Ficha de la providencia
Sentencia SL1446-2025
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL1446-2025
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1446-2025
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1446-2025
Magistrado ponente: Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez
20 de mayo de 2025
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado ponente
SL1446-2025
Radicación n.° 47001-31-05-004-2020-00028-01
Acta 17
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Procede la Corte a proferir la sentencia de instancia dentro del proceso que promovió MIGUEL CABRERA RAMOS, RAFAEL ANTONIO ARIAS MÉNDEZ, RAFAEL ARTURO NARVÁEZ BARRIOS, RODOLFO ENRIQUE BARRERA MANGA, EFRAÍN ANTONIO BOLAÑOS PÉREZ, LUIS ORLANDO DÍAZ RUIZ, ÁNGEL MARÍA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ALFREDO SEGUNDO JOHNSON SALAS, MARCOLFO GUZMÁN BAHOQUEZ, LUIS ALFREDO ORTIZ ACOSTA, CARLOS PAYARES MIRANDA, EUCLIDES RAFAEL RODRÍGUEZ FONSECA, ALCIDES RUDAS CAMPO, JORGE SÁNCHEZ BADILLO, MANUEL DE JESÚS ULLOA HERNÁNDEZ, IVETH MARÍA BARRAZA RODRÍGUEZ (pensionada sustituta de JUAN MANUEL CARRASQUILLA MUNIVE), MARINA GÓMEZ DE LAVALLE (pensionada sustituta de LUIS FRANCISCO LAVALLE POLO), MIRIAN ISABEL CANTILLO MESA (pensionada sustituta de EUCLIDES RAFAEL MARTÍNEZ ACOSTA), MARTA ELENA FALQUEZ EGUIS (pensionada sustituta de NARCISO MARTÍNEZ MARTÍNEZ), ERNESTINA ELENA GÓMEZ DE SCOTT (pensionada sustituta de MANUEL ARCADIO SCOTT LÓPEZ), NORIS MERCEDES ARAUJO MARTÍNEZ (pensionada sustituta de MANUEL ANTONIO TONCEL IBARRA), OCTAVIA DE LEÓN OVIEDO (pensionada sustituta de JOSÉ TORRES DUQUE), BERTHA LUCÍA TABORDA DE ROMERO (pensionada sustituta de CARLOS ROMERO HERNÁNDEZ), EDITH MARÍA MEJÍA URIETA (pensionada sustituta de ABAD AMARIS LISSA), YOLANDA MARINA JIMÉNEZ DE COLINA y MILADIS MARÍA VALLE MOVILLA en calidad de guardadora de ROBERTO CASTRO VALLE (pensionado sustituto de JOAQUÍN CASTRO ESTRADA), contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.
ANTECEDENTES
Mediante sentencia CSJ SL792-2024, esta Sala casó la providencia absolutoria del Tribunal, en tanto consideró que a la luz del parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, aplicable por virtud de lo dispuesto en la cláusula 20 de la convención colectiva de trabajo de 1980, el empleador debe reconocer el reajuste de las mesadas de la misma forma en la que lo venía efectuando para ese momento, esto es, de acuerdo con la mencionada normatividad, que era la que se hallaba en vigor.
Dijo la Corte que no era dable entender que el reajuste incorporado en el precepto extralegal se aplicara exclusivamente a las personas que hubieren adquirido el estatus pensional con anterioridad a 1980, en desmedro de quienes lo alcanzaran después de esa anualidad, con mayor razón cuando la pasiva aceptó que antes sí se aplicaba el referido aumento legal a los pensionados.
Para mejor proveer, dispuso oficiar al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que allegara copia de las resoluciones por medio de las cuales reconoció una pensión de jubilación a los demandantes y certificara el monto de sus mesadas iniciales, así como los actos por medio de los cuales reconoció la sustitución en sus causahabientes, con la cuantía de sus mesadas iniciales.
Asimismo, ordenó oficiar al Ministerio del Trabajo y Colpensiones. El primero, para que certificara si la convención colectiva de trabajo de 1980 suscrita entre Ferrocarriles Nacionales y el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios – Sinatrafer, fue denunciada por alguna de las partes o se depositó después de ella un nuevo texto convencional; y, el segundo, para que indicara sí reconoció pensión de vejez o de sobrevivientes a los actores, sus mesadas iniciales, si estaban siendo compartidas o eran compatibles con la concedida por su empleador y, en todo caso, el monto de las pagadas por año.
Los requerimientos fueron contestados por las entidades y sometidos al respectivo traslado, que fue objeto de pronunciamiento por los accionantes, quienes mostraron su conformidad con lo allegado.
El Fondo del Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia aportó los actos administrativos contentivos de las respectivas pensiones de jubilación de los siguientes demandantes:
N.°
Actor
Res. N.°
Fecha
Naturaleza
Clase de pensión
Ley/CCT/Otro
1.
Miguel Cabrera Ramos
1638
22/11/1971
Legal
Invalidez
Ley 6/45 Ley 53/45
2.
Rafael Antonio Arias Méndez
1439
12/12/1981
CCT
Jubilación
CCT 1978
3.
Rafael Arturo Narváez Barrios
2424
8/10/1991
Legal
Jubilación
D. 895/91 D.1651/91
4.
Rodolfo Enrique Barrera Manga
576
9/05/1990
Legal
Jubilación
D.1586/89 D.1590/89
5.
Efraín Antonio Bolaños Pérez
2687
10/11/2010
Legal
Jubilación
Pensión sanción
6.
Luis Orlando Díaz Ruiz
184
24/01/1994
Legal
Jubilación
Sentencia judicial
7.
Ángel María Hernández Jiménez
1346
26/10/1970
Legal
Jubilación
L. 53/45 y L. 206/38
8.
Alfredo Segundo Johnson Salas
859
17/08/1989
CCT
Jubilación
CCT 1976
9.
Marcolfo Guzmán Bohórquez
392
15/05/1985
CCT
Jubilación
CCT 1976
10.
Luis Alfredo Ortiz Acosta
856
1/08/1979
Legal
Jubilación
Ley 53/45
11
Euclides Rafael Rodríguez Fonseca
2109
23/08/1991
Legal
Jubilación
D. 895/91 D.1651/91
12
Alcides Rudas Campo
3000
21/10/1982
Legal
Jubilación
Ley 53/45
13
Jorge Sánchez Badillo
136
4/03/1988
Legal
Jubilación
Ley 53/45
14
Manuel De Jesús Ulloa Hernández
1785
3/11/1989
Legal
Jubilación
D.1586/89 D.1590/89
15
Carlos Payares Miranda
295
30/03/1983
CCT
Jubilación
CCT 1976
16
Iveth Barraza R. sustituta de Juan Manual Carrasquilla Munive
1141
10/07/1991
Legal
Jubilación
D. 895/91 D.1651/91
17
Mirian I. Cantillo Mesa, sustituta de Euclides Rafael Martínez Acosta
666
21/10/1988
CCT
Jubilación
CCT 1978
18
Marta E. Falquez Eguis, sustituta de Narciso Martínez
1833
1/12/1975
Legal
Jubilación
Ley 53/45
19
Ernestina E. Gómez de Scott, sustituta de Manuel Escott López
268
12/04/1989
CCT
Jubilación
CCT 1976
20
Noris M. Araujo Martínez, sustituta de Manuel Toncel Ibarra
470
2/04/1964
Legal
Jubilación
Ley 206/38, Ley 63/40, Ley 53/45 y Ley 171/61
21
Octavia de León Oviedo, sustituta de José Torres Duque
2250
5/09/1991
Legal
Jubilación
D. 895/91, D.1651/91
22
Bertha Lucía Taborda de Romero, sustituta de Carlos Romero Hernández
513
16/07/1975
Sin resolución
Jubilación
Desconocida.
23
Miladis M. Valle Movilla, guardadora de Roberto Castro Valle (sustituto de Joaquín Castro Estrada)
217
14/12/1977
Legal/CCT
Invalidez
CCT 1976 Ley 6/45, Ley 53/45, D. 3135/68
24
Edith María Mejía Urieta, sustituta de Abad Amaris
3278
29/11/1982
CCT
Jubilación
CCT 1980
25
Marina Gómez de la Valle, sustituta de Luis Lavalle Polo
2717
14/12/1977
Legal/CCT
Invalidez
CCT 1976, Ley 6/45, Ley 53/45, D. 3135/68
También suministró los actos administrativos que concedieron la sustitución pensional a los siguientes accionantes, así:
N.°
Demandante sustituta
Res. N.°
Fecha
Naturaleza
Clase de pensión
Ley - CCT - Otros
1.
Iveth Barraza Rodríguez
2298
30/06/2004
legal
sobrevivientes
L. 12/75, L. 71/88, D.L. 1160/89 y L. 797/2003
2.
Marina Gómez de la Valle
3204
17/09/2012
legal
sobrevivientes
Ley 797/2003
3.
Mirian Isabel Cantillo Mesa
1701
14/08/2008
legal
sobrevivientes
12/75, 71/88, DL 1160/89 y 797/2003
4.
Marta Elena Falquez
1626
3/08/2007
legal
sobrevivientes
12/75, 71/88, DL 1160/89 y 797/2003
5.
Ernestina Elena Gómez De Scott
993
21/03/2000
legal
sobrevivientes
Ley 33/73
6.
Noris M. Araujo Martínez
647
27/03/2009
legal
sobrevivientes
12/75, 71/88, DL 1160/89 y 797/2003
7.
Octavia De León Oviedo
869
25/04/2005
legal
sobrevivientes
Ley 797/2003
8.
Bertha Lucía Taborda de Romero
191
12/02/2016
legal
sobrevivientes
Ley 44/1980 y 1204/2008
9.
Edith María Mejía Urieta
593
10/03/2014
legal
sobrevivientes
Ley 204/08 y 44/80
10.
Roberto Castro Valle
1956
15/10/1997
legal
sobrevivientes
Ley 33/73 y Ley 71/88
Advirtió que no accedía a lo pedido por los actores Carlos Romero Hernández y Carlos Payares Miranda, en tanto, de cara al primero, «no se encontró el acto administrativo de reconocimiento pensional», y respecto al segundo, «no se ubicó registro correspondiente».
Colpensiones, por su parte, certificó que los demandantes no figuraban en nómina de pensionados, salvo Noris Mercedes Araújo Martínez, quien disfrutaba una asignación de vejez desde febrero de 2000, y quien para el año 2003 recibía una mesada igual al salario mínimo. También informó que a Luis Orlando Díaz Ruiz y Octavia de León Oviedo les concedió indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez.
El Ministerio del Trabajo, a su vez, adosó al plenario las convenciones colectivas suscritas entre el Fondo del Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Sinatrafer, para las vigencias 1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992 (17 de julio), todas con las respectivas notas de depósito.
CONSIDERACIONES
Preliminarmente, conviene recordar que, dado el alcance del recurso de casación, esta sentencia no cobija a la accionante Yolanda Marina Jiménez de Colina, pensionada sustituta de Etilcio Rafael Colina Ruiz.
Los demandantes centraron su reparo contra el fallo de primer nivel en los siguientes aspectos: i) que se revisaran los cálculos aritméticos de la liquidación del retroactivo de cada uno, de cara a la prescripción de manera individual, «atendiendo, incluso, el principio en favor de la entidad» y de acuerdo al agotamiento particular de la vía gubernativa; ii) se utilizaran solo el aumento del 15% de la Ley 4ª de 1976 y no el IPC, en tanto no era posible la aplicación de dos regímenes diferentes al tiempo y, iii) se actualizara la mesada y se indicara el valor real a la fecha de la providencia con el retroactivo.
El demandado, por su parte, solicitó la revocatoria total de la sentencia del a quo, en tanto adujo que los incrementos reclamados solo procedieron durante el tiempo en que estuvo vigente la Ley 4ª de 1976, de tal suerte que les fueron aplicados en su debida oportunidad. En lo sucesivo, lo fue con la respectiva ley vigente, esto es, la 71 de 1988 o 100 de 1993, que la reemplazó en su integridad. Se opuso además a la condena en costas y a la indexación.
El proceso surte además el grado jurisdiccional de consulta (CSL SL, 1 nov. 2004, rad. 25241). En orden a resolver, recuerda la Sala que en el juicio no se discuten y están acreditados los siguientes hechos: (i) los demandantes son jubilados del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia; ii) las pensiones originales son, en su mayoría, legales de jubilación e invalidez; (iii) cuatro de ellas lo son con base en las convenciones colectivas de trabajo de 1976, 1978 y 1980; y, iv) las mismas fueron sustituidas a los respectivos beneficiarios supérstites. Asimismo, si bien no se allegó el acto administrativo que concedió la jubilación a Carlos Romero Hernández, sí reposa la de la sustitución pensional a su beneficiaria, de donde se constata que aquel ostentaba la calidad de pensionado por jubilación a cargo de la pasiva desde 1975.
En ese contexto, las consideraciones expuestas, al resolver el recurso extraordinario son suficientes para confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que el a quo la erigió sobre pilares que esta Corte respalda, esto es, que el reajuste de las pensiones de jubilación de los demandantes o sustitutos, en la forma dispuesta en el parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, es procedente por virtud de lo dispuesto en la cláusula 20 de la convención colectiva de trabajo de 1980, la cual reza:
La empresa de los Ferrocarriles Nacionales continuará ejerciendo la tramitación y cancelación de las mesadas pensionales y demás obligaciones de Ley en las mismas circunstancias como se está practicando actualmente.
Asimismo, la empresa de los Ferrocarriles Nacionales continuará dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7o. y 9o. de la Ley 4a. de 1.976; y además prestará toda su colaboración para la constitución del Fondo Social para familiares de los pensionados ferroviarios.
Lo anterior, habida consideración de que los demandantes son beneficiarios de los acuerdos convencionales, y el accionado no demostró que la normativa extralegal que consagró el derecho reclamado hubiera desaparecido. Además, la referida cláusula no podía interpretarse de manera restrictiva para limitar su aplicación únicamente a los pensionados al momento de su suscripción, máxime si se trata de derechos adquiridos e incorporados al patrimonio de los actores, y por ello no les cobijaban los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005. Esta ha sido la interpretación que de forma unánime ha dado esta Corte a casos iguales al hoy debatido (CSJ SL1112-2023, SL1596-2023 y SL2072-2024).
En efecto, en el plenario reposan las convenciones colectivas suscritas entre el Fondo del Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Sinatrafer para las vigencias 1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992, con las respectivas notas de depósito oportuno ante el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, sin que en ninguna de ellas se visibilice que se hubiere derogado tal disposición. Por el contrario, las suscritas con posterioridad a 1989 dispusieron que todo lo acordado en ellas mantenía su plena vigencia «mientras no se modifiquen expresa y bilateralmente».
Asimismo, como bien lo señaló el juez de primer nivel, aunque no hay una convención posterior a julio de 1992, sabido es que conforme al artículo 478 del CST, los convenios colectivos se prorrogan automáticamente en periodos sucesivos de seis en seis meses, mientras no hubieran sido denunciados y se firme uno nuevo.
Al hilo de lo anterior, el hecho de que la Ley 4ª de 1976 fuera derogada por la 71 de 1988 no necesariamente supone la modificación automática del canon extralegal, pues la vigencia de los derechos contemplados en las convenciones está supeditada a su reforma o derogatoria por medio de los mecanismos legales dispuestos para el efecto, es decir, su revisión o denuncia. Además, de su contenido se desprende con claridad que el empleador reconocería los derechos pensionales que estaban a su cargo, entre ellos, el del reajuste de las mesadas tanto a pensionados pasados como a los futuros, de la misma forma en la que lo venía efectuando para ese momento, esto es, de acuerdo con la Ley 4ª de 1976, que era la norma que se hallaba en vigor, e indistintamente que luego fuera derogada por una posterior, ya que nada impedía que por la voluntad de las partes en la negociación colectiva, mantuvieran su vigencia en el tiempo.
Esta intelección se acompasa con la línea de pensamiento de esta Corporación. Para el efecto, baste acudir a la sentencia CSJ SL4327-2021 que reiteró la SL3781-2019, en la que se estudió el alcance del acuerdo convencional, así:
En efecto, al analizar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían todos los derechos consagrados en la citada Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1° del referido ordenamiento legal al que se remite la cláusula convencional, ni se colige, como lo sugiere la recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a gastos de sepelio, servicios de salud y auxilios de educación, consignados en otros artículos de la citada Ley 4ª. Es decir, de su contenido no es posible deducir intención alguna de las partes en ese sentido.
Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver sentencia CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40551, reiterada en la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad 43851).
Así las cosas, el Tribunal no incurrió en un yerro fáctico ostensible, cuando apreció la disposición convencional de marras, e infirió que cuando la convención alude a los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, se está refiriendo, al reajuste pensional que mediante esta acción judicial se reclama, sin consideración a la vigencia de dicha norma, pues aun cuando aquella sea derogada o subrogada, y quede por fuera del ámbito jurídico, se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional.
De otro lado, frente al planteamiento de la censura, atado a los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación, con lo cual pretende demostrar que para el año 1983, cuando se consagró el beneficio convencional, los pensionados de la empresa para esa anualidad resultaban más perjudicados que beneficiados con un incremento pensional del 15% como mínimo, para lo cual aduce que es un absurdo que las partes pensaran para esa época en conservar por convención tal incremento y que, por lo tanto, lo acordado fueron otros beneficios contemplados en la L. 4ª/1976, debe precisarse que, tal argumentación no es de recibo para esta Sala, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, éstas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 mayo 2005 rad. 23776).
En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15%, conforme lo estableció la L. 4°/1976, se enmarca dentro de esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa.
Por lo anterior, tampoco importa entonces que la mayoría de los demandantes no tuvieran un año de pensionados al 21 de enero de 1976, fecha de entrada en vigor de la normatividad, en concordancia con el parágrafo 2 de su artículo 1º (CSJ SL9774-2017) pues, -se itera-, el incremento que se concede en el caso bajo estudio opera con fundamento en la voluntad del empleador y trabajador que se manifestó en la convención colectiva de 1980, de despojar de su aplicación toda limitación referida a su vigencia y aplicación en el tiempo.
La disposición convencional es clara, además, al extender todos los derechos de la Ley 4ª de 1976 -incluido el reajuste- a todos los pensionados. Por lo tanto, como la cláusula no distingue, al fallador no le es dable hacerlo, y por ello, es claro que aquel procede no solo para las convencionales, sino también para las de carácter legal, bien de invalidez o de sobrevivientes.
En lo que a la última respecta, recuérdese que la sustitución pensional no constituye un derecho originario, sino derivado (CSJ SL, 30 nov. 2010, rad. 41137, reiterada en SL, 19 jul. 2011, rad. 47928, SL870-2013, SL13267-2016, SL4974-2018). Es claro entonces que, si se entiende que los extrabajadores finados causaron la pensión de jubilación el día de su muerte, entonces dicha prestación es transmisible a sus beneficiarios en las mismas condiciones, incluida su forma de reajustarse conforme al artículo 1º de la Ley 4 de 1976.
Tampoco erró el juzgador de primer nivel al disponer que dicho reajuste se mantendría hasta que supere los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en tal caso, deberá actualizarse con la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, pues ello se acompasa con lo sostenido por esta Corte en proveídos CSJ SL4331-2022 y SL1065-2023, en los que asentó:
Ahora, para acceder a la prerrogativa, con sustento en la propia norma se requiere que la mesada no supere el tope de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que también se ratifica con la sentencia en cita, pues el beneficio de los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% es para las pensiones cuyo monto no sobrepase ese límite.
En suma, se deberá confirmar el reajuste de las pensiones desde el año 2000, como se solicitó en la demanda.
De otro lado, aunque Colpensiones certificó que los extrabajadores no eran pensionados de tal entidad, lo cierto es que, en principio, si el empleador optó por afiliarlos y subrogar el riesgo, aquellas pensiones causadas con posterioridad al 17 de octubre de 1985 deben ser compartidas con las reconocidas por el ISS, si fuere el caso, pues ello opera por ministerio de la ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, criterio pacífico de esta Corporación (CSJ SL4278-2017, SL4974-2018, SL2049-2020, SL2564-2020 y SL4391-2020), caso en el cual la accionada solo asumiría el mayor valor.
En tal eventualidad, se deberá tener en cuenta lo adoctrinado por la Corte en la sentencia CSJ SL3139-2023:
Para establecer el incremento de la Ley 4 de 1976 en los casos de compartibilidad pensional, la jurisprudencia de esta Sala de la Corte tiene establecido que: (i) la prestación a cargo de Colpensiones se ajusta con el índice de precios al consumidor -IPC certificado por el DANE y, (ii) para efectos de determinar el tope de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tiene en cuenta la suma total de la mesada a cargo de Colpensiones y del empleador, por cuanto el beneficiario recibe la prestación como un único derecho.
Por otra parte, no es admisible la solicitud de la revisión individual de las reclamaciones administrativas de cara a la prescripción de los retroactivos de los demandantes, porque el fondo enjuiciado no propuso esta excepción (f.º 15 a 22 cuaderno digital juzgado), y tal medio extintivo de las obligaciones no puede declararse de oficio, conforme al artículo 282 del CGP, aplicable a los procesos ordinarios laborales por expresa disposición del artículo 145 del CPTSS (CSJ SL, 7 feb. 2012, rad. 38827, reiterada en CSJ SL6798-2016 y SL1982-2020).
Dicho esto, al revisar los montos de las mesadas pensionales iniciales de cada uno de los actores obtenidos por el a quo, observa la Corte que no coinciden con los valores obtenidos por el actuario asignado a esta Corporación, por lo que la sentencia debe ser modificada. Se hace la claridad de que, en unos casos, la variación favorece a los apelantes, y en otros a la entidad en favor de quien se surtió la consulta, tal como lo ilustra el siguiente cuadro:
N.°
Actor
Mesada 1a. Instancia
Año
Mesada sede de instancia
Modificada a favor de
Motivo
1.
Miguel Cabrera Ramos
$ 4.166.498
2021
$ 4.743.035
Demandante
Apelación
2.
Rafael Antonio Arias Méndez
$ 4.032.352
2021
$ 4.354.235
Demandante
Apelación
3.
Rafael Arturo Narváez Barrios
$ 3.370.282
2018
$ 3.481.585
Demandante
Apelación
4.
Rodolfo Enrique Barrera Manga
$ 3.900.652
2018
$ 3.455.482
FPSFNC
Consulta
5.
Efraín Antonio Bolaños Pérez
$ 3.937.035
2020
$ 3.824.015
FPSFNC
Consulta
6.
Luis Orlando Díaz Ruiz
$ 3.538.805
2018
$ 4.103.070
Demandante
Apelación
7.
Ángel María Hernández Jiménez
$ 3.828.610
2018
$ 3.885.939
Demandante
Apelación
8.
Alfredo Segundo Johnson Salas
$ 2.386.993
2021
$ 3.940.595
Demandante
Apelación
9.
Marcolfo Guzmán Bahoquez
$ 3.598.494
2018
$ 3.698.374
Demandante
Apelación
10.
Luis Alfredo Ortiz Acosta
$ 3.613.812
2018
$ 4.140.821
Demandante
Apelación
11
Euclides Rafael Rodríguez Fonseca
$ 3.156.494
2018
$ 3.840.900
Demandante
Apelación
12
Alcides Rudas Campo
$ 3.314.179
2018
$ 3.842.629
Demandante
Apelación
13
Jorge Sánchez Badillo
$ 3.065.267
2018
$ 3.448.706
Demandante
Apelación
14
Manuel De Jesús Ulloa Hernández
$ 3.304.128
2018
$ 3.256.263
FPSFNC
Consulta
15
Carlos Payares Miranda
$ 3.642.680
2018
$ 3.983.969
Demandante
Apelación
16
Iveth Barraza R. sustituta de Juan Manual Carrasquilla Munive
$ 3.075.190
2018
$ 3.565.459
Demandante
Apelación
17
Mirian I. Cantillo Mesa, sustituta de Euclides Rafael Martínez Acosta
$ 3.156.494
2018
$ 3.736.030
Demandante
Apelación
18
Marta E. Falquez Eguis, sustituta de Narciso Martínez Martínez
$ 3.323.787
2018
$ 3.892.861
Demandante
Apelación
19
Ernestina E. Gómez de Scott, sustituta de Manuel Escott López
$ 3.307.954
2018
$ 3.260.032
FPSFNC
Consulta
20
Noris M. Araujo Martínez, sustituta de Manuel Toncel Ibarra
$ 3.310.364
2018
$ 3.838.521
Demandante
Apelación
21
Octavia de León Oviedo, sustituta de José Torres Duque
$ 3.385.798
2019
$ 3.956.815
Demandante
Apelación
22
Bertha Lucía Taborda de Romero,sustituta de Carlos Romero Hernández
$ 3.897.152
2019
$ 3.436.623
FPSFNC
Consulta
23
Miladis M. Valle Movilla, guardadora de Roberto Castro Valle (sustituto de Joaquín Castro Estrada)
$ 3.082.267
2018
$ 3.609.999
Demandante
Apelación
24
Edith María Mejía Urieta, sustituta de Abad Amaris Lissa
$ 3.227.228
2019
$ 3.940.761
Demandante
Apelación
25
Marina Gómez de la Valle, sustituta de Luis Lavalle Polo
$ 3.167.074
2018
$ 3.878.502
Demandante
Apelación
Corresponde entonces efectuar la liquidación individual del retroactivo de los demandantes, para cuyos efectos se actualizará la mesada al año 2025, ya que el inciso segundo del artículo 283 del CGP obliga a la Corte a extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia. Se totalizará a marzo de esta anualidad, tal como lo muestra la siguiente liquidación elaborada por el profesional adscrito a la Sala:
Miguel Cabrera Ramos:
Rafael Arias
Rafael Narváez.
Rodolfo Barreras
Efraín Bolaños
Luis Díaz
Ángel Hernández
Alfredo Jhonson
Marco Guzmán
Luis Ortiz
Euclides Rodríguez
Alcides Rudas
Jorge Sánchez
Manuel Ulloa
Carlos Payares
Iveth Barraza
Miriam Cantillo
Marta Falquez
Ernestina Gómez
Noris Araujo
Octavia De León
Bertha Taborda
Miladis Valle
Edith Mejía
Marina Gómez
En consecuencia, se modificará en este punto el fallo de primer nivel, y se confirmará la condena en lo que respecta a la demandante Yolanda Marina Jiménez de Colina, pensionada sustituta de Etilcio Rafael Colina Ruiz, por lo expuesto en la parte motiva.
El pago de lo adeudado corresponde hacerse debidamente indexado, con miras a contrarrestar los efectos inflacionarios de la economía del país, para mantener el valor adquisitivo de las mesadas. Por ello se confirma este punto.
Por último, en virtud de lo previsto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la enjuiciada deberá deducir del valor del retroactivo pensional los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliada los actores. En tal sentido se adicionará el fallo.
Costas en primera instancia a cargo de la accionada. Sin costas en la alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, para en su lugar CONDENAR al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia al pago de las diferencias de las mesadas pensionales por concepto de reajuste convencional e incremento del IPC a 31 de marzo de 2025, debidamente indexadas al momento de su pago, y por las sumas que se relacionan en el siguiente cuadro a favor de cada demandante:
No.
Demandante
Condición
Titular
HYPERLINK "file:///C:\\Users\\utep0\\Downloads\\PROCESO%2096556%20-%2025%20CASOS%20SIN%20PRESCRIPCIÓN.xlsx" \l "RANGE!#¡REF!"Retroactivo reajustado
1
Miguel Cabrera Ramos
pensionado
$575.041.035,30
2
Rafael Arias Méndez
pensionado
$605.926.166,89
3
Rafael Arturo Narváez Barrios
pensionado
$436.869.478,52
4
Rodolfo Barrera Manga
pensionado
$311.871.923,87
5
Efraín Antonio Bolaños Pérez
pensionado
$242.457.860,87
6
Luis Rolando Diaz Ruiz
pensionado
$636.410.076,66
7
Ángel María Hernández Jiménez
pensionado
$585.332.902,47
8
Alfredo Johnson Salas
pensionado
$530.320.095,53
9
Marcolfo Guzmán Bahoquez
pensionado
$568.134.556,00
10
Luis Alfredo Ortiz Acosta
pensionado
$642.316.049,68
11
Carlos Payares Miranda
pensionado
$420.396.530,76
12
Euclides Rafael Rodríguez Fonseca
pensionado
$596.014.163,22
13
Alcides Rudas Campo
pensionado
$401.192.352,74
14
Jorge Sánchez Badillo
pensionado
$94.537.221,53
15
Manuel José Ulloa Hernández
pensionado
$614.138.514,77
16
Iveth María Barraza Rodríguez
pensionada sustituta
Juan Manuel Carrasquilla Munive
$280.086.285,94
17
Marina Gómez De La Valle
pensionada sustituta
Luis Francisco La Valle Polo
$547.176.522,17
18
Miriam Isabel Cantillo Mesa
pensionada sustituta
Euclides Rafael Martínez Acosta
$570.145.882,44
19
Martha Elena Talquez Eguis
pensionada sustituta
Narciso Martínez Martínez
$94.646.650,13
20
Ernestina Elena Gómez De Scott
pensionada sustituta
Manuel Arcadio Scott López
$595.376.960,85
21
Noris Mercedes Araujo Martínez
pensionada sustituta
Manuel Antonio Toncel Ibarra
$389.537.434,69
22
Octavia De León Oviedo
pensionada sustituta
José Torres Duque
$505.154.272,52
23
Bertha Taborda De Romero
pensionada sustituta
Carlos Romero Hernández
$528.718.119,60
24
Edith María Mejía Urieta
pensionada sustituta
Abad Amaris Liza
$536.106.393,39
25
Miladis María Valle Movilla en calidad de guardadora del interdicto Roberto Castro Valle
pensionado sustituto
Joaquín Castro Estrada
$601.578.275,68
En caso de que los demandantes reciban una pensión del Sistema General de Pensiones, la enjuiciada solamente estará obligada a pagar el mayor valor que se generare frente a la reconocida.
SEGUNDO: Condenar a la demandada a cancelarle a los actores las mesadas que se sigan causando a partir de abril del año en curso. La mesada pensional para el año 2025, es la que a continuación se relaciona:
No.
DEMANDANTE
MESADA A:
Vr. MESADA
1.
Miguel Cabrera Ramos
2025
$ 6.514.830,67
2.
Rafael Antonio Arias Méndez
2025
$ 5.980.791,43
3.
Rafael Arturo Narváez Barrios
2025
$ 4.969.836,08
4.
Rodolfo Enrique Barrera Manga
2025
$ 4.932.574,76
5.
Efraín Antonio Bolaños Pérez
2021
$ 4.397.617,44
6.
Luis Orlando Díaz Ruiz
2025
$ 5.856.982,96
7.
Ángel María Hernández Jiménez
2025
$ 5.547.037,40
8.
Alfredo Segundo Jhonson Salas
2025
$ 5.168.756,66
9.
Marcolfo Guzmán Bahoquez
2025
$ 5.279.294,45
10.
Luis Alfredo Ortiz Acosta
2025
$ 5.910.872,01
11
Euclides Rafael Rodríguez Fonseca
2025
$ 5.482.745,53
12
Alcides Rudas Campo
2025
$ 5.485.212,94
13
Jorge Sánchez Badillo
2025
$ 4.922.902,51
14
Manuel De Jesús Ulloa Hernández
2025
$ 4.648.197,35
15
Carlos Payares Miranda
2025
$ 5.686.971,27
16
Iveth Barraza Rodríguez, en calidad de sustituta del extrabajador Juan Manual Carrasquilla Munive
2025
$ 5.089.562,60
17
Mirian Isabel Cantillo Mesa, en calidad de sustituta del extrabajador Euclides Rafael Martínez Acosta
2025
$ 5.333.047,57
18
Marta Elena Falquez Eguis, en calidad de sustituta del extrabajador Narciso Martínez Martínez
2025
$ 5.556.918,09
19
Ernestina Elena Gómez de Scott, en calidad de sustituta del extrabajador Manuel Escott López
2025
$ 4.653.577,73
20
Noris M. Araujo Martínez, en calidad de sustituta del extrabajador Manuel Toncel Ibarra
2025
$ 5.479.348,67
21
Octavia de León Oviedo, en calidad de sustituta del extrabajador José Torres Duque
2025
$ 5.474.239,02
22
Bertha Lucía Taborda de Romero, en calidad de sustituta del extrabajador Carlos Romero Hernández
2025
$ 5.961.449,15
23
Miladis María Valle Movilla, en calidad de guardadora de Roberto Castro Valle, pensionado sustituto del extrabajador Joaquín Castro Estrada
2025
$ 5.153.143,03
24
Edith María Mejía Urieta, en calidad de sustituta del extrabajador Abad Amaris Lissa
2025
$ 5.452.027,13
25
Marina Gómez de la Valle, en calidad de sustituta del extrabajador Luis Lavalle Polo
2025
$ 5.536.420,35
En adelante, las mesadas se actualizarán conforme al IPC.
TERCERO: Confirmar el fallo de primer nivel en lo que respecta a la demandante Yolanda Marina Jiménez de Colina, pensionada sustituta del señor Etilcio Rafael Colina Ruiz.
CUARTO: Adicionar el fallo apelado y consultado en el sentido de autorizar a la enjuiciada para que haga los correspondientes descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en las entidades en las cuales se encuentren afiliados.
QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL1446-2025 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.