Ficha de la providencia
Sentencia SL167-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL167-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL167-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL167-2023
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
8 de febrero de 2023
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL167-2023
Radicación n.°88543
Acta 3
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA PATRICIA VAN-STRAHLEN RIBÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, el 30 de octubre de 2019, en el proceso ordinario que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
María Patricia Van-Strahlen Ribón pidió que se condenara a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a que reliquide su pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el art. 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el 90% de tasa de reemplazo, a partir del 1 de mayo de 2016, el retroactivo causado debidamente indexado, los intereses moratorios, lo extra y ultra petita y las costas del proceso.
Relató como fundamento de las pretensiones, que nació el 21 de agosto de 1954, por lo que cumplió 55 años el mismo día y mes de 2009; que laboró para el Icetex desde el 1 de septiembre de 1977 hasta el 15 de marzo de 1979; con la Gobernación del Magdalena del 17 de junio de 1980 al 11 de marzo de 1981 y del 19 de septiembre de 1983 al 1 de agosto de 1986; que fue diputada en la Asamblea Departamental del Magdalena durante el periodo 1980-1982 y también trabajó para la Contraloría General, desde el 14 de septiembre de 1982 hasta el 15 de noviembre de esa misma anualidad, de modo que realizó aportes a Cajanal y a la Caja Departamental de Previsión Social.
Contó que se vinculó al Instituto de Seguros Sociales desde el 30 de mayo de 1989 hasta el 30 de abril de 2016, de manera ininterrumpida y, que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; que al acreditar los requisitos para pensionarse, solicitó a la demandada el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, petición que fue atendida a través de la Resolución GNR 290490 de 2016, en la suma de $3.284.868 a partir del 1 de mayo de anualidad, bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990; que en dicho acto administrativo se indicó que acreditaba un total de 1277 semanas y por ello se aplicó una tasa de reemplazo del 75%.
Narró que reclamó en varias ocasiones que se le reliquidara la pensión concedida, con el 90% de tasa de reemplazo por contar más de 1250 semanas de cotización, petición que fue negada con el argumento de que no era posible computar tiempos de servicios con semanas de cotización; que interpuso los recursos de ley que se resolvieron de manera negativa, por lo que se encuentra agotada la reclamación administrativa (fs.°3 a 11).
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso a las pretensiones. Admitió todos los hechos. En su defensa, expuso que la acumulación de tiempos públicos y privados «en el régimen del Acuerdo 049 de 1990» para la Corte Constitucional es «una herramienta al servicio del afiliado con la finalidad que pueda concretar su situación pensional», esto es, solo para el cómputo de cotizaciones.
Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la «INNOMINADA o GENÉRICA» (fs.°70 a 77).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá DC, en sentencia de 17 de noviembre de 2017 (cd f.°99 -sic-), absolvió de todas las pretensiones y condenó en costas a la demandante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, al desatar la apelación que interpuso la actora, mediante fallo de 30 de octubre de 2019 (cd f.°115), confirmó la de primer grado. Se abstuvo de condenar en costas.
Para resolver si había lugar a la reliquidación pensional pretendida por la accionante, tuvo en cuenta «la totalidad de los elementos de prueba que obran en el expediente» y como marco normativo y jurisprudencial el Acuerdo 049 de 1990, las sentencias CC C-258-2013, SU-769-2014, y de esta Corporación que identificó con las radicaciones «70033, 49596, 48860, 44401, 48182».
Aludió al art. 36 de la Ley 100 de 1993 y al Acto Legislativo 01 de 2005, para señalar que María Patricia era beneficiaria del régimen de transición, pues a 1 de abril de 1994 acreditaba 39 años de edad por haber nacido el 21 de agosto de 1954, «situación que por demás fue aceptada por Colpensiones tal y como se constata en los diferentes actos administrativos que reposan en el expediente».
Indicó que la reliquidación deprecada no estaba llamada a prosperar, por cuanto el tiempo de servicio prestado por la demandante al sector público no fue cotizado al Instituto de Seguros Sociales, de modo que no era dable contabilizarse, ya que conforme al Acuerdo 049 de 1990, solo podían sumarse las semanas efectivamente cotizadas a esa entidad por «servidores estatales o privados», por así regularlo expresamente los reglamentos del ISS y, estar determinado por esta Corporación en fallos que identificó con las «radicaciones 42681, 48860, 49596 y 48182», por lo que decidió acoger la doctrina probable de esta Sala de Casación.
Agregó que no desconocía el criterio de la Corte Constitucional en las providencias «769 de 2014, SU057 de 2010, SU090 de 2018», pero advirtió que tales decisiones se referían a la acumulación de semanas cotizadas al ISS con el tiempo público para el reconocimiento de la pensión de vejez, que no para la reliquidación, por lo que no aplicaban al presente caso.
Atendió la enseñanza de esta Corporación, en punto a que la regla de inescindibilidad comporta la imposibilidad de utilizar fraccionadamente normas pensionales, en aras de pretender la situación que mejor convenga al interesado (sentencias «48108, 39036») e, indicó que este criterio no vulnera el principio de favorabilidad, en tanto no existía duda de la aplicación del Acuerdo 049 1990, puesto que «las únicas cotizaciones válidas para aumentar la tasa de reemplazo bajo esta normatividad son aquellas cotizadas exclusivamente a Colpensiones»; además, por cuanto la misma Corte Constitucional señaló en sentencia C-258-2013,
[…] que entre las situaciones que pueden generar un abuso del derecho se encuentra la de aprovecharse de una interpretación de las normas o reglas para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento, como lo sería dar una interpretación de que no se requiere la fidelidad de las cotizaciones para obtener la pensión de vejez o, que se aplique la misma para obtener una tasa de reemplazo no contenida en la norma que le permita adquirir el derecho a la pensión.
Para finalizar, acotó que no se discutía la existencia de una norma anterior (Ley 71 de 1988), que le permitía a la demandante acumular tiempos públicos con semanas cotizadas al ISS; pero, que no obstante, la tasa de reemplazo prevista en esa normatividad resultaba «ser idéntica a la que reconoció la encartada en la resolución GNR 290 490 del 29 de septiembre de 2016, por lo que ningún beneficio le traería a la demandante».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que se case la sentencia del Tribunal, para que en sede de instancia, se revoque la de primer grado, y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, oportunamente replicado.
CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia por la vía directa, por la interpretación errónea del art. 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los arts. «12, 13 y 20 del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de 1990», los arts. 19 y 21 del CST y 48 y 53 de la CN, lo que condujo a la infracción directa del literal f) del art. 13 y del parágrafo 1 del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003.
Deja por fuera de controversia la calidad de beneficiaria del régimen de transición y el reconocimiento de la pensión, en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Afirma que el Tribunal interpretó erróneamente el art. 36 de la Ley 100 de 1993, pues esa disposición de forma clara e inequívoca enseña que la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la pensión se regirán por la norma anterior, en este caso, el «Decreto 758 de 1990» cuando dispuso que «"Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley"».
Alude al literal f) del art. 13 de la Ley 100 de 1993 y, asevera que dicha norma no excluye a los beneficiarios del régimen de transición, para que puedan acumular cotizaciones con el tiempo de servicio, que todo lo contrario, por estar cobijados de la transición hacen parte de uno de los regímenes referidos, esto es, al de prima media con prestación definida y por ello, nada impide que las semanas que se contabilicen para reconocer y liquidar su prestación, se regulen por esa disposición.
Indica que lo anterior se acompasa con lo señalado en el parágrafo 1 del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, al disponer que los tiempos como servidor público son válidos para el computo de semanas en el reconocimiento de la pensión de vejez. Aduce que la tesis del ad quem conllevó la infracción directa de esas disposiciones y condujo que interpretara erróneamente los arts. 36 de la Ley 100 de 1993, 12, 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990.
Dice que el monto de la pensión fue previsto en el art. 20 del mentado Acuerdo, sin que, haga referencia a cotizaciones exclusivas sufragadas al Instituto de Seguros Sociales para incrementarlo; que lo resuelto por el Tribunal fue restrictivo y desfavorable y trasgrede principios mínimos superiores, más aun cuando sostuvo que la posibilidad de acumular semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, con el tiempo público solo aplica para el reconocimiento de la pensión de vejez, no así para su reliquidación.
Advierte que de ningún modo pretendió escoger de cada régimen lo más favorable y desechar lo desfavorable, sino imprimirle a la norma la exégesis correcta, lo que no vulnera la regla de inescindibilidad ni comporta abuso del derecho, dado que para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 no se requiere la fidelidad de cotizaciones a Colpensiones, como equivocadamente lo sostuvo el Tribunal.
Por último, señala que esta Corporación cambió el criterio jurisprudencial sobre el cual cimentó el ad quem su decisión, para en su lugar, permitir que en el marco del Acuerdo 049 de 1990, es procedente la sumatoria y acumulación de tiempos de servicios en los sectores público y privado, con o sin cotización al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones (sentencia CSJ SL1947-2020).
RÉPLICA
La opositora, en síntesis, afirma que la sentencia CC SU-769-2014, que permitió el computo del tiempo público laborado en otras cajas y las cotizaciones al ISS, solo aplica a quienes cumplan «el status pensional al 16 de octubre de 2014», y como quiera que la actora lo hizo el 21 de agosto de 2009, dicha providencia no regula su caso, y por ello, el Tribunal no se equivocó.
CONSIDERACIONES
De entrada se advierte que le asiste razón a la recurrente, dado que el actual criterio que impera en esta Sala de Casación, es el de permitir la sumatoria de tiempos públicos para obtener la pensión de vejez, con base en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993. Tesis que guarda armonía con los principios de universalidad e irrenunciabilidad del derecho pensional consolidado a la luz de la referida transición, y que también opera para obtener el reajuste o reliquidación de la prestación, que es el caso de la accionante.
Así se indicó en sentencia CSJ SL2061-2021, al reiterar el fallo CSJ SL2557-2020, donde se señaló:
Asentado que la dicha sumatoria de tiempos públicos y cotizaciones al ISS es perfectamente posible en la consolidación de la prestación a que se ha venido haciendo referencia, esto es, la regida por el Acuerdo 049 de 1990, en régimen de transición, cabe preguntarse si su reliquidación también es factible en las condiciones en que se ha venido explicando. Este segundo tema también ha sido abordado por la Corporación, que en fallo CSJ SL2557-2020 expresó:
La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.
En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.
En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.
Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens (…).
Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.
De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante.
Así las cosas, la recurrente tiene la razón en cuanto afirma que tiene derecho a la reliquidación reclamada porque el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 es más favorable que aquel con el que la entidad de seguridad social accionada reconoció la pensión (Subraya del texto original).
Esta línea de pensamiento fue reiterada recientemente en sentencia CSJ SL3484-2022.
Con la actual postura de esta Sala de la Corte, se encuentra acreditado el yerro jurídico que se le endilgó al operador judicial, puesto que sí es viable reajustar la pensión de vejez ya reconocida, a la luz del art. 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad. Es de puntualizar que, si bien a la demandante se le concedió la pensión de vejez bajo esa normatividad, en tal acto solo se sumaron las cotizaciones con el tiempo de servicio a fin de otorgar el derecho, no para aplicar la tasa de reemplazo.
En ese orden, se itera, que al no discutirse que la recurrente es beneficiaria del régimen de transición consagrado por el art. 36 de la Ley 100 de 1993, tenía la posibilidad de pensionarse bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, lo que en efecto aconteció y, también a que, con la actual línea jurisprudencial, se le reliquide la prestación con ese mismo canon normativo. Se precisa que la actora se encontraba afiliada al ISS con antelación a 1 de abril de 1994 (sentencia CSJ SL4392-2020, reiterada en la CSJ SL1109-2022) y, lo referente al IBL corresponde a lo preceptuado en el inciso tercero del art. 36 o el 21 de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, el juez plural cometió los yerros jurídicos endilgados, lo que conlleva la casación de la sentencia atacada, por ende, el cargo prospera.
Sin costas por haber salido avante el recurso.
Para mejor proveer, se ordena oficiar al Icetex, Gobernación del Magdalena, Asamblea Departamental y Contraloría Departamental del Magdalena, para que dentro del término de 10 días al recibo de las comunicaciones, remitan certificados de información laboral de María Patricia Van-Strahlen Ribón identificada con cédula de ciudadanía n.°41.674.625, que den cuenta de los periodos en que estuvo vinculada la demandante y los salarios que devengó.
Asimismo, se oficia a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para que remita dentro del término de 10 días al recibo de la comunicación, reporte de semanas cotizadas actualizado María Patricia Van-Strahlen Ribón identificada con cédula de ciudadanía n.°41.674.625, y certifique las mesadas pensionales que ha pagado desde el 1 de mayo de 2016. Por secretaría de esta Sala remítanse las comunicaciones correspondientes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, el 30 de octubre de 2019, en el proceso ordinario que promovió MARÍA PATRICIA VAN-STRAHLEN RIBÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, en cuanto confirmó la sentencia absolutoria de primer grado.
Sin costas como se dijo en la parte motiva.
Por secretaría de esta Sala, ofíciese al Icetex, Gobernación del Magdalena, Asamblea Departamental y Contraloría Departamental del Magdalena, para que, dentro del término de 10 días al recibo de las comunicaciones, remitan certificados de información laboral de María Patricia Van-Strahlen Ribón identificada con cédula de ciudadanía n.°41.674.625, que den cuenta de los periodos en que estuvo vinculada la demandante y los salarios que devengó. Asimismo, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para que remita dentro del término ya señalado, reporte de semanas cotizadas actualizado de María Patricia Van-Strahlen Ribón, identificada con cédula de ciudadanía n.°41.674.625, y certifique el valor de las mesadas pensionales que le ha pagado desde el 1 de mayo de 2016.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL167-2023 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.