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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1037-2022

Régimen de transición

Fecha
2 de marzo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1037-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición debe calcularse con lo devengado en el último año de servicios o conforme a la Ley 100 de 1993?

  2. ¿Qué factores salariales integran el IBL y qué debe probarse para obtener su reliquidación?

  3. ¿La carga dinámica de la prueba releva al pensionado de aportar fundamentos razonables sobre el derecho reclamado?

Reglas

  1. El régimen de transición conserva edad, tiempo de servicio o semanas y monto, pero el ingreso base de liquidación se rige por la Ley 100 de 1993.

    «el legislador solo respetó a sus beneficiarios tres puntales aspectos: (i) edad; (ii) tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y (iii) el monto»
  2. A quien le faltaban menos de diez años para causar la pensión al entrar en vigor la Ley 100 se le aplica el inciso tercero de su artículo 36 para el IBL; a quien le faltaban diez años o más, el artículo 21.

    «para aquellas que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa»
  3. Para servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, los factores del IBL son los previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 y aquellos sobre los que se hicieron aportes.

    «los factores salariales llamados a integrar su prestación son los consignados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, y no otros»
  4. La carga dinámica puede trasladarse a quien está en mejores condiciones de probar, pero quien inicialmente reclama debe aportar evidencias o fundamentos razonables del derecho.

    «la parte que en comienzo tiene la obligación de probar, debe suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre la existencia del derecho laboral que reclama»
  5. La casación de la sentencia de segunda instancia no determina por sí sola la legalidad del fallo de primera instancia, que debe examinarse al resolver en sede de instancia.

    «la casación de la sentencia de segunda instancia nada dice sobre la legalidad de la de primera»

Decisión

Confirmó el fallo de primera instancia que absolvió de la reliquidación, por las razones expuestas por la Corte. Dispuso continuar el incidente de sanción abierto contra el hospital por no responder los requerimientos.

Parte resolutiva

III. DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 21 de noviembre de 2008, proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C. SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, vuelvan las diligencias al despacho, para disponer lo pertinente al incidente cuya apertura se ordenó al inicio de esta decisión. Por Secretaría, dispogánse un cuaderno separado para adelantar el trámite precitado.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1037-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

2 de marzo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1037-2022

Radicación n.° 45592

Acta 07

Bogotá, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Procede la Corte a proferir la providencia de instancia, conforme a lo ordenado en el fallo CSJ SL1683-2020, del 10 de junio de 2020, rad. 45592, adoptado por esta Corporación, dentro del proceso ordinario laboral que MARY FANNY AGUIRRE, LUCRECIA CORTÉS JARA, JOSÉ ELIGIO MUNAR JIMÉNEZ, MARÍA SARA CRUZ DE HERRERA, MARÍA DEYANIRA CASTILLO DE CASTILLO promovieron contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

AUTO

Como quiera y el Hospital San Jorge Nivel I E. S. E., no extendió contestación a los sendos requerimientos elevados por esta Corporación, se dispone abrir en su contra y en cuaderno separado, incidente de sanción previsto en el artículo 44 del Código General del Proceso en concordancia con el artículo 59 de la Ley 270 de 1996.

I. ANTECEDENTES

En este primer momento y por metodología, se impone recordar que esta Corporación casó la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Mary Fanny Aguirre, Lucrecia Cortés Jara, José Eligio Munar Jiménez, María Sara Cruz de Herrera y María Deyanira Castillo de Castillo promovieron contra el extinto Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones y sólo con relación a los tres últimos demandantes; al haber sido negadas sus pretensiones de reliquidación de pensión de jubilación; so pretexto de la prescriptibilidad de los factores salariales que permitían proceder en tal sentido.

Memoremos, entonces, que, en un mismo documento introductor, los accionantes requieren de la demandada y al unísono, la reliquidación de sus pensiones de jubilación; teniendo en cuenta que los actos administrativos de reconocimiento se fundamentaron en la Ley 33 de 1985; sin embargo, no se tuvieron en cuenta la totalidad de los factores salariales consignados en el precitado cuerpo normativo.

Para mejor proveer, se ordenó oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para efectos de que allegara, de forma discriminada, los ingresos base de cotización –mes a mes- de los recurrentes. Requerimiento cumplido sólo parcialmente, según da cuenta los correos electrónicos allegados por la precitada entidad, de los cuales se corrió traslado a las partes; el procurador judicial de la parte demandante insistió en que la documental remitida no se ajusta a la solicitud elevada como quiera y restan periodos que corresponden a «toda la vida laboral».

Pese a innumerables esfuerzos por parte de esta Corte, los que se consignaron en autos 10 de febrero de 2021, 5 de mayo de 2021, 23 de junio de 2021 y 1º de septiembre de 2021, a la fecha no ha sido posible obtener la información requerida por parte del Hospital San Jorge E.S.E.; de manera que se procede a decidir con aquella documentación incorporada debidamente al proceso.

II. CONSIDERACIONES

1. Previas

Antes de proceder a dictar el fallo de instancia que en derecho corresponda, se impone rememorar lo asentado en la providencia AL, del 17 de mar. 2010, rad. 29602, reiterada en sentencia CSJ SL5060-2020, en cuanto a que el quiebre del acto jurisdiccional atacado en el recurso extraordinario significa que el impugnante logró desmoronar la presunción de apego al ordenamiento jurídico y de tino que acompaña a aquel, en la medida de la demostración de los dislates jurídicos o desvaríos fácticos que le imputó al juzgador de la segunda instancia.

Y siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, se abre la función de instancia de la Corte, puesto que la aniquilación de la sentencia le impone reemplazar al juez de segundo grado y, en tránsito por esa vía, declarar la confirmación, la revocatoria o la modificación del fallo de primer grado, al compás de los términos del alcance de la impugnación.

Importa precisar que la casación de la sentencia de segunda instancia nada dice sobre la legalidad de la de primera. Ese juicio de legalidad sólo lo puede hacer la Corte, justamente, cuando, en sede de instancia, reemplaza al Tribunal, cuyo fallo desapareció de la escena jurídica.

Normalmente, en función de instancia, la Corte decide en forma distinta a como lo hizo el Tribunal, como que la ilegalidad del pronunciamiento de éste comporta, en principio, la legalidad de la determinación del juez de primera instancia.

Pero, debido a que, en sede de instancia, la Corte está habilitada legalmente para decretar pruebas, mediante auto para mejor proveer, no es nada extraño que su decisión en aquella residencia coincida con la que había tomado otrora el Tribunal.

De tal suerte que no siempre la casación del fallo de segunda instancia comporta que la Corte tome una determinación diferente a la inicialmente despachada por el original juez de la apelación o de la consulta, toda vez que su función de juzgador de instancia y, por consiguiente, de contralor de la legalidad del pronunciamiento del juez de primer grado, puede traducirse en una plena coincidencia con la conclusión a que llegó el Tribunal, desde luego que con fundamentos totalmente distintos a las esgrimidos por éste, es decir, que el fallo sustituto puede coincidir con el que salió del ámbito jurídico en cuanto a ser condenatorio, modificatorio o absolutorio.

2. Caso concreto

Lo primero a indicarse es la ausencia de discusión sobre la calidad de pensionados de quienes fungen como demandantes. En efecto, ello aparece acreditado con la documental obrante a folios 13 y siguientes del cuaderno principal, además de haber sido aceptado al momento de contestar la demanda por parte de la enjuiciada (folios 78 y 79).

De igual manera, está por fuera del debate probatorio que a la totalidad de los recurrentes les fue reconocida su pensión de vejez al acreditar los requisitos previstos en Ley 33 de 1985, por ser beneficiarios del régimen de transición consignado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ciertamente, se encuentran los siguientes actos administrativos, en los cuales ello aparece consignado:

• José Eligio Munar Jiménez: Resolución n.˚ 021066 del 14 de octubre de 1999, en cuantía de $365.992, a partir del 31 de diciembre de 1998.

• María Sara Cruz de Herrera: Resolución n.˚ 012345 de l7 de junio de 2002, en cuantía de $357.634, a partir del 8 de marzo de 2001.

• María Deyanira Castillo de Castillo: Resolución n.˚ 026290 de l8 de noviembre de 2002, en cuantía de $381.494, a partir del 29 de agosto de 2002.

Establecida entonces la fecha desde la cual se reconocieron las pensiones de vejez, conviene rememorar que: (i) el juzgado de conocimiento absolvió de la pretensión de reliquidación, con fundamento en que entre la solicitud elevada en tal sentido y la fecha del reconocimiento de sus prestaciones económicas, había transcurrido el término trienal consignado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, y (ii) la Corte casó el fallo del ad quem, en cuanto confirmó la decisión del a quo cuando optó por decretar la prescripción respecto de José Eligio Munar Jiménez, María Sara Cruz de Herrera y María Deyanira Castillo de Castillo al atender el criterio mayoritario de la Sala sobre tal entendimiento, es decir, sobre la imprescriptibilidad de los factores salariales base para la liquidación de una pensión, pues «no prescribe el derecho a la pensión, tampoco el de la reclamación del ingreso base de liquidación ni de la reliquidación por inclusión, o exclusión de los factores salariales de dicha base».

Ahora bien, esclarecida la no vocación de prosperidad del medio exceptivo denominado prescripción, el que por demás, debió ser analizado luego de desentrañar si efectivamente existía aquel derecho a extinguir; resulta insoslayable dilucidar el descontento planteado por los impugnantes, el cual se traduce en el desconocimiento del ingreso base de liquidación, al no atenderse la totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicio.

Ingreso base de liquidación. Régimen de Transición

Los accionantes afirman que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, les reconoció una «pensión de jubilación oficial» de que trata la Ley 33 de 1985, como consta en las resoluciones que reposan de folio 4 a 6; que en el último año de servicios devengaron factores salariales tales como sueldo, primas de antigüedad, alimentación, semestral, navidad, vacaciones, técnica y de riesgo, así como trabajo nocturno, ajuste de sueldo, gastos de representación, quinquenio, bonificación por recreación, vacaciones y prima de servicios; los que no fueron asumidos pese a ser factores salariales devengados.

Pues bien, para resolver la pretensión sobre si es procedente la inclusión de todos los factores salariales anteriores, es pertinente memorar que el ingreso base de liquidación de pensiones otorgadas en virtud del régimen de transición, cuenta en esta Sala con un definido criterio relativo a que ante la expedición de la Ley 100 de 1993, el legislador solo respetó a sus beneficiarios tres puntales aspectos: (i) edad; (ii) tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y (iii) el monto, entendido este como la tasa de reemplazo o proporción que se aplica al IBL y estuviese consignado en la disposición anterior aplicable. (CSJ SL718-2020).

Ahora, claro es que la cuantificación de esos valores que dependen de los ingresos del afiliado durante el tiempo que ha permanecido vinculado al sistema de seguridad social, y sobre los cuales ha cotizado, es un aspecto que no fue resguardado por esta garantía transicional; lo que obliga a analizar, en estrictez, el escenario consignado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Y es de la interpretación de este último aparte normativo, de donde se erige el criterio mayoritario de la Sala, según el cual, no es posible acceder a lo pretendido por los demandantes cuando solicitan se tenga como ingreso base de liquidación lo devengado en el último año de servicios; puesto que el único sendero posible, es atender las previsiones del inciso 3º de la norma en comento, que obliga a diferenciar si al beneficiario le restan diez (10) o menos años para causar su prestación y con ello, acudir a lo allí previsto; o bien, al artículo 21 del mismo cuerpo normativo.

Ciertamente, tal conclusión ha sido reiterada de forma enfática por esta Corporación, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL4384-2019, en la que confirmó lo expuesto en la CSJ SL2510-2017, y se expresó lo siguiente:

Entonces, en lo que corresponde al ingreso base de liquidación, esta Sala, por mayoría, tiene adoctrinado que tratándose de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibídem y, para aquellas que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa.

En ese horizonte, esta Sala en sentencia CSJ SL718-2020, en la que reiteró lo expuesto en las CSJ SL7796-2016 y CSJ SL4693-2017, recordó que «en lo que atañe al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con venero en el régimen de transición, esta Corporación ha sido enfática en que este- IBL- se define a la luz de lo determinado expresamente por la Ley 100 de 1993, y no con lo estipulado en la regulación precedente».

Siendo así las cosas, son suficientes las anteriores consideraciones para desatender las súplicas de la apelación, que se dirigían a la mutación del ingreso base de liquidación, al constatar con los actos administrativos de reconocimiento de pensión, que en todos ellos existe un común denominador, atender como aquél; el tiempo que a los demandantes les «faltaba para adquirir su derecho a la pensión más el tiempo que pudo haberse cotizado una vez cumplió requisitos y hasta su desafiliación»; lo que claramente no pugna con el entendimiento que la Sala le ha extendido a esta materia.

Factores salariales por tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación

Dilucidado lo anterior, se impone abordar el reparo relativo a la no inclusión de la totalidad de los factores salariales en el reconocimiento de la pensión de jubilación. Ciertamente, de forma individualizada, se afirma en la demanda que a los actores, no se les atendió el ingreso por los siguientes factores salariales:

• Jorge Eligio Munar Jiménez: Sueldo, prima de antigüedad, prima de alimentación, transporte, prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, prima Técnica y quinquenio.

• María Sara Cruz De Herrera: Sueldo, prima de antigüedad, prima de alimentación, transporte, prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de navidad extralegal, prima antigüedad, vacaciones, gastos de representación y bonificación por recreación.

• María Deyanira Castillo De Castillo: Sueldo, prima de antigüedad, prima de alimentación, transporte, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, vacaciones en dinero y quinquenio.

Puestas de este modo las cosas, y para resolver sin más dilación este tema, basta recordar la línea de pensamiento de la Sala en torno a los factores que deben ser atendidos para liquidar la pensión de que trata el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues no es otra norma sobre la cual se edificó la prestación de los demandantes, dado el régimen de transición. En ese sendero, rememoremos la sentencia CSJ SL164-2018, en la que se explicó:

1. FACTORES SALARIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

De manera pacífica, reiterada y uniforme, esta Sala ha defendido el criterio según el cual los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6.° del Decreto 691 de ese mismo año. Por ejemplo, en fallo CSJ SL 17192, 26 feb. 2002, reiterado en SL 44206, 29 may. 2012, SL1851-2014 y SL4870-2017, sobre el particular, se expuso:

El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso.

Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores públicos.

Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase.

De lo anterior se colige que no incurrió el ad quem en infracción directa de los artículos 1º y 3º inciso 3º de la Ley 33 de 1985, y 1º inciso 3º de la Ley de 62 de 1985, pues, de acuerdo con lo ya resuelto por esta Sala, para efectos de determinar los factores salariales integrantes del IBL se aplica la norma vigente al momento de la causación del derecho, esto es el D.R. 1158 de 1994. Pues como se dijo en la sentencia 26753 de 2006, “…es de iterar que la Ley 33 de 1985, que es la que gobierna la pensión de jubilación del accionante, se aplica en virtud del fenómeno jurídico de la transición en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto del 75%, más no en lo tocante a la base salarial, dado que aquélla está regulada en el inciso tercero del aludido artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que esto implique que se esté fraccionando o escindiendo la norma.

No está demás advertir que los factores reclamados por el censor en la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión, en todo caso, no debían ser tomados en cuenta, al no hacer parte de la relación señalada por el legislador para tal efecto en el artículo 6º del D.R. 1158 citado.

En este caso no es materia de discusión que con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 al actor se le reconoció la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 a partir del 25 de mayo de 1996, razón por la cual los factores salariales llamados a integrar su prestación son los consignados en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, como lo determinó el Tribunal.

Ahora, respecto a la distinción entre devengado y cotizado que construye el recurrente a partir del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación ha sostenido que el vocablo devengado consignado en ese precepto debe interpretarse como cotizado, dado que el sistema de seguridad social y las pensiones que de él derivan, dentro de las cuales se encuentran las del régimen de transición, se soporta en una relación de correspondencia entre lo cotizado y el monto de la pensión; de ahí que para liquidar las pensiones es necesario computar los factores salariales sobre los cuales se hicieron aportes al sistema pensional.

Como se recuerda, en este caso no se encuentra sometido a discusión que con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, a los recurrentes se les reconoció la pensión de vejez bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto contenidos en la Ley 33 de 1985; razón por la cual, los factores salariales llamados a integrar su prestación son los consignados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, y no otros, como es pretendido por los demandantes.

De suerte que, contrario a lo invocado en el documento introductor, al momento de establecer el ingreso base de liquidación, no puede tenerse en cuenta factores diferentes a los señalados por el legislador, así como, aquellos con respecto a los cuáles no han sido situados los aportes correspondientes. Sobre este último y puntal aspecto, de vieja data, se concibe por el legislador la imperiosa consonancia que debe existir entre los aportes que fueran girados a la entidad de previsión y la pensión a reconocer por ésta última.

En ese sendero, el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, expone que «En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes»; lo que posteriormente es reiterado en la Ley 71 de 1988 al referirse a la reliquidación de pensiones de jubilación, al preverse que ello procedería «tomando como base el promedio del último año de salarios y sobre los cuales haya aportado al ente de previsión social».

Y luego, la Ley 71 de 1988 en su artículo 9º, al abordar las reliquidaciones de pensiones de jubilación, dispuso que ello era posible teniendo en cuenta los factores salariales «sobre los cuales haya aportado al ente de previsión social».

Fluye entonces que, si los accionantes en su querer, pretendían la inclusión de factores salariales sobre los cuales sus otroras empleadores no cotizaron como legalmente debían hacerlo, la única herramienta dirigida al éxito de sus pretensiones resultaba ser el vincularlos al decurso judicial, en la búsqueda de que fuese fulminada condena contra ellos y así proceder, luego de situar el respectivo cálculo actuarial, a reliquidar sus pensiones de jubilación.

Ante ello, en el caso en estudio, era inexcusable para los actores acreditar, tanto los factores salariales que se extrañan en la liquidación de la pensión de jubilación, así como que, los mismos sirvieron de base para situar de forma efectiva los aportes en el otrora Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones; pero contrario a lo dicho, esto es un hecho huérfano de prueba en el diligenciamiento.

Sobre la carga de la prueba, esta Sala en la providencia CSJ SL859-2021, expuso que:

[…]no debe aplicarse de forma automática, esta dependerá del estado y la posición en que se encuentre cada una de las partes, para la cual se debe valorar el escenario frente a la proximidad de los medios de prueba. Así dadas las circunstancias de hecho de cada caso en particular, en que se presente dificultad probatoria, es posible que se invierta dicha carga, a fin de exigir a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos configurantes del thema decidendum.

Sin embargo, la parte que en comienzo tiene la obligación de probar, debe suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre la existencia del derecho laboral que reclama, para que la contraparte, que posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, rebatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779, reiterada en la CSJ SL11325-2016).

De esta manera, acorde con la línea de pensamiento de esta Corporación puede afirmarse que aquél aparte narrado en el artículo 167 del Código General del Proceso, el que en sus voces impone a cada parte el deber de acreditar los supuestos fácticos que aparecen consignados en las normas jurídicas cuyas consecuencias se pretenden sean reconocidas en juicio, se entiende como ese compromiso inexcusable de los extremos procesales en desplegar las acciones pertinentes para lograr incorporar al proceso, aquellos elementos probatorios que generen en el operador jurídico aquella convicción que, por supuesto, favorezca a sus intereses; lo que insoslayablemente se modula con la facilidad o mejores condiciones en que se encuentren de demostrar un hecho. Momento en el cual, que no es otro que el de una dificultad probatoria, quien cuenta con esta ventaja de poder probar, será aquél que soporte la carga de ella.

Puesta la mirada en el proceso, y para este caso en particular, pese a los innumerables requerimientos que se hicieron a empleadores, de los cuales era conocedora la parte demandante, sobre quien en primer término y al no convocarlos como parte del proceso, le correspondía acreditar los supuestos valores que generan la reliquidación de su pensión, se tornan inanes sus pretensiones como quieran y carecen de la plataforma probatoria que permita proceder en tal sentido.

Y es que el tema sobre la carga de la prueba no ha sido ajeno a la Corporación, cuando en materia de reliquidación de pensiones, se consiente en que ello no puede entenderse como un relevo absoluto del pensionado en acreditar un mínimo de razones que conlleven a la revisión de su mesada pensional. En efecto, en la sentencia CSJ SL11325-2016 se razonó:

Pues bien, al abordar el fondo de la acusación, vista la motivación de la sentencia recurrida en el punto que atañe a la carga de la prueba, el Tribunal en esencia estimó que el demandante no había cumplido con la carga probatoria que le correspondía en aras de sacar avante su pretensión, demostrando que el promedio alegado del tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho le era más favorable que el tomado por el ISS para establecer el IBL de la pensión de vejez, pues no allegó la prueba de los salarios base o las cotizaciones de todo el período, presentándose en el plenario la ausencia de la historia laboral completa del pensionado, sin que se pueda tomar como prueba de ello la proyección o liquidación que realizó el demandante que corre a folios 21 a 33 del cuaderno del juzgado, por tratarse de «un documento que proviene del accionante más no de la entidad de seguridad social».

La censura, en síntesis sostiene, que en materia laboral y de la seguridad social, por su carácter tuitivo, la carga probatoria no opera automáticamente, sino que depende de la posición de cada de una de las partes y de su situación de cara a la cercanía con los medios probatorios, por lo que en el presente asunto a juzgar, al demandante le corresponde solo afirmar y fundamentar la pretensión, mientras que a la demandada le correspondía rebatir de manera contundente, quien por tener una situación privilegiada sobre la parte actora, al conservar en su poder los archivos de las historias laborales, debía desplegar una mayor actividad demostrativa, lo que constituye el «principio de la carga dinámica de la prueba», que al no observarse se traduce en la comisión de un yerro de interpretación.

Planteadas así las cosas, debe decirse que no es cierto lo manifestado por el recurrente en el sentido de que en este asunto la parte actora estaba relevada por completo de la carga de la prueba, habida cuenta que es sabido que quien pretende un derecho tiene la carga de alegar y probar los hechos que lo producen, pues «De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado» (Sentencia CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779).

Conforme a lo anterior, si el demandante pretendía el reajuste o reliquidación de su pensión de vejez, porque estima que el ISS debió liquidar un IBL superior al que tomó para reconocer la prestación pensional, por resultarle más favorable, es lógico que en un principio dicha parte tiene la carga probatoria de acreditar los presupuestos o supuestos fácticos en que soporta la pretensión y, por ende, no le basta con indicar el monto de la primera mesada otorgada por la entidad de seguridad social y hacer una proyección matemática para llegar a una cifra más elevada, dado que en el proceso debe quedar debidamente acreditado y soportado ese IBL superior, para arribar a la certeza que efectivamente el cálculo de los salarios base de cotización o cotizaciones realizadas dentro del período reclamado arroja una suma mayor, que al aplicarle la respectiva tasa de reemplazo se traduzca en una primera mesada pensional más favorable a la otorgada, carga probatoria que de no cumplirse trae como consecuencia que las súplicas incoadas no sean acogidas o no puedan tener éxito, como en este caso aconteció.

Ahora bien, por regla general el onus probandi, en la forma referida, permanece inmodificable, pero hay eventos donde cobra vigencia el carácter dinámico de la carga de la prueba, para efectos de distribuirla de manera equitativa y lograr un equilibrio de las partes en la obligación de probar, ello dentro del marco de lealtad y colaboración.

El denominado principio de la carga dinámica –y no estática- de la prueba, también tiene aplicación en asuntos de índole laboral o de la seguridad social y, dadas las circunstancias de hecho de cada caso en particular, en que se presente dificultad probatoria, es posible que se invierta dicha carga, a fin de exigir a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos configurantes del thema decidendum. Sin embargo, la parte que en comienzo tiene la obligación de probar, debe suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre la existencia del derecho laboral que reclama, para que la contraparte, que posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, rebatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado.

Conforme con lo anterior, al comparar lo antes dicho con el escrito introductor del proceso así como las documentales incorporadas a este último, se concluye en la inexistencia de fundamentos razonables que conlleven la reliquidación pretendida por la parte actora atendiendo el ingreso base de liquidación deprecado – último año de servicios- y los factores salariales que se acusan como no incluidos en este interregno, por cuanto existe orfandad probatoria sobre el pago de aquellos que se anuncian como tales.

Recapitulando entonces, la ausencia de despliegue probatorio por parte de quien le correspondía, dan cuenta de la improsperidad de las peticiones de los demandantes, contexto que, como se recordó, no ha sido ajeno al devenir de la jurisprudencia nacional, quien luego de analizar un caso en particular, ha arribado a igual colofón por el que se inclinó el respectivo Tribunal, luego de casar el acto jurisdiccional que fuese adoptado por este último, claro que por razones totalmente distintas, como aflora del asunto bajo escrutinio.

Por lo anterior, no queda otro camino que confirmar la sentencia de primera instancia, pero, se itera, por las razones expuestas por esta Corporación.

Sin costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 21 de noviembre de 2008, proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C.

SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, vuelvan las diligencias al despacho, para disponer lo pertinente al incidente cuya apertura se ordenó al inicio de esta decisión. Por Secretaría, dispogánse un cuaderno separado para adelantar el trámite precitado.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

(Aclara Voto)

FERNANDO CASTILLO CADENA

(Aclara Voto)

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

ACLARACIÓN DE VOTO

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

Radicación n.° 45592

Ref: MARY FANNY AGUIRRE, LUCRECIA CORTÉS JARA, JOSÉ ELIGIO MUNAR JIMÉNEZ, MARÍA SARA CRUZ DE HERRERA y MARÍA DEYANIRA CASTILLO DE CASTILLO vs. COLPENSIONES

Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto, debo aclarar mi voto en cuanto toca con el argumento expuesto por la mayoría, y que se contrae a que, en palabras de la providencia:

[…] no es posible acceder a lo pretendido por los demandantes cuando solicitan se tenga como ingreso base de liquidación lo devengado en el último año de servicios; puesto que el único sendero posible, es atender las previsiones del inciso 3º de la norma en comento, que obliga a diferenciar si al beneficiario le restan diez (10) o menos años para causar su prestación y con ello, acudir a lo allí previsto; o bien, al artículo 21 del mismo cuerpo normativo.

Ciertamente, tal conclusión ha sido reiterada de forma enfática por esta Corporación, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL4384-2019, en la que confirmó lo expuesto en la CSJ SL2510-2017, y se expresó lo siguiente:

Entonces, en lo que corresponde al ingreso base de liquidación, esta Sala, por mayoría, tiene adoctrinado que tratándose de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibídem y, para aquellas que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa.

Lo dicho, por cuanto estoy persuadido que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido lo relativo al IBL. Y cuál es ese IBL de la citada Ley 100 que se debería utilizar?, he aquí el motivo de mi aclaración.

Me explico, la Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición protege solo la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y el monto consagrado en el régimen anterior; asimismo, ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso base que determina la cuantía de la pensión.

En lo que interesa al presente escrito, dispone la norma en comento:

&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

En cuanto a la interpretación y alcance del inciso tercero, es decir, el que define el IBL, aunque ha habido un entendimiento de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, es donde reside el núcleo central de mi aclaración, pues, a mi juicio, esa lectura no es afortunada y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995).

Así las cosas, aceptando el hecho de que el mentado artículo 36 reguló íntegramente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en la Ley 100 de 1993, la consecuencia que se deriva es que habían tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos con el momento de la pensión: i) a quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) a quienes les faltaban menos de diez años; y iii) a quienes teniendo derecho a la transición, les faltaban más de diez años.

Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del precepto legal y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.

A guisa de ejemplo, el Consejo de Estado mediante providencia SPL, 28 ag. 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), llegó a las siguientes conclusiones, que difieren en algunos aspectos con las que tradicionalmente ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte:

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

'El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985'.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen (sic) pensional está previsto en la Ley 91 de 1989[30]. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

La lectura que propongo a la problemática planteada, a mi manera de ver, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone un cambio abrupto de sistema, y que se preserven las condiciones más favorables del régimen anterior, en la medida en que un nuevo sistema pensional se diseña con el propósito de endurecer, de cierta forma, los requisitos de acceso a la prestación.

En suma, el régimen de transición reconoce las condiciones más benéficas del régimen anterior al cual se encontraba afiliado el trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad, pues esa es su razón de ser.

Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, expresó en sentencia C-168-1995 que:

En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (Subrayas propias).

Así pues, la solución que más se aviene con lo hasta ahora dicho, es mi opinión, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron luego de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:

i) para el grupo de los que les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;

ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» está hablando, precisamente, del tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;

iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho.

Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en síntesis, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.

Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general, por lo que, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad que rigen el derecho del trabajo, si a ello hubiere lugar.

En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.

Fecha ut supra.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO EN SENTENCIA DE INSTANCIA

Radicación n.° 45592

REFERENCIA: MARÍA DEYANIRA CASTILLO DE CASTILLO Y OTROS vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en tanto considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.

No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.

Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.

Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.

La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:

Derecho de opción

La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación

La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.

Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:

Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.

Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.

Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.

Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.

En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».

Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.

Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.

Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.

-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.

Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.

Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.

Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.

A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:

Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.

En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.

Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.

Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.

Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.

De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.

La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos

Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).

Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.

No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.

Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.

Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.

Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.

3. Conclusión

A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.

Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

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