RÉPLICA
La oposición en su escrito advirtió como defectos técnicos que la impugnación se encuentra indebidamente formulada, pues se omite plantear el yerro argumentativo en que incurrió el Tribunal, ni cómo se configuró este.
Aseguró la opositora que lo señalado por el demandante en cuanto a que la universalización del sistema pensional se fincó o tuvo como propósito que algunos que estuvieran cobijados por un régimen pensional pudieran también acceder bajo las condiciones de otro régimen pensional con mejores beneficios, es un supuesto que se aleja de la realidad, pues el verdadero aliciente lo fue el desequilibrio entre el periodo de cotización exigido y el costo de la pensión que se proyectaba insostenible financieramente, por lo que era necesario elevar las cotizaciones, y mutar hacia un sistema totalmente contributivo, en el que todos sus afiliados sin exclusión, debieran aportar al sistema.
Es por lo anterior, que la categorización o sectorización de los regímenes pensionales con anterioridad de la Ley 100, no puede tergiversarse aún en aplicación del régimen de transición, pues ello, genera un impacto fiscal inclusive mayor al que en su momento se consideró́ para justificar la finalidad unificadora e integradora de la Ley 100/93, pues bien es sabido, el régimen pensional administrado por el ISS se consideró́, al margen de las interpretaciones que hoy en día se le dan, bajo el entendimiento que se apalancaba sobre aportes efectivamente realizados al ISS, máxime que, en el sector público no predominaban los aportes, lo que conlleva a que el subsidio con cargo al Presupuesto General de la Nación, sea ostensiblemente mayor. Es así como no existe una interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Descendiendo al caso concreto, precisó la réplica que se comparten los fundamentos del Tribunal para negar la reliquidación que reclama la demandante, en tanto se encuentra ajustado a la ley y al precedente jurisprudencial la forma de liquidar el ingreso base de liquidación, tal como lo disponen los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, además de los componentes salariales para el cálculo de la mesada pensional contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
Agregó que no le asiste razón o por lo menos no se encuentra probado en ninguna de las instancias que, dentro de la liquidación de los componentes salariales utilizada por Colpensiones, se haya omitido incluir alguno de los componentes que determina el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que requiera la intervención de la Corte para corregir el actuar tanto de la Administradora como de los jueces de instancia.
Y lo dicho en sentencia CSJ SL1749-2020, en cuanto, consideró que es permisible la acumulación de tiempos públicos no cotizados al ISS para acceder a la pensión de vejez a la luz del régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, deben excluirse de este nuevo criterio de aplicación del régimen de transición, los siguientes eventos: i) No se pretende el reconocimiento inicial de una pensión, sino una reliquidación con el fin de mejorar el monto de la mesada pensional, ii) El afiliado cumple con requisitos para acceder a la pensión bajo otros regímenes pensionales que permiten la acumulación de tiempos públicos y privados, iii) Se pretende acceder a la prestación con el requisito del literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049/90 y, iv) No se tiene una expectativa legitima respecto del Acuerdo 049 de 1990.
CONSIDERACIONES
En relación con los reparos técnicos señalados por la opositora, la Sala encuentra que el alcance de la impugnación es claro en cuanto a que, en sede de instancia se solicita la confirmación del fallo de primer grado. Así mismo, en relación con la indebida formulación del cargo, una lectura de la demanda permite concluir que la recurrente explica que existe una indebida interpretación respecto de las normas que contemplan el beneficio de transición, las cuales, permiten la acumulación del tiempo de servicios público y privado, a efectos de obtener una reliquidación de la mesada, en virtud de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990. Ello sustentado en la aplicación del precedente que se tiene en estos casos, por parte de la Sala de Casación Laboral, interpretación que, a juicio de la recurrente, desconoció el Tribunal.
Así las cosas, el Tribunal tuvo como fundamento de su decisión que al aplicar el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, la acumulación del tiempo de servicios no puede ser tenida en cuenta a efectos de obtener una reliquidación de la pensión y solo puede ser exclusivo para el reconocimiento del derecho en pro de garantizar el mínimo vital. Ello por cuanto se vulnera el principio de inescindibilidad contemplado en la «Ley 288 de la Ley 100 de 1993».
La censura por su parte, considera que la decisión del Tribunal no tuvo en cuenta el precedente actual para interpretar las normas denunciadas. Específicamente, las sentencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL2557-2020, en las que claramente la Sala de Casación Laboral ha señalado que es permitido para el reconocimiento de pensión de vejez conforme las previsiones del Decreto 758 de 1990, la acumulación de cotizaciones ISS- Colpensiones y las públicas, criterio además aplicable a la reliquidación.
En el contexto que antecede le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿Si el juez de apelaciones erró al estimar que para obtener la reliquidación de la pensión de vejez conforme a lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, no es viable tener en cuenta el tiempo de servicios públicos cotizados a otras entidades de previsión social?.
Pues bien, le asiste razón a la recurrente por cuanto la jurisprudencia actual de la Corporación es partidaria de que si es acumulable el tiempo de servicios públicos no cotizados al ISS con el fin de obtener una reliquidación de la pensión de vejez, siguiendo lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Es necesario precisar que en el caso sub examine se excluye del debate probatorio la calidad de beneficiaria del régimen de transición de la demandante, su edad y número de semanas cotizadas que en este caso asciende a 1221.
