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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1065-2023

Convención colectiva

Fecha
8 de marzo de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1065-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿El reajuste convencional del 15 % previsto por remisión a la Ley 4.ª de 1976 se causa cuando la mesada queda por debajo de cinco salarios mínimos, aunque superara ese tope al reconocerse?

  2. ¿El límite de cinco salarios mínimos se verifica sobre la mesada total cuando existe compartibilidad pensional?

Reglas

  1. La convención que incorpora los derechos de la Ley 4.ª de 1976 mantiene el reajuste anual mínimo del 15 % como beneficio convencional, aunque la norma legal haya sido derogada.

    «se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional»
  2. El reajuste convencional mínimo del 15 % procede únicamente mientras el monto de la pensión no supere cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

    «el beneficio de los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% es para las pensiones cuyo monto no sobrepase ese límite»
  3. En pensiones compartidas, el límite de cinco salarios mínimos para el reajuste se contrasta con el monto total de la mesada, no solo con el mayor valor pagado por el empleador.

    «debe revisarse en relación con el monto total de la mesada pensional y no con el mayor valor cancelado por la empresa»
  4. Si la mesada inicialmente excede el límite convencional, el pensionado tiene derecho al reajuste del 15 % durante los periodos en que no lo supere; al excederlo, se aplica el IPC.

    «el pensionado tiene derecho al reajuste de su pensión de jubilación, por el tiempo en que su mesada no sea mayor a los 5 SMLMV»
  5. La vía indirecta permite cuestionar la interpretación de una convención colectiva porque esta tiene simultáneamente contenido probatorio y fuente jurídica.

    «los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente jurídica a la vez»

Decisión

No casó la sentencia que absolvió a la entidad demandada del reajuste reclamado. Impuso costas del recurso extraordinario a los recurrentes.

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 20 de noviembre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral seguido por NOHEMY VICTORIA GUERRERO MANOTAS y FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES, contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN, hoy FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (FONECA) cuya vocera y administradora es FIDUPREVISORA S.A. Costas como se dijo.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1065-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

8 de marzo de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1065-2023

Radicación n.° 92414

Acta 8

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por NOHEMY VICTORIA GUERRERO MANOTAS y FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 20 de noviembre de 2020, en el proceso que instauraron en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN, hoy FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. -FONECA- cuya vocera y administradora es FIDUPREVISORA S.A.

AUTO

Téngase al doctor Germán Gonzalo Valdés Sánchez identificado con la C.C. No. 17175436 y tarjeta profesional. No. 11147 del C.S. de la J., como apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A. que actúa como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Pasivo pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. FONECA en los términos del poder concedido visible en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Los actores llamaron a juicio a Electricaribe S.A., E.S.P., con el fin de que previas las declaraciones de rigor la entidad encartada fuera condenada a reconocer, liquidar y cancelar el reajuste anual de las pensiones de jubilación convencional de los demandantes, bajo lo previsto en la Ley 4ª de 1976, artículo 1º, parágrafo 3º; incremento que debía ser aplicado en cuantía de un 15%, a partir del 1° de enero de 2014 para la señora Nohemy Victoria Guerrero Manotas y desde el 1° de enero de 2015 al señor Franklin José Sandoval Torres, mientras las mesadas a cargo de la empresa accionada sean iguales o inferiores a 5 SMLMV conforme a la convención colectiva de trabajo; al pago de las diferencias surgidas en las mesadas pensionales, junto con los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente para cada periodo, «en su calidad de intereses civiles y a título resarcitorio por la mora en el pago de las sumas adeudadas como capital constituido». A su vez solicitó la indexación y las costas.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que: laboraron para la empresa Electrificadora del Atlántico, sustituida por Electricaribe S.A. E.S.P.; fueron incluidos el 16 de noviembre de 1998 dentro del convenio de sustitución patronal celebrado por las citadas entidades; a la señora Nohemy Guerrero se le concedió pensión de jubilación convencional, a partir del 29 de noviembre de 2.001 y a Franklin Sandoval desde el 1° de enero de 1.999; eran beneficiarios de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Sintraelecol y la encartada, en especial de la C.C.T. vigente para el periodo 1983-1985, que estableció la aplicación de todos los beneficios contenidos en la Ley 4ª de 1976, sin consideración a su vigencia; instrumento ratificado en la compilación de los convenios colectivos 1998-1999.

Agregaron que: mientras se encontraran disfrutando sus pensiones de jubilación convencional, la empresa debía incrementar sus respectivas mesadas en un 15% conforme a la Ley 4ª de 1976, siempre y cuando la mesada pensional fuera igual o inferior a 5 SMLMV; disposiciones convencionales que no habían sido derogadas ni modificadas dada su vigencia intemporal; el reajuste convencional aplicaba única y exclusivamente sobre la mesada a cargo de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P.; Colpensiones otorgó pensión de vejez legal a cada uno de los demandantes; elevaron reclamación ante la demandada la señora Nohemy Guerrero Manotas los días 31 de mayo de 2017 y 2 de noviembre de 2018 y el señor Franklin José Sandoval Torres el 21 de junio de 2017, respectivamente, con el fin de que se les aplicara el reajuste sobre sus pensiones convencionales, la que fue negada.

Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, expresó que unos eran ciertos, otros no lo eran o que no le constaban, e indicó que, si bien era cierto que la señora Nohemy Guerrero gozaba de una pensión de jubilación convencional, también lo era que desde que le fue concedida sobrepasaba la cuantía de 5 S.M.L.M.V., por ello, no cumplió con los presupuestos del reajuste previsto en la Ley 4ª de 1976, aplicable por vía convencional. Del señor Franklin Sandoval, informó que la prestación tuvo génesis en el acta de conciliación 5350 del 31 de diciembre de 1998 por la que se le reconoció una pensión voluntaria y no en aplicación de la norma convencional, por lo que se debía estar a lo contemplado en el documento anotado y, en todo caso, que los actores no tenían derecho al reajuste pretendido por cuanto sus mesadas pensionales siempre habían sido superiores a 5 S.M.L.M.V.

En su defensa propuso las excepciones de prescripción inexistencia de la obligación, carencia de acción, pago, buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2019, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que los demandantes NOHEMY VICTORIA GUERRERO MANOTAS identificado con CC 22.430.025 y FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES con CC 7.473.613, tienen derecho al reajuste del 15% conforme el parágrafo 3° del art. 1° de la ley 411 de 1.976, en aplicación de las Convenciones Colectivas de Trabajo 1.983- 1.985, 1.998 - 1.999, siempre que el mayor valor de la pensión de jubilación compartida la que paga ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. sea inferior a 5 SMLMV. Derecho que se concretó para NOHEMY VICI'ORIA GUERRERO MANOTAS, a partir del 1° de enero de 2.014 y para FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES, a partir de enero de 2.015.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción, respecto de la codemandante NOHEMY VICTORIA GUERRERO MANOTAS frente a los retroactivos de las diferencias pensionales causadas con anterioridad, inclusive, a la mesada de abril de 2.014.

TERCERO: CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar a la demandante NOHEMY VICTORIA GUERRERO MANOTAS la suma de $1.877.180 por concepto de retroactivo de diferencias pensionales desde mayo de 2.014 a noviembre de 2.019. A partir de diciembre de 2.019 la diferencia pensional mensual asciende a la suma de $42.874, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y, los incrementos que anualmente decrete el Gobierno Nacional y mientras el mayor valor a cargo del empleador sea inferior a 5 veces el SMLMV.

PARÁGRAFO: ORDENAR descontar del retroactivo anterior, los correspondientes aportes a salud.

CUARTO: CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar al demandante FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES la suma de $1.665.323 por concepto de retroactivo de diferencias pensionales desde enero de 2.015 a noviembre de 2.019. A partir de diciembre de 2.019 la diferencia pensional mensual asciende a la suma de $40.621, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y, los incrementos que anualmente decrete el Gobierno Nacional y mientras el mayor valor a cargo del empleador sea inferior a 5 SMLMV.

PARÁGRAFO: ORDENAR descontar del retroactivo anterior, los correspondientes aportes a salud.

QUINTO: CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer los retroactivos antes señalados, debidamente indexados.

SEXTO COSTAS a cargo de la demandada.

SEPTIMO: ABSOLVER a fa demandada de las demás pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de sentencia del 20 de noviembre de 2020, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, revocó la de primer grado y, en su lugar, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación postulada por la entidad demandada al replicar el libelo.

SEGUNDO: ABSOLVER a la entidad accionada de las reclamaciones dirigidas en su contra por los demandantes NOHEMY VICTORIA GUERRERO MANOTAS y FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES.

TERCERO: Las costas de la primera instancia corren a cargo de la parte vencida -extremo demandante- y en pro de la entidad demandada. Tásese su valor en su oportunidad por el aquo.

CUARTO: Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante por resultar vencida, tásense por secretaria.

Dejó por sentado que en la segunda instancia no era objeto de discusión que los accionantes eran pensionados a cargo de la empresa accionada; su condición de beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo 1983 -1985 suscrita entre la entonces Electrificadora del Atlántico hoy Electricaribe S.A. E.S.P.- y su sindicato de trabajadores, que contemplaba que se continuarían reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, sin consideración a su vigencia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, memoró que conforme a la jurisprudencia de esta Sala el reajuste del 15% contemplado en la Ley 4ª de 1976 era un verdadero beneficio, con categoría de derecho subjetivo de los pensionados de Electranta, que actualmente se encontraban a cargo de Electricaribe S.A. E.S.P., de conformidad con la cláusula 2, parágrafo 1 de la convención colectiva de trabajo, en la que uno de los derechos consagrados, puntualmente en el parágrafo 3 del su artículo 1, el cual contemplaba que, para ser acreedor del reajuste del 15% se requería que la mesada del jubilado no superara el tope de 5 SMLMV. Se soportó en providencias de esta Corporación.

En el caso bajo estudio encontró en las certificaciones emanadas de Electricaribe S.A. E.S.P., que la señora Nohemy Victoria Guerrero Manotas estaba pensionada desde el 29 de noviembre de 2001, con una mesada equivalente a $2.686.842; al señor Franklin José Sandoval, vía conciliación, se le otorgó una pensión de jubilación voluntaria, a partir del 1 de enero de 1999, en cuantía inicial de $1.514.031,32. (f°. 224, 216 y 217). Conforme con ello, resultó diáfano que para el momento de estructuración del derecho pensional de los accionantes no cumplían con las condiciones del precepto extralegal en estudio, por lo que, sin dudarlo, no resultaban merecedores de la prerrogativa extralegal.

Agregó que,

en efecto, en el año de reconocimiento de la pensión de la señora NOHEMY GUERRERO, esto es, 2.001, cinco (5) SMLMV ascendían a $1.430.0003 y se tiene que la pensión de jubilación de la accionante cifraba el monto de $2.686.842, es decir, sobrepasaba considerablemente la mentada cuantía. Igualmente, en lo que atañe al actor FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES, tenemos que, en el año de reconocimiento de su pensión, esto es, 1.999, cinco (5) SMLMV ascendían a 1.182.3004 y, se tiene que su mesada pensional equivalía a $1.514.031,32, es decir, la prestación superaba la referida cantidad.

Finalmente, refuerza su entendimiento con sentencias emitidas por esta sala «en donde se deja entrever que, para tener derecho al reajuste convencional en ciernes, resulta menester que el valor de la pensión al momento de su reconocimiento o disfrute no exceda los 5 SMLMV».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuestos por los accionantes; concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia:

[…] modifique parcialmente la sentencia de primer grado, hola objeto de que liquide en debida forma las condenas impuestas por el juzgado quinto laboral del circuito de Barranquilla en lo que respecta a los reajustes de las mesadas pensionales a cargo de la demandada.

Con tal propósito formulan dos cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por el FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (FONECA); los cuales, aun cuando se plantean por vías de ataque diferente, se resolverán en forma conjunta por ser complementarios y pretender la misma finalidad.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la violación sustancial de la ley por la vía indirecta en la modalidad de interpretación errónea de la convención colectiva de trabajo 1983-1985; hoy la compilación de convenios colectivos 1998-1999; los derechos consagrados en la Ley 4a de 1976 en favor de los pensionados, por cuanto ello conllevó a la aplicación indebida del parágrafo 3° del artículo 1° de tal disposición; de los artículos 1, 14, 19, 21, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política; 1500 1502 1510 y 1511 del Código Civil.

Como errores de hecho identifican:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que los demandantes no tienen derecho a los reajustes invocados sobre las mesadas pensionales a cargo de la demandada, por cuanto al momento de la estructuración del derecho pensional, no cumplían con las condiciones previstas en el precepto extralegal objeto de estudio.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que los demandantes no son acreedores de la prerrogativa que deprecan en cuanto el monto de sus gracias pensionales para cuando les fueron concedidas superaban con creces los 5 SMLMV.

3. No dar por probado estándolo, que los demandantes son beneficiarios de todos los derechos contemplados en la Ley 4°de 1976 sin consideración a su vigencia, por haberlo pactado así convencionalmente las partes.

Los errores son consecuencia de haber apreciado e interpretado erróneamente la convención colectiva 1983-1985 y la compilación de convenios colectivos 1998-1999.

Para demostrar el desaguisado acuden al parágrafo 3º, del artículo 1º, de la Ley 4ª de 1976, que ordena:

Parágrafo 3°. - En ningún caso el reajuste de que trata este Artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto."

(Negrillas y subrayas fuera de texto).-

Para los mismos efectos que la norma convencional invocada ordena en el parágrafo 1 º, del artículo 2º de la convención colectiva 1.983-1.985 y el parágrafo 3º, del artículo 106 de la compilación de convenios colectivos 1.998-1.999 lo siguiente:

Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P., o qué se pensionen en el futuro se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia. (Negrillas y subrayas fuera de texto).-

Una vez citadas las normas que regulan el caso en la demostración expresan que el colegiado «mal pudo entender que el reajuste solo se aplica por una vez o cuando se llega al establecido».

Indica la censura que no importa que con la aplicación del reajuste del 15% se exceda de ese tope de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes pues a partir de dicha reliquidación y cuando la mesada sea superior a dicho monto, se reajustará la pensión con base en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

En esencia, los recurrentes entienden que la regla dispuesta contempla que, si la mesada pensional reajustada resulta inferior o igual al tope de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendría que volverse a reajustar en un 15%, no por capricho de los accionantes sino porque así lo ordena la norma extralegal que les aplica, la cual no es ambigua ni obscura para la interpretación.

Afirman que se equivoca el colegiado en la interpretación por cuanto con el marco extralegal regulador del aspecto en litigio, a todos los pensionados se les seguirán reconociendo los derechos de la Ley 4a. de 1976 y, para la prerrogativa del reajuste del 15%, solo se requiere ser pensionado, de allí el error al considerar que no se cumplían los requisitos, basado en el tope cuantitativo de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la única condición es la referida a ser pensionado, sin que pueda inferirse de la norma alguna adicional.

En su entender, todos los derechos de la Ley 4a. de 1976 entraron en el patrimonio de los accionantes como derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, por ello, el ajuste no puede ser aplicado por una sola vez sino cada vez que la mesada a cargo de la empresa sea inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionan a su argumento que el fallador de segunda instancia dejó de lado el artículo 53 de la Constitución Política, al darle un alcance en contra de los trabajadores- pensionados que, además, vulnera el artículo 19 del CST, debieron interpretar la norma de la manera más favorable a los accionantes o, por lo menos, en el mismo sentido que se ha venido aplicando a los demás pensionados, para lo que refiere las sentencias citadas en el plenario.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusan la violación sustancial de la ley por la vía indirecta por la apreciación errónea de los certificados de mesadas de los demandantes, la convención colectiva de trabajo 1983-1985; la compilación de convenios colectivos 1998 1999; los derechos consagrados en la Ley 4a de 1976 en favor de los pensionados por cuanto ello condujo a la aplicación indebida del parágrafo 3° del artículo 1° de la misma disposición; de los artículos 1, 14, 19, 21, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política; 1500 1502 1510 y 1511 del Código Civil.

Como errores de hecho identifican:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que los demandantes no tienen derecho a los reajustes invocados sobre las mesadas pensionales a cargo de la demandada, por cuanto al momento de la estructuración del derecho pensional, no cumplían con las condiciones previstas en el precepto extralegal objeto de estudio.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que los demandantes no o son acreedores de la prerrogativa que deprecan en cuanto el monto de sus gracias pensionales para cuando les fueron concedidas superaban con creces los 5 SMLMV.

3. No dar por probado estándolo, que los demandantes son beneficiarios de todos los derechos contemplados en la Ley 4°de 1976 sin consideración a su vigencia, por haberlo pactado así convencionalmente las partes.

4. No dar por probado estándolo, que los demandantes tienen derecho a los reajustes contemplados en la Ley 4°de 1976 a partir de la compartibilidad pensional, en cuanto a la mesada pensional a cargo de la empresa es inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Estima que los errores son consecuencia de la falta de apreciación del certificado de mesadas pensionales de Nohemy Victoria Guerrero Manotas, del certificado de mesadas pensionales de Franklin José Sandoval Torres; la convención colectiva 1983-1985 y la compilación de convenios colectivos 1998-1999.

Para sustentar la acusación acuden a la misma argumentación del primer cargo y agregan que el yerro está en dejar de apreciar la certificación del pago de mesadas de la señora Nohemy Victoria Guerrero Manotas (f°. 36), pues de haber observado que devengó una mesada pensional a cargo de la empresa inferior a 5 salarios mínimos legales a partir del mes de julio de 2013 y respecto del señor Franklin José Sandoval Torres la certificación a folio 57, a partir del mes de abril de 2014, la decisión hubiera sido otra.

Insisten en que el fallador, pudo entender mal que el reajuste solo se aplica por una vez cuando se llega al tope establecido, sin verificar que las mesadas futuras a cargo de la empresa eran iguales o inferiores a 5 SMLMV.

Reiteran que no puede haber un cambio de postura en desmedro de sus derechos pensionales pues ello vulnera los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política, por lo que solicitan que se decida en el mismo sentido como esta Sala lo ha aplicado a otros demandantes.

Añaden que:

La sala de casación laboral traía impuesta una postura de interpretación hoy más favorable al trabajador y ajustada a derecho, en cuanto ordenaba la aplicación de la norma convencional sobre las mesadas a cargo de la empresa tal y como se resolvió en las sentencias 39783 y 57039 proferidas por esta Honorable corporación, que dieron soporte a muchas sentencias por ser esta la interpretación más favorable al trabajador conforme lo ordena el artículo 19 del código sustantivo de trabajo y el artículo 53 de la Constitución nacional.

Refieren que debe darse aplicación a la norma convencional en su integridad, pues es claro su texto en que se seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4a. de 1976 sin consideración a su vigencia, lo que implica no solo los incrementos, sino todos los derechos que esta comporta.

VIII. RÉPLICA

Manifiesta que la sentencia acusada se encuentra ajustada a la ley y es concordante con las pruebas y los hechos que aparecen establecidos en el expediente, por lo que se opone a la prosperidad de este.

Primeramente, indica que en el recurso se incurre en imprecisión, puesto que la competencia de esta Corporación no es que revoque la sentencia cuestionada, sino que sea casada; así mismo, en sede de instancia, la expresión «liquide en debida forma» resulta muy amplia y no se precisa en concreto a lo que se aspira.

En relación con el primero de los cargos, presenta reparos técnicos, dada la vía indirecta seleccionada y plantear un desarrollo jurídico ajeno a tal modalidad; considera que no parece acertado encauzar la acusación bajo la modalidad de interpretación errónea de cláusulas convencionales, cuando lo denunciado es la errada interpretación del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, la vía escogida se encuentra equivocada, pues tal planteamiento no puede ser estudiado en el marco de un cargo fáctico.

Adiciona que en la segunda parte se extiende el ataque a las cláusulas convencionales, no obstante, no identificó cuál es la distorsión que consideran los recurrentes que el colegiado introdujo a dichas normas, por lo que la acusación es inocua.

En cuanto al fondo del ataque, indica que la sala sentenciadora se soportó para su decisión en la lectura dada por esta Corte a los textos convencionales, siendo razonable por lo que no existe ningún error evidente; referente a la cuantía para determinar si supera o no el monto de los 5 SMLMV es un argumento jurídico ajeno a la vía del ataque, de suerte que, en realidad, corresponde más a un alegato de instancia.

Por todas las razones afirma que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

Frente al segundo embate, afirma que se replican las mismas deficiencias en la técnica que las expuestas en el primer cargo y que si bien enlista un cuarto error la argumentación es de tipo jurídica y también la considera una alegación de instancia, pues no indica cuál es la distorsión que el colegiado introdujo a las pruebas, es decir, sin confrontar la sentencia.

Añade que el cuestionamiento de que la sala sentenciadora no apreció las constancias de los pagos de las mesadas a los demandantes desde los años 2013 y 2014, porque de haberlo hecho, hubiera reconocido el ajuste pensional en el 15%, considera que es inabordable, pues debe derruir el pilar básico del fallo como es que el límite solo se constata en la configuración del derecho; ello por cuanto no tenían las condiciones para acceder al beneficio, esto es, para ellos nació la pensión sin acceso a tal posibilidad.

Finalmente, con relación a si debe tomarse todo el valor de la pensión compartida o solo la cuota a cargo del empleador, es un aspecto jurídico que no puede abordarse dada la vía del ataque y, en todo caso, la Corte ya definió «en el sentido de señalar que para tal evento se toma el valor total de la pensión y no solamente, como lo sugiere el cargo, la parte que queda a cargo del empleador luego de operar la compartibilidad».

IX. CONSIDERACIONES

Como lo puso de presente la opositora, la impropiedad en el alcance de la impugnación puede ser entendido bajo la premisa de que se case la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, se modifique la de primer grado en la liquidación de los incrementos conforme con las pretensiones, esto es, aplicar el 15% cuando la mesada pensional sea inferior a 5 SMLMV. De los demás reparos de técnica habrá de decirse que no se encuentran llamados a prosperar, por cuanto en la línea de pensamiento de esta Corporación, ha examinado las convenciones colectivas de trabajo, dado su contenido probatorio, bajo el amparo de la causal primera de casación. De manera que, al predicar los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente jurídica a la vez (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), nada impide que, como en el caso en estudio, se acuda a la vía indirecta para cuestionar el entendimiento que se le otorga a un aparte convencional, pese a que el contenido del embate cuente con algunas apreciaciones jurídicas.

Efectuada la consideración antecedente se tiene que el colegiado absolvió de imponer condena a la entidad encartada por cuanto, si bien a los accionantes les era aplicable la Ley 4a. de 1976, por así contemplarlo los instrumentos colectivos, concretamente en cuanto al reajuste de la mesada pensional en caso de que esta fuera inferior a 5 salarios mínimos, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 3 de la norma en comento y, en el caso de los demandantes, tuvo por probado que al momento del reconocimiento de la pensión superaban el monto establecido en la norma, por lo que no eran beneficiarios de la prerrogativa.

De su lado, la censura acusa que erró la sala sentenciadora al haber considerado que dicho incremento aplicaba por una vez y no cuando la mesada pensional fuera inferior a los 5 S.M.L.M.V. y, en consecuencia, de haber reparado en las certificaciones de pago de mesadas, se hubiera percatado que Nohemy Victoria Guerrero Manotas, a partir del mes de julio de 2013 y, Franklin José Sandoval Torres, desde abril de 2014, tenían una mesada inferior a dicho monto y, por ello, desde ese momento son acreedores del incremento respectivo.

Pues bien, un primer aspecto a resaltar es que el tribunal para su decisión se paró en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la entonces Electrificadora del Atlántico -hoy Electricaribe S.A. E.S.P.- y su sindicato de trabajadores, con vigencia para los años 1983 -1985 aludiendo al parágrafo 1° de su artículo segundo y, con soporte en la jurisprudencia de esta Sala, dio por sentado que el derecho al reajuste del 15% contemplado en la Ley 4a de 1976 «es un verdadero beneficio con categoría de derecho subjetivo de los pensionados de la entonces ELECTRANTA y que actualmente están a cargo de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.» en las voces de la norma convencional anotada; postura que se acompasa con la línea de pensamiento de esta Corporación que de manera nutrida ha expuesto. Para el efecto baste acudir a la sentencia CSJ SL4327-2021 que reiteró la providencia CSJ SL3781-2019, en la que se estudió el alcance del acuerdo convencional, así:

[…] Para la Sala es claro, como lo ha dicho en varias ocasiones, que el texto convencional estableció el reconocimiento de todos los derechos previstos en la Ley 4ª de 1976, incluidos los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin consideración alguna a la vigencia de la norma legal.

Debe resaltarse que no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal.

Esta Corte, en un caso de similares contornos seguido en contra de la misma demandada en la que se estudiaron varios de los argumentos expuestos por el recurrente, mediante sentencia CSJ SL3781-2019, razonó:

En efecto, al analizar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían todos los derechos consagrados en la citada Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1° del referido ordenamiento legal al que se remite la cláusula convencional, ni se colige, como lo sugiere la recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a gastos de sepelio, servicios de salud y auxilios de educación, consignados en otros artículos de la citada Ley 4ª. Es decir, de su contenido no es posible deducir intención alguna de las partes en ese sentido.

Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver sentencia CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40551, reiterada en la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad 43851).

Así las cosas, el Tribunal no incurrió en un yerro fáctico ostensible, cuando apreció la disposición convencional de marras, e infirió que cuando la convención alude a los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, se está refiriendo, al reajuste pensional que mediante esta acción judicial se reclama, sin consideración a la vigencia de dicha norma, pues aun cuando aquella sea derogada o subrogada, y quede por fuera del ámbito jurídico, se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional.

De otro lado, frente al planteamiento de la censura, atado a los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación, con lo cual pretende demostrar que para el año 1983, cuando se consagró el beneficio convencional, los pensionados de la empresa para esa anualidad resultaban más perjudicados que beneficiados con un incremento pensional del 15% como mínimo, para lo cual aduce que es un absurdo que las partes pensaran para esa época en conservar por convención tal incremento y que, por lo tanto, lo acordado fueron otros beneficios contemplados en la L. 4ª/1976, debe precisarse que, tal argumentación no es de recibo para esta Sala, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, éstas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 may. 2005 rad. 23776).

En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15%, conforme lo estableció la L. 4°/1976, se enmarca dentro de esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa.

Ahora, para acceder a la prerrogativa, con sustento en la propia norma se requiere que la mesada no supere el tope de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que también se ratifica con la sentencia en cita, pues el beneficio de los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% es para las pensiones cuyo monto no sobrepase ese límite.

No está de más, en este punto referir que, cuando se trate de pensiones en las cuales haya operado la compartibilidad de jubilación con la prestación de vejez, asumida por Colpensiones, el tope de los cinco 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para efectos del reajuste pensional del 15% pactado convencionalmente, debe revisarse en relación con el monto total de la mesada pensional y no con el mayor valor cancelado por la empresa, ello es así como efectivamente los es, por cuanto se trata de un solo beneficio prestacional.

Por manera que no existe un error en el fallador de segunda instancia pues no dio un alcance diferente al contenido de la norma convencional. Situación diferente es que de la plataforma probatoria encontrara que los accionantes, desde el momento en que se les reconoció las respectivas pensiones, superaran el monto establecido para ser acreedores de la prerrogativa del reajuste. Se insiste en que la aplicación de la norma convencional constituye un derecho en cabeza de sus beneficiarios, no obstante, para que el mismo se concrete deben ser cumplidos los condicionamientos exigidos en la regulación que los contempla, en este caso, el reajuste a las mesadas pensionales conforme a la Ley 4a. de 1976.

Finalmente, queda un aspecto adicional por referir y es qué ocurre si la pensión excede el límite referido de manera antecedente, aspecto que también ha sido definido por esta Corporación, inclusive ante otros convenios colectivos que también han extendido la aplicación de la Ley 4a. de 1976, incluyendo los reajustes y, en este punto, se ha resuelto que el pensionado tiene derecho al reajuste de su pensión de jubilación, por el tiempo en que su mesada no sea mayor a los 5 SMLMV, en un 15% sobre la misma y hasta cuando supere dicho valor, momento a partir del cual se incrementará con el Índice de Precios al Consumidor del año anterior, certificado por el DANE (CSJ SL4331-2022).

En consecuencia, la interpretación y aplicación regulatoria del colegiado se acompasa con la línea que la Corte ha señalado en la materia objeto de litigo. Así las cosas, no se abre paso la acusación.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 20 de noviembre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral seguido por NOHEMY VICTORIA GUERRERO MANOTAS y FRANKLIN JOSÉ SANDOVAL TORRES, contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN, hoy FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (FONECA) cuya vocera y administradora es FIDUPREVISORA S.A.

Costas como se dijo.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Salva voto parcial

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

No firma por ausencia justificada

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Demandantes: Franklin José Sandoval Torres y otro.

Demandado: Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Foneca.

Radicación: 92414

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena.

Pese a que en la respectiva sesión en la que se debatió el asunto anuncié salvamento de voto parcial, al leer el texto definitivo de la providencia estimo que ello no es necesario.

Fecha ut supra,

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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