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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3034-2023

Fecha
27 de septiembre de 2023
Magistrado ponente
Luis Benedicto Herrera Diaz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3034-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NO ANULAR las disposiciones atacadas del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio el 22 de agosto de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre AGROPECUARIA LA HOLANDA SAS y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO, AGROALIMENTARIO, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES -SINTRAIMAGRA-. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3034-2023

Magistrado ponente: Luis Benedicto Herrera Diaz

27 de septiembre de 2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

SL3034-2023

Radicación n.° 96959

Acta 36

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Resuelve la Corte el recurso de anulación interpuesto por AGROPECUARIA LA HOLANDA SAS contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 22 de agosto de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre AGROPECUARIA LA HOLANDA SAS y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO, AGROALIMENTARIO, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES -SINTRAIMAGRA-.

ANTECEDENTES

De la documentación remitida por el Tribunal de Arbitramento se infiere que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agroindustrial, Agropecuario, Agroalimentario, Bebidas, Afines y Similares -Sintraimagra-, de primer grado y de industria, formuló un pliego de 25 peticiones a la sociedad Agropecuaria la Holanda SAS, sin que se hubiese alcanzado entre éstos solución alguna en la etapa de arreglo directo y razón por la cual el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, ante petición de la agremiación sindical aprobada previamente en asamblea general de sus afiliados, mediante resolución número 1271 de 25 de abril de 2022, ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento para que dirimiera el conflicto colectivo de trabajo así generado e irresoluto.

El Tribunal de Arbitramento quedó debidamente integrado e instalado el 19 de mayo de 2022, y obtuvo la prórroga solicitada para pronunciarse hasta el 27 de agosto de 2022, pasando luego a proferir el laudo cuya anulación se pretende por la empresa, mediante el recurso sobre el que aquí se decide.

LAUDO ARBITRAL

El respectivo Laudo Arbitral fue proferido el 22 de agosto del año 2022 (f.° 59 – 100).

El Tribunal de Arbitramento, una vez señaló un capítulo de antecedentes del caso, estableció ser competente «para decidir únicamente sobre los puntos económicos del pliego, ya que otros, son de puro derecho, situación por la cual, el Tribunal se inhibe de pronunciarse de los siguientes:» PETICIÓN 2o. CAMPO DE APLICACIÓN -A) ESTABILIDAD Y DERECHO DE ASOCIACIÓN -B) RESPETO A LOS TRABAJADORES; PETICIÓN 3o. CONTRATOS DE TRABAJO, SALARIOS, JORNADA DE TRABAJO. -A) CONTRATOS DE TRABAJO. -B) DERECHO A LA IGUALDAD PARÁGRAFO 3. -C) ASENSOS Y VACANTES. -E) JORNADAS DE TRABAJO Y SU PARÁGRAFO. -F) HORAS EXTRAS; PETICIÓN 13a. DOTACIÓN Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. -A) DOTACIÓN. -B) HERRAMIENTAS DE TRABAJO; PETICIÓN 14a. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 21 LEY 50 DE 1990 -A) CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 21 LEY 50 DE 1990. PARÁGRAFO; PETICIÓN 15a. DÍA DE LA FAMILIA; PETICIÓN 24a. IGUALDAD DE DERECHOS; PETICIÓN 25a. DÍA DE PAGO.

En ese orden, determinó ser competente para abordar los puntos restantes, en equidad, de acuerdo con los mandatos de los artículos 2 y 3 del CPTSS, en relación con el artículo 458 del CST, después de lo cual resolvió el pliego de peticiones de la agremiación sindical en dieciséis (16) artículos, distinguidos así:

ARTICULO 1º.- PERMISOS PARA REDACCIÓN DE PLIEGO DE PETICIONES; ARTICULO 2º.- COMITÉ DE RELACIONES LABORALES; ARTICULO 3º.- AUXILIO DE EDUCACIÓN DE HIJOS ESPECIALES; ARTICULO 4º.- AUXILIO O BONO ESCOLAR PARA COMPRA DE UTILES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES; ARTICULO 5º.- AUXILIO POR NACIMIENTO DE UN HIJO; ARTICULO 6º.- AUXILIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR; ARTICULO 7º.- AUXILIO SINDICAL; ARTICULO 8º.- PERMISOS SINDICALES; ARTICULO 9º.- PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES DISCIPLINARIAS; ARTICULO 10º.- RESTAURANTE; ARTICULO 11º.- AUXILIO TRANSPORTE CITAS MÉDICAS EN VILLAVICENCIO-META; ARTICULO 12º.- VIGENCIA; ARTICULO 13º.- FOLLETOS; ARTICULO 14°.- NIÉGUESE los siguientes puntos del Pliego de Peticiones de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia: […]; ARTÍCULO 15º.- INHIBIRSE por competencia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, del estudio de los siguientes puntos del Pliego de Peticiones: […]; ARTICULO 16°.- NOTIFÍQUESE a las partes a través de correo electrónico […].

La organización sindical solicitó corrección y adición del laudo arbitral (f.° 53 – 55), la cual fue resuelta negativamente mediante auto n.° 5 de 30 de agosto de 2022 (f.° 197 – 198). En el mismo sentido, la empresa elevó solicitud de aclaración y complementación del pronunciamiento arbitral (f.° 324 – 327), la que también fue despachada desfavorablemente, mediante auto n.° 6 de 30 de agosto de 2022 (f.° 199 – 205).

RECURSO DE ANULACIÓN

La empresa recurrente solicita la anulación de los artículos 4º.- AUXILIO O BONO ESCOLAR PARA COMPRA DE UTILES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES; 6º.- AUXILIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR y 11º.- AUXILIO TRANSPORTE CITAS MÉDICAS EN VILLAVICENCIO-META del laudo.

Del artículo 4.° dice que es ambiguo, inequitativo y desproporcionado, porque no precisa cómo debe acreditarse el derecho ante la empresa, no fija un límite temporal, ni establece la edad del hijo para acceder al beneficio, en los términos señalados por la sentencia CSJ SL1573-2021, trasladando a la empresa cargas que legalmente les corresponden a los padres, sin parámetros objetivos que permitan verificar la destinación dada a la erogación.

Destaca que al no precisar la edad de los hijos beneficiarios se torna en una concesión manifiestamente inequitativa y desproporcionada, como se ha dicho en las sentencias CSJ SL1739-2019, CSJ SL1604-2019, CSJ SL5688-2018 y CSJ SL6111-2017, lo que afecta las finanzas de la empresa «Como quiera que, entre primaria y secundaria pasan al menos 12 años, el valor del auxilio debe cuantificarse por este número y a su vez multiplicarse por cada hijo de cada uno de los afiliados al sindicato […]».

Para el artículo 6.° la acusación recae sobre su ambigüedad, inequidad y desproporción, porque «al no precisar cómo debe acreditarse el derecho ante la empresa, ni fijar quien puede solicitarlo, resulta ser una cláusula ambigua y de difícil cumplimiento, contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justica (sic)».

Resalta que «el cálculo de esta prerrogativa dependerá de hechos que son de difícil cuantificación», sumado al hecho de que se impone a la compañía una carga que no le corresponde y no tiene relación con el desarrollo del objeto del contrato de trabajo entre los trabajadores sindicalizados y la empresa.

Frente al artículo 11.°, esgrime también ambigüedad, inequidad y desproporción, porque no se estipula cómo debe acreditarse el agendamiento de una cita médica, ni la asistencia a ésta, es decir, la redacción de la cláusula no permite verificar la correcta utilización de esta erogación. Finalmente, arguye que la imposición a la empresa de obligaciones de este tenor la conducirían a su cierre de operaciones, lo que incidiría también, de forma negativa, en los trabajadores sindicalizados.

RÉPLICA

De acuerdo con el informe de Secretaría calendado el 17 de mayo de 2023, en el término otorgado para la presentación de la réplica, «No se recibió escrito alguno».

CONSIDERACIONES

Atendidos los motivos de la impugnación propuesta por la empresa, tal cual ya se verá, importa a la Corte recordar que de conformidad con la jurisprudencia y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, su competencia en este recurso extraordinario está restringida a verificar la regularidad del laudo arbitral en los aspectos recurridos para establecer si el Tribunal al dictarlo: (i) extralimitó el objeto para el cual se le convocó; (ii) afectó derechos o facultades reconocidos por la Constitución a las partes del conflicto; (iii) afectó derechos o facultades reconocidos a las mismas por las leyes; (iv) o por normas convencionales.

Además, por la naturaleza de la decisión adoptada por esta especial clase de Tribunales, que es en equidad, (v) si con ello se produjo la violación de tan trascendental principio rector de las relaciones surgidas entre empleadores y trabajadores (artículo 1.º del CST).

Excepcionalmente, compete a la Corte, cuando hallare que no se decidieron todas las cuestiones indicadas en el decreto para el cual se le convocó, (vi) devolver el expediente a los árbitros, a fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la resolución de lo ya decidido (artículo 143 del CPTSS).

Lo anterior traduce que la Corte al resolver el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral, en atención a esa misma naturaleza y a su particular propósito que es el de generar enunciados de carácter obligacional o normativo para regular las futuras condiciones del trabajo, y no el de dirimir controversias jurídicas sobre los alcances, interpretación o posible integración de sus enunciados normativos, tarea que sabido es corresponde de ordinario a los jueces del trabajo como jueces que son en derecho, está limitada a anular o no anular las disposiciones adoptadas en el laudo, sin que, por ende, pueda dictar preceptivas de reemplazo o pueda reenviar al tribunal de arbitramento el asunto para que adopte las que la Corte crea son las que proceden, pues la anulación de la disposición del laudo agota el procedimiento arbitral, salvo que, en lo que ha dado en llamar por la jurisprudencia «modulación» de una disposición del laudo, que permite su subsistencia pero atada a un entendimiento particular o específico para impedir la total pérdida de sus efectos, cuestión ésta que solamente es predicable de cláusulas positivas, es decir, de las que crean derechos, no de aquellas en que se niega una de las peticiones del pliego que dio origen al conflicto, pues ello traduciría que la Corte asumiera el rol de árbitro del laudo.

Con dicha introducción, viene al caso advertir que los árbitros al resolver el asunto del epígrafe, dispusieron crear un cuerpo normativo con las disposiciones que consideraron necesario incluir para regular las relaciones laborales entre empresa, trabajadores y sindicato, desestimando las que concluyeron no deberían hacer parte de dicho estatuto y no sin antes consignar las razones para tal proceder, de manera que, al final, de los 25 puntos del pliego de peticiones, el laudo quedó reducido a 16 artículos, distinguidos por la titulación impartida a cada uno.

Las cláusulas demandadas son del siguiente tenor literal:

Pliego

PETICION QUINTA: AUXILIOS.

[…]

AUXILIO O BONO ESCOLAR PARA COMPRA DE UTILES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES:

La empresa reconocerá la suma de doscientos mil pesos (200.000) M.L por cada hijo de los trabajadores que se encuentran cursando primaria o secundaria por cada año lectivo y que estén legalmente reconocidos por el trabajador y que dependa económicamente de este y además que estén estudiando en instituciones debidamente acreditadas y aprobadas por el Ministerio de Educación.

Laudo

ARTICULO 4º.- AUXILIO O BONO ESCOLAR PARA COMPRA DE UTILES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. Agropecuaria la Holanda S.A.S reconocerá un auxilio escolar por la suma de OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($80.000.oo) a los trabajadores beneficiarios del presente laudo, por cada hijo que se encuentre cursando primaria o secundaria por cada año lectivo, que estén legalmente reconocidos por el trabajador beneficiario y que dependan económicamente de éste, siempre y cuando estén estudiando en instituciones debidamente acreditadas y aprobadas por las autoridades competentes. Este auxilio se pagará una vez al año y no constituye salario para ningún efecto legal.

Pliego

PETICION QUINTA: AUXILIOS.

[…]

AUXILIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR

A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo la empresa Agropecuaria la Holanda S.A.S, o la que en un futuro la reemplace o sustituya, le reconocerá y le pagara al familiar más cercano del trabajador fallecido un auxilio económico equivalente a 180 días de salario promedio que devengaba el trabajador al momento de su deceso.

PARAGRAFO: Si el trabajador al momento de su fallecimiento tuviese deudas pendientes con la empresa estas quedaran saldadas. (Negado)

Laudo

ARTICULO 6º.- AUXILIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR. Agropecuaria La Holanda S.A.S, reconocerá y pagará a alguno de los familiares registrados ante la empresa, un auxilio económico por muerte del trabajador fallecido beneficiario del presente laudo, por la suma única no salarial de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000.oo).

Pliego

PETICION DECIMA: SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE INCAPACIDADES

A partir de la firma de la convención colectiva de trabajo la empresa Agropecuaria la Holanda S.A.S, o la que en un futuro la reemplace o sustituya, pagará a los trabajadores el 100% del salario promedio, cuando este sea incapacitado por la EPS o ARL sin importar el tiempo de la Incapacidad. (Negado)

PARÁGRAFO 1: La empresa Agropecuaria la Holanda S.A.S., o la que en un futuro la reemplace o sustituya, dará un auxilio por un valor de ochenta ($80.000) mil pesos m/cte, a los trabajadores enfermos que tengan que asistir a citas de especialistas, dentro y fuera de la ciudad, para ayudar a los gastos de transportes y viáticos que tenga el trabajador. (Negado)

PARÁGRAFO 2: Cuando un trabajador sufra un accidente de trabajo la empresa lo transportará hasta la entidad prestadora del servicio de salud por su cuenta y de allí hasta su residencia, este servicio también será cubierto por la empresa en caso de que el trabajador tenga que asistir a citas de control médico.

Laudo

ARTICULO 11º.- AUXILIO TRANSPORTE CITAS MÉDICAS EN VILLAVICENCIO-META. La Sociedad pagará un auxilio no salarial de hasta DIEZ MIL PESOS M/TE ($10.000.oo), en el evento en que el trabajador deba transportarse presencialmente a la ciudad de Villavicencio – Meta para atender citas médicas programadas y reconocidas por la Entidad Promotora de Salud.

Para resolver la reclamación planteada desde la arista de la supuesta inequidad manifiesta de los artículos 4. °, 6. ° y 11 de la parte resolutiva del laudo, ha de tenerse presente la acusación transversal a las tres estipulaciones, en el sentido de que son desproporcionadas, llevan a la empresa a asumir cargas económicas que, según la recurrente, no le corresponden, y afectan negativamente sus finanzas, por todo lo cual, «la empresa se vería en la necesidad de cerrar operaciones. Lo que incidiría de forma negativa también en los trabajadores sindicalizados».

Pues bien, ha sido doctrina pacífica de esta Sala de Casación Laboral que cuando se alega la inequidad como causal de anulación del laudo arbitral, no basta la simple afirmación de que existe desproporción en las concesiones del Tribunal a la organización sindical, o que se afectan las finanzas de la empresa, pues de suyo en un conflicto de intereses lo usual es que así ocurra, sino que debe demostrarse fehacientemente, que la decisión arbitral carece de elementos mínimos de racionalidad, ponderación, equilibrio, sensatez y mesura, de tal suerte que sea predicable la configuración de un desacierto en grado de manifiesto u ostensible que, además, no se mide únicamente en términos aritméticos, sino que comporta otra serie de factores que normalmente sopesa, en cada caso, el colegiado arbitral. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en la sentencia CSJ SL1332-2023:

La alegación de falta de equidad en estos conflictos ha insistido la Corte, no involucra exclusivamente contenidos aritméticos, pues también comprende otra serie de factores que dependen de determinadas circunstancias, necesidades, méritos o condiciones de las partes, lo que implica una serie de valoraciones que deben ser ponderadas por el Tribunal de Arbitramento al tomar su decisión (CSJ SL3349-2020). Así, es nutrido el criterio delimitado por la Corporación en relación con los requisitos para censurar el criterio de equidad del laudo, por su faceta negativa: la inequidad manifiesta, para lo cual basta memorar el contenido de las sentencias CSJ SL1944-2021, CSJ SL2360-2022 CSJ SL1794-2022, CSJ SL2192-2022, que fue reiterado en la sentencia CSJ SL2881-2022, en los siguientes términos:

Por ello, la Sala no accede a anular una cláusula concedida por un Tribunal de Arbitramento, porque simplemente y al mero juicio del impugnante luzca inequitativa; la exigencia es muchísimo mayor y la construcción jurisprudencial y para ello ha elaborado el concepto de inequidad manifiesta, es decir, protuberante, como aquella que se sale de cualquier parámetro de racionalidad y proporcionalidad. En este punto se dijo en la sentencia CSJ SL1944-2021, memorando la CSJ SL3349-2020:

Considera la Sala que la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, como lo señala la impugnación, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas.

Nótese que por mayor esfuerzo que haga un Tribunal de Arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el Colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se use para observar el resultado final.

Es por ello que, con miras a una posible anulación, la exigencia que ha decantado la jurisprudencia en estos casos, no es que una decisión sea inequitativa o no, sino que debe ser de tal magnitud dicha inequidad, que no quede otro remedio que calificarla de manifiesta, es decir, que tiene tal claridad, tal grado de evidencia, que no se requiere mayor elucubración para llegar a esa conclusión.

[…]

[…] la equidad es un concepto de difícil dilucidación, tiene métricas, pero no desde la óptica jurídica, sino más bien desde sus perspectivas económicas, sociológicas y antropológicas. Su mensura en sentido positivo es de difícil demostración, en tanto, en sentido negativo resulta más comprensible y por ello es que se habla de «inequidad» y del grado superlativo «manifiesta», para conjugar el concepto de «inequidad manifiesta». Con razón afirmó la Corte Constitucional en la ya citada sentencia SU-837-2002:

Si bien definir exactamente qué sea la equidad resulta difícil, como se anotó en el apartado 5.3, no cabe predicar lo mismo de la inequidad manifiesta. En relación con las decisiones de los árbitros, la inequidad manifiesta puede ser reconocida en forma objetiva, en cuyo caso la decisión que la comporta debe ser excluida del ordenamiento jurídico, en virtud de la constitucionalización del concepto de equidad y de la sujeción de los árbitros a la Constitución. La interpretación de la ley – artículos 458 CST y 143 CPT – de conformidad con la Constitución permite determinar cuándo se configura una inequidad manifiesta.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha venido depurando una doctrina sobre lo que constituye “inequidad manifiesta”. La Corte Constitucional es respetuosa de dicho desarrollo jurisprudencial puesto que ha sido construido por el órgano constitucional competente para controlar la equidad del contenido de los laudos arbitrales. De él se desprende que para concluir sobre la nulidad de un laudo arbitral el contenido de la decisión ha de ser extremadamente perjudicial y desequilibrado. En otros términos, no es menester verificar que el contenido del laudo sea equitativo, puesto que ello invadiría la órbita de los árbitros, sustituiría su criterio por el del juez y desconocería su amplia discrecionalidad. Para que un laudo sea declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia no basta que sus resultados, es decir, el impacto que pueda derivarse del cumplimiento del laudo, no sean equitativos o que sean simplemente inequitativos. Deben serlo “manifiestamente”, esto es, que la inequidad sea fácilmente perceptible por ser protuberante. Si bien puede existir debate sobre lo que en concreto signifique “manifiestamente inequitativo”, lo cierto es que ello es determinable, a partir de criterios objetivos.

Por ende, los argumentos que presenta la empresa recurrente no apuntan a demostrar que el costo de lo concedido por el Tribunal tenga un impacto de tal magnitud que denote una manifiesta inequidad en el incremento de salarios de 1 o un 1.5 punto adicional al IPC de las anualidades 2023 y 2024, ni desconoce la línea de esta Sala sobre los criterios que puede seguir el Tribunal cuando fija un incremento salarial, como se dijo en sentencias CSJ SL SL3132-2022, CSJ SL1944-2021, y CSJ SL2819-2019, así:

“[…] la Sala ha sostenido que, en sede del recurso extraordinario de anulación, el recurrente tiene la carga de demostrar con suficiencia que la decisión de los árbitros es contraria a los postulados de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, con lo cual debe indicar en concreto cuál es el costo real, cierto y actual de los beneficios extralegales del laudo arbitral, la situación financiera de la empresa y la incidencia de las prestaciones en la actividad económica, por lo que no basta con presentar alegaciones genéricas o abstractas, mediante las cuales se alegue simplemente que la decisión de los árbitros es inequitativa, por cuanto es necesario aportar pruebas suficientes que demuestren la manifiesta y protuberante inequidad, confrontando así la incidencia económica del laudo y la situación financiera de la empresa”.

Así las cosas, la recurrente se ha limitado a hacer afirmaciones sin un sustento real que conduzca a demostrar el grado de desproporción en que incurrió el Tribunal de arbitramento, manifestando de manera insular que habría una afectación negativa en los estados financieros de la compañía, sin adosar ningún elemento que permita corroborar la hipotética desmesura o la irracionalidad de las concesiones y beneficios otorgados por el laudo, en el específico contexto de este conflicto colectivo.

Así, por las razones que someramente se han expuesto, al incumplir la empresa recurrente con la suficiencia en la carga argumentativa que le competía, las mentadas cláusulas no se anularán, en lo que respecta a la inequidad suplicada.

Ahora, en lo atinente a la atribuida ambigüedad, oscuridad e indeterminación, pasa la Corte a examinar el asunto, en relación con cada uno de los artículos acusados.

Se recuerda, en relación con las determinaciones objeto de inconformidad, la empresa recurrente solicitó en su oportunidad aclaración y complementación del laudo, pedimento que fue despachado negativamente por el colegiado arbitral, mediante auto n.° 6 de agosto 30 de 2022, en el cual expuso las siguientes consideraciones:

ARTÍCULO 4. AUXILIO O BONO ESCOLAR PARA COMPRA DE ÚTILES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES.

• Respecto de la época en que debe hacerse el pago, el texto es completamente claro en qué (sic) debe hacerse una vez al año calendario, en el momento en que el trabajador demuestre legalmente que sus hijos se encuentran estudiando.

• En cuanto a la acreditación de escolaridad corresponde al trabajador allegar la documentación que emita la entidad educativa en tal sentido, por ende, no merece ninguna aclaración o complementación en este punto.

• Respecto de la comprobación del uso de los recursos, el tribunal no generó ninguna consideración, por ende, no es necesario aclaración o complementación al respecto.

[…]

ARTÍCULO 6. AUXILIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR.

• El texto del acápite cuestionado es totalmente claro respecto de la forma en que la empresa debe proceder para el pago del presente auxilio, es decir, a cualquiera de los familiares registrados ante la empresa por el trabajador, por ende, no es necesario aclaración o complementación al respecto.

[…]

ARTÍCULO 11. AUXILIO TRANSPORTE CITAS MÉDICAS EN VILLAVICENCIO - META.

• Respecto de la comprobación del uso de los recursos, el tribunal no generó ninguna consideración, por ende, no es necesario aclaración o complementación al respecto.

Observa la Sala que contrario a lo argüido por la censura, el artículo 4.° del laudo contiene los elementos necesarios que permiten desechar la imputación de ambigüedad, oscuridad o indeterminación, pues bien dijo el Tribunal «debe hacerse una vez al año calendario» y, «En cuanto a la acreditación de escolaridad corresponde al trabajador allegar la documentación que emita la entidad educativa en tal sentido», y si bien es cierto no se estableció un límite temporal o de edad de los hijos beneficiarios, también lo es que el colegiado arbitral impuso otra serie de lindes, que acotan la concesión, tales como que el hijo debe estar cursando primaria o secundaria (es decir, se excluye cualquier otro tipo de estudio), deben depender económicamente del trabajador (lo cual es inusual en personas mayores de edad y que concurrentemente adelanten estudios primarios o secundarios) y los dichos estudios deben acreditarse en instituciones aprobadas por el Ministerio de Educación.

El conjunto de tales circunstancias, explicadas en precedencia, alindera en debida forma el otorgamiento y excluye cualquier posible alegación de anfibología, vaguedad o imprecisión.

Respecto del artículo 6.°, se cuestiona que no se fija quién puede solicitarlo, y a ello respondió oportunamente el Tribunal diciendo que «a cualquiera de los familiares registrados ante la empresa por el trabajador», es decir, por regla general, aquellos mismos que figuran como beneficiarios en asuntos laborales y de seguridad social.

En la misma línea se critica que el Laudo no precisó cómo debe acreditarse el derecho ante la empresa y, en verdad, ello no era necesario por obvio, pues si se reclama un auxilio por muerte del trabajador, quien se considere beneficiario debe aportar, al igual que en cualquier reclamación laboral o de seguridad social de ese tipo, el certificado de defunción del causante y los demás documentos que acrediten la legitimidad del pedimento.

En cuanto a la pregonada dificultad del cálculo del beneficio, entiende la Corte que se refiere a la imprevisibilidad de la ocurrencia del óbito y su incidencia para el pago del auxilio decretado, circunstancia esta cuyo comportamiento es idéntico a la del pago de cualquier otra prestación legal o extralegal por razón del fallecimiento de un trabajador, luego no es atendible como motivo de anulación por ambigüedad o indeterminación.

Respecto del artículo 11, afirma la empresa que el pronunciamiento arbitral no estipula cómo debe acreditarse el agendamiento de una cita médica, ni la comprobación de la asistencia a ésta por parte del trabajador, lo que, una vez más, no era necesario, pues el sentido común indica que tal desplazamiento implicaría ausentarse de la empresa, lo que conlleva, inevitablemente, justificar ese hecho ante el empleador con cualquier medio de convicción que razonablemente demuestre que se tiene una cita para asuntos de salud y que se asistió a la misma, máxime que, como lo dice el artículo, éstas deben ser «programadas y reconocidas por la Entidad Promotora de Salud».

Por lo antedicho, los artículos 4º.- AUXILIO O BONO ESCOLAR PARA COMPRA DE UTILES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, 6º.- AUXILIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR y 11º.- AUXILIO TRANSPORTE CITAS MÉDICAS EN VILLAVICENCIO-META, NO SE ANULARÁN.

Sin costas, por cuanto no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO ANULAR las disposiciones atacadas del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio el 22 de agosto de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre AGROPECUARIA LA HOLANDA SAS y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO, AGROALIMENTARIO, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES -SINTRAIMAGRA-.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Salva Voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclara Voto

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO

Empresa: Agropecuaria La Holanda S.A.S.

Sindicato: Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agroindustrial Agropecuario, Agroalimentario, Bebidas, Afines y Similares -SINTRAIMAGRA-

Radicación: 96959

Magistrado Ponente: Luis Benedicto Herrera Díaz

Con el acostumbrado respecto a mis compañeros de Sala, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, estimo oportuno salvar parcialmente mi voto respecto al estudio de la solicitud de anulación de las cláusulas 4. ° -auxilio o bono escolar para compra de útiles para los hijos de los trabajadores -, 6. ° -auxilio por muerte del trabajador- y 11. ° -auxilio transporte citas médicas en Villavicencio-Meta-, por inequidad manifiesta, ya que he expresado en varias oportunidades que no es una causal del recurso extraordinario y, en consecuencia, la Sala no tenía competencia para pronunciase en este asunto. Para explicar este criterio, transcribo las consideraciones que la han soportado:

(...) la «inequidad» no constituye una causal de anulación. En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, he señalado que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

“En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

En esta perspectiva, la Sala debió rechazar los reparos que el sindicato fundó en una supuesta inequidad y no abordar su estudio, por lo que al respecto salvo mi voto.

Asimismo, en cuanto a las alusiones que la Sala hizo respecto a la inequidad manifiesta son inanes, pues en últimas, tal como lo expliqué, de nada serviría elucidar si lo que negó o concedió el Tribunal fue inequitativo, dado que inevitablemente deberá mantenerse la cláusula ante la imposibilidad de dictar una decisión de reemplazo, de ahí la evidente desventaja del sindicato en la configuración de esta causal de anulación.

Dejo así sustentado mi salvamiento de voto parcial.

Fecha ut supra.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

ACLARACIÓN PARCIAL DE VOTO

Radicación no 96959

Con el acostumbrado respeto por la decisión que adoptó la Sala y, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, me permito aclarar parcialmente el voto respecto de las consideraciones generales, en cuanto refirió que la competencia de la Corte en el recurso extraordinario comprende, verificar que la decisión del Tribunal de Arbitramento, que es en equidad, no produjo violación de dicho principio rector, es decir, la existencia de una inequidad manifiesta, así como la posibilidad de «modulación» de una disposición del laudo, toda vez que, a mi juicio, (i) la manifiesta inequidad no constituye causal de anulación y, (ii) en sede de este recurso extraordinario, la Corte no tiene la facultad para modular las determinaciones que, en equidad, adoptan los tribunales de arbitramento. Lo anterior, por las razones que expongo más adelante.

En ese orden de ideas, la Sala no debió estudiar las cláusulas acusadas por inequidad manifiesta correspondiente a los artículos: 4 auxilio o bono escolar; 6 auxilio por muerte del trabajador y 11 auxilio transporte citas médicas en Villavicencio-Meta, sino únicamente desde la supuesta ambigüedad.

Manifiesta inequidad como causal de anulación

La mayoría de la Sala considera que, en el trámite del recurso de anulación, su competencia se extiende a: «i) verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de éstas; y v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia», (CSJ SL17703-2015 reiterada en SL5227-2018). No obstante, en mi criterio, el campo de acción que, en estos asuntos, la ley le otorga a la Corte no consulta tal amplitud.

En efecto, conforme a los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 143 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la función de esta Corporación se restringe a: (i) examinar que la decisión no vulnere derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes, (ii) corroborar que el Tribunal de arbitramento no extralimite el objeto para el cual fue convocado y decida todos los puntos respecto de los cuales debía pronunciarse por tener competencia para ello.

Por tanto, considero que no es viable que la Corte analice las cláusulas del laudo arbitral bajo la acusación de ser abiertamente inequitativas, toda vez que ni la normativa procesal ni la sustancial laboral contemplan tal motivo de anulación; luego, dicha postura carece de justificación legal, sin que sea pertinente que el juez elabore una interpretación extensiva al respecto, pues, por tratarse de un medio de impugnación extraordinario, el mismo es rogado, dispositivo, taxativo y debe limitarse a las causales específicamente autorizadas por el legislador.

Además, los jueces laborales unipersonales y colegiados tienen competencia para resolver conflictos jurídicos; esto es, los relativos a la interpretación y aplicación de normas preexistentes. Sus decisiones son en derecho y, por mandato del artículo 3º del código adjetivo en cita, no conocen de conflictos económicos cuyo fin es la creación o modificación de beneficios laborales.

Así, a diferencia de los jueces arbitrales, quienes edifican su decisión en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las providencias que emiten los jueces laborales deben sustentarse en argumentos jurídicos y conforme a los supuestos fácticos y el acervo probatorio que las partes pongan a su disposición y los medios de convicción que, eventualmente, decreten de oficio, por considerarlos pertinentes, conducentes y necesarios para esclarecer el asunto.

Al respecto, esta Sala ha reiterado que, «mientras en las sentencias ordinarias se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto», (CSJ SL1062-2023).

En tal sentido, cuando la Corte examina la eventual inequidad de un beneficio del laudo arbitral, desconoce su obligación de interpretar y aplicar normas preexistentes. En su lugar, realiza juicios de valor acerca de la equidad o inequidad de un beneficio conforme al estudio de los diferentes aspectos económicos y financieros que permean el conflicto, circunstancia aquella que, como se expuso, le está vedado por ley.

En otros términos, cuando la Sala se ocupa de verificar que el contenido del laudo sea equitativo, invade la órbita de los árbitros al sustituir el criterio de estos por el del juez y desconoce la amplia discrecionalidad que aquellos tienen de fallar con fundamento en razonamientos de proporcionalidad y razonabilidad.

Considero, además, que el análisis de la inequidad manifiesta de una cláusula arbitral, implica el desconocimiento del derecho a la igualdad de las partes, en tanto pone a las organizaciones sindicales en una situación de desventaja frente a sus empleadores.

Lo anterior, por cuanto, en la práctica, únicamente estos últimos podrán acudir a esa causal jurisprudencial para solicitar la anulación de una prerrogativa, que, de ser viable, les significará una ganancia.

No obstante, la situación de los sindicatos es distinta. En efecto, recuérdese que, en el trámite del recurso de anulación, la Sala no tiene competencia para devolver el laudo a los árbitros cuando niegan una petición, ni tampoco decidir en lugar de ellos; de ahí que si el juez de la heterocomposición niega o concede parcialmente un beneficio y la organización sindical acude en anulación por considerar que tal decisión es inequitativa, la Corte no podrá devolver el asunto al Tribunal para obtener de él un nuevo pronunciamiento que consulte los intereses del sindicato y, menos aún, suplir el examen de lo pretendido y adoptar cualquier determinación en su remplazo.

Por último, considero que el abstenerse de estudiar las cláusulas atacadas por «inequidad manifiesta» constituye un método suasorio para que el diálogo social fluya y las diferencias o conflictos que se susciten sean resueltos directamente por sus actores, todo, en consonancia con los mecanismos destinados a facilitar la negociación colectiva, entre ellos la revisión de las cláusulas de la convención o del laudo que se consideren onerosas; postura que coincide con el criterio que el Comité de Libertad Sindical ha referido en sus recomendaciones, por ejemplo, en el párrafo 1326 señaló:

Si bien ciertas reglas y prácticas pueden facilitar el desarrollo de la negociación colectiva y contribuir a promoverla, y si algunas medidas pueden facilitar a las partes el acceso a ciertas informaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de su unidad de negociación, sobre los salarios y condiciones de trabajo en unidades vecinas y sobre la situación económica general, todas las legislaciones por las que se instituyen organismos y procedimientos de mediación y conciliación destinados a facilitar la negociación entre copartícipes sociales deben salvaguardar la autonomía de las partes implicadas en la negociación. Por todo lo anterior, en lugar de conferir a las autoridades públicas poderes de asistencia activa, e incluso de intervención, que les permitan hacer prevalecer su punto de vista, es más conveniente tratar de convencer a las partes implicadas en la negociación que por su propia voluntad deben tener en cuenta las razones capitales relacionadas con las políticas económicas y sociales de interés general que el gobierno ha mencionado (resaltado fuera del texto original).

En conclusión, a mi juicio la inequidad de una cláusula no constituye causal de anulabilidad de los laudos arbitrales por no estar contemplada en la ley y, en consecuencia, cuando las partes acudan a tales argumentos, los mismos deben rechazarse.

Facultad de la Corte para modular las determinaciones de los tribunales de arbitramento.

De tiempo atrás la mayoría de la Sala ha considerado que, al resolver un recurso extraordinario de anulación, puede adoptar alguna(s) de estas resoluciones: (i) anular, (ii) no anular, (iii) devolver el expediente a los árbitros, o (iv) excepcionalmente modular la decisión arbitral (CSJ SL8157-2016, CSJ SL3491-2019 y CSJ SL5506-2021).

Ahora, en cuanto a esta última posibilidad -modulación- la Sala ha establecido que la misma procede cuando es necesario interpretar o aclarar diferentes aspectos o frases del laudo, a fin de eliminar posibles elementos distorsivos que puedan afectar su legalidad e integridad, de manera tal que logre mantenerse la voluntad de los árbitros, así como el contenido esencial del beneficio que se cuestiona a (CSJ SL17703-2015, CSJ SL8157- 2016, CSJ 2809-2020, CSJ SL416-2022 y 2789-2022).

Al respecto, considero que la modulación de una cláusula arbitral no es una posibilidad técnica en el marco del recurso de anulación.

En primer lugar, reitero, el diálogo social constituye la herramienta idónea y apropiada para sortear las complejidades derivadas de la interpretación o aplicación de las normas colectivas. En tal sentido, en mi criterio, de existir alguna frase o palabra en el laudo que ofrezca duda acerca de su real sentido, son los actores sociales quienes, en principio, pueden convenir su alcance, en uso de su autonomía colectiva y en una cultura de diálogo y cooperación, más no a través del litigio, vía recurso de anulación.

De igual modo, en caso de que ello no sea posible y entre las partes no exista acuerdo, es el juez ordinario del trabajo el competente para definir la interpretación de la norma, a través de los métodos y principios de la hermenéutica jurídica que sirven de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas.

En segundo lugar, si de lo que se trata es de una expresión que no sea clara o implique errores en palabras frases o conceptos del laudo, es deber de las partes acudir al remedio procesal de que trata el artículo 285 del Código General del Proceso, pero ante el misma Colegiado que lo profirió, sin que, a mi juicio, la Sala pueda abrogarse tal función al resolver el recurso extraordinario de anulación, a través de la figura de la modulación.

Conforme a lo discurrido, aclaro parcialmente el voto.

Fecha ut supra

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