1) Un día por cada año de servicio.
g. - A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa de (10) Diez años (1) Un día en adelante (36) Treinta y tres días como base, más dos (2) días por cada año de servicio.
h.- El máximo de días que se dará por concepto de esta prima por cualquier tiempo trabajado, será de (50) cincuenta días.
Los valores de la presente prima se pagarán con el salario básico que el trabajador esté devengando en el momento de su reconocimiento. Para gozar de este beneficio será requisito indispensable que el trabajador se encuentre al servicio de la Empresa en el momento de su pago.
7.2 Laudo arbitral
ARTICULO 15: PRIMA EXTRA DE NAVIDAD Y ANTIGÜEDAD. La empresa, reconocerá y pagará a los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral y durante su vigencia, dentro de ios primeros veinte (20) días del mes de noviembre de cada año una prima extra de Navidad en la siguiente forma:
a) A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa un (1) a dos (2) años de servicio diez días de salario.
b) A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa más de dos (2) hasta cuatro (4) años de servicio quince (15) días de salario
c) A los trabajadores que lleven al servicio de ia Empresa más de cuatro (4) hasta seis (6) años de servicio veinte (20) días de salario.
d) A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa más de seis (6) hasta ocho (8) años de servicio veinticinco (25) días de salario.
e) A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa más de ocho (8) hasta (9) años de servicio treinta (30) días de salario.
f) A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa más de nueve (9) hasta diez (10) años de servicio treinta y cinco días de salario.
g) A los trabajadores que lleven al servicio de la Empresa más de diez (+10) años de servicio treinta y cinco días de salario más Un (1) día por cada año de servicio sobre los diez años iniciales.
7.3 Argumentos del recurrente
Adviértase que la prima extralegal de «Navidad y Antigüedad» en los términos previstos en los que fue aprobada, resultaría claramente inequitativa y desproporcionada, en relación a lo reconocido en la convención colectiva suscrita con PROMAC, sindicato de empresa y mayoritario, habida cuenta que reconoce a los beneficiarios de SINTRAIME un beneficio significativamente mayor, pues en aquellos casos en que el trabajador cuente con antigüedad de dos (2) a cuatro (4) años de servicio, se le reconoce cinco (5) días de salario por cada año, mientras que el Laudo concede, para aquellos trabajadores que tengan de uno (1) a dos (2) años de servicio, diez (10) días de salario, y en los casos de dos (2) a cuatro (4) años de servicio reconocerá el pago de quince (15) días de salario, lo que claramente denota un trato diferencial preferente ante un grupo minoritario como lo el de los afiliados a SINTRAIME, frente a los beneficiarios afiliados a PROMAC, entre otras inequidades que se estarían generando entre los trabajadores sindicalizados, sin que existiese justificación alguna.
Además, que no se realizó un análisis integral de la situación de los trabajadores, tales como: (i) es necesario que las peticiones sean resueltas de manera equitativa en el contexto completo de la empresa y no de manera independiente, (ii) el promedio salarial de la empresa está muy por encima del mercado laboral colombiano, (iii) la situación laboral ofrece a los trabajadores garantías mucho más allá de los mínimos fundamentales, esto es que no hay precariedad en el empleo, (iv) se está resolviendo el primer conflicto colectivo y el tribunal concedió practicante el 80 o 90 por ciento del pliego, aunque no se puede desconocer el carácter de progresivo y de conquistas a través del tiempo, estas concesiones desproporcionadas pueden llevar al traste los fines y la viabilidad financiera, y (v) no se ha tenido en cuenta los planteamientos de la empresa en el sentido que la misma hace parte de una organización global, en la cual su rentabilidad y viabilidad financiera a largo plazo se puede ver frustrada y conlleve a que desarrollar esta actividad económica sea mucho más rentable en otro país, situación que no es ajena a nuestra realidad colombiana en la cual esa conclusión ha llevado a que el ejercicio de objetos sociales de compañías extranjeras sea traslado a países que ofrecen mayor rentabilidad, por tanto, el hecho que la capacidad económica sea suficiente, no significa que sea viable, y estas disposiciones extremas pueden llevar al traste la empresa en Colombia.