Y, debe la Sala memorar que abandonó el criterio de que no era permitido acumular el tiempo de servicios no cotizados al ISS del sector público con el cotizado en la demandada desde la sentencia CSJ SL1981-2020, reiterada en CSJ SL3110-2020, SL4480-2020, SL182-2021 y SL3801-2021).
En cuanto a la interpretación que debe darse a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 y la sumatoria de tiempo de servicios en el sector público no cotizados al ISS se dijo en sentencia CSJ SL3801-2021 que:
El parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es claro en que para la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición se debe tener en cuenta la sumatoria del tiempo de servicio público y las semanas cotizadas al ISS o a entidades de previsión social.
Aunque la Ley 100 de 1993 es clara en que las pensiones del régimen de transición se regulan por todas las disposiciones de esa normativa (excepto los tres aspectos ya referenciados), incluido lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33 conforme se explicó a espacio, en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso ser mucho más incisivo en tal aspecto.
En efecto, en dicha disposición recalcó que «para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio».
Tal proposición normativa no puede entenderse referida a la pensión de vejez ordinaria prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como otrora lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, toda vez que está inmersa en el artículo que regula el régimen de transición. Pero, además, es equivocado concebir que un inciso incorporado en una disposición que regula temáticamente un asunto, en este caso, el régimen de transición, no se refiera a la materia reglamentada sino a otra diferente y consagrada en artículo distinto. Más aún, este precepto no es más que la expresión de coherencia del sistema de seguridad social, en cuanto reconoce el trabajo humano como pilar fundamental del sistema de protección social y, por ello, pretende darle significación en la causación de las pensiones.
La Ley 100 de 1993 previó mecanismos de financiación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
En aras de materializar la idea de que el trabajo humano cuenta en la seguridad social, la Ley 100 de 1993 previó sendos instrumentos de financiación tales como los cálculos actuariales o las cuotas partes pensionales, que permiten portar y hacer valer las semanas de trabajo para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales. Es decir, la Ley 100 de 1993 anticipó las disfuncionalidades que podrían presentarse de tomar en cuenta todos los tiempos cotizados en el ISS o en las múltiples cajas que existían, o el tiempo laborado a empleadores que tenían a su cargo las pensiones, para lo cual instituyó mecanismos de financiación de las pensiones a través de títulos o cuotas partes, que dicho sea de paso en este caso, corresponde a 14 años, 11 meses y 19 días de servicio que se cubrirán con la última de las modalidades citadas, tal como lo dispone la ley.
Por consiguiente, el argumento de una debacle financiera se cae de su peso, ya que, se repite, el sistema prevé mecanismos eficientes de recaudo de los títulos o dineros llamados a financiar la pensión.
En lógica con lo anterior, esta Sala en sentencia CSJ SL2557-2020, reiterada en la CSJ SL2776-2021, estableció la posibilidad de aplicar tal criterio en tratándose de la reliquidación de la pensión.
Así mismo, en reciente decisión (CSJ SL3484-2022) se precisó que la reliquidación en estos casos es improcedente cuando:
La prestación se reconoce inicialmente bajo la Ley 33 de 1985, y el afiliado no había cumplido aún los requisitos del Acuerdo 049 de 1990. Ello por cuanto, para que sea viable deben estar acreditados los requisitos exigidos por ambos regímenes a la fecha del reconocimiento inicial, dado que no existe disposición legal que permita acceder a una pensión de forma temporal y hasta que se cumplan los requisitos consagrados en otra normativa.
Explica la mencionada providencia que, si se accede inicialmente al reconocimiento pensional bajo la Ley 33 de 1985 sin el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, la reliquidación posterior resultaría contraria a derecho, porque al pensionado ya le fueron canceladas las mesadas pensionales que se causaron bajo el régimen inicial, las cuales, de efectuarse la reliquidación, quedaría sin soporte legal su reconocimiento.
Y si procedería tal reliquidación cuando:
Las personas que inicialmente acceden a la prestación bajo la Ley 33 de 1985, pero cumplen los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, situación que suele coincidir en el caso de las mujeres porque en ambos regímenes la edad es de 55 años y, tratándose de hombres, cuando por cualquier circunstancia no se pensionan sino hasta los 60 años o con posterioridad, sí es viable la reliquidación en comento, ya que no se han cancelado mesadas pensionales en períodos anteriores.
Y, en tratándose de, los pensionados que en virtud de la transición accedieron al derecho bajo la Ley 71 de 1988, también son destinatarios de la reliquidación de la pensión en los términos del Acuerdo 049 de 1990, pues las edades tanto de las mujeres como de los hombres son idénticas en los dos regímenes, 55 años para ellas y 60 años en el caso de los hombres, razón por la cual, la reliquidación se hace posible por no haberse recibido mesadas pensionales anteriores a la fecha en que se ordena la reliquidación.
Dadas estas razones, y atendiendo a que la demandante pretende la reliquidación de la pensión con la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, el cargo es fundado y debe casarse la sentencia.
Sin costas en el recurso extraordinario.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.
Conforme lo analizado en las líneas que anteceden, se reiteran las consideraciones jurídicas ya expuestas en cuanto a que resulta aplicable la acumulación de tiempo de servicios en el sector público no cotizados al ISS con el efectivamente cotizado a esa entidad a efectos de aplicar lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Estudiada la historia laboral de la demandante no se discute su calidad de beneficiaria del régimen de transición, el ingreso base de liquidación y el tiempo de servicios cotizados el cual asciende a 1221 semanas, tiempo relacionado en la Resolución SUB203912 de 31 de julio de 2018 y que obra a folio 24 del expediente. Se observa que el tiempo cotizado corresponde tanto a empleadores privados (Dagoberto Aguilar, Serv Temp de Colombia, Sol emergencias), como públicos (DANE, Departamento de Cundinamarca, Contraloría General de la República, EPS RS CONVIDA, Empresa Social del Estado), así como un tiempo como independiente.
Los actos administrativos que estudiaron el reconocimiento pensional de la actora se resumen así:
Resolución
Fecha
Tiempo/ IBL/Tasa de remplazo
Ley 71 de 1988
Tiempo/ IBL/Tasa de remplazo
Acuerdo 049 de 1990. Aprobado por el Decreto 758 de 1990
GNR 37447
Reconocimiento pensión
24 de noviembre de 2015
1218 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 75%.
(folio 3 cuaderno digital)
Se ordenó el reconocimiento con base en el 75%
1218 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 66%
(folio 3 cuaderno digital)
SUB203912
Solicitud Reliquidación
31 de julio de 2018
1221 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 75%.
(folio 17 cuaderno digital)
Se ordenó el reconocimiento con el 75%
1221 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 66%
(folio 17 cuaderno digital
SUB241742
Resuelve recurso de reposición. Confirma la decisión
31 de julio de 2018
1221 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 75%.
(folio 27 cuaderno digital)
Se ordenó el reconocimiento con el 75%
1221 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 66%
(folio 27 cuaderno digital)
SUB 19189
Resuelve recurso de apelación
Confirma la decisión
29 de octubre de 2018
1221 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 75%.
(folio 17 cuaderno digital)
Se ordenó el reconocimiento con el 75%
Folio 33 Cuaderno Digital
1221 semanas.
Cumplimiento de edad: 11 de diciembre de 2003.
Porcentaje: 66%
(folio 17 cuaderno digital
Así las cosas, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, no le correspondería el 66% del monto de la pensión como lo señala el ISS en el acto administrativo que le otorgó el derecho a la actora, sino que, conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de dicha normativa, y en virtud de tener 1221 semanas como tiempo de servicios habilitado para pensión, le es aplicable un porcentaje de 87%, tal y como lo concluyó el juez de primera instancia.
Ahora bien, en consideración a que el IBL señalado por el ISS asciende a $3.949.079 y de acuerdo con la Resolución SUB203912 el 75% equivale a $3.070.211. Calculado el 87% sobre dicho IBL ($3.949.079) este asciende a $3.435.698.73, suma inferior a la ordenada por el juez de primera instancia en su decisión ($3.561.445 folio 79). Es así como procede entonces la modificación del punto primero y segundo de la sentencia de primera instancia en cuanto a que el valor de la mesada pensional para el año 2015 asciende a $3.435.698,73.
Conforme con lo expuesto habrá lugar para condenar por las siguientes diferencias:
Mesada reconocida año
Mesada liquidada 87% IBL
Diferencia
Año 2015
$3.070.211
$3.435.698,73
$365.548.73
Año 2016
6.77%
$3.278.064
$3,668,295,53
$390.231,53
Año 2017
5.75%
$3.466.553
$3.879.222,52
$412,669,52
Año 2018
4.09%
$3.608.335
$4.037.882.72
$429.347
Año 2019
3.18%
$3.723.285.41
$4.166.287.39
$443.000.97
Año 2020
3.80%
$3.864.770,87
$4.324.606.31
$459.835,44
2021
1.61%
$3.926.993,68
$4.394.232,47
$467.238,79
2022
5.62%
$4.147.690.72
$4.641.188,33
$493.497,61
2023
13.12%
$4.691.867,74
$5.250.112,24
$588.244,50
Diferencias que deberán ser indexadas con la fórmula acogida y memorada por la Sala en el proveído CSJ SL1511-2018, reiterada en sentencia CSJ SL2876-2022 que, para tales efectos, estableció como parámetros:
Fórmula:
VA= Vh * IPC Final
IPC inicial
De donde:
“VA = corresponde al valor de cada mesada pensional a actualizar.
IPC Final = IPC mes en que se realice el pago.
IPC Inicial = IPC mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional.
No hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción, como quiera que a la demandante le fue reconocida la pensión el 24 de noviembre de 2015, contra dicho acto administrativo se solicitó reliquidación de la pensión, el 12 de julio de 2018, la cual fue resuelta mediante Resolución 203912 de 31 de julio de 2018, contra dicho acto administrativo, interpusieron el recurso de reposición y en subsidio apelación los cuales fueron decididos finalmente, mediante las Resoluciones 241742 y SUB 19189 de 14 de septiembre y 29 de octubre de 2018, respectivamente, en las cuales se dispuso confirmar la liquidación efectuada por Colpensiones, quedando agotada la reclamación administrativa. Inmediatamente un mes después, el 29 de noviembre de 2018, se presentó la demanda, no habiendo transcurrido más de tres años desde el agotamiento de la reclamación administrativa.
No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 30 de noviembre de dos mil veinte (2020), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que promovió ELISANA ALVINCI VELÁSQUEZ FANDIÑO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
En sede de instancia, modificar los numerales primero y segundo del fallo de primer grado y, en su lugar, dispone:
PRIMERO: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a reconocer la pensión de vejez a la señora Elisana Velásquez Fandiño bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, para lo cual se tendrá en cuenta una mesada pensional de $3.435.698,73 a partir del 1 de enero de 2015.
SEGUNDO: En consecuencia, se condena a las siguientes diferencias, las cuales deberán ser indexadas conforme se explicó en la parte motiva de la presente providencia.
Mesada reconocida año
Mesada liquidada 87% IBL
Diferencia
Año 2015
$3.070.211
$3.435.698,73
$365.548.73
Año 2016
6.77%
$3.278.064
$3,668,295,53
$390.231,53
Año 2017
5.75%
$3.466.553
$3.879.222,52
$412,669,52
Año 2018
4.09%
$3.608.335
$4.037.882.72
$429.347
Año 2019
3.18%
$3.723.285.41
$4.166.287.39
$443.000.97
Año 2020
3.80%
$3.864.770,87
$4.324.606.31
$459.835,44
2021
1.61%
$3.926.993,68
$4.394.232,47
$467.238,79
2022
5.62%
$4.147.690.72
$4.641.188,33
$493.497,61
202313.12%
$4.691.867,74
$5.250.112,24
$588.244,50
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
SALVO VOTO
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
SALVO VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
ACLARO VOTO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.º 91572
Acta 09
Referencia: demanda promovida por ELISANA ALVINCI VELÁSQUEZ DANDIÑO contra la ASMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPELSIONES.
Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala, en el presente asunto, aunque formalmente todos los argumentos allí expuestos, son plausibles, pues se reitera lo definido en la sentencia CSJ SL1981-2020 y, en lo sustancial, parece ajustarse a las normas legales en que se funda, como también a la finalidad de la jurisprudencia, reitero, se pasa por alto el mandato del artículo 230 de la CN, que señala que «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial».
Afirmo lo anterior, porque nada dice la Sala respecto del aludido argumento, y respecto de que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, no previó la posibilidad de hacer la sumatoria de todas las semanas prestadas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones, como tampoco se ocupa de explicar para el caso, cuál es el alcance del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que dispone que, «todo trabajador privado u oficial, funcionario público empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley, le sea aplicable en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley».
En mi criterio, con la precitada norma cuyo tenor literal es más que claro, la Ley 100 de 1993, reconoce, utilizando términos del fallo del que me aparto, «la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes», y si bien buscó y busca unificarlos «en un sistema global», expresamente negó la posibilidad de realizar mixturas de sus normas con las que contienen otras «anteriores sobre la misma materia».
Luego, no puede ser de recibo el argumento expuesto en la sentencia de la que me aparto, según el cual, al ser beneficiario del régimen de transición «si es acumulable el tiempo de servicios públicos no cotizados al ISS con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de vejez, siguiendo lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues es claro que si los requisitos de la edad, tiempo o aportes, y edad se rigen por las disposiciones anteriores, no resulta acertado que a la forma de computarlo no se le imprima el mismo tratamiento.
En resumen, lo que hace la rectificación jurisprudencial de la mayoría de la Sala, es hacer una mixtura de la regulación legal que contiene el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, con las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993, con pleno desconocimiento de los postulados constitucionales y legales ya referidos.
En los anteriores términos, dejo consignado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Elisana Alvinci Velásquez Fandiño
Demandado: Colpensiones
Radicación: 91572
Magistrado ponente: Omar Ángel Mejía Amador
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, estoy de acuerdo con la decisión de casar la sentencia absolutoria del Tribunal, dado que es pertinente la acumulación de tiempo de servicios en el sector público no cotizados al ISS con el efectivamente cotizado a esa entidad, a efectos de aplicar lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 y, en tal sentido, proceder a la reliquidación pensional deprecada por el actor.
No obstante, considero pertinente aclarar mi voto, por cuanto, en esta providencia se alude al contenido de la sentencia CSJSL3484-2022, en la cual, entre otras consideraciones, se expuso que la reliquidación pensional no procede en aquellos casos en que la prestación se reconoce inicialmente con fundamento en la Ley 33 de 1985, y el afiliado no había cumplido aún los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto, para que ello sea viable, deben acreditarse los requisitos exigidos por ambos regímenes a la fecha del reconocimiento inicial.
Al respecto, considero que prohijar tal postura y no acceder a la reliquidación pensional en tales casos, implica desconocer el criterio mayoritario que la Sala ha establecido, en cuanto a que es posible acudir a la sumatoria de tiempos de servicios públicos con los cotizados al ISS con el objetivo de acceder la pensión de vejez regulada en el Decreto 758 de 1990 (CSJ SL1947-2020, CSJ SL1981-2020, CSJ SL2557-2020 y CSJ SL3484-2022); así como, para obtener la reliquidación pensional.
De hecho, entre otras, en sentencias CSJ SL4003-2022 y CSJ SL1047-2022 la Sala aceptó la aplicabilidad de tal criterio a la inversa; esto es, la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación bajo los requisitos de la Ley 33 de 1985, pese a ya haberse accedido a la pensión de vejez al tenor de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990.
Además, la Corte ha indicado que en aquellos casos en que se materializa la afiliación facultativa de los servidores públicos al ISS, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no existe impedimento para que los trabajadores consoliden su derecho pensional conforme a las normas precedentes que regulan las prestaciones en el sector oficial (CSJ SL1339-2018), y por tanto, ha accedido al reconocimiento del retroactivo pensional a cargo del empleador desde la fecha en que se consolidaron los requisitos de acceso a la prestación al tenor de la Ley 33 de 1985, facultando, si a ello hubiere lugar, a que el responsable del pago realice la respectiva conmutación pensional a través de Bonos Tipo T -Decreto 4937 de 2009-, para que la pensión sea reconocida por la entidad que administra el régimen de prima media con prestación definida (CSJ SL4003-2022).
Así, considero que es contradictorio que la Sala acepte el reconocimiento del retroactivo pensional generado por el cumplimiento de los requisitos de la pensión de jubilación -Ley 33 de 1985- en caso que una persona ya ha accedido a la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición -Decreto 758 de 1990- y, al mismo tiempo, no aplique la misma regla jurisprudencial a la inversa, esto es, en aquellos casos en los que una vez reconocida la pensión de jubilación, el trabajador acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso a la pensión de vejez y, con ello, restrinja la posibilidad de acceder a la respectiva reliquidación pensional generada por la diferencia en el monto y tasa de reemplazo existente entre un régimen y otro.
En efecto, en mi criterio, si un trabajador al acumular tiempos públicos con aquellos cotizados al régimen de prima media acredita el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez del Decreto 758 de 1990, con fundamento en los mismos argumentos que ha prohijado la Sala respecto a dicha acumulación y la posibilidad de acceder a la reliquidación pensional, es perfectamente válido que también pueda solicitar que su prestación se ajuste conforme a los parámetros de la última norma en cita, una vez haya cumplido los requisitos de acceso a la misma.
En los términos anteriores dejo sustentado mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Magistrado Ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 91572
REFERENCIA: ELISANA ALVINCI VELÁSQUEZ FANDIÑO vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de nuestra Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto toda vez que considero que con ella se quiebra una línea jurisprudencial sólida y consolidada, la cual no se aviene al concepto de justicia que se deriva de los objetivos de universalización, eficiencia y progresividad que persigue el servicio público de la seguridad social, por las razones que a continuación paso a explicar.
Estimo que la posición mayoritaria incurre en un inadecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que la lleva a darle un alcance que no tuvo ni tiene el régimen de transición propiamente dicho. Obsérvese que este precepto no se dedica única y exclusivamente a las normas de tránsito entre la legislación derogada y la vigente, lo que conocemos como régimen de transición, sino que también hace alusión a los derechos adquiridos y a los cambios normativos ordinarios dentro del Sistema General de Pensiones. Veamos:
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Un primer ejercicio nos invita a revisar la estructura original del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta las reformas legales posteriores ni las declaratorias de inexequibilidad realizadas:
ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
De una lectura desprevenida aflora que la norma tiene diferentes objetivos de protección. Me permito revisarlos uno a uno:
Derechos Adquiridos
El inciso 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señala:
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.
Aunque técnicamente los derechos adquiridos no pueden ser modificados ni derogados por la ley posterior, por tanto, no deben hacer parte de los regímenes de transición, este inciso reafirma lo establecido en el artículo 11 del mismo marco normativo. A nuestro juicio, lo más importante es que reconoce que el derecho se adquiere con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez.
Régimen de transición
Los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36, indican:
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Estos incisos del artículo 36 regulan el régimen de transición entre la normatividad inmediatamente anterior y la nueva que configura el Sistema General de Pensiones. Dado que se trataba de integrar en un solo texto todos los esquemas pensionales de prestación definida vigentes con anterioridad al sistema general de pensiones, que no fueron exceptuados expresamente por el artículo 279, con el nuevo régimen de prima media con prestación definida, y la incompatibilidad que se genera por sus mecanismos financieros excluyentes (capitalización colectiva versus capitalización individual), la norma instituyó como renuncia voluntaria al régimen de transición el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad; pero, además, para reafirmar esta consecuencia, se estableció expresamente que la transición no se recupera por un posterior nuevo traslado al régimen de prima media.
Cambios futuros legislados para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en relación con la pensión ordinaria de vejez
El inciso 1º y el parágrafo del artículo 36, enseñan:
ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
El artículo 19 del Decreto 1650 de 1977 estableció como régimen financiero para las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes, el de prima media escalonada. De ahí, que cuando se optó por unificar los regímenes pensionales preexistentes, todos de prestación definida, en torno al esquema financiero del seguro adoptado por el Instituto de Seguros Sociales, se definió uno solo denominado «Régimen de prima media con prestación definida». Atrás quedaron los sistemas de reparto. Ello explica por qué el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, como regla general, dispuso que será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Para este régimen, prima media con prestación definida, se adoptaron las edades mínimas para acceder a la pensión fijadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de 1990, que eran de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, conforme se constata de la lectura del primigenio artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el parágrafo 4º ibidem dispuso que:
PARÁGRAFO 4º. A partir del primero (1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.
Como se infiere claramente, la norma trazó un cambio futuro en la edad de pensión, razón por la cual el legislador debió reafirmar esta situación en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues técnicamente se trata de un cambio normativo.
Pero, además siendo la norma consecuente con el parágrafo 1º del artículo 33 del texto normativo, que establece cuáles son los tiempos válidos para la pensión ordinaria de vejez del régimen de prima media, el parágrafo del artículo 36 replicó dichos tiempos válidos.
En otras palabras, el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regulan la edad y tiempos válidos de pensión que deben ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media con prestación definida, de que trata el artículo 33 de dicha normativa, dados los cambios que en las edades de pensión se establecieron para el año 2014.
En ningún caso estos preceptos regulan las edades ni los tiempos válidos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición pues, expresamente, el inciso 2º del multimencionado artículo consagró que la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Para no dejar dudas sobre ello, el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 813 de 1994, instituyó:
Artículo 3o. Beneficios. Las personas que cumplan algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1° de abril de 1994. (Subrayas mías)
Es palmario entonces, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene diferentes objetivos de protección que no deben ser confundidos, como me temo que lo fueron, y menos ser mezclados para obtener un resultado paternalista, pues ello trae como consecuencia que la política pública de pensiones, y el concepto de justicia que subyace a la misma, no brinde el resultado esperado en términos del objetivo social que se persigue.
El régimen de los seguros sociales obligatorios
En primer lugar, es patente que para tener derecho a las prestaciones del seguro social obligatorio debía existir afiliación expresa a dicho instituto.
Los artículos 13 a 16 del Decreto 1650 de 1977, señalan:
Artículo 13. De la afiliación del régimen. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes a las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.
Artículo 14. Del concepto de afiliación. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.
Artículo 15. De la reglamentación de la afiliación. Los reglamentos generales de los seguros sociales obligatorios señalarán la forma y oportunidad de la afiliación, las sanciones por el incumplimiento en efectuarla y, en todo caso, el derecho del trabajador para exigirla por sí mismo.
Artículo 16. De los beneficios y derecho habientes. Son beneficiarios de los seguros sociales obligatorios y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y de salud, las personas afiliadas al régimen y las que por su vinculación a un afiliado puedan recibir tal beneficio, según los reglamentos. Estas últimas reciben en este estatuto el nombre de derecho habientes.
La afiliación al Instituto de Seguros Sociales es entonces el instrumento que permite al ciudadano ser beneficiario de las prestaciones que este otorgaba.
El Decreto 3063 de 1989, que aprobó el reglamento en sus artículos 8 y 10, dice:
Artículo 8° AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.
Artículo 11. ASEGURADO. Se entiende por asegurado al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cumplido con los requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros Sociales Obligatorios.
Así las cosas, es totalmente cristalino que, desde siempre, pero en especial a la vigencia del sistema general de pensiones, se entiende por afiliado el que cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios y por asegurado el que ha cumplido con los requisitos de los respectivos reglamentos, básicamente, tratándose de invalidez, vejez y muerte, las semanas de cotización a dicho Instituto, no a otras entidades.
Pero quizás lo más importante es que, para el Instituto de Seguros Sociales, como arriba se advirtió, se adoptó la técnica financiera de la prima media escalonada, propia del seguro social, que exige que los afiliados se encuentren asegurados y cotizando (pagando las primas de seguro) al ente asegurador. Entonces, el pago de las prestaciones se supedita al cumplimiento estricto del deber de sufragar el aporte por las semanas de cotización exigidas (pago de la prima), reitero, al asegurador. Así, la estructura técnica establecida para el seguro social niega cualquier posibilidad de administrar pensiones en régimen de reparto simple, dado que no se trata de «acumulación de tiempos» sino de cancelar verdaderas primas de seguro, a través de los aportes mensuales para asegurar el pago de las prestaciones que se derivan de los riesgos, en este asunto específico, de la invalidez, la vejez y la muerte.
El contexto trazado se desprende, sin esfuerzo alguno, de la lectura desprevenida de las siguientes normas del acuerdo inmediatamente referido.
Artículo 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro. […]
Artículo 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado. […]
Por último, los incisos 6 y 7 del artículo 79 del mencionado acuerdo, rezan:
Los aportes para los distintos seguros se liquidarán por semanas completas en cada período mensual de aportación.
Para la liquidación de las prestaciones económicas, el Instituto adoptará los mecanismos necesarios a fin de establecer las semanas cotizadas en un período determinado.
Así es como, finalmente, se instituye en términos de semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones que ofrece el seguro social, pero en especial, el seguro de invalidez, vejez y muerte -IVM.
A guisa de ejemplo, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:
Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
De esta manera es claro que el régimen de los seguros sociales obligatorios se fundamenta en el pago de aportes para cubrir los riesgos asumidos por parte del asegurador. En caso alguno, la norma escindió o siquiera permitió que la actividad aseguradora se fraccionara entre varias aseguradoras para luego permitir la suma de tiempos cotizados entre ellas con el fin de cubrir el riesgo asumido, en este caso, la pensión de vejez.
En otras palabras, en el país, hasta 1988, no existía posibilidad alguna de tener en cuenta los tiempos de aportes o servicios al sector público para acceder a las prestaciones ofrecidas por el régimen de los seguros sociales obligatorios, ni de sumar las semanas cotizadas al ISS a los tiempos de servicios o aportes exigidos por las normas del sector público para acceder a las pensiones de jubilación vigentes.
La solución normativa: la pensión de jubilación por aportes
La imposibilidad legal de sumar los tiempos de cotización al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de aportes al sector público fue lo que dio origen a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.
Al respecto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47 del 29 de marzo de 1990, sostuvo:
a) Para resolver la cuestión planteada, la Corte debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aunque sea su parágrafo solo lo demandado, porque entre una y otra parte de aquel, existe una estrecha relación de dependencia.
En efecto, el citado artículo 7º establece la posibilidad de adquirir el derecho a la pensión de jubilación por los empleados oficiales, es decir, trabajadores oficiales y empleados públicos y por los trabajadores particulares, en el evento de que estos acrediten la acumulación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisariar o distrital, con los efectuados ante el Instituto de los Seguros Sociales; esto quiere decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, es posible acceder a la prestación jubilatoria, mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria, cuando la suma de aquellos equivalgan por 10 menos a veinte (20) años;
b) Sin embargo, dicha posibilidad jurídica de acumulación conforme a lo establecido en el citado artículo 7º, está condicionada, además, como presupuesto fundamental, al arribo a la edad de sesenta (60) años si el afiliado aportante es varón, y de cincuenta y cinco (55) si es mujer, puesto, que de no mediar dichos términos no es posible la acumulación que daría derecho a esta situación pensional especial;
c) De lo visto se colige que el trabajador vinculado por una relación laboral particular que no haya sufragado aporte o cotización alguna a una o varias entidades de previsión social, no queda cobijado por los efectos de la ley que establece la prerrogativa de la acumulación; en este mismo sentido se tiene que esta nueva disposición se restringe al ámbito de los trabajadores amparados mediante aporte o cotización por el régimen de seguridad social organizado en sustitución de los patronos, sean estos particulares u oficiales;
d) De otra parte, conviene advertir que esta nueva y especial regulación, de connotación evidentemente social, no modifica la aplicación de los regímenes ordinarios establecidos para regular la citada prestación jubilatoria, cuando a ella se tiene vocación dentro de cada sistema, particular u oficial, autónoma e independientemente considerados en cuyos casos, los presupuestos de edad y tiempo de servicios continúan siendo los que establecen las demás "normas de los regímenes actuales vigentes".
e) Por lo que hace al parágrafo cuestionado por la demanda, la Corte advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional que ordena en determinadas hipótesis la aplicación de las disposiciones ordinarias; las que continuaran rigiendo para las personas que al entrar en vigencia la Ley 71 de 1988 ya hayan cumplido ciertas condiciones de edad y de tiempo de aportes como son las de tener 50 años o más de edad para los varones y 45 años o más para las mujeres; y en todo caso que unos y otras tengan diez (10) o más años de afiliación en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, en todos los órdenes de la organización territorial. Si a la fecha de sanción de la ley estas personas ya habían arribado a estos límites de edad y de aportes no pueden acceder a la pensión de jubilación por la nueva vía de la acumulación, ni acogerse a ella;
f) Además, debe tenerse de presente que las normas de los regímenes actuales vigentes a las que hace relación la norma acusada son, principalmente, para el empleado oficial el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, y para los demás trabajadores, lo dispuesto por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias como el Decreto 2218 de 1966.
Nótese que la providencia en el literal d), a la vez que reconoce una nueva forma de acceder a la pensión, reafirma que las normas vigentes del sector público y privado que regulan las pensiones preexistentes mantienen su autonomía y especialidad.
De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-C-012 de 1994 da cuenta del nuevo tipo de derecho pensional creado por la Ley 71 de 1988, en los siguientes términos:
Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social oficial o al ISS.
En tal virtud, si como se afirmó antes, la norma en referencia creó un nuevo tipo de derecho pensional, no se puede hablar, como lo hace el demandante, de un derecho "causado", con base en la misma disposición; en otros términos, es inconcebible que el aparte de la norma acusada (parágrafo del artículo 7°), pueda violar el derecho que ella misma crea en el inciso 1°.
Así las cosas, es menester señalar que a la vigencia del Sistema General de Pensiones coexistían regímenes pensionales incompatibles entre sí, a decir: i) los regímenes del sector público, que otorgaban la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985, Ley 6 de 1945 y otros); ii) el régimen de los seguros sociales obligatorios y en caso de ausencia de subrogación de los riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo; y iii) el régimen de acumulación de aportes y cotizaciones establecido por la Ley 71 de 1988, único y excluyente que permite la sumatoria de los tiempos aportados tanto en el sector público como en el privado.
El régimen de transición y la protección de expectativas
La Ley 100 de 1993 pretendió la unificación de los esquemas pensionales anteriormente vigentes en torno a un sistema de pensiones, configurado por los regímenes pensionales de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad.
Al buscar la universalización del servicio, conforme a las necesidades económicas y sociales identificadas, unificó en un primer momento, para el régimen de prima media con prestación definida, las edades mínimas de pensión en 55 años para las mujeres y 60 años para el hombre, buscando armonizar en el año 2014 las edades mínimas de pensión para ambos regímenes en 57 años para la mujer y 62 años para los hombres.
De igual manera consagró el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización. Por razones de equilibrio en el sistema, este requerimiento fue dispuesto con desbalance en ambos regímenes; jamás se pretendió la equiparación del número de semanas de cotización para acceder a la pensión mínima, dadas las diferencias naturales de sus sistemas financieros.
El régimen de transición como vehículo, valga la redundancia de tránsito, entre la legislación anterior y la posterior, busca llevar a los ciudadanos en sus expectativas a la actual situación ordinaria creada por la nueva ley.
Sobre este punto, en aclaración de voto del expediente 47557, expliqué:
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Aquí y ahora reafirmamos que, un régimen de transición, sobre todo cuando la nueva ley establece requisitos de acceso a los derechos más exigentes, no crea nuevos derechos, al contrario, o mantiene la expectativa legítima que trae el ciudadano, no protege la mera expectativa, o, como en el caso del artículo 36 en relación con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en transición, va tornando poco a poco más exigente la forma de determinarla, llevando a los grupos de población a lo querido por la nueva ley.
En nuestro criterio el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no creó nuevos derechos ni buscó instaurar nuevas formas para acceder a ellos; al contrario, estimó que los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión de vejez serían los del régimen anterior. Y como arriba lo aduje, cada régimen precedente tiene su especificidad y autonomía, que hacen que la expectativa legítima de cada afiliado sea edificada conforme a la que venía construyendo; determinarlo de otra manera, sería no buscar la protección de una expectativa legítima, sino crear otras, que, como en el presente caso, no son acordes con el objetivo perseguido por la Ley 100 de 1993.
Se itera, el objetivo social que se busca con el régimen de transición propiamente dicho, y claramente delimitado, no es otro que el de protección de expectativas legítimas, conforme se venían desarrollando por el afiliado. Al aplicarse indebidamente la norma lo que se genera es regresividad en el sistema pensional. El principio de universalidad de la seguridad social requiere de requisitos de acceso uniformes para el grueso de la población, con ello se satisface a plenitud el principio de igualdad, dando contenido al concepto de justicia social. La Ley 100 de 1993 se implementó buscando este objetivo, por tanto, crear nuevas formas de acceso al derecho, contraviene gravemente el cometido estatal.
Como arriba lo asentamos el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no regulan el régimen de transición; solo la edad y tiempos válidos para pensión del régimen ordinario determinado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Utilizar estos apartes normativos para justificar sumatorias de tiempo en el régimen de transición es aplicarlos indebidamente pues su real propósito no fue regular el régimen de transición. Al contrario, pretender utilizar dichos apartes normativos de esta manera, resulta contradictorio toda vez que limita el verdadero alcance de las expectativas que protegen los incisos 2, 3, 4 y 5 del mencionado artículo 36.
Así las cosas, insistimos en que las pensiones en régimen de transición, basadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de ese mismo año, se construyen a partir de los aportes realizados, única y exclusivamente, al Instituto de Seguros Sociales, respetando la autonomía y especificidad de dicho estatuto pensional.
Es mi convicción que el concepto de justicia social no abarca situaciones en las cuales la medida resulta injusta para el agregado; lo aparentemente justo para el individuo cuando deviene en injusto para la sociedad, se manifiesta como un privilegio de unos pocos en detrimento de la colectividad. Considero que la posición mayoritaria actual, adoptada después de la expiración del régimen de transición, en lugar de generar progresividad en el sistema de derechos engendra regresividad.
Básicamente, la interpretación de la posición mayoritaria lleva a que a los funcionarios públicos que tenían la expectativa, única y legítima, de acceder a un monto de pensión del 75% de la base de liquidación, dada la transición de la Ley 71 de 1988, se les conduzca injusta e indebidamente a una expectativa, que jamás tuvieron, no propia del régimen de los seguros obligatorios, de acceder a una pensión con un monto del 90%, como se mostró, sumando indebidamente tiempos del sector público y del privado. Pero además, afiliados que no tenían una expectativa de acceder al derecho, v.g. afiliados que no reunieron 500 semanas de cotización al ISS, terminen beneficiándose de una prestación, sobre la cual no tenían ninguna expectativa, sumando indebidamente tiempos públicos y privados, pues, se itera, esta posibilidad fue creada, en criterio nuestro, por la indebida aplicación del marco legal, excediendo la teleología y con ello el alcance del régimen de transición.
Estas son las razones por las cuales salvo el voto.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA