[…] En cuanto a la petición contenida en el art. 10 tendiente a obtener un <Procedimiento para aplicar sanciones y despido por justa causa>, considera la Sala que respecto de ella no puede existir ningún impedimento legal para que los arbitradores se pronuncien, puesto que expresamente el art. 106 del C.S. del T. establece que si bien al patrono corresponde elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención alguna, puede disponerse en contrario <en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores> (subraya la Sala). Y también de modo expreso el art. 108 ibídem manda que en dicho reglamento estén contenidas disposiciones normativas sobre la <Escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ellas> (ord. 16). De aplicar los artículos 106 y 108 ordinal 16 del C. S. del T. resulta claro que sí es procedente que mediante fallo arbitral se estatuyan disposiciones normativas como las que busca Sinterban con el pliego de peticiones.
En esa misma dirección, en sentencia CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 35927, reiterada en decisión CSJ SL, 2 may. 2012, rad. 53128, se expresó:
[…] Respecto a la implantación de un proceso disciplinario, para la Compañía que pertenece al sector privado, debe decirse que no constituye una extralimitación de los árbitros, dado que no implica una restricción a la potestad que tienen los empleadores de sancionar las faltas disciplinarias de sus servidores o de poner fin a sus contratos de trabajo con justa causa, como tampoco de terminar sin justificación su vinculación laboral, con la obligación de pagar la indemnización correspondiente. En rigor la disposición sólo persigue que frente a la eventual imposición de sanciones o de la determinación del despido motivada, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son pilar fundamental del derecho del trabajo. Medida que además no perjudica al empleador, dado que por el contrario puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación, que le permite incluso evitar perjuicios de orden económico derivados del despido que a la postre resulte injustificado.
Y, recientemente, en providencia CSJ SL610-2022, recordó:
[…] debe indicarse que esta Corte ha sostenido, que los árbitros de conformidad con lo previsto en el artículo 458 del CST, tienen la facultad de pronunciarse sobre los procesos disciplinarios, sin que pueda entonces atribuírsele que haya incurrido en una extralimitación, pues por el contrario, con ello está garantizando y protegiendo el debido proceso al trabajador previo a la imposición de una sanción o para dar por terminado contrato de trabajo con justa causa, por lo que la solicitud de anulación no puede salir triunfante.
Puestas en esa dimensión las cosas, se exhibe cristalino que el cuerpo arbitral efectivamente sí tiene competencia para pronunciarse en torno a los procedimientos disciplinarios; por consecuencia, no existe mérito alguno para anular la cláusula bajo estudio.
2. Incrementos salariales a partir del 1º de enero de 2023
2.1 Pliego de peticiones
PETICIÓN 11°: INCREMENTO SALARIAL. A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, incrementará el salario de sus trabajadores en el porcentaje que aplique el gobierno nacional para el salario mínimo legal nacional o en el IPC más el cinco (5%), del salario devengado a cada uno de sus trabajadores. PARAGRAFO 1: NIVELACIÓN SALARIAL. A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, nivelará los salarios de los trabajadores según el cargo que desempeñen, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad (Artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo)
2.2 Laudo arbitral
Artículo 2. Incremento salarial A partir del día primero de enero del año 2023 la empresa incrementará los salarios de los trabajadores que devenguen una remuneración ordinaria fija en un porcentaje igual al que establezca el Gobierno para el aumento del salario mínimo legal de ese año para los trabajadores del país.
2.3 Argumentos del cuerpo arbitral
Petición 11 (INCREMENTO SALARIAL). Tomando en consideración que la empresa ha venido efectuando aumentos salariales a la totalidad de los trabajadores, los árbitros decidieron solo disponer un aumento de futuro para el año 2023, el que deberá ser igual al porcentaje que el gobierno fije para el incremento del salario mínimo legal. Este aumento lo fija el Tribunal al considerarlo ajustado a las difíciles circunstanciales que se están viviendo en la actualidad en el país y en el mundo, con un crecimiento en los precios de los productos de la canasta familiar, lo que aconseja atenerse al que disponga el gobierno, que consultará seguramente los resultados finales del año 2022 en esta materia. En cuanto al PARÁGRAFO 1 de la Petición 11 del pliego (NIVELACIÓN SALARIAL), los árbitros decidieron negarla, ya que el principio de [a] trabajo igual, salario igual está previsto en la ley, y las eventuales acciones de nivelación salarial serán materia jurídica a decidir por la Justicia Laboral
2.4 Argumentos de la empresa
Sostiene que los incrementos ordenados por el Tribunal para los periodos en comento, no se acompasan, con el concepto de "equitativo". Por el contrario, es un acto notoriamente inequitativo, dado que el laudo fija para cada uno de los periodos descritos en este título, un aumento igual al porcentaje del salario mínimo legal mensual, lo que significa, como ocurre tradicionalmente que esté varios puntos por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor, lo que es inequitativo frente a una compañía que, como reconocen los árbitros, está en dificultades económicas y financieras.
Lo anterior es así, dado que el presupuesto de la compañía, se confecciona año a año, de acuerdo con la variación del IPC; costos de proveedores, intereses de créditos, impuestos, y demás rubros, determinantes en la economía de la empresa, se planean y ejecutan conforme al aumento real de índice de precios al consumidor; no obstante, el gasto concerniente a la mano de obra, a partir del laudo arbitral ahora impugnado, producirá un desequilibrio financiero que implica para la compañía, poner en peligro su viabilidad económica, al no guardar relación el costo de la mano de obra, con las variables económicas reales, sino pretender imponer unas variables artificiales, como las que ordena el tribunal. Recuerda que, en los balances de la compañía, presentados al tribunal de arbitramento y que obran al expediente, constan las afujías económicas de la compañía, luego, no resulta ponderado, ni equitativo, fijar incrementos salariales, por encima de las variables económicas reales, sobre todo, cuando los resultados financieros imponen austeridad para hacer viable a la empresa.
V. CONSIDERACIONES
Como primera medida no sobra memorar que es plenamente viable que el tribunal de arbitramento haya ordenado que los incrementos se efectuaran con base en el salario mínimo en lugar del IPC, ya que ello hace parte de la autonomía de los componedores en aras de solucionar el conflicto, para lo cual pueden acudir a diversas fórmulas de incremento de determinada prerrogativa tasada en cifras, tal como lo explicó esta Sala en sentencia CSJ SL282-2021, en los siguientes términos:
Es cierto que la variación del IPC es el referente fundamental a la hora de establecer incrementos monetarios, en razón de que allí se miden los componentes básicos de la canasta familiar, es decir, los bienes y servicios que los hogares pueden adquirir con determinado dinero y su dinámica habitual; de ahí que en la fijación del salario mínimo para cada anualidad, acorde con lo previsto en la L. 278 de 1996, dicho componente deba ser tenido en cuenta, lo que prácticamente lleva a que al final tal salario sea superior a esa variación del IPC, con el fin de mejorar la calidad de vida de los hogares que dependen de ese ingreso, y por ello, ese mecanismo puede ser trasladado a la solución de un conflicto colectivo, ya que se traduce en un mayor incremento para los valores monetarios de las prerrogativas arbitrales impuestas, y por ende, en un mejor beneficio para los trabajadores.
[…]
Como se observa, el parámetro que en esta ocasión adoptó el colegiado para incrementar el salario fue la proporción que aumenta el mínimo legal y le adicionó un punto porcentual, que según se explicó en el análisis que se realizó de la anterior cláusula arbitral, es una medida válida a la cual pueden acudir los componedores para solucionar el conflicto colectivo en aras de fijar incrementos monetarios, ya que resulta más provechoso para los trabajadores ese valor dadas las reglas que se utilizan para fijar anualmente el aludido salario por parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y en su defecto, por el gobierno nacional.
Puede que en muchos casos los incrementos salariales se fijen con base en el IPC, habida cuenta de que con ello los salarios se reajustan en proporción con la variación de los precios, en especial, con los de la canasta familiar, pero se itera, no es una atadura para los árbitros, ya que éstos, dependiendo del contexto del conflicto pueden acudir a otras fórmulas, entre ellas, el incremento del salario mínimo, pues se trata de referentes comunes que se utilizan en la economía nacional.
Sobre la posibilidad de que los árbitros acudan, bien al incremento del salario mínimo que se fija anualmente, ora al IPC, con el propósito de ajustar el ingreso de los trabajadores, hace parte de sus facultades para aumentar la cuantía de las prestaciones, en sentencia del 29 nov. 2011, rad. 49862, reiterando la del 17 feb. 2005, rad. 25760, la Sala explicó:
Por ello, itérese, la determinación no se muestra irracional y excesiva, ya que los mencionados indicadores, como lo ha dicho en otras ocasiones esta Sala, constituyen un claro factor de referencia, sobre los cuales, el mismo Gobierno Nacional y el Legislativo desarrollan sus políticas en materia social laboral y pensional. El tribunal de arbitramento, entonces, buscó paliar la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, para que de esa forma los trabajadores pudieran mantener la capacidad de compra de los productos básicos de la canasta familiar, generada a raíz del alza en los precios, dado que durante el período de tiempo comprendido entre el 2003 y 2010 no fueron reajustados sus salarios.
El punto en cuestión lo ha decantado la Corte en reiteradas decisiones, en la que ha precisado que:
“Para la Corte, el sólo de hecho de que el incremento salarial ordenado en el laudo que aquí se objeta, supere el índice de precios al consumidor, no lo hace abiertamente inequitativo y que desde luego conlleve su anulación; pues si bien el IPC es un referente para efectos de determinar el monto en los incrementos salariales de los trabajadores, en la medida que como dato estadístico permite establecer cuál es el aumento en el costo de vida en Colombia, ello no significa que dichos guarismos porcentuales constituyan camisa de fuerza para los árbitros, a los cuales tengan que acogerse sin ninguna otra consideración al respecto.
En ese horizonte, para la Sala la inferencia de los arbitradores forma parte de la autonomía con que los dotó el legislador, que se justifica por la necesidad de lograr un mayor acercamiento al punto de equilibrio entre los anhelos de los trabajadores y la realidad económica del empleador, que solo puede ser invadida por el juez de la anulación en caso de una inequidad ostensible, que en el evento que se examina no se vislumbra probable, toda vez que el incremento salarial establecido cobijará a un minoritario grupo de trabajadores (5) que, como se dijo, la recurrente no acredita cómo se afectará sus arcas de tal magnitud que genere un peligro en su continuidad empresarial, pues tiene dicho la Corte que las afirmaciones genéricas, vagas e imprecisas no cumplen con el requerimiento que jurisprudencialmente se ha fijado para demostrar la manifiesta inequidad y con mayor relevancia en un tema como el de salarios.
Esta Corporación en sentencia CSJ SL1944-2021, recordó la razonado en la providencia CSJ SL2819-2019, así:
[…] la Sala ha sostenido que, en sede del recurso extraordinario de anulación, el recurrente tiene la carga de demostrar con suficiencia que la decisión de los árbitros es contraria a los postulados de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, con lo cual debe indicar en concreto cuál es el costo real, cierto y actual de los beneficios extralegales del laudo arbitral, la situación financiera de la empresa y la incidencia de las prestaciones en la actividad económica, por lo que no basta con presentar alegaciones genéricas o abstractas, mediante las cuales se alegue simplemente que la decisión de los árbitros es inequitativa, por cuanto es necesario aportar pruebas suficientes que demuestren la manifiesta y protuberante inequidad, confrontando así la incidencia económica del laudo y la situación financiera de la empresa.
Se advierte entonces, que la situación financiera de la sociedad impugnante, no traduce que ello sea un obstáculo que impida que los trabajadores mejoren las condiciones laborales cuando aflora que, tanto las reclamaciones del sindicato como los beneficios otorgados por el tribunal arbitral, se exhiben razonables y no exorbitantes, toda vez que son fruto de la negociación colectiva, en desarrollo del derecho garantizado por el artículo 55 de la Constitución Política, máxime cuando se ha tenido en cuenta la situación económica y financiera de la empresa.
Ahora bien, desde luego, que no se desconoce que el reconocimiento de unas prerrogativas en favor de los trabajadores implica un esfuerzo desde diversos ángulos para el empleador, sobre todo el económico, y en un ambiente de crisis, un mayor incremento de las obligaciones laborales, pone más peso sobre sus finanzas y limita las estrategias para salir de la dificultad, pero las peticiones razonables de los trabajadores también deben ser consideradas dentro de los ajustes empresariales y no solo las demás obligaciones o proyectos del empleador para salir de sus dificultades.
Por todo lo explicado la Sala no encuentra principio de razón suficiente para que salga avante la inconformidad de la recurrente.
3. Auxilio y préstamos por calamidad doméstica
3.1 Pliego de peticiones
PETICIÓN 22º: PRÉSTAMOS, AUXILIOS Y PERMISOS POR EVENTOS DE SALUD Y CALAMIDAD DOMÉSTICA: A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, para eventos no previstos, que por su gravedad afectan a los trabajadores y su familia de manera severa en sus condiciones de vida o de sus ingresos, la Empresa otorgará los siguientes préstamos, auxilios y permisos, así:
a. En caso de enfermedad catastrófica de padres, conyugues[sic], hijos, hermanos, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, concederá al trabajador un permiso permanente remunerado. En caso de que la enfermedad no sea catastrófica, la Empresa dará un permiso de seis (6) días si el caso ocurriere en la ciudad habitual de trabajo y diez (10) días si el caso ocurriere fuera de la ciudad habitual de trabajo.
b. La Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, suministrara gratuitamente al trabajador las radiografías, exámenes y medicamentos cuando estos no le sean reconocidos por la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliado.
c. En caso de hospitalización de padres, conyugue[sic], hijos o hermanos del trabajador, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, concederá al mismo un permiso de seis (6) días si el caso ocurriere en la ciudad habitual de trabajo y diez (10) días si el caso ocurriere fuera de la ciudad habitual de trabajo.
d. La Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, concederá un auxilio de QUINIENTOS MIL ($500.000°°) Pesos. En caso de hospitalización de padres, conyugue[sic], hijos o hermanos del trabajador.
e. La Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya concederá préstamos con cero % de interés a los trabajadores que por calamidad doméstica así lo requieran.
3.2 Laudo arbitral
Artículo 6. Fondo de Calamidad Doméstica La empresa constituirá durante la vigencia del presente laudo un fondo por una cuantía total de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) con el fin de otorgar auxilios a los trabajadores en los casos de eventos de calamidad doméstica. El valor de cada auxilio se fijará por la empresa de acuerdo a la calamidad, con un tope máximo de quinientos mil pesos ($500.000).
3.3 Argumentos del cuerpo arbitral
Petición 22 (PRÉSTAMOS, AUXILIOS Y PERMISOS POR EVENTOS DE SALUD Y CALAMIDAD DOMESTICA). En esta petición se incorporan solicitudes de contenido diferente, por lo cual el Tribunal acordó darles un tratamiento también distinto. En lo que tiene que ver con los permisos remunerados a que se refieren los literales a y c, los árbitros decidieron negarlos por inconvenientes, ya que consideran que por tratarse de eventos de calamidad médica familiar no resulta lógico otorgar un número determinados de días de permiso, ya que cada caso pueda demandar un manejo diferente y así se tendrá que valorar por parte del empleador. En cuanto a los auxilios económicos de que tratan los literales d y e, el Tribunal los atenderá, disponiendo la creación de un fondo con una cuantía fija, entendiendo además que el literal b debe ser tratado como una calamidad subsumible en el literal e.
3.4 Argumentos de la empresa
Sobre esta prestación reconocida en el laudo, se solicita a la Corte declarar la nulidad de su concesión, por varias razones.
En primer término, toda vez que resulta ultrapetita; en efecto en el pliego de peticiones presentado por la organización sindical, lo que se solicitaba era unos permisos y auxilios en caso de hospitalización (véase petición 22), sin embargo, de forma inexplicable, por decir lo menos, el Tribunal estableció un auxilio por calamidad doméstica, así de clara fue la extralimitación.
Indica, además, que no es proporcionado el Tribunal en este punto, pues establece de forma general, el otorgamiento del «subsidio y el préstamo, ante cualquier calamidad doméstica; debe considerarse que no cualquier calamidad doméstica, implica una situación de necesidad económica especial para el trabajador. Por ejemplo, la muerte de un pariente, en el cuarto grado de consanguinidad, (primo), por qué razón ameritaría la necesidad de obtener un préstamo de dinero. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro? de la forma en que se encuentra redactado el laudo arbitral, otorgaría el derecho a obtener estas prestaciones en tales circunstancias, decisión que es claramente inequitativa y sin ninguna razón de ser».
VI. CONSIDERACIONES
El pliego de peticiones y en el laudo arbitral establecieron:
PLIEGO DE PETICIONES
LAUDO ARBITRAL
e. La Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya concederá préstamos con cero % de interés a los trabajadores que por calamidad domestica así lo requieran.
Artículo 6. Fondo de Calamidad Doméstica La empresa constituirá durante la vigencia del presente laudo un fondo por una cuantía total de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000) con el fin de otorgar auxilios a los trabajadores en los casos de eventos de calamidad doméstica. El valor de cada auxilio se fijará por la empresa de acuerdo a la calamidad, con un tope máximo de quinientos mil pesos ($ 500.000).
Pues bien, una somera confrontación de los anteriores textos, permite observar, al rompe, que el tribunal de arbitramento desbordó la competencia que la ley le otorga para definir esta clase de conflictos toda vez que soslayaron la clara voluntad de la organización sindical, cual era, que el empleador les concediera un préstamo por calamidad doméstica y no un auxilio que, sin hesitación ninguna, tiene una definición, naturaleza y objetivo, sustancialmente diferentes, en la medida en que no permite que el empleador recupere el dinero que se concede por tal concepto o, dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea, una vez otorgado el auxilio al trabajador este no tiene la obligación de devolverlo, obligación que efectivamente sí emana de la figura del préstamo, por lo que no hay consonancia entre la súplica y la resolución.
La inconsonancia presentada, lisa y llanamente, traduce que los árbitros no interpretaron la verdadera intención de la organización sindical, por lo que, en este aspecto, se torna inexequible, pues, itérese, el Tribunal al decidir por fuera del ámbito delimitado por el sindicato en el pliego de peticiones, traspasó el lindero trazado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.
Aquí y ahora, vale la pena traer a colación la sentencia CSJ SL, 1° de jun. 2005, rad. 25583, en cuanto a que «el arbitramento debe respetar el principio de congruencia (C. de P.C. art. 672-8 y 9) en su triple implicación: a) Absteniéndose de resolver en puntos no sujetos a su decisión, b) Considerándose imposibilitado para conceder ultra petita, es decir más de lo pedido; y C) Decidiendo todos los puntos planteados (Sentencia de la Sala Plena Laboral del 19 de julio de 1982). Gaceta Judicial No. 2410)».
De lo expuesto, surge disponer la anulación del artículo del laudo arbitral en comento.
4. Auxilio educativo para los hijos de los trabajadores
4.1 Pliego de peticiones
PETICION 26º: AUXILIO PARA ESTUDIO. FOMENTO A LA EDUCACIÓN. A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya dará un auxilio educativo para el trabajador, su esposa y sus hijos, de la siguiente manera:
PARA LOS HIJOS:
GUARDERÍA, KÍNDER Y PRIMARIA $150.000°° por año, para cada hijo
SECUNDARIA $250.000°° por año, para cada hijo UNIVERSIDAD O TECNOLOGÍA $600.000°° por semestre, para cada hijo
EDUCACIÓN PARA HIJOS ESPECIALES $400.000°° por año, para cada hijo.
ESPECIALIZACIÓN O POSTGRADO $800.000°° por semestre, para cada hijo
TRABAJADOR:
TECNOLOGÍA DEL TRABAJADOR $250.000°° semestrales
PREGRADO UNIVERSITARIO $300.000°° semestrales ESPECIALIZACIÓN O POSTGRADO $400.000°° semestrales
4.2 Laudo arbitral
Artículo 8. Auxilios educativos Durante la vigencia del presente laudo la empresa constituirá un fondo de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) con destino a conceder auxilios educativos en la siguiente forma: para hijos de los trabajadores matriculados en Guardería, Kinder o Primaria: cien mil pesos ($100.000) anuales; hijos matriculados en Secundaria: ciento cincuenta mil pesos ($150.000) anuales; hijos matriculados en Universidad o Tecnológicos: doscientos mil pesos ($200.000) anuales. Para estudio de los trabajadores se pagarán los siguientes auxilios: en Tecnológicas cien mil pesos ($100.000) anuales y en Pregrado universitario ciento cincuenta mil pesos ($150.000) anuales.
4.3 Argumentos del cuerpo arbitral
Petición 26 (AUXILIO PARA ESTUDIO. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN). Por mayoría los árbitros decidieron atender la solicitud contenida en este artículo, al estimar que se trata de un tipo de auxilio fundamental como parte del compromiso moral del sector privado y de las empresas para contribuir a la transformación del país y lograr una mayor justicia social. Para el efecto, el Tribunal consideró que la manera más apropiada de atender la pretensión era a través de la constitución de un pequeño fondo con esa destinación, de manera que no se afecten las finanzas futuras de la compañía y se sienten las bases para una política futura de mayor apoyo a la educación, una vez las posibilidades económicas de la empresa lo permitan. En esta decisión salvó el voto el doctor Orlando Bedoya.
4.4 Argumentos de la empresa
Explica que, sobre este ítem, deberá el ad quem, aclarar el laudo, habida cuenta que, en nuestro país, existen múltiples programas estatales como privados, de subsidio a los estudiantes, respecto del costo de matrículas, útiles, gastos de transporte, entre otros.
Lo que debió «dejarse claro, por parte del Tribunal, si es que en equidad quería fallar, es que los trabajadores sindicalizados que podrán acceder a los auxilios concedidos, serán únicamente aquellos, que NO, se encuentren recibiendo otro tipo de ayudas por parte del Estado, o entidad privada, con miras a sufragar sus gastos estudiantiles». Lo contrario, desnaturalizaría, la teleología del auxilio, pues se tornaría en una fuente de ingresos para el trabajador, más que como un verdadero incentivo al estudio. Debo recordar que de acuerdo a la legislación actualmente vigente «la educación en nuestro país es gratuita y obligaría por parte del Estado».
Adicional, como lo indica el árbitro en su salvamento de voto, ese auxilio se decretó, sin tomar en cuenta múltiples circunstancias, como lo son: «A) La compleja situación económica de la compañía que afronta su primer pliego de peticiones. B) No se ilustró al tribunal sobre cuántas personas serían beneficiarias de ello y el costo que esto significa para la empresa. C) La inequidad que presenta la concesión de esta prestación extralegal».
VII. CONSIDERACIONES
Según se enseñó en la sentencia CSJ SL583-2021, reiterada en la CSJ SL2667-2021, cuando se estima que un laudo arbitral es oscuro, incompleto, o no resuelve la totalidad del petitorio, debe acudirse a las figuras de la aclaración, adición o complementación del Laudo, como lo permite el Código General del Proceso para las sentencias, en sus artículos 285 y 287 aplicables al procedimiento laboral por la integración señalada en el art. 145 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para que el mismo organismo que lo profirió, proceda remediar tales inconsistencias, pues en materia de anulación la competencia de la Corte, como se ha explicado varias veces, es restringida y no contempla esa atribución (CSJ SL891-2017 y CSJ SL11983-2017).
Nótese que la sociedad recurrente le pide a la Corte «aclarar el laudo», pues lo «que debió dejarse claro, por parte del Tribunal si es que en equidad quería fallar, es que […]» y, si para la impugnante emerge motivos de duda, es decir, que la redacción de la cláusula de auxilios educativos es ininteligible o por la vaguedad de su alcance le genera una interpretación confusa, se itera, el empleador, apoyado en el remedio procesal estatuido en el artículo 285 del Código General del Proceso, debió solicitar la aclaración del laudo arbitral, pero ante la misma Corporación que lo profirió, antes de su ejecutoria.
El precepto instrumental, dispone: «La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella […]».
De manera que, en la esfera o sede de anulación no es factible que la Corte aclare el laudo, cuando las partes no activaron el remedio procesal que en derecho corresponde.
De otra parte, la Corte no comparte los argumentos expuestos por la censura en cuanto a que el Tribunal no motivó su decisión y que soslayó la situación económica de la empresa, pues repásese en lo que fue enfático en advertir que del análisis particular de la situación concreta, encontró de un lado que se está en presencia de «una empresa que atraviesa una situación compleja por diversos factores, dado el objeto de su actividad económica que se extiende a la compra nacional y a la importación de pescados y mariscos, un mercado con dificultades crecientes por circunstancias como la devaluación del peso colombiano y el hecho de que las ventas se realizan para un sector de consumidores relativamente minoritario y en el que los precios de compra están fijados por las grandes cadenas, lo que deja márgenes muy estrechos de utilidad en la intermediación, al punto de que varias de las empresas que eran la competencia de VITAMAR S.A no han logrado sobrevivir y han desaparecido» y, de acuerdo a lo anterior, efectuó un esfuerzo para tratar de encontrar un punto de equilibrio y equidad, que concilie la incertidumbre financiera de la compañía en el inmediato futuro y las expectativas de la organización sindical respecto al mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus asociados.
Entonces, sin temor a equivocarse, la Sala puede asignarle, a la decisión arbitral, en este punto, el atributo de ser un pronunciamiento equitativo, proporcional y razonado, en la medida en que no puede considerarse que la cláusula controvertida atenta contra la estabilidad económica de la empresa; por lo menos, así no lo demuestra la recurrente, en tanto no aportó cifras concretas que permitiera cuantificar el impacto de lo concedido.
Aquí y ahora, debe recordar la Corte que una cosa es que el acceso a la educación sea gratuito y otra que las instituciones educativas no puedan cobrar por los servicios de educación.
En sentencia C-654-2007, la Corte Constitucional claramente explicó:
Al indagar por el origen de esa norma, en sus antecedentes se observa que el texto aprobado en primer debate en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente señalaba que “En las instituciones del Estado, la educación será gratuita. Sin embargo, a los hijos de familia con capacidad económica se les podrá exigir el pago de matrícula y pensión de acuerdo con sus ingresos.” Su última parte quedó finalmente reemplazada por la expresión “sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”, sin que con ello haya cambiado el sentido original del citado precepto constitucional, consistente en que la gratuidad de la enseñanza pública no excluye, sino que presupone, la posibilidad de que las instituciones cobren derechos a quienes tengan capacidad económica para pagarlos.
[…]
Por otra parte, la Carta también autoriza a las instituciones de carácter particular para cobrar a los estudiantes el pago de emolumentos con ocasión del servicio educativo prestado, lo cual deriva de la naturaleza de la actividad que desarrollan, como quiera que concurren a la prestación del servicio público de educación, en ejercicio de la libertad económica y de empresa e iniciativa privada, pudiendo recibir a cambio la justa retribución por su gestión, dentro de los límites y controles establecidos por el Estado. En este sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-560 de 1997 (noviembre 6), M. P. José Gregorio Hernández Galindo, que declaró inexequible parcialmente el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, en cuanto autorizaba el cobro de “bonos” en colegios privados. Expresó esta corporación:
“La Constitución Política no concentra en manos del Estado el monopolio en la prestación de los servicios educativos y, por el contrario, otorga a los particulares la libertad de fundar centros docentes con tal objetivo, dentro de las condiciones de creación y gestión que la ley establezca y desde luego bajo el control, la supervisión y la suprema vigilancia estatal (artículos 67 y 68 C.P.).
Se trata de una libertad constitucionalmente garantizada, complementaria de la actividad a cargo del Estado, que implica un valioso concurso de la iniciativa y el esfuerzo privados con miras a facilitar una mayor cobertura de la educación y en búsqueda de su creciente calidad, y que simultáneamente abre posibilidades de elección para los padres de familia, quienes gozan del derecho, también de naturaleza constitucional, de escoger el tipo de educación para sus hijos menores (art. 68 C.P.). Esto implica que las personas e instituciones privadas, siempre que no desborden los límites legalmente señalados a su gestión ni evadan los controles oficiales ordenados a la inspección y vigilancia del servicio público, pueden diseñar y poner en funcionamiento unidades educativas dotadas de perfiles específicos acordes con principios que inspiren su fundación y que correspondan a sus convicciones y expectativas, para satisfacer la demanda de la población dentro de un mosaico de opciones propio del sistema democrático y pluralista que la Constitución consagra (art. 1 C.P.).
Ello demanda, obviamente, los recursos económicos indispensables para financiar los proyectos educativos que se busque sacar adelante, los cuales, sin perjuicio del apoyo e incentivo oficial (art. 71 C.P.), corresponde aportar a los usuarios de las instituciones correspondientes, es decir, a quienes, en ejercicio de su libertad, han resuelto confiar la formación e instrucción de sus hijos a establecimientos particulares. Y ello por cuanto al preferir la opción de la educación privada, que exige asumir costos, en vez de la pública, que tiene como principio el de la gratuidad, se obligan a remunerar, en virtud de contrato con el ente seleccionado, los servicios que éste haya de prestarles.”
Es que los árbitros pueden establecer mejores y adicionales derechos a los estatuidos en la ley. De suerte que, el que la educación sea gratuita, como lo aduce la recurrente, no les impide mejorar esos beneficios en los laudos arbitrales, como ocurre con la cláusula bajo estudio. No se puede pasar por alto que lo que se intenta con esta prerrogativa, es el apoyo empresarial en ciertos gastos escolares como una forma de enaltecer el valor del trabajo hacia la sociedad en la formación de sus integrantes, desde sus bases hasta la educación calificada o superior (CSJ SL495-2019) y, por ende, se convierte en un estímulo laboral.
Recapitulando. Aflora de manera palmaria que el cuerpo arbitral efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la anulación del precepto denunciado, en los términos solicitados.
5. Permisos sindicales
5.1 Pliego de peticiones
PETICIÓN 40°: PERMISOS SINDICALES. A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya concederá a cada una de las Seccionales del Sindicato en donde haya trabajadores de la Empresa afiliados a estas, un total de cincuenta (50) días de permiso sindical remunerado por semestre a fin de realizar funciones propias del sindicato. LA EMPRESA reconocerá permisos sindicales remunerados según la jurisprudencia, convenios internacionales, constitución política, con el fin de realizar todas aquellas gestiones relacionadas con sus funciones sindicales.
5.2 Laudo arbitral
Artículo 11. Permisos sindicales La empresa otorgará a la organización sindical los siguientes permisos sindicales: 1.- Un total de treinta horas (30) mensuales no acumulables con el fin de que pueda atender las funciones y labores que por ley y estatutos le corresponden. 2.- Un total de hasta dos (2) permisos sindicales por año calendario de vigencia del presente laudo, con el fin de asistir a las asambleas nacionales del sindicato, por el tiempo que duren las asambleas sin pasar de tres (3) días hábiles. 3.- Un total de hasta dos (2) permisos sindicales por año calendario de vigencia del presente laudo, con el fin de asistir a cursos de capacitación sindical, por el tiempo que duren los cursos sin pasar de cinco (5) días hábiles. Parágrafo. Los permisos de que trata este artículo se remunerarán con el salario ordinario básico que devengue el trabajador que los vaya a disfrutar y deberán solicitarse con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles los del numeral 1 y con una anticipación no menor de ocho (8) días hábiles los de los numerales 2 y 3
5.3 Argumentos del cuerpo arbitral
Peticiones 1 (GARANTÍAS DE NEGOCIACIÓN) y sus parágrafos, 2 (PERMISOS PARA REDACCIÓN DE PLIEGO DE PETICIONES), 3 (PERMISO PARA ASAMBLEA Y APROBACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES) y su parágrafo, 8 (COMISION DE RECLAMOS) y su parágrafo, 40 (PERMISOS SINDICALES), 41 (PERMISO PARA ASAMBLEAS NACIONALES) y 42 (PERMISO PARA CAPACITACION). El Tribunal se ocupó en conjunto de los siete artículos relativos al tema de los permisos sindicales, encontrando conveniente concentrarse en las peticiones de los artículos 40, 41 y 42, ya que en ellos aparecen los permisos esenciales tendientes a garantizar el funcionamiento de la organización sindical. En ese orden de ideas, se negaron por inconvenientes los permisos solicitados en los artículos 1, 2, 3 y 8, al entender los árbitros que, dado el tamaño de la empresa, el tema del manejo de las ausencias por permisos es complejo, por lo cual solo se otorgarán los impetrados en los artículos 40, 41 y 42, en los términos en que se dispone en la parte resolutiva de esta providencia.
5.4 Argumentos de la Empresa
Afirma que el Tribunal no puede proceder a fijar unos permisos por cuanto ello obedece a la órbita del empleador, «si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia en recientes sentencias ha venido reconociendo la facultad de los árbitros de fijar unos permisos remunerados lo ha hecho en forma excepcional y bajo el criterio que ellos "con el objeto de desarrollar y atender las tareas propias de la representación sindical, dentro de criterios de necesariedad, razonabilidad, proporcionalidad y equidad"».
Respecto de cada uno de los permisos solicitamos su anulación así: «30 horas mensuales para gestiones sindicales: Llama la atención, que, a pesar de no haberse solicitado en el pliego de peticiones, permiso para los afiliados al sindicato no directivos, se haya concedido tales permisos, extralimitándose evidente el Tribunal en este aspecto. Aunado a lo anterior, resulta excesivo, dicha cantidad de horas, pues implica una pérdida de productividad exagerada».
VIII. CONSIDERACIONES
De manera liminar, memórese, por la pertinencia del precedente, que, desde la sentencia de anulación CSJ SL, del 28 de oct. 2009, rad. 40534, la Sala rectificó su criterio en el sentido de indicar que los árbitros pueden imponerle al empleador la concesión de permisos remunerados a los miembros de las organizaciones sindicales, para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, siempre y cuando la decisión resulte razonable y proporcionada. En tal oportunidad se agregó que deberán tenerse en cuenta por parte del tribunal de arbitramento, varios aspectos «[…] entre otros, advirtiendo que cada caso en particular deberá examinarse, es menester que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo».
No es cierto que los trabajadores hubiesen pedido permiso sindical únicamente para los directivos de la organización, como lo aduce la recurrente, pues repárese en que la solicitud es general para los colaboradores de las diferentes seccionales del sindicato, de suerte que el tribunal de arbitramento al gozar de un amplio marco de acción en la búsqueda de la paz laboral, acogió y adecuó la petición a los parámetros propios de la equidad.
Así mismo, se avista que los permisos concedidos tienen como objetivo fortalecer el derecho de asociación y libertad sindical que son de rango constitucional y, en esa vía, permiten que los afiliados se capaciten en temas que en últimas favorecen a la agremiación y sus asociados, aunado a que se ajustan a los criterios de racionalidad y proporcionalidad, no tienen el carácter de ser permanentes, indefinidos, son limitados y no afectan el desarrollo normal de la gestión empresarial. No se olvide que, son 5 los trabajadores que están afiliados a la organización sindical.
En otro orden de consideraciones, realizado un cotejo entre lo pedido por la organización sindical y lo resuelto por el colegiado, la forma como está concebido el reconocimiento de los permisos, el número de trabajadores sindicalizados y de días otorgados, como ya se dijo, dista de ser una decisión contraria a la razonabilidad y proporcionalidad. Por ejemplo, los permisos para asamblea y congresos nacionales son para dos trabajadores por los días que dure el evento, con un límite de tres (3) días hábiles, sumados a los atinentes a cursos para capacitación que no deben superar los cinco (5) días hábiles, arroja un total a lo sumo de 16 días por la vigencia del laudo arbitral, es decir, que por cada año corresponden un tope de 8 días, al mes 1.5 días, así como, 30 horas al mes para atender las funciones y labores que por ley y estatutos le corresponden, lo que no se exhibe exorbitante; en ese contexto, la recurrente no acredita cómo el otorgamiento de los mismos puede interferir en el adecuado cumplimiento de su objeto social, máxime que de acuerdo con la información suministrada por el tribunal de arbitramento «se conoce que el número total de los que laboran en la empresa es de 157, de los cuales 5 pertenecen a la organización sindical SINTRAIMAGRA».
Y bueno es acotar que la organización sindical debe solicitarle al empleador los permisos «con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles los del numeral 1 y con una anticipación no menor de ocho (8) días hábiles los de los numerales 2 y 3», lapso razonable que le permite a la sociedad recurrente adecuar las labores para que no se vea afectada la continuidad de las actividades y ejecutar, en forma adecuada, su razón social.
Fluye así que no se anulará la disposición controvertida.
6. Auxilio para anteojos
6.1 Pliego de peticiones
PETICION 35º: AUXILIO SALARIAL PARA GAFAS, MONTURAS O LENTES. A partir de la firma de la Presente Convención Colectiva de Trabajo y por una sola vez durante cada año de la vigencia de la Convención, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya otorgará a sus trabajadores sindicalizados la suma de cuatrocientos Mil Pesos M/CTE ($400.000) para compra de gafas, montura o lentes de contacto, que sean formulados por el médico tratante. De la misma manera por cirugía refractiva la Empresa pagara el 100 % del valor de esta. LA EMPRESA reconocerá permisos sindicales remunerados según la jurisprudencia, convenios internacionales, constitución política, con el fin de realizar todas aquellas gestiones relacionadas con sus funciones sindicales.
6.2 Laudo arbitral
Artículo 10. Auxilio para anteojos Cuando a un trabajador le sean prescritos anteojos por parte de la E.P.S a que se encuentre afiliado, la empresa le reconocerá un auxilio de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) por una sola vez durante la vigencia del presente laudo.
6.3 Argumentos del cuerpo arbitral
Petición 35 (AUXILIO SALARIAL PARA GAFAS, MONTURAS O LENTES). El Tribunal decidió conceder esta petición, ya que responde a una necesidad real del trabajador, por lo cual dispondrá de un auxilio que luce equitativo y nada excesivamente gravoso para el empleador
6.4 Argumentos de la Empresa
Sostiene que el laudo ordena reconocer a los trabajadores beneficiarios del mismo, que lo requieran bajo fórmula médica, un auxilio para anteojos por valor de $150.000. También deja el laudo un vacío insoslayable, pues no determina si el auxilio aplica solo para los lentes o también, para la montura o marco de los mismos; en caso de entenderse que el auxilio concedido, comprende además de los lentes, el marco de los anteojos, «dicha situación se prestaría, para que se desnaturalizara el auxilio, por cuenta de quien utilizarlo para provecho económico, en la comercialización de dichos elementos».
Aunado a que esta es una prestación que fue asumida por el Sistema de Seguridad Social, quien asume la totalidad del costo de los anteojos, por ello, imponer una carga adicional al empleador «iría en contra vía del mandato legal de la subrogación por parte del sistema de la seguridad social de las prestaciones que estaba a cargo del empleador».
IX. CONSIDERACIONES
En las sentencias CSJ SL5449-2018, CSJ SL987-2019 y CSJ SL4259-2020, entre otras, se memoró que, sin duda alguna, la creación de esta clase de beneficios es de competencia de los árbitros, el cual tiene como objetivo brindar una ayuda económica al trabajador frente a este tipo de eventos respecto de los que no hay cobertura en materia de seguridad social.
Ahora, resulta insoslayable recordar que lo pretendido por los trabajadores y lo definido en el laudo arbitral, además de que se constituye en un apoyo económico para la adquisición de este elemento que garantiza la salud visual, cumple con uno de los objetivos de la negociación colectiva, cual es, mejorar los derechos mínimos consagrados en la ley, convención colectiva de trabajo, pacto colectivo, contrato de trabajo.
También se trajo a colación lo dicho en la sentencia CSJ SL2271-2018, en donde reiteró la CSJ SL17769-2016, así:
Respecto al denominado auxilio para lentes o montura, esta Sala de la Corte ha sido enfática al sostener que es posible que los árbitros se pronuncien sobre cualquier derecho que supere los mínimos de ley, entre ellos los que se encuentra contenidos en el sistema general de seguridad social en salud, atendiendo que esa es justamente una de las funciones de la negociación y que por tratarse del otorgamiento de un insumo, que bien puede costear el empleador, es posible que se reconozca vía laudo arbitral.
En un asunto en el que se definió específicamente sobre el beneficio del auxilio óptico esta Corte en decisión SL17769-2016 resaltó:
[…] Ninguna objeción le merece a la Sala la decisión que adoptó el Tribunal en torno al auxilio para la adquisición de lentes, porque: (i) es un asunto de contenido económico no dirimido en la etapa de arreglo directo, no obstante que fue un punto previsto en el pliego de peticiones; (ii) es de competencia del tribunal de arbitramento imponer ese tipo de cargas; y (iii) no se observa una inequidad manifiesta o una afectación económica grave a la empresa, pues no se pierda de vista que se trata de 4 trabajadores.
Por lo dicho NO SE ANULA
De otra parte, en sentir de la Corte la disposición arbitral dimana patente en el sentido de que el empleador debe reconocer el auxilio de anteojos en los términos prescritos por la E.P.S., lo que descarta cualquier vacío en su reconocimiento.
Por último, bien vale la pena recordar lo asentado en la sentencia CSJ SL1944-2021, en cuanto a que la afirmación sobre el posible abuso que se haga del beneficio otorgado, en manera alguna puede constituir causal de anulación, pues, en tratándose de analizar la inequidad manifiesta, lo que es objeto de examen es la razonabilidad y proporcionalidad de lo concedido y no el hipotético o eventual abuso que de ello se haga.
Lo precedente evidencia que resulta infundado el ataque, dado que el auxilio de anteojos tiene una causación condicionada a la necesidad del trabajador que no es frecuente, lo que no implica una erogación permanente ni periódica y, por ende, no se anulará.
7. Auxilio sindical
7.1 Pliego de peticiones
PETICION 43°: AUXILIO SINDICAL. A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, La EMPRESA VITAMAR S.A., o la que la sustituya concederá por año de vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo a la organización sindical Sintraimagra la suma de ocho millones pesos m/cte. ($8.000.000) Esta suma constituyen un único monto a cancelar para contribuir a los gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional y Seccionales del Sindicato donde tenga afiliados de la empresa
7.2 Laudo arbitral
Artículo 12. Auxilio sindical La empresa reconocerá durante la vigencia del presente laudo un auxilio a la organización sindical por un total de tres millones de pesos ($ 3.000.000), pagaderos en las siguientes fechas: un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) en marzo de 2023 y un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) en septiembre del mismo año.
7.3 Argumentos del cuerpo arbitral
Peticiones 43 (AUXILIO SINDICAL) y 45 (PASAJES Y/O TIQUETES AÉREOS). El Tribunal acordó resolver estos dos artículos, disponiendo el otorgamiento de un auxilio en favor de la organización sindical, la que dispondrá libremente de la utilización de ese dinero, pudiendo emplearlo para los fines de que trata el artículo 45. Este auxilio se otorgará en la cuantía y fechas de pago que se indican en la parte motiva de la presente providencia.
7.4 Argumentos de la Empresa
Dice que los árbitros ordenan el pago de un auxilio sindical de $3.000.000 al sindicato, «sin siquiera motivar la obligación de pagar, tal cifra de dinero; de nuevo, la imposición de estas cargas, no previstas, no soportadas en las posibilidades económicas de mi representada, lo que hacen dañar gravemente a la organización empresarial, cuando los resultados financieros, son los que se exhibieron durante el trámite del conflicto colectivo. No se compadece pues, con una correcta aplicación del principio de equidad, el reconocimiento de este auxilio, que no consulta la capacidad económica de la empresa».
X. CONSIDERACIONES
En puridad de verdad, no son pocas las ocasiones en las que la Corte se ha pronunciado sobre la motivación de los laudos para concluir que si bien las decisiones de los tribunales de arbitramento deben ser lo más explícitas y claras que sea posible para brindar a las partes un punto de apoyo para controvertirlas, el que así no suceda, no conlleva a que la Corte pueda anularlas (sentencia de anulación CSJ SL. 21 ago. 2003, rad. 22214), como tampoco que se constituye en un motivo de devolución.
Esta Sala, en sentencias CSJ SL17551-2016 y CSJ SL6476-2017, rememoró que bastan los razonamientos breves en las decisiones arbitrales sin que ello signifique que el laudo esté desprovisto de motivación, dado que, al tratarse precisamente de una providencia en equidad, su fundamentación es distinta a la que se requiere para las sentencias que resuelven conflictos jurídicos. En efecto, mientras que en estas se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto.
En la misma dirección, la Corporación ha adoctrinado que las motivaciones sucintas, sobrias o sencillas se entienden cubiertas por una presunción de sustento en la equidad y que el hecho de que la argumentación no sea lo suficientemente prolija o se reduzca genéricamente a los principios de equidad, no constituye causa para anular el laudo arbitral. (sentencias CSJ SL, 12 jun. 2001, rad. 16545; CSJ SL, 5 ago. 2004, rad. 24443; CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 48406; CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 53118; CSJ SL3258-2019; entre otras).
De otra parte, la Corte no comparte los argumentos expuestos por la censura en cuanto a que el Tribunal no motivó su decisión y que eludió la situación económica de la empresa, pues repásese en que fue enfático en advertir que del análisis particular de la situación concreta, encontró de un lado que se está en presencia de «una empresa que atraviesa una situación compleja por diversos factores, dado el objeto de su actividad económica que se extiende a la compra nacional y a la importación de pescados y mariscos, un mercado con dificultades crecientes por circunstancias como la devaluación del peso colombiano y el hecho de que las ventas se realizan para un sector de consumidores relativamente minoritario y en el que los precios de compra están fijados por las grandes cadenas, lo que deja márgenes muy estrechos de utilidad en la intermediación, al punto de que varias de las empresas que eran la competencia de VITAMAR S.A. no han logrado sobrevivir y han desaparecido» y, de acuerdo con lo anterior, efectuó un esfuerzo para tratar de encontrar un punto de equilibrio y equidad, que concilie la incertidumbre financiera de la compañía en el inmediato futuro y las expectativas de la organización sindical respecto al mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus asociados.
Cumple entonces decir, que al amparo de las razones expuestas no es factible acceder a lo solicitado en el recurso y, por tanto, el precepto atacado no se anulará.
Sin costas.
XI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR del laudo arbitral proferido el 16 de mayo de 2022 por el tribunal de arbitramento obligatorio, convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, AGROPECUARIO, AGROALIMENTARIO, BEBIDAS, AFINES Y SIMILARES - SINTRAIMAGRA - y la sociedad VITAMAR S.A., únicamente el «Artículo 6. Fondo de Calamidad Doméstica». No se anula lo demás.
SEGUNDO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese y envíese al Ministerio del Trabajo.
(Salva Voto Parcial)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
SALVAMENTO PARCIAL Y ACLARACIÓN DE VOTO
Empresa: Vitamar S.A.
Sindicato: Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agroindustrial, Agropecuario, Agroalimentario, Bebidas, Afines y Similares -SINTRAIMAGRA-.
Radicado: 94397
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto, y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo parcialmente mi voto respecto a las decisiones de (1) anular la cláusula del laudo contentiva de los «auxilios y préstamos por calamidad doméstica», y (2) negar la anulación de las cláusulas relativas a «incrementos salariales a partir del 1.° de enero de 2023», «auxilio educativo para hijos de trabajadores» y «auxilio sindical». Esto último, con fundamento en argumentos de inequidad.
Asimismo, aclaro mi voto en cuanto se decidió no anular las cláusulas referentes a permisos sindicales y auxilio para anteojos, al advertirse que el Tribunal de Arbitramento era competente para laudar sobre tales materias y que no actuó de forma «inequitativa», ni desproporcionada.
En ese orden, expongo las razones de mi decisión de salvar y aclarar mi voto parcialmente.
Cláusula sobre auxilios y préstamos por calamidad doméstica
En el pliego de peticiones, la organización sindical incluyó una cláusula que denominó «Préstamos, auxilios y permisos por eventos de salud y calamidad doméstica», en los siguientes términos:
(…) A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, para eventos no previstos, que por su gravedad afectan a los trabajadores y su familia de manera severa en sus condiciones de vida o de sus ingresos, la Empresa otorgará los siguientes préstamos, auxilios y permisos, así:
a. En caso de enfermedad catastrófica de padres, conyugues[sic], hijos, hermanos, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, concederá al trabajador un permiso permanente remunerado. En caso de que la enfermedad no sea catastrófica, la Empresa dará un permiso de seis (6) días si el caso ocurriere en la ciudad habitual de trabajo y diez (10) días si el caso ocurriere fuera de la ciudad habitual de trabajo.
b. La Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, suministrara gratuitamente al trabajador las radiografías, exámenes y medicamentos cuando estos no le sean reconocidos por la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliado.
c. En caso de hospitalización de padres, conyugue[sic], hijos o hermanos del trabajador, la Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, concederá al mismo un permiso de seis (6) días si el caso ocurriere en la ciudad habitual de trabajo y diez (10) días si el caso ocurriere fuera de la ciudad habitual de trabajo.
d. La Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya, concederá un auxilio de QUINIENTOS MIL ($500.000°°) Pesos. En caso de hospitalización de padres, conyugue[sic], hijos o hermanos del trabajador.
e. La Empresa VITAMAR S.A., o la que la sustituya concederá préstamos con cero % de interés a los trabajadores que por calamidad doméstica así lo requieran. La Sala decidió anular la cláusula en comento, por considerar que el tribunal de arbitramento desbordó la competencia que la ley le otorga para definir esta clase de conflictos, toda vez que actuó en contravía de la prestación que se solicitó en el pliego de peticiones, que no fue un auxilio por calamidad doméstica, sino un préstamo.
Al proferir el laudo, el Tribunal de Arbitramento acogió dicha petición así:
Artículo 6. Fondo de Calamidad Doméstica La empresa constituirá durante la vigencia del presente laudo un fondo por una cuantía total de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) con el fin de otorgar auxilios a los trabajadores en los casos de eventos de calamidad doméstica. El valor de cada auxilio se fijará por la empresa de acuerdo a la calamidad, con un tope máximo de quinientos mil pesos ($500.000).
Vitamar S.A. solicitó la anulación de dicha cláusula con fundamento en que el Tribunal extralimitó su competencia, dado que lo plasmado en el laudo no fue congruente con lo planteado en el pliego de peticiones.
La Corte acogió el reparo de la recurrente y anuló lo laudado, pues consideró que, en efecto, la incongruencia señalada por la recurrente se estructuró; además, el Tribunal no interpretó la intención de la organización sindical.
Pues bien, en mi criterio, tal conclusión no es acertada, dado que una simple lectura del laudo permite advertir que el Tribunal sí sujetó su pronunciamiento a la materia contenida en el pliego, esto es, la protección de los trabajadores frente a «eventos no previstos» que afectaran sus condiciones de vida o ingresos.
Ahora, el hecho que el Tribunal hubiese denominado genéricamente «calamidad doméstica» a dichos eventos no previstos, y creado un fondo a cargo del empleador para otorgar auxilios a los trabajadores a efectos de proteger dichas contingencias, no puede en manera alguna considerarse una extralimitación de competencias pues, insisto, la materia regulada se corresponde con la intención de la organización sindical plasmada en el pliego.
Conforme a lo anterior, estimo que no debió anularse la cláusula recurrida.
Decisión sobre cláusulas relativas a «incrementos salariales a partir del 1.° de enero de 2023», «auxilio educativo para hijos de trabajadores» y «auxilio sindical», con fundamento en criterios de inequidad manifiesta
En el presente asunto, la Sala decidió «no anular» las cláusulas en referencia, pues consideró que no se acreditó el argumento de inequidad señalado por la empresa recurrente y, por el contrario, se acreditó que el Tribunal de Arbitramento actuó de forma equilibrada y proporcionada.
Al respecto, estimo oportuno recordar que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que determinada cláusula del laudo es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre otras); no obstante, en mi criterio ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple dicho o motivo o causal; además, se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa y debe sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos de competencia de los árbitros. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva; por ejemplo, al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario; por tanto, carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación. Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros con exclusión total de cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que, a mi juicio, realiza la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado.
Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros. Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.
De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es o no inequitativa inequitativa, sin duda, desconoce el objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Adicionalmente, debo señalar que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden requerir su anulación. Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este último está en clara desventaja.
Así, estimo que la jurisprudencia vigente que confiere a la Corte la facultad de analizar la inequidad de las cláusulas laudadas compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
Conforme a lo señalado, considero que los argumentos de inequidad que la Vitamar S.A. formuló para sustentar su recurso respecto a las cláusulas en comento debieron rechazarse de plano, al no constituir motivo válido para censurar el laudo objeto de cuestionamiento.
Argumentos de equidad, proporcionalidad y razonabilidad en el análisis de las cláusulas relativas a «permisos sindicales» y «auxilio para anteojos»
La Corte decidió no anular las cláusulas en mención, pues consideró, entre otras razones, que se trata de disposiciones acordes a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que no pueden considerarse «manifiestamente inequitativas».
Al respecto, estimo oportuno indicar que comparto la decisión de fondo que se adoptó en este punto, consistente en no anular las cláusulas objeto de discusión, pues considero que el Tribunal de Arbitramento no incurrió en las causales que legalmente dan lugar a que la Corte deje sin efecto jurídico una disposición arbitral, que, insisto, son únicamente: (i) la vulneración al debido proceso y (ii) la extralimitación de competencias por parte del Tribunal.
No obstante lo anterior, aclaro mi voto precisamente en el sentido de reiterar que la Corte carecía de facultades para analizar la «proporcionalidad, razonabilidad y equidad» de tales cláusulas, pues, según expliqué en apartes precedentes, dichos derroteros no pueden considerarse válidamente causales de anulación del laudo arbitral.
Dejo así sustentada mi aclaración y salvamento parcial de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado