Dice que, en ese contexto, el Tribunal se limitó a expresar que esta decisión es discrecional de la empresa y no consideró la propuesta económica que trae la misma, pues, de su lectura se puede establecer que no se niega la posibilidad legal de la terminación sin justa causa con indemnización, sino que se incrementa el valor por concepto del despido, situación a todas luces loable, en aras de mejorar las condiciones de estabilidad laboral de los sindicalizados. Por lo tanto, teniendo en cuenta que sí es una solicitud con contenido económico, el tribunal lo debió estudiar de fondo y emitir una decisión sobre la misma.
1.4 La réplica conjunta del empleador
Arguye que carece de soporte la afirmación de la organización sindical, quien plantea su inconformidad como si el tribunal de arbitramento sencillamente hubiere hecho una afirmación genérica sobre su falta de competencia en los asuntos antedichos, omitiendo cualquier consideración sobre las razones suficientemente esgrimidas para justificar la decisión; no obstante, al dar lectura al laudo arbitral se evidencia que contrario a lo afirmado, el tribunal sí motivó la decisión en cada uno de los puntos mencionados.
Así las cosas, ningún error por ausencia de motivación puede endilgarse en el laudo, cuando y como de la simple lectura de las decisiones adoptadas en los artículos se observa que el Tribunal explicó las razones que motivaron su decisión.
V. CONSIDERACIONES
Lo primero que hay que decir es que es criterio pacífico de esta Corte que los árbitros no tienen competencia para restringir la facultad de los empleadores de realizar despidos sin justa con el pago de las indemnizaciones correspondientes, puesto que una limitación de esas características debe surgir de la libre negociación de las partes (CSJ SL9346-2016, CSJ SL3116-2020 y CSJ SL5117-2020, CSJ SL1309-2022, entre muchas), por lo que, sin duda, atinó el cuerpo arbitral al estimar que carecía de competencia para decidir en torno a este punto.
En cuanto al incremento de la tabla de indemnización repárese en que el tribunal de arbitramento la negó no por falta de competencia, sino por razones de equidad, proporcionalidad y no discriminación; y siendo ello así, como efectivamente lo es, se impone reiterar la doctrina según la cual únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si los árbitros resolvieron negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017, CSJ SL del 11 de feb. 2000, rad. 13874).
Esta Corporación, en fallo CSJ SL8157-2016, del 8 de jun. Rad. 74171, explicó:
En estas condiciones, de entrada se advierte la improcedencia de la petición del sindicato, pues debido a las competencias regladas de esta Sala, no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación dictar fallos de reemplazo o remitir el expediente al tribunal.
[…]
Ahora, si en gracia de discusión se dijera que el objeto anulable es precisamente la decisión de los árbitros de negar las peticiones del pliego, ello a nada conduciría, pues de todas formas la Corte no podría entrar a emitir una decisión de reemplazo como tampoco a devolver el expediente al tribunal.
A su vez en sentencia CSJ SL17889-2017, se dijo:
Con dicha introducción viene al caso distinguir entre las disposiciones negativas del laudo que, se reitera, no son susceptibles de reemplazarse por la Corte o de ser reestudiadas por el Tribunal de arbitramento por el camino de los reenvíos, tal cual se ha explicado, con aquellas que generan algún tipo de contenido normativo u obligacional y que, se insiste, son las únicas que pueden en un sentido estricto mantener o perder su validez y eficacia por fuerza del recurso extraordinario de anulación estudiado.
[…] Como ya se ha dicho, y sin que sea necesario ahondar y explicitar las razones que la Corte ha hallado en recursos anteriores para advertir la inviabilidad de las mismas cuando se han concedido pero fueron impugnadas en su momento, lo cierto es que el ataque de la asociación sindical no puede llegar a feliz puerto, puesto que la anulación de la negativa del tribunal a concederlas no tiene por reverso que la Corte asuma el rol del tribunal de arbitramento y en consecuencia falle en equidad tales pedimentos, pues su competencia está limitada a anular o dejar vigentes las disposiciones del laudo según su criterio, resolviendo todo desde su vista como juez de derecho.
Por último, contrario a lo que aduce el recurrente, el hecho que los árbitros no hayan explicado en detalle las razones de equidad ello no le resta validez a la decisión, pues lo cierto es que sí hubo motivación al haberse referido a las pruebas y sobre la situación financiera de la Compañía, «el Tribunal consideró los documentos aportados por BIMBO DE COLOMBIA S. A. y por las [o]rganizaciones [s]indicales, que se observan en el expediente», lo cual descarta una posible omisión en la fundamentación. La jurisprudencia ha indicado, con profusión, que por tratarse de decisiones en equidad no requiere una exhaustiva y minuciosa sustentación.
Por lo expuesto, no le asiste razón al sindicato recurrente, por ende, no se devolverá la disposición arbitral bajo examen.
2. Vacaciones de los trabajadores
2.1 Pliego de peticiones
Artículo 17.- Vacaciones de los trabajadores: La empresa concertará con los trabajadores la fecha de salida a vacaciones, previo cumplimiento del proceso establecido para al fin.
Parágrafo 1.- No se podrán acumular más de dos períodos de vacaciones y se le dará prioridad a quienes tengan más tiempo de trabajo sin haberlas redimido.
Parágrafo 2.- Los sábados no serán considerados como días hábiles para el disfrute de dichas vacaciones.
Parágrafo 3.- Dado el caso que el trabajador tenga discrepancias frente a la programación de vacaciones que le ha sido asignada, el caso se discutirá en los Comités de Relaciones Laborales y Diálogo Social.
Parágrafo 4.- La empresa desarrollan y entregará en el mes de Enero [sic] un cronograma de vacaciones idóneo para ser respetado, tal cronograma no se verá influenciado por las novedades de rotación de personal e incapacidades de los trabajadores.
2.2 Laudo arbitral
Artículo 17. VACACIONES DE TRABAJADORES: Se NIEGA, por considerar que es un tema que atañe a la órbita de dirección y administración de la Empresa junto con los parágrafos 3 y 4.
Parágrafo 1. Se NIEGA, por considerar que lo regulado en el artículo 190 del C.S.T., es equitativo.
Parágrafo 2. El Tribunal considera que CARECE DE COMPETENCIA, en razón a que el día sábado es legalmente hábil, salvo que las partes acuerden una regulación diferente.
2.3 Argumentos de la organización sindical
Recuerda que, si bien las vacaciones se consideran una prestación social, la misma tiene contenido profundamente económico pues, no solamente obedece al descanso remunerado, sino que además exige de la empresa un esfuerzo económico que justamente puede ser objeto de decisión por parte del tribunal de arbitramento en equidad. Añade que desconocer su competencia para resolver este punto implica una violación del derecho fundamental al debido proceso.
VI. CONSIDERACIONES
La programación de vacaciones es una potestad que la ley le atribuye al empleador, artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo; en esa medida, los árbitros no tienen competencia para regular, a través del fallo arbitral, tal aspecto, pues ello constituiría una intromisión indebida en los asuntos administrativos de la empresa. Es decir, por la vía del arreglo amigable (autocomposición) las partes en conflicto pueden llegar a acuerdos sobre este tópico, pero, en tratándose de la decisión de un tribunal de arbitramento (heterocomposición), se desconoce el derecho de una de ellas al introducir obligaciones que, en principio, le serían ajenas (CSJ SL5117-2020, CSJ SL2615-2020, CSJ SL620-2022).
Adicionalmente, los árbitros no pueden imponer al empleador obligaciones en menoscabo de su autonomía administrativa, como por ejemplo disponer cuáles días no son hábiles pues, por repercusión, modifica aspectos relacionados con la jornada laboral.
En efecto, la fijación del horario de trabajo, el número de horas en que deben laborar los trabajadores semanalmente, y el sistema de los descansos, hacen parte del derecho que tiene el empleador de organizar y direccionar su empresa con miras a poder cumplir con su objeto social (CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 36926).
Lo anterior, es suficiente para no acceder a la devolución del laudo en este punto.
3.Comisiones de ventas
3.1 Pliego de peticiones
Artículo 20.- Comisiones de ventas: La empresa garantizará para los canales de auto venta, preventa y entrega preventa el pago del 4.5% como valor de las comisiones fijas sobre la tabla actual de venta mensual.
Parágrafo 1.- Cuando los entregadores, preventistas y vendedores no puedan realizar o continuar las ventas por daños de vehículos, falta de producto o daños en el sistema y deban permanecer en su lugar de trabajo, la empresa les retribuirá el día o fracción del día con el promedio de las comisiones devengadas durante los días laborados en la quincena inmediatamente anterior, sin perjuicio del básico, dominicales y festivos.
Parágrafo 2.- Si por cualquiera de las anteriores circunstancias los vendedores definitivamente no pudieran salir a ruta, deberá permanecer en el lugar de trabajo hasta cumplir su jornada máxima laboral establecida por la ley realizando labores inherentes a su cargo. La obligación de salir a ventas será hasta las 10:00 meridiano para rutas de ciudad y hasta las 08:00 de la mañana para rutas foráneas o de carretera. Los vendedores que deseen salir a ventas después de las horas aquí establecidas podrán hacerlo de común acuerdo con la empresa y recibirán la totalidad del salario promedio diario de la quincena anterior, más las comisiones por las ventas que efectivamente realicen.
Parágrafo 3.- La orden de no salir a ruta será dada por el Divisional de Agencia, Jefe de Agencia o supervisor de ventas.
Parágrafo 4.- Para los entregadores preventa no se verá afectado la comisión sabre los porcentajes de devolución que estén establecidos.
Parágrafo 5.- Para los vendedores de preventa y auto venta se tomará en cuenta el porcentaje de la devolución en un rango a partir del 8.5% y hasta el 12% para eł pago de la comisión.
Parágrafo 6.- Para los vendedores de consumos la empresa garantizará la base fija de su tabla desde el 4.2% de la venta neta de la ruta.
Parágrafo 7.- Buscando mantener el compromiso de los conductores grandes clientes, la empresa incrementará su salario básico en un 3.5% sobre el salario actual, debido a que estos trabajadores deben realizar la malla de distribución en tiempo y forma teniendo un impacto alto en las ganancias para la empresa por el producto entregado. Este aumento no será imputable al aumento general del que se habla en el artículo18 del presente pliego.
3.2 Laudo arbitral
Artículo 20. COMISIONES DE VENTAS: El Tribunal considera que no tiene competencia para decidir, las peticiones contenidas (SL 1049 de 2017).
3.3 Argumentos de la organización sindical
Explica que nada más económico que aquello que incremente el patrimonio del trabajador por cuenta de su relación laboral. En este punto, cabe reiterar que las demandas que en el pliego de peticiones se presentan, «no pueden estar limitadas a si es o no una potestad reservada a la autonomía patronal. Tratándose de [c]omisiones de [v]entas, era procedente su verificación a partir de la capacidad económica de la empresa y, desde la equidad, considerar o no su procedencia».
VII. CONSIDERACIONES
Tal como lo adujo el cuerpo colegiado, esta Corporación fijó su posición respecto a la falta de competencia del tribunal para resolver asuntos como el planteado en el punto del pliego de peticiones referido; es así como en sentencia CSJ SL9346-2016, reiterada en la SL1049-2017, asentó:
De la misma manera, en lo que incumbe al establecimiento de comisiones o remuneración por ventas y la creación de una reglamentación para su causación y reconocimiento, dependiendo o no del cumplimiento de metas, el Tribunal de arbitramento no tiene competencia para conocer de este tipo de cláusulas, en la medida que ello debe ser el fruto del acuerdo entre empleador y trabajador, pero no de la fijación de condicionamientos u obligaciones impuestas por los árbitros, a lo que se suma que es la propia ley la que establece quién debe pagar y recibir salario, lo que constituye salario o no y además consagra que los contratantes pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades.
En relación a esta clase de cláusula, la sentencia de anulación CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 53107, señaló:
Igualmente, no es competente el Tribunal para establecer toda una reglamentación de la forma como debe establecerse en la empresa el régimen de comisiones, tal como se propone en el punto 9 del pliego de peticiones, definiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éstas se han de causar, pues es a las partes a las que le compete convenir libremente dichas condiciones de trabajo, sin que pueda invadir el Tribunal la autonomía de la voluntad del empleador en la planeación, organización, dirección y control de su empresa, como se pretende.
En definitiva, el Tribunal de arbitramento en este asunto carece de competencia para decidir sobre los puntos mencionados relativos a contratos de trabajo, pago de comisiones y metas de cumplimiento, ello en los términos en que aparecen solicitados en el pliego de peticiones.
Valga puntualizar que los interlocutores sociales en una convención colectiva de trabajo o pacto colectivo de trabajo pueden efectivamente establecer determinados beneficios, pero ello por sí solo no habilita al tribunal de arbitramento para que los plasme en un laudo arbitral, porque, se itera, existen derechos que al ser propios de las partes, los árbitros carecen de competencia, lo que, a las claras, les impide pronunciarse alrededor de ellos, y esto no significa que su incompetencia atente contra el derecho de asociación, principio de igualdad o se torne discriminatorio. Dicho en breve, y sin tapujos, existen ciertos aspectos que solo pueden ser regulados y acordados por las partes a través de la autocomposición (convención o pacto colectivo), que escapan de la órbita de un tribunal de arbitramento.
En conclusión; lo que la Constitución Política y la ley reservan para el acuerdo entre las partes, no puede ser materia de decisión arbitral, argumento que se extiende para las demás peticiones de la organización sindical que van dirigidas en el mismo sentido.
De suerte que, no se devolverá al tribunal.
4. Escalas, Nivelación Salarial y Sistemas de Ascensos y Vacantes
4.1 Pliego de peticiones
Artículo 21.- Escala, nivelación salarial y sistemas de ascensos y vacantes: A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo se creará una comisión paritaria, conformada por dos miembros de la empresa y dos miembros del sindicato en el término de seis meses se coordinarán la elaboración de un estudio sobre escalafón, nivelación salarial y sistema de ascensos. Dicho estudio determinará una escala salarial de acuerdo a los perfiles requeridos.
Parágrafo 1. Tal estudio debe abordar y presentar soluciones y alternativas de implementación como mínimo los siguientes aspectos: a) Normas para una correcta aplicación del escalafón, b) Periodo de observación, c) Reemplazo de cargo superior, d) Entrenamiento y capacitación., e) Tabla de reemplazos, f) Régimen de concursos de vacantes, g) Reclasificación de cargos (cambio de nivel), i) Normas de administración de personal, f) Escalas salariales, h) Salarios mínimos de enganche por cargo y/o oficio.
Parágrafo 2.- Dicho escalafón y nivelación salarial no irá nunca en detrimento de los niveles salariales iniciales, ni tampoco significará la eliminación de los cargos que existen actualmente.
Parágrafo 4. [sic]- Cuando se presente una vacante en la Empresa y ésta vaya a proveerla, tendré en cuenta para llenarla a los hijos de los ex trabajadores que estén disfrutando de una pensión de jubilación y/o enfermedad declarada o de trabajadores que hayan fallecido estando al servicio de la Empresa, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos del cargo.
4.2 Laudo arbitral
Artículo 21. ESCALA, NIVELACION SALARIAL Y SISTEMAS DE ASCENSOS Y VACANTES: Considera el Tribunal que carece de COMPETENCIA para decidir el tema peticionado, incluido todos sus parágrafos, por corresponder a facultades de dirección y manejo por parte del Empleador, para organizar sus actividades a fin de cumplir con su objeto social; Igualmente por ser asunto que podría solucionarse por consenso de las partes.
4.3 Argumentos de la organización sindical
Afirma que el tribunal tiene la posibilidad de decidir el asunto, «considerando el mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores en conflicto. Nótese que el Tribunal se abstiene de considerar en este y otros puntos excluidos de estudio por falta de competencia, por ser asunto de una cuantía importante, aplicando un criterio inequitativo en su decisión».
VIII. CONSIDERACIONES
Frente al tema del establecimiento de escalafón de cargos u oficios y la consecuente fijación de una escala salarial, consagrados en el artículo 21 y sus parágrafos 1o y 2o, los árbitros no tienen competencia para resolver lo que se propone en el pliego de peticiones, por cuanto conforme lo ha precisado esta Sala, adoptar una decisión de esa naturaleza, representa invadir y restringir las facultades que por ley le fueron otorgadas al empleador (CSJ SL3254-2022).
Al respecto, en providencia CSJ SL2488-2019, que memoró la CSJ SL2034-2016, en la que se definió un caso similar al presente, se razonó:
Tiene establecido la jurisprudencia de la Sala que los árbitros no pueden adoptar previsiones que afecten las facultades reconocidas por la ley al empleador, entre ellas las que tienen que ver con las políticas relativas a la promoción y ascenso de sus trabajadores por vacantes o nuevos cargos, ni en lo atinente a la metodología para su implementación. En efecto estos temas gravitan en la órbita del derecho a la libre empresa, al que le son inherentes las atribuciones de dirección, organización, conducción y manejo empresarial.
En este caso, es evidente que los árbitros no tenían la facultad para pronunciarse sobre estos aspectos, so pena de afectar las prerrogativas reconocidas al empresario por la Constitución y la ley. Así, en sentencia CSJ SL 718-2013, en la que se rememoró la providencia CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 35927, precisó la Corporación: La implementación en la empresa de una carrera técnica profesional para los ingenieros afiliados a ASIEB, que permita la promoción en el empleo y los ascensos en condiciones de igualdad y equidad, con base en el tiempo de servicio a la empresa, los estudios universitarios, cursos de mejoramiento profesional que se adelanten, corresponde a una decisión propia del empleador, pues es de su potestad determinar las condiciones de administración de su actividad económica, que conforme a su libre parecer sean las adecuadas para la acertada gestión de sus negocios, pues es lo que está acorde con la iniciativa privada y la libertad de empresa garantizada en la Constitución Nacional, de manera que no está dentro de la órbita de competencia de los tribunales de arbitramento fijar condiciones que tengan que ver rigurosamente con el manejo de la empresa y fue precisamente en estos términos que en un tema análogo dijo la Corte, en sentencia de 15 de julio de 2008, radicada con el número 35927, lo siguiente:
En cuanto a la obligación impuesta a la empresa de reglamentar un escalafón que garantice a sus trabajadores el ascenso a cargos vacantes se observa que trasciende las facultades de los tribunales de arbitramento, pues no es factible que a través del laudo se produzca una intromisión en la dirección de la empresa, en tanto corresponde al fuero interno del empleador imprimir las condiciones que estime convenientes para la adecuada conducción y orientación del manejo de sus negocios, que tiene sustento en la iniciativa privada y la libertad de empresa garantizados en la Constitución Nacional, obviamente dentro de límites de la responsabilidad social y de todo orden impuestos en el sistema constitucional y legal. En consecuencia, se anulará el artículo estudiado.” En similar sentido se pronunció esta Sala en la sentencia de anulación CSJ SL 3269-2014.
De otra parte, respecto al parágrafo 4o [sic] la Sala ha indicado que los árbitros carecen de competencia para definir la forma cómo la empresa debe contratar a su personal (sentencia CSJ SL5149-2020).
Precisamente, en la sentencia CSJ SL5227-2018 la Corporación explicó:
Sobre el punto, la inhibición del Tribunal resulta fundada, porque, tal como fue pedida por el sindicato, la contratación de familiares del trabajador que ha sido pensionado por vejez o invalidez afecta directamente el poder y las facultades que tiene el empleador en la contratación laboral, pues éste es quien determina, según sus necesidades e intereses para la producción económica, a qué personas y en qué momento vincular por medio de contrato de trabajo.
Así las cosas, no se accederá a la devolución del laudo.
5. Escalas, Nivelación Salarial y Sistemas de Ascensos y Vacantes
5.1 Pliego de peticiones
Artículo 22. Nivelación salarial a nivel nacional: La empresa realizara la nivelación salarial correspondiente al artículo 143 del CST: A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127 CST.
De esta manera la empresa realizara una nivelación salarial a nivel nacional, sin que esto afecte las condiciones de los trabajadores, es decir se nivelara al mayor salario que exista a quienes desempeñen el mismo cargo, manejen el mismo horario, y tengan las mismas funciones.
5.2 Laudo arbitral
Artículo 22. NIVELACION SALARIAL A NIVEL NACIONAL: Considera el Tribunal que carece de COMPETENCIA para decidir el tema pedido, por corresponder a facultades de dirección y manejo par parte del Empleador para organizar sus actividades a fin de cumplir con su objeto social; igualmente por ser asunto que podría solucionarse por consenso de las partes.
Así mismo, decidir qué elementos o factores integran el salario, es un tema eminentemente jurídico, que escapa a la competencia de este Tribunal.
5.3 Argumentos de la organización sindical
Sostiene que, si bien las decisiones del tribunal obedecen a criterios de equidad, limitando la competencia jurídica al juez, «la equidad económica es en esencia el marco de competencia del Tribunal. La decisión del punto obedece a un cálculo financiero en cuanto a su procedencia o negación, pero no la inhibición como derrotero estructural del laudo arbitral».
IX. CONSIDERACIONES
En sentir de la Corte los tribunales de arbitramentos sí tienen competencia para pronunciarse en torno a la nivelación salarial, empero, en este caso específico y tal como está redactada la cláusula del pliego de peticiones, en verdad, la petición de devolución que hace la organización sindical resulta inane, ya que la solicitud está encaminada a que se aplique el principio «a trabajo de igual valor, salario igual», y tal postulado tiene respaldo legal en los artículos 10 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por el 7º de la Ley 1496 de 2011, así como en los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política de 1991, y en los Convenios Internacionales de la OIT, por lo que mal puede pensarse que se haya infringido, vulnerado o desconocido dicho principio del derecho laboral al inhibirse los árbitros frente a esta pretensión (sentencias CSJ SL620-2022 y CSJ SL22102-2017).
Así las cosas, no procede la solicitud que hace la organización sindical.
6. Permisos para citas médicas
6.1 Pliego de peticiones
Artículo 34.- Permisos para citas médicas: Durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo la empresa concederá hasta un día de permiso remunerado para atender citas médicas del trabajador/a, en la EPS, o ARL, a la que se encuentre afiliado.
Cuando por la situación de emergencia médica de algún hijo lo requiera se extenderá este permiso.
Cuando la Empresa lo considere conveniente y necesario, podrá colaborar con los trabajadores que se encuentran afiliados ante la EPS o ARL respectiva a fin de conseguir de la misma un mejor y más rápido servicio.
6.2 Laudo arbitral
Artículo 34. PERMISOS PARA CITAS MEDICAS: Se CONCEDE, así: Durante la vigencia del presente Laudo Arbitral, la Empresa otorgará los permisos pertinentes para atender las citas médicas de los trabajadores, dentro de los parámetros legales y constitucionales.
El Tribunal considera que CARECE DE COMPETENCIA para resolver lo peticionado, en relación a que la Empresa intervenga ante la EPS o ARL, para la consecución de mejor y más rápido servicio.
6.3 Argumentos de la organización sindical
Explica que lo que se pretende por el sindicato en esta petición, es reclamar del empleador flexibilidad en la jornada de trabajo para la atención de su salud, yendo más allá de lo establecido en la ley como obviedad en un pliego de peticiones que se enmarca en una negociación colectiva. El asunto tiene pleno contenido económico, al establecerse la obligación para el empleador, en caso de su concesión, de realizar esfuerzos económicos para mantener la operación ante la ausencia temporal del trabajador, sobre la base del mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.
X. CONSIDERACIONES
En líneas anteriores se memoró la añeja doctrina de la Corte según la cual solamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si los árbitros resolvieron negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corporación devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente.
De suerte que, esta Sala solo tiene competencia para devolver el laudo cuando los árbitros hayan proferido una decisión inhibitoria o declarado la falta de competencia para resolver una petición para la que sí están facultados. Por tanto, se itera, es improcedente la devolución del laudo en los eventos en que hayan acogido una petición, como efectivamente aquí sucede (CSJ SL3491 2019).
7. Negaciones
Acota que, aunque los árbitros realizan algunas referencias precisas en sus consideraciones, no se pronuncian específicamente sobre cada una de las peticiones presentadas por el sindicato para negar su reconocimiento. Cuestiona que el tribunal soporta la decisión en una posición general asociada a los beneficios hoy existentes, desconociendo la individualidad de las organizaciones sindicales que manifiesta, cuentan con multiafiliación, pero no pone en evidencia en el escrito esa situación como una realidad analizada a partir de la afiliación de cada uno de los miembros del sindicato reclamante con respecto a otros sindicatos existentes en la empresa. «No puede ser de recibo que, a partir de un análisis generalizado de la empresa se emita decisión de negar 38 peticiones del pliego».
De esta manera, afirman que la motivación de la decisión es superflua, carente de detalles esenciales en relación con un análisis económico de la empresa, «se extrañan por defecto, al encontramos ante una decisión en equidad. Estos elementos motivadores no pueden quedar a la libre interpretación de las partes o del lector».
-La Réplica del empleador
Indica que, en este aspecto, Sinaltrabimbo asevera que el tribunal no se pronunció específicamente sobre cada una de las peticiones, no obstante, se abstuvo de precisar sobre cuáles pretensiones supuestamente no hubo decisión. De hecho, llama la atención que luego de hacer tal afirmación, el soporte racional del recurso en este aspecto, lo sea su inconformidad por el hecho de que a su juicio, el cuerpo arbitral adoptó «una posición general asociada a los beneficios hoy existentes, desconociendo la individualidad de las organizaciones sindicales que manifiesta, cuentan con multiafiliación, pero no pone en evidencia en el escrito esa situación como una realidad analizada a partir de la afiliación de cada uno de los miembros del sindicato reclamante con respecto a otros sindicatos existentes en la empresa».
Concluyen que no es de recibo para ellos que, «por un análisis generalizado de la empresa, se emita decisión de negar 38 peticiones del pliego, insistiendo por ello en que hay una ausencia de motivación en el laudo».
Añade que, de hecho, justamente con soporte en esta premisa argumentativa del tribunal, es que BIMBO DE COLOMBIA S.A. encontró procedente la presentación del recurso de anulación frente al artículo 14 del laudo, contentivo de beneficios económicos extralegales, pues le fueron otorgados a Sinaltrabimbo beneficios superiores a los establecidos en los acuerdos colectivos existentes al interior de la empresa incurriéndose en una manifiesta inequidad.
8. Reconocimientos
Señala que, si bien realiza algunos reconocimientos de peticiones, el Tribunal modula las solicitudes, sin considerar el principio pro operario pro laboratore que reclaman de todo operador jurídico en materia laboral, el atender la Constitución y la Ley.
Así las cosas, afirma que
No puede su decisión ser arbitraria, partiendo de una falsa equidad, que no se corresponde a la realidad de la empresa en conflicto y sus posibilidades objetivas para el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores. Adicionalmente, tales modulaciones no se encuentran soportadas en razones específicas en la motivación del laudo arbitral.
-La Réplica del empleador
La inconformidad de la organización sindical en este aspecto se soporta en que los árbitros no concedieron los beneficios en idénticas condiciones a como fueron solicitados, razón por la que se considera que la decisión fue arbitraría e inequitativa.
Teniendo en cuenta que la organización sindical omite precisar cuáles son las supuestas razones de inequidad advertidas, pues incluso, ni siquiera identifica cuales fueron los presuntos beneficios otorgados arbitrariamente concluye no está llamada a prosperar su solicitud de anulación.
Falta de motivación del laudo arbitral
Asevera que es claro que el tribunal de arbitramento no motivó suficientemente su decisión. En sus palabras
Su presunta motivación está asociada a un análisis absolutamente genérico de algunas prebendas que, presuntamente, tienen los afiliados al sindicato, que no considera la realidad de la relación colectiva de los reclamantes con la empresa, elemento estructurante de la decisión de un laudo arbitral en equidad como el que nos convoca, es el análisis detallado de la situación financiera de la empresa.
Agrega que es a todas luces insuficiente tal análisis financiero de la empresa para concluir en la negación de 38 peticiones colectivas y no permite a SINALTRABIMBO una contradicción justa.
La Réplica del empleador
Expone que dado que (i) no existe ausencia de motivación en el laudo y (ii) en todo caso, no podría esta Corte llevar a cabo un análisis de cara a asuntos sobre los que la organización sindical únicamente alzó manifestaciones genéricas con el fin de anular el laudo en su integridad -sencillamente porque no fue de su agrado la decisión-, forzosamente y, en lo que hace referencia al recurso de SINALTRABIMBO, deberá esta Corporación no acceder a las peticiones formuladas.
XI. CONSIDERACIONES
Sobre la motivación de los laudos arbitrales
Juzga conveniente la Corte recordar que la discrepancia frente a las pocas o escasas motivaciones consignadas en el laudo, como lo tiene definido la jurisprudencia, en estrictez, no tiene como consecuencia rigurosa que la Corte quede habilitada para anularlo o devolverlo (CSJ SL12121-2017, del 9 de ago. 2017, rad. 78193, SL15705-2015, 7 de oct. 2015, rad. 71314, reiterada en fallos CSJ SL, del 3 de agos. y 7 de sep. 2016, rads. 70386 y 74793).
Ha enseñado la Corporación que cuando un cuerpo arbitral aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular o devolver un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque simplemente no los haya invocado. No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé tal obligación y, por ende, no se podría con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.
En tal sentido se ha dicho:
“[…] Considera la Corte que cuando un tribunal de arbitramento aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque simplemente no los haya invocado, como en el sub examine.
Indiscutiblemente si los árbitros hubiesen sido más explícitos en la motivación del fallo, con seguridad la decisión se habría mostrado mejor fundada y más convincente; empero, se insiste, que los motivos invocados como sustento de la decisión se hayan expresado feblemente o como en el sub lite, o no se hayan expresado, no es razón suficiente para que la Corte --en ejercicio de su facultad legal de verificar la regularidad del laudo y cuidar de que no se afecten derechos y facultades de las partes reconocidas en la Constitución Política, las leyes y las normas convencionales vigentes-- concluya que el tribunal de arbitramento obligatorio extralimitó el objeto para el cual se le convocó, o que efectivamente afectó derechos y facultades de los trabajadores afiliados al sindicato, porque es inherente a la misma decisión que ésta se tome acudiendo a tales principios, esto es, en equidad...”
[…]
Así las cosas, se torna indispensable distinguir entre el laudo que soluciona un conflicto jurídico, el que por asimilarse a una sentencia judicial debe dictarse con observancia de lo dispuesto en el artículo 136 citado, y el que pone fin al conflicto colectivo económico que por mandato del artículo 461 del CST, tiene el carácter de convención colectiva, en cuanto a las condiciones de trabajo, sobre el que no es previsible someterlo a las exigencias del referido artículo 136, entre otras, a las motivaciones jurídicas exigidas por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1, numeral 134 del D.E. 2282 de 1989, para las decisiones judiciales.
No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé la obligación de motivarlos y por ende, no podría la Corte con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.
[…]
En consecuencia, no es de recibo para la Corte, que un laudo arbitral proferido para la solución de un conflicto económico, deba ser sustentado en los términos establecidos para las sentencias judiciales, so pena de nulidad. (CSJ SL, del 12 de jun. 2001)
Repárese en que el tribunal de arbitramento, además, de establecer unas motivaciones específicas y concretas en lo concerniente a cada uno de los puntos analizados, adujo, entre otras cosas que: (i) para cuantificar los reconocimientos económicos, que se conceden a Sinaltrabimbo, se aplicaron los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad básicamente, en cuanto a que el primero de los sindicatos tiene aproximadamente 268 afiliados (folio 29), según lo expresa el representante legal de dicha organización sindical y 257 miembros, según los certifica el gerente de la Empresa (folio 135) y la Empresa, al mes de octubre de 2021, tiene una planta de personal de 3883 trabajadores (folio 135); (ii) se valoró la fecha en que se generó el conflicto de trabajo y la antigüedad de la organización sindical, en su lucha por lograr mejoras generales para los asociados; (iii) sobre la situación financiera de la Compañía, el Tribunal consideró los documentos aportados por BIMBO DE COLOMBIA S. A. y por las organizaciones sindicales, que se observan en el expediente; (iv) por tratarse de un conflicto económico o de intereses, el Tribunal se apoya entre otros en los principios Constitucionales de buena fe y equidad, en la guía jurisprudencial de la Corte Constitucional, de esta Sala, así como, en lo previsto en el artículo 458 del C. S.T.
De suerte que, fácil se exhibe que el cuerpo arbitral no solo tuvo puesta su mirada en los postulados de la equidad, buena fe, proporcionalidad, igualdad sino también se guio por los principios generales contenidos en los artículos 1 y 18 del C.S.T. que establecen que la finalidad del Código Laboral es la de «lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, y que la interpretación de dicho Código, debe tener en cuenta esta finalidad», por lo que efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad y de las condiciones particulares del caso y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la anulación o devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados.
Por último, se reitera, la Corte no puede dictar decisiones de reemplazo cuando los árbitros acogen parcialmente las peticiones del laudo, pues aquellas se toman en equidad. Y si la Corporación anula las disposiciones en controversia en este acápite, ello sería desfavorable para la organización sindical porque entonces se quedarían sin los beneficios, se insiste, parcialmente concedidos.
-En torno a la equidad
Menester es recordar la vetusta línea de pensamiento de esta Corporación en cuanto a que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que se construyen sobre raciocinios íntimos, fundados en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es falsa, ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal (CSJ SL3258-2019).
Y, es que, a decir verdad, lo pretendido por la organización sindical es propiciar una revisión jurídica del laudo arbitral y del estudio de las pruebas, con lo que, en últimas, busca desvirtuar la mencionada medida de justicia construida por los árbitros, cuestión que, como ya se dijo, es ajena a los propósitos del recurso de anulación, pues la motivación de las decisiones de los componedores no debe ser jurídicamente calificada (CSJ SL 3258-2019).
En el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en:
[…] la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos. Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento.
O, dicho en otras palabras, la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas (CSJ SL3349-2020).
Más todavía: por mayor esfuerzo que haga un tribunal de arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el cuerpo arbitral para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se usen para observar el resultado final (CSJ SL1944-2021, CSJ SL2360-2022 CSJ SL1794-2022, CSJ SL2192-2022).
Puestas en este escenario las cosas, no se anulará ni devolverá el laudo arbitral.
Costas a cargo del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BIMBO DE COLOMBIA S.A. –SINALTRABIMBO-, dado que el recurso de anulación que interpuso no prosperó y la sociedad BIMBO DE COLOMBIA S. A. presentó réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
XII. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA SOCIEDAD BIMBO DE COLOMBIA S.A.
Según informe secretarial, el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BIMBO DE COLOMBIA S.A. –SINALTRABIMBO- no presentó oposición.
La impugnante pretende la anulación de lo siguiente: artículo 3: fuero sindical; artículo 7: Procedimiento disciplinario; artículo 11: dominicales y festivos; artículo 14. Reconocimientos extralegales (prima de antigüedad, prima de navidad, venta de producto con descuento, bono de productividad).
Fuero sindical
Pliego de peticiones
Artículo 3.- Fuero sindical: La empresa reconocerá fuero sindical a los trabajadores que pertenezcan (o que lleguen a pertenecer en un futuro) a la Junta Directiva Nacional y Subdirectivas del Sindicato (regionales y municipales) y a los miembros de los Comités Seccionales en los términos que establece la ley y por doce meses más, una vez culmine su periodo.
La empresa reconocerá fuero a los integrantes de la Comisión de Reclamos de la siguiente forma: dos fueros para cada una de las subdirectivas existentes y a quienes Llegan a ocupar cargos en las juntas directivas de las federaciones y/o confederaciones sindicales (de segundo y tercer grado), en los ámbitos departamental, nacional y/o internacional a que pertenezca el sindicato durante el tiempo de su mandato y por doce meses más.
De la misma forma, la empresa reconocerá fuero sindical a los integrantes de la Comisión Negociadora de Pliego de Peticiones una vez concluido el conflicto laboral durante la vigencia a partir de la firma de la presente Convención Colectiva.
Laudo arbitral
Artículo 3. FUERO SINDICAL. La Empresa reconocerá el fuero sindical a los trabajadores miembros de la Junta Directiva Nacional y Subdirectivas, de acuerdo a lo normado en la Ley. La Empresa reconocerá el fuero sindical a los trabajadores miembros de la comisión de reclamos de Ley, conforme a lo regulado en las normas jurídicas respectivas.
Argumentos de la sociedad recurrente
Aduce que a la luz de lo instituido en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la interpretación que de esa norma llevó a cabo la Corte Constitucional en la sentencia CC C-201-2002, conduce a afirmar sin reparo, que en una misma empresa no es posible la existencia de más de una comisión estatutaria de reclamos de la cual pueda derivarse la garantía del fuero sindical para dos de sus miembros, con independencia que en la misma empresa pueda hacer presencia más de una organización sindical. En estos eventos y como lo definió la Corte Constitucional en la citada sentencia, lo que procede es que las diversas organizaciones sindicales existentes, en un ejercicio democrático elijan conjuntamente los miembros de la comisión de reclamos que habrán de integrar la única comisión que puede hacer presencia en la empresa.
En este sentido, la decisión del tribunal de arbitramento de definir que son las miembros de la comisión de reclamos de Sinaltrabimbo quienes tienen la garantía del fuero sindical, no solo contraviene la disposición legal transcrita, sino que cercena la posibilidad de que afiliados a otras organizaciones sindicales puedan pertenecer con la garantía foral, a la única comisión de reclamos que puede hacer presencia en la empresa.
XIII. CONSIDERACIONES
Como bien lo destaca la sociedad recurrente el canon arbitral controvertido es tan solo una repetición vacua de lo que estatuye el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que su incorporación en un laudo arbitral no es impugnable en anulación, pues «carecería de efecto práctico, en tanto que el ejercicio de los derechos cuya fuente normativa es la Constitución o la ley, no está supeditado a su consagración en el laudo».
Sobre el particular tiene adoctrinado la Corte, en doctrina ampliamente reiterada, que no es mediante la convención colectiva, pacto colectivo o laudo arbitral que se asegura el cumplimiento a la ley, pues ella, como declaración de la voluntad soberana del Estado, constituye un mandato imperativo, que no requiere del consentimiento de los particulares para que les sea aplicable.
En el contexto trazado, es la propia ley laboral la que determina los miembros del comité paritario que tienen el fuero sindical. De manera que, si cláusula arbitral expresamente se remite a la ley, no puede entenderse que preceptúe que es en cabeza de Sinaltrabimbo en donde radica la potestad de nombrar los trabajadores que gozaran de esta garantía foral, como lo quiere presentar la recurrente, pues, insístase, aún a riego de fatigar, la normativa mencionada (art. 406 CST) dispone, en forma cristalina, que la comisión estatutaria estará conformada por dos trabajadores que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales.
Vistas, así las cosas, no brotan fundamentos para anular la cláusula arbitral.
Procedimiento disciplinario
Pliego de peticiones
Artículo 8.- Procedimiento disciplinario: En los casos en que la empre9a considere que un trabajador haya incurrido en una presunta falta disciplinaria y esta pretenda sancionar y/o despedir a un trabajador por justa causa, se ajustan al siguiente procedimiento:
a) La empresa, a través del superior inmediato o su delegado, dentro de los cuatro días siguientes a la fecha en que se cometa la ocurrencia de los hechO9 que constituyen la presunta falta, citará por medio escrito al trabajador. En dicha citación se hará constar en forma clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan Iugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias, las cuales deben encontrarse previamente consagradas en el Reglamento interno del Trabajo. Se deberé trasladar al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados y se indicará el día y la hora para rendir los descargos, la cual no podrá fijarse antes de los cuatro días siguientes de esta notificación. En esta diligencia el trabajador podrá presentar o controvertir pruebas y serán oídos tanto el trabajador como el sindicato. De esta diligencia se levantará un acta integral y fidedigna con copia a cada una de las partes.
Los descargos se efectuarán por parte del área de Relaciones Laborales en presencia de mínimo dos miembros del sindicato designados por el mismo, que actuarán en la diligencia según lo establecido por el Artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. Una vez escuchados los descargos del trabajador, en la misma diligencia se procederá conjuntamente a analizar, entre los representantes de la empresa y los del sindicato, el informe que haya dado lugar al procedimiento, al igual que los argumentos expuestos por el trabajador y los representantes del sindicato en su defensa, la empresa y el sindicato llegara a un acuerdo sobre el hecho o acto que la persona ha sido citada a los descargos. En caso de que no haya acuerdo quedará consignado en el acta la posición de las partes.
La comparecencia a la diligencia de descargos se podrá suspender por una sola vez y hasta el término de 48 horas, cuando exista causa justificada por parte del trabajador o el sindicato.
Una vez rendidos los descargos la empresa tomaré una decisión disciplinaria, si a ello hubiere lugar, la cual será notificada por escrito al trabajador y al sindicato dentro de los cuatro días siguientes a la diligencia de descargos. En caso que no se encuentren razones por parte de la empresa para tomar una sanción disciplinaria esta será notificada por escrito al trabajador y al sindicato, en el mismo término establecido anteriormente.
Parágrafo 1 No produciría efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo el trámite que se señala en el artículo anterior.
Parágrafo 2.-Transcurridos seis meses después de impuesta una sanción y cuatro meses después de alguna llamada de atención o amone9tación, la empre9a las eliminan de la hoja de vida del trabajador.
Parágrafo 3.-Ninguna suspensión disciplinaria si esa fuera la decisión, exceden de un día por la primera vez y cinco días por la segunda vez. Las suspensiones se cumplirán de lunes a sábado.
Parágrafo 1[sic].- La escala de falta y sanciones, al igual que las amonestaciones no serán por ningún motivo un instrumento de presión y acoso laboral sobre el trabajador.
Laudo arbitral
ARTICULO 7. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. Antes de aplicar cualquier sanción disciplinaria o de ser terminado de manera unilateral y con justa causa un contrato de trabajo, la Empresa, dará la oportunidad al trabajador de ser escuchado en diligencia de descargos. Ésta deberá adelantarse a más tardar dentro de los CUATRO (4) días posteriores al conocimiento de la presunta falta. En la citación se le expondrá al trabajador, la o las causas que la motivan y se le dará traslado de las pruebas, que la Empresa tenga en su poder.
En la diligencia de descargos el trabajador podrá controvertir las pruebas presentadas por la Empresa; así mismo, allegar las pruebas que tenga en su poder, para lo cual la diligencia se podrá suspender hasta por dos (2) días de ser necesario.
A la diligencia de descargos el trabajador podrá asistir acompañado de dos (2) representantes de Sinaltrabimbo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 115 del C.S.T. y se levantará el acta correspondiente a esta reunión, copia de la cual se entregará a los intervinientes.
BIMBO DE COLOMBIA S. A. apreciará y calificará en cada caso concreto la calidad de las faltas y emitirá la decisión que corresponda de conformidad con la Ley y el reglamento de trabajo vigente en la Empresa, dentro de los CUATRO (4) días hábiles siguientes.
No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría o terminación unilateral y con justa causa del contrato de trabajo, impuesta con el incumplimiento del trámite señalado en el presente artículo.
La decisión de primera instancia podrá ser apelada a más tardar dentro de los CUATRO (4) días siguientes a la notificación de la decisión. La impugnación se concederá en el efecto suspensivo ante el superior jerárquico de quien la impuso, quien tendrá siete (7) días para resolverla respetando el principio de la no reformatio in pejus.
Argumentos de la sociedad recurrente
Sostiene que en lo que hace referencia a este punto, es necesario recordar que los requisitos del proceso disciplinario se encuentran contenidos en la sentencia CC C-593-2014, decisión a la que debe acogerse el cuerpo arbitral por corresponder a un pronunciamiento de exequibilidad con efectos erga omnes, la cual indica que, si bien debe garantizarse al trabajador que pueda controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario, no necesariamente tal doble instancia debe surtirse al interior de la compañía, pues una de las opciones que se contempla para garantizar este principio es que el trabajador conozca que puede acudir a la jurisdicción ordinaria.
Lo anterior, en razón a que la medida disciplinaria se adopta por la voluntad del empleador y no por la decisión de un cargo gerencial o del departamento de recursos humanos, significando ello que no necesariamente tendría que existir una doble instancia al interior de la empresa, motivo por el que no puede el tribunal imponer una obligación con un alcance que no está contemplado en la sentencia de constitucionalidad del artículo 115 del CST.
XIV. CONSIDERACIONES
De vetusta ha sido criterio pacífico de esta Corte que los árbitros efectivamente sí están investidos de facultades para instituir procedimientos disciplinarios previo a la imposición de sanciones y terminación del contrato de trabajo. Por ejemplo, en sentencia de homologación CSJ SL, 18 may. 1988, Gaceta Judicial V. 194 – 2433, puntualizó:
[…] En cuanto a la petición contenida en el art. 10 tendiente a obtener un <Procedimiento para aplicar sanciones y despido por justa causa>, considera la Sala que respecto de ella no puede existir ningún impedimento legal para que los arbitradores se pronuncien, puesto que expresamente el art. 106 del C.S. del T. establece que si bien al patrono corresponde elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención alguna, puede disponerse en contrario <en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores> (subraya la Sala). Y también de modo expreso el art. 108 ibidem manda que en dicho reglamento estén contenidas disposiciones normativas sobre la <Escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ellas> (ord. 16). De aplicar los artículos 106 y 108 ordinal 16 del C. S. del T. resulta claro que sí es procedente que mediante fallo arbitral se estatuyan disposiciones normativas como las que busca Sinterban con el pliego de peticiones.
En esa misma dirección, en sentencia CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 35927, reiterada en decisión CSJ SL, 2 may. 2012, rad. 53128, expresó:
[…] Respecto a la implantación de un proceso disciplinario, para la Compañía que pertenece al sector privado, debe decirse que no constituye una extralimitación de los árbitros, dado que no implica una restricción a la potestad que tienen los empleadores de sancionar las faltas disciplinarias de sus servidores o de poner fin a sus contratos de trabajo con justa causa, como tampoco de terminar sin justificación su vinculación laboral, con la obligación de pagar la indemnización correspondiente. En rigor la disposición sólo persigue que frente a la eventual imposición de sanciones o de la determinación del despido motivada, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son pilar fundamental del derecho del trabajo. Medida que además no perjudica al empleador, dado que por el contrario puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación, que le permite incluso evitar perjuicios de orden económico derivados del despido que a la postre resulte injustificado.
Y, recientemente, en providencia CSJ SL610-2022, recordó:
[…] debe indicarse que esta Corte ha sostenido, que los árbitros de conformidad con lo previsto en el artículo 458 del CST, tienen la facultad de pronunciarse sobre los procesos disciplinarios, sin que pueda entonces atribuírsele que haya incurrido en una extralimitación, pues por el contrario, con ello está garantizando y protegiendo el debido proceso al trabajador previo a la imposición de una sanción o para dar por terminado contrato de trabajo con justa causa, por lo que la solicitud de anulación no puede salir triunfante.
De otra parte, repárese en que el procedimiento disciplinario diseñado por los árbitros está acorde con lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-593-2014, en cuanto a que dichos procedimientos deben asegurar al menos:
(i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción debe encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente, (vii) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii) la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria.
Nótese que, en la citada providencia de exequibilidad, la Corte Constitucional fue enfática en advertir que el proceso disciplinario debe asegurar la posibilidad de interponer los recursos ante el superior que impone la sanción, lo que traduce que se surta la doble instancia al interior de la empresa, con lo cual, sin hesitación ninguna, se garantiza el debido proceso a través de los derechos de defensa y contradicción del trabajador.
Al respecto, el argumento basilar del tribunal de arbitramento estribó en que se acogió
[…]la petición de señalar un procedimiento disciplinario que garantiza a su juicio, la doble instancia, el derecho de defensa y que consagra tiempos inequívocos para que las partes ejerzan sus derechos y obligaciones, en la comprobación de faltas disciplinarias, que puedan dar origen a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa, o la imposición de cualquier tipo de sanción y a ello se llegó, en razón a que el contenido del reglamento de trabajo, no garantizaba las directrices constitucionales en esa materia.
Entonces, no tiene razón la recurrente y, en consecuencia, no se anulará el canon arbitral.
Dominicales y festivos
Pliego de peticiones
Artículo 19.- Dominicales y festivos: A la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo la empresa pagará la remuneración de domingos así: quien labora ocasionalmente los días domingo, tiene derecho un descanso compensatorio remunerado, o a la retribución en dinero, que correspondería al pago del día laborado, con un recargo del 75%, sobre el día ordinario, es decir, al 1.75% por ese día; quien labore habitualmente los días domingos, tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, y además, al pago del día laborado, con un recargo del 75°%, sobre el día ordinario, es decir, al 1.75% por ese día.
Parágrafo: El día festivo laborado tendrá exactamente el mismo pago que un dominical más un descanso remunerado.
Laudo arbitral
Artículo 12. DOMINICALES Y FESTIVOS: La Empresa remunerará el trabajo dominical y festivo conforme lo establecen los artículos 179, 180 y 181 del Código Sustantivo de Trabajo, modificados respectivamente por el artículo 26 de la Ley 789 de 2.002, 30 y 31 de la Ley 50 de la Ley 50 de 1.900. Se tendrá en cuenta lo pertinente a los conceptos emitidos al tema por el Ministerio del Trabajo.
Argumentos de la sociedad recurrente
Expone que como se observa, el tribunal incurre en una extralimitación de sus funciones, pues determina la forma en que debe interpretarse la ley. En efecto, al precisar que para el pago de la remuneración por trabajo en días domingos y festivos, deben considerarse los conceptos del Ministerio del Trabajo, otorga un alcance a estos no contemplado en las disposiciones legales, señalando la vía que debe tenerse para efectos de aplicar la ley en caso de ser necesaria su interpretación.
Desconoce el tribunal que los conceptos emitidos por el Ministerio del Trabajo o cualquier autoridad administrativa no son vinculantes, pues de serlo, significaría que las autoridades tuviesen la potestad de legislar, atentando contra el principio de legalidad (artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
XV. CONSIDERACIONES
De la textura de la norma arbitral no se deprende que los conceptos emitidos por el Ministerio del Trabajo en torno a los dominicales y festivos tengan un efecto vinculante para la recurrente, es decir, que necesaria e irrestrictamente sean de obligatorio cumplimiento, pues, por el contrario, de su lectura emerge que para efectos de la liquidación de dichos días la empleadora los tendrá en consideración como una herramienta interpretativa, sin que ello implique afectación de derecho alguno del empleador, como por ejemplo lo serían aquellos que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y director de la empresa y establecimiento.
Y como bien lo destaca la sociedad impugnante es la propia la ley la que palmariamente determina la naturaleza y efectos de los conceptos emitidos por el Ministerio del Trabajo, que, a las claras, no pueden ser variados o modificados por los tribunales de arbitramento.
Entonces, a la luz de lo dicho no se anulará la cláusula arbitral controvertida.
Reconocimientos extralegales
Pliego de peticiones
Artículo 24.- Reconocimientos extralegales: La empresa reconocerá a los trabajadores que se beneficien de la presente Convención Colectiva de Trabajo, las prestaciones cuyo carácter y cuantía se detallan así: […]
d) Prima de Antigüedad: La empresa reconocerá a los trabajadores la siguiente prima de antigüedad:
De 1 año a 5 años de servicio 5 días de salario básico por año
De 5 años a 10 años de servicio 10 días da salario básico por año. De10 años a15 años de servicio 15 días de salario básico por año. De 15 años a 20 años de servicio 20 días de salario básico por alto. De 20 años en adelante 45 días de salario básico por año.
Se aclara que para los vendedores se tomará como base para el cálculo de esta prima, el promedio de los últimos doce meses.
e) Prima de Navidad: Durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la empresa reconocerá a sus trabajadores una prima de navidad equivalente a quince días de salario básico. En el caso de los trabajadores que perciben salario básico más comisiones, la base para la liquidación de esta prima, será el promedio mensual del total devengado en el último año de servicios por ambos conceptos. Esta prima será cancelada junto con el valor de la prima legal.
[…]
m) Bono de productividad: La empresa dará a sus trabajadores por cumplimiento de las metas generales establecidas, un bono de productividad trimestral equivalente a doce días de salario básico mensual vigente del trabajador.
[…]
n) Venta de producto con descuento. Durante la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, la empresa, siempre y cuando exista la disponibilidad, mantendrá en las plantas la venta de producto a sus trabajadores con un descuento del 70% sobre el precio de venta. El trabajador solo podrá hacer uso de este beneficio para el consumo familiar y en consecuencia no se venderán con descuento a un mismo trabajador, por una suma no superior a los setenta mil pesos semanales.
Laudo arbitral
Artículo 14. RECONOCIMIENTOS EXTRALEGALES:
[…]
c) PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Durante la vigencia del presente Laudo Arbitral, la Empresa reconocerá una prima de antigüedad, a los trabajadores afiliados Sinaltrabimbo, así:
-. Al cumplimiento de CINCO (5) años de trabajo continúo, SEIS (6) días de salario básico.
-. Al cumplimiento de DIEZ (10) años de trabajo continúo, TRECE (13) días de salario básico.
-. Al cumplimiento de QUINCE (15) años de trabajo continúo, VEINTE (20) días de salario básico.
-. Al cumplimiento de VEINTE (20) años de trabajo continúo, VEINTICINCO (25) días de salario básico.
-. Al cumplimiento de VEINTICINCO (25) años de trabajo continúo, TREINTA (30) días de salario básico.
En relación al último inciso de este literal, se NIEGA por EQUIDAD.
d) PRIMA DE NAVIDAD. Durante la vigencia del presente Laudo Arbitral, la Empresa reconocerá a los trabajadores afiliados a Sinaltrabimbo, vinculados mediante contrato al 15 de diciembre de 2.022, una prima de navidad equivalente a QUINCE (15) días de salario básico y proporcionalmente por el tiempo laborado en la respectiva anualidad. Este beneficio se pagará con la primera quincena del mes de diciembre de 2.022. En el caso de los trabajadores que perciben salario básico más comisiones, la base para la liquidación de esta prima será el promedio mensual del total de lo devengado en el último año de servicios por ambos conceptos.
[…]
m) BONO DE PRODUCTIVIDAD: Durante la vigencia del presente Laudo Arbitral la Empresa dará a sus trabajadores por cumplimiento de las metas generales que establezca, por una sola vez un bono de productividad por la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS M/cte. $300.000.00, pagaderos al cumplimiento de las metas establecidas por la Empresa, dentro de la vigencia del presente Laudo Arbitral.
n) VENTA DE PRODUCTO CON DESCUENTO. Durante la vigencia del presente Laudo Arbitral, BIMBO DE COLOMBIA S. A. siempre y cuando exista disponibilidad, venderá productos a sus trabajadores con un descuento del veinticinco por ciento (25%) sobre el precio de venta al mayoreo. El trabajador sólo podrá hacer uso de este beneficio para el consumo familiar y en consecuencia, no se venderán con descuento a un mismo trabajador, productos por la suma superior a SESENTA MIL PESOS M/cte. ($60.000.00) semanales.
Argumentos de la sociedad recurrente
Afirma que como fue expuesto al tribunal, en la compañía hacen presencia otras organizaciones sindicales, y puntualmente con el sindicato SINTRAAGRICOL se tiene suscrita una convención colectiva de trabajo con vigencia hasta el próximo 31 de mayo de 2023. Así mismo, se tiene un pacto colectivo, el cual beneficia a los trabajadores no sindicalizados adheridos al mismo.
No obstante, las consideraciones de los árbitros, llama poderosamente la atención que en una manifiesta inequidad otorgó beneficios superiores a los contenidos en los acuerdos colectivos referidos, incurriendo no solo en una vulneración al principio de igualdad, sino en una potencial afectación económica de la compañía.
En efecto, conforme se expuso al tribunal en la audiencia en la que se escuchó a los representantes de la empresa, y se acreditó con la documental que le fue entregada, puntualmente en la certificación del revisor fiscal de fecha 17 de enero de 2022, Bimbo de Colombia S.A., en el año 2021 tuvo resultados económicos negativos. En este sentido, y dado que los laudos arbitrales que deciden un conflicto colectivo de trabajo deben ser adoptados en equidad, de manera que se consideren no solo las pretensiones contenidas en el pliego, sino la situación económica de la empresa, es innegable que una decisión en la que se desconoce esta última situación, además de privilegiar un trato discriminatorio respecto de la mayoría de los trabajadores beneficiarios de otros convenios colectivos, necesariamente debe ser objeto de anulación.
Explica que atendiendo lo expuesto y particularmente el que el incremento de los beneficios adoptados como de referencia -contenidos en el pacto y en la CCT se Sintraagricol-, adolece de cualquier motivación, es claro que el artículo 14 en los literales relacionados en el alcance, debe ser anulado. Enseguida hace una sobre cada beneficio.
En lo que hace referencia al beneficio denominado PRIMA DE ANTIGÜEDAD, contenido en el literal c) del artículo 14, el Tribunal otorgó más días que los previstos tanto en la convención colectiva suscrita con Sintraagricol como en el pacto colectivo, con la particularidad que lo hizo solo para algunas situaciones fácticas; es decir, si bien tomó como referencia los días previstos en el pacto y la convención, los replicó en iguales condiciones para los eventos en que los trabajadores cumplieran 5, 10 y 20 años de servicio, pero los modificó incrementándolos en los eventos en que cumplieran 15 y 25 años, sin que exista razonamiento alguno para prohijar tal diferencia, así:
1247775468630PRESUPUESTO
LAUDO OBJETO DE ANULACIÓN
CCT SUSCRITA CON
6INTRAAGRICOL
PACTO
CDLEGTNO EN EL SEGUNDO Y TERCER AÑO DE VIGENCIA
Al cumplimiento de
CINCO (5) anos de trabajo continuo
SEIS (6) días de
SEIS (6) días de salario
básico
SEIS (6) días de
salario básico
Al cumplimiento de
DIEZ (10) años de trabajo continuo
TRECE (13) días de
salario básico
TRECE (13) días de
salarlo básico
TRECE (13) días de
salarlo básico
AI cumplimiento de
QUINCE (15) años de trabajo continuo
VEINTE (20) días de
salarlo básico
DIECINUEVE (19) días
de salario básico
DIECINUEVE (19)
días de salario básico
AI cumplimiento de
VEINTE (20) años
de trabajo continuo
VEINTICINCO (25)
días de salario básico
VEINTIGINCO (25) días
de salario básico
VEINTICINCO (25)
días de salario básico
Al cumplimiento de
VEINTICINCO (25)
años de trabajo continuo
TREINTA (30) días
de salario básico
VEINTISIETE (27) días
de salario básico
VEINTISIETE (27)
días de salario básico
00PRESUPUESTO
LAUDO OBJETO DE ANULACIÓN
CCT SUSCRITA CON
6INTRAAGRICOL
PACTO
CDLEGTNO EN EL SEGUNDO Y TERCER AÑO DE VIGENCIA
Al cumplimiento de
CINCO (5) anos de trabajo continuo
SEIS (6) días de
SEIS (6) días de salario
básico
SEIS (6) días de
salario básico
Al cumplimiento de
DIEZ (10) años de trabajo continuo
TRECE (13) días de
salario básico
TRECE (13) días de
salarlo básico
TRECE (13) días de
salarlo básico
AI cumplimiento de
QUINCE (15) años de trabajo continuo
VEINTE (20) días de
salarlo básico
DIECINUEVE (19) días
de salario básico
DIECINUEVE (19)
días de salario básico
AI cumplimiento de
VEINTE (20) años
de trabajo continuo
VEINTICINCO (25)
días de salario básico
VEINTIGINCO (25) días
de salario básico
VEINTICINCO (25)
días de salario básico
Al cumplimiento de
VEINTICINCO (25)
años de trabajo continuo
TREINTA (30) días
de salario básico
VEINTISIETE (27) días
de salario básico
VEINTISIETE (27)
días de salario básico
Acota que, en lo que se refiere a la PRIMA DE NAVIDAD, establecida en el literal d) del artículo 14, tenemos que, de acuerdo con el pacto colectivo, ésta corresponde para el segundo y tercer año de vigencia a 14 días de salario básico y proporcional por fracción laborada. En el laudo expedido para resolver el conflicto existente con Sinaltrabimbo, y sin ningún tipo de motivación, se definió otorgar quince (15) días.
Asevera que el laudo incluye adicionalmente un beneficio no contemplado para ningún trabajador de la compañía, contenido en el literal m) del artículo 14 y correspondiente al BONO DE PRODUCTIVIDAD, respecto del cual debe señalarse que, con su otorgamiento, el Tribunal no solo incurrió en una manifiesta inequidad,-sin ningún tipo de motivación teniendo en cuenta los resultados económicos de la compañía-, sino en una clara extralimitación a sus facultades pues se pronunció sobre aspectos que son del resorte exclusivo de la empresa y/o del legislador.
Por último, señala que se encuentra también una manifiesta inequidad en el beneficio contenido en el literal n) referente a VENTA DE PRODUCTO CON DESCUENTO, pues si bien se mantiene el porcentaje del descuento previsto también para los trabajadores adheridos al pacto colectivo o para los beneficiarios del acuerdo vigente convención colectiva con Sintraagricol, el tribunal definió incrementar el monto máximo de consumo semanal previsto en estos acuerdos de $50.000.000 a $60.000.000 para los afiliados a Sinaltrabimbo, lo que genera un cupo adicional de compra en comparación con los demás trabajadores y, por ende, no solo un desconocimiento al principio de igualdad, sino un favorecimiento a la reventa que es precisamente lo que se pretenda evitar con el cupo de $50.000 semanales.
XVI. CONSIDERACIONES
La Corte da respuesta a los planteamientos de la empresa de la siguiente manera:
a) Los árbitros no tuvieron en cuenta la situación financiera
Es doctrina de esta Corporación que en el recurso de anulación se confronta el fallo arbitral con la Constitución, la ley o los instrumentos colectivos vigentes, y se anulan aquellos fallos arbitrales que afectan los derechos o facultades de las partes, consignados en esas normas. Dentro de esta confrontación es posible que surja con claridad y evidencia que se ha roto el equilibrio social entre empleadores y trabajadores en forma tal que ponga en peligro la estabilidad económica de la empresa o la subsistencia de los trabajadores, además, de que podría implicar la violación de normas constitucionales o legales (sentencia CSJ SL, del 5 de oct. 1982, rad. 8929). Pero en el asunto bajo escrutinio no se observa, primae facie, este último aspecto y, por ende, la Sala no halla razones legales ni de hecho para anular las disposiciones bajo examen, toda vez que, en puridad de verdad, el laudo arbitral no fue adoptado a espalda de la realidad financiera de la sociedad recurrente.
Lo precedente por cuanto, como ya se dijo, bien se aprecia que el organismo arbitral fue enfático en advertir, entre otras cosas, que, frente a la situación financiera de la Compañía, «el Tribunal consideró los documentos aportados por BIMBO DE COLOMBIA S. A. y por las Organizaciones Sindicales, que se observan en el expediente».
Lo anterior apunta a inferir, sin hesitación alguna, que efectivamente estudiaron y analizaron el material persuasivo allegado por los protagonistas sociales durante el trámite arbitral y la real dimensión de la situación económica de la impugnante. Sin olvidar que tuvo presente que el laudo se aplicaría a 268 afiliados de una planta de personal de 3883 trabajadores.
Ahora, para dar respuesta a la impugnante en torno a que lo decidido en el laudo arbitral afecta las finanzas de la empresa, baste con remitirnos a la sentencia CSJ SL1980-2020, en cuanto a que es una cuestión que debe ser acreditada por quien la alega, y no basado en meras suposiciones, pues es evidente que cualquier mejora en las condiciones económicas de los trabajadores beneficiarios con las garantías extralegales, va a suponer un esfuerzo financiero del empleador para asumirlas, pero no por ello implican su negativa en un escenario colectivo. En ese contexto, debe ser de tal magnitud o importancia el costo económico de la prestación o prestaciones que tendría que asumir la empresa, que la haga inviable, para que la Corte pueda cuestionar la decisión de los árbitros, pero para ello se requiere de parámetros ciertos, reales y verificables, a fin de considerar que una estipulación colectiva se alejó de la pauta de la equidad.
En esa providencia se trajo a colación la sentencia CSJ SL4598-2019, y se dejó clara la necesidad de acreditar el perjuicio grave de la empresa, que tenga el mérito de derruir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, que son aquellos a los cuales el tribunal acude para decidir el conflicto colectivo de trabajo. Allí se razonó:
Así, quien acude al recurso extraordinario con fundamento en esta causal de anulación, tiene la carga argumentativa de demostrarle a la Corte que la decisión de los árbitros no solo es inequitativa, sino también que esa inequidad es manifiesta u ostensible.
Para estos fines no valen las afirmaciones inespecíficas, especulativas o el planteo de una visión paralela de lo que podría ser cuantitativa o cualitativamente más justo; contrario a ello, es menester probar que la decisión es incompatible con criterios elementales de equidad, en desarrollo de lo cual el impugnante debe acreditar el costo real, cierto y actual de las prestaciones del laudo, la situación financiera concreta de la empresa y de qué manera el laudo incide desfavorablemente en la producción o en la continuidad de las actividades económicas.
Al respecto, en sentencia de anulación CSJ SL 24443, 5 ag. 2004, reiterada en CSJ SL17421-2016 y CSJ SL2893-2017, la Sala sostuvo:
En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que sólo (sic) en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que sólo (sic) puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la "manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas.
En este asunto, la recurrente invita a la Corte a revisar la incidencia económica que la decisión arbitral acarrea para la empresa y de paso identificar las inequidades que puedan surgir. No obstante, ningún medio de acreditación aporta en cuanto a ello, con lo cual soslayó la carga que le corresponde de demostrar sus aseveraciones (CSJ SL8157-2016).
Debe indicar la Corte que la mera circunstancia de acudir a aplicar una especie de comparación para determinar, de esa manera, cuáles son los beneficios a que debería acceder los afiliados al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BIMBO DE COLOMBIA S.A. –SINALTRABIMBO-, dado que es una organización sindical minoritaria al interior de la empresa y con un número limitado de afiliados, no es suficiente para anular la decisión, pues como se sostuvo en la sentencia CSJ SL2881-2022:
[…] el concepto de equidad no tiene un contenido eminentemente aritmético, sino que además comporta otra serie de factores que deben ser ponderados por el Tribunal de Arbitramento al tomar su decisión y que la Corte no podría controvertir, por cuanto su actuación se surte en derecho, lo que dista de los parámetros utilizados por los arbitradores, amén de que no le es dable adoptar una decisión de reemplazo, como ya se ha indicado en esta providencia.
Ahora bien, negar la posibilidad de las organizaciones sindicales de obtener mejoras y conquistas mediante la negociación colectiva so pretexto de que en el ámbito empresarial existen otros actos colectivos que pueden entenderse como máximos o techos, implica privar de sustancia este derecho, así como cualquier posibilidad de avanzar progresivamente en la consecución de mejores condiciones laborales y sociales (sentencias CSJ SL53118 y CSJ SL703-2017).
Se insiste en que, los términos de comparación de los diversos instrumentos colectivos del trabajo, no es argumento suficiente para desquiciar el laudo, pues, si bien resulta conveniente buscar la unidad de pliegos, de negociación y de convención al interior de la empresa, ello no constituye una camisa de fuerza que conduzca indefectiblemente a obtener una uniformidad que afecte la pluralidad sindical, la concurrencia convencional y aún, la libre sindicación o sindicalización (CSJ SL17889-2017).
Nada mejor que recordar la línea de pensamiento de la Corte en el sentido de que el balance entre los derechos consagrados en un acuerdo colectivo con referencia a los entronizados en otra convención colectiva, por regla general no procede por la simple comparación de cláusulas individuales, como lo pretende el recurrente, sino que en la mayoría de los casos, implica un análisis comparado contextual, es decir, que se debe estudiar la globalidad de los implicados y la integralidad de la decisión (CSJ SL10918-2016).
b) Afectación al principio de igualdad
La aplicación de los beneficios del laudo exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, no transgrede el principio constitucional de igualdad, en la medida en que la situación jurídica de estos es diferente a la de los trabajadores no afiliados a un gremio profesional.
Así lo reiteró esta Sala en sentencia CSJ SL282-2021, de la siguiente manera:
Con respecto a la vulneración al principio de igualdad, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que para decidir el conflicto, los árbitros están facultados para fijarse o tomar como parámetro otro tipo de instrumentos, verbigracia, un pacto colectivo u otra convención, incluso, otra decisión arbitral que aplicada al contexto que está resolviendo, le permite precisar de mejor manera las prerrogativas laborales que fueron solicitadas y discutidas por las partes en la etapa de arreglo directo, bajo criterios de igualdad y equidad, pues precisamente, para llegar a una decisión equilibrada, nada más apropiado que consultar los antecedentes históricos de otros conflictos, y los escenarios que han permitido resolver los asuntos colectivos a través de diversos puntos de vista en otras condiciones socioeconómicas, bien sea en la misma empresa, o con otros actores a efectos de fijarse un mejor criterio (véase CSJ SL20784-2017, SL16044-2017 y SL22237-2017), entre muchas otras), lo cual no implica que se deban asimilar en la misma forma, sino como un referente, que sumado a otros análisis, le permitan llegar a un resultado conjunto o armonizado.
De tal manera que, establecer en el laudo incrementos salariales o prestacionales que puedan generar diferencias con trabajadores no sindicalizados, no constituye un trato discriminatorio, pues unos y otros están situados en un plano desigual.
Adicionalmente, si dentro del contexto de análisis del Tribunal encuentra un déficit de protección para los trabajadores sindicalizados con respecto a quienes no lo están, puede resultar un parámetro válido para plasmar mejores garantías, pero igualmente consultando la justicia y la equidad que deben regir las relaciones obrero-patronales.
Acorde con lo anterior, el argumento de la empresa sobre la supuesta discriminación con los trabajadores no sindicalizados por parte del Tribunal, al partir de la base del pacto colectivo existente y mejorar las prerrogativas para los afiliados a Sintraime, no resulta acertado, pues como se indicó, los árbitros pueden referenciarse en diversos instrumentos, a efectos de plasmar alguna prerrogativa no acordada por las partes en la etapa de negociación, y con ello mejorarla, pues ese es el objetivo de todo el instrumento de contención colectiva.
Pero además, es el propio ordenamiento jurídico (la Constitución Política de 1991 y los tratados internacionales, entre los que se destacan los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, que garantizan el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva), el que permite que los trabajadores sindicalizados puedan negociar con su empleador para alcanzar mejores beneficios, independientemente de si los que no se afilian a las organizaciones sindicales no lo hacen o las prerrogativas alcanzadas por aquellos se ven superadas producto de dicha negociación, aunque el empleador por iniciativa propia puede en un futuro llegar a extender los beneficios a todos sus trabajadores, lo cual es producto de su voluntad y no de una imposición legal.
Por lo expuesto, no le asiste razón a la recurrente y, en esa medida, no se anularán las cláusulas atinentes a la prima de navidad, prima de antigüedad y venta de productos con descuentos.
En lo que sí tiene razón la recurrente es en lo que respecta a la bonificación por productividad, pues la Corte, en providencia CSJ SL5020-2021, reiterada en varias oportunidades, explicó que esta clase de peticiones constituyen un gravamen que afecta la autonomía empresarial, por cuanto compromete su objeto social, al estar ligada a sus ganancias, razón por la cual escapa a la competencia de los árbitros.
Al efecto en la sentencia CSJ SL4259-2020, al resolver un asunto de similares contornos, se expresó:
El bono de productividad concebido en el petitorio de la agremiación sindical, avalado por el Tribunal de Arbitramento en la anterior cláusula del laudo arbitral, constituye un gravamen que afecta la autonomía empresarial, pues con independencia de que en este caso la empresa no esté en plena operación por las razones ya conocidas en el trámite, tal disposición afecta su objeto social. Los tributos o afectaciones a las ganancias operativas de la empresa son del resorte exclusivo del legislador, no pudiéndose, por tanto, generar a través del laudo arbitral.
Lo anterior no desconoce que puedan las partes directamente acordar tal clase de compartimientos, pues es de la autonomía empresarial la disposición de sus ganancias, entre ellas, la de compartirlas con sus trabajadores como reconocimiento al aporte en su generación. Tales bonos de desempeño, reconocidos ordinariamente por eficiencia del trabajo, tiene por propósito incentivar la producción en el trabajador, por manera que es del interés del empleador pactar tal clase de prebendas con sus servidores, así como el establecer el alcance salarial o no de los mismos, sin desatender con ello que si constituyen contraprestación directa del servicio no les es dable abrigarlos con enunciados que en tal circunstancia se tornan ineficaces.
En consecuencia, se anulará este canon.
Sin costas dado que no hubo oposición y el recurso salió victorioso parcialmente.
XVII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR el literal m) del artículo 14 del del laudo arbitral del 23 de febrero de 2022 proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BIMBO DE COLOMBIA S.A. –SINALTRABIMBO- y de la sociedad BIMBO DE COLOMBIA S. A.
SEGUNDO: NO ANULAR ni devolver las demás cláusulas atacadas por las partes.
TERCERO: Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.
(Salva Voto Parcial)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
SALVAMENTO PARCIAL Y ACLARACIÓN DE VOTO
Empresa: Bimbo de Colombia S.A.
Sindicato: Sinaltrabimbo
Radicación: 94384
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, salvo el voto parcialmente, en cuanto a la decisión de la mayoría de: (i) no devolver el laudo arbitral con el fin de que se pronunciara de las peticiones del pliego relativas a «vacaciones de los trabajadores» -17.ª-, «comisiones de ventas» -20- y «escala, nivelación salarial y sistemas de ascensos y vacantes» -21-, y (ii) anular aquella referida a «reconocimientos extralegales» en cuanto al «bono de productividad» -artículo 24-.
Asimismo, estimo oportuno aclarar mi voto respecto del análisis de las estipulaciones relativas al «permiso para citas médicas» -artículo 14-, «clausulas concedidas y negadas», y «reconocimientos extralegales» -artículo 24-.
En ese orden, expongo las razones de mi decisión de salvar y aclarar parcialmente mi voto.
1. Cláusulas respecto de las cuales se solicitó la devolución al Tribunal.
1.1. Vacaciones
Artículo 17.- Vacaciones de los trabajadores: La empresa concertará con los trabajadores la fecha de salida a vacaciones, previo cumplimiento del proceso establecido para al fin.
Parágrafo 1.- No se podrán acumular más de dos períodos de vacaciones y se le dará prioridad a quienes tengan más tiempo de trabajo sin haberlas redimido.
Parágrafo 2.- Los sábados no serán considerados como días hábiles para el disfrute de dichas vacaciones.
Parágrafo 3.- Dado el caso que el trabajador tenga discrepancias frente a la programación de vacaciones que le ha sido asignada, el caso se discutirá en los Comités de Relaciones Laborales y Diálogo Social.
Parágrafo 4.- La empresa desarrollan y entregará en el mes de Enero [sic] un cronograma de vacaciones idóneo para ser respetado, tal cronograma no se verá influenciado por las novedades de rotación de personal e incapacidades de los trabajadores.
Al respecto, la mayoría de la Sala indicó que los árbitros no son competentes para resolver este punto, al considerar que la programación de vacaciones «es una potestad que la ley le atribuye al empleador», por tanto, se trata de un aspecto inherente a su poder de organización y dirección de las relaciones laborales.
Pues bien, en mi criterio, tal entendimiento es equivocado, pues los procedimientos de negociación colectiva, incluido el arbitraje, tienen como finalidad mejorar las condiciones de empleo y de trabajo en relación con lo previsto en la ley.
Precisamente, en este caso la aspiración sindical comporta una mejora social para los trabajadores, pues les permite iniciar el disfrute de las vacaciones en el año siguiente a su causación y a petición de ellos, aspecto que contrasta con lo previsto en la ley -año subsiguiente para su disfrute y la fecha la fija el empleador-; limita la potestad del empleador de acumular las vacaciones -tal como prevé el artículo 90 del Código Sustantivo del Trabajo-, y la no contabilización del día sábado en los descansos remunerado -lo cual corresponde a una mejora-.
En tal perspectiva, estimo que el fallo privilegia la libertad de empresa sobre el derecho de las organizaciones de trabajadores a mejorar sus condiciones laborales mediante procedimientos de negociación colectiva, lo cual no es pertinente, toda vez que, a diferencia de la primera libertad, el derecho a la negociación colectiva es un derecho inherente al principio de libertad sindical, el cual está ampliamente protegido en instrumentos internacionales de derechos humanos y del trabajo, tales como los convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador.
Así, no es correlativo del derecho humano a la libertad sindical y a la negociación colectiva subordinar su vigencia a una libertad que, si bien tiene respaldo constitucional, debe armonizarse o ponderarse con otros derechos también protegidos.
Además, tal argumento pasa por alto que todo el conjunto normativo tutelar que conocemos como Derecho del Trabajo, limita la libertad de empresa al establecer en favor del trabajador un cúmulo de derechos sociales que los empresarios deben respetar y garantizar. Por consiguiente, aceptar que los árbitros no pueden recortar los poderes asociados a la libertad de empresa, conllevaría a considerar que los jueces arbitrales no pueden decidir absolutamente nada, dado que al final cualquier prerrogativa que concedan limita esa libertad.
1.2. Clausulas relativas a aspectos salariales
1.2.1. Comisiones de ventas
Artículo 20.- Comisiones de ventas: La empresa garantizará para los canales de auto venta, preventa y entrega preventa el pago del 4.5% como valor de las comisiones fijas sobre la tabla actual de venta mensual.
Parágrafo 1.- Cuando los entregadores, preventistas y vendedores no puedan realizar o continuar las ventas por daños de vehículos, falta de producto o daños en el sistema y deban permanecer en su lugar de trabajo, la empresa les retribuirá el día o fracción del día con el promedio de las comisiones devengadas durante los días laborados en la quincena inmediatamente anterior, sin perjuicio del básico, dominicales y festivos.
Parágrafo 2.- Si por cualquiera de las anteriores circunstancias los vendedores definitivamente no pudieran salir a ruta, deberá permanecer en el lugar de trabajo hasta cumplir su jornada máxima laboral establecida por la ley realizando labores inherentes a su cargo. La obligación de salir a ventas será hasta las 10:00 meridiano para rutas de ciudad y hasta las 08:00 de la mañana para rutas foráneas o de carretera. Los vendedores que deseen salir a ventas después de las horas aquí establecidas podrán hacerlo de común acuerdo con la empresa y recibirán la totalidad del salario promedio diario de la quincena anterior, más las comisiones por las ventas que efectivamente realicen.
Parágrafo 3.- La orden de no salir a ruta será dada por el Divisional de Agencia, Jefe de Agencia o supervisor de ventas.
Parágrafo 4.- Para los entregadores preventa no se verá afectado la comisión sabre los porcentajes de devolución que estén establecidos.
Parágrafo 5.- Para los vendedores de preventa y auto venta se tomará en cuenta el porcentaje de la devolución en un rango a partir del 8.5% y hasta el 12% para eł pago de la comisión.
Parágrafo 6.- Para los vendedores de consumos la empresa garantizará la base fija de su tabla desde el 4.2% de la venta neta de la ruta.
Parágrafo 7.- Buscando mantener el compromiso de los conductores grandes clientes, la empresa incrementará su salario básico en un 3.5% sobre el salario actual, debido a que estos trabajadores deben realizar la malla de distribución en tiempo y forma teniendo un impacto alto en las ganancias para la empresa por el producto entregado. Este aumento no será imputable al aumento general del que se habla en el artículo18 del presente pliego.
1.2.2. Escala, nivelación salarial y sistemas de ascensos y vacantes
Artículo 21.- Escala, nivelación salarial y sistemas de ascensos y vacantes: A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo se creará una comisión paritaria, conformada por dos miembros de la empresa y dos miembros del sindicato en el término de seis meses se coordinarán la elaboración de un estudio sobre escalafón, nivelación salarial y sistema de ascensos. Dicho estudio determinará una escala salarial de acuerdo a los perfiles requeridos.
Parágrafo 1. Tal estudio debe abordar y presentar soluciones y alternativas de implementación como mínimo los siguientes aspectos: a) Normas para una correcta aplicación del escalafón, b) Periodo de observación, c) Reemplazo de cargo superior, d) Entrenamiento y capacitación., e) Tabla de reemplazos, f) Régimen de concursos de vacantes, g) Reclasificación de cargos (cambio de nivel), i) Normas de administración de personal, f) Escalas salariales, h) Salarios mínimos de enganche por cargo y/o oficio.
En cuanto a la primera disposición, la mayoría de la Sala consideró que un pronunciamiento respecto al «establecimiento de comisiones o remuneración por ventas y la creación de una reglamentación para su causación y reconocimiento» corresponde a una facultad de las partes en la etapa de negociación directa, sin que los árbitros tengan competencia para determinar la incidencia salarial o no de un determinado beneficio.
En lo relativo a la segunda, la Corte estimó, con fundamento en el criterio expuesto en precedencia que el «establecimiento de [un] escalafón de cargos u oficios y la consecuente fijación de una escala salarial [era] (…) invadir y restringir las facultades que por ley le fueron otorgadas al empleador (…)». Además, que «los árbitros carecen de competencia para definir la forma cómo la empresa debe contratar a su personal».
Al respecto, manifiesto mi desacuerdo, toda vez que, en mi criterio, los árbitros en ejercicio legítimo de sus facultades están en capacidad de discernir y decidir qué conceptos hacen parte del salario o no para los beneficiarios del laudo, en tanto no existe impedimento legal alguno para que ese aspecto se defina mediante el mecanismo de la heterocomposición.
En efecto, nótese que la cláusula de comisiones no tenía la finalidad la creación de un concepto salarial, por el contrario, establecer mecanismos que corresponden a mejores respecto a «las comisiones fijas sobre la tabla actual de venta mensual», en cuanto a circunstancias en las que «no se puedan realizar o continuar las ventas» por situaciones atribuibles al trabajador; así como incrementar los valores reconocidos respecto a todos los actores que participan en el proceso productivo.
Ahora, en lo relativo a la «escala, nivelación salarial y sistemas de ascensos y vacantes» la mayoría de la Sala afirma que los árbitros no tienen competencia para establecer un escalafón de cargos u oficios y determinar una escala salarial, pues «adoptar una decisión de esa naturaleza, representa invadir y restringir las facultades que por ley le fueron otorgadas al empleador».
En mi concepto, considero que los árbitros no deberían tener restricciones para establecer escalas salariales y remuneraciones acordes con esas escalas, pues se trata de aspectos económicos de la relación laboral susceptibles de ser definidos en el laudo. De hecho, la cuestión del salario es uno de los aspectos que, por definición, pueden ser mejorados a través de la negociación colectiva, la cual puede desembocar en un convenio colectivo o en un laudo arbitral, sin que sea de recibo privilegia la libertad de empresa sobre el derecho de las organizaciones de trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y salariales mediante procedimientos de negociación colectiva, tal como advertí en precedencia.
Ahora, en cuanto al parágrafo 2.º que establece que «el escalafón y nivelación salarial» no puede suponer «la eliminación de los cargos que existen actualmente»; así como el parágrafo 4.º que indica que en caso de una vacante en la empresa que este pendiente por proveer, aquella debe tener en cuenta «a los hijos de los ex trabajadores que estén disfrutando de una pensión de jubilación y/o enfermedad declarada o de trabajadores que hayan fallecido estando al servicio de la Empresa, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos del cargo».
Al respecto, el fallo indica que «una de las limitaciones de los árbitros es la imposibilidad de reglar la contratación laboral, bien en relación con la modalidad propiamente dicha, así como respecto de los sujetos a vincular», dado que ello vulnera la libertad del empresario para dirigir las relaciones laborales.
Aunque estoy de acuerdo con que no es pertinente a través del laudo establecer que el empleador no pueda suprimir cargos existentes en la empresa y que deba preferir a los hijos de los trabajadores para proveer los cargos de pasantes y, en tal sentido, no hay lugar a devolver el laudo, considero que los árbitros sí son competentes para pronunciarse respecto a las modalidades de contratación laboral.
En efecto, en el mundo laboral moderno no hay que perder de vista que fenómenos tales como la expansión de la descentralización productiva, las formas de empleo temporal, la inseguridad en el empleo y la precarización laboral, es válida la aspiración a acceder a formatos de empleo más estables y duraderos. Por ello, es natural que en los pliegos de peticiones los sindicatos incorporen solicitudes que apuntan a mejorar la estabilidad laboral.
A su vez, no puede olvidarse que estabilidad laboral es un principio constitucional de cardinal importancia -artículo 53 de la Constitución Política- y un elemento condicionante del pleno ejercicio de los demás derechos laborales, como el de sindicación, negociación o huelga, pues las vinculaciones precarias o poco estables dificultan el ejercicio del conjunto de derechos del ciudadano trabajador ante el riesgo implícito de no renovación o readmisión en el empleo.
En tal sentido, es un derecho elemental de los sindicatos el perseguir a través de diversas fórmulas, mayor estabilidad laboral, a fin de sortear las dificultades derivadas de la precariedad laboral, fortalecer sus bases y mejorar su capacidad de acción colectiva.
Estas fórmulas bien pueden consistir en formas contractuales más estables, la obligación de renovar los contratos cuando subsistan las necesidades organizativas, limitar las modalidades contractuales atípicas a eventos específicos, elevar las tarifas por despido injusto, establecer procedimientos previos al despido o condicionamientos al mismo. Luego no existe ninguna razón constitucionalmente relevante para que los árbitros no puedan pronunciarse sobre este derecho social básico y se privilegien sobre él las libertades económicas.
En tal perspectiva, como lo he indicado en otras oportunidades, los árbitros deben procurar armonizar los intereses de los actores sociales; no superponer los intereses de unos sobre los de otros, pues ello desconoce que en el marco del Estado social de derecho deben necesariamente convivir las libertades económicas con los derechos sociales fundamentales; privilegiar las primeras sobre los segundos genera un desequilibrio en la escala de valores, con resultados constitucionalmente inadmisibles.
En consecuencia, consideró que la Corte debía devolver las clausula relativa a las vacaciones comisiones y parcialmente aquella referida a las «escala, nivelación salarial y sistemas de ascensos y vacantes», con excepción de los parágrafos 2.º y 4.º para que los árbitros se pronunciaran al respecto.
2. En cuanto a la cláusula relativa al «bono de productividad»
En el laudo arbitral la citada prerrogativa se concede en los siguientes términos:
m) Bono de productividad: La empresa dará a sus trabajadores por cumplimiento de las metas generales establecidas, un bono de productividad trimestral equivalente a doce días de salario básico mensual vigente del trabajador.
[…]
Al respecto, la mayoría de la Sala consideró que esta clase de beneficios constituían «un gravamen que afecta la autonomía empresarial, por cuanto compromete su objeto social, al estar ligada a sus ganancias».
Pues bien, en mi criterio, la ley faculta a los árbitros para pronunciarse en equidad sobre cualquier reivindicación en los campos individual, colectivo y de seguridad social, al margen que determinados derechos estén contemplados en la ley.
Además, ello desconoce que la ley previó que un tribunal imparcial arbitrara los justos reclamos que las personas trabajadoras efectúen a través de una organización sindical, así como determinar si tienen la virtud de mejorar sus condiciones de empleo, en el marco de la equidad y la consecución del equilibrio de las relaciones laborales.
En efecto, nótese que respecto a este punto no advierto que los árbitros hayan cometido una extralimitación al tal prerrogativa, máxime cuando la misma se sujetó «al cumplimiento de las metas generales que establezca la empresa», de modo que se entendía que dejó al arbitrio del empleador la determinación de los objetivos organizacionales.
3. Cláusula respecto de la cual se solicita su devolución por parte del Sindicato y la anulación por parte de la empresa
Pese a que comparto la decisión de la Sala de no acceder a la solicitud del sindicato respecto a devolver el laudo arbitral para que el Tribunal se pronuncie respecto de las «cláusulas negadas y concedidas», toda vez que la Sala carece de competencia para pronunciarse en cuanto a aquellas peticiones negadas o acogidas, considero que tal argumento era suficiente para tal efecto, sin que fuese necesario que la Corte realizara manifestaciones adicionales relativas a los «intereses económicos y situación financiera de la empresa» o que «los beneficios no resulta[ban] inequitativos». Lo anterior, porque tal como lo he expuesto en reiterados salvamentos de voto, tal argumento no es causal de anulación.
La citada consideración, también se extiende al análisis de la cláusula relativa a los «reconocimientos extralegales» -artículo 24-, respecto de la cual la empresa solicita la anulación, toda vez que, en mi criterio era suficiente indicar que con dicha concesión el Tribunal no excedió su competencia, ni tampoco trasgredió el principio de igualdad, sin que fuese necesario analizar si la prerrogativa era o no «manifiestamente inequitativa».
En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa y debe sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales.
La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva; por ejemplo, al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto.
La segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario; por tanto, carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.
Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros con exclusión total de cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que, a mi juicio, realiza la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.
Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.
De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda, desconoce el objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Adicionalmente, debo señalar que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este último está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
Dejo así sustentado de mi salvamento y aclaración parcial de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado