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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4315-2022

Recurso de anulación

Fecha
30 de noviembre de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4315-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Procedía anular o devolver las cláusulas concedidas o negadas del laudo por los reparos de equidad, igualdad y competencia formulados por el sindicato?

  2. ¿Tenían los árbitros competencia para resolver la petición de cursos de seguridad industrial y otros, y para fijar tiempo de ducha dentro de la jornada?

Reglas

  1. Quien interpone el recurso de anulación debe concretar y sustentar cada punto impugnado; la Corte no puede inferir de afirmaciones generales las objeciones de la parte.

    «es deber del impugnante concretar y sustentar los puntos cuya anulación pretende, pues la Corte no puede actuar oficiosamente y suponer las objeciones concretas de la parte interesada»
  2. El recurso de anulación no permite revisar jurídicamente la motivación equitativa del laudo, salvo inequidad manifiesta, afectación de derechos fundamentales o extralimitación de competencia.

    «no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta»
  3. No es posible anular una decisión desestimatoria y devolverla al tribunal arbitral, porque la negativa no constituye una disposición normativa anulable.

    «no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación remitir el expediente al tribunal, como lo pretende el recurrente, pues no existe un objeto anulable»
  4. Los beneficios establecidos en instrumentos colectivos distintos no deben ser idénticos; los árbitros pueden adoptarlos, modificarlos, superarlos o prescindir de ellos según la equidad del caso.

    «la remisión a esos acuerdos es potestativa más no obligatoria»
  5. Los árbitros tienen competencia para resolver solicitudes de capacitación laboral, aunque la decisión no tiene que concederlas en los términos del pliego.

    «los árbitros tienen competencia para resolverlo, bien sea a favor o en contra de lo propuesto por el sindicato, bajo los parámetros, entre otros, de la equidad, razonabilidad y proporcionalidad»
  6. Los tribunales de arbitramento no tienen competencia para fijar o modificar jornadas, turnos o periodos de descanso, asuntos ligados a la organización del trabajo y a las facultades de dirección del empleador.

    «dentro de las competencias de la justicia arbitral no está la de establecer o modificar las jornadas de trabajo, ni determinar o alterar turnos de trabajo o periodos de descanso obligatorio»

Decisión

La Corte devolvió el laudo para que el tribunal se pronuncie sobre la cláusula de cursos de seguridad industrial y otros. No anuló ni devolvió las demás disposiciones impugnadas y no impuso costas.

Parte resolutiva

VII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DEVOLVER el laudo arbitral al tribunal de arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM- y la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.S., para que dentro de los 5 días siguientes a su reinstalación se pronuncie sobre la cláusula 43ª CURSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO ANULAR NI DEVOLVER las demás disposiciones atacadas del laudo arbitral del 22 de abril de 2022, aclarado y adicionado mediante providencia del 2 de mayo siguiente, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM- y la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.S. TERCERO: Sin costas

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4315-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

30 de noviembre de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4315-2022

Radicación n.° 94719

Acta 41

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el apoderado del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM- contra el laudo arbitral del 22 de abril de 2022, aclarado y adicionado mediante providencia del 2 de mayo siguiente, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la organización sindical recurrente y la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.S.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 4056 del 20 de diciembre de 2021, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM- y la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.S.

II. LAUDO ARBITRAL

El respectivo laudo arbitral fue emitido el 22 de abril de 2022, aclarado y adicionado mediante providencia del 2 de mayo siguiente.

El tribunal de arbitramento sostuvo que:

a) La negociación colectiva, en la ley sustantiva laboral ha precisado en su artículo 458 la facultad que tienen los árbitros para decidir un conflicto colectivo, en cuanto a los puntos que no pudieron ser resueltos en el ejercicio de la etapa de arreglo directo.

b) Determinado el campo de competencia de los árbitros en materia laboral, y de conformidad con el antecedente señalado, indicó que era preciso ilustrar la facultad de los amigables componedores para decidir el conflicto de intereses económicos con sustento en la equidad, «por cuanto las decisiones que adopta un tribunal de arbitramento, para definir un conflicto colectivo, se deben acompañar de razones en equidad, que por su naturaleza son diferentes a las razones de derecho».

c) Los fallos arbitrales, en materia laboral, también deben estar dotados del principio a la igualdad bajo el apremio y, en consonancia, con el precedente doctrinario y jurisprudencial de esta Corte, los árbitros al momento de adoptar una decisión deben respetar dicho principio.

d) La naturaleza del conflicto restringe el marco de actuación del tribunal a los aspectos económicos, del pliego de peticiones presentado por la organización sindical SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM-.

e) Las decisiones fueron adoptadas por unanimidad, dentro de un claro criterio de razonabilidad y equidad, en la búsqueda del equilibrio en las relaciones de las partes que permita el desarrollo, el progreso de la empresa y el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores, para ello se analizaron las exposiciones de las partes, los documentos aportados, la situación económica de la empresa y la condición especial de los trabajadores

f) Acataron los lineamientos legales y jurisprudenciales para fundar su competencia, al establecer que el fallo que se dicte no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Política, por las leyes o por las normas convencionales vigentes.

III. RECURSO DE ANULACIÓN

Fue interpuesto por el apoderado del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM-

La organización sindical le solicita a la Corte:

Primera: […] se declare la Anulación Parcial de lo decidido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio en cuanto al numeral SEGUNDO del Laudo Arbitral, donde determinó declararse incompetente respecto de las cláusulas 7ª INCORPORACIÓN DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO DE PEGATEX ARTECOLA S.A.S., 16ª DESCUENTO POR BENEFICIO DE CONVENCIÓN., 43ª CURSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS. y 50ª TIEMPO PARA DUCHA., del Pliego de Peticiones presentado por SINALTRAFARQUIM, devolviendo el Laudo al Tribunal al Tribunal de Arbitramento para que este se pronuncie de fondo corrigiendo el yerro presentado que en últimas termina afectando a los afiliados a la organización sindical en sus derechos de asociación, negociación colectiva, igualdad, capacitación y la salud.

Segunda: De igual forma solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, la Anulación Parcial de lo decidido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio en cuanto al numeral TERCERO del Laudo Arbitral, donde determinó negar las cláusulas 23ª, PAGO DE INCAPACIDADES, 24ª PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD, 25ª PRIMA DE ANTIGÜEDAD, 26ª PRIMA O BONIFICACIÓN POR PENSIÓN, 27ª PRIMA DE VACACIONES, 30ª AUXILIO POR MUERTE DE FAMILIARES, Cláusula 35ª AUXILIO ESCOLAR, 37ª FONDO DE VIVIENDA, del petitorio sindical, retornando el Laudo al Tribunal de Arbitramento, para que en un sano ejercicio del principio de equidad acceda a las solicitudes de los trabajadores sindicalizados, que en este caso no exceden de ocho, y donde la empresa ha manejado unos márgenes de utilidades que contradicen la manifestación del ente arbitral en cuanto a inestabilidad económica.

Tercera: Depreco a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, la declaratoria de Anulación Parcial, del numeral primero del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento que estableció como norma colectiva de vigencia para las partes las cláusulas 4ª. PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS., 9ª. INCREMENTO SALARIAL. 16ª. AUXILIO DE TRANSPORTE., Cláusula 17ª., AUXILIO EDUCATIVO., Cláusula 18ª. AUXILIO DE ADVERSIDAD., devolviendo el Laudo Arbitral para que el Tribunal de Arbitramento precise las situaciones acotadas.

Cuarta: Finalmente solicito se declare la firmeza del resto de los Artículos que conforman el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir el Conflicto Colectivo suscitado de la presentación del Pliego de Peticiones por parte del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA SINALTRAFARQUIM, a la empleadora PEGATEX ARTECOLA S.A.S., desde el pasado 22 de abril de 2022.

Según informe secretarial la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.S., no presentó oposición alguna.

PETICIONES CONCEDIDAS

1. Procedimiento en caso de sanción o despido

1.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 9ª. PROCEDIMENTO EN CASO DE SANCION O DESPIDO: Antes de aplicar una sanción disciplinaria o proceder a la cancelación de un contrato de trabajo, la empresa escuchará al trabajador inculpado en diligencia de descargos así como a los dos integrantes de la comisión de reclamos del sindicato en la empresa o ante dos integrantes de la junta directiva del mismo; para el efecto, la empresa al momento de tener conocimiento de la comisión de la presunta falta, procederá dentro de las 8 horas siguientes a comunicar al trabajador y citándolo a los descargos al día siguiente, señalando la hora y lugar a donde debe comparecer. Siempre estará asistido por (2) dos representantes del sindicato los cuales podrán intervenir activamente en dicha audiencia de descargos y sus pronunciamientos serán consignados en dicha acta, se levantará el acta respectiva, entregándole copia al Trabajador y al Sindicato. Una vez efectuada la diligencia de descargos las partes practicaran las pruebas necesarias y tomaran la decisión final a través de un comité paritario compuesto por dos representantes de la empresa y dos del sindicato y por mayoría de votos. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria o el despido que se imponga desconociendo este trámite; en caso de sanción, esta se tendrá por inexistente y en caso de despido el trabajador será reintegrado pagando le los salarios dejados de recibir durante el tiempo que dure cesante.

1.2 Laudo arbitral

Cláusula 4ª. PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. Toda medida o decisión que configure un uso de la facultad disciplinaria por parte del empleador, deberá estar precedida de un debido proceso mediante el cual el Trabajador pueda ejercer plenamente su derecho de defensa. Este procedimiento debe realizarse de manera oportuna a partir del momento en el cual se conoce la falta por parte del Empleador. El procedimiento disciplinario estará regulado por las siguientes etapas: a) Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción y la formulación de los cargos imputados: Mediante comunicación escrita entregada personalmente o enviada por correo certificado a la última dirección de residencia registrada por el Trabajador en la empresa, ésta notificará el inicio del proceso disciplinario señalando: (i) Lugar, fecha y hora de la diligencia de descargos. (ii) Imputación de los hechos que dan lugar al inicio del procedimiento disciplinario. (iii) Imputación de las posibles obligaciones incumplidas o faltas en las cuales incurrió el trabajador. (iv) La empresa PEGATEX ARTECOLA S.A. efectuará el traslado de las pruebas que fundamentan los cargos, con la correspondiente antelación a la diligencia de descargos. (v) En la comunicación remitida al trabajador se debe informar de manera expresa los términos con los que cuenta para controvertir las pruebas y allegue las considere pertinentes para su defensa. En el evento que no se posible adelantar diligencia de descargos presencial, mediante comunicación escrita entregada personalmente o enviada por correo certificado a la última dirección de residencia registrada por el Trabajador en la empresa, se indicarán los hechos que dan lugar al inicio del procedimiento disciplinario así como la imputación de las posibles obligaciones incumplidas o las faltas en las cuales el trabajador incurrió y se trasladarán las pruebas con las cuales cuenta la empresa, señalando el término en el cual deberán rendirse los descargos por escrito respecto de los hechos señalados en la comunicación entregada o enviada por el empleador así como el lugar al cual debe remitir sus descargos. b) Diligencia de descargos: En la fecha, hora y lugar determinados en la citación a la diligencia de descargos se llevará a cabo diligencia de descargos en la cual el trabajador podrá explicar su versión de los hechos imputados así como cualquier explicación o aclaración necesaria. En dicha diligencia el empleador trasladará las pruebas con que cuente para que el Trabajador pueda ejercer su derecho de contradicción respecto de las mismas e igualmente, el Trabajador podrá aportar las pruebas que considere conducentes. En caso de ser necesario, se podrá suspender la diligencia de descargos, dejándose constancia en la correspondiente acta, de la fecha hora y lugar de la continuación de la diligencia. El término de suspensión será fijado en la diligencia de descargos, siendo el razonablemente necesario según las razones que dieran lugar a la suspensión de la diligencia. Igualmente, el empleador podrá posteriormente y dentro de un término razonable, citar a una ampliación de la diligencia de descargos, citación que deberá cumplir con lo señalado en literal a) de esta cláusula. c) Decisión: Con posterioridad a la finalización de la diligencia de descargos o una vez remitidos los descargos por parte del trabajador y dentro de un término razonable, el empleador comunicará al Trabajador la decisión correspondiente. En caso que proceda alguna sanción disciplinaria o la terminación del contrato de trabajo con justa causa conforme lo establecido en el contrato individual de trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y/o el Código Sustantivo del Trabajo, la decisión debe estar motivada, explicando los hechos que dan lugar a la misma así como las obligaciones incumplidas y/o las faltas en que se incurrió.

Finalmente se señala que ante la decisión adoptada por la empresa, el trabajador tendrá la posibilidad de presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, recurso de reposición ante el mismo funcionario que adoptó la decisión y en subsidio apelación presentada por escrito ante el superior inmediato de la persona que impuso la sanción. Parágrafo I. El recurso de apelación suspende los efectos de la sanción, hasta que sea resuelta en segunda instancia. No produce efecto alguno el despido que pretermita el trámite disciplinario. Parágrafo II. Todos los procesos disciplinarios deberán surtirse respetando las etapas antes mencionadas y conforme al procedimiento que para el efecto tenga establecido la compañía en la correspondiente política. Parágrafo III. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el presente clausulado.

2. Incremento salarial

2.1 Pliego de peticiones

Cláusula 21ª. INCREMENTO SALARIAL: La Empresa incrementara los salarios de sus trabajadores en el mes de enero de cada año de la vigencia de la resultante convención colectiva así: Hasta dos salarios mínimos el 13,0% De dos a tres salarios mínimos el 10,5% Tres salarios mínimos en adelante el 9.0%.

2.2 Laudo arbitral

Cláusula 9ª. INCREMENTO SALARIAL. Los salarios serán incrementados para los años 2023 y enero de 2024 conforme al IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Para el año 2021 se fijó un salario mínimo para la empresa por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($943.411), que fue superior al salario mínimo mensual legal vigente establecido por el Gobierno Nacional para el año 2021, el cual debe aumentarse para el año 2023 y enero de 2024 en el mismo porcentaje en que sea aumentado el salario mínimo mensual legal vigente para cada uno de tales años. Respecto de los trabajadores que devenguen un salario superior al salario mínimo por la empresa ($943.411) más un peso ($1) y hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, el incremento salarial para los años 2023 y enero de 2024 será conforme el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior más 0.5%.

3. Auxilio de transporte

3.1 Pliego de peticiones

Cláusula 34ª. AUXILIO DE TRANSPORTE. La empresa reconocerá como auxilio extralegal de transporte mensualmente a los trabajadores que se beneficien de la presente convención la cantidad de $200.000 pesos.

3.2 Laudo arbitral

Cláusula 16ª. AUXILIO DE TRANSPORTE. PEGATEX ARTECOLA S.A.S. reconoce un auxilio extralegal de transporte conforme a las siguientes reglas: 1. Para colaboradores operativos y administrativos (todos) que laboren en Mosquera y su domicilio este ubicado a más de 30 km de la fábrica, tendrán un auxilio extralegal de transporte de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($151.759) para el año 2022, el cual será ajustado en el mes de enero para los años 2023 y 2024, conforme al porcentaje de ajuste del auxilio legal de transporte para tales años. 2. Área comercial. Incluye promotores, asesores de ventas, ventas técnicas, KAM, técnicos aplicadores e ingenieros de ventas, así: Área Comercial ASESOR DE VENTAS/ KAM/ INGENIERO COMERCIAL/ INGENIERO DE DESARROLLO DE NEGOCIO/ VENTAS TÉCNICAS- BOGOTÁ $629.476

ASESOR DE VENTAS/ KAM/ INGENIERO COMERCIAL CIUDADES/ VENTAS TÉCNICAS/ TÉCNICO APLICADORCIUDADES $524.612

PROMOTOR CON RUTA $259.708

PROMOTOR SIN RUTA $112.306.

Estos valores se reajustarán anualmente en los meses de enero para los años 2023 y 2024 según IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior más un (1) punto por cada año. 3. Para los cargos operativos del área de operaciones, investigación y desarrollo y aseguramiento de calidad, cuando se trabajen horas extras en día sábado, o se labore en día domingo o festivo, se reconoce por transporte el valor de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.446) por día para el año 2022, pago realizado por nómina. Este valor se reajustará anualmente en el mes de enero conforme IPC certificado por el DANE. Parágrafo I. Este auxilio no es constitutivo de salario por ningún efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

4. Auxilio educativo

4.1 Pliego de peticiones

Cláusula 36ª. UNIVERSITARIAS, SUPERIORES, PROFESIONALES, POSGRADOS, Y MAESTRIAS, ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA, EDUCACION VIRTUAL: a. TRABAJADORES: La Empresa concederá becas a sus trabajadores para que realicen estudios superiores, por un valor de un millón ciento dos ciento mil pesos ($1´200.000), semestrales cada una. Para la utilización de las becas para trabajadores la Empresa facilitará el tiempo o los cambios de turno que sean necesarios. Esta beca se reconocerá a todos los trabajadores, así hayan realizado anteriormente otros estudios. b. HIJOS DE TRABAJADORES: La Empresa concederá así mismo becas para estudios Universitarios, de Carreras Técnicas o tecnológicas, a todos los hijos de sus trabajadores que ingresen a las Universidades o establecimientos educativos en donde se cursen tales estudios, incluyendo estudios fuera del territorio colombiano. Estas becas tendrán un valor de dos millones de pesos ($2.000.000), por semestre, cada una. Esta beca también se reconocerá cuando el estudiante haya terminado sus estudios, siempre y cuando deba continuar pagando matrícula en la respectiva institución para la presentación de la tesis y/o de preparatorios. Esta beca se reconocerá a todos los hijos de los trabajadores hasta la edad de 25 años y que dependan económicamente del trabajador, como lo establece la ley. Adicionalmente concederá para los hermanos que dependan económicamente de los trabajadores, y para las esposas o compañeras permanentes, becas para estudios universitarios, técnicos o tecnológicos, cursados en establecimientos educativos debidamente aprobados. El valor de cada beca será de un millón setecientos mil pesos ($1.700.000) semestral. c. BECAS PARA EDUCACION ESPECIAL: La empresa concederá becas para educación especial a los familiares calificados como tal, que dependan económicamente de los trabajadores, por un valor de trescientos mil pesos ($300.000) moneda legal vigente mensual. PARAGRAFO 1: El otorgamiento por la Empresa de las becas para estudios secundarios y profesionales a que se refiere este artículo, se efectuará previa certificación de que el beneficiario ha obtenido su ingreso al respectivo establecimiento. PARAGRAFO 2: Las becas de estudio serán pagadas a la semana siguiente a la presentación del certificado de matrícula. PARAGRAFO 3: La empresa se hará responsable a través de los coordinadores de producción o quien haga sus veces, de los documentos que radican los trabajadores, referentes a las becas anteriores y tramitará los auxilios de acuerdo a los términos establecidos en la convención colectiva de trabajo.

4.2 Laudo arbitral

Cláusula 17ª. AUXILIO EDUCATIVO. PEGATEX ARTECOLA S.A.S. contará con un fondo de educación, en virtud del cual los trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral podrán acceder a un auxilio de educación conforme a las siguientes condiciones: El trabajador que aspire al beneficio debe tener como mínimo un (1) año de antigüedad en la Empresa, si se trata de cursos de idiomas o estudios técnicos y profesionales en instituciones con aprobación oficial de quien corresponda y que se trate de estudios afines al negocio. El trabajador que aspire al beneficio debe tener como mínimo dos (2) años de antigüedad en la Empresa, si se trata de estudios de postgrado y maestrías. El monto del Auxilio se otorga con base el resuelto de la evaluación de desempeño y se reconocerá a los menores resultados hasta el tope del use del fondo de educación, conforme a la siguiente tabla: 25% Si alcanza entre el 80% y 85% en la evaluación de desempeño, sin que en ningún caso el valor del auxilio supere el 45% del presupuesto anual del fondo de educación. 30% Si alcanza entre el 86% a 90% en la evaluación de desempeño, sin que en ningún caso el valor del auxilio supere el 45% del presupuesto anual del fondo de educación. 40% Si alcanza entre el 91% a 95% en la evaluación de desempeño, sin que en ningún caso el valor del auxilio supere el 45% del presupuesto anual del fondo de educación. 50% Si alcanza igual o más del 96% en la evaluación de desempeño, sin que en ningún caso el valor del auxilio supere el 45% del presupuesto anual del fondo de educación. El presupuesto anual designado por la Empresa para el fondo de educación, del cual se reconocerá el auxilio educativo para los mejores desempeños entre los trabajadores que se postulen para este beneficio será de veinte millones de pesos m/cte ($20.000.000) para 2022, para el año 2023 y para el año 2024 será de veintiuno millones de pesos m/cte (21.000.000). El colaborador debe tener un promedio académico de 4 sobre 5 o del 80% de lo contrario pierde el auxilio. Debe reportar a la empresa las calificaciones para desembolsar el siguiente ciclo con el promedio exigido como mínimo. Si se reprueba pierde el derecho al Auxilio, hasta que pase de nivel y con notas superior al 80%. Parágrafo I. Este auxilio no es constitutivo de salario para ningún efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo.

5. Auxilio de adversidad

5.1 Pliego de peticiones

Cláusula 38ª. FONDO DE PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA: La empresa creara un fondo destinado a efectuar préstamos sin intereses a los trabajadores que sufran ellos o en sus familias, grave calamidad domestica por la suma de veinticinco millones de pesos. ($ 25'000.000). La cuantía máxima de cada préstamo no debe ser superior a (2) dos meses del salario que devengue el trabajador y será amortizado en cuotas que este autorice descontar de sus salarios o de sus prestaciones sociales en caso de terminación del contrato de trabajo. Estos préstamos no causaran interés alguno a cargo del trabajador.

5.2 Laudo arbitral

Cláusula 18ª. AUXILIO DE ADVERSIDAD Se entiende por adversidad para este caso todo suceso trágico e imprevisto que altere el orden económico y laboral del colaborador mismo y de su núcleo familiar (de primer grado de consanguinidad) y/o dependientes económicos, debido a: enfermedad, hurto de herramientas de trabajo, suplantaciones, desastre natural, accidente y fallecimiento. Para el año 2022 se aumentará a CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000) y para 2023 será de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000). El monto del auxilio por adversidad para empleados beneficiarios del presente laudo arbitral serán de TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000), para lo cual, con el fin de poder acceder a este auxilio, se deberán presentar los soportes que evidencien la ocurrencia de la adversidad. Parágrafo I. Este auxilio no es constitutivo de salario para ningún efecto, acorde con el contenido del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

6. Argumentos comunes de la organización sindical

Se pueden condensar así:

1º) El tribunal de arbitramento «no estableció la participación de los representantes del sindicato en los procesos disciplinarios, ni los términos de tiempo, con lo cual se profundiza la práctica empresarial de citar a diligencias de descargos en tiempos irracionales a fin de impedir la participación de tales representantes, convocando a diligencias de descargos con menos de 24 horas no dando lugar a la preparación de la defensa del trabajador investigado».

2º) Los porcentajes establecidos en el laudo arbitral resultan insuficientes para por lo menos cubrir la pérdida de poder adquisitivo frente a los incrementos del índice de precios al consumidor que superan los aumentos del laudo arbitral.

3º) En el laudo arbitral se desconoce que la empresa, impone un kilometraje que para algunos trabajadores es excluyente pues los transportistas no hacen distinción de cuanto es el kilometraje que el trabajador va a hacer uso del transporte, sino que cobran el pasaje completo, no obstante ser tomado en áreas rurales de los diferentes municipios que circundan el municipio de Mosquera.

4º) En lo atinente al auxilio educativo el estamento arbitral, limitó la conflictividad del punto y la sometió al tratamiento que del tema hace la empleadora a través del Pacto Colectivo, ignorando el sentido profundo de la solicitud sindical que era el que el núcleo familiar, incluidos los trabajadores, se beneficiara de un auxilio educativo, en las diferentes etapas del proceso educativo, dando por valido también que la ayuda educativa a los trabajadores sea solo en áreas de interés para la empresa menospreciando el derecho de los trabajadores a educarse o aprender de forma libre lo que ellos consideren oportuno.

5º) Frente al auxilio de adversidad tal y «como quedó en el laudo arbitral, va a ser motivo de conflictividad pues no es clara la forma de utilización, la oportunidad de la misma y los eventos que cubre».

IV. CONSIDERACIONES

Menester es advertir que, en este aparte del acto jurisdiccional, la Sala dará respuesta únicamente a las peticiones que fueron concedidas por el tribunal de arbitramento, frente a las cuales el sindicato no está conforme con los términos en que fueron otorgadas y, por ello, solicita la devolución al cuerpo arbitral o bien, en sus palabras, «nulidad parcial para que «el Tribunal de Arbitramento precise las situaciones acotadas».

-No hay lugar a la devolución

Se memora la añeja doctrina de la Corte según la cual solamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si los árbitros resolvieron negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corporación devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente.

De suerte que, esta Sala solo tiene competencia para devolver el laudo cuando los árbitros hayan proferido una decisión inhibitoria o declarado la falta de competencia para resolver una petición para la que sí están facultados. Por tanto, se itera, es improcedente la devolución del laudo en los eventos en que hayan acogido parcialmente una petición o en términos diferentes a los implorados por la organización sindical, con fundamento en los principios de equidad, razonabilidad e igualdad, como efectivamente aquí sucedió (CSJ SL3491 2019).

-Sobre la indeterminación de lo decidido y remedios procesales

En cuanto a los argumentos que gravitan en torno a la indeterminación de las cláusulas, debe recordar la Corte que la justicia o injusticia abstracta de las normas debe ser evaluada pensando en la generalidad de los casos. Los aspectos grises, las dudas o indeterminaciones suscitadas por casos excepcionales, deben ser solucionados a través de los métodos y principios de la hermenéutica jurídica, los cuales deben servir de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas (CSJ SL5295-2018), de suerte que deben ser resueltas por las propias partes, en uso de su autonomía colectiva y en una cultura de diálogo y cooperación, mas no a través del litigio, vía recurso de anulación (CSJ SL5887-2016, CSJ SL14879-2016, CSJ SL12219-2017 y CSJ SL4458-2018), pues nada impide a los interlocutores sociales crear de común acuerdo comisiones paritarias u otras que estimen pertinentes, encargadas de la función de emitir decisiones interpretativas en cuanto al sentido y alcance de una o varias cláusulas de la convención colectiva o laudo arbitral (CSJ SL938-2022).

Con este razonamiento, esta Corporación ha rechazado anular disposiciones normativas por dudas interpretativas planteadas por los recurrentes en anulación. En palabras de la Corte: «es difícil concebir una norma que adolezca de algún grado de indeterminación, que por medio de la interpretación jurídica no pueda ser determinada. Como también es difícil concebir una disposición oscura que a través de un ejercicio hermenéutico no pueda ser clarificada. Lo anterior y por, sobre todo, si se tiene de presente que la indeterminación o vaguedad semántica es una característica potencial de toda norma jurídica» (CSJ SL5887-2016, reiterada en CSJ SL14879-2016).

Ahora bien, a la luz de lo asentado en la sentencia CSJ SL583-2021, reiterada en las CSJ SL2667-2021 y CSJ SL3132-2022, cuando se estima que un laudo arbitral es oscuro, incompleto, o no resuelve la totalidad del petitorio, debe acudirse a las figuras de la aclaración, adición o complementación, como lo permite el Código General del Proceso para las sentencias, en sus artículos 285 y 287 aplicables al procedimiento laboral por la integración señalada en el art. 145 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para que el mismo organismo que lo profirió, proceda a remediar tales inconsistencias, pues en materia de anulación la competencia de la Corte, como se ha explicado varias veces, es restringida y no contempla esa atribución (CSJ SL891-2017 y CSJ SL11983-2017).

Nótese que el sindicato pide a la Corte «nulidad parcial para que «el Tribunal de Arbitramento precise las situaciones acotadas» y, si para el sindicato impugnante emergen motivos de duda, por ejemplo, frente al auxilio de adversidad dado que «no es clara la forma de utilización, la oportunidad de la misma y los eventos que cubre», se itera, el sindicato, apoyado en el remedio procesal estatuido en el artículo 285 del Código General del Proceso, debió solicitar la aclaración del laudo arbitral, pero ante la misma Corporación que lo profirió.

El precepto instrumental, dispone: «La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella […]».

En otro orden de consideración, resulta insoslayable que el procedimiento disciplinario debe estar inspirado, entre otros, en el principio de la buena fe consagrado en los artículos 83 de la Constitución Política: «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas» y 55 del Código Sustantivo del Trabajo: «El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella», en la medida en que la buena fe debe presidir la ejecución del contrato de trabajo, pues, a no dudarlo, es un principio cardinal que gobierna la relación laboral, individual y colectiva, en aras de que se lleve a cabo de manera respetuosa y armónica.

Se dice lo anterior dado que los procedimientos disciplinarios persiguen que, frente a la eventual imposición de sanciones o terminación de la relación laboral, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa. Defensa que se halla soportada: (i) en el deber del empleador de dar la «oportunidad de ser oídos tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del sindicato a que este pertenezca», artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo; y (ii) en un término prudencial, «durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos» según lo dispuesto en la sentencia de exequibilidad de la Corte Constitución CC C-593-2014, pues el servidor, bajo ninguna circunstancia, puede ser sorprendido.

De suerte que no son procedentes las peticiones de la organización sindical recurrente.

PUNTOS NEGADOS POR RAZONES DE EQUIDAD

1. Pago de incapacidades

Pliego de peticiones

CLAUSULA 23ª. PAGO DE INCAPACIDADES: La empresa pagara a todos los trabajadores que obtengan una incapacidad el 100% del salario sin importar la duración de la incapacidad.

Laudo Arbitral

El Tribunal de Arbitramento por mayoría, fallando en equidad y proporcionalidad, así como también teniendo en cuenta la normatividad vigente que regula las prestaciones asistenciales y económicas del Sistema de Seguridad Social Integral decide NEGAR la presente cláusula, teniendo en cuenta como argumento: · La empresa en calidad de cotizante del Sistema de Seguridad Social Integral, subroga al Sistema en salud, pensión y riesgos laborales la obligación se asegurar y cubrir las contingencias que surgen para el trabajador en su vida particular, así como en el escenario laboral, por lo mismo el costo de las prestaciones económicas ya se encuentran cubiertas por el sistema. · Adicionalmente, el Tribunal considera que acceder a la cláusula genera una doble carga económica al empleador, teniendo en cuenta los porcentajes legales que debe asumir para cada afiliado en los diferentes subsistemas.

2. Prima extralegal de navidad

2.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 24ª. PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD: En los primeros 20 días del mes de Diciembre [sic] de cada año la Empresa reconocerá y pagará una Prima de Navidad equivalente a treinta (30) días de salario básico a los trabajadores que se beneficien de la Convención.

2.2 Laudo Arbitral

El Tribunal de Arbitramento, con votación de dos árbitros, niegan el reconocimiento de la prima extralegal de navidad, atendiendo a las particularidades expuestas por las partes, entre ellas, que la planta de personal de la empresa PEGATEX ARTECOLA S.A.S. es pequeña para generar beneficios adicionales a los que ya han sido reconocidos por la empresa, lo que genera un desequilibrio económico y de productividad.

3. Prima de antigüedad

3.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 25a. PRIMA DE ANTIGÜEDAD: Durante la vigencia de la convención colectiva, la empresa pagara a sus trabajadores una prima de antigüedad el mismo mes, que cumpla con la tabla siguiente.

Más de 1 año de servicio y menos de 2 años. 20 días de salario básico

Más de 2 años y menos de 5 años 60 días de salario básico

Más de 5 años de servicio y menos de 10 años 120 días de salario básico

Más de 10 años de servicio y menos de 15 años 180 días de salario básico

Más de 15 años de servicio 240 días de salario básico. En adelante y por cada 5 años de servicio aumentara 30 días de salario básico

3.2 Laudo arbitral

Dicho beneficio ya se encuentra creado por la empresa, inclusive en el mismo sentido se solicitó la cláusula 53ª del pliego de peticiones, generando con ello una duplicidad de beneficios en contravía de la equidad, proporcionalidad e igualdad entre las partes

4. Prima o bonificación por pensión

4.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 26ª. PRIMA O BONIFICACIÓN POR PENSIÓN: Al trabajador o trabajadora de La Empresa que se retire de la empresa por reconocimiento de pensión de jubilación o pensión de vejez, la empresa le pagara una bonificación equivalente a ciento ochenta (180) días de salario básico que este devengando al momento de salir pensionado

4.2 Laudo arbitral

Se niega la presente cláusula de petición, acudiendo a la normatividad vigente que regula el Sistema de Seguridad Social Integral, como quiera que la prestación económica ya se encuentra regulada para ser reconocida y pagada a los afiliados al sistema, conforme a las cotizaciones que las partes reportan, por lo que generar un rubro adicional, considera el Tribunal desproporcionada una carga económica adicional, el cual tendrá impacto no sólo para la organización sindical, sino para todos los colaboradores de la Compañía.

5. Prima de vacaciones

5.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 27ª. PRIMA DE VACACIONES: La empresa reconocerá un auxilio por vacaciones por cada año que el trabajador disfrute de ellas, equivalente a 30 días de salario básico.

5.2 Laudo arbitral

Estiman los árbitros que atendiendo a las disposiciones extralegales que regulan la cláusula bajo estudio, acudiendo al principio de la equidad no se accederá a la concesión de la cláusula por el impacto financiero que ello genera con relación a los colaboradores de la Compañía.

6. Auxilio por muerte de familiares

6.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 30ª. AUXILIO POR MUERTE DE FAMILIARES: La empresa reconocerá un auxilio de dos millones (2.000.000) de pesos, en caso de muerte de los padres del trabajador, de su esposa(o), o compañera(o) permanente, suegros, hermanos o hijos legalmente reconocidos o que estén bajo su custodia, por cada caso y, adicionalmente, dará permiso remunerado conforme a la ley 1280. La suma se entregará entre los tres (3) días siguientes al acontecimiento.

6.2 Laudo arbitral

Acorde con la reglamentación que abarca el Sistema de Seguridad Social Integral, entre otros aspectos, tiene previsto como beneficio a sus afiliados el denominado auxilio funerario, el cual se hace extensible a los familiares y/o terceros que en el caso de que se ocasione la contingencia se acceda al reembolso de lo sufragado en el evento. Por lo mismo, teniendo en cuenta que resulta ser un aspecto económico que se encuentra reconocido en la ley y sobre el cual amerita efectuar los aportes al sistema en los porcentajes que corresponden para cada parte, el tribunal decide no acceder a dicho auxilio.

7. Auxilio escolar

7.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 35ª AUXILIO ESCOLAR:

a- AUXILIO DE ESCOLARIDAD: La empresa reconocerá un auxilio de Doscientos ochenta mil ($280.000) pesos, por cada hijo de los trabajadores que se encuentre estudiando. Este auxilio será cancelado en el mes de diciembre de cada año y en la semana siguiente a la presentación del certificado de matrícula. b- AUXILIO DE MATRICULA Y UNIFORMES: La empresa reconocerá un auxilio de quinientos mil pesos ($500.000) para cada hijo de los trabajadores que se matriculen para el siguiente año.

c- PRIMARIOS: La Empresa concederá becas a todos los hijos de sus trabajadores que cursen estudios de primaria (Grados 1º a 5º) y en preescolar (los cuatro años anteriores a primero de primaria) en los establecimientos educativos donde se cursen tales estudios. Cada una de las becas tendrá un valor de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), mensual.

d- SECUNDARIOS: La Empresa concederá becas para estudios secundarios (Grados 6º a 11º) a todos los hijos de sus trabajadores que ingresen a los establecimientos educativos donde se cursen tales estudios. Cada una de estas becas tendrá un valor de ciento setenta y cinco mil pesos ($175.000), mensual.

7.2 Laudo arbitral

El tribunal de arbitramento niega la presente cláusula, teniendo en cuenta tres aspectos: i) El impacto financiero que pueden generar estas prerrogativas a la empresa. ii) La discriminación entre los trabajadores de la empresa y los que no pertenecen a la organización sindical “SINALTRAFARQUIM” iii) Se debe considerar los convenios vigentes al interior de PEGATEX ARTECOLA S.A. Conforme a los anterior acreditado, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral se ha referido en estos tópicos, entre otras la sentencia SL4736 -2017, SL-9390 de 2017, SL-4598 de 2019, SL-22237 de 2017. En ese sentido, el tribunal de arbitramento tuvo en cuenta las pruebas allegadas para el estudio del pliego de peticiones, teniendo en cuenta la incidencia económica que podría tener este tipo de auxilios, el cual se puede observar con los estados financieros aportados por la empresa. Además de lo anterior, como se ha decantado en la jurisprudencia, si existe una diferencia entre los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, explicando que el trabajador sindicalizado tiene un beneficio adicional en el sentido de obtener mejoras conquistadas mediante la negociación colectiva, en aras de la armonía y principio de equidad el tribunal de arbitramento debe atender el impacto que dichas concesiones generan. Por último, el tribunal mayoritariamente considera que la empresa PEGATEX ARTECOLA S.A.S. cuenta con el reconocimiento de un Auxilio Educativo, descrito en el artículo 8 del Pacto Colectivo. Si bien, acorde con los pronunciamientos de la Corte los árbitros no están obligados a copiar los mismos beneficios reconocidos en otros documentos convencionales o arbitrales, no impide a los árbitros al momento de ejercer su papel y tomar consideraciones, tomar lo estatuido en otras convenciones o pactos colectivos vigentes en el respectivo ámbito, máxime cuando se logra evidenciar el impacto que los mismos tendrían al interior de la relación laboral entre la empresa y sus colaboradores. Nota. El doctor Gabriel Pérez Puentes se aparta de la anterior decisión y procederá a salvar voto.

8. Fondo de vivienda

8.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 37ª. FONDO DE VIVIENDA: La empresa se compromete a crear el fondo rotatorio de préstamos para vivienda en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, M/CTE. ($200'000.000) los préstamos que se otorguen por este fondo serán destinados por los trabajadores beneficiados, a la compra de vivienda, lote de terreno, construcción, ampliación, mejoras en la vivienda del trabajador y su familia o para cancelar gravámenes hipotecarios que pesen sobre ella. El límite máximo de cada préstamo será la suma de diez salarios mínimos legales vigentes sin intereses Serán cargados mensualmente al monto de la obligación a cargo del trabajador por este concepto. Este fondo será administrado por un comité paritario que para el efecto integraran la empresa y el sindicato, quedando a la responsabilidad de este comité, el exigir garantías reales o personales al trabajador beneficiario del préstamo. La administración del fondo de vivienda se ajustará en un todo al reglamento aprobado para el efecto por el ministerio de la protección social, el cual estipula que para tener derecho al préstamo de vivienda se exige una antigüedad mínima de tres (3) años continuos al servicio de la empresa. El trabajador beneficiado con el préstamo de vivienda estará obligado a utilizar el dinero proveniente del crédito para los fines indicados en esta cláusula, de no hacerlo así, la empresa podrá dar por vencido el plazo otorgado para pagarlo y además proceder a cobrar el saldo pendiente con intereses del 1% mensual, sin perjuicio de las sanciones laborales pertinentes.

8.2 Laudo arbitral

Los árbitros no acceden al reconocimiento de la petición, teniendo como fundamento que dicho beneficio se obtiene a través de las Cajas de Compensación Familiar, sobre las cuales la empresa empleadora cotiza y afilia a los trabajadores para que sean beneficiarios de los diferentes subsidios que en dicha línea se facilitan, por lo mismo, consideran inequitativo conceder el fondo de vivienda en los términos descritos en el pliego.

9. Argumentos comunes de la organización sindical recurrente

Indica que, la razón aducida por el tribunal en torno a que de concederlas causaría un desequilibrio en las finanzas de la empresa, fue lo que motivó la negativa, lo que desconoce los informes financieros, donde se detalla con claridad que hubo repartición de utilidades para los accionistas de la sociedad, «desechando de paso que desde la Constitución Política se predica del capital una responsabilidad social».

Es por esto que «depreca a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia conmine al Tribunal de Arbitramento a que acceda a conceder las peticiones citadas en aras de establecer unas condiciones económicas beneficiosas a los trabajadores sindicalizados, dejando de lado el techo del Pacto Colectivo, pues de ser esta la limitante para los laudos arbitrales, el ejercicio de los derechos de Asociación y Contratación Colectiva perderían su razón de ser y los sindicatos minoritarios tendrían que limitarse a que la empleadora fije los términos a través del Pacto Colectivo».

V. CONSIDERACIONES

Debido a la naturaleza jurídica del recurso, es deber del impugnante concretar y sustentar los puntos cuya anulación pretende, pues la Corte no puede actuar oficiosamente y suponer las objeciones concretas de la parte interesada a partir de afirmaciones abstractas, vagas e imprecisas (CSJ SL11979-2017).

Es doctrina de esta Corte que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que se construyen sobre raciocinios íntimos, fundados en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias de los árbitros (CSJ SL3258-2019).

Aquí y ahora, repárese en que el tribunal de arbitramento sostuvo que el laudo fue adoptado «dentro de un claro criterio de razonabilidad y equidad, en la búsqueda del equilibrio en las relaciones de las partes que permita el desarrollo, el progreso de la empresa y el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores, para ello se analizaron las exposiciones de las partes, los documentos aportados, la situación económica de la empresa y la condición especial de los trabajadores».

De suerte que fácil se exhibe que el cuerpo arbitral no solo tuvo puesta su mirada en el postulado de la equidad, sino también se guio por los principios generales contenidos en los artículos 1 y 18 del C.S.T. que establecen que la finalidad del Código Laboral es la de «lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, y que la interpretación de dicho Código, debe tener en cuenta esta finalidad», por lo que efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad y de las condiciones particulares del caso y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la anulación o devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados.

Y, es que, a decir verdad, emerge cristalino que lo pretendido por la organización sindical es propiciar una revisión jurídica del laudo arbitral y del estudio de las pruebas, con lo que, en últimas, busca desvirtuar la mencionada medida de justicia construida por los árbitros, cuestión que, como ya se dijo, es ajena a los propósitos del recurso de anulación, pues la motivación de las decisiones de los árbitros no debe ser jurídicamente calificada (CSJ SL3258-2019).

En el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos. Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento».

O, dicho en otras palabras, la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas (CSJ SL3349-2020).

Más todavía: por mayor esfuerzo que haga un tribunal de arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se usen para observar el resultado final (CSJ SL1944-2021, CSJ SL2360-2022 CSJ SL1794-2022, CSJ SL2192-2022).

Aunado a todo lo explicado no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación remitir el expediente al tribunal, como lo pretende el recurrente, pues no existe un objeto anulable, es decir, una disposición o un texto normativo retirable del ordenamiento jurídico.

En otro orden de consideraciones, la Sala debe decir que en reiteradas oportunidades ha sostenido que, si bien los árbitros pueden tomar en consideración lo dispuesto en los pactos o convenciones colectivas preexistentes en la empresa para informar su juicio, esto no significa que estén irredimiblemente obligados a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o a laudar por debajo o encima de las prerrogativas allí establecidas. Por ello, es válido que los árbitros instalen nuevos derechos o superen los consagrados en esos instrumentos cuando la equidad y la justicia en las relaciones obrero-empresariales así lo permitan, como también que los adopten total o parcialmente, con las modificaciones que estimen convenientes e, incluso, que prescindan de hacer este ejercicio de integración, ya que la remisión a esos acuerdos es potestativa más no obligatoria. (CSJ SL 53118, 4 dic. 2012, CSJ SL9347-2016, CSJ SL703-2017, CSJ SL4458-2018 y CSJ SL3491-2019, CSJ SL5693-2021).

Los derroteros trazados recomiendan que no existen razones para anular o devolver al tribunal de arbitramento, las cláusulas atacadas.

PETICIONES NEGADAS POR FALTA DE COMPETENCIA

1. Incorporación del pacto colectivo de trabajo de Pegatex Artecola S.A.S.

Pliego de peticiones

CLAUSULA 7ª. INCORPORACION DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO DE PEGATEX ARTECOLA S.A.S Se incorporan las demás disposiciones contenidas en el pacto colectivo de trabajo vigente desde el 1° de marzo de 2018 con una duración de 36 meses

Laudo arbitral

Sobre este aspecto, el Tribunal de Arbitramento se declara incompetente por considerar que acorde con la redacción misma de la petición estarían por fuera del término para fallar.

2. Descuento por beneficio de convención

2.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 16ª. DESCUENTO POR BENEFICIO DE CONVENCIÓN: La empresa queda obligada a descontar a todos los trabajadores no sindicalizados que se benefician de la presente convención colectiva o de las conquistas laborales que adquiera el sindicato, una cuota por beneficio de convención equivalente al uno (2 %) del Salario Básico Mensual, dicho valor lo girara dentro de los cinco días siguientes a su descuento a la tesorería del Sindicato.

2.2 Laudo arbitral

Los árbitros de manera unánime deciden declararse incompetentes para pronunciarse sobre la presente cláusula, teniendo en cuenta que resulta ser un aspecto que propiamente regula la Organización Sindical respecto a los montos y descuentos a los cuales se acoge de manera voluntaria el trabajador afiliado, por lo que el Tribunal no puede extralimitarse en un ejercicio autónomo de la relación colectiva puntual.

3. Curso de seguridad industrial y otros

3.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 43ª CURSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS La empresa se compromete a inscribir a un (1) trabajador por área, cuando menos, a los cursos que sobre temas de seguridad industrial se dicten en Bogotá por la ARL y por el SENA en todo lo referente a manejo de equipos y productividad, todo relacionado con su labor diaria en la empresa. La asistencia a estos cursos será obligatoria para los trabajadores inscritos, siendo de responsabilidad de la empresa el valor de estos cursos y el salario de los trabajadores inscritos. Los trabajadores escogidos para participar en dichos cursos, serán seleccionados de común acuerdo por la empresa y el sindicato, estos cursos se realizarán única y exclusivamente en horas laborales, en caso de que el trabajador incurriera en gastos de transportes y alimentación la empresa costeara el 100% de dicho gasto esto aplicara para los cursos de altura y otros a los que la empresa considere enviar a determinados trabajadores.

3.2 Laudo arbitral

Al ser un tema desarrollado legalmente, que involucra a varios actores en su ejercicio, esto es la empresa, trabajadores e inclusive las entidades del Sistema de Seguridad Social, el tribunal se declara incompetente para decidir sobre dicha petición.

4. Tiempo para ducha

4.1 Pliego de peticiones

CLAUSULA 50ª. TIEMPO PARA DUCHA La empresa brindara 15 minutos de la jornada laboral para que las personas que laboran en secciones de químicos y polvos puedan ducharse al terminar su jornada de trabajo.

4.2 Laudo arbitral

Teniendo en cuenta que constituye un beneficio que facilita la empresa de manera particular bajo su responsabilidad y disposición, no resulta ser un aspecto que deba decidir el tribunal de arbitramento, máxime cuando se relaciona con el ejercicio mismo de cada cargo y el objeto económico de la empresa.

5. Argumentos de la organización sindical

1º) El tribunal de arbitramento al no acceder a la solicitud de SINALTRAFARQUIM admite una clara discriminación en contra de los trabajadores sindicalizados pues en el pacto colectivo el artículo décimo primero, consagra un programa de repartición de utilidades que no quedó estatuido en laudo arbitral y, con ello, la empleadora podrá excluir a los sindicalizados de su aplicación con el argumento de que el laudo arbitral no lo estableció.

2º) El cuerpo arbitral inadmite el derecho de la organización sindical a recibir las cuotas por beneficio convencional, cuando el laudo arbitral hace las veces de convención colectiva de trabajo, y la empleadora aplique alguno de los beneficios del laudo a los trabajadores no sindicalizados.

3º) El colegiado se limita a esgrimir que basta con la aplicación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, cuando la pretensión del sindicato es que la empleadora asuma programas de capacitación que habiliten a los trabajadores en otros conocimientos, situación de beneficio mutuo para las partes.

4º) Omite el tribunal de arbitramento que esta solicitud va encaminada a salvaguardar a los trabajadores, pues ellos laboran con materiales o insumos que «de no retirarse del cuerpo tales como amoniaco, meck, acetona, urea, acetato de tilo, cianocrilatos y otras sustancias controladas, pueden causar traumatismos en su salud, Visto lo anterior es que asiste a SINALTRAFARQUIM la razón en solicitar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se devuelva el Laudo Arbitral al Tribunal de Arbitramento para que Se pronuncie de fondo respecto de estas cláusulas frente a las que se abstuvo de pronunciarse».

VI. CONSIDERACIONES

1º) La Sala, ya se ha ocupado en el pasado sobre el tema de la aplicación del principio de igualdad entre los diferentes instrumentos que pueden regular las relaciones colectivas al interior de una empresa, en particular, cuando de alguna manera han sido utilizados como parámetro o guía para el pronunciamiento de los árbitros que, se itera, tiene por norte siempre la equidad, fundamentada en racionalidad y proporcionalidad, para concluir que no se trasgrede tal principio por el simple hecho de que una concesión u otorgamiento difiera de otra existente, o vigente para otro grupo de trabajadores. Así lo explicó la Corte en la sentencia CSJ SL5693-2021:

la equidad, valga decir, en el contexto propuesto por la recurrente la igualdad, no requieren de la identidad de beneficios provenientes de distintos conflictos económicos cuyas partes sean sindicatos distintos; ni exigen que todos los trabajadores tengan idénticos beneficios en términos numéricos, así sean provenientes de diversos instrumentos colectivos. La Sala ha dicho que la incorporación de distintos beneficios en diversos instrumentos colectivos dentro de la misma empresa no refleja la vulneración de la equidad del laudo, que es lo llamado a evaluarse en sede de anulación

Empero, no sobra recordar que lo pretendido por el sindicato constituye un gravamen que afecta la autonomía empresarial, por cuanto compromete su objeto social, al estar ligada a sus ganancias, razón por la cual escapa a la competencia de los árbitros (CSJ SL5020-2021). Al efecto cabe traer a colación lo sostenido en la sentencia CSJ SL4259-2020, al resolver un asunto de similares contornos se expresó:

El bono de productividad concebido en el petitorio de la agremiación sindical, avalado por el Tribunal de Arbitramento en la anterior cláusula del laudo arbitral, constituye un gravamen que afecta la autonomía empresarial, pues con independencia de que en este caso la empresa no esté en plena operación por las razones ya conocidas en el trámite, tal disposición afecta su objeto social. Los tributos o afectaciones a las ganancias operativas de la empresa son del resorte exclusivo del legislador, no pudiéndose, por tanto, generar a través del laudo arbitral.

Lo anterior no desconoce que puedan las partes directamente acordar tal clase de compartimientos, pues es de la autonomía empresarial la disposición de sus ganancias, entre ellas, la de compartirlas con sus trabajadores como reconocimiento al aporte en su generación. Tales bonos de desempeño, reconocidos ordinariamente por eficiencia del trabajo, tiene por propósito incentivar la producción en el trabajador, por manera que es del interés del empleador pactar tal clase de prebendas con sus servidores, así como el establecer el alcance salarial o no de los mismos, sin desatender con ello que si constituyen contraprestación directa del servicio no les es dable abrigarlos con enunciados que en tal circunstancia se tornan ineficaces.

2º) Esta Corte, en sentencia CSJ SL2667- 2021, reiteró lo dicho en fallos CSJ SL2615-2020 y CSJ SL3325-2018, en cuanto a que la inclusión o no en un laudo arbitral de un pedimento como el de las cuotas sindicales, en realidad carece de un efecto práctico, toda vez que no es un elemento transformador de las relaciones laborales sino una simple repetición vacua de lo que ya está en la Constitución y ley.

Lo anterior, sin desconocer lo dispuesto en el numeral 7o del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 42 de la Ley 50 de 1990, en cuanto a que toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos, por lo que dichos estatutos contendrán, por lo menos, la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago.

3º) Nada impide que los árbitros puedan ampliar la garantía laboral que busca el bienestar del trabajador, en cuanto implica una mayor capacitación propia de las actividades y funciones que desempeñan e incluso en otras áreas.

En consecuencia, se devolverá al tribunal el laudo, para que resuelva sobre la petición sindical concerniente con los CURSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS.

4º) El artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo instituye que la jornada de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de convenio, la máxima legal.

De suerte que la jornada laboral es un tema esencialmente negociable y, por ende, es admisible traerla a la contratación colectiva; sin embargo, son los protagonistas sociales, en ejercicio de la autocomposición, los que pueden acordarla, mas no a través de un tribunal de arbitramento en desarrollo de la heterocomposición, toda vez que, dada la materia y su naturaleza, escapa a su facultad y, por esta circunstancia, no le es dable establecerla, así los árbitros se limiten a reproducir la legal, se insiste, por carecer de competencia, no es viable pronunciarse al respecto.

Esta Sala en providencia CSJ SL5117-2020, recordó su doctrina referente a que dentro de las competencias de la justicia arbitral no está la de establecer o modificar las jornadas de trabajo, ni determinar o alterar turnos de trabajo o periodos de descanso obligatorio que corresponden a potestades exclusivas del empleador, propias de su poder de gestión, planeación y organización de sus actividades y esquemas de producción, de acuerdo con sus particulares necesidades.

Allí, se memoró el fallo CSJ SL9150-2015, reiterado, entre otros, en el CSJ SL5542-2019, en el que se razonó:

No se equivocó el tribunal al negar los numerales 1, 2 y 3 del punto 5º del pliego titulados jornada laboral, descansos obligatorios y horario de trabajo, por falta de competencia, porque, en efecto, la jurisprudencia de esta Sala, de forma mayoritaria, tiene asentado que, de ser otorgados, se estaría coartando la libertad de dirección y organización que tiene la empresa, además de que dicho cuerpo colegiado no puede limitar la facultad del ius variandi que tiene el empleador y que lo faculta para modificar la jornada de trabajo en razón a las necesidades operativas y funcionales, desde luego, siempre y cuando que se resguarde la dignidad, el honor y el derecho al mínimo vital que el empleado tiene.

Por lo explicado, solo se devolverá la cláusula 43ª CURSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS, para que el tribunal se pronuncie al respecto. Lo anterior no implica, rigurosa e irrestrictamente, que el cuerpo colegiado deba decidir en la forma propuesta en el pliego de peticiones. Lo que ha dicho la Sala es que los árbitros tienen competencia para resolverlo, bien sea a favor o en contra de lo propuesto por el sindicato, bajo los parámetros, entre otros, de la equidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Sin costas.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DEVOLVER el laudo arbitral al tribunal de arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM- y la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.S., para que dentro de los 5 días siguientes a su reinstalación se pronuncie sobre la cláusula 43ª CURSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO ANULAR NI DEVOLVER las demás disposiciones atacadas del laudo arbitral del 22 de abril de 2022, aclarado y adicionado mediante providencia del 2 de mayo siguiente, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y QUÍMICA -SINALTRAFARQUIM- y la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A.S.

TERCERO: Sin costas

Notifíquese, publíquese y envíese al Ministerio del Trabajo y al Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia. Si el punto que motiva la devolución del expediente no es objeto del recurso de anulación, la Secretaría del Tribunal deberá remitir el presente asunto al Ministerio del Trabajo para lo de su cargo.

(Aclara Voto)

(Salva Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

ACLARACIÓN DE VOTO

Empresa: Pegaltex Artecola S.A.S.

Sindicato: Sinaltrafarquim

Radicación: 94719

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, aclaro mi voto respecto a las consideraciones en que se fundamentó la negativa a anular aquellas cláusulas que fueron negadas y que estaban dirigidas al reconocimiento del «pago de incapacidades» -23-; «prima extralegal de navidad» -24-; «prima de antigüedad» -25-; «prima o bonificación por pensión» -26-; «prima de vacaciones» -27-; «auxilio por muerte de familiares» -30-; «auxilio escolar» -35-, y «fondo de vivienda» -37-.

Asimismo, salvo el voto parcialmente, toda vez que, a mi juicio, la Sala debió: (i) devolver parcialmente el laudo al Tribunal de Arbitramento con el fin de que se pronunciara en cuanto a las cláusulas del pliego relativas al «procedimiento para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias» -4.ª-, y (ii) para que se pronunciaran en lo relativo a las peticiones del pliego dirigidas a la «incorporación del pacto colectivo de trabajo de Pegatex» -7.ª-; «descuento por beneficio de convención» -16-, y «tiempo para ducha» -50-, respecto de las cuales tenían competencia.

En ese orden, expongo las razones de mi decisión de aclarar y salvar mi voto parcialmente.

1. Clausula respecto de las cuales se solicita su anulación pese a que fueron negadas por el Tribunal de Arbitramento.

Pese a que comparto la decisión de la Sala de no acceder a la solicitud de la organización sindical relativa a anular cláusulas que fueron negadas en el laudo arbitral, toda vez que al ser la decisión del Tribunal de Arbitramento desestimatoria «no existe un objeto anulable, es decir, una disposición o un texto normativo retirable del ordenamiento jurídico»; consideró que tal argumento era suficiente, sin que fuese necesario que la Corte realizara manifestaciones adicionales relativas a que los «árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad». Lo anterior, porque tal como lo he expuesto en sendos salvamentos de voto, tal argumento no es causal de anulación.

En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para fundamentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa y debe sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva; por ejemplo, al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario; por tanto, carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros con exclusión total de cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que, a mi juicio, realiza la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda, desconoce el objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Adicionalmente, debo señalar que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este último está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

Hasta aquí, dejo así sustentado mi aclaración de voto en el presente asunto.

2. Clausula referente a «procedimiento para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias»

La organización sindical solicitó la inclusión de la presente clausula en la convención colectiva de trabajo, en los siguientes términos:

CLAUSULA 9ª. PROCEDIMENTO EN CASO DE SANCION O DESPIDO: Antes de aplicar una sanción disciplinaria o proceder a la cancelación de un contrato de trabajo, la empresa escuchará al trabajador inculpado en diligencia de descargos así como a los dos integrantes de la comisión de reclamos del sindicato en la empresa o ante dos integrantes de la junta directiva del mismo; para el efecto, la empresa al momento de tener conocimiento de la comisión de la presunta falta, procederá dentro de las 8 horas siguientes a comunicar al trabajador y citándolo a los descargos al día siguiente, señalando la hora y lugar a donde debe comparecer. Siempre estará asistido por (2) dos representantes del sindicato los cuales podrán intervenir activamente en dicha audiencia de descargos y sus pronunciamientos serán consignados en dicha acta, se levantará el acta respectiva, entregándole copia al Trabajador y al Sindicato. Una vez efectuada la diligencia de descargos las partes practicaran las pruebas necesarias y tomaran la decisión final a través de un comité paritario compuesto por dos representantes de la empresa y dos del sindicato y por mayoría de votos. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria o el despido que se imponga desconociendo este trámite; en caso de sanción, esta se tendrá por inexistente y en caso de despido el trabajador será reintegrado pagando le los salarios dejados de recibir durante el tiempo que dure cesante. (Subrayado y negrillas fuera del texto).

El Tribunal de Arbitramento, por su parte concedió en el laudo la garantía en los siguientes términos:

Cláusula 4ª. PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. Toda medida o decisión que configure un uso de la facultad disciplinaria por parte del empleador, deberá estar precedida de un debido proceso mediante el cual el Trabajador pueda ejercer plenamente su derecho de defensa. Este procedimiento debe realizarse de manera oportuna a partir del momento en el cual se conoce la falta por parte del Empleador. El procedimiento disciplinario estará regulado por las siguientes etapas: a) Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción y la formulación de los cargos imputados: Mediante comunicación escrita entregada personalmente o enviada por correo certificado a la última dirección de residencia registrada por el Trabajador en la empresa, ésta notificará el inicio del proceso disciplinario señalando: (i) Lugar, fecha y hora de la diligencia de descargos. (ii) Imputación de los hechos que dan lugar al inicio del procedimiento disciplinario. (iii) Imputación de las posibles obligaciones incumplidas o faltas en las cuales incurrió el trabajador. (iv) La empresa PEGATEX ARTECOLA S.A. efectuará el traslado de las pruebas que fundamentan los cargos, con la correspondiente antelación a la diligencia de descargos. (v) En la comunicación remitida al trabajador se debe informar de manera expresa los términos con los que cuenta para controvertir las pruebas y allegue las considere pertinentes para su defensa. En el evento que no se posible adelantar diligencia de descargos presencial, mediante comunicación escrita entregada personalmente o enviada por correo certificado a la última dirección de residencia registrada por el Trabajador en la empresa, se indicarán los hechos que dan lugar al inicio del procedimiento disciplinario así como la imputación de las posibles obligaciones incumplidas o las faltas en las cuales el trabajador incurrió y se trasladarán las pruebas con las cuales cuenta la empresa, señalando el término en el cual deberán rendirse los descargos por escrito respecto de los hechos señalados en la comunicación entregada o enviada por el empleador así como el lugar al cual debe remitir sus descargos. b) Diligencia de descargos: En la fecha, hora y lugar determinados en la citación a la diligencia de descargos se llevará a cabo diligencia de descargos en la cual el trabajador podrá explicar su versión de los hechos imputados así como cualquier explicación o aclaración necesaria. En dicha diligencia el empleador trasladará las pruebas con que cuente para que el Trabajador pueda ejercer su derecho de contradicción respecto de las mismas e igualmente, el Trabajador podrá aportar las pruebas que considere conducentes. En caso de ser necesario, se podrá suspender la diligencia de descargos, dejándose constancia en la correspondiente acta, de la fecha hora y lugar de la continuación de la diligencia. El término de suspensión será fijado en la diligencia de descargos, siendo el razonablemente necesario según las razones que dieran lugar a la suspensión de la diligencia. Igualmente, el empleador podrá posteriormente y dentro de un término razonable, citar a una ampliación de la diligencia de descargos, citación que deberá cumplir con lo señalado en literal a) de esta cláusula. c) Decisión: Con posterioridad a la finalización de la diligencia de descargos o una vez remitidos los descargos por parte del trabajador y dentro de un término razonable, el empleador comunicará al Trabajador la decisión correspondiente. En caso que proceda alguna sanción disciplinaria o la terminación del contrato de trabajo con justa causa conforme lo establecido en el contrato individual de trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y/o el Código Sustantivo del Trabajo, la decisión debe estar motivada, explicando los hechos que dan lugar a la misma así como las obligaciones incumplidas y/o las faltas en que se incurrió.

Finalmente se señala que ante la decisión adoptada por la empresa, el trabajador tendrá la posibilidad de presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, recurso de reposición ante el mismo funcionario que adoptó la decisión y en subsidio apelación presentada por escrito ante el superior inmediato de la persona que impuso la sanción. Parágrafo I. El recurso de apelación suspende los efectos de la sanción, hasta que sea resuelta en segunda instancia. No produce efecto alguno el despido que pretermita el trámite disciplinario. Parágrafo II. Todos los procesos disciplinarios deberán surtirse respetando las etapas antes mencionadas y conforme al procedimiento que para el efecto tenga establecido la compañía en la correspondiente política. Parágrafo III. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el presente clausulado.

En el recurso de anulación, el sindicato afirmó que el Tribunal debió establecer la participación de los representantes del sindicato en los procesos disciplinarios y omitió determinar «los términos de tiempo, con lo cual se profundiza la práctica empresarial de citar a diligencias de descargos en tiempos irracionales a fin de impedir la participación de tales representantes, convocando a diligencias de descargos con menos de 24 horas no dando lugar a la preparación de la defensa del trabajador investigado»

Al decidir el asunto, la Sala desestimó los argumentos del recurrente, pues consideró que, al tratarse de cláusulas concedidas no hay lugar a su devolución.

Además, en lo relativo a los procedimientos disciplinarios y la posible indeterminación de los términos para su desarrollo, indicó que las dudas o indeterminaciones suscitadas por casos excepcionales debe solucionarse mediante «los métodos y principios de hermenéutica jurídica, los cuales deben servir de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas (CSJ SL5295-2018), de suerte que deben ser resueltas por las propias partes, en uso de su autonomía colectiva y en una cultura de diálogo y cooperación, mas no a través del litigio, vía recurso de anulación (CSJ SL5887-2016, CSJ SL14879-2016, CSJ SL12219-2017 y CSJ SL4458-2018)», sin que nada impida que de común acuerdo las partes creen las comisiones paritarias que estimen convenientes que se encarguen de emitir decisiones interpretativas respecto del alcance de las cláusulas de la convención colectiva.

Agregó que: (i) la Corte no ha accedido a la anulación de cláusulas por dudas interpretativas (CSJ SL5887-2016 y CSJ SL2667-2021 y CSJ SL3132-2022); (ii) sí la organización sindical consideraba que existían aspectos oscuros, incompletos o que no se había resuelto todas las peticiones debió acudir a los remedios procesales que consagran lo artículos 285 y 287 del Código General del Proceso; (iii) el procedimiento disciplinario esta inspirado en el principio de buena fe que establecen los artículos 83 de la Constitución Política y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, y (iv) que ante la eventualidad de la imposición de sanciones o la «terminación de la relación laboral» los empleadores deben garantizar a los trabajadores el derecho de defensa -oportunidad de ser oídos (artículo 115 ibidem) y garantizar un término prudencial para formular sus descargos CC C-593-2014-.

Pues bien, aunque comparto la decisión de fondo que se adoptó dirigida a no devolver la cláusula al ser una prebenda concedida y, teniendo en cuenta además que la organización sindical no solicitó la modulación de la misma; estimo que en el presente caso el Tribunal de Arbitramento cercenó el análisis respecto de la participación del sindicato en lo referente a los procedimientos disciplinarios; con lo cual omitió realizar un pronunciamiento de fondo en lo relativo a un tópico para el cual tenía competencia.

En tal perspectiva, considero que si procedía la devolución parcial para que el Tribunal de Arbitramento se pronunciara al respecto.

3. Clausulas respecto de las cuales el Tribunal de Arbitramento manifestó que carecía de competencia.

El Tribunal de Arbitramento negó las peticiones relativas: (3.1) «incorporación del pacto colectivo de trabajo de Pegatex» -7.ª-; (3.2) «descuento por beneficio de convención» -16-, y (3.3) «tiempo para ducha» -50-, al considerar que carecía de competencia para pronunciarse al respecto.

En el recurso de anulación, el sindicato afirmó que: (a) el Tribunal debió conceder tal prerrogativas en virtud del principio de igualdad, pues el pacto colectivo consagra mecanismos para el reparto de utilidades no incluido en el laudo; (b) tal decisión restringe el derecho de la organización sindical de «recibir las cuotas por beneficio convencional, cuando el laudo arbitral hace las veces de convención colectiva de trabajo, y la empleadora aplique alguno de los beneficios del laudo a los trabajadores no sindicalizados»; y (c) se abstiene de garantizar que en la jornada laboral se suministre un espacio para salvaguardar la integridad de los trabajadores que se ven expuestos a distintas «sustancias controladas».

3.1. Clausula relativa a la «incorporación del pacto colectivo de trabajo de Pegatex» -7.ª-

Al decidir el asunto, la Sala desestimó los argumentos del recurrente, pues consideró que, en efecto, los árbitros carecen de competencia para imponer al empleador tal concesión toda vez «que afecta la autonomía empresarial, por cuanto compromete su objeto social, al estar ligada a sus ganancias». En apoyo, acudió a la sentencia CSJ SL4259-2020.

Pues bien, contrario a lo que la Sala indicó, considero que los árbitros si tenían competencia para pronunciarse al respecto. En efecto, nótese que lo pretendido en esta clausula del pliego de peticiones es que se incluya en la convención colectiva un beneficio que se viene dando a otros trabajadores vía pacto colectivo:

CLAUSULA 7ª. INCORPORACION DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO DE PEGATEX ARTECOLA S.A.S Se incorporan las demás disposiciones contenidas en el pacto colectivo de trabajo vigente desde el 1° de marzo de 2018 con una duración de 36 meses

Claro lo anterior, debe recordarse que la finalidad del sindicato es, entre otras, promover mejoras en las condiciones contractuales laborales de sus afiliados, de modo que al corresponde a un aspecto relativo a una mejora laboral que ya viene siendo reconocida al interior de la empresa, los árbitros no podían despojarse de su competencia para pronunciarse de fondo sobre la misma.

3.2. Clausula relativa a «descuentos por beneficio de convención» -16-

La Sala indicó que la inclusión de cuotas sindicales en un laudo arbitral «carece de un efecto práctico, toda vez que no es un elemento transformador de las relaciones laborales sino una simple repetición vacua de lo que ya está en la Constitución y ley», ello sin desconocer que «toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos, por lo que dichos estatutos contendrán, por lo menos, la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago».

Al respecto, considero que la Corte omite que el cuestionamiento central de la recurrente se dirige a la manifestación de los árbitros relativa a su falta de competencia, pese a estar habilitados para establecer o fijar deducciones extraordinarias de los salarios de sus afiliados y no afiliados.

En efecto, nótese que a pesar el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la imposición de cuotas extraordinarias es facultad de la asamblea general del sindicato, en esa misma disposición se consagra que también lo es el pliego de peticiones, en cuyo texto, aprobado por la asamblea general se incluyó esa petición, de modo que por tratarse de un asunto que no fue materia de acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo, sí debía ser resuelto por los árbitros conforme a las precisas facultades que les otorga la ley.

3.3. Clausula relativa a la modificación de la jornada laboral asignado «tiempo para ducha» -50-

En el pliego se señaló lo siguiente respecto a la prerrogativa analizada:

CLAUSULA 50ª. TIEMPO PARA DUCHA La empresa brindara 15 minutos de la jornada laboral para que las personas que laboran en secciones de químicos y polvos puedan ducharse al terminar su jornada de trabajo.

El Tribunal de arbitramento señaló en el pliego de peticiones lo siguiente:

Teniendo en cuenta que constituye un beneficio que facilita la empresa de manera particular bajo su responsabilidad y disposición, no resulta ser un aspecto que deba decidir el tribunal de arbitramento, máxime cuando se relaciona con el ejercicio mismo de cada cargo y el objeto económico de la empresa.

La Sala decidió no devolver el laudo para que los árbitros se pronunciaran en relación con la citada prebenda, al considerar que, si bien la jornada laboral es un aspecto negociable y, por tanto, «es admisible traerla a la contratación colectiva; sin embargo, son los protagonistas sociales, en ejercicio de la autocomposición, los que pueden acordarla, mas no a través de un tribunal de arbitramento en desarrollo de la heterocomposición», debido a que una decisión al respecto escapa de la órbita de sus facultades. En sustento, citó la providencia CSJ SL5117-2020.

Al respecto, estimo oportuno recordar que la finalidad del sindicato es, entre otras, promover mejoras en las condiciones contractuales laborales de sus afiliados. En esa dirección, instaurar peticiones para lograr una jornada de trabajo o un tiempo de descanso más favorable para los trabajadores constituyen aspiraciones legítimas que puede ser objeto de estudio y decisión de fondo por parte de los árbitros, más aún cuando en este caso los términos en que se redactó la petición no contienen, en manera alguna, aspectos que puedan considerarse injerencia en la autonomía empresarial del empleador o que puedan implicar un obstáculo al desarrollo de las actividades empresariales.

Conforme a lo anterior, estimo que en este caso los árbitros se equivocaron al despojarse de la competencia para decidir de fondo el asunto; por tanto, debió accederse a la solicitud de devolución invocada.

Dejo así sustentado, en los puntos (2) y (3) las razones de mi salvamento parcial de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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