RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2022 › SL2192-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2192-2022

Recurso de anulación

Fecha
4 de mayo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2192-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Debía devolverse al tribunal arbitral el laudo para que resolviera la petición de procedimiento disciplinario con garantías suficientes?

  2. ¿Tenían los árbitros competencia para decidir la petición de nivelación salarial y para ordenar la donación al sindicato de los desechos reciclables de la empresa?

Reglas

  1. Los árbitros pueden establecer un procedimiento disciplinario previo a sanciones o a la terminación del contrato de trabajo.

    «los árbitros sí están investidos de facultades para instituir un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones y terminación del contrato de trabajo»
  2. El procedimiento disciplinario debe ser detallado y garantizar defensa, contradicción y claridad sobre las circunstancias de los hechos imputados.

    «el tribunal de arbitramento pese a crear un procedimiento disciplinario, no determinó tiempo, plazos, recursos, etc., lo que lo convertiría en nugatorio»
  3. La petición de incremento salarial es económica y los árbitros tienen competencia para pronunciarse sobre ella con fundamento en la equidad.

    «el cuerpo arbitral sí tiene competencia para pronunciarse al respecto, toda vez que constituye un tema de estirpe netamente económica»
  4. Los árbitros no pueden disponer la donación de bienes del empleador cuando ello interfiere con su libertad empresarial de dirección y disposición.

    «los árbitros carecen de competencia para ordenar que los desechos reciclables del empleador sean donados al sindicato»
  5. La Corte no revisa la medida de justicia arbitral como un juicio de legalidad, salvo inequidad manifiesta, afectación de derechos o exceso de competencia.

    «no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta»

Decisión

Devolvió el laudo para que el tribunal arbitral resolviera con detalle la petición de procedimiento disciplinario y se pronunciara sobre nivelación salarial. No anuló ni devolvió las demás disposiciones recurridas.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DEVOLVER el laudo arbitral al tribunal de arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS CERVECERAS, EMPRESAS AFINES, COMERCIANTES DE BEBIDAS Y ALIMENTOS –ASOINDUCERNA S.I.-, y la sociedad DISBLANCO S.A.S., para que dentro de los 5 días siguientes a su reinstalación se pronuncie sobre la PETICIÓN DIECIOCHO: Proceso Disciplinario y la PETICIÓN CINCUENTA Y OCHO: Nivelación salarial, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO ANULAR NI DEVOLVER las demás disposiciones atacadas del laudo arbitral del 3 de diciembre de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS CERVECERAS, EMPRESAS AFINES, COMERCIANTES DE BEBIDAS Y ALIMENTOS –ASOINDUCERNA S.I.-, y la sociedad DISBLANCO S.A.S. TERCERO: Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2192-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

4 de mayo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2192-2022

Radicación n.° 92429

Acta 15

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por la apoderada de la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS CERVECERAS, EMPRESAS AFINES, COMERCIANTES DE BEBIDAS Y ALIMENTOS –ASOINDUCERNA S.I.-, contra el laudo arbitral del 3 de diciembre de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el sindicato recurrente y la sociedad DISBLANCO S.A.S.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 2851 de 2021 del 8 de octubre de 2021, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS CERVECERAS, EMPRESAS AFINES, COMERCIANTES DE BEBIDAS Y ALIMENTOS –ASOINDUCERNA S.I.- y la sociedad DISBLANCO S.A.S.

II. LAUDO ARBITRAL

El respectivo laudo arbitral fue emitido el 3 de diciembre de 2021.

El tribunal de arbitramento sostuvo que:

(i) el criterio con que han de tomarse las decisiones es con base en el principio de equidad, determinado en la responsabilidad que se debe asumir para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores afiliados, los contratos de trabajo vigentes, retribuidos dignamente y dentro del contexto que está asumiendo la empresa;

(ii) cuenta con un amplio margen de discrecionalidad que les permite investigar el origen, causa y naturaleza del conflicto, identificar los puntos de desajuste, formarse un juicio de valor fundado en la apreciación racional de los hechos, construir fórmulas que procuren zanjarlo equilibradamente y que, en definitiva, consulten criterios indeterminados pero objetivos de equidad;

(iii) escucharon las posiciones de las partes y se atendieron las pruebas arrimadas;

(iv) tuvo «en cuenta en su análisis, no solo sus argumentos, sino el contrato Nº. 20180082 del 30 de Octubre de 2018, suscrito entre INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE "LA INDUSTRIA" y DISBLANCO S.A., "EL DISTRIBUIDOR", en el que se acordó en la CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO lo siguiente: "El objeto del presente contrato es la compra por parte de EL DISTRIBUIDOR, con fines de distribución, comercialización venta exclusiva de los productos que produce y llegare a producir LA INDUSTRIA, referido en todo caso a la categoría de licores, en el Departamento de Valle del Cauca." De igual forma se observa en LA CLAUSULA TERCERA del aludido contrato, que la vigencia del contrato es de cinco (5) años contados a partir de la firma del acta de inicio ".y expirará al término de dicho período […] que, previo a su vencimiento»;

(v) estudiaron los estados financieros de los años 2018-2019, 2019-2020, el desempeño financiero del año 2021, el dictamen del Revisor Fiscal, la población de 40 trabajadores de los cuales existen 2 trabajadores sindicalizados;

(vi) a diferencia de las partes en su auto-composición, está sometido a limitaciones constitucionales y legales, especialmente al artículo 458 del C.S.T.;

(vii) atendió el principio como el de la equidad, la no discriminación, la proporcionalidad, la razonabilidad y el derecho a la igualdad establecidos en los artículos 1 y 13 de la Constitución Política y se guio por los principios generales contenidos en los artículos l y 18 del C.S.T. que establecen que la finalidad del Código Laboral es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económico y equilibrio social, y que la interpretación de dicho Código, debe tener en cuenta esta finalidad;

(viii) estudió la doctrina vigente, las normas legales aplicables, las últimas sentencias de anulación de la Corte Suprema de Justicia y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de negociación colectiva y bloque de constitucionalidad y;

(ix) como una consideración especial, el Tribunal al expedir el presente laudo, tuvo en cuenta que DISBLANCO S.A.S. cuenta con un total de 40 trabajadores, dos (02) de ellos afiliados a su organización sindical, quienes para los años 2020 y 2021, inclusive, recibieron el respectivo incremento salarial, es decir, tuvieron movilidad del salario.

III. RECURSO DE ANULACIÓN

Fue interpuesto por la apoderada de la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS CERVECERAS, EMPRESAS AFINES, COMERCIANTES DE BEBIDAS Y ALIMENTOS –ASOINDUCERNA S.I.

Según informe secretarial, la sociedad DISBLANCO S.A.S. no presentó oposición alguna.

La impugnante pretende que:

[…] conforme a lo que le compete a la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ordene al Tribunal de Arbitramento Obligatorio la corrección de errores de orden, que afectaron la decisión arbitral, como fueron i) OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO EN TEMAS SOBRE LOS CUALES TENÍA COMPETENCIA, ii) AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LAS PARTES y iii) LA REGULARIDAD DEL LAUDO.

l. Temas que fueron omitidos por el tribunal de arbitramento por aducir falta de competencia

1.1 Estabilidad laboral

1.1.1 Pliego de peticiones

PETICIÓN NUEVE: Estabilidad Laboral

La EMPRESA, o quien la sustituya o reemplace, garantizará la plena estabilidad a todos sus trabajadores y, en consecuencia, no podrán hacer despidos sin justa causa plenamente comprobada ante los representantes del sindicato.

En caso de que un trabajador sea despedido sancionado o desmejorado sin agotar el procedimiento disciplinario respectivo o sin una justa causa previamente comprobada, el trabajador tendrá derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo a uno de igual o superior categoría y sin solución de continuidad.

PETICIÓN DIECIOCHO: Proceso Disciplinario

Antes de aplicarse una sanción disciplinaria o un despido, la empresa dentro de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la fecha en que cometió el trabajador la presunta falta, le notificará por escrito, el derecho que tiene de ser oído en descargos y le señalará lugar, día, hora y la causa por la cual ha de responder el trabajador citado, para que se presente a la diligencia la cual se llevara a cabo dentro de la jornada laboral del trabajador, asesorado por dos (2) representantes del Sindicato que serán escogidos a petición del trabajador.

Esta diligencia no podrá ser programada antes de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación. En el documento de citación se deberá señalar con precisión la conducta, las normas presuntamente violadas y las pruebas que la empresa tenga en su poder.

En la diligencia de descargos el trabajador podrá solicitar que se practiquen pruebas y controvertir las presentadas por la empresa que deberán surtirse en un lapso no superior a diez (10) días hábiles.

Cumplida la diligencia de descargos y la etapa probatoria, la Empresa dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes, impondrá la sanción si hubiere lugar a ello.

Si la decisión fuere contraria al interés del trabajador, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación, éste podrá apelar dicha decisión ante la Empresa. La Empresa tendrá un término de cinco (5) días para resolver dicha apelación; mientras se surte este procedimiento la decisión tomada inicialmente quedará suspendida.

En todo caso, cuando la Empresa tenga conocimiento de una falta, tres (3) días después de cometida, no podrá someter al trabajador a procedimiento alguno para aplicar sanción.

El motivo alegado inicialmente para imponer sanción disciplinaria no podrá ser cambiado en caso alguno y la sanción sólo tendrá lugar una vez cumplidos estos requisitos.

Si a pesar de todo lo anterior y en todos los casos, el trabajador no quedara satisfecho por la decisión tomada por la empresa, podrá solicitar, por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la notificación del resultado de la apelación, la revisión de su caso ante la Empresa.

La Empresa se obliga a enviar copia al Sindicato de toda comunicación que dirija a los afiliados sobre llamados de atención, citaciones a descargos, sanciones y despidos; so pena, que se declaren nulas las decisiones al respecto. En caso de despido injustificado demostrado judicialmente, procederá el reintegro al cargo en que se encontraba cuando fue despedido o a uno de superior jerarquía.

Cualquier sanción o despido que recaiga sobre el trabajador permitiendo total o parcialmente el trámite señalado en este Artículo, vicia de nulidad lo actuado y la decisión no producirá efecto alguno. La Empresa respetará y acogerá los fallos de la justicia, igualmente cuando se ordene el reintegro por cualquier motivo de un trabajador o cuando la justicia en fallo ordene el pago de indemnización.

Para darle aplicación a este nuevo proceso disciplinario se realizará un amplio proceso de formación a directivos y trabajadores de la empresa.

Laudo arbitral

PETICION NUEVE. ESTABILIDAD LABORAL. La EMPRESA. o quien lo sustituya o reemplace, garantizará la plena estabilidad a todos sus trabajadores y en consecuencia, no podrá, hacer despidos sin justa causa plenamente comprobada ante los representantes del sindicato. Sin competencia respecto a este párrafo.

Tampoco cuenta con competencia respecto a la parte final de la petición: ". el trabajador tendrá derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo o a uno de igual o superior categoría y sin solución de continuidad."

Artículo 7. PROCESO DISCIPLINARIO. A partir de la vigencia del presente laudo arbitral, antes de aplicar una sanción disciplinaria a los trabajadores afiliados a la organización sindical ASOINDUCERNA S.I., DISBLANCO S.A.S. observará los principios al debido proceso, contradicción, inmediatez, derecho a la defensa y la doble instancia.

Argumentos de la organización sindical

Aduce que realizada una comparación simple entre lo pedido y lo otorgado, se observa una discordancia que conlleva a un irrespeto del principio de congruencia, pues como es sabido la tesis de incompetencia de los árbitros frente al establecimiento de procedimientos disciplinarios fue abandonada y actualmente los jueces arbitrales tienen facultad de diseñar un procedimiento previo a la aplicación de sanciones disciplinarias o al despido, ello en desarrollo del principio del debido proceso. Razón por la cual, el Tribunal al abstenerse parcialmente de conocer este punto ha generado una discordancia absoluta entre lo pedido y lo resuelto, de tal manera que desfigura la petición y desdibuja su esencia.

Agrega que protuberante equivocación transgrede el principio de congruencia y es meritoria de ordenarse la devolución del Laudo y se ordene su pronunciamiento de manera que no resulte inequitativo, dado que la presente censura abarca «lo resuelto por el Tribunal en la petición DIECIOCHO DEL PLIEGO DE PETICIONES referente al PROCESO DISCIPLINARIO, aclarando que frente a este punto aunque la censura no es por haber inhibido su pronunciamiento, sino por haber desconocido de manera irrazonable los derechos que tienen los trabajadores de contar con un proceso disciplinario previo a la aplicación de sanciones o de un despido y no existe limitante alguna para que los arbitradores establezcan en un fallo arbitral, un procedimiento que estatuya disposiciones normativas y jurisprudenciales concordantes, como las que pretende la organización sindical en este punto, así lo ha señalado la Jurisprudencia, al recoger la habilitación legal contenida en artículos 106 y 108 ordinal 16 del C. S. del T.».

Explica que se puede observar que lo resuelto por el Tribunal en el artículo 7° del Laudo Arbitral no conserva la suficiencia de garantizar los derechos fundamentales del trabajador en materia disciplinaria puesto que carece de elementos constitutivos que de forma ordenada y adecuada orienten y establezcan los trámites y procedimientos inmersos dentro de un proceso disciplinario, que a su vez puedan garantizar el debido proceso en esta materia, por lo cual, solicita, «conforme a la competencia de homologación se ordene devolución para que el Tribunal se pronuncie en congruencia con la petición, puesto que la misma tiende al diseño de un procedimiento disciplinario claro y preciso, a su vez garante del derecho de asociación sindical y como ya se ha aclarado no significa ello una pretensión de reproducción fiel de la petición, pero tampoco que se desnaturalice la esencia de la misma, toda vez que los árbitros en ejercicio de sus facultades no pueden vulnerar derechos y principios constitucionales y los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley».

IV. CONSIDERACIONES

La Sala, en sentencia CSJ SL5118-2020, reiteró su criterio según el cual, los árbitros sí están investidos de facultades para instituir un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones y terminación del contrato de trabajo.

Empero, la forma tan abstracta y genérica como quedó redactado el artículo bajo escrutinio, en puridad de verdad, no cumple con la finalidad que esta Corporación ha sostenido en cuanto a que los procedimientos disciplinarios persiguen que, frente a la eventual imposición de sanciones o terminación de la relación laboral, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son cimiento fundamental del derecho del trabajo.

Se dice lo precedente porque la Corte no observa que el cuerpo arbitral hubiese consagrado un trámite detallado y garantista, para que el trabajador asuma su defensa e incluso para que el empleador, luego de valorar los diferentes elementos de persuasión, tenga suficiente claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se le imputan al trabajador. Expresado en otras palabras, pero conservando la misma idea, el tribunal de arbitramento pese a crear un procedimiento disciplinario, no determinó tiempo, plazos, recursos, etc., lo que lo convertiría en nugatorio y, por repercusión, atentatorio de los derechos de defensa, contradicción y de los principios de buena fe y transparencia.

Aunado a lo anterior, nótese que el procedimiento disciplinario diseñado por los árbitros tampoco está acorde con lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-593-2014, en cuanto a que dichos procedimientos deben asegurar al menos:

(i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción debe encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente, (vii) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii) la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria.

Por último, aunque en el ataque la recurrente aduce a la cláusula de la estabilidad, no le dice a la Corte lo que pretende con ella, es decir, que solo hizo una referencia insular al respecto.

Puestas en esa dimensión las cosas, se devolverá al Tribunal para que los árbitros resuelvan en torno al procedimiento disciplinario, en los términos en precedencia.

1.2 Nivelación salarial

1.2.1 Pliego de peticiones

PETICIÓN CINCUENTA Y OCHO: Nivelación salarial.

La EMPRESA o quien la sustituya o reemplace, a partir de la firma de la convención colectiva de trabajo que resulte de la negociación del presente pliego de peticiones, nivelará los salarios existentes en un 30% más sobre la base del salario asignado a cada uno de los trabajadores que se beneficien de la convención colectiva de trabajo con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a consecuencia de los bajos salarios y aumentos que en anteriores años ha recibido.

1.2.2 Laudo arbitral

El Tribunal determinó que sobre los siguientes artículos del Pliego de peticiones, que a continuación se señalan por las restricciones observadas en el artículo 458 del C.S.T. y las limitaciones constitucionales y que no pueden ser dirimidas por el tribunal de arbitramento, a riesgo de comprometer los derechos constitucionales de las partes, este Tribunal dispone declararse inhibido sobre los siguientes artículos del pliego de peticiones, cuya sustentación se encuentra en las actas correspondientes levantadas en las sesiones deliberatorias respectivas. […] PETICION CINCUENTA Y OCHO. NIVELACIÓN SALARIAL

1.2.3 Argumentos de la organización sindical

Sostiene que los árbitros estaban facultados para estudiar de fondo la petición, teniendo en cuenta como parámetros la equidad y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que la misma forma parte del conflicto y su componente económico, crea la necesidad de establecer una diferenciación entre nivelación salarial, entendida esta como la operación mediante la cual determinado trabajador acrecienta su salario en relación con lo percibido por otro, respecto de quien se predica igualdad en los términos del art. 143 del CST, y el reajuste salarial para dos (2) trabajadores afiliados al sindicato, quienes como se contempla en los antecedentes del conflicto expuesto por los delegados de la organización sindical ante el Tribunal, fueron desmejorados en su remuneración respecto a las funciones de los cargos desempeñados sin motivación alguna, por lo cual resulta manifiestamente inequitativo y discriminatorio no realizar el estudio de fondo de la petición que fue expuesta bajo su conocimiento en aras de alcanzar la resolución del conflicto laboral, que como se reitera no necesariamente le obliga a conceder pero si a introducirlo como objeto de su estudio para resolver en condiciones de equidad.

Afirma que con esa finalidad el laudo en materia laboral, además está ligado al concepto de justicia, o punto medio, por cuanto con la equidad remedia consecuencias injustas, del caso concreto, y permite ponderar intereses enfrentados, no a partir de consideraciones generales, sino de las que las partes acrediten en el curso de su trámite. Por lo cual, resulta relevante solicitar devolución al tribunal de arbitramento para que se pronuncie respecto de la presente petición.

V. CONSIDERACIONES

En sentir de la Corte lo pretendido por los trabajadores es que se incrementen sus salarios y siendo ello así, como efectivamente lo es, no cabe duda alguna de que el cuerpo arbitral sí tiene competencia para pronunciarse al respecto, toda vez que constituye un tema de estirpe netamente económica lo que implica que su decisión debe estar soportada en la equidad.

De suerte que, la petición de devolución sale victoriosa y a ello se procederá.

1.2.1 Pliego de peticiones

PETICIÓN SESENTA: Desechos Reciclables

La EMPRESA o quien la sustituya o reemplace, donará los desechos reciclables al sindicato semanalmente con los cuales se realizarán trabajos sociales en algunos sectores con las comunidades, de igual manera el SINDICATO realizara revisiones periódicas al manejo de residuos peligrosos en todas las áreas de la empresa (gases, sólidos, líquidos, radiactivos, etc.).

1.2.2 Laudo arbitral

El Tribunal determinó que sobre los siguientes artículos del Pliego de peticiones, que a continuación se señalan por las restricciones observadas en el artículo 458 del C.S.T. y las limitaciones constitucionales y que no pueden ser dirimidas por el tribunal de arbitramento, a riesgo de comprometer los derechos constitucionales de las partes, este Tribunal dispone declararse inhibido sobre los siguientes artículos del pliego de peticiones, cuya sustentación se encuentra en las actas correspondientes levantadas en las sesiones de liberatorias respectivas. […] PETICION SESENTA. DESECHOS RECICLABLES

1.2.3 Argumentos de la organización sindical

Acota que el tribunal de arbitramento yerra al considerarse no competente para abordar esta petición, la cual además de contener un componente bipartito de contenido económico y de responsabilidad social enmarcando una posibilidad de fortalecimiento del papel empresarial, los trabajadores y el sindicato en materia ambiental.

Expone que el desarrollo sostenible requiere ajustes y oportunidades tanto a nivel gubernamental como empresarial y los trabajadores forman parte de los principales interesados. Los sindicatos, en su carácter de representantes de los trabajadores, constituyen factores esenciales para facilitar el logro del desarrollo sostenible, habida cuenta de su relación con los cambios industriales, la gran prioridad que atribuyen a la protección del medio laboral y el medio ambiente natural conexo, y su promoción de un desarrollo económico y socialmente responsable. La red de colaboración existente entre los sindicatos y sus afiliados constituye una vía importante para encauzar las medidas de apoyo a los conceptos y prácticas en pro del desarrollo sostenible.

Por lo cual, es errado abstenerse de incluir el estudio del tribunal abordar temas que tienen alta repercusión en el desarrollo sostenible y ambientalmente, por lo cual se solicita devolución del expediente para que aborde pronunciamiento sobre el referente.

VI. CONSIDERACIONES

Esta Corte, ha enseñado, con profusión, que los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son: (i) los reconocidos en la Constitución Política, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquéllos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; (ii) los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público son irrenunciables; y, respecto, del empleador los que emanan de su calidad de subordinante, de propietario, director de la empresa y establecimiento y su libertad económica, y (iii) en relación con los convencionales son aquéllos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que, por no haber sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo.

Específicamente en relación con los poderes de dirección y organización empresarial, en la sentencia CSJ SL5020-2021, se memoró lo explicado en la CSJ SL1944-2021, así:

La actividad económica a que hace alusión el precepto constitucional es pluricomprensiva y cobija por igual a la empresa como a las formas no organizadas de producción. En la jurisprudencia se considera que la libertad económica es «[…] una facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar un patrimonio» (CC T-425-1992) y tiene una doble manifestación: la libertad de empresa y la libertad de competencia y, a su vez, la primera de las mencionadas comprende otras dos: la libertad de establecerse y la de ejercer una profesión u oficio.

Importa igualmente considerar que una garantía ínsita de la actividad económica libre, es la de libertad contractual, en la medida en que ella es la típica expresión jurídica de un sistema de mercado (social de mercado) como el que está consagrado a nivel constitucional, con las limitaciones que más adelante se mencionarán.

[…]

[…] brota con nitidez que, con fundamento constitucional, el empresario goza del poder de dirección y organización de su empresa, el cual, conforme se ha explicado, si bien tiene asiento en la garantía del ejercicio libre de su actividad económica, también encuentra límites en «[…] la dignidad humana, los derechos fundamentales del trabajador, los postulados constitucionales, los tratados internacionales que regulen las relaciones laborales que hagan parte del bloque de constitucionalidad en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional» (CC C-768-2008).

También se recordó que, si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido y extendido las facultades que tienen los componedores en el fallo arbitral, bajo el marco constitucional de un Estado Social de Derecho, tales atribuciones tienen límites en tanto invadan la libertad económica y empresarial, y que no resulta dable pronunciarse sobre algunas temáticas que son propias o del resorte únicamente de las partes.

En ese contexto, para esta Corporación los árbitros carecen de competencia para ordenar que los desechos reciclables del empleador sean donados al sindicato, aún lo loable de los fines de su utilización por parte de este, pues ello constituye una injerencia indebida del tribunal de arbitramento en aspectos propios del resorte del empleador que afecta la libertad empresarial en el manejo y dirección de su negocio, como lo sería, por ejemplo, su autonomía de disponer de dichos bienes.

Ahora bien, un beneficio como el pretendido por la organización sindical, sin hesitación ninguna, puede ser fruto de la autocomposición de las partes o por otorgamiento propio y directo del empleador, mas no, se repite, por heterocomposición pues los árbitros ordinariamente actúan de manera limitada frente al conflicto colectivo, dado que por mandato legal su decisión está restringida a aquellos puntos que no fueron materia de acuerdo en las etapas anteriores y, además, porque, como se dijo, no pueden disponer de derechos de las partes consagrados en la Constitución Nacional, la Ley o las Convenciones Colectivas de Trabajo, como sí podrían hacerlo directamente las partes mediante la autocomposición (sentencia CSL SL, 17 oct.1991). Por tanto, valga puntualizar que los protagonistas sociales en una convención colectiva de trabajo o pacto colectivo de trabajo pueden efectivamente establecer determinados beneficios, pero ello por sí solo no habilita al tribunal de arbitramento para que los plasme en un laudo arbitral, porque, se itera, existen derechos que al ser propios de las partes, el tribunal de arbitramento carece de competencia, lo que, a las claras, le impide pronunciarse alrededor de ellos, y esto no significa que su incompetencia atente contra el derecho de asociación, principio de igualdad o se torne discriminatorio. Dicho en breve, existen ciertos aspectos que solo pueden ser regulados y acordados por las partes a través de la autocomposición (convención colectiva o pacto colectivo), que escapan de la competencia de un tribunal. Lo que la Constitución y la Ley reservan para el acuerdo entre las partes, no puede ser materia de decisión arbitral.

Por lo explicado, no hay razones para devolver esta cláusula al tribunal de arbitramento.

2. Puntos negados por violación a los principios de equidad, derecho de asociación sindical y debido proceso

2.1. Comité obrero patronal- Comité de recreación y deporte

2.1.1 Pliego de peticiones

PETICIÓN QUINCE: Comité Obrero Patronal.

La EMPRESA o quien la sustituya o reemplace, y el SINDICATO constituirán un Comité Obrero-Patronal, conformado por dos (2) representantes nombrados por la Empresa y dos representes de ASOINDUCERNA S.I.

El Comité Obrero-Patronal se reunirá cada quince (15) días y además, cuando sea necesario, para estudiar, resolver los problemas que se presenten en las relaciones contractuales y velar por el fiel cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo.

De todo lo que se trate y de todos los acuerdos a que se llegue, se dejara constancia por escrito, mediante un acta firmada por los participantes. Estos acuerdos deberán estar enmarcados en las relaciones contractuales y en la Convención Colectiva de Trabajo que resulte de la negociación del presente pliego.

PETICIÓN DIECISEIS: Comité de Recreación y Deporte

La EMPRESA o quien la sustituya o reemplace y ASOINDUCERNA S.I, crearan un comité para recreación y deporte que garanticen la práctica deportiva y recreativas de los trabajadores vinculados a la organización sindical.

2.1.2 Laudo arbitral

ARTICULOS DEL PLIEGO QUE SE NIEGA ATENDIENDO RAZONES DE EQUIDAD.

Ya la jurisprudencia ha manifestado: "... y en cuanto a la facultad de los árbitros para decidir un conflicto de intereses con sustento en la equidad, en la sentencia CSJ SL 2283 - 2014, se razonó de la siguiente manera:

"A lo anterior cabe agregar que, de cualquier forma, las decisiones que adopto un Tribunal de Arbitramento, para definir un conflicto laboral colectivo, se deben acompañar de “razones en equidad”, que por su naturaleza son diferentes a las "razones en derecho". Por ello mismo, la Corte ha sostenido con insistencia que la carga de argumentación que soporta un fallo arbitral no debe ser jurídicamente calificada, como sucede con las determinaciones jurídicas propias de la labor jurisdiccional ordinaria, en la medida en que la equidad se informa a partir de las circunstancias particulares de cada caso, de los intereses de las partes y de la razonabilidad y proporcionalidad de cada medida, entre muchos otros aspectos, que son apreciados de manera personal por cada uno de los árbitros y que pueden ser expresados y concretizados de diferentes maneras. CSJ SL 4 Nov 2004, Rad. 24604."

Respecto de los artículos que a continuación se relacionan y por razones de equidad, no obstante ser competente para pronunciarse sobre ellos, resuelve negar las peticiones contenidas en los siguientes artículos:

[…]

PETICION QUINCE. COMITÉ OBRERO PATRONAL.

PETICION DIECISEIS. COMITÉ DE RECREACION Y DEPORTE.

2.2.3 Argumentos de la organización sindical

Asevera que el tribunal, mayoritariamente, negó ambas peticiones por considerar desbordada la petición y que resultaría inequitativo que 2 trabajadores en una empresa de 40 trabajadores, pudiesen optar a la conformación de comités que atiendan problemas que se presenten en las relaciones contractuales. Es necesario recordar que el hecho de considerar como argumento esa mínima parte de trabajadores afiliados a la organización sindical es un factor discriminatorio que conduce a una inequidad manifiesta, que atenta a la vez contra el derecho de asociación sindical y es violatorio al debido proceso.

Así mismo, el Tribunal de manera mayoritaria, decidió negar, por razones de equidad, las peticiones de Permiso Comisión Redactora del pliego, Permiso Comisión Negociadora, Viáticos, Tiquetes aéreos, Medicina prepagada, Traslados de trabajadores enfermos, Auxilio monetario por enfermedad, Implementos de seguridad industrial, Préstamos de vivienda, Préstamos personales, Préstamos por calamidad doméstica y necesidades urgentes, Trabajo en dominicales, Descanso en dominical y festivo, Servicio de restaurantes, Seguro de vida y riesgo, y Detención de trabajadores accidentes de tránsito y otros, por lo que se puede colegir que dicho argumento desatiende los principios del ordenamiento jurídico que privilegia la oportunidad de que en materia de libre asociación y negociación colectiva los trabajadores sindicalizados, no solo a través de la autocomposición, sino incluso, por el discernimiento de los árbitros, alcancen mejores beneficios a los que existen en la empresa, y de los cuales se benefician otros sindicalizados, incluso, quienes han decidido no acoger esa forma de organización, pues precisamente, el objetivo de los conflictos económicos es el de lograr condiciones por encima de las legales o de las que se han ido consolidando en el emporio económico.

Explica que el principio de equidad, es un parámetro esencial para los árbitros al resolver un conflicto colectivo por medio de un laudo arbitral y les genera la obligación de ajustar su decisión a todas las circunstancias que rodeen el caso concreto.

Bajo este precepto se observa que el Tribunal desatendió consideraciones reales del conflicto, negando la mayoría de peticiones bajo una supuesta razón de equidad que realmente traduce una violación a los principios de equidad en conjunto con los derechos de asociación sindical y debido proceso, por cuanto:

l. El número de trabajadores que se beneficiarían en este caso del mandato arbitral son una mínima parte con respecto a la totalidad de trabajadores que conforman la empresa (2 afiliados de 40 trabajadores), lo que en principio denota una carga moderada para la empresa ante la posibilidad de asumir las prerrogativas alcanzadas por los sindicalizados.

2.Con relación a la capacidad económica empresarial, el expediente arbitral demuestra que la empresa no presenta inviabilidad o insostenibilidad de asunción de estos beneficios para el mínimo número de trabajadores afiliados consistente a la cantidad de DOS PERSONAS, por el contrario, tanto como tiempos antecedentes al conflicto laboral, durante su desarrollo y en fecha donde el Tribunal propende a su resolución, la empresa demuestra cumplimiento de metas e incremento en su operatividad.

Fundamento que encuentra acierto con el salvamento de voto realizado por el árbitro, Enrique Aponte, al señalar que conforme a estados financieros presentados por la empresa, se aprecia en el estado de resultados UTILIDAD NETA EN VENTAS para el año 2019, año 2020 y cumplimiento de metas a octubre de 2021, con un incremento en las metas para el periodo restante del año 2021.

3. La más grave actuación en la que incurre el Tribunal es que su decisión no sólo contraría la normatividad de los presupuestos procesales sino que contraría el debido proceso, puesto al someter el conflicto económico limitado a la existencia de un contrato comercial -Contrato No. 20180082 del 30 de octubre de 2018, que enmarca las actividades de distribución realizadas por la empresa DISBLANCO S.A.S, a la empresa INDUSTRIA DE U CORES DEL VALLE, pretende determinar los efectos económicos del laudo a variables inciertas, hipotéticas o conjeturales y no sobre factores reales, ciertos y actuales.

Siendo el conflicto de contenido económico la decisión del tribunal de arbitramento para abordar la solución debe estar fundamentada en la equidad, puesto que su decisión conforma un nuevo estado para las partes involucradas, situación que fue desconocida en el laudo, debido a que el tribunal en mayoría, adoptó su posición bajo fundamentos de naturaleza jurídica, los cuales encuentran conexión con los conflictos de ese mismo orden, interpretación errónea para la materia que nos ocupa, puesto que configura una asimetría entre los sujetos.

Indica que la jurisprudencia y la doctrina en materia laboral han reiterado que existen dos tipos de conflictos, uno de carácter jurídico y otro económico o de intereses, donde el primero tiene como sujetos al empleador y al trabajador y las diferencias se abstraen a una relación individual, así la solución deberá darse en derecho, no sucediendo lo mismo en los asuntos de carácter económico derivados de conflictos de igual índole suscitados entre empleadores y trabajadores, en los que básicamente la finalidad es la mejora de condiciones de trabajo, donde los árbitros deben fallar en equidad. Estos lineamientos de carácter doctrinal se encuentran señalados en el artículo segundo del Código Procesal del Trabajo, que dispone expresamente que de los conflictos jurídicos originados directa o indirectamente en un contrato de trabajo conoce la justicia laboral y en cambio, por expresa prohibición del artículo tercero del mismo Código, no tienen competencia para conocer de los conflictos económicos que se continuarán adelantando directamente por los patronos y trabajadores hasta llegar a un acuerdo final a través de la convención colectiva de trabajo y,en casos especiales dirimidos por los tribunales de arbitramento obligatorio.

Agrega que el Tribunal «al aplicar una interpretación de los posibles efectos un contrato de naturaleza comercial, asumen conocimiento de un hecho futuro incierto, que NO LE COMPETE A LAS PARTES EN CONFLICTO, motivación incorrecta para fundamentar su decisión, toda vez que al conflicto de naturaleza económica no le es aplicable fuentes de derecho preestablecidas».

Concluye que hay razones de peso, para solicitar intervención de la Corte, conforme «a su competencia de homologación para ordenar devolución del expediente al Tribunal con fines de corrección de los yerros incurridos».

VII. CONSIDERACIONES

Como fácilmente se puede apreciar de la impugnación, el descontento de la organización sindical estriba, en estricto rigor, en que el tribunal de arbitramento, al proferir el laudo arbitral, soslayó el principio de equidad, pues no tuvo en cuenta que solo son dos los trabajadores que se beneficiaran de la decisión, la capacidad económica del empleador, así como, que no es posible supeditar el laudo a los posibles efectos de un contrato comercial.

Pues bien, la Corporación, de vetusta, ha sostenido que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que se construyen sobre raciocinios íntimos, fundados en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal (CSJ SL3258-2019).

Ahora bien, se exhibe patente que el tribunal de arbitramento, tras «investigar el origen, causa y naturaleza del conflicto, identificar los puntos de desajuste, formarse un juicio de valor fundado en la apreciación racional de los hechos, construir fórmulas que procuren zanjarlo equilibradamente», no solo tuvo puesta su mirada en el postulado de la equidad, sino también atendió los principios de la no discriminación, la proporcionalidad, la razonabilidad y el derecho a la igualdad establecidos en los artículos 1 y 13 de la Constitución Política y se guio por los principios generales contenidos en los artículos 1 y 18 del C.S.T. que establecen que la finalidad del Código Laboral es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, y que la interpretación de dicho Código, debe tener en cuenta esta finalidad».

Queda bien claro, pues, que los árbitros, por mayoría, adoptaron la decisión con argumentos adicionales al número de afiliados al sindicato, a la situación económica del empleador y al contrato comercial, en aras de «garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores afiliados, los contratos de trabajo vigentes, retribuidos dignamente y dentro del contexto que está asumiendo la empresa».

De suerte que el cuerpo arbitral efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad, y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados.

Es que si se analiza, con sumo cuidado, los argumentos, báculos de la impugnación, emerge cristalino que lo pretendido por la organización sindical es propiciar una revisión jurídica del laudo arbitral y del estudio de las pruebas, con lo que, en últimas, busca desvirtuar la mencionada medida de justicia construida por los árbitros, cuestión que, como ya se dijo, es ajena a los propósitos del recurso de anulación, pues la motivación de las decisiones de los árbitros no debe ser jurídicamente calificada (CSJ SL 3258-2019).

Por lo mismo, no resultan admisibles las afirmaciones relacionadas con que no existía una motivación válida para fijar las prebendas acá controvertidas, pues los árbitros, como se asentó, fundamentaron las determinaciones en la equidad y en las condiciones particulares del caso.

Entonces, en el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos. Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento», por lo que se descarta, lo que el recurrente aduce como una ilegítima inequidad».

Además, por mayor esfuerzo que haga un tribunal de arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el Colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se usen para observar el resultado final (CSJ SL1944-2021).

Pero hay más. Únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si el tribunal de arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017).

También, memórese que cuando la Corte anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento de reemplazo, por cuanto los conflictos de intereses se resuelven en equidad, no en derecho. La competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención colectiva o el pacto colectivo o laudo arbitral vigente, o por las normas legales en vigor (sentencia de anulación CSJ SL, 27 oct. 2009, rad. 41497).

Lo anterior porque las fórmulas construidas por los árbitros, para reflejar la salida más equilibrada y justa del conflicto colectivo, no pueden ser sujeto de un juicio de legalidad por esta Sala, para, por ejemplo, tergiversarlas, modificarlas o sencillamente imponer otra medida de justicia diferente. Ello con la salvedad de que se advierta una vulneración de derechos o facultades exclusivas de las partes, consagrados en la Constitución o la ley, se excedan los límites de la competencia de la justicia arbitral o se prohíje una solución manifiestamente inequitativa, que no puede ser meramente especulativa, sino que debe estar debidamente soportada en el proceso, casos en los cuales, vale decir, la decisión de la Corte tampoco puede ser la imposición de su propia medida de justicia, sino la anulación, o solo excepcionalmente, la modulación de las decisiones arbitrales (CSJ SL14391-2015).

En el mismo sentido, mediante sentencia CSJ SL8157-2016, reiterada, entre otras, en las providencias CSJ SL7779-2017 y CSJ SL3325-2018, la Sala adoctrinó:

En estas condiciones, de entrada, se advierte la improcedencia de la petición del sindicato, pues debido a las competencias regladas de esta Sala, no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación dictar fallos de reemplazo o remitir el expediente al tribunal.

Es preciso recordar que la Corte termina su gestión al declarar la anulabilidad o no anulabilidad de las determinaciones del laudo, sin que sea procedente adoptar decisiones subsiguientes a estas; y, adicionalmente, la devolución del expediente al tribunal tiene lugar en aquellos eventos en que existe una omisión de los árbitros en la resolución de algunos puntos que debieron ser objeto de pronunciamiento o cuando el laudo contiene decisiones inhibitorias, razón por la cual, el debate no se sitúa en el ámbito de la validez de las decisiones arbitrales, sino de la competencia de la justicia arbitral para solucionar determinadas cuestiones.

Es más, teniendo en cuenta que la decisión de los árbitros fue expresamente desestimatoria de lo pedido en el pliego –a excepción del art. 13-, no existe un objeto anulable, es decir, una disposición o un texto normativo retirable del ordenamiento jurídico. Ahora, si en gracia de discusión se dijera que el objeto anulable es precisamente la decisión de los árbitros de negar las peticiones del pliego, ello a nada conduciría, pues de todas formas la Corte no podría entrar a emitir una decisión de reemplazo como tampoco a devolver el expediente al tribunal.

De suerte que los derroteros trazados también recomiendan que no existen razones para anular o devolver al tribunal de arbitramento, las cláusulas atacadas.

3. Puntos del laudo arbitral recurridos parcialmente en nulidad parcial por violación a los principios de equidad, derecho de asociación sindical y debido proceso

3.1. Permisos sindicales- descuentos por cuota sindical ordinaria y extraordinaria- Salarios- Capacitación

3.1.1 Pliego de peticiones

PETICIÓN VEINTIUNO: Permisos Sindicales

LA EMPRESA reconocerá permisos sindicales remunerados según la jurisprudencia, convenios internacionales, constitución política, con el fin de realizar todas aquellas gestiones relacionadas con sus funciones sindicales.

PETICIÓN VEINTICUATRO: Descuento por Cuota Sindical Ordinaria y Extraordinaria.

La EMPRESA o quien la sustituya o reemplace, descontaran la cuota ordinaria que establezca el sindicato a los trabajadores afiliados y a quienes se beneficien de la convención colectiva de trabajo mensualmente y a más tardar en los 5 primeros días de cada mes los entregara a la subdirectiva y/o comité, con el respectivo listado de los trabajadores a quienes se les hace el descuento.

Las cuotas extraordinarias que aprueben los sindicatos, federaciones o confederaciones o las respectivas asambleas, o las establecidas por periodo de tiempo en los estatutos serán descontadas por las Empresas y entregadas de forma inmediata al tesorero de la subdirectiva, directiva nacional o comité ejecutivo, según el caso.

PETICIÓN CINCUENTA Y SIETE: Salarios.

La EMPRESA o quien la sustituya o reemplace, a partir de la firma de la convención colectiva de trabajo que resulte de la negociación del presente pliego de peticiones, aumentarán los salarios a todo el personal que se beneficie de la convención colectiva, el IPC más siete puntos (7), dicho aumento se hará a partir del 1 de enero de 2022.

PETICION SESENTA Y TRES: Capacitación:

La EMPRESA o quien la sustituya o reemplace, impartirá las capacitaciones requeridas, cuando se realice o implemente el montaje de nuevos equipos, a los trabajadores designados a la operación y mantenimiento de dichos equipos, así mismo se capacitará al personal con contrato a término indefinido que ingrese a la compañía sobre los temas necesarios que le permitan desarrollar las funciones asignadas a su cargo.

PARAGRAFO: Todas las capacitaciones, sin excepción, serán dictadas dentro del horario de la jornada laboral y los gastos de desplazamientos serán asumidos en su totalidad por la empresa.

2.1.2 Laudo arbitral

Artículo 8. PERMISO SINDICAL. La empresa DISBLANCO S.A.S., para atender diligencias sindicales, concederá tres (3) permisos anuales, a los trabajadores beneficiarios del Laudo Arbitral, que ejerzan cargos de representación sindical en ASOINDUCERNA S.I., remunerados con el salario básico del trabajador beneficiario. Cada permiso tendrá una duración de un día.

El permiso será solicitado por escrito, con cinco (5) días de anticipación acompañado de la respectiva justificación.

Artículo 9. DESCUENTO POR CUOTA SINDICAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. La empresa DISBLANCO S.A.S., descontará de los salarios de los trabajadores afiliados a la organización sindical ASOINDUCERNA S.I. las cuotas ordinarias y extraordinarias debidamente aprobadas por la organización sindical. Dichos valores, serán consignados a órdenes del sindicato, en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.

Artículo 17. SALARIOS. A partir del 1 de enero del año dos mil veintidós (2022), DISBLANCO S.A.S., incrementará los salarios de los trabajadores beneficiarios del presente laudo arbitral, en el mismo porcentaje que arroje el Índice de Precios al Consumidor, (IPC) causado nacional al 31 de diciembre del año 2021, más un (l) punto.

A partir del l de Enero del año dos mil veintitrés (2023), DISBLANCO S.A.S., incrementará los salarios de los trabajadores beneficiarios del presente laudo arbitral, en el mismo porcentaje que arroje el Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado nacional a 31 de Diciembre del año 2022, más un (l) punto.

Artículo 19. CAPACITACION. La empresa DISBLANCO S.A.S. brindará a los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, la capacitación o entrenamiento necesario para el desempeño de sus funciones.

2.2.3 Argumentos de la organización sindical

Sostiene que por medio del conflicto colectivo y la dinámica que le es propia, los trabajadores buscan es precisamente la defensa y la mejora de sus derechos laborales, bien sea superando los establecidos legal o extralegalmente o creando nuevos derechos.

Dice que la misma finalidad de mejoramiento de los derechos y beneficios de los trabajadores que apareja la negociación y el conflicto colectivo, se replica a los arbitradores, quienes para decidir en equidad igualmente pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, bien sea mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación de los ya existentes.

Sin embargo, los artículos recurridos no comportan tales criterios, contrario a ello el Tribunal se limitó a fallar conforme y estrictamente a los preceptos legales que en nada propenden por la paz laboral, centrando sus criterios para construcción de la equidad:

l. La minoría de afiliados frente a la población trabajadora, lo cual representa vulneración a los derechos de asociación sindical, violación a los derechos de equidad y debido proceso.

2. La capacidad económica de la empresa, muestra suficiencia y sostenibilidad de atender mejoras de las condiciones laborales de los dos trabajadores afiliados inmersos en el conflicto laboral.

3. Supedita el contenido del laudo a la existencia del Contrato No. 20180082 del 30 de octubre de 2018, y enmarca las posibilidades de mejora de condiciones laborales de manera limitada, insuficiente y sujeta a variables inciertas, hipotéticas, no propio de los conflictos de carácter económico.

Lo anterior conlleva a una vulneración de derechos y facultades constitucionales y legales ya consagradas a favor de las organizaciones sindicales.

VIII. CONSIDERACIONES

Tal como la Sala lo explicó en la sentencia CSJ SL5188-2020, los árbitros no están obligados a ceñirse rigurosamente a las aspiraciones planteadas por los trabajadores en el pliego de peticiones, ya que gozan de un amplio marco de acción en la búsqueda de la paz laboral, a través de la solución más justa y equitativa del conflicto, siempre que sus decisiones no riñan en forma ostensible con el espíritu de equidad que las debe acompañar. De manera que es válido que la justicia arbitral, al analizar la naturaleza de las aspiraciones de las partes en disputa, acoja total, parcial o bajo determinadas condiciones, las peticiones de la organización sindical. En esta dirección, una respuesta favorable a una petición del pliego, no necesariamente significa que deba plasmarse en los mismos términos en que fue pedida, ni mucho menos que la cláusula arbitral deba ser un calco de lo solicitado (sentencia SL14879-2016).

Ahora bien, de entenderse que el Tribunal extralimitó su competencia o excedió los linderos del diferendo que debía dirimir, acontece que la resolución de la Corte no sería otra que anularla, pero no podría reemplazarla como tampoco devolverla para que los árbitros adopten otra determinación. Y siendo lo anterior así, ello, a no dudarlo, redundaría en perjuicio del único recurrente, ya que al anularse se quedaría sin dichas prerrogativas e iría en contra de sus intereses, pues, aunque la decisión puede no colmar sus expectativas de alguna manera le es favorable.

Siendo coherentes con lo discurrido no se accede a la petición del sindicato.

Sin costas.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DEVOLVER el laudo arbitral al tribunal de arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS CERVECERAS, EMPRESAS AFINES, COMERCIANTES DE BEBIDAS Y ALIMENTOS –ASOINDUCERNA S.I.-, y la sociedad DISBLANCO S.A.S., para que dentro de los 5 días siguientes a su reinstalación se pronuncie sobre la PETICIÓN DIECIOCHO: Proceso Disciplinario y la PETICIÓN CINCUENTA Y OCHO: Nivelación salarial, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO ANULAR NI DEVOLVER las demás disposiciones atacadas del laudo arbitral del 3 de diciembre de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS CERVECERAS, EMPRESAS AFINES, COMERCIANTES DE BEBIDAS Y ALIMENTOS –ASOINDUCERNA S.I.-, y la sociedad DISBLANCO S.A.S.

TERCERO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese y envíese al Ministerio del Trabajo y al Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia. Si el punto que motiva la devolución del expediente, no es objeto del recurso de anulación, la Secretaría del Tribunal deberá remitir el presente asunto al Ministerio del Trabajo para lo de su cargo.

(Salva Voto) y (Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO

Recurrente: Asociación Sindical Nacional de Trabajadores de las Industrias Cerveceras, Empresas Afines, Comerciantes de Bebidas y Alimentos -ASOINDUCERNA S.I

Demandado: DISBLANCO S.A.S

Radicación: 92429

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena.

Con el acostumbrado respeto, y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que: (i) aclaro el voto parcialmente respecto a la cláusula sobre comité de recreación y deporte, y (ii) salvo el voto en cuanto a la cláusula de desechos reciclables por las razones que expongo a continuación:

De la cláusula sobre comité de recreación y deporte cuestionada por inequidad manifiesta

A mi juicio y como lo he considerado en otras oportunidades, las partes no están facultadas legalmente para recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa.

Al respecto, si bien la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa y debe sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva; por ejemplo, al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario; por tanto, carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros con exclusión total de cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que, a mi juicio, realiza la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda, desconoce el objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Adicionalmente, debo señalar que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

No devolución del artículo 60 del pliego sobre desechos reciclables

En el artículo 60 del pliego de peticiones, el sindicato solicitó que la empresa o quien la sustituya, donara los desechos reciclables semanalmente a esa organización con el fin de realizar trabajos sociales en algunos sectores con las comunidades, además de realizar revisiones periódicas al manejo de residuos peligrosos en todas las áreas de la empresa tales como gases, sólidos, líquidos, radiactivos, entre otros, requerimiento respecto del cual el Tribunal de Arbitramento se declaró inhibido.

Según la mayoría de la Sala, «los árbitros carecen de competencia para ordenar que los desechos reciclables del empleador sean donados al sindicato, aun lo loable de los fines de su utilización por parte de este, pues ello constituye una injerencia indebida del tribunal de arbitramento en aspectos propios del resorte del empleador que afecta la libertad empresarial en el manejo y dirección de su negocio, como lo sería, por ejemplo, su autonomía de disponer de dichos bienes».

Pues bien, al respecto, considero que los árbitros en su función creadora si tenían competencia para pronunciarse sobre lo peticionado, sin que con ello se afectara la libertad empresarial del empleador.

Resáltese que el conflicto colectivo es por esencia de interés y no necesariamente económico. Esto significa que la competencia de los árbitros no se agota en la fijación de cláusulas de contenido monetario, sino también en aquellas indirectamente económicas que fortalezcan los derechos, garantías y acciones tuitivas de los trabajadores o reequilibren su posición. Al respecto, en la sentencia CSJ SL5887-2016, esta Corporación señaló:

Un conflicto colectivo de interés se suscita por diferencias relativas a la determinación de derechos y obligaciones futuras. No surge por tanto de un diferendo acerca de un derecho existente, como ocurre con el conflicto jurídico, sino del interés de una de las partes de crear dicho derecho, plasmándolo en un convenio colectivo, y el interés de la otra parte de no hacerlo. En este orden, el conflicto de interés procura la creación, modificación o supresión de normas jurídicas laborales y, por ello, tiene una finalidad creadora o legislante.

Usualmente estos conflictos suelen ser conocidos como «económicos» debido a que un alto porcentaje de los temas discutidos tienen un impacto en los costos de mano de obra o representan un mejoramiento monetario de los trabajadores, empero, no siempre es así, dado que a la par de los beneficios y auxilios traducibles en cifras, también existen otro tipo de pretensiones que solo indirectamente podrían tener un efecto económico. Tal es el caso de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, formación profesional, diálogo, medidas de no represalias, procedimientos sancionatorios, etc.

El anterior contexto es necesario para comprender la función de los árbitros, pues esta no se agota en la fijación de cláusulas de contenido monetario, como podría pensarse. Su labor estriba en la resolución completa del conflicto, premisa que lleva inmersa el análisis integral de las peticiones directa o indirectamente económicas, así como de todas aquellas que fortalezcan los derechos, garantías y acciones tuitivas de los trabajadores o reequilibren su posición.

Todos estos aspectos son parte esencial en el conflicto de interés llamado a ser compuesto por los árbitros, ya que, según se sugirió, el «interés» de los trabajadores en la construcción de modelos laborales empresariales sólidos y cooperativos mediante la negociación colectiva, no siempre es traducible en cifras económicas. Existen otras propuestas incuantificables frente a las condiciones de trabajo y empleo, cuya positivización otorga a los trabajadores el poder de ejercer nuevos derechos, facultades o garantías, o son un realce, superación o consolidación de los ya existentes. Naturalmente, la resolución a través del mecanismo arbitral de estos puntos, indeterminables económicamente, es necesaria en clave a zanjar las diferencias e imprimir paz y estabilidad a las relaciones laborales.

Sustento así mi aclaración y salvamento de voto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL2192-2022 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.