Ficha de la providencia
Sentencia SL4319-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4319-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4319-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
23 de noviembre de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4319-2022
Radicación n.° 94919
Acta 40
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS DEDICADAS A LA LIMPIEZA, ASEO, ALMACENAMIENTO, COMPLEMENTARIOS Y SIMILARES -ASONALPLIASECOS- contra el laudo arbitral del 13 de julio de 2022, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la recurrente y la sociedad CASALIMPIA S.A.
I. ANTECEDENTES
El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 1557 del 13 de mayo de 2022, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS DEDICADAS A LA LIMPIEZA, ASEO, ALMACENAMIENTO, COMPLEMENTARIOS Y SIMILARES -ASONALPLIASECOS-, y la sociedad CASALIMPIA S.A.
II. LAUDO ARBITRAL
El respectivo laudo arbitral fue emitido el 13 de julio de 2022.
El tribunal de arbitramento sostuvo que: (i) tenía competencia para pronunciarse, puesto que estaba dentro del término legal y no se encontraba frente a una causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo cual procedió a proferir el laudo arbitral; (ii) tomó en cuenta las intervenciones de las partes, así como los documentos probatorios que se aportaron en cada una de las oportunidades, la normatividad vigente, los criterios jurisprudenciales, los antecedentes del conflicto laboral y, de manera primordial, el principio de equidad que debe enmarcarse al dirimir un conflicto colectivo de naturaleza económica y de intereses asociados a temas sindicales; (iii) tal y como aparece en el expediente, la organización sindical ASONALPLIASECOS presentó a la empresa CASALIMPIA S.A. un pliego de peticiones que contiene treinta y tres (33) peticiones, el cual fue discutido en la etapa de arreglo directo, que inició el día 21 de julio del año 2021 y terminó el 4 de octubre de la misma anualidad; (iv) al finalizar esta etapa las partes no lograron acuerdos totales ni parciales sobre las peticiones contenidas dentro del pliego de peticiones; (v) de la documentación remitida por las partes se verifica que la empresa cuenta con 16.263 trabajadores, al momento de la expedición del presente laudo arbitral y un total de 6 trabajadores se encuentran afiliados a ASONALPLIASECOS, que representan el 0,03%; (vi) luego de analizar los documentos presentados por las partes en conflicto, adoptó la decisión de estudiar cada una de las peticiones del pliego, ajustándolo en equidad y derecho, atendiendo ante todo al principio fundamental del derecho de trabajo, dentro del espíritu de coordinación económica y justicia.
III. RECURSO DE ANULACIÓN
Fue interpuesto por el apoderado de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS DEDICADAS A LA LIMPIEZA, ASEO, ALMACENAMIENTO, COMPLEMENTARIOS Y SIMILARES -ASONALPLIASECOS-.
Según informe secretarial, la sociedad CASALIMPIA S.A. no presentó oposición.
El sindicato impugnante pretende la anulación de los siguientes puntos con el objetivo de que «sean modificados y aprobados, [acogiéndose] a los respectivos salvamentos de voto»: (i) prima de antigüedad; (ii) prima de vacaciones; (iii) auxilio de movilidad para el trabajador supernumerario o cuadrillas; (iv) auxilio educativo; (v) auxilio funerario; (vi) auxilio por nacimiento de hijo o hija; (vii) auxilio óptico, y (viii) auxilio de alimentación.
Prima de antigüedad
Pliego de peticiones
ARTÍCULO 18- PRIMA DE ANTIGÜEDAD: A partir de vigencia de la presente convención colectiva de trabajo LA EMPRESA, pagara a sus trabajadores una prima de antigüedad constitutiva de salario así:
ANTIGÜEDAD
DIAS DE SALARIO PROMEDIO
3 AÑOS
23
5 AÑOS
30
10 AÑOS
45
15 AÑOS
50
20 AÑOS
55
25 AÑOS O MAS
60
En caso de que el trabajador tenga salario variable, el valor a pagar por día de salario se calculara con el promedio respecto a los últimos tres meses y de igual manera será reconocido con retroactividad.
Laudo arbitral
A la petición número 18 del pliego PRIMA DE ANTIGÜEDAD. El Tribunal de manera mayoritaria no considera equitativa el establecimiento de una prima de antigüedad en atención a las condiciones económicas de la empresa y, por tanto, negará su concesión.
Prima de vacaciones
Pliego de peticiones
ARTICULO 19- PRIMA DE VACACIONES: A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, LA EMPRESA, reconocerá a los trabajadores una prima legal de vacaciones, equivalente a 15 días de salario promedio del último trimestre causado.
Laudo arbitral
A la petición número 19 del pliego PRIMA DE VACACIONES. El Tribunal de manera mayoritaria no considera equitativo la concesión de una prima de vacaciones en los términos solicitados por el sindicato, en atención a la actividad económica de la empresa.
Auxilio de movilidad para el trabajador supernumerario o cuadrillas
Pliego de peticiones
ARTICULO 21, AUXILIO DE MOVILIDAD NO SALARIAL PARA EL TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, O CUADRILLAS; A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo LA EMPRESA, reconocerá a todos los trabajadores, que por su modalidad de trabajo supernumerario, o cuadrilla, tenga que utilizar o trasladarse constantemente, en diferentes lugares de trabajo, dentro del perímetro de la ciudad o lugar de inicio contratado, se le reconocerá un auxilió de Movilidad no salarial de 150.000 mil pesos colombianos, de manera mensual.
Laudo arbitral
A la petición número 21 del pliego AUXILIO DE MOVILIDAD PARA EL TRABAJADOR SUPERNUMERARIO O CUADRILLAS. El Tribunal no fue informado por el sindicato que alguno de sus afiliados ejerciera su actividad en cuadrillas o fuera supernumerario, por lo cual de manera mayoritaria resuelve que no accederá al beneficio solicitado por considerar inequitativa su concesión
Auxilio Educativo
4.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 22- AUXILIO EDUCATIVO: A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, LA EMPRESA, reconocerá y pagará a los trabajadores que estén estudiando o que tengan hijos adelantando estudios en etapa prescolar, primaria, secundaria, y media vocacional, un auxilio por $ 500 000 pesos colombianos, pagaderos cada mes, acreditando la certificación, de la institución educativa.
Para los trabajadores o hijos de los trabajadores que se encuentren adelantando, carreras universitarias, técnicas, tecnológicas, cursos y diplomados se concederá un auxilio educativo de $ 900.000 pesos colombianos, para pago de matrículas con los debidos soportes. "hijos extralegales se acreditarán con declaración extra juicio ante la notaría correspondiente"
Los trabajadores de LA EMPRESA, que se encuentren adelantando estudios técnicos, tecnológicos universitarios, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados, se les otorgara un auxilio por la suma de $ 2.000.000 de pesos colombianos, presentando certificación y/o recibo de la institución educativa para el pago del semestre correspondiente.
PARÁGRAFO 1. A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, LA EMPRESA reconocerá un auxilio al trabajador por cada hijo que requiera educación especial, un auxilio de $400.000 mensuales durante 10 meses al año, Para tener derecho a este auxilio deberá Presentar Certificación médica y de la institución educativa.
Laudo arbitral
A la petición número 22 del pliego AUXILIO EDUCATIVO. El Tribunal de manera mayoritaria no considera equitativo la concesión de un auxilio educativo en los términos solicitados por el sindicato, en atención a la actividad económica de la empresa.
Auxilio funerario
5.1 Pliego de peticiones
ARTICULO 24- AUXILIO FUNERARIO: A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, LA EMPRESA pagara a sus trabajadores un seguro funerario, donde cubra a los siguientes grados de consanguinidad, afinidad y primer grado civil (Conyugue, Compañero Permanente, Padres e hijos abuelos, nietos, hermanos, Suegros e hijastros, Padres adoptantes o hijos adoptivos.
PARÁGRAFO 1. SEGURO DE VIDA: A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, LA EMPRESA, contratara para1os trabajadores un seguro de vida, a favor de las personas que los trabajadores designen por la suma de cien millones de pesos (100.000.000) M/cte. Por muerte natural y el doble por muerte accidental,
Laudo arbitral
A la petición número 24 del pliego AUXILIO FUNERARIO. En la petición 24 se solicita un auxilio funerario para el trabajador y algunos miembros de su familia y un seguro de vida por muerte natural y accidental a favor de beneficiarios que designe el trabajador. Ambos seguros a cargo de la empresa. El Tribunal de manera mayoritaria no considera equitativa la concesión de los recursos solicitados debido al impacto económico que pueden tener los mismos en las finanzas de la compañía y, por tanto niega, la petición.
Auxilio por nacimiento de hijo o hija
Pliego de peticiones
ARTICULO 25- AUXILIO NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO O HIJA: A partir de la Vigencia de la presente convención colectiva, LA EMPRESA, reconocerá a los trabajadores por cada hijo legítimo, natural, reconocido (adopción), que nazca VIVO auxilio de un SMMLV, presentando el correspondiente certificado médico o registro civil de nacimiento.
Laudo arbitral
A la petición número 25 del pliego AUXILIO POR NACIMIENTO DE HIJO O HIJA. El Tribunal de manera mayoritaria no considera equitativa la concesión de los recursos solicitados debido al impacto económico que pueden tener el auxilio en las finanzas de la compañía y, por tanto, niega la petición.
Auxilio óptico
Pliego de peticiones
ARTICULO 27 - AUXILIO OPTICO: A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, LA EMPRESA, concederá como auxilio óptico la suma de $ 300.000, pesos colombianos, para anteojos, lentes correctivos o cirugía de corrección visual, con formula médica y previa presentación de la factura correspondiente
Laudo arbitral
A la petición número 27 del pliego AUXILIO ÓPTICO. El Tribunal de manera mayoritaria no considera equitativa la concesión de los recursos solicitados debido al impacto económico que pueden tener el auxilio en las finanzas de la compañía y, por tanto, niega la petición
Auxilio de alimentación
Pliego de peticiones
ARTICULO 28 - AUXILIO DE ALIMETACION: A partir de la vigencia de la presente convención colectiva, LA EMPRESA, concederá un bono alimentario de la suma de $200.000, pesos colombianos mensuales NO salariales.
Laudo arbitral
A la petición número 28 del pliego AUXILIO DE ALIMENTACIÓN. El Tribunal de manera mayoritaria no considera equitativa la concesión de los recursos solicitados debido al impacto económico que pueden tener el auxilio en las finanzas de la compañía y, por tanto, niega la petición.
Argumentos comunes de la organización sindical recurrente
El sindicato, luego de transcribir apartes de la sentencia CC SU837-2002, aduce que es claro que el tribunal de arbitramento «[…]se contradice, no motivó suficientemente su decisión. Su presunta motivación está asociada a un análisis absolutamente genérico de algunas prebendas que, presuntamente, tienen los afiliados al sindicato, que no considera la realidad de la relación colectiva de los reclamantes con la empresa».
Copia el salvamento de voto de la doctora Any Katherine Álvarez Castillo que se puede sintetizar así:
Reconocer a los y las trabajadores afiliadas a la organización sindical el pago de una prima de antigüedad resulta fundamental, puesto que representa un incentivo clave en los y las trabajadoras que con el paso del tiempo se han mantenido en la empresa, la misma no presentó una contrapropuesta económica a esta petición como se encontraba en el pliego de peticiones negándose a un eventual acuerdo sobre la cuantía en este punto, que aclaró no le causaría perjuicios económicos a la empresa como se ha venido planteando.
Las peticiones de carácter económico son relevantes y las trabajadoras afiliadas al sindicato que se beneficiarían del presente laudo, no son más de 6, por lo que no le causaría un perjuicio a la empresa, y sí contribuiría a culminar con éxito el tribunal de arbitramento. «Por último la suscrita en calidad de [á]rbitro de la organización sindical solicitó a este tribunal que la empresa presentara una propuesta equivalente a lo expuesto lo cual no fue posible».
Debe tenerse en cuenta que, hasta el momento, ningún trabajador se beneficiaría de este punto, puesto que no se encuentran inmersos en esta condición, sin embargo, al hacerse extensivo este laudo arbitral a los y las afiliadas de la organización sindical, posiblemente ingresen trabajadores y trabajadoras en estas condiciones que eventualmente fueran cobijados por estos beneficios, a los que el tribunal no accedió ni siquiera con una previa valoración de los casos existentes.
La árbitro que se apartó de la decisión, indica que solicitó a la empresa una contrapropuesta la cual no fue contemplada y negada. Desde su punto de vista, resulta fundamental para la organización sindical, teniendo en cuenta que responde a los incentivos por educación que podría tener la empresa y no le causaría un perjuicio económico, por el número de beneficiarias de este laudo.
Por último, reitera la necesidad en cuanto a que la compañía contemple las peticiones de carácter económico,
[…] teniendo en cuenta que estas son las que permiten el crecimiento de la organización sindical, y de las cuales no fue concedida ninguna lo cual demuestra la poca intención de este tribunal de estudiar los aspectos económicos excusándose en el perjuicio económico de la empresa lo cual no es loable teniendo en cuenta que hasta el momento solo son 6 afiliadas.
IV. CONSIDERACIONES
1º) La Corte no puede dictar pronunciamiento de reemplazo en el recurso de anulación, como lo pretende el sindicato recurrente
Cuando la Sala anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento de reemplazo, por cuanto los conflictos se resuelven en equidad, no en derecho. En ese orden de ideas, la competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de adoptar la decisión que reemplace a la anulada. Significa, entonces, que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención, pacto colectivo o laudo arbitral vigente, o por las normas legales en vigor (sentencia de anulación CSJ SL, de 27 de oct. 2009, rad. 41497).
Ello, toda vez que las fórmulas construidas por los árbitros, para reflejar la salida más equilibrada y justa del conflicto colectivo, no pueden ser sujeto de un juicio de legalidad por esta Sala para, por ejemplo, tergiversarlas, modificarlas o sencillamente imponer otra medida de justicia diferente. Con la salvedad, claro está, de que se advierta una vulneración de derechos o facultades exclusivas de las partes, consagrados en la Constitución o la ley, se excedan los límites de la competencia de la justicia arbitral o se prohíje una solución manifiestamente inequitativa, que no puede ser meramente especulativa, sino que debe estar debidamente soportada en el proceso, casos en los cuales, vale decir, la decisión de la Corte tampoco puede ser la imposición de su propia medida de justicia, sino la anulación o solo, excepcionalmente, la modulación de las decisiones arbitrales (CSJ SL14391-2015).
Muy a tono con lo precedente, la Corte, mediante sentencia CSJ SL8157-2016, reiterada, entre otras, en las providencias CSJ SL7779-2017 y CSJ SL3325-2018, adoctrinó:
En estas condiciones, de entrada, se advierte la improcedencia de la petición del sindicato, pues debido a las competencias regladas de esta Sala, no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación dictar fallos de reemplazo o remitir el expediente al tribunal.
Es preciso recordar que la Corte termina su gestión al declarar la anulabilidad o no anulabilidad de las determinaciones del laudo, sin que sea procedente adoptar decisiones subsiguientes a estas; y, adicionalmente, la devolución del expediente al tribunal tiene lugar en aquellos eventos en que existe una omisión de los árbitros en la resolución de algunos puntos que debieron ser objeto de pronunciamiento o cuando el laudo contiene decisiones inhibitorias, razón por la cual, el debate no se sitúa en el ámbito de la validez de las decisiones arbitrales, sino de la competencia de la justicia arbitral para solucionar determinadas cuestiones.
Es más, teniendo en cuenta que la decisión de los árbitros fue expresamente desestimatoria de lo pedido en el pliego –a excepción del art. 13-, no existe un objeto anulable, es decir, una disposición o un texto normativo retirable del ordenamiento jurídico. Ahora, si en gracia de discusión se dijera que el objeto anulable es precisamente la decisión de los árbitros de negar las peticiones del pliego, ello a nada conduciría, pues de todas formas la Corte no podría entrar a emitir una decisión de reemplazo como tampoco a devolver el expediente al tribunal.
2º) Devolución al tribunal de arbitramento
Únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si el tribunal de arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017).
3º) Atinente a la motivación de los laudos arbitrales
Juzga conveniente la Corte recordar que la discrepancia frente a las pocas o escasas motivaciones consignadas en el laudo, como lo tiene definido la jurisprudencia, en estrictez, no tiene como consecuencia rigurosa que la Corte quede habilitada para anularlo o devolverlo (CSJ SL12121-2017, del 9 de ago. 2017, rad. 78193, SL15705-2015, 7 de oct. 2015, rad. 71314, reiterada en fallos CSJ SL, del 3 de ago. y 7 de sep. 2016, rads. 70386 y 74793).
Ha enseñado la Corporación que cuando un tribunal de arbitramento aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular o devolver un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque, simplemente, no los haya invocado. No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé tal obligación y, por ende, no se podría con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.
En tal sentido se ha dicho:
[…] Considera la Corte que cuando un tribunal de arbitramento aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque simplemente no los haya invocado, como en el sub examine.
Indiscutiblemente si los árbitros hubiesen sido más explícitos en la motivación del fallo, con seguridad la decisión se habría mostrado mejor fundada y más convincente; empero, se insiste, que los motivos invocados como sustento de la decisión se hayan expresado feblemente o como en el sub lite, o no se hayan expresado, no es razón suficiente para que la Corte --en ejercicio de su facultad legal de verificar la regularidad del laudo y cuidar de que no se afecten derechos y facultades de las partes reconocidas en la Constitución Política, las leyes y las normas convencionales vigentes-- concluya que el tribunal de arbitramento obligatorio extralimitó el objeto para el cual se le convocó, o que efectivamente afectó derechos y facultades de los trabajadores afiliados al sindicato, porque es inherente a la misma decisión que ésta se tome acudiendo a tales principios, esto es, en equidad...”
[…]
“Así las cosas, se torna indispensable distinguir entre el laudo que soluciona un conflicto jurídico, el que por asimilarse a una sentencia judicial debe dictarse con observancia de lo dispuesto en el artículo 136 citado, y el que pone fin al conflicto colectivo económico que por mandato del artículo 461 del CST, tiene el carácter de convención colectiva, en cuanto a las condiciones de trabajo, sobre el que no es previsible someterlo a las exigencias del referido artículo 136, entre otras, a las motivaciones jurídicas exigidas por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1, numeral 134 del D.E. 2282 de 1989, para las decisiones judiciales.
No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé la obligación de motivarlos y por ende, no podría la Corte con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.
[…]
“En consecuencia, no es de recibo para la Corte, que un laudo arbitral proferido para la solución de un conflicto económico, deba ser sustentado en los términos establecidos para las sentencias judiciales, so pena de nulidad. (CSJ SL, del 12 de jun. 2001)
De todas formas, repárese en que resulta significativo que el organismo arbitral fue enfático en advertir que: (i) tenía competencia para pronunciarse, puesto que estaba dentro del término legal y no se encontraba frente a una causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo cual procedió a proferir el laudo arbitral; (ii) tomó en cuenta las intervenciones de las partes, así como los documentos probatorios que se aportaron en cada una de las oportunidades, la normatividad vigente, los criterios jurisprudenciales, los antecedentes del conflicto laboral y, de manera primordial, el principio de equidad que debe enmarcarse al dirimir un conflicto colectivo de naturaleza económica y de intereses asociados a temas sindicales; (iii) tal y como aparece en el expediente, la organización sindical ASONALPLIASECOS presentó a la empresa CASALIMPIA S.A. un pliego de peticiones que contiene treinta y tres (33) peticiones, el cual fue discutido en la etapa de arreglo directo, que inició el día 21 de julio del año 2021 y terminó el 4 de octubre de la misma anualidad; (iv) al finalizar esta etapa las partes no lograron acuerdos totales ni parciales sobre las peticiones contenidas dentro del pliego de peticiones; (v) de la documentación remitida por las partes se verifica que la empresa cuenta con 16.263 trabajadores, al momento de la expedición del presente laudo arbitral y un total de 6 trabajadores se encuentran afiliados a ASONALPLIASECOS, que representan el 0,03%; (vi) luego de analizar los documentos presentados por las partes en conflicto, adoptó la decisión de estudiar cada una de las peticiones del pliego, ajustándolo en equidad y derecho, atendiendo ante todo al principio fundamental del derecho de trabajo, dentro del espíritu de coordinación económica y justicia.
En ese horizonte, fácil se exhibe que el cuerpo arbitral no solo tuvo puesta su mirada en el postulado de la equidad, sino también se guio por los principios generales contenidos en los artículos 1 y 18 del C.S.T. que establecen que la finalidad del Código Laboral es la de «lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, y que la interpretación de dicho Código, debe tener en cuenta esta finalidad», por lo que efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad y de las condiciones particulares del caso y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la anulación o devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados.
4º) En Cuanto a la equidad
En otro orden de consideraciones, menester es recordar la vetusta línea de pensamiento de esta Corporación en cuanto a que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que se construyen sobre raciocinios íntimos, fundados en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal (CSJ SL3258-2019).
Y, es que, a decir verdad, lo pretendido por la organización sindical es propiciar una revisión jurídica del laudo arbitral y del estudio de las pruebas, con lo que, en últimas, busca desvirtuar la mencionada medida de justicia construida por los árbitros, cuestión que, como ya se dijo, es ajena a los propósitos del recurso de anulación, pues la motivación de las decisiones de los componedores no debe ser jurídicamente calificada (CSJ SL3258-2019).
En el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en:
[…] la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos. Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento.
O, dicho en otras palabras, la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas (CSJ SL3349-2020).
Más todavía: por mayor esfuerzo que haga un tribunal de arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el cuerpo arbitral para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se usen para observar el resultado final (CSJ SL1944-2021, CSJ SL2360-2022 CSJ SL1794-2022, CSJ SL2192-2022).
5º) El deber de sustentar en debida forma el recurso extraordinario de anulación
Esta Corte, en sentencia CSJ SL8157-2016, reiterada en muchedumbre de oportunidades, recordó que a partir de la entrada en vigencia de la L. 712/2001, el antes denominado recurso de homologación pasó a ser un recurso extraordinario orientado a la anulación de los laudos arbitrales, lo que significa que su nueva caracterización presupone dos cosas: (i) la necesidad de concretar los motivos de anulación; y (ii) el carácter dispositivo de su argumentación, en cuya virtud se deben aportar las razones de la solicitud de anulación y la Corte debe ceñirse a las causales invocadas (anulación del laudo arbitral; devolución del expediente al tribunal de arbitramento; modulación o condicionamiento del laudo arbitral).
Pues bien, para dar respuesta a lo planteado por el recurrente viene como anillo al dedo lo asentado, recientemente, por esta Corte en la sentencia CSJ SL3254-2022, en cuanto a que en el marco de competencia la obligación principal de los árbitros es pronunciar una decisión en equidad, que consulte las condiciones particulares de cada caso, la realidad económica de las partes, el estado de las relaciones laborales, la finalidad de las prerrogativas, los antecedentes de los beneficios laborales concedidos, las prerrogativas existentes en otros instrumentos colectivos y, en general, un sinnúmero de parámetros que solo los árbitros pueden escoger y manejar para resolver el conflicto, conservando la armonía entre las partes, es decir, enmarcado «dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social» (art. 1º del CST), aplicando principios de proporcionalidad y razonabilidad, características propias de los laudos arbitrales y no de las decisiones judiciales (CSJ SL713-2021). Luego, quien alega la manifiesta inequidad debe acreditarla (CSJ SL2488-2019).
En dicha providencia, la Sala explicó que bajo esta perspectiva, la acusación de una cláusula por este motivo de anulación, no puede referirse simplemente a una abstracta, incierta y genérica estimación subjetiva, y mucho menos, apoyarse en el criterio de distanciamiento de uno de los árbitros, de la decisión mayoritaria, como lo hace en el presente caso la organización sindical, sino que, por el contrario, debe demostrar que la decisión es abiertamente desproporcionada, de forma tal que, ciertamente hubiese afectado derechos o facultades reconocidos por la Constitución o la ley que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo, o los mínimos reconocidos en favor del trabajador, o que por ser de orden público son irrenunciables; de modo tal, que en el preciso contexto resultan sumamente inequitativas.
En el asunto que se examina, el recurrente no cumple con la referida carga argumentativa y demostrativa en torno a la manifiesta inequidad, pues se limitó a trascribir el salvamento de voto que hiciera la doctora doctora Any Katherine Álvarez Castillo.
Frente a lo cual, es necesario reiterar, que la Sala ha estimado al respecto, que el consenso argumentativo y decisorio de un órgano judicial colegiado reviste de eficacia y validez las determinaciones que este adopta, razón por la cual, resulta claro que, la aprobación de la decisión es la que tiene legitimidad, mientras que las divergencias minoritarias, pese a formar parte integral de las providencias, no le restan eficacia jurídica, como parece entenderlo el recurrente.
Por último, no sobra memorar que el tribunal de arbitramento jamás pasó por alto el número de trabajadores afiliados al sindicato, sino que junto con otros parámetros concedió y negó las diferentes prebendas solicitadas por la organización sindical.
En resolución, no es procedente lo implorado por el sindicato recurrente.
Sin costas, dado que no hubo oposición.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NO ANULAR las disposiciones atacadas del laudo arbitral del 13 de julio de 2022, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS DEDICADAS A LA LIMPIEZA, ASEO, ALMACENAMIENTO, COMPLEMENTARIOS Y SIMILARES -ASONALPLIASECOS- y la sociedad CASALIMPIA S.A.
SEGUNDO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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