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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2993-2023

Fecha
4 de octubre de 2023
Magistrado ponente
Omar Angel Mejia Amador
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2993-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: ANULAR del laudo arbitral de 26 de septiembre de 2022, que dirimió el conflicto colectivo que se suscitó entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SOCIALES (SINTRAONGS) y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES, LA TELEVISIÓN, LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS, LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y TERRITORIALES DE COLOMBIA (SINTRAEMSDES) lo dispuesto en los artículos 16. Beneficio por Defunción, y el artículo 55 Bonificación por firma de la convención colectiva. SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de anulación de los restantes artículos que fueron recurridos y solicitados por la organización sindical, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: COSTAS en los términos señalados.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2993-2023

Magistrado ponente: Omar Angel Mejia Amador

4 de octubre de 2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SL2993-2023

Radicación n.°95977

Acta 37

Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES, LA TELEVISIÓN, LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS, LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y TERRITORIALES DE COLOMBIA (SINTRAEMSDES) contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 26 de septiembre de 2022 con ocasión del conflicto colectivo suscitado por el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SOCIALES (SINTRAONGS) y el sindicato recurrente.

ANTECEDENTES

El 15 de febrero de 2021, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales (SINTRAONGS) presentó pliego de peticiones a la recurrente (Cdo Tribunal exp. digital), lo que dio origen al proceso de negociación colectiva.

Adelantadas las conversaciones en la etapa de arreglo directo la cual finalizó el 30 de marzo de 2021, la organización sindical decidió someter el diferendo laboral a un tribunal de arbitramento cuya convocatoria e integración fue ordenada el 19 de julio de 2022, por el Ministerio del Trabajo mediante Resolución n.°2824.

Mediante providencia 7 de octubre de 2022 el Tribunal de Arbitramento concedió el recurso de anulación respecto de SINTRAEMSDES. Por auto de 22 de marzo de 2022 fue admitido el recurso por la Corte.

El Tribunal se instaló el 11 de agosto de 2022 y concluido el trámite arbitral, profirió laudo el 26 de septiembre de 2022. Mediante auto de 22 de marzo de 2023, la Sala decidió que no puede tenerse como notificación de la citada providencia la remisión a la Corte Suprema de Justicia del recurso de anulación para su respectivo trámite, no obstante, observó que SINTRAONGS presentó escrito denominado «respuesta de oposición al recurso extraordinario de anulación parcial del laudo arbitral presentado por SINTRAEMSDES», razón por la cual tuvo notificado el laudo por conducta concluyente.

LAUDO ARBITRAL

Para los fines que interesan a la definición del recurso de anulación, el Tribunal se declaró competente, pues encontró estructurados todos los elementos consignados en los artículos 452 y 453 del CST.

Así las cosas, previa connotación de cada uno de los cincuenta y cinco (55) artículos que comportan el pliego de peticiones, procedió a resolver sobre cada uno de ellos, concediendo entre otros el aporte para la comisión negociadora, el beneficio por defunción, cooperación con el sindicato, viáticos, aportes al sindicato, bonificación por firma de la convención colectiva de trabajo, bonificación por pensión, beneficio por ortodoncia y anteojos disposiciones respecto de las cuales la Corte se referirá más adelante, pues fueron materia de impugnación por la parte recurrente. Los demás artículos el Tribunal los negó o declaró su falta de competencia con fundamento en argumentos particulares para cada uno de ellos.

RECURSO DE ANULACIÓN

Fue interpuesto por SINTRAEMSDES y, a través del mismo, cuestionó un aspecto general del laudo como es la ausencia del requisito previo de denuncia de la convención colectiva vigente. Consideró que la presentación del pliego de peticiones que le hizo SINTRAONGS, no estuvo precedido del requisito legal exigido por el artículo 478 del C.S.T., es decir, que no fue presentada denuncia de la convención dentro de los 60 días anteriores a la fecha de la expiración de la prórroga automática del acuerdo convencional vigente entre las partes del conflicto y que expiraba el 31 de diciembre de 2020. Ello a su juicio, estructuró una vulneración del debido proceso al violar y desconocer las formalidades legales.

Manifestó que ha venido suscribiendo con el Sindicato SINTRAONGS, Convenciones Colectivas de Trabajo desde el año 2014, las cuales se han venido revisando por pliegos de peticiones presentados por dicho sindicato a través del tiempo, siendo la última vigente, la suscrita en el 3 de mayo de 2019, para una vigencia del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 2020, la cual, se ha venido prorrogando automáticamente, como lo dispone el artículo 478 del CST de seis (6) meses en seis (6) meses y para febrero de 2021, se encontraba iniciando su tercera prórroga a partir del 1 de enero de 2022. Recordó que los artículos 478 y 479 del C. S.T., establecen la obligatoriedad de la denuncia convencional para presentar un pliego de peticiones por parte de un sindicato, denuncia que se debe presentar dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento del plazo pactado de su vigencia, para el presente caso.

Es así como encontrándose la convención colectiva vigente, no se acreditó, ni se notificó que se hubiese cumplido con el precepto legal de la denuncia de la convención colectiva.

A juicio de la recurrente es evidente que SINTRAONGS no agotó un requisito «ad substantiam actus» exigido por la legislación laboral colombiana para que pueda predicarse un conflicto colectivo. Citó como precedente aplicable lo señalado por la CSJ SL 33750 de 10 de diciembre de 2008.

En particular, consideró que el laudo vulneró los principios de proporcionalidad y equidad, en los artículos que regulan el aporte a la comisión negociadora, el beneficio por defunción, prima de antigüedad, cooperación con el sindicato, viáticos, aportes al sindicato, bonificación por firma de la convención colectiva de trabajo, bonificación por pensión, beneficio por ortodoncia y anteojos, argumentos que se desarrollarán en las consideraciones del recurso.

RÉPLICA

La oposición señaló que el recurso presentado no es procedente puesto que presentó por primera vez pliego petitorio a SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín, teniendo en cuenta que no existía una convención colectiva vigente para dicha Subdirectiva, por lo que la exigencia legal de que trata el artículo 478 C.S.T. sobre la denuncia convencional dentro de los 60 días anteriores a la fecha de la expiración, no aplica en este caso.

Advirtió que si bien es cierto SINTRAEMSDES ya contaba con convención colectiva que expiraba el 31 de diciembre de 2020, aclaró que la misma era de SINTRAEMSDES Subdirectiva de Pereira con SINTRAONGS Subdirectiva de Pereira, en la que el último es el titular de la convención colectiva que menciona SINTRAEMSDES.

Agregó que, desde el punto de vista de la autonomía sindical, las subdirectivas adscritas a una dirección nacional cuentan con autonomía presupuestal, administrativa y organizativa, por lo que a su vez cada subdirectiva cuenta con un representante legal que tiene potestades para ejecutar contratación de personal. Para este caso, SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín recibe directamente los aportes sindicales de parte de EPM, UNE y HUAWEI y no por mediación de la Junta Directiva Nacional.

Añadió que, por el contrario, es SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín quien realiza aportes a la Junta Nacional y a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Nacional y Regional Antioquia. Luego, las apreciaciones del recurso carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, son desacertados y no corresponden al contexto de la disputa que se llevó a resolver en el arbitraje.

Consideró que, en el marco de la autonomía sindical, SINTRAEMSDES definió su comisión negociadora por lo que SINTRAONGS no interpuso ningún tipo de recurso y no vio ningún vicio.

Adicional a los argumentos expuestos señaló que no es razonable ni consecuente tal solicitud pues no alegó los vicios contenidos en la Ley 1563 de 2012.

En relación con los artículos que fueron objeto de recurso se desarrollará la réplica en las consideraciones de la decisión.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 143 y en la sentencia CSJ SL17703-2015, reiterada en la CSJ SL2629-2021 entre otras, la función de esta Corporación, en sede del recurso extraordinario de anulación, se restringe a: (i) verificar la regularidad del laudo arbitral proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; (ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; (iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; (iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de aquellas; y (v) devolver al Tribunal el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia.

En esa misma línea, la jurisprudencia ha destacado que la Corte en ningún evento puede dictar una decisión de reemplazo, para sustituir de fondo lo definido por el Tribunal en los conflictos colectivos, pues la legislación colombiana del trabajo ha previsto que este debe resolverse en equidad, criterio que resulta totalmente extraño y ajeno a las decisiones que en derecho que emite esta Corporación, por lo que, en consecuencia, en sede del recurso extraordinario de anulación, no pueden concederse o negarse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello corresponde decidirlo al Tribunal como juez natural del conflicto.

Ahora, si bien la función de la Sala se contrae y se limita en anular o no anular las disposiciones adoptadas en el laudo, sin que pueda dictar preceptivas de reemplazo o pueda reenviar al Tribunal de arbitramento el asunto para que adopte las que la Corte crea son las que proceden, pues la anulación de la disposición del laudo agota el procedimiento arbitral (CSJ SL 1944-2021).

Conforme el precedente de la Corporación cabe la «modulación» de una disposición del laudo, que permite su subsistencia pero atada a un entendimiento particular o específico para impedir la total pérdida de sus efectos, cuestión ésta que solamente es predicable de cláusulas positivas, es decir, de las que crean derechos no de aquellas en que se niega una de las peticiones del pliego que dio origen al conflicto, pues ello traduciría que la Corte asumiera el rol de juez del laudo (Entre otras sentencias se puede consultar la CSJ SL316-2022).

Con dicho contexto procede la Sala al estudio del recurso. Por razones metodológicas se procederá analizar el argumento relativo a la ausencia del requisito previo de denuncia de la convención colectiva vigente, para posteriormente estudiar los artículos que pretende la recurrente sean anulados.

La ausencia del requisito previo de denuncia de la convención colectiva vigente

Conviene recordar que la Corte ha venido sosteniendo que, en tratándose de aspectos procesales o de desarrollo de etapas anteriores a la expedición de la decisión arbitral, en principio, no son objeto del recurso de anulación, pues éste recae sobre los aspectos sustanciales contenidos en el laudo. Al respecto se puede consultar entre otras sentencias CSJ SL 4553-2020 y SL1098-2022.

En esta línea de pensamiento, se reitera que a esta corporación no le es dado asumir el estudio de aspectos procesales que debieron ser ventilados en las etapas propias del conflicto colectivo, incluido el trámite surtido ante el tribunal de arbitramento, a saber:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 del C.P.L., corresponde a la Sala, según se ha dicho, proceder en primer lugar a verificar la regularidad del laudo, es decir, establecer que el mismo se halla ajustado a la Constitución Nacional, a la Ley o a las normas convencionales y en su promulgación el Tribunal no se extralimitó en el objeto para el que se le convocó; dentro de este marco, no le es dado a la Corte asumir el estudio de asuntos meramente procesales que debieron ser ventilados en las etapas propias del conflicto colectivo, incluido el trámite surtido ante el Tribunal de Arbitramento, durante el cual las partes hubieran podido poner de presente la falta de prueba del resultado de la etapa de arreglo directo, es decir, si allí se produjo un acuerdo total o parcial, o no hubo acuerdo alguno, que fue lo que en últimas dieron por establecido los árbitros con fundamento en la mención que contiene la Resolución 01195 del 29 de julio de 2002, en la que se dejó constancia acerca de que esa fase inició el 14 de mayo y terminó el 8 de junio de 2002 “de conformidad con las actas anexas al expediente” y en la intervención de los representantes de las partes en las audiencias programadas, en la que dieron cuenta de que en la etapa de negociación no se logró ningún acuerdo.

“Por lo tanto, si alguna duda había sobre el aludido aspecto, debió incluso atacarse la legalidad del acto administrativo que, por cierto, se presume, en el cual se dejó también plasmado que el pliego de peticiones presentado por el sindicato “no fue resuelto en la etapa de arreglo directo”, o bien acudir ante el Tribunal para sugerir la práctica de la prueba que ahora se echa de menos y que, valga decir, le fue requerida a las partes sin que se preocuparan por aportarla; más el silencio de los interesados debe entenderse como un saneamiento de esas posibles irregularidades que no pueden afectar el trámite de este recurso de anulación. (CSJ SL 1739 de 2019 reiterada en SL 4249-2021).

Finalmente, en relación con la providencia citada por la recurrente, como fundamento del recurso, dicho precedente no es aplicable, pues se trata de un caso en el cual la Corte dirimió lo relativo a un fuero circunstancial.

Aclara la Sala además que, en relación con lo señalado en la réplica respecto de la Ley 1563 de 2012, esta es una normativa «totalmente ajena al arbitraje laboral, el cual se rige por lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el Decreto 1818 de 1998 (CSJ SL3401-2020), CSJ SL1098-2022, reiterada en sentencia CSJ SL 3229-2022».

Ahora bien, procede la Corte al análisis de los artículos denunciados en el recurso. Se acumularán para su estudio las cláusulas relativas al beneficio de anteojos, ayuda para ortodoncia y bonificación para pensión, pues comparten la argumentación en la fundamentación del recurso.

APORTES A LA COMISIÓN NEGOCIADORA

Pliego de peticiones Artículo 8

SINTRAEMSDES MEDELLÍN asumirá́ para gastos de la Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones y Asesores, una suma equivalente a quince (15) SMMLV.

Laudo arbitral

Decide el Tribunal por unanimidad que SINTRAEMSDES MEDELLÍN asumirá́ para gastos de la Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones y Asesores, una suma equivalente a dos (2) SMMLV pagaderos a los cinco (5) días hábiles posteriores a la presentación del pliego de peticiones por parte de comisión.

Tribunal de arbitramento

El cuerpo arbitral consideró que tenía competencia para el estudio del mencionado artículo.

Argumentos de la recurrente

La censura consideró que resulta exorbitante lo consignado en el artículo puesto que genera un costo altísimo para un empleador que tiene como único ingreso las cuotas sindicales de sus asociados. Además, resulta impreciso e imposible de cumplir lo ordenado por los árbitros, ya que no se determina a cuántas personas hay que pagarles y durante cuánto tiempo deberá́ darse el pago. Además, resulta imposible calcular su costo, y en conclusión, es una obligación indeterminada e infinita en el tiempo. A su juicio, se vulnera el principio de proporcionalidad y equidad.

Réplica

SINTRAONGS, advierte que no se viola el principio de proporcionalidad y equidad en el punto del laudo, puesto que si se verifica los gastos en que incurrió la actual comisión negociadora, además se justifican aquellos como viáticos y hospedaje. El monto acordado apenas cubre las erogaciones que se pueden generar en este tipo de actividades.

CONSIDERACIONES

Considera la Corte que la censura no demuestra que los beneficios concedidos son insostenibles financieramente, sin que su sola afirmación tenga algún soporte, además que no argumentó en qué medida o proporción se afecta financieramente con el beneficio pretendido. (CSJ SL2893-2017 y CSJ SL2846-2020, reiterada en sentencia SL 4293-2022).

Ahora bien, frente a este tema la Sala entiende que el beneficio reconocido a la comisión negociadora, se genera para todos los miembros de la comisión, lo cual no se aprecia como inequitativo o desproporcionado, en la medida en que el valor otorgado se disminuyó a dos SMLMV, y se precisa el momento y el tiempo en que debe ser pagado el mismo. De este modo, tampoco se observa indeterminación en su redacción.

Por las anteriores razones no se anulará la cláusula.

BENEFICIO POR DEFUNCIÓN

Pliego de peticiones Artículo 16

En caso de muerte de un trabajador, SINTRAEMSDES MEDELLÍN pagará a quien demuestre haber hecho los gastos de entierro, una suma equivalente a cinco (5) SMLMV. En este mismo evento quedará automáticamente extinguida toda deuda que el trabajador haya contraído con SINTRAEMSDES MEDELLÍN, por concepto de vivienda, calamidad doméstica o urgencia familiar.

De igual manera, por muerte del padre, madre, cónyuge o compañero (a) permanente del trabajador (a) e hijos e hijastros, una suma equivalente a cinco (5) SMMLV por cada evento.

Laudo arbitral

Decide el Tribunal por unanimidad que, en caso de muerte de un trabajador, SINTRAEMSDES MEDELLÍN pagará a quien demuestre haber hecho los gastos de entierro, una suma equivalente a dos (2) SMMLV.

Tribunal de arbitramento

El Tribunal consideró que es inequitativa la expresión de que ante la muerte quedaría extinguida cualquier deuda contraída por el trabajador. Y, por otro lado, también consideró inequitativo extender este beneficio al padre, madre, cónyuge o compañero, así como de los hijos e hijastros.

Argumentos de la recurrente

A juicio de la censura la cláusula impone gastos exorbitantes y genera un costo altísimo para un empleador que tiene como único ingreso las cuotas sindicales de sus asociados, es impreciso e imposible de cumplir por parte del empleador.

Además, es una obligación indeterminada e infinita, pues no especifica a cuantas personas hay que pagarles y durante cuánto tiempo deberá́ darse el pago, es imposible calcular su costo.

Consideró que es una prestación del sistema de seguridad social.

Réplica

Recordó la réplica que se logró́ demostrar que SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín cuenta con más de mil setecientos millones de pesos para sus gastos de funcionamiento, además de ingresos y bonos financieros; Por otro lado, es casi improbable que de acuerdo a las tasas de mortalidad en el país y en la región se entregue este beneficio de forma anual, teniendo en cuenta que SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín solo cuenta con seis trabajadores a término indefinido y, únicamente dos de ellas son afiliadas a nuestra Organización Sindical.

CONSIDERACIONES

En torno a este punto, esta Corporación ha señalado con insistencia que el juez del conflicto de intereses tiene plena competencia para crear un estándar de beneficios económicos y profesionales que supere los mínimos reconocidos legalmente, tanto en aspectos estrictamente laborales como de seguridad social. Sin embargo, en este último ámbito, se ha precisado que a través de sus disposiciones, no pueden afectar la estructura, organización y funcionamiento del sistema de seguridad social; trasladarle al empleador cargas que legalmente le corresponde asumir a las entidades del sistema; ni desconocer normas imperativas e indisponibles como las del Acto Legislativo 01 de 2005 (CSJ SL2963-2022, SL2694-2022, SL3042-2022, SL3478-2022, SL3132-2022, reiterada en SL 340-2023 entre otras).

Se ha señalado además, que el artículo 51 de la Ley 100 de 1993 contempla el beneficio de un auxilio funerario, cuyo beneficiario es cualquier persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado al sistema de pensiones o pensionado, igual al último salario base de cotización o a la última mesada pensional, sin que en todo caso sea inferior a cinco o superior a diez salarios mínimos.

Es así como al realizar una comparación entre las dos normas – legal y arbitral -, se advierte una duplicidad de beneficios, cuando se reproduce la norma, en este caso, el cubrimiento de los gastos de entierro de un trabajador fallecido, que se supone afiliado al sistema de pensiones, en vista de que las dos normas tienden a solventar la misma carga económica y la disposición arbitral no se estructura como complementaria de la legal.

Vistas así las cosas, en estos eventos la Sala ha sido clara en señalar que el Tribunal desconoce su competencia cuando la norma no mejora o complementa el esquema prestacional, sino que traslada al empleador el pago de una prestación que por ley no corresponde. Ello a diferencia de otros eventos analizados por la Sala, en los que la justicia arbitral crea algún auxilio por muerte, pero no encaminado específicamente a cubrir gastos de entierro (CSJ SL4039-2017, al respecto consultar CSJ SL 340-2023).

En virtud de lo anterior, se dispondrá la anulación del beneficio por defunción

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

Pliego de Peticiones artículo 20

Los trabajadores amparados por la presente Convención Colectiva de Trabajo tendrán derecho a que SINTRAEMSDES MEDELLÍN les cubra una prima de antigüedad, la cual será́ reconocida en dinero, en tiempo, y/o en tiempo y dinero, a elección del trabajador, así́:

Al cumplir cinco (5) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a doce (12) días de salario.

Al cumplir diez (10) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a diecisiete (17) días de salario.

Al cumplir quince (15) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a veintitrés (23) días de salario.

Al cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a treinta (30) días de salario.

Al cumplir veinticinco (25) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a treinta y cinco (35) días de salario.

Al cumplir treinta (30) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a cuarenta (40) días de salario.

Al cumplir treinta y cinco (35), cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a cuarenta (40) días de salario.

Estas primas se pagarán con base en el salario básico que estuviere devengando el trabajador al momento de cumplirlos.

Laudo arbitral

SINTRAEMSDES MEDELLÍN pagará una prima de antigüedad a los beneficiarios del presente laudo, la cual será́

reconocida en dinero, en tiempo, y/o en tiempo y dinero, a elección del trabajador, tiempo que se contara a partir de la entrada en vigencia del presente laudo, así́:

Al cumplir cinco (5) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a cinco (5) días de salario.

Al cumplir diez (10) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a diez (10) días de salario.

Al cumplir quince (15) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a quince (15) días de salario.

Al cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a veinte (20) días de salario.

Al cumplir veinticinco (25) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a veinte y cinco (25) días de salario.

Al cumplir treinta (30) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a treinta (30) días de salario.

Al cumplir treinta y cinco (35), cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a treinta (35) días de salario.

Estas primas se pagarán con base en el salario básico que estuviere devengando el trabajador al momento de cumplirlos y no serán constitutivas de salario.

Tribunal de Arbitramento

Consideró ser competente para el estudio y decisión de la mencionada cláusula.

Argumentos de la recurrente

Adujo que la prima genera costos exorbitantes, desproporcionados e inequitativos y, además, no se determina a cuántas personas hay que pagarles y durante cuánto tiempo deberá́ darse el pago, que es imposible calcular su costo, y, en conclusión, afirmó que es una obligación indeterminada e infinita en el tiempo.

Réplica

Afirmó que se trata de un beneficio que se entregará pocas veces al año y a un máximo de seis personas, por lo que no se puede afirmar que es desproporcionado. Y en la medida en que existan más afiliados será mayor el ingreso del sindicato.

CONSIDERACIONES

Se reitera que al señalar la censura el carácter exorbitante e inequitativo debe demostrarse fehacientemente el impacto económico de las cláusulas y las reglas de equidad, lo cual no ocurre en el presente caso, pues no se demuestra que los beneficios concedidos son insostenibles financieramente, sin que su sola afirmación tenga algún soporte. Además, que no se argumentó en qué medida o proporción se daba el impacto económico negativo que alega tal y como se ha explicado en apartados de este fallo respecto de la situación financiera de la empresa, esgrimida como causal de quiebre de la decisión arbitral. (CSJ SL2893-2017 y CSJ SL2846-2020, SL 4293-2022).

Ahora bien, de otra parte, vale la pena recordar que las primas de antigüedad reconocidas por la decisión arbitral tienen una clara finalidad y es la de mejorar las condiciones en las que se desenvuelve el contrato laboral y superar para los trabajadores los mínimos establecidos en la ley, no se advierten inequitativas. (CSJ SL 542-2020).

Adicional a lo expuesto no se observa que la cláusula sea indeterminada puesto que se trata de un beneficio reconocido a partir de la vigencia del laudo, atendiendo a la antigüedad del trabajador, supeditando el valor entre 5-35 SMLV, sin que tal prestación constituya factor salarial.

No se anulará la cláusula.

COOPERACIÓN CON EL SINDICATO Y VIÁTICOS

Pliego de peticiones Artículo 29

SINTRAEMSDES MEDELLÍN concederán permisos remunerados a representantes del Sindicato, directivos, delegados y trabajadores, en los siguientes casos:

Para asistir a congresos, cursos sindicales, seminarios, foros, talleres, asambleas seccionales y nacionales, por el tiempo que defina SINTRAONGS.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN concederá́ los permisos sindicales remunerados para asistir a reuniones de junta directiva nacional y/o seccional, por el tiempo que SINTRAONGS lo solicite.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN concederá́ los permisos sindicales remunerados que SINTRAONGS solicite para atender asuntos de los trabajadores, sin restricción alguna.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN concederá́ los permisos que requiera SINTRAONGS para redacción de pliegos de peticiones por el tiempo que sea requerido; así́ mismo, se otorgará el permiso sindical remunerado para miembros de la comisión negociadora elegida y por el tiempo que dure el conflicto colectivo.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN concederá́ 100 horas mensuales para uso de los directivos, delegados o trabajadores notificados por SINTRAONGS para actividades sindicales.

Dichos permisos serán sin menoscabo de las prestaciones legales y/o extralegales que le correspondan y se entenderá́ que no ha habido solución de continuidad para la liquidación de dichas prestaciones.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN permitirá́ a SINTRAONGS el uso de carteleras en la sede sindical para material informativo sindical.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN concederá́ una oficina en calidad de préstamo y dotada de computador, impresora, teléfono, mesa, internet, sillas, para uso de SINTRAONGS.

Los trabajadores que se encuentren, o en el futuro se encontraren, protegidos por el Fuero Sindical de que trata la Ley, gozarán del mismo amparo durante un período adicional de seis (6) meses sobre el legal establecido.

Todo trabajador que esté cumpliendo la labor sindical que lo ausente de su trabajo y haya sido reemplazado en su cargo, volverá́ a ocupar el puesto que tenía una vez concluida su labor sindical. SINTRAEMSDES MEDELLÍN no tomará ninguna represalia contra un trabajador por razón de sus vinculaciones sindicales.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN reconocerá́ los viáticos para asistir a los eventos anteriormente mencionados, por cada día, así́: $200.000 cuando la actividad se realice fuera de Medellín más los tiquetes aéreos, ida y regreso; $50.000 cuando se desarrolle el evento en la ciudad de Medellín y cuando estos sean fuera del país, se reconocerán $400.000 y los tiquetes aéreos ida y regreso. Así́ mismo, el sindicato pagará el valor de los cursos, foros, congresos, seminarios, talleres, comisiones, etc., por cada uno de los asistentes.

Laudo arbitral

Frente al tema de permisos decide el Tribunal conceder de la siguiente manera.

Para asistir a congresos, cursos sindicales, seminarios, foros, talleres, asambleas seccionales y nacionales 2 permisos hasta por 5 días por semestre.

Para asistir a reuniones de junta directiva nacional y/o seccional, 2 permisos hasta por un (1) día por mes.

Para redacción de pliegos de peticiones un permiso de 5 días.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN permitirá́ a SINTRAONGS el uso de carteleras en la sede sindical para material informativo sindical en la sede de la empresa.

Frente a la solicitud de los viáticos decide el Tribunal que los viáticos para asistir a los eventos anteriormente mencionados, por cada día será́ de cincuenta mil pesos ($50.000, oo) y un (1) tiquete aéreo nacional ida y regreso por año al sindicato.

Tribunal de arbitramento

El Tribunal decidió que tenía competencia para su estudio.

Argumentos de la recurrente

Para la recurrente dicho artículo genera un alto costo, además de ser una cláusula imprecisa puesto que no se determina durante cuánto tiempo deberá́ darse ese derecho. En conclusión, es una obligación indeterminada e infinita en el tiempo.

Réplica

La opositora citó los Convenios 87 y 98 de la OIT, los cuales son claros respecto a las garantías de sindicalización en Colombia. Advirtió que dichos convenios fueron ratificados por el Estado Colombiano y, por ende, la norma constituye una de las garantías para el ejercicio de la libertad sindical como es el poder comunicar y acceder a la información por parte de los trabajadores y trabajadoras. A su juicio, es exagerado decir que se que genera un alto costo.

En relación con los viáticos precisó que no constituye un alto costo y pone de presente que la organización sindical cuenta con exiguos recursos económicos para su funcionamiento.

CONSIDERACIONES

Advierte la Corte que ha sido uniforme y reiterado el criterio de que el cuerpo arbitral tiene plena competencia para establecer permisos a favor de los representantes de las organizaciones sindicales, por ser esa una de las garantías fundamentales para el ejercicio efectivo de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva y por tratarse de un tema inherente al manejo de las relaciones entre empresa y sindicato. (CSJ SL 340-2023).

No obstante, para el contexto específico de la justicia arbitral, la Corte ha sostenido que el Tribunal tiene la facultad de instituir esos permisos con la condición de que estén destinados al ejercicio de la actividad sindical, no interfieran con el normal funcionamiento de la empresa, no sean de carácter permanente y resistan un juicio de razonabilidad y proporcionalidad. (CSJ SL3729-2021, SL3132-2022, SL3548-2022, SL3842-2022, entre otras).

Ahora bien, en relación con la indeterminación o ambigüedad ha. dicho la Corte que las cláusulas indeterminadas son contrarias a los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL1573-2021, reiterada en SL2837-2022).

Respecto de la excesiva indeterminación y oscuridad de las cláusulas como factor de anulación, esta Corporación ha admitido, por una parte, la posibilidad de excluir del ordenamiento convencional las disposiciones que sean extremadamente indeterminadas, confusas o insuperablemente oscuras (CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867; CSJ SL SL8693-2014, CSJ SL8869-2015), y por otra ha dicho que la interpretación de las normas convencionales corresponde «en primer lugar a las partes generadoras de las mismas y, en su defecto, al juez ordinario laboral» (CSJ SL8694-2014; CSJ SL10179-2015).

Estas dos ideas a simple vista parecen irreconciliables, pues es difícil concebir una norma que adolezca de algún grado de indeterminación, que por medio de la interpretación jurídica no pueda ser determinada. Como también es difícil concebir una disposición oscura que a través de un ejercicio hermenéutico no pueda ser clarificada. Lo anterior y por sobre todo, si se tiene de presente que la indeterminación o vaguedad semántica es una característica potencial de toda norma jurídica.

Sin embargo, si se las mira con mayor detenimiento, no existe tal disociación o contraposición entre estas dos reflexiones. Ello debido a que la anulabilidad de las cláusulas arbitrales, la ha reservado la Corte de forma excepcional y para aquellos casos en que la oscuridad presente en la disposición es insuperable, o su indeterminación es excesiva, de modo tal que su puesta en marcha pueda constituir un factor de conflictividad en la empresa o rayar con la equidad en las relaciones de trabajo.

Al respecto, esta Corte en sentencia CSJ SL13016-2015 señaló:

El hecho de que un determinado texto convencional pueda generar distintas interpretaciones, no conlleva necesariamente a su anulación, porque precisamente una de las características de los enunciados normativos es su vocación para generar dudas razonables en los intérpretes, bien sea por razón de los distintos significados que pueda atribuírsele (ambigüedad), su complejidad, indeterminación o relaciones de implicación, o también por la multiplicidad de los métodos interpretativos y presupuestos teóricos empleados en su lectura. Ante situaciones como estas, son las partes o el juez laboral los llamados a imprimirle el sentido a las normas de conformidad con la Constitución y la ley. (CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867; CSJ SL SL8693-2014, CSJ SL8869-2015). Reiterada en CSJ SL 4233-2022

En el anterior contexto observa la Sala que de la cláusula puede concluirse que los permisos tienen una destinación específica como es la atención de congresos y demás actividades sindicales que se otorgan en pro de la organización sindical. De otra parte, aunque no se mencionan los integrantes que pueden gozar de dicho beneficio, se entiende que se encuentra destinado a miembros de la organización sindical, así como miembros de la junta directiva y comisión negociadora, puesto que se establece la finalidad de los mismos y su determinación en el tiempo. Es así como no se evidencia indeterminada o infinita la norma, como pretende hacer ver el recurrente.

En relación con los viáticos se observan acordes con el beneficio pretendido, así como el apoyo económico otorgado, en consecuencia, no se evidencia que sean indeterminados.

Por lo anterior, NO se anulará la cláusula

APORTES AL SINDICATO

Pliego de Peticiones artículo 31/

SINTRAEMSDES MEDELLÍN aportará a SINTRAONGS Nacional, cinco (5) tiquetes aéreos nacionales ida y vuelta, para uso autónomo de la Organización Sindical.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN aportará a la Central Unitaria de Trabajadores, una suma equivalente a diez (10) SMMLV que serán girados a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción de la presente convención colectiva de trabajo.

Laudo arbitral

Decide el Tribunal por unanimidad que

SINTRAEMSDES MEDELLÍN aportará a SINTRAONGS Medellín, una suma equivalente a dos (2) SMMLV del presente año (2022) que serán girados el 50% a más tardar a diciembre 31 de 2022 y el restante a más tardar el 30 de junio de 2023.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN aportará a SINTRAONGS Nacional, una suma equivalente a un (1) SMMLV que serán girados a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

SINTRAEMSDES MEDELLÍN aportará a SINTRAONGS Nacional, un (1) tiquete aéreo nacional ida y vuelta, para uso autónomo de la Organización Sindical.

Tribunal de Arbitramento

El juez del conflicto colectivo decidió negar por inequitativo la petición de aportar a la Central Unitaria de Trabajadores.

Argumentos de la recurrente

Consideró la recurrente que es desproporcionado el valor y los eventos del aporte, lo anterior, por cuanto se trata de 3 aportes diferentes, teniendo presente la cantidad de afiliados a la organización sindical, además, no se especifica a quienes en concreto beneficiará el aporte ni el procedimiento para otorgarlo, como tampoco los efectos salariales y si beneficia a afiliados o a miembros de los organismos del sindicato. Ello le genera al empleador una carga exorbitante lo que hace imposible cumplir este compromiso.

Se trata de una prestación que es evidentemente desproporcionada y violenta el principio de equidad.

Réplica

Señaló la réplica que tal aporte resulta necesario para la búsqueda de una mirada jurídica que dé garantía a los derechos de sindicalización, por lo que ante la judicialización de los conflictos laborales en Colombia corresponde obtener recursos vía convención colectiva o laudo arbitral que permitan tener beneficios monetarios con el fin de dar respuesta a las necesidades y funcionamiento de los afiliados y afiliadas. Motivo por el cual estos beneficios otorgados por el Tribunal de Arbitramento corresponden al ejercicio del derecho de sindicalización.

CONSIDERACIONES

Reitera la Sala lo dicho en las líneas que anteceden en cuanto a que la indeterminación en las disposiciones del laudo es contraria a criterios de equidad razonabilidad y proporcionalidad.

En relación con los aportes de los dos primeros incisos se memora que los auxilios o aportes sindicales a cargo del empleador, se entienden como una de las fuentes legítimas de financiación para el cabal cumplimiento por parte de esos organismos, de sus funciones y cometidos legales, en aras del mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, a condición eso sí, de que tales beneficios consulten criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y que no resulten de tal forma gravosos que afecten la situación financiera de la empresa (CSJ SL 15025-2016, al respecto se puede consultar la SL 930-2023).

Ahora bien, en relación con los viáticos ya la Corporación (CSJ SL5449-2018, reiterada en CSJ SL2087-2021, reiterada en SL 1309-2022), ha tenido la oportunidad de advertir que los árbitros son competentes para otorgar viáticos y tiquetes aéreos a los trabajadores a fin de que atiendan actividades sindicales, ya que estos beneficios no se conceden para provecho individual sino en favor de toda la organización. De igual modo, esta prebenda, además de contribuir al ejercicio de las funciones propias cuando se trata de estructuras sindicales territorialmente descentralizadas, facilita la capacitación, adiestramiento y profesionalización del personal agremiado, lo cual impacta de manera positiva en la calidad del diálogo social con la parte empleadora.

En ese orden de ideas, entiende la Sala que, siendo un aporte al Sindicato, no es desproporcionado contribuir a la organización sindical con un tiquete nacional en pro de su gestión, lo cual no resulta ser desproporcionado o inequitativo y, en efecto, se evidencia como un aporte razonable que coadyuva al ejercicio de la actividad sindical.

En resumen, al revisar los aportes contemplados en el artículo no se consideran exorbitantes o inequitativos pues se contemplan exclusivamente para los años 2022 y 2023. No se anularán dichos incisos.

Por las razones expuestas no se anula la cláusula.

BENEFICIO DE ANTEOJOS

Pliego de peticiones artículo 38

SINTRAEMSDES MEDELLÍN reconocerá́ a los trabajadores beneficiados con la Convención Colectiva de Trabajo, el valor total de los lentes para anteojos y monturas, previa presentación de la fórmula de oftalmólogo u optómetra. Así́ mismo, pagará el 100% de la cirugía, si el trabajador así́ lo quiere. Este beneficio será́ extensivo al cónyuge o compañero (a) permanente, hijos, hijastros o padres en las mismas condiciones.

Si un trabajador en el ejercicio de sus funciones sufre la rotura de sus lentes o el daño de la montura, tendrá́ derecho a su cambio total, en las mismas condiciones aquí́ señaladas. En el evento de cambio de lentes ordenado al trabajador y que traiga como consecuencia necesaria el reemplazo de la montura, SINTRAEMSDES MEDELLÍN asumirán su valor del cien por ciento.

Laudo arbitral

La empresa concederá́ a los beneficiarios del presente laudo un auxilio de anteojos hasta por doscientos cincuenta mil pesos ($250. 000.oo) por una única vez previa presentación de la fórmula oftalmólogo u optómetra y cotización por parte de la óptica.

AYUDA PARA ORTODONCIA.

Pliego de peticiones Artículo 40

SINTRAEMSDES MEDELLÍN otorgará al trabajador beneficiado de la presente convención colectiva de trabajo un auxilio para ortodoncia equivalente a UN (1) SMLV, cada vez que lo requiera. Este auxilio será́ extensivo para su grupo familiar, por cada uno de ellos.

Laudo arbitral

La empresa concederá́ a los beneficiarios del presente laudo un auxilio para ortodoncia hasta por ciento cincuenta mil pesos ($150. 000.oo) por una única vez previa presentación de la fórmula odontológica.

ARTÍCULO 5 BONIFICACIÓN POR PENSIÓN

SINTRAEMSDES MEDELLÍN pagará dos (2) meses de salario básico al trabajador que salga a disfrutar de su pensión. Igualmente, se pagará la prima de antigüedad proporcional al tiempo que cumpla.

Laudo arbitral

Decide el Tribunal que a los beneficiarios al presente laudo se le concederá́ medio (0.5) SMLV que devengue el trabajador que obtenga la calidad de pensionado por vejez.

Tribunal de arbitramento

El Tribunal considera que es competente para el estudio de la cláusula.

Argumentos de la recurrente

Consideró la recurrente que resulta desproporcionado el valor otorgado por el laudo, teniendo presente la cantidad de afiliados a la organización sindical, además, el artículo no especifica a quienes en concreto beneficiará ni el procedimiento para otorgarlo, como tampoco los efectos salariales y si beneficia a afiliados o a miembros de los organismos del sindicato. Sumado a ello interfiere con el manejo de personal como autonomía del empleador y le genera una carga exorbitante, lo que hace imposible cumplir este compromiso.

Cada una de estas prestaciones es evidentemente desproporcionada y violenta el principio de equidad.

Además, expuso que se genera un costo exorbitante y altísimo para un empleador que tiene como único ingreso las cuotas sindicales, resulta además una obligación imprecisa, indeterminada e infinita en el tiempo.

Para el caso de los auxilios de anteojos y ortodoncia consideró que se trata de una prestación propia del sistema de seguridad social.

Réplica

Señaló la réplica que los beneficios otorgados no son desproporcionados y agregó que, en el caso del auxilio por ortodoncia, este solo representa el valor de $300.000.oo y para el caso de los anteojos es de $500.000.oo ante una organización sindical que cuenta con un presupuesto anual de más de $2.500.000.000. Advirtió además que por parte de SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín (febrero de 2014 se otorgó́ auxilio para tratamiento odontológico y de lentes por valor de $500.000, radicado 12336).

Frente a la solicitud de nulidad respecto de la bonificación por pensión manifestó que en realidad la edad de pensión de los trabajadores de SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín, no representa un recurso inminente que afecte el presupuesto anual de dicha organización sindical.

CONSIDERACIONES

La recurrente considera que las cláusulas mencionadas son desproporcionadas. A juicio de la Corte estas se evidencian razonables y proporcionales, por las siguientes razones:

Se advierte que no basta la simple afirmación sobre el posible abuso que se haga del beneficio otorgado, en manera alguna puede constituir causal de anulación, pues, en tratándose de analizar la inequidad manifiesta, lo que es objeto de examen es la razonabilidad y proporcionalidad de lo concedido y no el hipotético o eventual abuso que de ello se haga. (CSJ SL 1944-2021).

Respecto del auxilio de anteojos la Corte ha sostenido que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre el tema y que no es inequitativo en la medida en que constituye una ayuda económica para su adquisición, previa prescripción médica. (CSJ SL1689-2020, reiterada en SL 1944-2021).

Adicional a lo anterior no se observa con tal beneficio que se usurpen funciones o prestaciones propias del sistema de seguridad social, es un auxilio que se establece para el trabajador que se beneficie del laudo, quien debe presentar soportes por parte del especialista y óptica.

En relación con la ayuda para ortodoncia se trata de un beneficio por valor de $150.000 previa verificación de fórmula odontológica y por una sola vez, auxilio que no constituye una prestación de la seguridad social como lo afirma la recurrente. En tal contexto, no se entiende desproporcionado.

Finalmente, respecto de la bonificación por pensión, la Corte ha dicho que este tipo de cláusulas no tocan ninguna de las materias del sistema integral de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, ya que no imponen una carga sobre las pensiones sino una ayuda económica para los trabajadores que se desvinculen de la empresa pensionados, luego ese beneficio puede considerarse como complementario de las prestaciones que otorga el sistema pensional, por cuanto no contempla ninguno que se le equipare, de tal suerte que es uno de aquellos que puede ser establecido a través de la contratación colectiva (sentencia de anulación CSJ SL del 4 de sep. 2007, rad. 32741, reiterada en SL 2887-2018). Por tal razón no procede su anulación.

Se encuentra además que el reconocimiento es respecto de 0.5 SMLV que devengue el trabajador una vez obtenga la calidad de pensionado.

Por las razones que anteceden no se anularán las cláusulas.

BONIFICACIÓN POR FIRMA DE LA CONVENCIÓN

Pliego de peticiones Artículo 55

CLÁUSULA 55: BONIFICACIÓN POR FIRMA DE CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SINTRAEMSDES MEDELLÍN otorgará una bonificación por firma de convención, a todos los trabajadores sindicalizados, equivalente a ½ SMMLV

Laudo arbitral

Decide el Tribunal por unanimidad conceder en el siguiente sentido: SINTRAEMSDES MEDELLÍN otorgará una bonificación por firma de convención, a todos los trabajadores sindicalizados, equivalente a doscientos mil pesos ($200.000oo)

Tribunal de Arbitramento

El Tribunal tomó la determinación de establecer una suma fija para los trabajadores sindicalizados.

Argumentos del recurrente

Refirió el recurrente que la petición hace relación a un evento superado en el tiempo y que no puede darse una bonificación por un hecho inexistente pues no se firmó convención colectiva de trabajo.

Réplica

Advirtió que la argumentación por parte de SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín, no se asentó en probar si se afectó el debido proceso en cada una de las etapas del arbitraje, sino que, en todo el escrito recursivo, se la pasaron refutando algunos de los derechos y beneficios laborales que concedieron los árbitros como decisión final para dar por terminado un conflicto laboral; conflicto cuyo origen fue como consecuencia de la negligencia e incoherencia de parte de una Organización Sindical hermana que propende por la defensa de derechos laborales colectivos y que, arbitrariamente, niegan los mismos derechos a sus propios trabajadores.

CONSIDERACIONES

En relación con este punto ya la Sala ha señalado que el Tribunal de arbitramento no está facultado para reconocer una bonificación por firma cuando de manera expresa en el pliego de peticiones se supedita su reconocimiento a la celebración de la convención, es decir, cuando las partes ponen fin al conflicto con la firma del acuerdo colectivo, más aún, cuando quiera que aquí se supeditó a que fuera producto de la etapa de arreglo directo y no en otra oportunidad del trámite del conflicto. De manera tal que, sólo podrían hacer extensivo ese beneficio por la emisión del laudo cuando en sus exigencias también se haya previsto para el evento en que el conflicto se solucionara a través de un tribunal de arbitramento, lo cual aquí no acontece, tal y como se desprende de lo plasmado en el pliego y que fue transcrito en lo pertinente (CSJ SL 3842-2022). Por tal razón le asiste razón al recurrente en cuanto se solicitó un beneficio por un hecho inexistente disposición extra petita y, de contera, ajena al propósito de la negociación colectiva.

Por los motivos que anteceden se anulará la cláusula.

Sin costas en el recurso de anulación, debido a que resultó parcialmente próspero.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR del laudo arbitral de 26 de septiembre de 2022, que dirimió el conflicto colectivo que se suscitó entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SOCIALES (SINTRAONGS) y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES, LA TELEVISIÓN, LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS, LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y TERRITORIALES DE COLOMBIA (SINTRAEMSDES) lo dispuesto en los artículos 16. Beneficio por Defunción, y el artículo 55 Bonificación por firma de la convención colectiva.

SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de anulación de los restantes artículos que fueron recurridos y solicitados por la organización sindical, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: COSTAS en los términos señalados.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia.

Salvo voto parcial

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

No firma por ausencia justificada

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclaro voto parcial

Salvo voto parcial

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Aclaro voto parcial

Salvo voto parcial

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Aclaro voto

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación: 95977

Recurrente: Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, la Televisión, las Corporaciones Autónomas, los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia - Sintraemsdes.

Opositor: Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales – Sintraongs.

Magistrado ponente: Omar Ángel Mejía Amador

Respetuosamente me permito aclarar el voto en cuanto a la motivación que condujo a la Sala a negar la anulación del laudo arbitral, por no haberse surtido de manera previa la denuncia de la convención colectiva anterior.

Concretamente, estimo que además de que ese era un punto ajeno a la competencia de la Corte, en el marco del recurso de anulación, también era preciso advertir que, como lo ha dicho en anteriores oportunidades la Sala, algunos aparentes vicios del conflicto colectivo, como la falta de presentación de la denuncia por parte del sindicato firmante de la convención colectiva previa, que habilita la presentación de un nuevo pliego de peticiones, quedan saneados si las propias partes se disponen a adelantar la negociación de manera libre, voluntaria y de buena fe.

Lo anterior en la medida en que por medio de la autocomposición es posible para las partes reconocer el conflicto, subsanar sus falencias y llevarlo hasta su finalización (CSJ SL16887-2016 y CSJ SL1604-2019), lo que no puede ser desconocido con posterioridad, por respeto al principio de buena fe y de los actos propios.

Dejo en los anteriores términos consignadas las razones de mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado Ponente

SAVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Recurso de Anulación

Radicación nº 95977

Acta 37

Partes: Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, la Televisión, las Corporaciones Autónomas, los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia – Sintraemsdes vs Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales – Sintraongs.

Si bien, en la sesión en la que se discutió el proyecto de sentencia dentro del trámite de la referencia, manifesté que salvaba parcialmente mi voto en relación con lo discurrido por la mayoría respecto del inciso tercero de la cláusula 31-aportes al sindicato, en tanto estimé que la concesión de «un (1) tiquete aéreo nacional ida y vuelta para uso autónomo de la organización sindical» no era una disposición indeterminada y, por ende, no había lugar a anularlo, una lectura al texto final de la providencia -efectuados los ajustes-, me llevan a acompañarlo sin salvamento de voto parcial.

Fecha ut supra,

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicado no 95977

Con el acostumbrado respeto por la decisión que adoptó la Sala y, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, me permito aclarar el voto toda vez que, a mi juicio, (i) la manifiesta inequidad no constituye causal de anulación y, (ii) en sede de este recurso extraordinario, la Corte no tiene la facultad para modular las determinaciones que, en equidad, adoptan los tribunales de arbitramento. Lo anterior, por las razones que expongo a continuación:

Manifiesta inequidad como causal de anulación

La mayoría de la Sala considera que, en el trámite del recurso de anulación, su competencia se extiende a: «i) verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de éstas; y v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia», (CSJ SL17703-2015 reiterada en SL5227-2018). No obstante, en mi criterio, el campo de acción que, en estos asuntos, la ley le otorga a la Corte no consulta tal amplitud.

En efecto, conforme a los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 143 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la función de esta Corporación se restringe a: (i) examinar que la decisión no vulnere derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes, (ii) corroborar que el Tribunal de arbitramento no extralimite el objeto para el cual fue convocado y decida todos los puntos respecto de los cuales debía pronunciarse por tener competencia para ello.

Por tanto, considero que no es viable que la Corte analice las cláusulas del laudo arbitral bajo la acusación de ser abiertamente inequitativas, toda vez que ni la normativa procesal ni la sustancial laboral contemplan tal motivo de anulación; luego, dicha postura carece de justificación legal, sin que sea pertinente que el juez elabore una interpretación extensiva al respecto, pues, por tratarse de un medio de impugnación extraordinario, el mismo es rogado, dispositivo, taxativo y debe limitarse a las causales específicamente autorizadas por el legislador.

Además, los jueces laborales unipersonales y colegiados tienen competencia para resolver conflictos jurídicos; esto es, los relativos a la interpretación y aplicación de normas preexistentes. Sus decisiones son en derecho y, por mandato del artículo 3º del código adjetivo en cita, no conocen de conflictos económicos cuyo fin es la creación o modificación de beneficios laborales.

Así, a diferencia de los jueces arbitrales, quienes edifican su decisión en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las providencias que emiten los jueces laborales deben sustentarse en argumentos jurídicos y conforme a los supuestos fácticos y el acervo probatorio que las partes pongan a su disposición y los medios de convicción que, eventualmente, decreten de oficio, por considerarlos pertinentes, conducentes y necesarios para esclarecer el asunto.

Al respecto, esta Sala ha reiterado que, «mientras en las sentencias ordinarias se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto», (CSJ SL1062-2023).

En tal sentido, cuando la Corte examina la eventual inequidad de un beneficio del laudo arbitral, desconoce su obligación de interpretar y aplicar normas preexistentes. En su lugar, realiza juicios de valor acerca de la equidad o inequidad de un beneficio conforme al estudio de los diferentes aspectos económicos y financieros que permean el conflicto, circunstancia aquella que, como se expuso, le está vedado por ley.

En otros términos, cuando la Sala se ocupa de verificar que el contenido del laudo sea equitativo, invade la órbita de los árbitros al sustituir el criterio de estos por el del juez y desconoce la amplia discrecionalidad que aquellos tienen de fallar con fundamento en razonamientos de proporcionalidad y razonabilidad.

Considero, además, que el análisis de la inequidad manifiesta de una cláusula arbitral, implica el desconocimiento del derecho a la igualdad de las partes, en tanto pone a las organizaciones sindicales en una situación de desventaja frente a sus empleadores.

Lo anterior, por cuanto, en la práctica, únicamente estos últimos podrán acudir a esa causal jurisprudencial para solicitar la anulación de una prerrogativa, que, de ser viable, les significará una ganancia.

No obstante, la situación de los sindicatos es distinta. En efecto, recuérdese que, en el trámite del recurso de anulación, la Sala no tiene competencia para devolver el laudo a los árbitros cuando niegan una petición, ni tampoco decidir en lugar de ellos; de ahí que si el juez de la heterocomposición niega o concede parcialmente un beneficio y la organización sindical acude en anulación por considerar que tal decisión es inequitativa, la Corte no podrá devolver el asunto al Tribunal para obtener de él un nuevo pronunciamiento que consulte los intereses del sindicato y, menos aún, suplir el examen de lo pretendido y adoptar cualquier determinación en su remplazo.

Por último, considero que el abstenerse de estudiar las cláusulas atacadas por «inequidad manifiesta» constituye un método suasorio para que el diálogo social fluya y las diferencias o conflictos que se susciten sean resueltos directamente por sus actores, todo, en consonancia con los mecanismos destinados a facilitar la negociación colectiva, entre ellos la revisión de las cláusulas de la convención o del laudo que se consideren onerosas; postura que coincide con el criterio que el Comité de Libertad Sindical ha referido en sus recomendaciones, por ejemplo, en el párrafo 1326 señaló:

Si bien ciertas reglas y prácticas pueden facilitar el desarrollo de la negociación colectiva y contribuir a promoverla, y si algunas medidas pueden facilitar a las partes el acceso a ciertas informaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de su unidad de negociación, sobre los salarios y condiciones de trabajo en unidades vecinas y sobre la situación económica general, todas las legislaciones por las que se instituyen organismos y procedimientos de mediación y conciliación destinados a facilitar la negociación entre copartícipes sociales deben salvaguardar la autonomía de las partes implicadas en la negociación. Por todo lo anterior, en lugar de conferir a las autoridades públicas poderes de asistencia activa, e incluso de intervención, que les permitan hacer prevalecer su punto de vista, es más conveniente tratar de convencer a las partes implicadas en la negociación que por su propia voluntad deben tener en cuenta las razones capitales relacionadas con las políticas económicas y sociales de interés general que el gobierno ha mencionado (resaltado fuera del texto original).

En conclusión, a mi juicio la inequidad de una cláusula no constituye causal de anulabilidad de los laudos arbitrales por no estar contemplada en la ley y, en consecuencia, cuando las partes acudan a tales argumentos, los mismos deben rechazarse.

(ii) Facultad de la Corte para modular las determinaciones de los tribunales de arbitramento.

De tiempo atrás la mayoría de la Sala ha considerado que, al resolver un recurso extraordinario de anulación, puede adoptar alguna(s) de estas resoluciones: (i) anular, (ii) no anular, (iii) devolver el expediente a los árbitros, o (iv) excepcionalmente modular la decisión arbitral (CSJ SL8157-2016, CSJ SL3491-2019 y CSJ SL5506-2021).

Ahora, en cuanto a esta última posibilidad -modulación- la Sala ha establecido que la misma procede cuando es necesario interpretar o aclarar diferentes aspectos o frases del laudo, a fin de eliminar posibles elementos distorsivos que puedan afectar su legalidad e integridad, de manera tal que logre mantenerse la voluntad de los árbitros, así como el contenido esencial del beneficio que se cuestiona a (CSJ SL17703-2015, CSJ SL8157- 2016, CSJ 2809-2020, CSJ SL416-2022 y 2789-2022).

Al respecto, considero que la modulación de una cláusula arbitral no es una posibilidad técnica en el marco del recurso de anulación.

En primer lugar, reitero, el diálogo social constituye la herramienta idónea y apropiada para sortear las complejidades derivadas de la interpretación o aplicación de las normas colectivas. En tal sentido, en mi criterio, de existir alguna frase o palabra en el laudo que ofrezca duda acerca de su real sentido, son los actores sociales quienes, en principio, pueden convenir su alcance, en uso de su autonomía colectiva y en una cultura de diálogo y cooperación, más no a través del litigio, vía recurso de anulación.

De igual modo, en caso de que ello no sea posible y entre las partes no exista acuerdo, es el juez ordinario del trabajo el competente para definir la interpretación de la norma, a través de los métodos y principios de la hermenéutica jurídica que sirven de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas.

En segundo lugar, si de lo que se trata es de una expresión que no sea clara o implique errores en palabras frases o conceptos del laudo, es deber de las partes acudir al remedio procesal de que trata el artículo 285 del Código General del Proceso, pero ante el mismo Colegiado que lo profirió, sin que, a mi juicio, la Sala pueda abrogarse tal función al resolver el recurso extraordinario de anulación, a través de la figura de la modulación.

Conforme a lo discurrido, aclaro el voto.

Finalmente, una vez revisada la versión definitiva de la providencia, considero que no es necesario realizar el salvamento parcial de voto que anuncié.

Fecha ut supra

ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Sindicato recurrente: Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, la Televisión, las Corporaciones Autónomas, los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia (SINTRAEMSDES)

Sindicato: Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales (SINTRAONGS)

Radicación: 95977

Magistrado Ponente: Omar Ángel Mejía Amador

Tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo el voto parcialmente respecto a la decisión mayoritaria respecto a las cláusulas 8 -aportes a la comisión negociadora-, 20 -prima de antigüedad-, 29 -cooperación con el sindicato y viáticos- y 38 -beneficio de anteojos, ayuda para ortodoncia y bonificación para pensión- del laudo arbitral, que recurrió el sindicato y la Sala no anuló al no advertir que eran inequitativas o desproporcionadas.

Al respecto, debo salvar mi voto, pues como lo he expresado en varias oportunidades que la inequidad manifiesta no es una causal de anulación en este recurso extraordinario y, en consecuencia, la Sala no tiene competencia para pronunciase cuando a ella se acude. Ello menos aún si quien impugna es el sindicato, toda vez que, en ese contexto, es evidente que toda referencia a la manifiesta inequidad de las cláusulas es fútil, pues la Corte no puede anular y luego dictar una decisión de reemplazo pues ello le corresponde a los árbitros, ni devolverla a estos dado que ya tomaron su decisión de equidad. En ese sentido, incluso la anulación perjudicaría al sindicato, pues quedaría sin lo concedido en el trámite de arbitral.

Precisamente por lo anterior, me he opuesto a la procedencia de esta causal, dado que solo tiene utilidad para la empresa, que obtiene la anulación de una cláusula que lo perjudica económica o financieramente, mientras que el sindicato no podría remediar la situación de inequidad que, en cualquier caso, reitero, le corresponde resolver al tribunal de arbitramento, únicos competentes para decidir en equidad. Para explicar esta postura, transcribo las consideraciones que la han soportado:

(...) la «inequidad» no constituye una causal de anulación. En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, he señalado que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

“En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4. ° del Código General del Proceso.

En esta perspectiva, la Sala debió rechazar los reparos que el sindicato fundó en una supuesta inequidad y no abordar su estudio, por lo que al respecto salvo mi voto.

Asimismo, en cuanto a las alusiones que la Sala hizo respecto a la inequidad manifiesta son inanes, pues en últimas, tal como lo expliqué, de nada serviría elucidar si lo que negó o concedió el Tribunal fue inequitativo, dado que inevitablemente deberá mantenerse la cláusula ante la imposibilidad de dictar una decisión de reemplazo, de ahí la evidente desventaja del sindicato en la configuración de esta causal de anulación.

Así mismo, en cuanto a la cláusula 31 -inciso 3, aportes al sindicato- del laudo, que la Sala no anuló pues estimó que era clara en su contenido, salvo mi voto porque la Sala ha establecido de forma reiterada que los asuntos relacionados con la interpretación del laudo deben ser resueltos por las partes, en uso de su autonomía colectiva y conforme a los métodos, y principios de la hermenéutica jurídica.

Por ello, cuando se estima que un laudo arbitral es oscuro, incompleto, o no resuelve en su totalidad lo pedido, estas inconsistencias pueden ser resueltas por el Tribunal de Arbitramiento mediante los medios ordinarios procesales, como lo son la aclaración, adición o complementación del Laudo (SL4315-2022, SL573-2023, entre otras).

Por último, aunque expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, que aclararía el voto en cuanto a la decisión que adoptó la Sala respecto a la solicitud de anulación del laudo arbitral por incumplimiento de la denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo vigente y que salvaría voto en cuanto a la cláusula 16 -beneficios por defunción-, al leer el texto definitivo de la decisión advierto que ello no es necesario.

Dejo así sustentado mi salvamiento de voto parcial.

Fecha ut supra.

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