Por lo anterior, debe ser declarada nula esta cláusula, toda vez que la misma va en total contravía del principio de equidad al desconocer el derecho fundamental a la igualdad.
XVIII. CONSIDERACIONES
A pesar de lo anotado, suficiente para derruir la acusación, viene pertinente al caso señalar que tampoco en este caso la recurrente aporta elementos de juicio suficientes, distintos al del número de afiliados de las agremiaciones sindicales, que ya fue resuelta por la Sala.
De otra parte, la sociedad recurrente no acredita fehacientemente con los elementos de juicio que obran en el expediente cómo el otorgamiento de estas primas le acarrearía dificultades financieras que eventualmente pueda poner en peligro su estabilidad económica.
Así mismo, se impone advertir que la empresa desde el momento en que le fue presentado el pliego de peticiones debió cuantificar razonablemente el impacto de las obligaciones contingentes, como consecuencia de la iniciación del conflicto colectivo y así crear las condiciones básicas para la gestión de las provisiones y pasivos contingentes. Luego ese hecho pasado (presentación del pliego de peticiones), conduce, inexorablemente, a una obligación presente (laudo arbitral), que debe ser asumida por la impugnante.
8. Fondo Rotatorio de Vivienda
8.1 Pliego de peticiones
La Empresa dispondrá de un Fondo Rotatorio de vivienda para sus trabajadores a la suma de Quinientos millones de pesos Mete ($500'000.000.oo) para los dos años incrementando esta suma con el IPC para el segundo año de vigencia de la presente convención.
PARAGRAFO. El manejo del fondo se creara (sic) un Comité paritario de Vivienda constituido por dos (2) representantes de la empresa MAC- JHONSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. y dos (2) representantes del Sindicato SINTRAIME el cual se encargara de realizar los correspondientes préstamos de vivienda para compra, reparación en lote propio o reparaciones locativas.
Los préstamos de realizaran a los trabajadores los meses de febrero y agosto de cada año de vigencia de la convención colectiva de trabajo y sin ningún interés.
8.2 Laudo arbitral
ARTÍCULO 16: FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA. La empresa dispondrá de un FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA para préstamos a los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral y durante su vigencia, por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) moneda corriente y, para su manejo, se creara un Comité Paritario constituido por dos trabajadores de la Empresa CLARIOS ANDINA S.A.S., y dos representantes del sindicato SINTRAIME, el cual se encargará de realizar los estudios correspondientes a las solicitudes de los préstamos para compra de vivienda, construcción de vivienda en lote propio o reparaciones locativas de la vivienda del trabajador.
Los préstamos serán objeto de intereses del 6% anual.
8.3 Argumentos del recurrente
En primer lugar, la decisión del Tribunal se trata de una concesión desproporcionada e irracional, en tanto la creación de un fondo de doscientos millones de pesos m/cte. ($200.000.000,00) para el Fondo Rotatorio de Vivienda para préstamos a los trabajadores que se beneficien del Laudo Arbitral durante su vigencia, para la compra vivienda, construcciones de vivienda en lote propio o reparaciones locativas en la vivienda del trabajador, es un monto que carece de toda justificación económica, que no se corresponde con la carga económica, administrativa y contable que significa para mi representada, adicional porque se impone una carga que en todo caso se encuentra suplida con la afiliación de los trabajadores a la Caja de Compensación Familiar, la cual dentro de sus beneficios y servicios provee la posibilidad de gestionar créditos y subsidios para vivienda, sin pasar por alto que, a su vez, existen entidades bancarias a las cuales pueden acudir para tramitar préstamos de mayor envergadura para la compra, reparación en lote o reparaciones locativas de su vivienda, situación jurídica que no le mereció ningún reparo al Tribunal, al momento de aprobar el artículo 16 del Laudo.
No le mereció ningún reparo al Tribunal el hecho cierto e indiscutible de que existen entidades especializadas en suplir los servicios que aquí ha impuesto el Laudo a mi representada, pues tanto las Cajas de Compensación Familiar como las entidades bancarias cuentan con un abanico de opciones, productos y servicios destinados a proveer subsidios y financiamientos para personas interesadas en la adquisición o reparación de su vivienda, ya que esto hace parte fundamental de su objeto social, no sucede así con CLARIOS ANDINA S.A.S.; quien con la decisión del TRIBUNAL, está obligada a realizar ajustes contables y organizacionales necesarios para proveer el servicio que se le impone, contratar personal adicional y competente para gestionar el estudio y otorgamiento de los préstamos, suscripción de los convenios pertinentes, aumento de los gastos operacionales de la organización, compra de los equipos, útiles y herramientas adicionales a que haya lugar, obligaciones, que ponen de manifiesto la carga económica desproporcionada, irracional, excesiva y ajena a su giro ordinario.
En igual sentido el articulado aprobado por el Tribunal, estableció la creación de un Comité Paritario constituido por dos (2) trabajadores de la empresa CLARIOS ANDINA S.A.S. y dos (2) representantes del sindicato SINTRAIME, lo que se traduce en una clara injerencia del sindicato en facultades y derechos que son del resorte exclusivo del empleador, habida cuenta «al imponer la creación de un Fondo Rotatorio de Vivienda, se está coartando el derecho que le asiste a la Compañía de disponer libremente su dinero al tener que usar parte de sus ganancias para el otorgamiento de préstamos para vivienda a los trabajadores, y no conforme con ello, se pretende desconocer la potestad que le asiste a mi representada en la elaboración e implementación de los reglamentos necesarios para regular el manejo y otorgamiento de aquellos, lo que evidencia una flagrante limitación de la potestad subordinante del empleador prevista en el literal b) del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y bastamente desarrollada por la Corte Constitucional en sentencia C-397/06, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería».
Adicionalmente, el Tribunal desconoció que todos los trabajadores de CLARIOS ANDINA S.A.S. «cuentan con el BATERIFONDO de la Compañía, el cual tiene como objetivo la prestación de servicios de crédito para los trabajadores, dentro del cual se encuentra incluido el préstamo para Vivienda, tal y como consta en el Artículo 9 del Reglamento del Servicio de Créditos, Código No. REG-001-02».
Así conforme los argumentos expuestos, resulta imperioso que se declare la nulidad de este artículo, por ser manifiestamente inequitativo.
XIX. CONSIDERACIONES
En lo atinente a la vulneración al principio de igualdad y no discriminación con respecto a los trabajadores no sindicalizados, la Sala se remite a los argumentos expuestos en los puntos anteriores en los que se ha explicado que la creación o modificación de auxilios diferentes de los que gozan dichos trabajadores es perfectamente viable en el escenario de la negociación colectiva y sus diferentes formas de solución al conflicto de intereses.
De otra parte, esta Corporación recientemente, mediante sentencia CSJ SL282-2021, reiteró lo adoctrinado atinente a la facultad que tienen los árbitros para disponer la creación de un fondo para adquisición de vivienda, así como de un comité que reglamente los préstamos que se otorguen. Allí recordó lo enseñado en providencia CSJ SL4259-2020, así:
Sea lo primero indicar que a pesar de decirse por la recurrente que acredita el estado de propietarios de vivienda de los trabajadores afiliados, en la certificación del folio 35 del cuaderno anexo lo que se refleja es la afiliación sindical vigente. Y en segundo lugar que, con independencia de ese estado, que lo que puede dar lugar es a que precisamente la empleadora no se vea abocada a incurrir en mayor disponibilidad de dinero para el mantenimiento del fondo indicado, lo cierto es que es jurisprudencia pacífica de la Sala el que los fondos patronales con destinación específica a la adquisición, construcción, mejora, reparación o liberación de gravámenes de la vivienda del trabajador no sean extraños a la decisión de los árbitros en los conflictos de intereses.
En sentencia CSJ SL17551-2016, 07 sep. 2016, rad. 74793, la Corte razonó:
“De antaño es línea de pensamiento de la Corte Suprema de Justicia que una de las necesidades primordiales de los trabajadores es la adquisición de vivienda, la cual constituye un factor fundamental para el mejoramiento del nivel de vida del trabajador y su familia. De ahí que el sector empresarial tenga como deber el fomento de los planes de vivienda para los trabajadores a sus servicios. Aquí y ahora, memórese que este auxilio se otorga con carácter o a título de préstamo.
“Al desatar un recurso de similares características, la Sala en sentencia CSJ SL, 31 de ene. 1994, rad. 6571, reiterada, entre muchas, el 31 de oct. 1994, rad. 7310, dejó asentado que los tribunales de arbitramento no violaban ningún derecho del empleador cuando, como en este caso ocurrió, disponen la creación de un fondo para vivienda.
“Igualmente, la Sala tiene dicho que el tribunal de arbitramento tiene competencia para establecer un comité de vivienda para la reglamentación de préstamos para vivienda. Por ejemplo, véase la sentencia de anulación CSJ SL, 15 de mar. 2011, rad. 48395. Y siendo lo anterior así, con mayor razón la tiene para determinar que sea el empleador quien reglamente el funcionamiento del fondo de vivienda, lo que evidencia aún más que el Tribunal obró dentro del marco del objeto para el que fue convocado y evidencia que resolvió el conflicto con fundamento en un criterio justo y equitativo.
[…]
“De manera que resulta evidente que el cuerpo arbitral no extralimitó su competencia, ni tampoco aparece desproporcionada la concesión de las prestaciones extralegales que dispuso frente a las peticiones de los trabajadores con las cuales iniciaron el conflicto colectivo”
Igualmente, tal como lo tiene explicado esta Corte de vetusta, los árbitros pueden establecer mejores y adicionales derechos a los estatuidos por las normas del trabajo y de la seguridad social, e inclusive incrementar los ya otorgados por el empleador por demás. De suerte que, el que la compañía tenga afiliados a los trabajadores a una Caja de Compensación Familiar y a través de ella reciban auxilios, no les impide a los árbitros crear esos beneficios en los laudos arbitrales, como ocurre con la cláusula bajo estudio, al entenderse que es complementario a los instituidos en la ley y, en ese horizonte, no se excluyen, pues todo depende de los antecedentes del conflicto, la naturaleza de las prerrogativas solicitadas y las que hacen parte del entorno laboral, la compatibilidad de los beneficios para evitar un doble pago, entre otros aspectos, que solo los árbitros están en capacidad de analizar, y desde luego, hace parte de la órbita autónoma de su ejercicio.
Entonces, sin duda alguna, el fondo de vivienda representa una mejora en las condiciones laborales y en nada riñe con las ayudas que motu proprio desee entregar la empresa para ampliar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, por ejemplo, con el denominado BATERIFONDO, por lo que elevarlo a norma colectiva es un logro permitido para los trabajadores.
Las anteriores razones invitan a la Corte a no anular la disposición arbitral controvertida.
Sin costas, dada la prosperidad parcial del recurso extraordinario.
XX. DECISIÓN
PRIMERO: ANULAR del ARTÍCULO TERCERO de la parte resolutiva del laudo arbitral del 19 de noviembre de 2019, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA, METÁLICA, METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTROMETÁLICA, FERROVIARIA, COMERCIALIZADORAS, TRANSPORTADORAS, AFINES Y SIMILARES DEL SECTOR –SINTRAIME-SUBDIRECTIVA SECCIONAL YUMBO- y la sociedad CLARIOS ANDINA S.A.S., antes MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S., el ARTICULO 13: AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ARTICULO 18: JORNADA DE TRABAJO y ARTICULO 21: ADICIONAL. RETROSPECTIVIDAD DE LOS BENEFICIOS CONVENCIONALES; así como las expresiones «será controlada por el médico especialista en medicina del trabajo» del ARTÍCULO 8 CASINO y «se entregarán, a más tardar al 31 de marzo» consagradas en el parágrafo primero del ARTÍCULO 9 SUMINISTRO DE ROPA, CALZADO Y TOALLAS. No se anula en lo demás.
