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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2998-2023

Fecha
8 de noviembre de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2998-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NO ANULAR los artículos 4to y 15 NI DEVOLVER el artículo 11 del laudo arbitral del 18 de agosto de 2022, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AJE COLOMBIA -SINTRAAJE COLOMBIA- y la sociedad AJE COLOMBIA S.A. SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2998-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

8 de noviembre de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2998-2023

Radicación n.° 95271

Acta 42

Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el apoderado del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AJE COLOMBIA -SINTRAAJE COLOMBIA- contra el laudo arbitral del 18 de agosto de 2022, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la organización sindical recurrente y la sociedad AJE COLOMBIA S.A.

ANTECEDENTES

Según se desprende del laudo arbitral, el Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 1935 del 8 de junio de 2022 convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AJE COLOMBIA -SINTRAAJE COLOMBIA- y la sociedad AJE COLOMBIA S.A.

LAUDO ARBITRAL

El respectivo laudo arbitral fue emitido el 18 de agosto de 2022.

El tribunal de arbitramento sostuvo que:

1º) De acuerdo con lo establecido en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, en principio, tenía competencia para pronunciarse sobre la totalidad de los puntos del pliego de peticiones, pues, en la «etapa de arreglo directo las partes no llegaron a acuerdo alguno».

2º) En virtud de la jurisprudencia de esta Corte, los árbitros en la solución del conflicto económico debían proceder dentro de la equidad y atendiendo las circunstancias objetivas sociales y económicas del mismo, porque de lo contrario «podría viciarse de inexequibilidad el laudo respectivo y decidiendo sobre todas las peticiones de los trabajadores que no fueron objeto de acuerdo con el patrono, para acceder total o parcialmente a las mismas con las limitaciones ya vistas o negarlas por esas circunstancias».

3º) Carecían de competencia en torno a temas eminentemente jurídicos, administrativos o reglamentarios «que corresponden más a la composición o negociación directa de las partes, pues constituyen derechos o facultades reconocidas a éstas tanto en la Constitución, como en normas internacionales y en las leyes del trabajo».

III. RECURSO DE ANULACIÓN

Fue interpuesto por el apoderado del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AJE COLOMBIA -SINTRAAJE COLOMBIA-.

La organización sindical le solicita a la Corte, las siguientes declaraciones:

PRIMERA: […] decretar la anulación de lo decidido por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO en cuanto a las Peticiones Novena, Décima, Undécima y Duodécima del Pliego de Peticiones presentado por SINTRAJE COLOMBIA, y que en el LAUDO se resuelven con el Artículo 4., por falta de motivación material y evidente irracionalidad del criterio de equidad pues disminuye de manera ostensible conquistas alcanzadas por la organización sindical de tiempo atrás.

SEGUNDA: […] determinar la anulación del Artículo 15 del Laudo Arbitral proferido por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO por constituir una clara conducta discriminatoria en contra de los trabajadores preventistas.

TERCERA: Se devuelva al Tribunal de Arbitramento para que modifique lo fallado en el Artículo 11 del Laudo Arbitral, de forma tal que se reconozcan las reclamaciones de los trabajadores sindicalizados en SINTRAAJE COLOMBIA, relacionadas con el salario mínimo vital y móvil que con el fallo arbitral mantienen el statu quo de las prácticas empresariales en contra de los trabajadores preventistas, incorporando al Laudo Arbitral por lo menos los Parágrafos 1° y 5° a fin de que los trabajadores Preventistas tengan una mediana seguridad de que su labor va a ser debidamente remunerada y su ingreso salarial no va a depender de la voluntad exclusiva del empleador.

La sociedad AJE COLOMBIA S.A., presenta oposición.

1. Permisos sindicales

1.1 Pliego de peticiones

Novena: A partir del primero (l º) de septiembre de 2021[sic], EL EMPLEADOR concederá permiso remunerado un (1) día cada quince (15) días a la Junta Directiva Nacional de EL SINDICATO, para que ésta efectúe sus reuniones. Estos días serán el primer (1er.) sábado y el tercer (3er.) sábado de cada mes.

Décima: A partir del primero (1 º) de septiembre de 2021[sic], EL EMPLEADOR concederá treinta (30) días de permiso sindical remunerado a los trabajadores que sean designados por EL SINDICATO a asistir a Seminarios, Cursos, Talleres de Formación Sindical programados por el INES o la CGT, por el tiempo que éstos duren.

Undécima: Para diligencias y trámites de EL SINDICATO, EL EMPLEADOR concederá 120 días de permiso sindical remunerado a los integrantes de la Junta Directiva Nacional o a cualquier miembro del Sindicato si así lo requiere para cumplir funciones y comisiones inherentes a sus cargos.

Duodécima: EL EMPLEADOR concederá treinta (30) días de permiso sindical remunerado a los trabajadores que sean designados por el SINDICATO para asistir a los congresos Regionales, Nacionales o Internacionales convocados por la CGT, por el tiempo que estos duren.

1.2 Laudo arbitral

ARTÍCULO 4. PERMISOS SINDICALES. La Empresa concederá durante la vigencia del presente Laudo Arbitral, setenta (70) días de permiso sindical remunerado por cada año, para actividades de índole sindical, sin afectar el normal funcionamiento de la empresa.

Parágrafo 1: La Empresa concederá un sábado cada dos meses un permiso para máximo seis personas de la junta directiva. Parágrafo 2: La Empresa no descontará de los días de permiso sindical los días que los trabajadores participen en COPASS o Comité de Convivencia.

1.3 Argumentos del Sindicato Nacional De Trabajadores de Aje Colombia -Sintraaje Colombia-.

Aduce que el tribunal de arbitramento al acceder a las peticiones novena, décima, undécima y duodécima del petitorio sindical de la forma en que lo hizo,

[D]ebilitó el Derecho de Asociación Sindical, pues en la Convención Colectiva de Trabajo se especificaba de manera clara qué tipo de permisos y para qué actividades se concedían por parte de la empresa; un sábado cada mes de permiso sindical remunerado para los integrantes de la Junta Directiva que a la larga representaba 120 días al año, 35 días anuales para capacitación programada por el INES o la CGT, 40 días a distribuir entre los integrantes de la Junta Directiva, para diligencias o actividades relacionadas con el cargo o funciones. 8 días de permiso para asistir a congresos de la CGT de carácter regional, nacional o internacional. Esto quiere decir que son más de 203 días de permiso sindical remunerado. En contra vía de lo anterior los permisos sindicales fueron modificados por una bolsa de 70 días, sin ninguna claridad de para qué actividades se utilizarán, disminuyendo lo alcanzado durante años de lucha y dejando a las partes en un permanente estado de conflictividad por la interpretación que le den al tema.

Agrega que,

[L]o más grave es lo relacionado con los permisos sindicales a los integrantes de la Junta Directiva, pues de un permiso mensual los días sábado, para todos los integrantes de dicha junta, que insisto, anualmente representaban 120 días, el Tribunal de Arbitramento dispuso de un permiso cada dos meses y solo para seis integrantes de dicha junta, es decir lo disminuyó a 36 días al año, frente a lo cual caben preguntas como ¿Dónde quedan el principio de progresividad y la regla de no regresividad en materia laboral?¿Quién determina cuales seis son los directivos que van a asistir a las reuniones? ¿Los restantes cuatro directivos porque no pueden participar? ¿A razón de que la Junta Directiva debe sesionar con el escaso quorum deliberatorio? El tribunal en lugar de ser un agente de disminución de conflictividad ahora deja a la organización sindical en un conflicto interno, que se suma a los conflictos con la empleadora.

1.4 Argumentos de la sociedad Aje Colombia S.A.

Señala que el recurrente considera que el otorgamiento de permisos en los términos del laudo arbitral configura una afectación y detrimento a los acuerdos alcanzados anteriormente por la Organización Sindical, pero es deber informar a la Corte, que

[C]omo los permisos sindicales acordados y plasmados en acuerdos colectivos convencionales se otorgaban no sólo para SINTRAAJE sino también para la Organización Sindical SINALTRALAC, en ese sentido el Tribunal de Arbitramento de ninguna manera socavó los acuerdos anteriores, sino que, basado en estos, profirió decisión equitativa conforme sus competencias. Así mismo, en cuanto a lo que señala la Organización Sindical frente a la posible incongruencia en el otorgamiento de permisos sindicales en lo relativo a la asignación específica de la finalidad de los permisos sindicales que se otorgaron, se hace necesario señalar como el Tribunal cuenta con la competencia para adecuar de la mejor manera posible las peticiones del sindicato; en este sentido, la Corte Conforme lo subrayado, se hace evidente que el Tribunal de Arbitramento no profirió un fallo incongruente o que buscase afectar los acuerdos previamente alcanzados, como de manera desatinada lo señala el recurrente, pues resolvió la solicitud de la organización sindical dentro del límite de lo pedido y respetando el principio de congruencia; es así como en uso de sus competencias, profirió una decisión de manera razonable y proporcionada en equidad, situación que se ve sustentada en los antecedentes que omite señalar el recurrente, en los cuales es evidente que los acuerdos anteriores se alcanzaron entre la Compañía y dos organizaciones sindicales, no únicamente SINTRAAJE. Por lo mencionado, no es dable la ANULACIÓN solicitada por la Organización Sindical SINTRAAJE, más aún cuando el Tribunal de Arbitramento no superó sus competencias y garantizó de manera equitativa un otorgamiento de permisos sindicales.

CONSIDERACIONES

Para dar respuesta a los planteamientos se tiene:

1º) Tal como se explicó recientemente en sentencia CSJ SL609-2023, los árbitros no están obligados a ceñirse rigurosamente a las aspiraciones planteadas por los trabajadores en el pliego de peticiones, toda vez que gozan de un amplio marco de acción en la búsqueda de la paz laboral, a través de la solución más justa y equitativa del conflicto, siempre que sus decisiones no riñan en forma ostensible con el espíritu de equidad que las debe acompañar.

2º) Durante el trámite arbitral se puso de presente que los permisos sindicales que otrora se habían concedido en la convención colectiva de trabajo suscrita en el año 2014, no solo eran para el sindicato recurrente, sino también para la organización sindical denominada SINALTRALAC, por lo que en esta oportunidad el tribunal de arbitramento adecuó los permisos sindicales para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, solamente para SINTRAAJE, sin desconocer, eso sí, que son 53 trabajadores afiliados a dicho sindicato.

De suerte que no es dable increpar al tribunal de arbitramento por desconocimiento del principio de progresividad, pues su laborío buscó proporcionar soluciones balanceadas, condicionar y ajustar las peticiones a los dictados de la justa razón y la equidad (CSJ SL14879-2016).

3) En cuanto a una posible indeterminación de los diferentes permisos, debe recordar la Corte su doctrina atinente a que la justicia o injusticia abstracta de las normas debe ser evaluada pensando en la generalidad de los casos. Los aspectos grises, las dudas o indeterminaciones suscitadas por casos excepcionales, como lo planteado por el sindicato, deben ser solucionados a través de los métodos y principios de la hermenéutica jurídica, los cuales deben servir de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas (CSJ SL5295-2018), de suerte que deben ser resueltas por las propias partes, en uso de su autonomía colectiva y en una cultura de diálogo y cooperación, mas no a través del litigio, vía recurso de anulación (CSJ SL5887-2016, CSJ SL14879-2016, CSJ SL12219-2017 y CSJ SL4458-2018), pues nada impide a los interlocutores sociales crear de común acuerdo comisiones paritarias u otras que estimen pertinentes, encargadas de la función de emitir decisiones interpretativas en cuanto al sentido y alcance de una o varias cláusulas de la convención colectiva o laudo arbitral (CSJ SL938-2022).

Con este razonamiento, esta Corporación ha rechazado anular disposiciones normativas por dudas interpretativas planteadas por los recurrentes en anulación. En palabras de la Corte: «es difícil concebir una norma que adolezca de algún grado de indeterminación, que por medio de la interpretación jurídica no pueda ser determinada. Como también es difícil concebir una disposición oscura que a través de un ejercicio hermenéutico no pueda ser clarificada. Lo anterior y por, sobre todo, si se tiene de presente que la indeterminación o vaguedad semántica es una característica potencial de toda norma jurídica» (CSJ SL5887-2016, reiterada en CSJ SL14879-2016).

Debe quedar claro que, la solicitud de los permisos sindicales debe estar inspirada en los principios de: (i) autonomía sindical reconocido en el artículo 3.º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT, según el cual las organizaciones de trabajadores son libres de redactar sus estatutos y reglamentos, organizar sus programas y actividades y de formular su programa de acción (CSJ SL938-2022), y (ii) buena fe consagrado en los artículos 83 de la Constitución Política: «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas» y 55 del Código Sustantivo del Trabajo: «El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella», en la medida en que la buena fe debe presidir la ejecución del contrato de trabajo, pues, a no dudarlo, es un principio cardinal que gobierna la relación laboral, individual y colectiva, en aras de que se lleve a cabo de manera respetuosa y armónica.

4º) A la luz de lo asentado en la sentencia CSJ SL583-2021, reiterada en las CSJ SL2667-2021 y CSJ SL3132-2022, cuando se estima que un laudo arbitral es oscuro, incompleto, o no resuelve la totalidad del petitorio, debe acudirse a las figuras de la aclaración, adición o complementación, como lo permite el Código General del Proceso para las sentencias, en sus artículos 285 y 287 aplicables al procedimiento laboral por la integración señalada en el art. 145 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para que el mismo organismo que lo profirió, proceda a remediar tales inconsistencias, pues en materia de anulación la competencia de la Corte, como se ha explicado varias veces, es restringida y no contempla esa atribución (CSJ SL891-2017 y CSJ SL11983-2017).

Nótese que la organización sindical pregunta: «¿Quién determina cuales [sic] seis son los directivos que van a asistir a las reuniones? ¿Los restantes cuatro directivos porque [sic] no pueden participar? ¿A razón de que [sic] la Junta Directiva debe sesionar con el escaso quorum deliberatorio?» y, si para el recurrente emergen motivos de duda, se itera, apoyado en el remedio procesal estatuido en el artículo 285 del Código General del Proceso, debió solicitar la aclaración del laudo arbitral, pero ante la misma Corporación que lo profirió.

El precepto instrumental, dispone: «La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella […]».

De manera que, en la esfera o sede de anulación no es factible que la Corte aclare el laudo, cuando las partes no activaron el remedio procesal que en derecho corresponde.

En armonía con lo discurrido, no se accederá a la solicitud de la organización sindical.

2. Auxilio de alimentación

2.1 Pliego de peticiones

Trigésimo segunda: EL EMPLEADOR suministrará un auxilio de diez mil ($10.000) pesos para alimentación a sus trabajadores (as) de La Planta, en los turnos y horarios establecidos por la Oficina de Recursos Humanos para cada sección o máquina, con el fin de que en lo posible no se interrumpa el proceso normal de la producción.

PARÁGRAFO 1º. Tendrán derecho a gozar de este suministro de alimentación aquellos trabajadores (as) que se encuentren laborando efectivamente en La Planta y en su turno correspondiente.

2.2 Laudo arbitral

ARTÍCULO 15. AUXILIO DE ALIMENTACIÓN. La Empresa reconocerá a los trabajadores sindicalizados que desarrollen sus funciones en la planta de producción durante mínimo dos turnos rotativos, un auxilio no salarial para alimentación de cuatro mil cien pesos ($4.100) pesos, por día efectivamente laborado y en que preste sus servicios en la planta. Este auxilio no tiene incidencia salarial, prestacional ni parafiscal para ningún efecto. Este auxilio será reconocido igualmente a las personas que desarrollen su labor operativa en único turno por recomendaciones médicas certificadas.

2.3 Pliego de peticiones

Trigésimo tercera: A partir del primero (1º) de [s]eptiembre de 2021, EL EMPLEADOR pagará un auxilio de alimentación por valor de diez mil pesos ($10.000) diarios, a aquellos trabajadores que laboren al servicio de EL EMPLEADOR.

2.4 Laudo arbitral

El Tribunal decide NEGAR esta petición toda vez que[,] del análisis de los reportes financieros de la empresa, en especial las pérdidas acumuladas a la fecha, considera que no es oportuno otorgar una prestación adicional.

2.3 Argumentos del Sindicato Nacional De Trabajadores de Aje Colombia -Sintraaje Colombia-.

Aduce que las peticiones presentadas en el pliego de peticiones relacionadas con el auxilio de alimentación, Trigésima Segunda y Trigésima Tercera, buscaban que dicho auxilio se aplicara a la totalidad de los trabajadores al servicio de AJE COLOMBIA S.A., sin embargo, en una actuación inexplicable del tribunal de arbitramento este determinó que «dicho auxilio solo se aplicaría a los trabajadores de la Planta, descartando de su aplicación a los trabajadores denominados como Preventistas, sin ninguna justificación distinta a las pretendidas dificultades económicas de la empresa desconociendo de paso que la Constitución Nacional proscribe cualquier actuación que atente contra el goce efectivo de los mismos derechos, libertades y oportunidades».

2.4 Argumentos de la sociedad AJE COLOMBIA S.A.

Afirma que, en lo solicitado por el recurrente, se encuentra evidente que busca hacer incurrir

[E]n error al Despacho sugiriendo la exclusión e incluso vulneración del principio de igualdad por parte del Tribunal de Arbitramento al “(…) descartar de su aplicación a los trabajadores denominados como Preventistas (…)”2. Ahora, la Organización Sindical sí elevó petición relacionada con un auxilio de alimentación para la totalidad de los trabajadores que laboren al servicio de la Compañía en el artículo trigésimo tercero, sin embargo, el Tribunal de Arbitramento tomó una decisión sobre la solicitud del auxilio de alimentación para la totalidad de los trabajadores de la Compañía y, en atención a sus competencias, adoptando una decisión en equidad, decidió negarla.

Por lo mencionado, no es dable la anulación solicitada por la Organización Sindical SINTRAAJE, más aún cuando no se prueba de ninguna manera una vulneración por parte del tribunal de arbitramento «a la Constitución o las leyes y, cobrando mayor relevancia aun, se denota la intención de hacer incurrir en error a la Honorable Corte Suprema de Justicia omitiendo que la petición relacionada con el auxilio de alimentación general para los trabajadores se encontraba incluida en petición diferente a la resuelta mediante el artículo 15 del Laudo Arbitral».

IV. CONSIDERACIONES

Desde el umbral se recuerda lo solicitado por la organización sindical y lo decidido por el cuerpo arbitral, así:

PLIEGO DE PETICIONES

LAUDO ARBITRAL

Trigésimo segunda: EL EMPLEADOR suministrará un auxilio de diez mil ($10.000) pesos para alimentación a sus trabajadores (as) de La Planta, en los turnos y horarios establecidos por la Oficina de Recursos Humanos para cada sección o máquina, con el fin de que en lo posible no se interrumpa el proceso normal de la producción.

PARÁGRAFO 1º. Tendrán derecho a gozar de este suministro de alimentación aquellos trabajadores (as) que se encuentren laborando efectivamente en La Planta y en su turno correspondiente.

ARTÍCULO 15. AUXILIO DE ALIMENTACIÓN. La Empresa reconocerá a los trabajadores sindicalizados que desarrollen sus funciones en la planta de producción durante mínimo dos turnos rotativos, un auxilio no salarial para alimentación de cuatro mil cien pesos ($4.100) pesos, por día efectivamente laborado y en que preste sus servicios en la planta. Este auxilio no tiene incidencia salarial, prestacional ni parafiscal para ningún efecto. Este auxilio será reconocido igualmente a las personas que desarrollen su labor operativa en único turno por recomendaciones médicas certificadas.

PLIEGO DE PETICIONES

LAUDO ARBITRAL

Trigésimo tercera: A partir del primero (1º) de septiembre de 2021, EL EMPLEADOR pagará un auxilio de alimentación por valor de diez mil pesos ($10.000) diarios, a aquellos trabajadores que laboren al servicio de EL EMPLEADOR.

Trigésimo tercera. El Tribunal decide NEGAR esta petición toda vez que, del análisis de los reportes financieros de la empresa, en especial las pérdidas acumuladas a la fecha, considera que no es oportuno otorgar una prestación adicional […]

SEGUNDO: El Tribunal de Arbitramento niega las siguientes peticiones, conforme a los argumentos y consideraciones planteadas en la parte motiva de este Laudo: Vigesimocuarta, Trigésimo tercera, Trigésimo cuarta, Trigésimo quinta, y, Cuadragésima tercera, Parágrafo 1 y Parágrafo 2,

También se memora que lo pretendido por los trabajadores en el recurso extraordinario de anulación es «la anulación del Artículo 15 del Laudo Arbitral proferido por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO por constituir una clara conducta discriminatoria en contra de los trabajadores preventistas».

Salta a la vista la incongruencia de la organización sindical al buscar que se anule el artículo 15 del laudo arbitral, pues nótese que el tribunal de arbitramento concedió el auxilio de alimentación en coherencia con lo solicitado en la cláusula trigésima segunda del pliego de peticiones, toda vez que lo pretendido por el sindicato es que el mencionado auxilio le fuera otorgado «a sus trabajadores (as) de La Planta» y el tribunal lo concedió «a los trabajadores sindicalizados que desarrollen sus funciones en la planta de producción».

En lo que respecta a lo pedido en la cláusula trigésima tercera, la Sala entiende que los árbitros negaron el reconocimiento de un auxilio de alimentación a todos los trabajadores, teniendo como báculo la equidad, al considerar que por razones económicas no es oportuno y, en ese contexto, menester es recordar la vetusta línea de pensamiento de esta Corporación en cuanto a que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que se construyen sobre raciocinios íntimos, erigidos en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para expresar que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal (CSJ SL3258-2019).

Y, es que, a decir verdad, de los argumentos expuestos en la impugnación, emerge cristalino que la organización sindical busca desvirtuar la mencionada medida de justicia construida por los árbitros, cuestión que, como ya se dijo, es ajena a los propósitos del recurso de anulación, pues la motivación de las decisiones de los componedores no debe ser jurídicamente calificada (CSJ SL 3258-2019).

La Corte observa que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos. Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento».

O, dicho en otras palabras, la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas (CSJ SL3349-2020).

Más todavía: por mayor esfuerzo que haga un tribunal de arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el cuerpo arbitral para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se usen para observar el resultado final (CSJ SL1944-2021, CSJ SL2360-2022 CSJ SL1794-2022, CSJ SL2192-2022).

Ahora bien, en lo atinente a la motivación de los laudos arbitrales, juzga conveniente la Corte recordar que la discrepancia frente a las pocas o escasas motivaciones consignadas en el laudo, como lo tiene definido la jurisprudencia, en estrictez, no tiene como consecuencia rigurosa que la Corte quede habilitada para anularlo o devolverlo (CSJ SL12121-2017, del 9 de ago. 2017, rad. 78193, SL15705-2015, 7 de oct. 2015, rad. 71314, reiterada en fallos CSJ SL, del 3 de ago. y 7 de sep. 2016, rads. 70386 y 74793).

Ha enseñado la Corporación que cuando un tribunal de arbitramento aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular o devolver un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque simplemente no los haya invocado. No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé tal obligación y, por ende, no se podría con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.

En tal sentido se ha dicho:

[…] Considera la Corte que cuando un tribunal de arbitramento aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque simplemente no los haya invocado, como en el sub examine.

Indiscutiblemente si los árbitros hubiesen sido más explícitos en la motivación del fallo, con seguridad la decisión se habría mostrado mejor fundada y más convincente; empero, se insiste, que los motivos invocados como sustento de la decisión se hayan expresado feblemente o como en el sub lite, o no se hayan expresado, no es razón suficiente para que la Corte --en ejercicio de su facultad legal de verificar la regularidad del laudo y cuidar de que no se afecten derechos y facultades de las partes reconocidas en la Constitución Política, las leyes y las normas convencionales vigentes-- concluya que el tribunal de arbitramento obligatorio extralimitó el objeto para el cual se le convocó, o que efectivamente afectó derechos y facultades de los trabajadores afiliados al sindicato, porque es inherente a la misma decisión que ésta se tome acudiendo a tales principios, esto es, en equidad […].

[…]

Así las cosas, se torna indispensable distinguir entre el laudo que soluciona un conflicto jurídico, el que por asimilarse a una sentencia judicial debe dictarse con observancia de lo dispuesto en el artículo 136 citado, y el que pone fin al conflicto colectivo económico que por mandato del artículo 461 del CST, tiene el carácter de convención colectiva, en cuanto a las condiciones de trabajo, sobre el que no es previsible someterlo a las exigencias del referido artículo 136, entre otras, a las motivaciones jurídicas exigidas por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1, numeral 134 del D.E. 2282 de 1989, para las decisiones judiciales.

No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé la obligación de motivarlos y por ende, no podría la Corte con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.

[…]

En consecuencia, no es de recibo para la Corte, que un laudo arbitral proferido para la solución de un conflicto económico deba ser sustentado en los términos establecidos para las sentencias judiciales, so pena de nulidad. (CSJ SL, del 12 de jun. 2001)

Repárese en que resulta significativo que el organismo arbitral fue enfático en advertir que: (i) «en virtud de la jurisprudencia de esta Corte los árbitros en la solución del conflicto económico deben proceder dentro de la equidad y atendiendo las circunstancias objetivas sociales y económicas del mismo», y (ii) «El Tribunal decide NEGAR esta petición toda vez que del análisis de los reportes financieros de la empresa, en especial las pérdidas acumuladas a la fecha, considera que no es oportuno otorgar una prestación adicional», de suerte que, fácil se exhibe que el cuerpo arbitral también se guio por los principios generales contenidos en los artículos 1 y 18 del C.S.T. que establecen que la finalidad del Código Laboral es la de «lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, y que la interpretación de dicho Código, debe tener en cuenta esta finalidad», por lo que efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad y de las condiciones particulares del caso y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la anulación o devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados.

Por último, de entenderse que el Tribunal resolvió lesionando el principio de equidad, extralimitó su competencia o excedió los linderos del diferendo que debía dirimir, acontece que, como se explicó, la resolución de la Corte no sería otra que anular el artículo 15 del laudo arbitral, pero no podría reemplazarla como tampoco devolverla para que los árbitros adopten otra determinación. Y siendo lo anterior así, ello, a no dudarlo, redundaría en perjuicio de los trabajadores que laboran en las plantas, toda vez que, se repite, se quedarían sin el auxilio de alimentación.

Esta Corporación, en sentencia CSJ SL12121-2017, recordó que en la CSJ SL12507-2016, se explicó:

Para dar respuesta a los argumentos del sindicato baste recordar lo asentado por esta sala en sentencia de anulación SL9317-2016 del 29 de jun. 2016, rad.69336, en cuanto a que si la Corte en el presente asunto, anulara las cláusulas atacadas, que sin duda son benéficas de alguna manera para la organización sindical, lesionaría de manera frontal el principio prohibitivo de la reforma en peor, porque, se insiste, de anularlas no habría posibilidad jurídica de reemplazarlas, luego los trabajadores «perderían» lo que el Tribunal de arbitramento les concedió.

Allí también se insistió en que el laudo arbitral en conflictos de naturaleza económica, como el que ocupa la atención de la Sala, al resolver y fallar en equidad los puntos del pliego de peticiones que no fueron acordados por las partes en la etapa de arreglo directo, se constituye en un acto creador o generador de derechos que anteriormente no existían, o modificador de los ya existentes, o simplemente que impide o niega la creación o modificación pedida. De suerte que, al ser conferidas a los trabajadores ciertas prerrogativas por parte de los árbitros, como aquí aconteció, la anulación ahora pretendida por el sindicato a través del recurso de anulación iría en contravía de sus propios intereses.

En el anterior contexto, no se accederá a la solicitud del sindicato.

3. Aumento salarial

3.1 Pliego de peticiones

Vigesimoséptima: El incremento salarial para los trabajadores de AJE COLOMBIA afiliados al sindicato SINTRAAJE COLOMBIA será de la siguiente manera: A partir del primero (1º) de enero de 2022 se incrementará en un porcentaje igual al IPC del año 2021 más 5 puntos, de igual manera se realizará un incremento equivalente al IPC del año 2021 mas [sic] (+) 5 puntos sobre el valor pagado actualmente por comisión correspondiente a cada SKU en el caso de los preventistas. En el caso de los preventistas que por motivos de salud se encuentran reubicados, EL EMPLEADOR realizará el incremento salarial sobre el total del salario devengando al Primero de enero de 2022.

PRODUCTO

EMBALAJ

E POR PACA

VALOR

COMISIÓN

Una Paca de Gaseosa 3.020 c.c.

6 unidades

$ 210,00

Una Paca de Gaseosa 2.100 c.c.

6 unidades

$ 103,00

Una Paca de Gaseosa 1.600 c.c.

8 unidades

$ 125,00

Una Paca de Gaseosa 911 c.c.

8 unidades

$ 110,00

Una Paca de Gaseosa 535 c.c.

12 unidades

$ 104,00

Una Paca de Gaseosa 400 c.c.

12 unidades

$ 104,00

Una Paca de Gaseosa 250 c.c.

12 unidades

$ 52,00

Una Paca de Jugo Cifrut 3.000 c.c.

6 unidades

$ 315,00

Una Paca de Jugo Cifrut 1.700 c.c.

8 unidades

$ 309,00

Una Paca de Jugo Cifrut 400 c.c.

12 unidades

$ 234,00

Una Paca de Jugo Cifrut 250 c.c.

15 unidades

$ 117,00

Una Paca de Jugo Cifrut Tetra Pak 250 c.c.

6 unidades

$ 46,80

Una Paca de Jugo Cifrut Fresh 400

c.c.

12 unidades

$ 220,00

Una Paca de Jugo Cifrut Fresh 620

c.c.

12 unidades

$ 301,95

Una Paca de Jugo Pulp 250 cc

6 unidades

$ 70,00

Una Paca de Jugo Pulp 400 cc

12 unidades

$ 330,00

Una Paca de Jugo Pulp 1.500 cc

6 unidades

$ 440,00

Una Paca de Agua Cielo 2.500 c.c.

6 unidades

$ 302,50

Una Paca de Agua 1.000 c.c.

12 unidades

$ 433,00

Una Paca de Agua sin gas 620 c.c.

24 unidades

$ 458,00

Una Paca de Agua con gas 620 c.c.

15 unidades

$ 286,00

Una Paca de Agua 300 c.c.

24 unidades

$ 302,50

Una Paca de Sporade 500 c.c.

12 unidades

$ 302,50

Una Paca de Sporade 500 c.c.

15 unidades

$ 378,00

Una Paca de Cool Tea 400 c.c.

12 unidades

$ 288,75

Una Paca de Bio Aloe 500 cc

12 unidades

$ 330,00

Una Paca de Big Niños 250 cc

12 unidades

$ 75,00

Una Paca de Recovery 500 cc

12 unidades

$ 165,00

Una Paca de Cifrut Max 1.500 cc

6 unidades

$ 232.00

Una Paca de Cifrut Max 500 cc

12 unidades

$ 234.00

Una Paca de Bio Amayu 300 cc

6 unidades

$ 450.00

PARÁGRAFO 1º: A efectos de precisar algunos términos aquí manejados y que hacen parte directa del salario las partes acuerdan el siguiente Glosario, así como el valor actual de comisión y que será tomado como referencia para el respectivo incremento:

PARÁGRAFO 2°: EL EMPLEADOR se compromete a negociar con EL SINDICATO la comisión correspondiente a los SKU nuevos lanzados en un futuro.

PARÁGRAFO 3°: EL EMPLEADOR pagará al Preventista la totalidad de las pacas prevendidas, así el vehículo no efectúe la entrega cuando sea responsabilidad directa de la empresa, (no tener vehículos disponibles para la entrega, no contar con personal capacitado para realizar las entregas, Despachar los vehículos demasiado tarde, no contar con el suficiente inventario de producto para poder cumplir con los pedidos realizados por los preventistas.) De la misma manera EL EMPLEADOR tendrá suficientes existencias de los productos prevendidos, pues de lo contrario cancelará al Preventista la totalidad de los faltantes de la preventa.

PARÁGRAFO 4°: En caso de que el trabajador que no tenga fuero sindical fuese reubicado de ruta y su salario se ubicara por debajo del salario promedio que venía percibiendo, la empresa le garantizará el salario recibido en su ruta anterior, con las mismas condiciones.

PARÁGRAFO 5°: Cuando la empresa por cualquier motivo efectuara [sic] un recorte a la ruta asignada al Preventista, esta le garantizará el pago de las pacas recortadas.

3.2 Laudo arbitral

ARTÍCULO 11. SALARIOS. El incremento salarial para los trabajadores de AJECOLOMBIA afiliados al sindicato SINTRAAJE COLOMBIA será de la siguiente manera: A partir del primero (1o) de marzo de 2022[sic], los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2022[sic], distintos al salario mínimo mensual vigente, se incrementarán en el IPC del año 2021 más 1 punto. Así mismo, para el año 2023, los salarios vigentes al 28 de febrero de 2023 se incrementarán a partir del 01 de marzo de ese año en un porcentaje no inferior al IPC del año inmediatamente anterior más 0,5 puntos.

Parágrafo 1. La Empresa divulgará a los trabajadores y con la debida anticipación, los cambios que se efectúen en la política o estructura de compensación variable (comisiones, metas, condiciones en cajas, etc.) que implemente la Empresa.

Parágrafo 2. Las partes acuerdan que los incrementos de salarios pactados son imputables a cualquiera otros que AJECOLOMBIA S.A., tuviere que hacer por disposición legal, convencional, arbitral o derivados de acuerdos de cualquier clase, o que por mera liberalidad realice la empresa; todo en tal forma que si estos aumentos pactados o fijados por cualquiera de los medios legales, normativos, o voluntarios, fueren inferiores a los que se pactan, estos no se alterarán, pero si fueren superiores AJECOLOMBIA S.A. sólo estará obligado al reajuste y pago de la diferencia.

Consideraciones del tribunal de arbitramento

El Tribunal de Arbitramento en forma unánime considera que CARECE de competencia para definir los Parágrafos del 1º al 5º del presente artículo toda vez que es de competencia exclusiva del empleador o del acuerdo entre las partes.

3.3 Argumentos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aje Colombia -Sintraaje Colombia-.

Sostiene que:

[E]n relación con el tema salarial, de los trabajadores Preventistas, es de larga data la reclamación de SINTRAAJE COLOMBIA, en el sentido de que el tema ha venido siendo manejado de parte de la empleadora a su arbitrio y sin que haya sido posible que ésta dé sentido real al espíritu de un contrato, que no es otro que las reglas del juego en el descritas se cumplan por las partes que lo suscriben.

Muchos de los trabajadores que hoy tienen contrato de Trabajo con la empleadora, cuando ingresaron a ésta firmaron un Contrato de Trabajo donde las condiciones salariales eran completamente distintas, pues en ese contrato inicial se establecía que el Salario Básico era el Salario Mínimo Legal Vigente más comisión por ventas y fue la empleadora la que de manera unilateral impuso modificaciones que llevaron a que hoy ese básico sea el equivalente al 50% del Salario Mínimo Legal Vigente. Otro aspecto que de manera importante ha venido golpeando el ingreso de los trabajadores es que en la empresa desde hace mas [sic] de cinco años las comisiones por venta, que se miden por un término conocido como Pacas, no han tenido ninguna clase de incremento, limitándose la empleadora a aumentar el Salario Básico en porcentajes cercanos al IPC más un punto porcentual, sin acrecentar los valores de las tablas de comisión por ventas, con lo cual el salario de los trabajadores, conformado en un porcentaje cercano al 20% por concepto de Salario Básico y un 80% por concepto de Comisión por ventas, ha venido perdiendo capacidad adquisitiva de manera sustancial. Aspecto lamentable lo constituye el hecho de que a los trabajadores Preventistas la empresa de forma injusta viene desconociéndoles el pago del salario a que tienen derecho, luego de cumplir con su labor, pues en el Contrato de Trabajo incluyó una cláusula que establece que no obstante haber conseguido que los clientes comprasen los diferentes productos ofrecidos, si estos no son ubicados al cliente, ya sea porque la empresa no cuenta con el producto ofrecido o porque los vehículos que lo entregan no llegan a su destino, la empresa no paga las comisiones, con lo cual el día de trabajo o parte de éste realizado por el Preventista queda sin pago alguno, cuando no es responsabilidad del trabajador que la empresa no disponga del producto ofertado o que la empresa no cuente con una logística adecuada para que los productos lleguen al cliente. En diferentes escenarios la empresa se jacta de que sus trabajadores reciben ingresos superiores a dos salarios mínimos legales, pero lo que no comenta es que tales ingresos no constituyen salario en su totalidad y que los mismos obedecen a una política de premios por metas alcanzadas durante la labor del mes, con lo cual se evita que a los trabajadores se les tenga en cuenta dichos ingresos para efectos de liquidación de cesantías, primas, interese a cesantías y demás prestaciones sociales legales y extralegales. Es insistente la práctica empresarial de imponer sus criterios y voluntad en las reglas de juego con las cuales los trabajadores se vinculan a la labor de Preventistas, pues lo que inicialmente constituye hoy una Paca, mañana la empresa lo modifica a su libre arbitrio en contra de los trabajadores, tal es el caso de la Paca de agua que para el año 2017 estaba conformada por 12 unidades, la empresa de forma unilateral dispuso que dicha Paca se conformaba ya no por 12, sino que en adelante se conformaba de 15, con lo cual incrementa sus ventas y la labor del Trabajador, pero a estos no les incrementó la comisión por venta. El aumento salarial otorgado por el Tribunal de Arbitramento es a todas luces inequitativo y no se ocupa de regularizar las injusticias aquí planteadas, como tampoco se ocupa de actuar para la realidad que viven los trabajadores Preventistas, convirtiéndose dicha decisión en un lavatorio que no asume ningún compromiso con miras a establecer reglas de juego claras para las partes, limitándose a decretar un aumento de salarios que es entendible para trabajadores que devengan un salario fijo, pero no para aquellos cuyo ingreso está conformado en más de un 80% por comisiones por venta.

La aspiración sindical de incluir en el documento regulador de las relaciones laborales con la Empresa, los parágrafos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° se fundamentaba en el interés de elevar al rango documental, ya fuera Convención Colectiva de Trabajo o ya sea Laudo Arbitral, algo que hoy se viene aplicando entre las partes y que así se acordó al momento de la suscripción de los Contratos Individuales de Trabajo, es decir el Parágrafo 1°, que la empresa ha modificado de manera unilateral, y que para el caso del Parágrafo 5°, son reiteradas las ocasiones en que la Empresa incumple con la entrega de los productos prevendidos por los Preventistas, en cumplimiento

3.4 Argumentos de la sociedad Aje Colombia S.A.

Explica que frente al contenido de los parágrafos 1, 2, 3, 4, 5 del artículo vigésimo séptimo del pliego de peticiones, es menester señalar que el tribunal de arbitramento determinó no ser competente para definir lo contenido en las mencionadas peticiones, en ese sentido, no es dable la devolución por cuanto los árbitros sí se pronunciaron en torno al petitorio.

Añade que, se hace evidente que la argumentación presentada por la Organización Sindical, la cual se reduce a señalar «asuntos de carácter individual sin fundamento e incluso de reglas que considera se deberían imponer a las partes en el manejo de sus relaciones contractuales, claramente no tiene incidencia alguna con la finalidad que persigue el Recurso de Anulación frente a un Laudo Arbitral. En cuanto al contenido de los parágrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo vigésimo séptimo del Pliego de Peticiones, es necesario señalar al Despacho que el contenido de estos refiere particularmente al pago y valor de las comisiones, ahora bien, se hace relevante traer a colación lo reiterado por la Corte Suprema de Justicia en diferentes decisiones, en cuanto a la imposibilidad del Tribunal de Arbitramento, con ocasión a sus competencias, de dictar decisiones en tal sentido».

Por lo mencionado, no es procedente la devolución solicitada por la Organización Sindical SINTRAAJE, teniendo en cuenta que el recurso de anulación no contiene argumentos concluyentes que permitan dilucidar el error del tribunal de arbitramento frente a su decisión de inhibirse de decidir sobre los parágrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo vigésimo séptimo del Pliego de Peticiones. Así mismo, por cuanto el contenido de las peticiones plasmadas en los parágrafos guarda estricta relación con asuntos de organización, dirección y control de la Compañía, los cuales son facultad exclusiva del empleador o de un acuerdo de las partes.

IV. CONSIDERACIONES

Como se exhibe palmario de los diferentes parágrafos, si lo que pretende la organización sindical es establecer un glosario, el valor de la comisión que sirva como referencia para el respectivo incremento salarial, parámetros, fórmulas y reglamentación para su reconocimiento, a no dudarlo, son materias que escapan de la órbita de competencia de un tribunal de arbitramento por afectar el poder administrativo, directivo y subordinante del empleador.

Al punto, la Corte, en sentencias CSJ SL1932-2023 y CSJ SL4317-2022, memoró la providencia CSJ SL9346-2016, reiterada en la CSJ SL1049-2017, en la que fijó su posición respecto a la falta de competencia del cuerpo arbitral para resolver asuntos como el planteado en los puntos bajo escrutinio. Esto explicó:

[…] en lo que incumbe al establecimiento de comisiones o remuneración por ventas y la creación de una reglamentación para su causación y reconocimiento, dependiendo o no del cumplimiento de metas, el Tribunal de arbitramento no tiene competencia para conocer de este tipo de cláusulas, en la medida que ello debe ser el fruto del acuerdo entre empleador y trabajador, pero no de la fijación de condicionamientos u obligaciones impuestas por los árbitros, a lo que se suma que es la propia ley la que establece quién debe pagar y recibir salario, lo que constituye salario o no y además consagra que los contratantes pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades.

En relación a esta clase de cláusula, la sentencia de anulación CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 53107, señaló:

Igualmente, no es competente el Tribunal para establecer toda una reglamentación de la forma como debe establecerse en la empresa el régimen de comisiones, tal como se propone en el punto 9 del pliego de peticiones, definiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éstas se han de causar, pues es a las partes a las que le compete convenir libremente dichas condiciones de trabajo, sin que pueda invadir el Tribunal la autonomía de la voluntad del empleador en la planeación, organización, dirección y control de su empresa, como se pretende.

En definitiva, el Tribunal de arbitramento en este asunto carece de competencia para decidir sobre los puntos mencionados relativos a contratos de trabajo, pago de comisiones y metas de cumplimiento, ello en los términos en que aparecen solicitados en el pliego de peticiones.

Valga puntualizar que, los interlocutores sociales en una convención colectiva de trabajo o pacto colectivo de trabajo pueden establecer determinados beneficios, pero ello por sí solo no habilita al tribunal de arbitramento para que los plasme en un laudo arbitral, porque, se itera, existen derechos que al ser propios de las partes, los árbitros carecen de competencia, lo que, a las claras, les impide pronunciarse alrededor de ellos, y esto no significa que su incompetencia atente contra el derecho de asociación, principio de igualdad o se torne discriminatorio. Dicho en breve, y sin tapujos, existen ciertos aspectos que solo pueden ser regulados y acordados por las partes a través de la autocomposición (convención o pacto colectivo), que escapan de la órbita de un tribunal de arbitramento (heterocomposición). Lo que la Constitución Política y la ley reservan para el acuerdo entre las partes, no puede ser materia de decisión arbitral.

De suerte que, no hay mérito alguno para que se devuelva al tribunal.

• Consideración final

Por último, en relación con las diferentes denuncias planteadas por la organización sindical que, según ella, afectan el derecho de asociación, debe advertirse que su resolución escapa de la palmaria competencia de la Corte Suprema de Justicia que le atribuye la Constitución y la Ley.

En fallos de anulación CSJ SL5227-2018 y CSJ SL4434-2019, la Corporación rememoró que por mandato de los artículos 39 de la Constitución Política de 1991 y 354 del C.S.T. se impone el deber para cualquier persona, incluido el empleador, de respetar el derecho de asociación de los trabajadores, so pena de recibir sanciones de carácter económico y penal, sanciones que, se itera, escapan de esfera de competencia de esta Sala.

Igualmente, escapan de la competencia del tribunal de arbitramento y de esta Corte, por la potísima razón de que se tratan de conflictos jurídicos que emanan de manera directa o indirecta del contrajo de trabajo.

Las costas en el recurso extraordinario están a cargo del sindicato recurrente, en razón de que el recurso presentado no prosperó y la empleadora presentó réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo preceptuado en el artículo 366 del CGP.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO ANULAR los artículos 4to y 15 NI DEVOLVER el artículo 11 del laudo arbitral del 18 de agosto de 2022, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AJE COLOMBIA -SINTRAAJE COLOMBIA- y la sociedad AJE COLOMBIA S.A.

SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su cargo.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Aclara Voto Parcial

Salva Voto Parcial

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclaro voto

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación no 95271

Sindicato Nacional de Trabajadores de AJE Colombia -Sintraaje Colombia- contra la sociedad AJE COLOMBIA S.A.

Con el acostumbrado respeto por la decisión que adoptó la Sala y, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, me permito aclarar el voto, frente al estudio de la cláusula 15° del laudo arbitral, denominada “auxilio de alimentación”, toda vez que, a mi juicio y conforme las razones que a continuación expongo, la manifiesta inequidad no constituye causal de anulación.

Manifiesta inequidad como causal de anulación

La mayoría de la Sala considera que, en el trámite del recurso de anulación, su competencia se extiende a: «i) verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de éstas; y v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia», (CSJ SL17703-2015 reiterada en SL5227-2018). No obstante, en mi criterio, el campo de acción que, en estos asuntos, la ley le otorga a la Corte no consulta tal amplitud.

En efecto, conforme a los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 143 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la función de esta Corporación se restringe a: (i) examinar que la decisión no vulnere derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes, (ii) corroborar que el Tribunal de arbitramento no extralimite el objeto para el cual fue convocado y decida todos los puntos respecto de los cuales debía pronunciarse por tener competencia para ello.

Por tanto, considero que no es viable que la Corte analice las cláusulas del laudo arbitral bajo la acusación de ser abiertamente inequitativas, toda vez que ni la normativa procesal ni la sustancial laboral contemplan tal motivo de anulación; luego, dicha postura carece de justificación legal, sin que sea pertinente que el juez elabore una interpretación extensiva al respecto, pues, por tratarse de un medio de impugnación extraordinario, el mismo es rogado, dispositivo, taxativo y debe limitarse a las causales específicamente autorizadas por el legislador.

Además, los jueces laborales unipersonales y colegiados tienen competencia para resolver conflictos jurídicos; esto es, los relativos a la interpretación y aplicación de normas preexistentes. Sus decisiones son en derecho y, por mandato del artículo 3º del código adjetivo en cita, no conocen de conflictos económicos cuyo fin es la creación o modificación de beneficios laborales.

Así, a diferencia de los jueces arbitrales, quienes edifican su decisión en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las providencias que emiten los jueces laborales deben sustentarse en argumentos jurídicos y conforme a los supuestos fácticos y el acervo probatorio que las partes pongan a su disposición y los medios de convicción que, eventualmente, decreten de oficio, por considerarlos pertinentes, conducentes y necesarios para esclarecer el asunto.

Al respecto, esta Sala ha reiterado que, «mientras en las sentencias ordinarias se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto», (CSJ SL1062-2023).

En tal sentido, cuando la Corte examina la eventual inequidad de un beneficio del laudo arbitral, desconoce su obligación de interpretar y aplicar normas preexistentes. En su lugar, realiza juicios de valor acerca de la equidad o inequidad de un beneficio conforme al estudio de los diferentes aspectos económicos y financieros que permean el conflicto, circunstancia aquella que, como se expuso, le está vedado por ley.

En otros términos, cuando la Sala se ocupa de verificar que el contenido del laudo sea equitativo, invade la órbita de los árbitros al sustituir el criterio de estos por el del juez y desconoce la amplia discrecionalidad que aquellos tienen de fallar con fundamento en razonamientos de proporcionalidad y razonabilidad.

Considero, además, que el análisis de la inequidad manifiesta de una cláusula arbitral, implica el desconocimiento del derecho a la igualdad de las partes, en tanto pone a las organizaciones sindicales en una situación de desventaja frente a sus empleadores.

Lo anterior, por cuanto, en la práctica, únicamente estos últimos podrán acudir a esa causal jurisprudencial para solicitar la anulación de una prerrogativa, que, de ser viable, les significará una ganancia.

No obstante, la situación de los sindicatos es distinta. En efecto, recuérdese que, en el trámite del recurso de anulación, la Sala no tiene competencia para devolver el laudo a los árbitros cuando niegan una petición, ni tampoco decidir en lugar de ellos; de ahí que si el juez de la heterocomposición niega o concede parcialmente un beneficio y la organización sindical acude en anulación por considerar que tal decisión es inequitativa, la Corte no podrá devolver el asunto al Tribunal para obtener de él un nuevo pronunciamiento que consulte los intereses del sindicato y, menos aún, suplir el examen de lo pretendido y adoptar cualquier determinación en su remplazo.

Por último, considero que el abstenerse de estudiar las cláusulas atacadas por «inequidad manifiesta» constituye un método suasorio para que el diálogo social fluya y las diferencias o conflictos que se susciten sean resueltos directamente por sus actores, todo, en consonancia con los mecanismos destinados a facilitar la negociación colectiva, entre ellos la revisión de las cláusulas de la convención o del laudo que se consideren onerosas; postura que coincide con el criterio que el Comité de Libertad Sindical ha referido en sus recomendaciones, por ejemplo, en el párrafo 1326 señaló:

Si bien ciertas reglas y prácticas pueden facilitar el desarrollo de la negociación colectiva y contribuir a promoverla, y si algunas medidas pueden facilitar a las partes el acceso a ciertas informaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de su unidad de negociación, sobre los salarios y condiciones de trabajo en unidades vecinas y sobre la situación económica general, todas las legislaciones por las que se instituyen organismos y procedimientos de mediación y conciliación destinados a facilitar la negociación entre copartícipes sociales deben salvaguardar la autonomía de las partes implicadas en la negociación. Por todo lo anterior, en lugar de conferir a las autoridades públicas poderes de asistencia activa, e incluso de intervención, que les permitan hacer prevalecer su punto de vista, es más conveniente tratar de convencer a las partes implicadas en la negociación que por su propia voluntad deben tener en cuenta las razones capitales relacionadas con las políticas económicas y sociales de interés general que el gobierno ha mencionado (resaltado fuera del texto original).

En conclusión, a mi juicio la inequidad de una cláusula no constituye causal de anulabilidad de los laudos arbitrales por no estar contemplada en la ley y, en consecuencia, cuando las partes acudan a tales argumentos, los mismos deben rechazarse.

Conforme a lo discurrido, aclaro el voto.

Fecha ut supra

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Magistrada

ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Empresa: AJE COLOMBIA S.A.

Sindicato: SINTRAAJE COLOMBIA

Radicación: 95271

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que aclaro el voto en cuanto a las cláusulas 4.° -permisos sindicales- y 15 -auxilio de alimentación-, respecto de las cuales la Sala plantea la posibilidad de efectuar un análisis de la decisión cuando se advierta una «manifiesta inequidad».

Lo anterior, porque como lo he expuesto en múltiples oportunidades, una vez negada o concedida la cláusula -como sucedió en este asunto- la Corte no puede emitir una decisión de reemplazo, sin necesidad de referise al tema de la equidad.

Lo anterior precisamente me ha llevado a considerar en diversas oportunidades que la inequidad manifiesta no es una causal de anulación en este recurso extraordinario. Para explicar esta postura, transcribo las consideraciones que la han soportado:

(...) la «inequidad» no constituye una causal de anulación. En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, he señalado que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

“En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

En esta perspectiva, la Sala debió rechazar los reparos que el sindicato fundó en una supuesta inequidad y no abordar su estudio, por lo que al respecto salvo mi voto.

Asimismo, en cuanto a las alusiones que la Sala hizo respecto a la inequidad manifiesta son inanes, pues en últimas, tal como lo expliqué, de nada serviría elucidar si lo que negó o concedió el Tribunal fue inequitativo, dado que inevitablemente deberá mantenerse la cláusula ante la imposibilidad de dictar una decisión de reemplazo, de ahí la evidente desventaja del sindicato en la configuración de esta causal de anulación.

Adicionalmente, estimo oportuno indicar que en el caso específico de la cláusula 15, la Sala aduce que «no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para expresar que es ilegal», determinación que no comparto, precisamente, porque la competencia de la Corte en el recurso extraordinario de casación se circunscribe a verificar que las cláusulas cuestionadas no afecten derechos o facultades reconocidas por la ley o convencionalmente a las partes, lo que claramente implica un análisis de la legalidad de la decisión y su motivación.

Y, es en ese sentido, que el sindicato sustentó el recurso de anulación, en tanto cuestionó el Tribunal excluyera a los «trabajadores preventistas» del auxilio de alimentación, pese tener derecho al «goce efectivo de los mismos derechos, libertades y oportunidades», argumento que la Sala no analizó, a pesar que era el punto central del recurso.

Por otra parte, salvo el voto parcialmente en cuanto a la cláusula 11 -salario-, específicamente en lo que respecta a la implementación de un glosario del valor de las comisiones a efectos de que hicieran «parte del salario» y, por esa vía, sirviera como parámetro para el incremento salarial.

Al respecto, el Tribunal se abstuvo de decidir tal beneficio al considerar que carece de competencia para ello y la Corte le da razón, bajo el argumento que los árbitros no están facultados para emitir un pronunciamiento sobre el particular, porque «afecta el poder administrativo, directivo y subordinante del empleador».

Sin embargo, discrepo de tal criterio, pues, a mi juicio, los árbitros en ejercicio legítimo de sus facultades están en capacidad de discernir y decidir qué conceptos hacen parte o no del salario para los beneficiarios del laudo, en tanto no existe impedimento legal alguno para que ese aspecto se defina mediante el mecanismo de la heterocomposición, por tratarse de aspectos económicos de la relación laboral susceptibles de ser definidos en el laudo.

En efecto, como lo he expuesto en anteriores oportunidades, el salario y su incremento son aspectos que, por definición, pueden ser mejorados a través de la negociación colectiva, la cual puede resultar en un convenio colectivo o en un laudo arbitral, sin que sea de recibo privilegiar la libertad de empresa sobre el derecho de las organizaciones de trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y salariales mediante procedimientos de negociación colectiva.

Dejo así sustentado mi aclaración y salvamiento de voto parcial.

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