Ficha de la providencia
Sentencia SL4384-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4384-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4384-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
8 de octubre de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL4384-2019
Radicación n.° 67715
Acta 035
Bogotá, DC, ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OSCAR ALBERTO MONTOYA RAMÍREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 28 de marzo de 2014, en el proceso que le sigue a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, –EPM- ESP.
ANTECEDENTES
Oscar Alberto Montoya Ramírez demandó a Empresas Públicas de Medellín para que se declarara la nulidad del acta de conciliación suscrita por él con EADE SA, ESP, por vicios del consentimiento y por ausencia de requisitos.
Como consecuencia de la declaración, solicitó el restablecimiento de su contrato de trabajo, reinstalación o reintegro, sin solución de continuidad, al mismo puesto que desempeñaba o a otro similar en EPM, en su calidad de propietaria de todos los bienes y servicios de EADE SA ESP con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y la cancelación de los aportes a la seguridad social.
Fundamentó sus peticiones en que laboró para EADE SA, ESP, en su «STAFF ADMINISTRATIVO», desde el 13 de octubre de 1992 hasta el 25 de julio de 2006 cuando fue desvinculado; que su último salario básico fue de $2.217.693; que en la última fecha mencionada fue citado al Hotel Portón de la ciudad de Medellín donde le informaron que la empresa se liquidaba y debía firmar un acta de conciliación, previamente elaborada, sin darle tiempo de asesorarse, para proceder a firmar contrato con EPM por medio de ETA Servicios, ofreciéndole un aumento en la bonificación que recibiría, de un 10%, pagada de forma inmediata; que le indicaron que, si no firmaba, sería despedido, con menos dinero del ofrecido y pagadero tres meses después.
Agregó que luego de firmar el acta se desplazó, con otros compañeros, a otro hotel de la misma ciudad, donde se iba a firmar el nuevo contrato de trabajo pero que, enseguida, le informaron que no cumplía con el perfil para el cargo; y, que, en EADE existía el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, seccional Antioquia al que pertenecía y que tenían firmada Convención Colectiva con vigencia 2004-2007.
Concluyó entonces que el convenio firmado era nulo porque fue engañado y que, aunque allí estuvo presente un inspector del trabajo, este simplemente fue una figura decorativa.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó la relación laboral para con EADE, sus extremos temporales, el salario devengado y la forma de terminación por medio de un acuerdo con el visto bueno del Ministerio de la Protección Social; los demás, los negó. Aclaró que el señor Montoya nunca fue su trabajador ni le ofreció empleo.
Sobre la vinculación de personal para laborar en las zonas del departamento donde ella iniciaba su cobertura, agregó que la gerencia expidió el Decreto 1622 de abril 30 de 2007 cuya fase de vinculación se presentó los días 26 y 27 de junio de ese año, cuando ya EADE no existía pues había sido liquidada el 25 de los mismo mes y año.
Propuso como excepciones ausencia del derecho sustancial e inexistencia de la obligación, de sustitución patronal, de estabilidad laboral absoluta y de la acción de reintegro, falta de legitimación por pasiva, prescripción, buena fe, pago, imposibilidad de reintegrar al demandante, legalidad de la terminación del contrato de trabajo, cosa juzgada y compensación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Catorce Laboral de Medellín, mediante sentencia del 23 de abril de 2012, además de declarar probada la excepción de compensación y condenar en costas a la accionada, decidió:
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD por error – vicio del consentimiento- del Acta de Conciliación suscrita el 7 de julio de 2006, ante funcionario del entonces Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por medio de la cual, el trabajador demandante y E.A.D.E. E.S.P. S.A. acordaron voluntariamente dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato de trabajo. En consecuencia, SE CONDENA a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. en calidad de garante o deudor solidario de las obligaciones legales originadas en la extinta EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. E.S.P., a REINTEGRAR al señor OSCAR ALBERTO MONTOYA RAMÍREZ, a un cargo de igual o superior jerarquía en el cargo que desempeñaba en el STAFF ADMINISTRATIVO, sin solución de continuidad, desde el día 26 de julio de 2006, con el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejadas de percibir, hasta el día en que se cumpla la obligación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 28 de marzo de 2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la decisión proferida por el a quo y absolvió a EPM de todas las pretensiones.
El Tribunal consideró, como principal problema a resolver, para estudiar los puntos de apelación, determinar si: «[…] partiendo de la figura jurídica “fusión por absorción” declarada por el a quo, existe mérito para declarar la nulidad del acta de conciliación suscrita con la extinta E.A.D.E. S.A. E.S.P.; por haberse presentado el error como vicio del consentimiento […]».
El ad quem extrajo de la discusión: (i) la existencia de la relación laboral con los extremos temporales, el cargo y el salario devengado; (ii) la existencia del acta de conciliación suscrita entre EADE y el actor, con la presencia de un representante del Ministerio de la Protección Social; y, (iii) la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre EADE y Sintraelecol, con vigencia entre agosto 1 de 2004 y diciembre 31 de 2007.
El tribunal, antes de pronunciarse sobre el caso concreto, para tomar su decisión, planteó teóricamente varios temas a saber: la diferencia entre la conciliación y los demás actos jurídicos, la forma de interpretar una conciliación, la figura de la fusión por absorción, la sustitución de patronos, la autonomía de la voluntad y los vicios del consentimiento (error, fuerza y dolo). Se apoyó en los artículos 1508 a 1510, 1513, 1516 y 1618 a 1624 del código civil, 172 del código de comercio, 55 del CST, y en varias decisiones de esta sala y de la de casación civil y de la sección tercera del Consejo de Estado.
Luego se pronunció sobre la liquidación de la Empresa Antioqueña de Energía aprobada en asamblea general realizada el 25 de julio de 2007. Como conclusión del tema dijo:
Lo anterior para significar que el señor juez de conocimiento erró al relacionar la liquidación de EADE con los derechos laborales del trabajador, así como al reprochar que evitó la entidad la figura de la “sustitución patronal” para finalmente inclinarse por la “fusión o absorción societaria”, deducción, conjetura o inferencia, a la que llegó el juzgador con fundamento en que ambas entidades, esto es, EADE y EPM, al dedicarse a idéntica actividad no era dable respecto de esta última: “… crear una sociedad sin provocar la liquidación de EADE SA, ESP, incluida la carga laboral; y seguirla prestando al referido servicio público domiciliario sin solución de continuidad…” .
Para tratar de interpretar ese pequeño galimatías, ha de entenderse que optó el fallador por objetar la liquidación de EADE, para deducir de allí el “error” al que fue inducido el actor, dado que se encontraba bajo el absoluto convencimiento de que sería vinculado inmediatamente a EPM; tesis que apoya, además, en los testimonios traídos al plenario: asunto que si bien será retomado más adelante en cuanto al vicio del consentimiento alegado, no amerita desde este enfoque ahondar en consideraciones adicionales, puesto que se hace evidente la incoherencia de que adolece el argumento propuesto.
En relación con el caso concreto, en lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado antes de analizar el interrogatorio de parte practicado al señor Montoya y los testimonios de Carlos Enrique Macías Morales, Nury Isabel Covaleda Marín y Raúl Alberto Echeverri Delgado, dijo:
[…] encuentra la Sala que el actor, desde la demanda hace su mayor esfuerzo por demostrar que fue víctima de un engaño: “… a aceptar el retiro por el presunto mutuo acuerdo”, exponiendo como razones entre otras, que en el evento de no suscribirlo sería despedido y recibiría un porcentaje menor al que se le reconocería en el acuerdo y cuyo pago se haría tres meses después; circunstancia de la que deriva la presión que alega se ejerció en su contra y por tanto al ver la posibilidad de que la administración le solucionara los problemas económicos, aceptó la propuesta de esta, pero insiste, movido por las presiones que debió soportar.
Sin embargo, en contravía de ese interés en demostrar el actor que a través de actos dolosos fue inducido a error para suscribir la conciliación, milita de folios 91 el Acta de Audiencia de Conciliación, a través de la cual y con la anuencia del Ministerio de la Protección Social, las partes declararon el mutuo acuerdo en la terminación del contrato de trabajo, a cuyo respecto manifiesta el actor, que comparece en forma libre y voluntaria, conviniendo entonces una suma a título de bonificación por concepto de Plan de Retiro Concertado equivalente a $65.848.108,00.
Siendo así y valorado el material probatorio recaudado en el plenario, observa la Sala que los argumentos planteados por el actor no pueden tener acogida, toda vez que para empezar no logró demostrar hasta dónde, su situación psicológica y las que en síntesis estima falsas promesas por parte de EADE o EPM, lograron afectar su capacidad volitiva, circunstancias que además no aparecen acreditadas en el plenario con ningún elemento probatorio, y por tanto no pasan de ser simples afirmaciones, hipótesis con un vasto análisis jurídico, que a la postre quedaron en la más absoluta penumbra.
Finamente, el tribunal, dijo:
En consecuencia, es inaceptable entonces que el posible arrepentimiento que asaltó al demandante, después de firmar el acuerdo conciliatorio, recibir el pago por bonificación y transcurrido un tiempo significativo; pretenda ahora revestirse bajo la figura de “vicio del consentimiento” el cual, para estructurarse desde lo jurídico, debió presentarse, sin lugar a dudas, en el preciso momento en que para efectos de aquel se doblegó su voluntad hasta el punto de ser incapaz de vencerlo (el engaño), esto es, que tal influencia tuvo que ser manifiesta en el mismo instante en que el demandante suscribió el documento que ahora tilda de inválido.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la sala case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo, que acogió las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formuló un cargo que denominó primero, por la causal primera de casación, que mereció réplica.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de haber violado por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 13 al 16, 21, 43, 55, 65, 127, 142, 149 al 151, 153, 198, 253, 467 al 469 del CST; 6 de la Ley 50 de 1990; 6, 9, 16, 17, 25, 27, 633, 641, 768, 1502, 1519, 1524, 1602, 1603, 1619, 1626, 1740, 1741, 1742, 1746 y 2313 del Código Civil; 2 de la Ley 50 de 1936, que subrogó el 1742 del Código Civil; 75 de la Ley 446 de 1998; 1 y demás concordantes del Decreto Reglamentario 1214 de 2000; 13, 25, 53, 58, 83, 228 y 230 de la Constitución Política; 177, 194, 195 y 258 del CPC, 60, 61 y145 del CPTSS.
Enunció, como errores evidentes en que incurrió el tribunal:
1. No haber dado por demostrado a pesar de estarlo, que el actor sufrió el engaño que lo llevó a suscribir el acta de conciliación mediante la cual se daba por terminado (sic) su vinculación laboral, y que este constituye vicio en el consentimiento, por lo tanto, la misma es nula o carente de validez y tiene derecho al restablecimiento de su contrato.
2. Haber dado por demostrado sin estarlo, que al actor no se le hizo incurrir en error que genere la entidad suficiente para la declaratoria de la nulidad del acto de conciliación.
3. No haber dado por demostrado, estándolo, que al actor le asistía el derecho al restablecimiento de su contrato de trabajo y a la consecuente reinstalación en las mismas condiciones de empleo, al ser nula el acta de conciliación que suscribió.
4. Haber dado por demostrado sin estarlo, que al demandante no le asistía el derecho al restablecimiento de su contrato de trabajo y a la consecuente reinstalación en las mismas condiciones de empleo al ser nula el acta de conciliación que suscribió.
5. No haber dado por demostrado estándolo, que el actor fue inducido a firmar el acta de conciliación como única alternativa para seguir laborando en su puesto de trabajo operado por la empresa arrendataria para continuar prestando el servicio de energía.
6. Dar por demostrado sin serlo, que la reclamación tendiente a la nulidad del acta debió presentarse sin lugar a dudas en el preciso momento en que se presentó el engaño para que esta pudiera ser objeto de análisis del vicio en el consentimiento.
7. No haber dado por demostrado, estándolo que la apoderada de la empresa EADE no tenía la facultad para obrar como conciliadora bajo el argumento que este no fue plasmado en la demanda.
8. No haber dado por demostrado estándolo que quien se presentó como representante del empleador con facultades para negociar, no demostró dicha calidad como era su deber. Carecía entonces de capacidad para comprometer a su mandante bajo el argumento de que este no fue planteado en la demanda.
9. No haber dado por demostrado estándolo, que quien dio el poder para conciliar, lo hizo como representante legal, calidad que no tenía cuando se firmó la conciliación, pues para el momento en que se suscribió el acta ya carecía de tal calidad bajo el argumento de que este no fue planteado en la demanda.
10. No haber dado por demostrado estándolo, que para la conciliación no se allegó autorización legal para llevarla a cabo como era la obligación, bajo el argumento de que este no fue planteado en la demanda.
11. Dar por demostrado sin estarlo, que esta acción no se podía invocar en contra de Empresas Públicas de Medellín ESP.
Como causa de estos errores atribuyó la indebida apreciación de los documentos que aparecen a folios 1 al 13 y 16 al 135 del expediente y de los testimonios recibidos oralmente como consta en CD medios que, aseguró, son aptos en casación.
Consideró que esas pruebas daban cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó su desvinculación; y destacó, del contenido de la citación que le hicieron: «[…] ante la necesidad de unificar tarifas de energía en el Departamento de Antioquia […] la empresa ha decidido convocar a todos sus trabajadores para presentarles una propuesta de posible terminación del contrato de trabajo».
Luego dijo que, a través de la red interna, el señor César Alberto Tobón Giraldo, quien primero era gerente de la empresa, obrando como liquidador, envió un correo a las 9:55 a.m. y a las 10:40 a.m. otro, por medio del cual corrigió el primero, en lo relacionado con el contrato de arrendamiento que se celebraría, para continuar con la prestación del servicio de energía que solo fue suscrito el 1 de agosto 2006, a pesar que la empresa arrendadora ya se encontraba prestando el servicio de energía, por lo que evidentemente era una decisión ya tomada.
Agregó que el motivo aducido para la citación en mención, fue la necesidad de unificar tarifas pero que ello no era cierto, para lo cual dijo que, las diferentes copias de las facturas de energía, aportadas al proceso, demostraban que el monto cobrado por el servicio, en vez de disminuir aumentó; que la asamblea extraordinaria de socios resolvió disolver la empresa y proponer un plan de retiro a los trabajadores; que el día de la reunión, él y sus demás compañeros fueron sorprendidos con la noticia de que la empresa había sido liquidada unos minutos antes y que debían pasar de forma individual a un cubículo, en donde se encontraban funcionarios asignados por la empresa, para firmar la liquidación que se les presentaba.
Expuso también que le insistieron en que debía firmar, si quería seguir laborando en la empresa encargada de continuar la prestación del servicio de energía y luego ser vinculada a Empresas Públicas de Medellín ESP; que adicionalmente le ofrecieron un 10% más sobre la indemnización contemplada en la convención, que sería pagada esa misma semana, pues, de lo contrario, sería despedido y la indemnización consignada en tres meses, sin la referida bonificación; que adicionalmente, no le fue permitido salir del recinto hasta no firmar la conciliación o recibir la carta de despido, lo que, se corrobora con los deponentes en las grabaciones de los testimonios; y que, no podía hacer anotación alguna sobre lo acordado.
Alegó que todo estaba tan preparado por la empresa que, en el mismo sitio, pero en un área diferente, estaba organizada «Vinculamos», que servía como empresa de servicios temporales, encargada de contratar a los trabajadores que continuarían al servicio de la ETA Servicios, lo que además constituía una indebida utilización de su objeto y de las normas que la regulaban.
Indicó que después de haber llenado la solicitud pertinente, la cual solo era un simple requisito, los supuestos representantes de la empresa le comunicaron que no cumplía el perfil y, por tanto, no sería contratado, a pesar de haber firmado el acuerdo solo con la condición de volver a ser vinculado con quien continuaría prestando el servicio de energía; que ese proceder llevado a cabo a espaldas suyas y de los demás trabajadores, fue el que sirvió para hacerle creer que seguiría laborando, siempre y cuando firmase el acta, lo que lo indujo engañosamente a firmar el acuerdo conciliatorio, pues era conocedor de que en la empresa existía la estabilidad absoluta y que si era despedido sin justa causa, sería reintegrado.
Se planteó la siguiente pregunta: ¿Es posible creer que todo este trámite (700 trabajadores en distintos lugares del departamento) se podía haber efectuado en apenas unas horas? Y se respondió que no. Aduciendo que EPM fue quien, como accionista mayoritario impuso la liquidación de la empresa con un argumento falso como era el de la unificación de las tarifas, pero tenía todo preparado aprovechando para ello que el 20 de julio era un festivo pues su finalidad siempre fue la de cerrar la empresa, todo a espaldas de los trabajadores.
Continuó indicando que el tribunal al reconocerle eficacia al acta de conciliación, olvidó que, de acuerdo con el artículo 1502 del Código Civil, para que una persona se obligue, es necesario que consienta en dicho acto y que su consentimiento no presente vicio; que el artículo 55 del CST estipula que el contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe, lo que, según su sentir, no ocurrió en este caso.
También manifestó que quedó establecido que quien fungió como representante del empleador con facultades para negociar no probó tenerlas porque carecía de capacidad para comprometer a su mandante. Al respecto agregó:
Es más, quien dio (sic) el poder para conciliar, lo hizo como represente legal, calidad que no tenía cuando se firmó la conciliación, pues para el momento en que se suscribió el acta ya carecía de tal calidad, dado que la empresa estaba en disolución y quien actuaba como tal lo hacía como liquidador, mas no como gerente representante legal, calidad en la que aparecía dando poder.
Por otra parte, señaló que EPM ESP, fue llamada al proceso en su calidad de adquiriente o propietaria de los bienes y servicios de EADE SA, ESP, por ser su mayor accionista, incluso mucho antes de su disolución y liquidación. Por lo que, sostuvo, EPM ESP, siempre fue el verdadero prestador del servicio de energía, además de ser la que en el trasfondo tomaba las decisiones de tipo financiero, comercial, administrativo y técnico, y aunque, para el momento en que se dio la desvinculación, EADE SA ESP aún no se encontraba liquidada, el 25 de junio de 2006 se generó la sustitución patronal a cargo de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., al existir unidad de objeto entre las dos empresas; el control por parte de EPM ESP de la operación y explotación de los negocios del empleador, al poseer la mayoría accionaria; la continuidad de los contratos laborales de los trabajadores vinculados a EADE S.A. E.S.P después de materializado el control, sin solución de continuidad; de modo que era procedente el reintegro a su puesto de trabajo.
RÉPLICA
Sostuvo que el colegiado, para tomar la decisión de revocar la sentencia inicial, tras valorar toda la prueba aportada, consideró que no había sido probado el supuesto error en que incurrió el recurrente para suscribir la conciliación, sino que, por el contrario, encontró probado que las partes terminaron la relación laboral, con la anuencia del Ministerio de la Protección Social, de mutuo acuerdo y de forma libre y voluntaria.
Agregó que la prueba hábil acusada en el recurso no derruye la decisión atacada y por consiguiente, no puede casarse la sentencia.
CONSIDERACIONES
El tribunal para tomar su decisión se basó en que no había sido probado el error en el vicio del consentimiento del trabajador cuando acordó la terminación de la relación laboral con su empleador, ante un representante del Ministerio de la Protección Social, hoy del Trabajo, y por ello, no podía declarar la nulidad del acta en que se plasmó el acuerdo.
Para la sala están por fuera de la discusión: (i) que entre EADE SA, ESP y Oscar Alberto Montoya Ramírez, existió un contrato de trabajo cuyos extremos temporales fueron el 13 de octubre de 1992 y el 25 de julio de 2006, en el cual el trabajador se desempeñó en varios cargos, el último de los cuales, fue de «STAFF ADMINISTRATIVO», y cuyo salario final fue de$2.217.693; y, (ii) que para terminar esa relación las partes firmaron un acta de conciliación el 25 de julio de 2006.
Por su parte, el recurrente trata de desvirtuar la decisión del tribunal enrostrándole que incurrió en 11 errores de hecho dirigidos, básicamente, a demostrar que el señor Montoya fue inducido a error y por ello firmó el acta mencionada.
Considera la corte que no es necesario adentrarse en el estudio de las fallas técnicas en que incurrió el recurrente en lo que más parece un alegato propio de las instancias, desprovisto de los elementos necesarios, propios de la vía indirecta, que debe contener el recurso de casación, puesto que el tema ya ha sido resuelto.
En efecto, en un caso de idénticos contornos al que estudia la sala, en que fue demandada la misma sociedad, por razones similares, con base en hechos y en pruebas del mismo tenor, que terminó con la sentencia CSJ SL3466-2018, replicada en la CSJ SL3387-2019, para negar la casación, dijo la corte:
La accionante fue citada el 24 de julio de 2006, por EADE S.A. E.S.P., a una reunión en las instalaciones del hotel El Portón en Medellín el día 25 de julio de 2006, para «presentarles (sic) una propuesta de posible terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo», en donde se requirió la mayor puntualidad, pues era necesario tener el tiempo suficiente para estudiar el tema que les sería propuesto y tomar una decisión de manera «libre y sin presión alguna que considerara más conveniente» (fl. 221); que el día 25 de julio de 2006 la Asamblea General de Accionistas aprobó un plan de retiro concertado, para finalizar los contratos de trabajo por mutuo consenso «mediante el ofrecimiento de una bonificación económica» (fl.37 y 42); que las partes llevaron a cabo conciliación ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social Jorge Londoño Giraldo, el día 25 de julio de 2006, en la ciudad de Medellín (fl. 42 a 44), en donde las partes manifestaron expresamente: que comparecían a dicha audiencia pública de forma libre y voluntaria; que el inspector las ilustró sobre la naturaleza de la audiencia de conciliación; que la demandante se acogía al plan de retiro voluntario propuesto por la Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. y recibía una bonificación económica por concepto de plan de retiro concertado equivalente a $26.153.462; que de mutuo acuerdo daban por terminado el contrato de trabajo a partir de la fecha del acta; que como consecuencia del acuerdo conciliatorio y al recibir las sumas de dinero establecidas, la actora declaraba a EADE S.A. E.S.P. a paz y salvo por todo concepto que pudiera derivarse del contrato de trabajo, que se terminaba por mutuo acuerdo entre las partes, y por lo tanto renunciaba expresa y categóricamente a cualquier eventual reclamación relacionada con derechos inciertos y discutibles derivados de la terminación.
No se encuentra, en parte alguna del acervo probatorio denunciado, ofrecimiento o compromiso referido a que la demandante continuaría vinculada laboralmente con EPM E.S.P., tampoco manifestación acerca de no haber revisado o discutido el acuerdo, ni de la imposibilidad de asesorarse en relación con la propuesta, razón por la que, al proponerle la terminación del contrato por mutuo acuerdo, no aparece que se le haya inducido a error o engaño, y en consecuencia, no es dable pregonar un vicio del consentimiento en la suscripción de la referida acta de conciliación, cuando quien acude, lo hace, sin dar muestra de la más mínima inconformidad, al momento de firmar el acuerdo.
Para ratificar lo dicho, resulta pertinente resaltar que la actora, en el acta de conciliación, manifestó expresamente, después de concretar el monto de la bonificación económica a recibir por concepto del Plan de Retiro Concertado, que «Como la presente conciliación no vulnera los derechos ciertos e indiscutibles de EL (LA) TRABAJADOR (A), se solicita al (la) Señor (a) Inspector (a) de Trabajo imparta su aprobación y declare que ella hace tránsito a cosa juzgada», lo cual fortalece aún más la total ausencia de alguna circunstancia que permitía colegir la supuesta presión o engaño alegado en la demanda para reclamar la nulidad del acuerdo conciliatorio firmado. En realidad, lo que está plasmado en diferentes momentos es la satisfacción de la demandante frente al acuerdo logrado y la expresión plena de su voluntad, lo cual corrobora la ausencia de alguna circunstancia que permitiera colegir que su consentimiento fue constreñido con el propósito de suscribir el acta de conciliación.
En ese orden, no puede predicarse la comisión de un error fáctico manifiesto, si se tiene en cuenta, que la recurrente desde el día anterior, cuando fue citada a la reunión (fl. 221), fue advertida del objeto de la misma, que no era otro que presentarles una propuesta de posible terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, ante la necesidad de implementar acciones que permitieran la unificación de tarifas de energía, en el Departamento de Antioquia, en donde se le solicitó puntualidad, con el fin de que pudiera estudiar la propuesta y tomar la decisión que bien tuviera de manera libre y sin presiones.
De otro lado, el que los accionantes no hayan participado en la elaboración o redacción de los documentos, no le resta validez a lo acordado, toda vez que lo esencial del acto conciliatorio, es que exista una expresión libre de apremio en la aceptación de su contenido y no vulnere derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.
Al respecto, esta Corporación en providencia SL 24042, 7 abr. 2005, reiterada en SL 38582, 8 may. 2013, adoctrinó:
Aunado a lo anterior, la circunstancia de que la empleadora hubiese elaborado y llevado al Juzgado las actas de conciliación en las que se consignaron los asuntos convenidos por las partes, no es actuación que implique la ineficacia de lo aprobado en la diligencia con intervención de funcionario competente que le impartió su aprobación. Y el hecho de que los acuerdos conciliatorios se plasmaran en un documento previamente impreso no afecta su validez ni constituye prueba de la existencia de un vicio en el consentimiento de las partes, en cuanto en él conste de manera inequívoca la expresión de voluntad de asentimiento del trabajador, la que, en este caso, debe suponerse con la imposición de su firma.
Ahora bien, en lo que corresponde a la convención colectiva de trabajo (fl.57 a 103), la convocatoria a Asamblea General de Accionistas de la Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. (fl. 31), el comunicado sobre la decisión de los accionistas de disolver la sociedad EADE S.A. E.S.P. (fl.41), el contrato de conmutación pensional firmado entre EADE S.A. E.S.P. y EPM E.S.P. (fls. 104 a 107) y el acta 44 de la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, llevada a cabo el 27 de julio de 2007, en sana lógica, debe afirmarse, que ninguno de sus contenidos tendría la posibilidad de acreditar que la actora actuó en la diligencia de conciliación bajo presión o apremio que viciara su consentimiento.
En consecuencia, por no haberse acreditado por el recurrente con algún medio de prueba calificado en casación, que el juez de la alzada incurrió en alguno de los errores de hecho que le atribuye el cargo, no es dable a la Corte adentrarse en el estudio de los testimonios, en concordancia con lo señalado por el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.
En cuanto al cuestionamiento que hace la recurrente, referido a que quien acudió a la audiencia de conciliación, como representante del empleador con facultades para negociar, nunca lo demostró y que quién le entregó el poder para conciliar para el momento de la audiencia ya no era representante legal de EADE S.A. E.S.P., el cual consideró el Tribunal, no fue enlistado oportunamente, observa la Sala que de la misma acta de conciliación se puede constatar que la autoridad ante quien se celebró el acuerdo, verificó que ante él comparecieron tanto la demandante como la apoderada especial de EADE S.A. E.S.P. «con facultad expresa para conciliar, conforme se indica en el poder que se anexa, el cual fue conferido por el representante legal, conforme se acredita con el certificado de existencia y representación legal que se anexa», además, el citado convenio registra la firma de cada uno de los sujetos presentes en la reunión, lo que conlleva la aceptación de lo acordado, razón ésta por la que tampoco es pertinente declarar la nulidad de la conciliación.
En vista de que no se han presentado argumentos diferentes a los expuestos para tratar de derruir las decisiones del tribunal en los casos que se acaban de traer, la sala considera innecesario hacer pronunciamientos diferentes y por tanto, se remite a ellos para resolver.
En consecuencia, el cargo no prospera.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014) por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por OSCAR ALBERTO MONTOYA RAMÍREZ contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN –EPM- ESP.
Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL4384-2019
Radicación n.° 67715
Acta 035
Si bien es cierto que en la sesión en la que fue objeto de debate la sentencia de la referencia manifesté que aclaraba el voto, después de una nueva revisión del asunto, me encuentro conforme con todo lo indicado en dicho proveído, por ende, no habrá tal aclaración.
Fecha ut supra,
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado
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