SEGUNDO: MODULAR del ARTÍCULO TERCERO de la parte resolutiva del laudo arbitral del 19 de noviembre de 2019, proferido por el Tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA, METÁLICA, METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTROMETÁLICA, FERROVIARIA, COMERCIALIZADORAS, TRANSPORTADORAS, AFINES Y SIMILARES DEL SECTOR –SINTRAIME-SUBDIRECTIVA SECCIONAL YUMBO- y la sociedad CLARIOS ANDINA S.A.S., antes MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S., el ARTÍCULO 12:AUXILIO PARA EDUCACIÓN, en el entendido que el auxilio para educación de los hijos de los trabajadores tendrá un límite de hasta los veinticinco (25) años de edad, si los mismos dependen económicamente de aquellos.
TERCERO: Sin costas, como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
SALVAMENTO DE VOTO
Recurrente: Claros Andina S.A.S.
Opositor: Sintraime – Subdirectiva Seccional Yumbo
Radicación: 87115
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, disiento de la mayoría de los componentes de la sentencia. Por metodología, dividiré este salvamento en dos partes. La primera tiene que ver con las razones por las cuales considero que la manifiesta inequidad no es una causal de anulación y, por consiguiente, han debido rechazarse las peticiones de anulación fundadas en tal aspecto. La segunda guarda relación con otras discrepancias que me genera el fallo.
La manifiesta inequidad no es una causal de anulación
Para contextualizar este punto, debo manifestar que a la sesión del 21 de enero de 2021, llevé un proyecto de sentencia de anulación, en el cual propuse abandonar la jurisprudencia sentada en las sentencias CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre otras, que consideraban la manifiesta inequidad como una causal autónoma de anulación.
Este nuevo criterio lo maduré luego de una reflexión que me llevó a convencerme de que este motivo de anulación simplemente no existe en el sistema normativo laboral ni puede establecerse mediante creación jurisprudencial. Por tal razón, y siendo coherente con la postura que defendí en esa sesión, manifiesto que salvo voto en todas las consideraciones relativas a la manifiesta inequidad expuestas al analizar los siguientes artículos del laudo: 5º, 7º, 10º, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º y 19º. En todos estos títulos la Corte realizó un juicio de equidad, con el objetivo de constatar si las cláusulas violaban este principio y, por lo tanto, si había lugar a anularlas.
Los argumentos que expuse en el proyecto que lleve a la sesión del 21 de enero de 2021 y a los cuales me remito para fundamentar este salvamento de voto, son los siguientes:
El recurso de anulación es de aquellos denominados extraordinarios, cuya característica principal reside en que solo puede fundarse en las causales específicamente autorizadas por el legislador, que constituyen un numerus clausus o lista taxativa. En consecuencia, los jueces no pueden crear nuevas causales de procedencia de los recursos extraordinarios, pues ello lesiona el principio de legalidad del Estado social y democrático de derecho.
La legislación sustancial laboral y procesal solo consagra dos causales de anulación, relacionadas con aspectos competenciales. La primera la establece el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme al cual el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes». La segunda se encuentra en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado. Solo existen estas dos causales de anulación en el derecho laboral positivo; ninguna más. Lo anterior, sin dejar de lado la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros no decidan todos los puntos para los cuales fueron convocados (art. 143 CST).
Por consiguiente, la causal «inequidad manifiesta» no fue concebida en el estatuto sustancial o procesal laboral, de manera que no puede alegarse como un motivo de anulación.
• Lo anterior desde el punto de vista de los fines del instituto arbitral y el recurso de anulación tiene pleno sentido. En efecto, el arbitramento está diseñado para tramitarse en una sola instancia, de manera que el laudo arbitral pone fin al conflicto en forma definitiva (SL1983-2020). No obstante, extraordinaria y excepcionalmente, el legislador prevé un recurso de anulación, el cual no está pensado para provocar una revisión del fondo del asunto, sino para controlar a posteriori el procedimiento arbitral, particularmente la competencia de los árbitros.
Desde este punto de vista, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para penetrar en el fondo del asunto, al margen de las valoraciones de mayor o menor justicia del laudo e incluso de la irritación que pueda generar determinadas cláusulas, pues el recurso extraordinario de anulación solo procede para controvertir excesos o desviaciones de los árbitros, como cuando se extralimitan en el objeto para el cual fueron convocados o invaden derechos reconocidos por la Constitución, la ley y la convención colectiva a las partes.
De manera que la Corte al resolver el recurso de anulación, ocupa el lugar de un observador externo que identifica si el laudo se expidió regularmente, esto es constata si la decisión estuvo circunscrita a los desacuerdos de los interlocutores durante la etapa de arreglo directo y no invadió el terreno de los derechos reconocidos a las partes en normas de orden público. No puede en consecuencia la Sala hacer juicios de valor sobre la equidad o inequidad de una cláusula o evaluar la corrección de los fundamentos, criterios, motivaciones y apreciaciones de los árbitros, para imponer su propia visión del conflicto.
Lo anterior es así no solo para el arbitraje laboral, sino para el arbitraje que resuelve asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas. La Ley 1563 de 2012, bajo la lógica que caracteriza al arbitraje en general, enlistó en su artículo 41 las causales de anulación, las que hacen referencia a cuestiones procedimentales; y en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolverlo «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo».
La jurisprudencia del Consejo de Estado es copiosa en ese sentido. Por ejemplo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de junio de 2019, radicado 11001-03-26-000-2018-00109-00(61809), sostuvo:
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia.
La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
Es oportuno destacar que en el derecho comparado, en países tales como España, Argentina, Perú, Uruguay, Italia y Francia, no existe una causal de anulación idéntica o semejante a la inequidad manifiesta que habilite el estudio de fondo de la controversia arbitral. De hecho, podría decirse que en el derecho comparado no se tiene noticia de un precedente similar que permita a través del recurso de anulación escarbar el fondo del asunto.
Estas referencias exógenas a la regulación del arbitraje laboral son útiles para mostrar una premisa lógica aplicable al instituto del arbitraje en general: los laudos arbitrales están pensados para que tengan carácter definitivo y el recurso de anulación se erige en una garantía de justicia procedimental, es decir, la garantía de que si se sigue rigurosamente el procedimiento la decisión independientemente de su resultado será en principio justa. O si se quiere, la observancia de los procedimientos debe llevar a las partes a aceptar la decisión arbitral. De allí que lo relevante para la anulación sea el cumplimiento de las formalidades, o en términos del artículo 143 del Código Procesal del Trabajo, «la regularidad del laudo».
Ya el Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia del 7 de diciembre de 1951, en el marco del entonces recurso de homologación, había definido que:
La función del Tribunal Supremo en presencia de un lado proferido por un Tribunal de Arbitramento obligatorio es, primordialmente, la de examinar su regularidad, y deberá declararlo exequible, confiriéndolo la fuerza de sentencia, si no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó. En caso contrario lo anulará. Y como de conformidad con el art. 458 del Código Sustantivo del Trabajo el fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes, para su homologación debe atenderse también a este aspecto; por lo que al advertirse una violación de esa naturaleza procede igualmente declarar su inexequibilidad.
• La inclusión de la causal inequidad manifiesta en el ámbito del recurso de anulación, también genera unos problemas constitucionales que tocan con el derecho a la igualdad procesal, que bien vale la pena subrayar. En efecto, las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Esto quiere decir que la aceptación jurisprudencial de la causal de anulación denominada inequidad manifiesta genera unas desigualdades en el proceso arbitral, lo que pone en clara desventaja a las organizaciones sindicales, pues mientras las empresas sí pueden alegarla, los sindicatos no. Esto genera inconvenientes desde el punto de vista del derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en la cláusula 13 de la Constitución Política en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
Finalmente, no puede olvidarse que el Derecho Colectivo del Trabajo es un ordenamiento dinámico, flexible y adaptable a las circunstancias, que prevé la posibilidad de que los interlocutores sociales puedan a través del diálogo social, vía negociación colectiva, revisar las cláusulas de la convención colectiva -a la cual se asimila el laudo- que puedan llegar a ser particularmente onerosas, lo que significa que ante vicisitudes difíciles, el diálogo social sigue siendo la herramienta idónea y apropiada para sortear las complejidades derivadas de la interpretación o aplicación de las normas colectivas.
Teniendo en cuenta estas razones, reitero mi decisión de salvar el voto respecto del análisis que realizó la Corte de los artículos antes mencionados.
Otras discrepancias frente a las cláusulas
Desacuerdo con la anulación parcial del parágrafo 1.º del artículo 9.º del laudo
ARTÍCULO 9º: SUMINISTRO DE ROPA, CALZADO Y TOALLAS: La Empresa CLARIOS ANDINA S.A.S., suministrará, para el año calendario, a los trabajadores (as) que se beneficien del presente Laudo Arbitral, durante su vigencia, Dotación de calzado y ropa de trabajo, en la siguiente forma:
a) Para el personal femenino de planta, cuatro (4) vestidos y cuatro (4) pares de zapatos para el año calendario.
b) Para el personal masculino, cuatro (4) pantalones, cuatro (4) camisas y tres pares de zapatos para el año calendario.
c) Cuatro (4) toallas por cada trabajador, para el año calendario.
d) Cuatro (4) gorras para uso de los operarios que las soliciten, para el año calendario.
PARAGRAFO 1. Estas prendas serán de buena calidad y para su escogencia se contará con la intervención de dos (2) delegados del Sindicato y se entregarán, a más tardar al 31 de marzo, al personal beneficiado del presente Laudo, sin tener en cuenta el salario que devengue […]
La Corte anula la expresión «se entregarán, a más tardar al 31 de marzo» consagrada en el parágrafo 1.º, con el argumento de que las fechas de entrega del calzado y vestido están reguladas en la ley y «no se hallan razones objetivas para modificarlas a tal punto que ello implique una mejora sustancial para los intereses de los trabajadores».
Con esta motivación, la Corte incurre en el paralogismo de la contradicción pragmática, pues en unos pasajes del fallo recuerda la jurisprudencia consolidada de esta Sala según la cual el objetivo de los procedimientos de negociación colectiva -incluido el arbitraje- es superar los mínimos legales y, por consiguiente, es incorrecto afirmar que un beneficio o prerrogativa esta en la ley; y en otros, de manera contradictoria, afirma que la ley regulas las fechas de entrega del calzado y vestido de labor y, por ello, los árbitros carecen de competencia para pronunciarse al respecto. Por lo demás, de acogerse semejante razón, los árbitros no podrían pronunciarse sobre absolutamente nada porque todas las materias salariales y prestacionales están en la ley.
Más allá de esta impropiedad, considero que no existe una sola razón sustentada en alguna causal de anulación -extralimitación de los árbitros o violación de los derechos o facultades de las partes- que impida a los árbitros, con base en la equidad, fijar nuevas fechas de entregas de calzado y vestido de labor.
Ahora bien, asevera el fallo que no esta justificada la modificación de la fecha de entrega del vestuario, sin embargo, no explica porqué la cláusula es desfavorable o no mejora los intereses de los trabajadores. Al margen, considero que tal raciocinio es equivocado, ya que son los propios trabajadores organizados en sindicatos los que definen qué es mejor para sus intereses y no la empresa. En otras palabras, son los trabajadores quienes están legitimados para alegar una posible afectación a sus derechos y no el empleador, quien no puede asirse de un aparente sentimiento filantrópico, para alegar en su propio beneficio que determinada cláusula no beneficia a su contraparte negocial.
Desacuerdo con la anulación del artículo 18º del laudo
ARTICULO 18: JORNADA DE TRABAJO: La empresa reconocerá y pagará a los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral, los salarios por los servicios prestados por la jornada de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales.
PARÁGRAFO. La empresa mantendrá los turnos rotatorios de acuerdo con sus necesidades de producción, mantenimiento e instalación, guardando equidad en la programación del personal con el objetivo de que los trabajadores que se beneficien del presente Laudo Arbitral, tengan la misma oportunidad de rotación. Sin embargo, en el evento de personal incapacitado, por urgencia de producción, intervenciones o casos análogos, la empresa podrá convocar a un mismo trabajador en idéntico turno, sin exceder de dos (2) semanas continuas.
La rotación de tumos de que habla este PARÁGRAFO se Aplicará a los trabajadores amparados con fuero sindical, siempre y cuando pertenezcan a una sección y/o máquina en la que haya rotación.
El fallo anula la cláusula transcrita afirmando que el establecimiento o modificación de la jornada de trabajo, turnos o periodos de descanso obligatorio es una potestad exclusiva del empleador, relacionada con su poder de dirección y organización de su actividad productiva.
Discrepo de ello por dos razones:
En primer lugar, la cláusula no modifica o altera la jornada laboral. Simplemente refiere que el salario debe corresponder al número de horas laboradas, de manera que si un trabajador labora 8 horas diarias o 48 semanales, debe reconocerse los salarios que correspondan a esa densidad horaria.
En cuanto a los turnos rotatorios, refiere que la empresa los mantendrá según «las necesidades de la producción», lo que significa que en últimas la empresa define los turnos. Y en cuanto a que la distribución de turnos debe ser equitativa, es una previsión razonable a fin de que el empleador no utilice la asignación de turnos como medida antisindical; por lo demás, ello responde al principio de no discriminación, el cual tiene raigambre constitucional.
En segundo lugar, no hay justificación para excluir de la competencia de los árbitros la posibilidad de incidir sobre la jornada laboral. El fallo se apoya únicamente en la libertad de empresa y el poder de dirección y organización del empleador, pero olvida que uno de los fines de los procedimientos de la negociación colectiva -incluido el arbitraje- es la fijación de las condiciones de empleo y de trabajo en sentido amplio. Ello hace parte del núcleo de los procedimientos de negociación colectiva garantizado por el artículo 55 de la Constitución Política y el Convenio 98 de la OIT, el cual integra el bloque de constitucionalidad.
Por lo tanto, no puede la sentencia subordinar un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos a una libertad que, si bien tiene respaldo constitucional, no tiene una posición privilegiada en la pirámide normativa. Subordinar el derecho de negociación al de libertad de empresa es una operación política-ideológica que produce una inversión en la escala de valores constitucionales.
Adicionalmente, la Corte pasa por alto que históricamente el sindicalismo y el derecho de negociación colectiva surgieron como un contrapoder a las posiciones liberales radicales del Estado decimonónico que añoraban un mundo donde la autonomía de la voluntad guiase todas las relaciones jurídicas humanas. De manera que el argumento de que la fijación de una jornada, turnos y horario de trabajo restringe el poder de organización empresarial olvida que precisamente para eso existen los procedimientos de negociación colectiva y que la concesión de prerrogativas, beneficios y derechos en favor de los trabajadores y sus organizaciones inevitablemente comporta una limitación -autorizada- de la libertad de empresa.
Por estos motivos, salvo mi voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Recurrente: CLARIOS ANDINA S.A.S (antes MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.).
Demandado: SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA, METÁLICA, METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTROMETÁLICA, FERROVIARIA, COMERCIALIZADORAS, TRANSPORTADORAS, AFINES Y SIMILARES DEL SECTOR-SINTRAIME- SUBDIRECTIVA SECCIONAL YUMBO, VALLE. Radicación: 87115
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo parcialmente el voto en cuanto a las consideraciones relativas al concepto de inequidad manifiesta abordado en los artículos 9.º; 10.º; 11; 12; 13; 15 y 19 del laudo arbitral.
Para efectos de estudiar las acusaciones del recurrente en relación con esas disposiciones arbitrales, la Corte realizó un juicio de equidad con el designio de establecer si era viable su anulación por transgredir dicho principio y acudió al criterio de «inequidad manifiesta».
A mi juicio y como lo consideré en otras oportunidades, tales reproches no podían estudiarse de fondo, dado que la «inequidad manifiesta» no es una causal de anulación de una disposición arbitral.
En efecto, si bien la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
En armonía con lo anterior, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.
Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. De modo que si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizaron los árbitros.
Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Y al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente el que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia.
La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar ‘los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo’.
De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califican o determinan si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias, cuando a las partes les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una garantía de procedimiento que permita verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
Dejo así planteado mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado