RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL1571-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1571-2021

Fecha
14 de abril de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1571-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que La NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA instauró contra JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE. Previo a emitir la sentencia de instancia, se ordenará que por Secretaría se oficie para que, a través de NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, se allegue la certificación detallada de los ingresos laborales del último año de servicios del señor JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE, con la respectiva indicación de si constituyen o no factor salarial. Así mismo se certifique cuáles fueron los conceptos utilizados para determinar el IBL de la pensión del señor JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE reconocida en Resolución n.° 050 del 3 de julio de 1996, proferida por Ecocarbón LTDA, y cuáles ha sido los incrementos realizados desde el reconocimiento de la prestación hasta la fecha. Una vez recibida la información tenerla como medio de prueba, incorporarla al expediente y ponerla en conocimiento de las partes por el término de 5 días, para los fines pertinentes. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1571-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

14 de abril de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1571-2021

Radicación n.° 50126

Acta 13

Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de octubre de 2010, en el proceso que instauró la recurrente contra JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE.

ANTECEDENTES

La Empresa Nacional Minera LTDA, -MINERCOL LTDA, hoy representada por La Nación – Ministerio de Minas y Energía, quien asumió la totalidad de las obligaciones de la mencionada entidad ya liquidada, llamó a juicio al señor José Hernán Duque Aguirre, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución n.° 050 del 3 de julio de 1996, proferida por Ecocarbón LTDA., por cuanto para «determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida al demandado a partir del día 1 de junio de 1996, incluyó la doceava parte de la totalidad de las primas de navidad y de servicios pagadas en el último año de prestación del servicio, sin consideración a su causación».

En consecuencia, se restableciera el derecho de Minercol en liquidación y se reliquidara la pensión reconocida, teniendo en cuenta los factores salariales causados en el último año de servicio, de conformidad con la ley y la convención colectiva de trabajo vigente para el reconocimiento inicial de la prestación.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: el señor Duque Aguirre se vinculó mediante contrato de trabajo a la empresa Carbones de Colombia S.A., Carbocol S.A. el 12 de julio de 1982, contrato que fue sustituido por la empresa Colombiana de Carbón LTDA., Ecocarbón y, que se extendió hasta el 31 de mayo de 1996; laboró para «Acerías Paz del Rio» en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 1962 y el 31 de julio de 1980; era beneficiario de la convención colectiva vigente en Ecocarbón y, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación allí prevista desde el 1 de junio de 1996, la cual le fue otorgada a través de la Resolución n.° 050 del 3 de julio de 1996, en cuantía de $2.704.380, la que sería compartida con la de vejez que le concediera el ISS; el artículo 116 del acuerdo convencional, con base en el que se reconoció esa prestación, establecía que el IBL se obtiene con el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

Sostuvo que, en la liquidación, se incluyó lo pagado por prima de navidad en diciembre de 1995 así como lo pagado en la liquidación final de prestaciones sociales, correspondiente a la proporción del año 1996, «con lo cual se consideró un mayor valor que realmente no se causó en el último año por corresponder a un periodo anterior»; lo expuesto por cuanto, «en el mes de diciembre de 1995 se le pagó prima de navidad causada desde enero y el mes de diciembre», y como el contrato se finiquitó el 31 de mayo de 1996, lo que debía considerarse era «la prima causada entre el 1 de junio de 1995 y la fecha de terminación del contrato»; que lo pagado ascendió a $1.858.252 y lo realmente causado solo corresponde a $1.431.873, con lo que se obtuvo un mayor valor mensual como base de liquidación de la pensión.

Acotó que, en esa liquidación pensional, se incluyó lo pagado por prima de servicios en el mes de junio de 1995 y «lo pagado en la liquidación final de prestaciones sociales correspondiente a la proporción causada entre julio de ese año y la fecha de terminación del contrato» y, con ello, se introdujo un mayor valor que no se causó en el último año, por corresponder a un periodo anterior; que, como el contrato culminó el 31 de mayo de 1996, solo debía tenerse en cuenta la prima de servicios convencional causada desde el 1 de junio de 1995; que lo pagado en la última anualidad ascendió a $6.153.971 y lo realmente causado a $4.255.144, «con lo cual se consideró un mayor valor mensual como base de la liquidación de la pensión de $158.236».

Indicó que si bien, para el reconocimiento pensional en la resolución cuya nulidad parcial se solicitó, se relacionaron conceptos aparentemente devengados en el último año de prestación de servicios, de manera errónea se consideraron allí las primas de navidad y de servicios que, a pesar de haber sido pagadas en el último año, realmente correspondían a periodos devengados en años anteriores, con lo que se violó de manera flagrante lo establecido en la convención colectiva de trabajo.

Argumentó, que en la liquidación de la pensión de jubilación se tomó un mayor valor de $193.767, resultante de la diferencia entre lo pagado y lo realmente causado por concepto de prima de navidad y prima de servicios, razón por la que la prestación debe ser reliquidada de manera tal que solo se contemplen los conceptos causados y, por ende, devengados en el último año de servicios, que en el caso particular supone la disminución de la mesada en esa suma.

Aclaró que Ecocarbón LTDA, fue fusionada con Mineralco S.A. lo que dio origen a Minercol LTDA. en liquidación, razón por la que la última entidad reconocía la totalidad de las pensiones que se causaron directamente con las entidades anotadas.

Finalmente, refirió que el ISS, le reconoció al demandado una pensión de vejez, mediante la Resolución n.° 00460 de 1998, en cuantía de $2.264.808,oo, a partir del 1 de octubre de 1997, quedando a cargo de Minercol LTDA, en liquidación, el mayor valor, diferencia que se afectaría con la reliquidación deprecada.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia del vínculo contractual en los extremos señalados por la pasiva, el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional en la cuantía indicada; respecto a los demás hechos, dijo que no eran ciertos o constituían aspectos jurídicos o que debían probarse. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción extintiva de la acción y cobro de lo no debido.

En el término del traslado de la demanda, el señor Duque Aguirre presentó demanda de reconvención contra MINERCOL LTDA, tendiente a que se le repararan los daños materiales y perjuicios morales causados en razón de la acción instaurada en su contra.

Como fundamento de ello sostiene, que es enfermo cardíaco de alto riesgo sometido a control médico permanente y le fue implantado un marcapasos definitivo bicameral el 12 de febrero de 2003, practicándosele posteriormente una angioplastia coronaria, insertándose un «Stent continuado en su tratamiento y control médico cardiológico»; que se le ha generado angustia y estrés que lo han mantenido bajo tensión permanente.

El Ministerio de Minas y Energía al responder la demanda de reconvención, se opuso a las pretensiones. Frente a los supuestos fácticos que soportan las súplicas, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de mayo de 2008, absolvió al llamado a juicio de las pretensiones incoadas en la demanda principal; de igual forma dispuso absolver a la enjuiciada en reconvención.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 29 de octubre de 2010, por apelación de ambas partes confirmó la de primer grado.

En lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión que, no obstante que era visible el yerro del juez de primer grado, al construir una absolución con un argumento ajeno a la litis, coincidió en la decisión que mantuvo incólume, pero apoyado en otros argumentos; que aun pasando por alto la falta de competencia de esa Corporación para declarar la nulidad de un acto administrativo y restablecer el derecho, adecuando la solicitud a la competencia atribuida a esta jurisdicción ordinaria, «se encuentra en todo caso que la intención reliquidatoria está afectada por el fenómeno prescriptivo, que para el sub lite está regulado por el artículo 488 del C.S. del T. y 151 del CP.T. y de la S.S.»

Sostuvo, que lo propuesto por el ente accionante era la reliquidación de una pensión reconocida, por cuanto consideró que los factores salariales utilizados para la cuantificación fueron equivocados por exceder el alcance de la norma convencional que lo regulaba. Se fundamentó en la sentencia CSJ SL, 2003, rad. 19557, de la que no indicó fecha exacta, transcribiendo in extenso la CSJ SL, 5 feb. 2008, rad. 30763, que se refirió a la prescripción de los factores salariales base de liquidación de la pensión, con fundamento en lo cual concluyó, que:

Desde esa óptica, basta verificar que entre la Resolución No. 050 de 3 de julio (sic) de 1996 que concedió la pensión al señor José Hernán Duque Aguirre y el 26 de marzo de 2007, fecha en la que se presentó la demanda ante los Juzgados Administrativos, transcurrieron más de los tres años en la norma positiva y procedimental laboral, configurándose así la prescripción extintiva de la acción, que sea de paso señalar, fue formulada como medio exceptivo en la contestación de la demanda.

Así, indicó que ante la tendencia jurisprudencial unificada y mayoritaria, que aplicaba tanto al trabajador como a las empresas que soliciten la reliquidación, se confirmaba la sentencia, pero bajo el criterio de prescripción trienal de los factores salariales sobre los que se calculaba el monto de la pensión.

En cuanto a la indemnización de perjuicios morales y materiales, peticionados en la demanda en reconvención, no encontró la sala sentenciadora un actuar temerario de la accionada en reconvención, que presuponga vulneración al principio de la buena fe o de abuso del derecho, ya que aun cuando no prosperaron las pretensiones, lo cierto era que el objeto motivo de la acción, se sustentaba en argumentos jurídicos, que de no haber prosperado el medio exceptivo, hubieran dado lugar a un estudio profundo del aspecto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la entidad demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la dictada por el Juzgado y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales se decidirán de manera conjunta puesto que, aun cuando se plantean por diferente vía, acusan el mismo elenco normativo y buscan la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia del Tribunal, por:

[…]ser violatoria por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 151 del C.P.T. y 488 del C.S.T., en relación con el artículo 136 del C.C.A. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, 461 modificado por el artículo 190 del Decreto 1818 de 1998, 467, 470 y 471 del C.S.T. modificados los dos últimos por los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, artículo 50 de Decreto 3135 de 1968, 123 de la Constitución Política de Colombia y artículos, 3º, 4º, 38º, 68º, 85º de la Ley 489 de 1998.

Se aceptan como intangibles por la censura los siguientes supuestos fácticos que dio por acreditados el juez de apelaciones: (i) que Minercol y La Nación Ministerio de Minas y Energía son entidades públicas; (ii) que al demandado le fue reconocida una pensión de jubilación convencional por la accionante, y (iii) que, en la base de la liquidación de la pensión, se incluyó lo correspondiente a la prima de vacaciones causada en un periodo anterior al último año del servicio por la suma de $5.301.917, que corresponde a un promedio mensual de $441.826, «lo que dio por acreditado el a quo – fl. 304 y no fue controvertido por el ad quem».

Para demostrar la acusación, afirma que, aun cuando el Tribunal reconoce que los dineros con los que se sufraga la pensión de la que es beneficiario el demandado, corresponden al erario, dada la naturaleza de entidad pública de la actora, «la inaplicabilidad al caso sub-examine de lo normado en el artículo 136 del C.C.A., con los alcances otorgados a esa disposición por la Honorable Corte Constitucional en las sentencias C-1049 de 2004 y C-116 de 2005 […]», que la declararon exequible, argumentándose para ello la condición de trabajador oficial del enjuiciado y «haberse impetrado una acción ordinaria laboral que consecuencialmente está sometida a la prescripción trianual consagrada en el artículo 151 del C.P.L.».

Indica que es palmaria la aplicación indebida de los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, por parte del juez de alzada, por cuanto las entidades públicas pueden demandar en cualquier tiempo los actos de reconocimiento de prestaciones periódicas, lógicamente sin que haya lugar a recuperar las prestaciones reconocidas de buena fe, sin que el precepto 151 cobije este tipo de acciones.

Reproduce in extenso la sentencia CSJ SL, 6 mar. 2007, rad. 28601, con base en la cual sostiene que, esta Corporación, ya se ha ocupado del tema y le ha dado aplicación al numeral 2 del art. 136 del entonces vigente CCA, porque de lo que se trata es de proteger el erario frente al pago de prestaciones periódicas a servidores, ya sea que se trate de trabajadores oficiales o de empleados públicos.

VII. RÉPLICA

El opositor arguye que la demanda de casación no es un memorial mediante el cual se discuten nuevamente los argumentos planteados en las instancias; que el artículo 136 del CCA no es aplicable en la jurisdicción laboral, por ende, el Tribunal no incurrió en indebida aplicación de los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, menos en una violación directa de la ley sustancial.

Sostiene que el escrito con el que se pretende sustentar el recurso carece de la técnica exigida en casación, porque «tanto la norma de derecho procesal laboral Art. 151 del CPTSS, como la de derecho sustantivo laboral Art. 488 del C.S.T. que fueron seleccionados por el Tribunal se aplicaron correctamente al caso plateado ante su jurisdicción […]», ello por cuanto el artículo 136 del CCA no tiene aplicación en la jurisdicción laboral; que la sentencia confutada se ajusta a los principios constitucionales y al bloque de constitucionalidad, lo que conlleva a la «aplicación del principio de favorabilidad en beneficio del pensionado en caso de duda sobre la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho […]».

Manifiesta que no es atendible aplicar una normativa que concretamente se refiere a la caducidad de las acciones contencioso-administrativas y, que son competencia de esa jurisdicción, como lo sostuvo el juzgador de segunda instancia.

VIII. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de segundo grado:

[…] de ser violatoria por la vía indirecta, en la modalidad de la aplicación indebida de los artículos 151 del C.P.T. y 488 del C.S.T. en relación con el artículo 136 del C,C.A. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, 461 modificado por el artículo 190 del Decreto 1818 de 1998, 467, 470 y 471 del C.S.T., modificados los dos últimos por los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, 123 de la Constitución Política y artículos 3º, 4º, 38, 68, 85 de la Ley 489 de 1998.

Transgresión que se produjo por los siguientes errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo, que la demanda fue inicialmente presentada ante la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo y que en ella se solicitó la nulidad parcial de las resoluciones mediante las cuales se reconoció la pensión de jubilación convencional al demandado, con el fin de que se ordenara la reliquidación de esa pensión de manera que se tuvieran en cuenta únicamente los factores salariales causados en el último año de prestación del servicio, sin ninguna pretensión en cuanto a la devolución de valores mayores pagados.

2. No dar por demostrado estándolo, que en la presentación de la demanda ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, se hicieron las mismas pretensiones inicialmente formuladas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá).

3. No dar por demostrado estándolo, que la pensión de jubilación convencional le fue reconocida al demandado mediante un acto administrativo proveniente de la entidad demandante, cuyos fondos pertenecen a la nación colombiana.

Afirma que dichos dislates se cometieron como consecuencia de la apreciación errónea de las siguientes pruebas:

1º Escrito de demanda presentado ante el Juez Administrativo de reparto de la ciudad de Bogotá, (fis. 22 a 28 del expediente) — repartido al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

2º Escrito de demanda presentado ante el Juez Tercero del Circuito Laboral de Bogotá (fis. 70 a 77 del expediente).

3º Resoluciones Nos. 050 de fecha 3 de julio de 1996, por medio de la cual la Empresa Colombiana de Carbón Ecocarbón reconoció al señor JOSE HERNAN DUQUE AGUIRRE su pensión convencional de jubilación (fl. 7 a 16 del expediente)

4º Resolución 000460 de 1998 (fl. 17 del expediente).

5º Resolución No. 310 proferida por Minercol Ltda. En Liquidación con fecha 23 de octubre de 2006 (fl. 20 y 21 del expediente).

Fundamenta su ataque en similares argumentos a los señalados en el primer cargo, que aluden a la aplicación indebida del artículo 151 del CPTSS por parte del juez de segundo grado, agregando que contrario a lo sostenido por este:

[…] nada tiene que ver la calidad de trabajador oficial del beneficio de la pensión para efectos de dar aplicación a lo normado en el artículo 136 del C.C.A., pues el supuesto fáctico que consagra el numeral 2º de esta disposición y que la hace aplicable es que el pagador de la pensión sea una entidad pública, hecho que se acredita plenamente en este proceso con las resoluciones que he señalado como erróneamente apreciadas sin importar que el beneficiario de la misma esté vinculado mediante contrato de trabajo o mediante una relación legal y reglamentaria, porque lo que se protege es el erario […]»

Y, que el artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, no hace mención alguna a la calidad del servidor público, que sea beneficiario de la prestación.

Concluye que, si la Sala sentenciadora hubiere apreciado correctamente los medios probatorios acusados, habría tenido que aplicar frente al fenómeno de la prescripción el artículo 136, inciso 2 del CCA, que consagra la posibilidad de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas, así la discusión se desarrolle en un proceso ordinario laboral.

IX. RÉPLICA

Por su parte el opositor manifiesta, que no existen los errores evidentes de hecho que se citan, toda vez que la sentencia no contiene una errónea apreciación de pruebas, ni tampoco falta de apreciación, por cuanto la actuación que se surte ante la jurisdicción contencioso administrativa es totalmente diferente a la llevada a cabo en el ámbito laboral, razón por la que no pueden mezclarse las diferentes competencias; agrega que no puede confundirse la caducidad propia de las acciones administrativas, con la prescripción extintiva de las obligaciones y derechos laborales.

X. CONSIDERACIONES

Pese a que el segundo de los cargos se enderezó por la senda indirecta, los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal, se mantienen incólumes: (i) que al demandado José Hernán Duque Aguirre tenía la calidad de trabajador oficial; (ii) que le fue reconocida pensión de jubilación convencional por parte Ecocarbón LTDA, mediante Resolución n.° 050 del 3 de julio de1996, a partir el 1 de junio de esa anualidad, y (iii) que La Nación-Ministerio de Minas y Energía, es la entidad que tiene a su cargo actualmente dicha obligación pensional.

En el asunto puesto bajo la lupa de esta Sala se debe esclarecer si es aplicable la prescripción de la acción que prevé el artículo 151 del CPTSS y 488 del CST o, si por tratarse de obligaciones periódicas a cargo de una institución pública – Ministerio de Minas y Energía y, en consecuencia, estar a cargo del erario, hay lugar a que la demanda se instaure en cualquier tiempo acorde con lo establecido en el numeral 2 del artículo 136 del CCA, vigente para esa calenda, como es lo argumentado por el promotor.

Sobre este particular, la Sala ha sostenido en asuntos similares al que ahora ocupa nuestra atención, que los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo, conforme a lo previsto en el numeral 2o del artículo 136 del CCA, tanto por el beneficiario de la pensión o por la entidad pública pagadora de la misma.

Así se puntualizó en la sentencia CSJ SL13430-2016, proferida en proceso adelantado por la aquí demandante, por idéntica pretensión, en donde se reiteró la línea de pensamiento de esta Corporación sobre este aspecto, asentando:

Frente a esta última característica que les es común, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en procesos en los que se ha discutido el reconocimiento, pago o reliquidación de obligaciones pensionales, legales o extralegales, que por su naturaleza son de tracto sucesivo, frente a los fenómenos de la prescripción trienal prevista en los arts. 488 del CST, 151 del CPT y SS, 41 del D. 3135/1968 y 102 de 1848/1969, y el de la caducidad de las acciones consagrada en el art. 136 del anterior CCA, ha dicho que sus contenidos no riñen entre sí, porque pueden demandarse sin limitación en el tiempo, tanto en la jurisdicción ordinaria laboral como en la contenciosa administrativa.

Así lo adujo en sentencia CSJ SL 2136 de 2014 y en la CSJ SL 9455 de 2014, en la que reiteró lo expuesto en las providencias CSJ SL 34414 de 2009, CSJ SL 37168 de 2010 y en la CSJ SL 37864 de 2012, frente a la crítica de la censura que reclamaba la aplicación del numeral 2 del art. 136 del entonces vigente CCA, según el cual los actos que reconozcan prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los particulares.

Ratificó entonces la Corporación, que «el hecho de que los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas puedan demandarse sin fijación en el tiempo, tampoco es extraño a la jurisdicción laboral ordinaria, pues el derecho público subjetivo de acción puede ejercitarse en cualquier tiempo, sin perjuicio, desde luego, de que aquellas prestaciones no reclamadas oportunamente, puedan verse afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción en caso de que la excepción correspondiente sea propuesta por quien pretenda beneficiarse de ella.

En ese orden, claro como ha quedado que en las obligaciones pensionales pueden demandarse en cualquier tiempo, precisa reiterar que en el sub lite, quedó establecida «la inclusión errónea de un factor salarial» en la liquidación de la pensión convencional reconocida al demandado por la entidad oficial, y fue a partir de ello que la decisión de primer grado, confirmada por el Tribunal, declaró la prescripción trianual mediante la cual se declaró la extinción del derecho a reclamar la reliquidación de la prestación para la exclusión de ese factor, con fundamento en lo previsto en los arts. 488 de CST, 151 del CPT y SS, en art. 41 del D.L. 3135/1968 y en el art. 102 del D. 1848/1969.

En similar sentido, se profirió sentencia CSJ SL15795-2017, en acción que también se adelantó por la entidad pública encargada del pago de la pensión de jubilación, tendientes a modificar el acto administrativo que reconoció ese derecho prestacional, y donde se analizó el tema de la imprescriptibilidad de la reliquidación de esa prestación por factores salariales, fallo que se fundó en parte, en la rectificación que esta Sala hiciera en la providencia CSJ SL8544-2016 y reiterada recientemente en la CSJ SL4077-2020, última que dejó por sentado que:

[…] la postura adoptada por la Corte en relación con la prescriptibilidad de la reliquidación de la base económica de la pensión, expresada en la mentada sentencia del 15 de julio de 2003, rad. 19557, y reiterada en muchedumbre de fallos, fue revisada y rectificada por la mayoría de la Sala en sentencia SL8544 de 15 de junio de 2016, rad. 45050, en los siguientes términos:

[…] la existencia de renovados y sólidos argumentos en contra del criterio vertido en la sentencia CSJ SL, 15 jul. 2003, rad. 19557, y en favor de la tesis de la imprescriptibilidad del derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales, imponen hoy a la Sala la rectificación de la postura jurisprudencial atrás reseñada.

Para ese propósito, es conveniente empezar por recordar que, de acuerdo con el art. 48 de la C.P., la seguridad social es un derecho subjetivo de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que, en tanto derecho subjetivo, es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción y, en cuanto irrenunciable, es un derecho que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.

Ahora bien, la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa.

En efecto, el calificativo irrenunciable de la seguridad social no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que, desde un enfoque material, busca su satisfacción in toto, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protección, sean reales, efectivos y practicables.

En este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.

Por esto, la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de Derecho.

Aunque podría sostenerse que al prescribir los derechos crediticios que emanan de las relaciones de trabajo, éstos desaparecen del mundo jurídico y, por ello, no pueden ser tenidos en cuenta para otros efectos legales, incluidos los pensionales; tal tesis presenta el serio inconveniente de no distinguir y ofrecer un tratamiento particular a dos cuestiones que son bien diferentes: (i) el salario como retribución directa del servicio en el marco de una relación de trabajo, y (ii) el salario como elemento o factor establecido por la ley para la liquidación de las pensiones.

En la primera hipótesis, es claro que el salario constituye un derecho crediticio sujeto a las reglas generales de prescripción previstas en los arts. 151 del C.P.T., 488 del C.S.T. y 41 del D. 3135/1968; en la segunda, el salario se redimensiona y adquiere otra calidad, pues deja de ser un derecho patrimonial y se convierte en un elemento jurídico esencial de la pensión.

Naturalmente, esta reconsideración del salario como elemento jurídico consustancial de la pensión, apareja su imprescriptibilidad, pues ya deja de ser un referente aislado para integrarse en la estructura de la prestación pensional y formar con ella un todo indisoluble.

Por lo demás, esta visión del salario y su papel en la consolidación de la pensión, empalma perfectamente con el pensamiento de la Sala en el sentido que los elementos consustanciales a la prestación pensional no prescriben y, por este motivo, pueden ser revisados judicialmente en cualquier momento. Así, se ha dicho jurisprudencialmente que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL y la actualización de la pensión, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL, 19 may. 2005, rad. 23120; CSJ SL, 5 dic. 2006, rad. 28552; CSJ SL, 22 ene. 2013, rad. 40993; CSJ SL6154-2015).

En este orden de cosas, debe entenderse que así como no son susceptibles de desaparecer por prescripción extintiva esas cuestiones innatas de la pensión, tampoco deben serlo los factores salariales, pues tanto unos como otros son elementos estructurales y definitorios de la prestación, por manera que, en la actualidad no existe un principio de razón suficiente para seguir sosteniendo la prescriptibilidad del reajuste por inclusión de nuevos factores salariales.

Adicional a esta crítica y a la consideración de la imprescriptibilidad de la acción de revisión pensional por inclusión de factores salariales, esgrimida con apego en el carácter inalienable del derecho fundamental a la pensión, salen en defensa de la tesis que hoy acoge la Sala, los siguientes argumentos:

(1º) La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero. En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, más no los estados jurídicos de los sujetos.

Al respecto, en sentencia CSJ SL, 9 feb. 1996, rad. 8188, se expresó:

De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio sólo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande - como los que emanan del estado civil de las personas, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, más no su prescripción”, dijo la Corte (Cas., 18 de diciembre de 1954). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprenden los estados jurídicos, como el de pensionado.

[…] La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido - como obligación civil, más no natural - por no haberse ejercido durante cierto tiempo.

Es claro, en consecuencia, que cualquier persona en ejercicio de la acción - entendida como derecho subjetivo público - puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho público también se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar.

En este orden de ideas, las personas tienen derecho a que en todo momento se declare su status de pensionado y se defina el valor real de su pensión, teniendo en cuenta que este último aspecto es una propiedad indisoluble de la calidad que les otorga el ordenamiento jurídico.

(2º) El estado jurídico de pensionado o jubilado implica el derecho a percibir mensualmente una renta, producto del ahorro forzoso, del trabajo realizado en vida o de cuando se tenía plena capacidad para laborar. De ahí, el carácter vitalicio del derecho, inextinguible por prescripción, y la connotación de tracto sucesivo de las prestaciones autónomas que de él emanan; todo lo cual significa que, si bien es imprescriptible el derecho a la pensión o, si se quiere, el estado de pensionado, sí son esencialmente prescriptibles sus manifestaciones patrimoniales, representadas en las mesadas pensionales o en las diferencias exigibles.

Al respecto, vale la pena recordar y reivindicar los argumentos expuestos por esta Corporación en sentencia CSJ SL, 26 may. 1986, rad. 0052:

Ahora bien, respecto al fondo del asunto se observa que conforme lo ha definido la jurisprudencia, la pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y, además, trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son consustanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años. Así, en la práctica, el reajuste dispuesto por la Ley 10 de 1972 tiene incidencia en las mesadas del 1º. de enero de 1975 en adelante y, si como ocurrió en este caso sólo vino a reclamarse acerca de tal reajuste el 19 de octubre de 1981, es claro que la incidencia del reajuste prescribió hasta el 19 de octubre de 1978, pero de ahí en adelante tiene toda su eficacia ya que integra la situación legal del jubilado.

La imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales obedece, además, a lo siguiente: respecto al estado jurídico de pensionado, si bien puede predicarse su existencia y la consecuente posibilidad de que sea declarado judicialmente, junto con todos sus componentes definitorios, no puede aseverarse su exigibilidad y, por ende, su vocación prescriptible, dado que, se itera, no existe un plazo específico para solicitar la definición de los estados jurídicos que acompañan a los sujetos de derecho. En cambio, en relación con cada una de las mesadas pensionales, en tanto expresiones económicas de la situación jurídica de pensionado, sí puede sostenerse su exigibilidad, para, a partir de allí, empezar a contar el término trienal de prescripción.

3º) La postura jurisprudencial que hoy nuevamente se retoma tiene la bondad de superar una situación de desigualdad procesal en el tratamiento que la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa le venía ofreciendo a las personas que solicitaban la revisión de sus pensiones por defectos o incorrecciones en su liquidación.

En efecto, mientras que una persona puede solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la revisión en cualquier tiempo de los actos administrativos «que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas» (lit. c), num. 1º del art. 164 del CPACA), como las pensionales, en la jurisdicción laboral, para que su petición de reajuste pensional por inclusión de factores salariales prospere, tiene que presentar su demanda con arreglo a las reglas generales de prescripción. De manera que, una vez transcurrido el término trienal, va a obtener una respuesta diferente dependiendo de la jurisdicción en que presente su demanda, no obstante que en el fondo se encuentra un mismo problema: el derecho o no al reajuste de una pensión cuantificada incorrectamente por omisión de factores salariales.

Con lo anterior no se quiere significar que no puedan presentarse diferencias en los criterios de ambas jurisdicciones, pues, en virtud de la autonomía e independencia que la Constitución les otorga a los jueces en la interpretación de la ley, pueden darse y de hecho se presentan disparidades de pensamientos jurídicos, que son válidas. Lo que se quiere decir es que la tesis que se adopta, producto de una interpretación conforme con el postulado de la irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, indisponibilidad e indivisibilidad del derecho subjetivo a la pensión y del estado jurídico que genera, tiene unas consecuencias o corolarios positivos de cara a la idea del derecho de que las decisiones de los distintos órganos judiciales sean armónicas.

4º) Por último, debe subrayarse que la postura de la Sala, antes que atentar contra el principio de la seguridad jurídica, termina afianzándolo, puesto que las condiciones de seguridad y certeza en el derecho existen cuando las normas jurídicas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás disposiciones e instituciones y compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en general.

Adicionalmente, a la realización de la seguridad jurídica, en tanto valor complejo del derecho, no solo se contribuye cuando se definen con presteza los conflictos jurídicos, sino, primordialmente, cuando éstos son resueltos en los precisos términos normativos, teniendo en cuenta todas las salvedades y reservas que la Constitución y la ley consagren, de modo tal que el ciudadano y demás participes del sistema tengan certeza y puedan prever sus condiciones objetivas de aplicación por parte de los jueces.

Por todo lo anterior, esta Sala recoge el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia CSJ SL, 15 jul. 2003, rad. 19557 y, en su lugar, postula que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por inclusión de factores salariales, no está sujeta a las reglas de prescripción, motivo por el cual, puede demandarse en cualquier tiempo la revisión de las pensiones. Igualmente, se aclara que si bien es inextinguible por prescripción el derecho al reajuste de la pensión, sí continúan sujetas a las reglas generales de prescripción previstas en los arts. 151 del C.P.T., 488 del C.S.T. y 41 del D. 3135/1968, las diferencias en las mesadas originadas como consecuencia de una reliquidación judicial.

Y, en sentencia CSJ SL4222-2017, esta Corporación trajo a colación otros argumentos más de orden eminentemente jurídico, que afianzaron la necesidad de dejar clara la imprescriptibilidad de la acción que tiene por objeto revisar la base económica de la prestación pensional. En aquella oportunidad así reflexionó la Sala:

[…] es bueno empezar por recordar que la prescripción extintiva es una institución del ordenamiento jurídico tendiente a dar estabilidad, firmeza, certidumbre y carácter definitivo a los derechos, propósito que no se logra si no se cumplen con estrictez y justeza los marcos normativos que la regulan, pues de otro modo el resultado producido por su indebida aplicación o su erróneo entendimiento no habrá de ser la seguridad jurídica perseguida por el legislador, sino, cosa bien distinta, la justificada insatisfacción social derivada de la pérdida de oportunidades y derechos que un proceder de tal entidad conlleva.

Esta última es una de las más cardinales razones para que la jurisprudencia y la doctrina consideren que la prescripción extintiva no sea un instituto de interpretación amplia o extensiva, sino todo lo contrario, de interpretación estricta o ‘restrictiva’, predicamento que debe aplicarse con mayor énfasis en el derecho del trabajo, por no estar fundado dicho instituto en este específico campo del derecho en razones últimas de justicia, sino en específicas necesidades de seguridad jurídica.

También, que para que pueda sostenerse que la prescripción extintiva es sólo posible invocarla --conforme a una regla prácticamente universal--, por vía de excepción, esto es, como medio de defensa procesal; y muy ocasionalmente por vía de acción, es decir, como parte del petitum de la demanda judicial.

Además, que se condiciona su aplicación a la alegación expresa por parte del que se beneficia con ella, quien, no obstante, con observación de las disposiciones que en cada ordenamiento la regulan, pueda natural o civilmente renunciarla.

En las materias del derecho del trabajo y la seguridad social, sabido es, como ya se recordó por la Corte en la sentencia atrás citada, que son dos los preceptos que de manera general y con el carácter de orden público reglan la prescripción extintiva de la acción o del derecho: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: el primero, en lo correspondiente a los derechos regulados en ese cuerpo normativo y, el segundo, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones que emanan de las leyes sociales. Pero es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la ‘exigibilidad’ de la respectiva obligación. También en ambas no basta para la pérdida o extinción del derecho el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo tiempo, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación escrita del trabajador, recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso de tiempo igual.

De ese modo, la prescripción extintiva de acciones y derechos en estas materias opera atada no solamente al transcurso de un tiempo de inactividad previsto en la ley, con la posibilidad de ser interrumpido mediante una reclamación formal y singularizada, sino también, a la de la ‘exigibilidad’ de la obligación demandada, entendida ésta como la posibilidad de hacerse efectiva o ejecutable sin necesidad de advenimiento de hecho alguno, pues cuenta con la característica de ser pura y simple; o porque estando sometida a plazo o condición, se ha producido el fenecimiento de aquél o el cumplimiento de ésta.

La exigibilidad de la obligación apunta, adicionalmente, a su ejecución instantánea o a su desarrollo en un lapso de tiempo determinado o indeterminado, calificándose en la primera situación la obligación como de ‘tracto único’, en tanto que en el segundo caso como de ‘tracto sucesivo’.

La pensión de naturaleza laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades, generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún susceptible de ser sustituida.

Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ es por lo que es dable atribuir la imposibilidad de prescribir el derecho que de ella dimana, pues ésta, como ocurre con el contrato civil de renta vitalicia (artículo 2300 Código Civil) --que en la mayoría de sus características a ésta se asemeja--, no comporta una prestación única de ejecución instantánea, o fraccionada o diferida a su vez en prestaciones parciales y fragmentarias, último caso para el cual es posible acelerar su plazo o caducarlo bajo ciertos supuestos, y, por tanto, hacerla exigible en su totalidad por ser al final una sola, sino, cuestión bastante distinta, una pluralidad de prestaciones que se causan a medida que transcurre la periodicidad por la que están regidas, básicamente, por la sobrevivencia de su titular según se ha dicho, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan a medida que transcurre el tiempo, y no única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto autónomo frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación.

Cosa distinta puede decirse de cada una de las prestaciones insatisfechas en su respectivo plazo o fecha, por cuanto habiéndose adquirido por éstas la connotación de ‘exigibles’, el plazo de extinción por vía de la prescripción se cumple al vencimiento del término respecto de cada una de ellas. Esta es la razón para que la Corte haya sostenido insistentemente que si bien la pensión laboral es por naturaleza imprescriptible, las mesadas periódicas sí prescriben, obviamente, en tanto y en cuanto se las tenga como causadas, no satisfechas y se hubiere cumplido el término trienal sin que se persiguiere judicialmente y de manera idónea su respectivo pago.

Lo indicado resulta aplicable a la acción de revisión del contenido económico de la pensión ya reconocida, o de reliquidación de la base salarial de la prestación pensional como también se ha dado usualmente en llamar --que es la de que aquí se trata--, porque establecer el verdadero, legítimo y real quantum o monto de la pensión implica, necesariamente, partir del concepto de ‘exigibilidad’ de la obligación y, por ende, de la consideración de estarse frente a una de tracto sucesivo, cuyos actos periódicos y continuos conservan total autonomía unos de otros.

Luego, como la obligación pensional es de ‘tracto sucesivo’ y, por tanto, generadora del status de pensionado hasta la extinción de tal condición --por regla general hasta su deceso--, claro también resulta que la acción judicial enderezada a establecer el verdadero, legítimo y real monto o quantum de la prestación comparte la misma naturaleza de la orientada al reconocimiento del derecho pensional, de donde no resulta válido sostener que la definición de ese objeto --el de determinar el contenido económico de la prestación--, esté sujeta a un límite en el tiempo, por cuanto la dicha definición sólo se puede entender agotada cuando fenece el derecho, en otras palabras, cuando se pierde la calidad o status jurídico de pensionado, y, excepcionalmente, cuando el mentado objeto ha sido determinado por sentencia judicial con carácter definitivo e inmutable, esto es, con fuerza y autoridad de cosa juzgada.

Entonces, si ha de estimarse la extinción de algún derecho por virtud de la omisión en su ejercicio y el cumplimiento del plazo trienal legalmente determinado en cuanto al contenido económico de la prestación, ello debe circunscribirse o restringirse a lo que en términos estrictos pretende el legislador, que no es más sino el que no se revivan prestaciones causadas y no reclamadas en su total o parcial valor dentro del plazo o término establecido para el efecto, vale decir, a las diferencias de valor de la prestación que debieron cumplirse y disfrutarse con anterioridad al trienio concedido por el legislador para su reclamación.

En suma, tanto la naturaleza de ‘tracto sucesivo’ de la pensión que confiere a su titular un ‘status’ o situación jurídica concreta de orden generalmente vitalicio; como la exigibilidad autónoma de cada una de las prestaciones que la comportan; y que la prescripción extintiva es predicable únicamente de prestaciones periódicas causadas y no discutidas judicialmente en tiempo, emerge indubitable concluir, como lo expresara la mayoría de la Sala en la oportunidad anterior citada, la imprescriptibilidad de la acción de revisión o reliquidación de la base económica de la pensión.

De manera tal que, acogiendo la doctrina reiterada de esta Sala y, dado el cambio de línea jurisprudencial antes citado frente al objeto planteado en casación, la decisión de segunda instancia no se acompasa con el actual pensamiento de esta Corte razón por la cual el embate sale victorioso.

Previo a emitir la sentencia de instancia, se ordenará que por Secretaría se oficie para que, a través de NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, se allegue la certificación detallada de los ingresos laborales del último año de servicios del señor JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE, con la respectiva indicación de si constituyen o no factor salarial.

Así mismo se certifique cuáles fueron los conceptos utilizados para determinar el IBL de la pensión del señor JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE reconocida en Resolución n.° 050 del 3 de julio de 1996, proferida por Ecocarbón LTDA, y cuáles ha sido los incrementos realizados desde el reconocimiento de la prestación hasta la fecha. Una vez recibida la información tenerla como medio de prueba, incorporarla al expediente y ponerla en conocimiento de las partes, para los fines pertinentes.

Sin costas dada la prosperidad del recurso.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que La NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA instauró contra JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE.

Previo a emitir la sentencia de instancia, se ordenará que por Secretaría se oficie para que, a través de NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, se allegue la certificación detallada de los ingresos laborales del último año de servicios del señor JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE, con la respectiva indicación de si constituyen o no factor salarial.

Así mismo se certifique cuáles fueron los conceptos utilizados para determinar el IBL de la pensión del señor JOSÉ HERNÁN DUQUE AGUIRRE reconocida en Resolución n.° 050 del 3 de julio de 1996, proferida por Ecocarbón LTDA, y cuáles ha sido los incrementos realizados desde el reconocimiento de la prestación hasta la fecha. Una vez recibida la información tenerla como medio de prueba, incorporarla al expediente y ponerla en conocimiento de las partes por el término de 5 días, para los fines pertinentes.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL1571-2021 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.