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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL152-2023

Fecha
30 de enero de 2023
Magistrado ponente
Santander Rafael Brito Cuadrado

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL152-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso ordinario laboral seguido por NUBIA DEL CARMEN MARTÍNEZ DE SIERRA contra a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. En SEDE DE INSTANCIA se revoca la decisión del nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar, se declara que el valor de la mesada pensional de la demandante, para el 2 de noviembre de 2008, correspondía a $558.194 y no a $461.500. Como consecuencia de lo anterior, se condena al pago de las diferencias entre una y otra, que, en los períodos no prescritos, da un total de $4.126.550. Esa suma de dinero, junto con las que se generen en el futuro, deberá ser indexada, desde la causación de cada diferencia y hasta el momento de su pago. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL152-2023

Magistrado ponente: Santander Rafael Brito Cuadrado

30 de enero de 2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO

Magistrado ponente

SL152-2023

Radicación n.° 93103

Acta 02

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NUBIA DEL CARMEN MARTÍNEZ DE SIERRA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que la recurrente le instauró a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Nubia del Carmen Martínez de Sierra llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para obtener la reliquidación de su pensión de vejez, con una tasa del 90 % del ingreso base sobre las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral, debidamente actualizada y conforme lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 (f.° 35 a 42 del cuaderno 1).

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que la accionada, con la Resolución n.° 013922 del 21 de mayo de 2009, le concedió pensión de vejez, para lo cual se percató que era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, le aplicaba lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990; que la prestación se concedió a partir del 2 de noviembre de 2008 en cuantía inicial de $461.500, para lo cual, se aplicó un porcentaje del 69 %.

Manifiesta, que al sumar las semanas públicas y privadas, da un total de 9508 días, equivalente a 1358 semanas, siendo procedente el cálculo solicitado.

La parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que otorgó la pensión, pero informó, que no le constaba que, al agregar a los períodos privados, los que se dicen eran públicos, arrojaran la densidad señalada en el líbelo inicial.

En su defensa propuso las excepciones de mérito de prescripción, no configuración del derecho al pago del IPC ni de indexación o reajuste alguno, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria, no configuración del derecho al pago de los anteriores conceptos, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos, carencia de causa para demandar, compensación y no procedencia al pago de costas (f.° 48 a 61 ib.).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de septiembre de 2019 (f.° 79 a 80 del cuaderno 1), absolvió a la demandada y declaró probada la excepción de inexistencia del derecho y cobro de lo no debido.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), confirmó la del Juzgado (f.° 99 a 104 del cuaderno 1).

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión, que debía definir si era procedente la reliquidación de la pensión de la accionante, con la inclusión de los tiempos laborados a la Caja Agraria entre 1979 y 1987, con los cotizados a la enjuiciada, para aplicar una tasa del 90 % y calcularla, con el promedio devengado durante toda la vida laboral.

Para atender ese asunto, sostuvo que la sentencia CC SU-057-2018 precisó que, en virtud del principio de favorabilidad, era posible acumular tiempos del sector público cotizados a cajas o fondos de previsión social, con los efectivamente realizados al entonces Instituto de Seguros Sociales, para efectivizar el Acuerdo 049 de 1990, porque este no exigía que las semanas fueran reportadas exclusivamente a la administradora del régimen de prima media con prestación definida, advirtiendo, que esa situación era posible, siempre y cuando no existiera otro régimen pensional que permitiera al afiliado acceder a su derecho.

Con sustento en esa afirmación, concluyó que en este asunto no era aplicable esa decisión porque existió una normativa que a la reclamante le permitió acceder a una prestación y por ende no se encontraba en la situación analizada en la SU mencionada.

Consecuente con lo expuesto, dijo que tampoco era viable acudir al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ya que no era procedente la acumulación de tiempos solicitada por la petente, lo cual, solo era factible si se acudía al artículo 33 de la Ley de Seguridad Social Integral.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita a la Corporación que case en su totalidad la sentencia proferida en segundo grado y que, una vez constituida en sede de instancia, revoque íntegramente la decisión de primer grado «y en consecuencia ordenar la reliquidación de la pensión de vejez […] teniendo en cuenta las previsiones del Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de remplazo de 90 %, y no como indebidamente lo sentenció el Tribunal […]».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se analizaran en el orden propuesto.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por la vía de puro derecho, en la modalidad de infracción directa, de los artículos 13, 15, 21, 34 y 36 de la Ley 100 de 1993; 48, 53 y 230 de la Constitución Política y 21 del CST, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990.

Al desarrollarlo, dice que la interpretación que se ataca, es que se hubiera sostenido que el Acuerdo 049 de 1990 no permitía la suma de tiempos públicos y privados, porque, en verdad sí lo admite, lo cual, fue solucionado en la sentencia CC SU-769-2014, e incluso esta Corporación es de igual criterio, como sucede en la CSJ SL2557-2020.

CARGO SEGUNDO

Denuncia el fallo por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las mismas disposiciones insertas en la acusación anterior.

El error que atribuye a la decisión del Tribunal, consiste en lo siguiente:

No dar por demostrado, estándolo, que la demandante contaba con más de 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral.

Esa equivocación la atribuye al errado análisis de los siguientes medios de convicción:

1. Copia del Reporte Oficial de Semanas Cotizadas Periodo 1967 —1994 emitido por Colpensiones.

2. Copia del Reporte de Semanas Cotizadas expedido por Colpensiones el 10 de mayo de 2017.

3. Copia del Certificado de Información Laboral formato 1 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social con número consecutivo CA 23013 del 08 de agosto de 2017.

4. Copia del Certificado de Salario Base Formato N.° 2 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social con número consecutivo CA 23013 del 08 de agosto de 2017.

5. Copia del Certificado de Salarios Mes a Mes Formato 3B expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social con número consecutivo CA 23013 del 08 de agosto de 2017.

6. Conteo de las semanas cotizadas por mi poderdante.

Al desarrollarlo, se remite al anexo de conteo de semanas, e indica que, como no se tuvieron en cuenta el formato n.° 1 de la Caja Nacional de Previsión - Cajanal, que daba cuenta sobre la densidad de semanas, no se estimó que se reunían las condiciones para alcanzar la pensión prevista en el Acuerdo 049 de 1990, «impidiéndole el reconocimiento de la pensión de vejez […]» e indica que, en virtud del principio de favorabilidad, el Tribunal debió tener en cuenta los tiempos públicos y privados.

RÉPLICA

Dice que en el alcance de la impugnación no se indica cuál debe ser el sentido de la sentencia de reemplazo.

Para el primer cargo, expone que el monto de la pensión se determinó con la normativa vigente al momento de su reconocimiento y dice que la segunda acusación no debe prosperar, porque la norma con la que se liquidó la prestación fue con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, no siendo viable acudir al Acuerdo 049 de 1990.

Respecto del segundo ataque, expresa que el fallador de alzada no incurrió en los errores de hecho denunciados en la demanda extraordinaria y, menos aún, que estos fuesen ostensibles y evidentes, con la contundencia requerida para tildar la sentencia expedida de ilegal.

Precisa, que comparte las apreciaciones del Tribunal respecto de la negativa a ordenar el reajuste de la pensión con la reliquidación de la tasa de remplazo, lo que no es procedente, ya que la norma aplicada, que es la correspondiente al artículo 7° de la Ley 71 de 1988, prevé una tasa de remplazo del 75 % del ingreso base de liquidación – IBL, y no le es aplicable la dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, la que señala el 90 % del mismo ítem.

Afirma, que la recurrente suma las semanas cotizadas en el ISS con las laboradas en la Caja Agraria y no aportadas al ISS, lo que no es posible para aplicar el Acuerdo 049 de 1990, sino el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Asevera, que no es posible la aplicación parcial de una norma para el reconocimiento pensional y de otra para la reliquidación de la misma, por la inescindibilidad de la regla bajo la cual ha de regirse el asunto en concreto.

CONSIDERACIONES

Se equivoca la entidad replicante al afirmar que en el alcance de la impugnación no se señala cuál debería ser la decisión de remplazo en caso de casarse la sentencia de segundo grado, pues en el aparte de cierre de la demanda de casación se lee que una vez constituida esta Sala en sede de instancia, revoque íntegramente la decisión de primer grado «y en consecuencia ordenar la reliquidación de la pensión de vejez […] teniendo en cuenta las previsiones del Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de remplazo de 90 %, y no como indebidamente lo sentenció el Tribunal […]».

Se recuerda, que la demandante, para intentar la infirmación de la decisión del Tribunal, formula el cargo inicial por la senda de puro derecho, como consecuencia de la infracción directa de las disposiciones relacionadas en la proposición jurídica; sin embargo, al momento de desarrollar la acusación, cuestiona la interpretación realizada por el ad quem, sobre el Acuerdo 049 de 1990, ya que, en sentir de la recurrente, sí es viable la suma de tiempos públicos y privados para acceder a la pensión de vejez, regulada en ese cuerpo normativo.

Esa forma de plantear la imputación olvida que, sobre una misma norma, no es posible invocar dos submotivos de violación, pues cada uno de ellos tiene características diferentes y son excluyentes.

En efecto, el de infracción supone dejar de aplicar al asunto un artículo que estaba llamado a gobernarlo, mientras el de la errada interpretación, se presenta cuando al utilizar un texto legal, se altera su contenido, al otorgarle una inteligencia que no corresponde a su cabal y genuino sentido.

Empero, lo expuesto no impide a la Corte estudiar el reproche formulado, al entender que lo sucedido obedeció a un lapsus al momento de presentarlo, pues en atención a los fundamentos planteados, se entiende que los cuestionamientos están dirigidos a mostrar la equivocada hermenéutica realizada por el Juez de la apelación.

Dicho esto y para resolver la temática propuesta, se recuerda que esta Corporación, con anterioridad, sostenía que no era viable sumar tiempos privados y públicos no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, para alcanzar la prestación regulada en el Acuerdo 049 de 1990; posición que se revaluó, aceptando su inclusión para causar el derecho y también para su reliquidación.

Precisamente, en la sentencia de casación CSJ SL3801-2021, se indicó:

Esta Sala durante muchos años sostuvo que no era procedente en el marco del Acuerdo 049 de 1990, aplicable a los beneficiarios del régimen de transición, sumar tiempos privados y públicos no cotizados al ISS. Sin embargo, desde la sentencia CSJ SL1981-2020, reiterada en CSJ SL3110-2020, CSJ SL4480-2020, SL182-2021, entre otras, abandonó tal criterio.

Los argumentos expuestos en la citada sentencia, y a los cuales acude hoy la Sala para declarar fundado el cargo y dar respuesta al opositor, son los siguientes:

El sistema general de seguridad social en pensiones es un sistema inspirado en el principio de la universalidad y en el reconocimiento del trabajo como parámetro de construcción de la pensión

La Ley 100 de 1993 tuvo como eje central la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema único, inclusivo y universal denominado «sistema general de pensiones», que permitiera la construcción de sus prestaciones a partir del concepto de trabajo.

Esta Sala ha subrayado en distintas oportunidades este objetivo de la Ley 100 de 1993 consistente en superar las fronteras impuestas por los anteriores regímenes pensionales, que coexistían dispersamente y condicionaban la validez de los tiempos laborados a situaciones tales como que hubieran sido objeto de aportes, laborados en determinados sectores o entidades, cotizados a específicos entes previsionales, entre otras, condiciones y limitaciones que en la nueva regulación se eliminaron, para, en su lugar, tomar como referente de construcción de la pensión la prestación del servicio en cuanto tal. De allí que «al suprimir estas barreras, que obstaculizaban la adquisición del derecho pensional, la L. 100/1993 se erija en un estatuto normativo inclusivo, anti clasista y unificador de regímenes pensionales, como se expresa en su art. 6.º, al prescribir que «el Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad» (CSJ SL11188-2016).

Por este motivo, el sistema le concedió validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

En efecto, el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 señala que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. A su turno, el parágrafo 1.° del artículo 33 del mencionado estatuto de seguridad social, también le concede validez para efectos del cómputo de semanas, a los tiempos laborados como servidores públicos.

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha avanzado en una línea que aboga por darle efecto a todos los tiempos laborados para cubrir pensiones de la Ley 100 de 1993, dentro de las cuales se encuentran las del régimen de transición. Así ocurrió con la pensión de jubilación de la Ley 71 de 1998 (CSJ SL4457-2014), la orden de giro de títulos pensionales cuando el empleador, debido a su omisión, vacíos legales o falta de cobertura en un territorio, no afilió a sus trabajadores al ISS (CSJ SL14215-2017) o el cómputo en semanas del servicio militar (CSJ SL11188-2016). Todo lo anterior bajo la premisa de que a la luz de la Ley 100 de 1993, «los tiempos laborados deben tener alguna incidencia pensional, no pueden perderse sin más. Y esto no se trata de una dádiva o un acto de compasión, sino de un derecho irrenunciable, ligado a la prestación del servicio», del que se beneficia la sociedad en su conjunto (CSJ SL1140-2020).

Desde este punto de vista, se asevera que a diferencia de los regímenes anteriores, la Ley 100 de 1993 tuvo un efecto homogeneizador que se traduce en la convalidación de todos los tiempos laborados, lo cual se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, no solo porque a ellos les aplica en su plenitud las reglas del sistema general de pensiones, salvo en lo que concierne a la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto; también porque estas personas eran las que sufrían las consecuencias de la legislación preexistente, caracterizadas por la dispersión de regímenes y responsabilidades, donde algunas semanas eran desechadas o reputadas como no válidas para pensión.

Las pensiones del régimen de transición hacen parte del sistema general de seguridad social en pensiones y, por tanto, a sus beneficiarios les aplican los preceptos normativos que ordenan la sumatoria de tiempos públicos no cotizados y privados sufragados al ISS, hoy Colpensiones

Como se dijo, la Ley 100 de 1993 tuvo como premisa fundamental la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema global. Sin embargo, frente a ciertos segmentos de la población próximos a pensionarse según las reglas anteriores, la Ley 100 de 1993 instituyó en su artículo 36 un régimen de transición, el cual, sin aislarse de los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones, otorga ciertos privilegios a esas personas en tres materias puntuales: edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión, dejando claro que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley (sic)».

De esta forma, el régimen de transición no es un mundo separado o excluido de la Ley 100 de 1993, es una regulación especial englobada en la misma, a través del cual se otorga a ciertas personas la posibilidad de pensionarse con base en la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la ley anterior, quedando todo lo demás sometido al imperio de aquella normativa.

Lo anterior significa que para estas personas la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33, disposiciones que, expresamente, consagran la suma de tiempos públicos, hayan sido o no objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

Por tanto, no hay razón alguna que justifique inaplicar las normas en cita para los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior es el del Acuerdo 049 de 1990, pues, en estricto rigor, dichas personas están afiliadas del sistema general de pensiones, conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 100 de 1993. Luego, les asiste el derecho a la portabilidad de las semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador público no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsión social.

Con otras palabras: si los beneficiarios del régimen de transición son afiliados al sistema general de pensiones y están sometidos a su regulación -salvo los tres aspectos referidos-, ello apareja como consecuencia lógica el derecho a que las directrices y principios rectores de este sistema se les aplique, de manera axiológicamente coherente, de manera integral, tal como ocurre con la posibilidad que se contabilicen en su favor todas las semanas laboradas para el otorgamiento de las prestaciones.

El parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es claro en que para la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición se debe tener en cuenta la sumatoria del tiempo de servicio público y las semanas cotizadas al ISS o a entidades de previsión social

Aunque la Ley 100 de 1993 es clara en que las pensiones del régimen de transición se regulan por todas las disposiciones de esa normativa (excepto los tres aspectos ya referenciados), incluido lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33 conforme se explicó a espacio, en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso ser mucho más incisivo en tal aspecto.

En efecto, en dicha disposición recalcó que «para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio».

Tal proposición normativa no puede entenderse referida a la pensión de vejez ordinaria prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como otrora lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, toda vez que está inmersa en el artículo que regula el régimen de transición. Pero, además, es equivocado concebir que un inciso incorporado en una disposición que regula temáticamente un asunto, en este caso, el régimen de transición, no se refiera a la materia reglamentada sino a otra diferente y consagrada en artículo distinto. Más aún, este precepto no es más que la expresión de coherencia del sistema de seguridad social, en cuanto reconoce el trabajo humano como pilar fundamental del sistema de protección social y, por ello, pretende darle significación en la causación de las pensiones.

La Ley 100 de 1993 previó mecanismos de financiación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición

En aras de materializar la idea de que el trabajo humano cuenta en la seguridad social, la Ley 100 de 1993 previó sendos instrumentos de financiación tales como los cálculos actuariales o las cuotas partes pensionales, que permiten portar y hacer valer las semanas de trabajo para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales. Es decir, la Ley 100 de 1993 anticipó las disfuncionalidades que podrían presentarse de tomar en cuenta todos los tiempos cotizados en el ISS o en las múltiples cajas que existían, o el tiempo laborado a empleadores que tenían a su cargo las pensiones, para lo cual instituyó mecanismos de financiación de las pensiones a través de títulos o cuotas partes, que dicho sea de paso en este caso, corresponde a 14 años, 11 meses y 19 días de servicio que se cubrirán con la última de las modalidades citadas, tal como lo dispone la ley.

Por consiguiente, el argumento de una debacle financiera se cae de su peso, ya que, se repite, el sistema prevé mecanismos eficientes de recaudo de los títulos o dineros llamados a financiar la pensión.

En lógica con lo anterior, esta Sala en sentencia CSJ SL2557-2020, reiterada en la CSJ SL2776-2021, estableció la posibilidad de aplicar tal criterio en tratándose de la reliquidación de la pensión. (Negrillas de la Sala).

Por lo expuesto, el Tribunal cometió el error jurídico atribuido por la demandante, al desatender que deben efectivizarse todos los tiempos laborados para cubrir las pensiones de la Ley 100 de 1993, incluidas, igualmente, las del régimen de transición, al formar, estas, parte del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

De ahí, que es válido que a quienes se encuentren en los supuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se les aplique los textos legales que autorizan sumar tiempos públicos no cotizados, con los privados realizados al entonces Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.

De lo dicho se sigue que el cargo prospera y, por tal razón, no es necesario analizar la segunda denuncia.

SENTENCIA DE INSTANCIA

La señora Nubia del Carmen Martínez de Sierra, nació el 16 de julio de 1953; es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como lo reconoció la demandada en Resolución proferida en mayo de 2009, donde le concedió a la petente, una pensión con sustento en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, en cuantía inicial de $461.500, a partir del 2 de noviembre de 2008.

Se observa, que la administradora del régimen de prima media con prestación definida, con la Resolución SUB 61724 del 3 de marzo de 2018, resolvió una solicitud de reliquidación de la pensión, presentada el 13 de febrero del mismo año; acto administrativo, donde computó todos los tiempos servidos por la actora, incluyendo los de la Caja Agraria, totalizando un total de 9468 días, que equivalen a 1352 semanas y que además, corresponden a la información del reporte de semanas y certificados de tiempos de servicios.

Con esa averiguación, se procede a calcular la pensión de la demandante, con lo devengado, en los diez últimos años y en toda su vida laboral, aplicando una tasa de reemplazo del 90 %, pero advirtiendo, que las mesadas causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2015, se encuentran afectadas con la prescripción, en atención a que la reclamación se realizó el 13 de febrero de 2018 y la demanda ordinaria se formuló el 14 de septiembre de igual anualidad.

Al efectuar las operaciones correspondientes, se observa que el valor de la pensión, con los últimos 10 años, sería de $541.925, mientras que la efectuada con toda la vida laboral, es de $558.194, siendo superior a la anterior y, por tal razón, sobre esta suma es que se definirán las diferencias pensionales.

Para mayor ilustración, se insertan los siguientes cuadros:

HISTORIAL LABORAL

10 AÑOS

FECHAS

N.º DE

N.º DE

SALARIO

SALARIO

I B L

INICIO

FIN

DIAS

SEMANAS

DEVENGADO

INDEXADO

PROMEDIO

1/12/1998

31/12/1998

30

4,29

$ 334.000

$ 693.240

$ 5.777

1/01/1999

31/01/1999

30

4,29

$ 291.000

$ 517.919

$ 4.316

1/02/1999

28/02/1999

29

4,14

$ 295.000

$ 525.038

$ 4.229

1/03/1999

31/03/1999

30

4,29

$ 318.000

$ 565.974

$ 4.716

1/04/1999

30/04/1999

30

4,29

$ 332.000

$ 590.891

$ 4.924

1/05/1999

31/05/1999

30

4,29

$ 352.000

$ 626.487

$ 5.221

1/06/1999

30/06/1999

30

4,29

$ 374.000

$ 665.642

$ 5.547

1/07/1999

31/07/1999

30

4,29

$ 444.000

$ 790.227

$ 6.585

1/08/1999

31/08/1999

30

4,29

$ 303.000

$ 539.277

$ 4.494

1/09/1999

30/09/1999

30

4,29

$ 286.000

$ 509.020

$ 4.242

1/10/1999

31/10/1999

30

4,29

$ 365.000

$ 649.624

$ 5.414

1/11/1999

30/11/1999

30

4,29

$ 307.000

$ 546.396

$ 4.553

1/12/1999

31/12/1999

30

4,29

$ 341.000

$ 606.909

$ 5.058

1/01/2000

31/01/2000

30

4,29

$ 352.000

$ 573.426

$ 4.779

1/02/2000

29/02/2000

30

4,29

$ 328.000

$ 534.329

$ 4.453

1/03/2000

31/03/2000

30

4,29

$ 359.000

$ 584.830

$ 4.874

1/04/2000

30/04/2000

30

4,29

$ 322.000

$ 524.555

$ 4.371

1/05/2000

31/05/2000

30

4,29

$ 340.000

$ 553.878

$ 4.616

1/06/2000

30/06/2000

30

4,29

$ 397.777

$ 648.000

$ 5.400

1/07/2000

31/07/2000

30

4,29

$ 479.259

$ 780.738

$ 6.506

1/08/2000

31/08/2000

30

4,29

$ 344.000

$ 560.394

$ 4.670

1/09/2000

30/09/2000

30

4,29

$ 320.000

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$ 4.344

1/10/2000

31/10/2000

30

4,29

$ 308.888

$ 503.195

$ 4.193

1/11/2000

30/11/2000

30

4,29

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$ 3.872

1/12/2000

31/12/2000

30

4,29

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$ 630.443

$ 5.254

1/01/2001

31/01/2001

30

4,29

$ 436.000

$ 653.144

$ 5.443

1/02/2001

28/02/2001

30

4,29

$ 525.000

$ 786.469

$ 6.554

1/03/2001

31/03/2001

30

4,29

$ 455.000

$ 681.606

$ 5.680

1/04/2001

30/04/2001

30

4,29

$ 430.000

$ 644.155

$ 5.368

1/05/2001

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30

4,29

$ 558.000

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$ 6.966

1/06/2001

30/06/2001

30

4,29

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$ 814.931

$ 6.791

1/07/2001

31/07/2001

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4,29

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$ 663.630

$ 5.530

1/08/2001

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30

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$ 6.866

1/09/2001

30/09/2001

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4,29

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$ 4.756

1/10/2001

31/10/2001

30

4,29

$ 383.000

$ 573.748

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1/11/2001

30/11/2001

30

4,29

$ 413.000

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$ 5.156

1/12/2001

31/12/2001

30

4,29

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$ 5.830

1/01/2002

31/01/2002

30

4,29

$ 451.000

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$ 5.230

1/02/2002

28/02/2002

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$ 477.313

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1/03/2002

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30

4,29

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$ 5.590

1/04/2002

30/04/2002

30

4,29

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$ 4.813

1/05/2002

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30

4,29

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1/06/2002

30/06/2002

30

4,29

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1/07/2002

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1/08/2002

31/08/2002

30

4,29

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$ 4.476

1/09/2002

30/09/2002

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1/10/2002

31/10/2002

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1/11/2002

30/11/2002

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1/12/2002

31/12/2002

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4,29

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$ 517.669

$ 4.314

1/01/2003

31/01/2003

30

4,29

$ 340.000

$ 442.280

$ 3.686

1/02/2003

28/02/2003

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4,29

$ 335.000

$ 435.776

$ 3.631

1/03/2003

31/03/2003

30

4,29

$ 392.000

$ 509.923

$ 4.249

1/04/2003

30/04/2003

30

4,29

$ 366.000

$ 476.101

$ 3.968

1/05/2003

31/05/2003

30

4,29

$ 334.000

$ 434.475

$ 3.621

1/06/2003

30/06/2003

30

4,29

$ 358.000

$ 465.695

$ 3.881

1/07/2003

31/07/2003

30

4,29

$ 399.000

$ 519.028

$ 4.325

1/08/2003

31/08/2003

30

4,29

$ 503.000

$ 654.314

$ 5.453

1/09/2003

30/09/2003

30

4,29

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$ 608.785

$ 5.073

1/10/2003

31/10/2003

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$ 616.590

$ 5.138

1/11/2003

30/11/2003

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4,29

$ 487.000

$ 633.501

$ 5.279

1/12/2003

31/12/2003

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4,29

$ 474.000

$ 616.590

$ 5.138

1/01/2004

31/01/2004

30

4,29

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$ 537.419

$ 4.478

1/02/2004

29/02/2004

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4,29

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$ 549.633

$ 4.580

1/03/2004

31/03/2004

30

4,29

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$ 585.053

$ 4.875

1/04/2004

30/04/2004

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1/05/2004

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4,29

$ 504.000

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1/06/2004

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1/07/2004

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4,29

$ 493.000

$ 602.153

$ 5.018

1/08/2004

31/08/2004

30

4,29

$ 532.000

$ 649.788

$ 5.415

1/09/2004

30/09/2004

30

4,29

$ 500.000

$ 610.703

$ 5.089

1/10/2004

31/10/2004

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4,29

$ 514.000

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$ 5.232

1/11/2004

30/11/2004

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1/12/2004

31/12/2004

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1/01/2005

31/01/2005

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1/02/2005

28/02/2005

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4,29

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$ 553.384

$ 4.612

1/03/2005

31/03/2005

30

4,29

$ 518.000

$ 599.692

$ 4.997

1/04/2005

30/04/2005

30

4,29

$ 490.000

$ 567.276

$ 4.727

1/05/2005

31/05/2005

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4,29

$ 567.000

$ 656.420

$ 5.470

1/06/2005

30/06/2005

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4,29

$ 517.000

$ 598.534

$ 4.988

1/07/2005

31/07/2005

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4,29

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$ 5.104

1/08/2005

31/08/2005

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4,29

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$ 568.434

$ 4.737

1/09/2005

30/09/2005

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4,29

$ 500.000

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1/10/2005

31/10/2005

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1/11/2005

30/11/2005

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4,29

$ 520.000

$ 602.008

$ 5.017

1/12/2005

31/12/2005

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4,29

$ 529.000

$ 612.427

$ 5.104

1/01/2006

31/01/2006

30

4,29

$ 517.000

$ 570.902

$ 4.758

1/02/2006

28/02/2006

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4,29

$ 491.000

$ 542.191

$ 4.518

1/03/2006

31/03/2006

30

4,29

$ 521.000

$ 575.319

$ 4.794

1/04/2006

30/04/2006

30

4,29

$ 579.000

$ 639.366

$ 5.328

1/05/2006

31/05/2006

30

4,29

$ 586.000

$ 647.096

$ 5.392

1/06/2006

30/06/2006

30

4,29

$ 530.000

$ 585.257

$ 4.877

1/07/2006

31/07/2006

30

4,29

$ 582.000

$ 642.679

$ 5.356

1/08/2006

31/08/2006

30

4,29

$ 597.000

$ 659.243

$ 5.494

1/09/2006

30/09/2006

30

4,29

$ 537.000

$ 592.987

$ 4.942

1/10/2006

31/10/2006

30

4,29

$ 606.000

$ 669.181

$ 5.577

1/11/2006

30/11/2006

30

4,29

$ 591.000

$ 652.617

$ 5.438

1/12/2006

31/12/2006

30

4,29

$ 671.000

$ 740.958

$ 6.175

1/01/2007

31/01/2007

30

4,29

$ 579.000

$ 611.948

$ 5.100

1/02/2007

28/02/2007

30

4,29

$ 566.000

$ 598.208

$ 4.985

1/03/2007

31/03/2007

30

4,29

$ 580.000

$ 613.005

$ 5.108

1/04/2007

30/04/2007

30

4,29

$ 580.000

$ 613.005

$ 5.108

1/05/2007

31/05/2007

30

4,29

$ 567.000

$ 599.265

$ 4.994

1/06/2007

30/06/2007

30

4,29

$ 598.000

$ 632.029

$ 5.267

1/07/2007

31/07/2007

30

4,29

$ 590.000

$ 623.574

$ 5.196

1/08/2007

31/08/2007

30

4,29

$ 567.000

$ 599.265

$ 4.994

1/09/2007

30/09/2007

30

4,29

$ 610.000

$ 644.712

$ 5.373

1/10/2007

31/10/2007

30

4,29

$ 561.000

$ 592.924

$ 4.941

1/11/2007

30/11/2007

30

4,29

$ 577.000

$ 609.834

$ 5.082

1/12/2007

31/12/2007

30

4,29

$ 636.000

$ 672.192

$ 5.602

1/01/2008

31/01/2008

30

4,29

$ 558.000

$ 558.000

$ 4.650

1/02/2008

29/02/2008

30

4,29

$ 691.000

$ 691.000

$ 5.758

1/03/2008

31/03/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 5.125

1/04/2008

30/04/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 5.125

1/05/2008

31/05/2008

30

4,29

$ 643.000

$ 643.000

$ 5.358

1/06/2008

30/06/2008

30

4,29

$ 704.000

$ 704.000

$ 5.867

1/07/2008

31/07/2008

30

4,29

$ 603.000

$ 603.000

$ 5.025

1/08/2008

31/08/2008

30

4,29

$ 665.000

$ 665.000

$ 5.542

1/09/2008

30/09/2008

30

4,29

$ 581.000

$ 581.000

$ 4.842

1/10/2008

31/10/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 5.125

1/11/2008

30/11/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 5.125

1/12/2008

31/12/2008

1

0,14

$ 18.000

$ 18.000

$ 5

3.600

514

$602.139

HISTORIAL LABORAL

TODA LA VIDA

FECHAS

N.º DE

N.º DE

SALARIO

SALARIO

I B L

INICIO

FIN

DIAS

SEMANAS

DEVENGADO

INDEXADO

PROMEDIO

1/07/1979

31/07/1979

30

4,29

$ 5.460

$ 631.995

$ 2.003

1/08/1979

31/08/1979

30

4,29

$ 5.460

$ 631.995

$ 2.003

1/09/1979

30/09/1979

30

4,29

$ 5.460

$ 631.995

$ 2.003

1/10/1979

31/10/1979

30

4,29

$ 5.460

$ 631.995

$ 2.003

1/11/1979

30/11/1979

30

4,29

$ 5.460

$ 631.995

$ 2.003

1/12/1979

31/12/1979

30

4,29

$ 5.460

$ 631.995

$ 2.003

1/01/1980

31/01/1980

30

4,29

$ 5.460

$ 491.552

$ 1.558

1/02/1980

29/02/1980

30

4,29

$ 5.460

$ 491.552

$ 1.558

1/03/1980

31/03/1980

30

4,29

$ 7.348

$ 661.524

$ 2.097

1/04/1980

30/04/1980

30

4,29

$ 7.348

$ 661.524

$ 2.097

1/05/1980

31/05/1980

30

4,29

$ 7.348

$ 661.524

$ 2.097

1/06/1980

30/06/1980

30

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$ 7.348

$ 661.524

$ 2.097

1/07/1980

31/07/1980

30

4,29

$ 7.348

$ 661.524

$ 2.097

1/08/1980

31/08/1980

30

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$ 7.348

$ 661.524

$ 2.097

1/09/1980

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$ 7.348

$ 661.524

$ 2.097

1/10/1980

31/10/1980

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$ 661.524

$ 2.097

1/11/1980

30/11/1980

30

4,29

$ 7.348

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$ 2.097

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31/03/2004

30

4,29

$ 479.000

$ 585.053

$ 1.855

1/04/2004

30/04/2004

30

4,29

$ 505.000

$ 616.810

$ 1.955

1/05/2004

31/05/2004

30

4,29

$ 504.000

$ 615.588

$ 1.951

1/06/2004

30/06/2004

30

4,29

$ 493.000

$ 602.153

$ 1.909

1/07/2004

31/07/2004

30

4,29

$ 493.000

$ 602.153

$ 1.909

1/08/2004

31/08/2004

30

4,29

$ 532.000

$ 649.788

$ 2.060

1/09/2004

30/09/2004

30

4,29

$ 500.000

$ 610.703

$ 1.936

1/10/2004

31/10/2004

30

4,29

$ 514.000

$ 627.803

$ 1.990

1/11/2004

30/11/2004

30

4,29

$ 518.000

$ 632.688

$ 2.006

1/12/2004

31/12/2004

30

4,29

$ 525.000

$ 641.238

$ 2.033

1/01/2005

31/01/2005

30

4,29

$ 504.000

$ 583.484

$ 1.850

1/02/2005

28/02/2005

30

4,29

$ 478.000

$ 553.384

$ 1.754

1/03/2005

31/03/2005

30

4,29

$ 518.000

$ 599.692

$ 1.901

1/04/2005

30/04/2005

30

4,29

$ 490.000

$ 567.276

$ 1.798

1/05/2005

31/05/2005

30

4,29

$ 567.000

$ 656.420

$ 2.081

1/06/2005

30/06/2005

30

4,29

$ 517.000

$ 598.534

$ 1.897

1/07/2005

31/07/2005

30

4,29

$ 529.000

$ 612.427

$ 1.941

1/08/2005

31/08/2005

30

4,29

$ 491.000

$ 568.434

$ 1.802

1/09/2005

30/09/2005

30

4,29

$ 500.000

$ 578.853

$ 1.835

1/10/2005

31/10/2005

30

4,29

$ 531.000

$ 614.742

$ 1.949

1/11/2005

30/11/2005

30

4,29

$ 520.000

$ 602.008

$ 1.908

1/12/2005

31/12/2005

30

4,29

$ 529.000

$ 612.427

$ 1.941

1/01/2006

31/01/2006

30

4,29

$ 517.000

$ 570.902

$ 1.810

1/02/2006

28/02/2006

30

4,29

$ 491.000

$ 542.191

$ 1.719

1/03/2006

31/03/2006

30

4,29

$ 521.000

$ 575.319

$ 1.824

1/04/2006

30/04/2006

30

4,29

$ 579.000

$ 639.366

$ 2.027

1/05/2006

31/05/2006

30

4,29

$ 586.000

$ 647.096

$ 2.051

1/06/2006

30/06/2006

30

4,29

$ 530.000

$ 585.257

$ 1.855

1/07/2006

31/07/2006

30

4,29

$ 582.000

$ 642.679

$ 2.037

1/08/2006

31/08/2006

30

4,29

$ 597.000

$ 659.243

$ 2.090

1/09/2006

30/09/2006

30

4,29

$ 537.000

$ 592.987

$ 1.880

1/10/2006

31/10/2006

30

4,29

$ 606.000

$ 669.181

$ 2.121

1/11/2006

30/11/2006

30

4,29

$ 591.000

$ 652.617

$ 2.069

1/12/2006

31/12/2006

30

4,29

$ 671.000

$ 740.958

$ 2.349

1/01/2007

31/01/2007

30

4,29

$ 579.000

$ 611.948

$ 1.940

1/02/2007

28/02/2007

30

4,29

$ 566.000

$ 598.208

$ 1.896

1/03/2007

31/03/2007

30

4,29

$ 580.000

$ 613.005

$ 1.943

1/04/2007

30/04/2007

30

4,29

$ 580.000

$ 613.005

$ 1.943

1/05/2007

31/05/2007

30

4,29

$ 567.000

$ 599.265

$ 1.900

1/06/2007

30/06/2007

30

4,29

$ 598.000

$ 632.029

$ 2.003

1/07/2007

31/07/2007

30

4,29

$ 590.000

$ 623.574

$ 1.977

1/08/2007

31/08/2007

30

4,29

$ 567.000

$ 599.265

$ 1.900

1/09/2007

30/09/2007

30

4,29

$ 610.000

$ 644.712

$ 2.044

1/10/2007

31/10/2007

30

4,29

$ 561.000

$ 592.924

$ 1.880

1/11/2007

30/11/2007

30

4,29

$ 577.000

$ 609.834

$ 1.933

1/12/2007

31/12/2007

30

4,29

$ 636.000

$ 672.192

$ 2.131

1/01/2008

31/01/2008

30

4,29

$ 558.000

$ 558.000

$ 1.769

1/02/2008

29/02/2008

30

4,29

$ 691.000

$ 691.000

$ 2.190

1/03/2008

31/03/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 1.949

1/04/2008

30/04/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 1.949

1/05/2008

31/05/2008

30

4,29

$ 643.000

$ 643.000

$ 2.038

1/06/2008

30/06/2008

30

4,29

$ 704.000

$ 704.000

$ 2.232

1/07/2008

31/07/2008

30

4,29

$ 603.000

$ 603.000

$ 1.911

1/08/2008

31/08/2008

30

4,29

$ 665.000

$ 665.000

$ 2.108

1/09/2008

30/09/2008

30

4,29

$ 581.000

$ 581.000

$ 1.842

1/10/2008

31/10/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 1.949

1/11/2008

30/11/2008

30

4,29

$ 615.000

$ 615.000

$ 1.949

1/12/2008

31/12/2008

1

0,14

$ 18.000

$ 18.000

$ 2

9.464

1.352

$620.216

LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN

LEY 100 DE 1993 - Art. 36

SUMANDO TIEMPOS

VALOR DEL I B L

TODA LA VIDA

=

……$620.216

FECHA DE PENSIÓN

=

2/11/2008

SEMANAS COTIZADAS

=

1.352,00

PORCENTAJE

=

90,00 %

VALOR PRIMERA MESADA

=

$558.194

Conforme a lo anterior, el valor de la mesada pensional de la demandante, para el 2 de noviembre de 2008, correspondía a $558.194 y no a $461.500, correspondiéndole, por lo tanto, las diferencias entre una y otra, que, en los períodos no prescritos, da un total de $4.126.550, tal como se muestra a continuación:

FECHAS

N.º DE PAGOS

VALOR PENSIÓN SUMANDO TIEMPOS

VALOR PENSIÓN RECONOCIDA POR ISS - COLPENSIONES

DIFERENCIA MESADA

TOTAL DIFERENCIAS A FAVOR

INICIO

FIN

2/11/2008

31/12/2008

$ 558.194

461.500

96.694

PRESCRIPCIÓN

1/01/2009

31/12/2009

$ 601.008

496.900

104.108

PRESCRIPCIÓN

1/01/2010

31/12/2010

$ 613.028

515.000

98.028

PRESCRIPCIÓN

1/01/2011

31/12/2011

$ 632.461

535.600

96.861

PRESCRIPCIÓN

1/01/2012

31/12/2012

$ 656.052

566.700

89.352

PRESCRIPCIÓN

1/01/2013

31/12/2013

$ 672.060

589.500

82.560

PRESCRIPCIÓN

1/01/2014

31/12/2014

$ 685.097

616.000

69.097

PRESCRIPCIÓN

1/01/2015

12/02/2015

$ 710.172

644.350

65.822

PRESCRIPCIÓN

13/02/2015

31/12/2015

12,60

$ 710.172

644.350

65.822

$ 829.358

1/01/2016

31/12/2016

14

$ 758.251

689.455

68.796

$ 963.140

1/01/2017

31/12/2017

14

$ 801.850

737.717

64.133

$ 897.864

1/01/2018

31/12/2018

14

$ 834.646

781.242

53.404

$ 747.653

1/01/2019

31/12/2019

14

$ 861.188

828.116

33.072

$ 463.001

1/01/2020

31/12/2020

14

$ 893.913

877.803

16.110

$ 225.535

1/01/2021

31/12/2021

14

$ 908.526

908.526

-

$ -

1/01/2022

31/12/2022

14

$ 1.000.000

1.000.000

-

$ -

1/01/2023

31/01/2023

1

$ 1.160.000

1.160.000

-

$ -

$ 4.126.550

Esa suma de dinero, junto con las que se generen al futuro, desde la causación de cada diferencia y hasta el momento de su pago, deberán indexarse, siendo viable agregar, que la convocante no solicitó los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, de haberlo hecho, no serían procedentes, en atención a que la solución acá impartida, corresponde a un cambio jurisprudencial.

En tal sentido, se procederá a revocar la decisión del Juzgado.

Sin costas en el recurso extraordinario. Tampoco en las instancias.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso ordinario laboral seguido por NUBIA DEL CARMEN MARTÍNEZ DE SIERRA contra a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

En SEDE DE INSTANCIA se revoca la decisión del nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar, se declara que el valor de la mesada pensional de la demandante, para el 2 de noviembre de 2008, correspondía a $558.194 y no a $461.500.

Como consecuencia de lo anterior, se condena al pago de las diferencias entre una y otra, que, en los períodos no prescritos, da un total de $4.126.550. Esa suma de dinero, junto con las que se generen en el futuro, deberá ser indexada, desde la causación de cada diferencia y hasta el momento de su pago.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO

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