Es importante recalcar, que conforme al DUR.1072 de 2015, adicionado por el Artículo 1º del Decreto 17 de 2016, la convocatoria e integración del tribunal de arbitramento, NO TIENE RECURSO ALGUNO […]
Así las cosas, bajo esta nueva legislación, no resulta posible cuestionar y/o recurrir las resoluciones de convocatoria de tribunales de arbitramento, quedando plenamente demostrada la causal enlistada en el numeral 3o de la Ley 1563, que debió ser advertida por los árbitros.
La jurisprudencia de la H Corte Suprema de Justicia, ha sido reiterada desde el año 1993 al indicar que la facultad de los árbitros, está condicionada al pliego de peticiones.
"Entonces, cualquier otro asunto que resuelvan los árbitros NO PREVISTO EN EL PLIEGO DE PETICIONES TRAE CONSIGO UN DESBORDAMIENTO DE SU COMPETENCIA". Sentencia de Homologación, noviembre 8 de 1993. Rad. 6441.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La primera queja de la universidad recurrente apunta, después de todo, a la anulación total del laudo con fundamento en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Pues bien, esta Corte, en decisión AL2314-2014, explicó con profusión que la Ley 1563 de 2012 no se aplica en el trámite arbitral laboral, toda vez que el legislador no tuvo la intención de regularlo, muestra de ello es que su articulado no da señas de reformas al arbitraje obligatorio o voluntario, como tampoco dice nada sobre la composición e integración de los tribunales de arbitramento en asuntos del trabajo, el procedimiento arbitral, las facultades del tribunal y su ámbito de competencia, los efectos jurídicos y la vigencia de los fallos arbitrales, entre otros aspectos de vital importancia para el Derecho Colectivo del Trabajo. Dicha postura ha sido reiterada entre muchas, en las providencias, SL17424 de 2016, SL6894 de 2017 y SL1739-2019.
En ese contexto, las normas sobre arbitramento laboral contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social mantienen su plena vigencia, al no haber sido derogadas expresa o tácitamente por la Ley 1563 de 2012, muy a pesar de que el artículo 119 de la referida ley señale que regula íntegramente la materia de arbitraje.
Por lo brevemente expuesto no se abre paso lo pretendido por la universidad recurrente.
Empero, no se puede pasar por alto que la Presidenta y Secretaria general de la organización sindical, mediante misiva del 20 de abril de 2018 (folio 34), dirigida a la comisión negociadora de la Universidad Antonio Nariño y allegada posteriormente al Ministerio del Trabajo (cd. folio 2), manifestaron «De manera atenta nos permitimos aclarar, tal como lo registramos en la reunión de instalación de la negociación, que incurrimos en un error en la transcripción de la fecha relacionada con la vigencia dentro del pliego de peticiones, pues la decisión de la Asamblea que aprobó el pliego determinó que la vigencia es a un año contado del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. Con la aclaración sobre el yerro debidamente corregido, sin que creamos que sea un obstáculo para el desarrollo de las conversaciones que, vislumbramos, sucederán sin ninguna alteración, salvo las normales discusiones presentes en estos eventos, les reiteramos nuestra decisión de abordar el intercambio de opiniones en procura de un acuerdo satisfactorio. Agradecemos el buen recibo de nuestra aclaración».
Es menester precisar que referente a las presuntas irregularidades que ahora esgrime la recurrente sobre el haberse radicado un pliego de peticiones con vigencia de un año contado a partir del 1º de junio de 2016, no existe huella alguna que lleve a demostrar que la universidad las puso de presente durante la etapa de arreglo directo, así como en la intervención ante los miembros del cuerpo arbitral, pese a haber recibido la comunicación de la organización citada, en la cual se le hizo saber el error en la data de vigencia del acto jurídico, es decir, al parecer guardó mutismo.
Es que, en puridad de verdad, y como en otros eventos lo ha dicho esta Sala (SL16887-2016) no resulta aceptable que la recurrente alegue la «inexistencia del conflicto colectivo», si durante el trámite del mismo admitió expresamente su efectividad y su validez, de manera voluntaria, clara e inequívoca, sin condicionamiento alguno, al punto que agotaron la etapa de arreglo directo, designó árbitro, participó durante todo el trámite arbitral. Una conducta de tales contornos es contraria al principio de los actos propios, buena fe, transparencia, lealtad y confianza legítima de la contraparte, de manera que no puede ser admitida por la Corte.
En ese horizonte, la Sala quiere advertir que, en virtud de los principios de buena fe y de respeto por los actos propios, no es posible aducir la inexistencia de un conflicto colectivo en el recurso de anulación, si en la etapa de concertación anterior la parte interesada abandona las presuntas irregularidades del trámite y mantiene su voluntad inequívoca de reconocimiento del conflicto y el interés por encontrarle una solución. Siendo ello así, como efectivamente lo es, la Corte está en la obligación de respetar esa regla autónoma de las partes de reconocimiento del conflicto.
Ahora bien, lo cierto es que el lapsus calami o error al escribir en que incurrió el sindicato, que valga decirse la universidad no acreditó que fuese cosa diferente, en realidad no afectaría el conflicto colectivo porque tal como lo expresó la Corte en reciente fallo, CSJ SL3063-2019, a la luz del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, en su naturaleza y efectos normativos, el laudo arbitral se asimila a la convención colectiva de trabajo. Los dos instrumentos son fuentes formales del derecho, de las cuales emanan normas jurídicas reguladoras de las condiciones de empleo y de trabajo. Dado esta similitud, la Sala ha entendido que así como la vigencia de la convención inicia con su suscripción por los interlocutores sociales (art. 476 CST), el laudo debe igualmente empezar a regir a partir de su firma o, lo que es lo mismo, desde su expedición. Entonces, el laudo arbitral no puede tener efectos hacía el pasado.
Pero las partes, en la convención colectiva, y en ejercicio de la autocomposición, pueden convenir que la vigencia empiece antes de su firma. Les está permitido una estipulación retroactiva en uso de su libertad contractual. Claro está, una declaración en tal sentido no cabe dentro de las facultades de los árbitros. No olvidemos que el «árbitro hace, no lo que las partes no pudieron realizar, sino lo que la ley manda que haga».
Por último, el punto concerniente a que el pliego de peticiones se presentó por la Asamblea general y no por la Regional, hay que decir que se exhibe extemporanéo, habida cuenta de que debió alegarse ante el tribunal de arbitramento.
Así, se itera, que la acusación es improcedente.
b) Anulación total de las siguientes cláusulas:
Cláusula Tercera : ESTABILIDAD
Pliego de peticiones
CLÁUSULA 5. La UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, con el fin de garantizar la estabilidad laboral, no podrá despedir a ninguno de sus trabajadores sino por justa causa legal, calificada por una comisión integrada de la siguiente manera: dos (2) representantes designados por la Universidad y dos (2) por SINTIES.
Esta comisión dispondrá de 48 horas a partir de su instalación para calificar la causal invocada por la Universidad para dar por terminado el contrato de trabajo. Sin embargo, si no existiere acuerdo por empate en la votación, entrará a formar parte de esta Comisión el Decano de la Facultad de Derecho de la respectiva Seccional o Sede o quien haga sus veces. En caso de los trabajadores adscritos a 'la Facultad de Derecho, será el Rector Nacional o Seccional o de Sede quien dirima el empate.
PARÁGRAFO I. La Universidad deberá demostrar la convocatoria de la comisión disciplinaria. Si una de las partes no asistiere a la citación, la comisión asistente definirá a discreción el caso.
PARÁGRAFO II. Esta Comisión también conocerá de los casos o posibles casos o situaciones de abuso de poder, discriminación, violación a principios de igualdad, dignidad o cualquier otro derecho fundamental de los trabajadores de la UNIVERSIDAD por parte de sus superiores o iguales, independiente del cargo. Lo anterior incluye, a título enunciativo, afectación en las condiciones de trabajo, limitar las posibilidades de crecimiento, capacitación, ascenso; Vulneración al principio de igualdad para presentarse a vacantes o nuevos cargos por actuaciones calificables como favoritismo o discriminación, evaluaciones injustas o inapropiadas entre otras.
Laudo arbitral
ESTABILIDAD. La UAN no podrá despedir a ninguno de sus trabajadores sino por justa causa legal, calificada por una comisión integrada por 2 representantes designados por ésta y 2 representantes designados por el sindicato, y conforme a un debido proceso en el sentido indicado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, brotada de la sentencia C-593 de 2014.
En caso de empate en la decisión, este será dirimido por el representante legal de la UAN y/o por el rector de cada sede, mediante una decisión debidamente motivada.
2. Cláusula Cuarta: COMITÉ PARITARIO
2.1. Pliego de peticiones
Créase un Comité Paritario integrado por dos (2) delegados designados por la UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO y dos (2) delegados por SINTIES, el cual se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando las necesidades lo exijan. Son funciones de dicho Comité Paritario, tramitar los cargos que se hagan contra los trabajadores, y conceptuar sobre los mismos.
PARÁGRAFO. Créase un Comité de igual naturaleza en cada una de las Sedes o Seccionales de la Universidad.
2.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 4. COMITÉ PARITARIO. Créase un Comité Paritario integrado por dos (2) delegados designados por la UAN y dos (2) delegados por SINTIES, el cual se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, y extraordinariamente cuando las necesidades lo exijan. Son funciones de dicho Comité Paritario tramitar los cargos que se hagan contra los trabajadores y conceptuar sobre los mismos.
PARÁGRAFO: Créase un Comité de igual naturaleza en cada una de las Sedes o Seccionales de la Universidad.
3. Cláusula Quinta: PROCEDIMIENTO
3.1. Pliego de peticiones
Para imponer una sanción, desde el simple llamado de atención hasta el despido, se seguirá el siguiente trámite:
a) La Universidad formulará el cargo que tenga contra el trabajador, mediante memorando escrito, que le entregará personalmente, copia del cual se le enviará al Comité Paritario;
b) El Trabajador tendrá un término de cinco (5) días para rendir sus descargos;
c) Una vez vencido el término anterior, el Comité abrirá a prueba por quince (15) días durante los cuales las partes pedirán pruebas y el Comité las practicará;
d) Vencido el término anterior, el comité conceptuará dentro de los cinco (5) días siguientes, y
e) La Universidad dentro de los tres (3) días siguientes a la emisión del concepto dictará la correspondiente Resolución acogiendo la decisión del Comité.
PARÁGRAFO. La Sanción aplicada pretermitiendo los trámites de este artículo se tendrá como inexistente.
3.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 5. PROCEDIMIENTO. Para imponer una sanción desde el simple llamado de atención hasta el despido se seguirá el siguiente trámite:
a) La UAN formulará el cargo que tenga contra el trabajador, mediante memorando escrito, que le entregará personalmente, copia del cual se le enviara el Comité Paritario:
b) El Trabajador tendrá un término de cinco (5) días para rendir sus descargos;
c) Una vez vencido el término anterior, el Comité abrirá a prueba por quince (15) días durante los cuales las partes pedirán prueba y el Comité las practicará;
d) Vencido el termino anterior, el comité conceptuará dentro de los cinco 5) días siguientes, y,
e) La Universidad dentro de los (3) días siguientes a la emisión del concepto dictará la correspondiente Resolución acogiendo la decisión del Comité.
PARAGRAFO. La sanción aplicada pretermitiendo los trámites de este artículo se tendrá como inexistente.
3.3. Argumentos comunes de la recurrente
Aduce que los árbitros carecen de competencia para pronunciarse sobre estas cláusulas, pues «conforme al Artículo 57 de la Constitución Nacional, es la ley la que establece los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de la Empresa».
Estima que no resulta posible «derogar y/o modificar la legislación laboral imponiendo al empleador unas restricciones que no se encuentran amparadas en la legalidad, la creación de comités que restringen al empleador su facultad administrativa y un procedimiento para despidos, que no regula y/o modula la sentencia C-593 de 2014, al asimilar el despido como una sanción disciplinaria».
Añade que esta Corte, mediante sentencia con radicación 55340 del 12 de diciembre de 2012, «ratificó que no pueden los árbitros restringir la facultad administrativa de la Empresa, ni mucho menos imponerle funciones judiciales y/o decisorias a las comisiones y/o comités, en los laudos arbitrales».
Dice que al hacer un análisis de estas tres cláusulas, las mismas resultan contradictorias, excluyentes y desbordan la competencia de los árbitros, ya que el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo consagra las causas legales de terminación de los contratos de trabajo, por lo que «al restringir los árbitros el despido de los trabajadores a una justa causa legal y calificada por la comisión, está derogando las demás causales legales y está creando una función jurisdiccional a la comisión, pues es ella, LA ENCARGADA DE CALIFICAR ESA JUSTA CAUSA. Por lo anterior, resultan incompatibles las cláusulas cuarta y quinta, pues el mismo comité a que le indilgaron facultades judiciales en la cláusula tercera, en la cláusula cuarta y quinta, lo presentan como un comité de concepto».
Alega que, a pesar de que las dos profesoras afiliadas al sindicato, laboran en Bogotá, en una extralimitación de competencias, el tribunal de arbitramento decide crear comités en todas las sedes y seccionales, donde evidentemente no podrían funcionar.
En sentir de la universidad recurrente el procedimiento creado por los árbitros, «viola lo establecido en reiteradas sentencias de la H Corte, pues por una parte, consagra el despido como una sanción disciplinaria, pasando por alto reiterada jurisprudencia de nuestra H Corporación, que indica que el despido, no es sanción disciplinaria, salvo en el sector oficial, NI MUCHO MENOS, QUE PARA DESPIDOS CON JUSTA CAUSA SE DEBA SEGUIR UN PROCESO DISCIPLINARIO».
Afirma que la cláusula quinta estatuye unos términos y condiciones que se apartan de lo expuesto en la sentencia CC C-593 de 2014 y, por el contrario, hacen impracticable el mencionado proceso, dado que el procedimiento, «NO CONSAGRA LA ELABORACIÓN DE UN ACTA DE CARGOS Y DESCARGOS, SINO POR EL CONTRARIO, EL TRABAJADOR TIENE CINCO DÍAS PARA PREPARAR Y ELABORAR SUS DESCARGOS Y PRESENTARLOS AL COMITÉ, SIN QUE EXISTA UNA INTERLOCUCIÓN DIRECTA ENTRE EL IMPUTADO Y LA EMPRESA, PUES EL COMITÉ FUNCIONA COMO UN ÓRGANO JURISDICCIONAL A QUIEN SE LE DEBEN PRESENTAR LOS DESCARGOS Y LAS PRUEBAS, SIN QUE EL TRABAJADOR Y LA EMPRESA TENGAN LA POSIBILIDAD DE ENCONTRARSE CARA A CARA Y/O DISCUTIR PERSONALMENTE LAS FALTAS CONFORME LO RESEÑA EL ARTICULO 115 DEL CST», y lo que es peor aún, «el Comité tiene facultades ilimitadas y obligatorias, por lo que la Universidad no puede apartarse de lo resuelto por el Comité según lo consagra el literal e), resultando contradictorio con lo previsto en la Cláusula Tercera, en su parágrafo primero».
Finalmente, acota que en el parágrafo se indica que si se pretermite el trámite, se tendrá como «inexistente, consagrando unas consecuencias que tan solo pueden ser declaradas por la entidad administrativa y/o judicial y no de pleno derecho conforme lo resuelven los árbitros».
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
En lo concerniente a la cláusula de estabilidad laboral, bien a las claras se ve cómo prohibir que la empresa pueda realizar despidos sin que exista una justa causa, desborda el marco de las facultades de los árbitros, por cuanto la ley le otorga al empleador esa posibilidad y consagra las consecuencias en caso de una terminación ilegal e injusta del contrato de trabajo, salvo que las partes de común acuerdo decidan consagrar el derecho a una estabilidad en los términos sugeridos por la organización sindical (sentencias CSJ SL 9346-2016 y CSJ SL3430-2018).
De manera que el cuerpo arbitral excedió la competencia estatuida en la ley laboral, por lo que habrá de anularse esta disposición.
En lo atinente a la competencia de los tribunales de arbitramento para disponer un comité paritario laboral, la Corte en reciente decisión de anulación CSJ SL3491-2019 enseñó:
Esta Sala ha sostenido que los árbitros no tienen competencia para crear comités de cogestión, codirección o coadministración de la compañía, pues ello transgrede el principio constitucional de libertad de empresa que, a su vez, implica la facultad del empresario de organizar su negocio y dirigir las relaciones laborales. Sin embargo, también ha dicho esta Corporación que dando aplicación al principio de participación democrática y dentro de ciertos límites, los árbitros pueden fundar comités paritarios de participación en algunos asuntos de interés de los trabajadores.
Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL243-2018 la Corte asentó:
En hilo con lo dicho, no advierte la Sala que los comités bipartitos constituyan una restricción a la libertad de empresa y emprendimiento, con mayor razón si se tiene en cuenta que su actividad recae sobre beneficios extralegales que por derecho son de los trabajadores, de suerte que no es desatinado que estos participen en su gestión como directamente interesados.
A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia C-934-04 señaló:
Ese amplio margen de acción de los particulares trasciende hasta el ámbito laboral, de manera que los trabajadores tienen derecho a ser vinculados en la toma de decisiones que les conciernen o que de alguna manera los afecten, ya sea directa o indirectamente. La participación, entonces, surge no solo como derecho de aquellos sino como un deber de los patronos y de las autoridades que de una u otra manera tengan incidencia en el campo laboral. En esa medida, la participación conlleva a que se le otorgue a los trabajadores escenarios de discusión, de debate y se les dé la oportunidad de tomar parte en asuntos propios de la empresa y que vayan dirigidos a establecer las reglas de juego que ha de guiar la relación laboral.
Igualmente, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en la «importancia de celebrar consultas con todas las organizaciones sindicales interesadas acerca de las cuestiones que afectan a sus intereses o a los de sus afiliados».
Desde luego que cuando se trata de un mecanismo de resolución de un conflicto a través de un tercero (heterocomposición), la competencia de los árbitros va hasta garantizar el derecho de los trabajadores a ser escuchados y a intervenir en la adopción de decisiones que los afecten. Mas no para tomar decisiones vinculantes y obligatorias para el empleador, pues ello sí vulnera indebidamente el poder de dirección de las relaciones laborales del empresario. Por consiguiente, considera la Sala que la composición de comités o instancias bipartitas, en los que los trabajadores tengan capacidad decisoria y voto vinculante para el empresario, solo puede surgir de la autocomposición a través de la negociación colectiva.
Entonces, si bien los árbitros tienen competencia para la creación de comités bipartitos o de instancias de participación de los trabajadores en asuntos de su interés, no la tienen para alterar el contenido de acuerdos colectivos suscritos con otras agremiaciones sindicales, puesto que esto supondría una injerencia indebida de terceros en los acuerdos logrados por organismos sindicales, en menoscabo del principio de la negociación colectiva y la autonomía de la voluntad de los interlocutores sociales.
Esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse alrededor de una cláusula muy similar a la controvertida y, en providencia CSJ SL17144-2016, razonó:
Comité Laboral
No se equivocaron los árbitros al negar el punto relativo al Comité Laboral, por cuanto, más allá de la ausencia de mayorías para decidir, de la redacción de la petición fácilmente se puede deducir que dicho Comité, conformado por dos (2) representantes designados por el Sindicato y dos (2) por el empleador sería el encargado de conocer y decidir de común acuerdo las terminaciones de los contratos, los horarios y turnos, las sanciones, el mantenimiento de vehículos, la rotación de personal en turnos y sitios de trabajo, las vacaciones y similares, aspectos que, tal como lo adujeron los árbitros, en todo caso, pertenecen a la esfera de las facultades y potestades del empleador, quien puede, según las necesidades particulares de la organización del proceso productivo, determinarlos, pues hacen parte del ius variandi y de la facultad de dar por terminados libremente los contratos de trabajo otorgada por la legislación laboral. Además, como lo dedujo el Tribunal, dicho Comité, al estar integrado por dos miembros del sindicato y dos miembros del empleador para tomar decisiones en la práctica al no definirse allí cómo se votarían éstas y cómo se procederían en caso de empate.
También en sentencia CSJ SL5542-2019, asentó que cuando se trata de un mecanismo de resolución de un conflicto a través de un tercero (heterocomposición), la competencia de los árbitros va hasta garantizar el derecho de los trabajadores a ser escuchados y a intervenir en la adopción de decisiones que los afecten, mas no para tomar decisiones vinculantes y obligatorias para el empleador, pues ello sí vulnera indebidamente el poder de dirección de las relaciones laborales del empresario. Por consiguiente, considera la Sala que la composición de comités o instancias bipartitas, en los que los «trabajadores tengan capacidad decisoria y voto vinculante para el empresario, solo puede surgir de la autocomposición a través de la negociación colectiva».
De otra parte, la Corte ha reiterado el criterio según el cual, los árbitros sí están investidos de facultades para determinar un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones, en tanto ello garantiza el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción y la estabilidad en el empleo, postulados todos de orden constitucional (CSJ SL3063-2019); sin embargo, como el establecido en la cláusula denunciada alude al comité paritario, pues es en últimas quien adoptará la decisión que debe acoger la universidad, no queda otro camino que anularla no solo por las razones expuestas, sino porque las dos cláusulas están íntegramente ligadas.
4. Cláusula Sexta: DURACIÓN CONTRACTUAL
4.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 8. DURACIÓN CONTRACTUAL. Una vez concluido el período de prueba, los contratos de trabajo celebrados por la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO y sus trabajadores serán de duración Indefinida.
4.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 6. DURACIÓN CONTRACTUAL: Superado el período de prueba, los contratos de trabajo celebrados por la UAN y sus trabajadores serán de duración indefinida, siempre que subsistan la materia y causa que le dieron origen, y el trabajador lo hubiese cumplido a satisfacción.
4.3. Argumentos de la recurrente
Asevera que esta Corte tiene asentado que los árbitros no gozan de competencia para afectar los derechos del empleador en lo atinente a su libre prerrogativa de acudir a contratar laboralmente a la estructura legal que más convenga a las particulares circunstancias que afronte la empresa. Se apoya en las sentencias CSJ SL, del 12 de abr.2012, rad. 54.003 y del 22 de ene. 2013, rad. 53.107.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Tal como lo advierte la recurrente, de antaño es doctrina de esta Corporación que los árbitros carecen de competencia para imponerle al empleador una sola forma de contratación de sus trabajadores, pues la ley pone a su disposición variados tipos contractuales y es él el único legitimado para escoger los que más convengan a sus necesidades de organización y desarrollo de la producción o para negociar libremente el punto, pero dentro de un escenario de autocomposición y no por imposición de la justicia arbitral.
No está por demás recordar la sentencia CSJ SL10179-2015, reiterada en fallos CSJ SL14990-2016, CSJ SL4736-2017 y CSJ SL2488-2019, en la que se dijo:
[…] las facultades de dirección y manejo de la empresa por parte del empleador suponen la libertad contractual en las relaciones que establezca con sus servidores o trabajadores. Y que, solamente, por vía de la convención colectiva de trabajo es posible que por parte de éste se acepte una restricción a esas facultades. Por manera que, el laudo arbitral no resulta idóneo a efectos de definir o establecer particulares modos o formas de vinculación del personal de la empresa, o de modificar o reformar las existentes. De esa suerte, es nula la cláusula del laudo que pretende imponer al empleador las unas o las otras.
Desde esta óptica, se exhibe patente que el tribunal de arbitramento carece de competencia para crear la cláusula bajo estudio, por lo que es menester su anulación.
5. Cláusula Séptima: EDUCACIÓN
5.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 10. EDUCACIÓN. La Universidad, a partir de la vigencia de la presente Convención suministrará educación gratuita a todos sus trabajadores para adelantar estudios que ella ofrezca en educación formal, no formal y educación informal. El trabajador debe cumplir como mínimo el período de prueba antes de solicitar las becas, que serán adjudicadas para cada periodo académico. Igualmente suministrará educación:
a) A partir de la vigencia de la presente convención, a los hijos de los trabajadores, que deseen cursar estudios en cualquiera de las facultades de la Universidad, de manera gratuita en pregrado a partir del tercer año de la relación laboral, un 80% entre a partir del segundo año y un 20% desde el primer año, sin que esto pueda ir en desmedro de las condiciones existentes al momento de la firma de la presente Convención. Para posgrado se realizará un descuento del 80% a los hijos de los trabajadores a partir del segundo año de la relación laboral.
b) Para el cónyuge o compañero(a) permanente que deseen cursar estudios en cualquiera de las facultades de la Universidad, en todo el país de la siguiente manera: beca de 50% del valor total de la matrícula y una libranza o crédito sin intereses por el 50% restante, el cual se pagará durante el respectivo periodo académico.
PARÁGRAFO. El trabajador que le sea terminado el contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión por vejez o invalidez o que fallezca estando vinculado laboralmente a la Universidad y que en ese momento goce del beneficio de beca de pregrado por uno o varios de sus hijos, éstos continuarán con este beneficio, hasta la culminación de sus estudios, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la presente cláusula.
5.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 7. EDUCACIÓN. La UAN concederá los siguientes descuentos:
a) Al trabajador el 50% de descuento para adelantar estudios que ofrezca la UAN en educación formal, no formal y educación informal, por un máximo de 40 salarios mínimos legales al año.
b) A los hijos de los trabajadores que deseen cursar estudios de pregrado un descuento del 20% para el primer año de estudio y para los años siguientes un 40%, y por un máximo de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes al año, y
C) A los hijos de los trabajadores para cursar estudios de posgrados en la UAN un descuento por un 30% y por un máximo de 20 salarios mínimos legales vigentes al año.
5.3. Argumentos de la recurrente
Sostiene que esta cláusula desborda la capacidad económica de «nuestra Institución y resulta totalmente inequitativa e impracticable, conforme a lo resuelto por los árbitros».
Aduce que «existe una verdadera incongruencia al presentarse en el literal a) un presunto descuento del 50%, pero simultáneamente indica que se tendrá derecho a un máximo de 40 salarios mínimos legales al año, cantidad que equivale a $33.124.640», pues en «nuestra Universidad, ninguna de las carreras tiene el costo y/o valor superior a los 34 millones, por lo que el trabajador podría exigir, no solamente el descuento y/o, optar por el pago de hasta 40 salarios mínimos legales, generándose un enriquecimiento sin causa y desnaturalizando el supuesto concepto del descuento».
Igual sucede en los literales b) y c), «con el agravante, de que se consagran porcentajes para el segundo año y/o siguientes de vigencia de la Convención, cuando la vigencia y su imposición no puede sobrepasar el año».
Finalmente, queda en evidencia la inequidad de la citada cláusula, pues conforme aparece acreditado en el expediente, la universidad «otorga a todos sus empleados beneficios para estudio en los programas de la Universidad de hasta el 30% a sus hijos y hasta el 85% a los hijos en los colegios de la Universidad hasta el 40% conforme a lo reseñado en los Acuerdos 31 y 32, del Consejo Directivo. Por lo anterior, resulta totalmente inequitativo y desproporcionado que los sindicalizados puedan optar por presuntos pagos de 35 y/o 25 millones de pesos anuales».
VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Nuevamente la Sala insiste en que los árbitros pueden establecer mejores y adicionales derechos a los estatuidos por las normas del trabajo y de la seguridad social, e inclusive incrementar los ya otorgados por el empleador. De suerte que, si este unilateralmente reconoce ciertas prebendas para ampliar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, no les impide a los árbitros acrecentarlas, como ocurre con esta cláusula.
En este especifico caso, la Corte debe reiterar que los arbitradores no desconocieron la situación económica de la compañía y analizados los montos del auxilio educativo no se observa que resulten desproporcionados o manifiestamente inequitativos, teniendo en consideración que la recurrente viene otorgando a sus «trabajadores beneficios para estudios en la Universidad de hasta el 30% (…) y para sus hijos de hasta el 85% (Acuerdos No. 31 y 48 de CD) Para estudio de sus hijos en los colegios de la Universidad hasta del 40% (Acuerdo No. 32 CD). Adicionalmente para los docentes ha instituido con el Plan de Formación de Alta Nivel (PFAN) programa mediante el cual la UAN apoya la formación de alto nivel de sus profesores, hasta en un 100%”» (folio 101), por lo que el auxilio aquí reconocido simplemente es una mejora, que no fluye desproporcionada al que esta viene otorgando con báculo en Acuerdos internos de la universidad y, como ya se dijo, esto es precisamente una de las finalidades de la negociación colectiva.
El tope máximo en salarios, resulta necesario en la medida que pone un límite en la cuantía para su reconocimiento, luego más que ser considerada como una cláusula que permite el abuso del derecho, lo restringe, lo que implica, a diferencia de lo aducido por la recurrente, que no es factible un doble pago de tal beneficio.
La aplicación de los beneficios del laudo exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, no transgrede el principio constitucional de igualdad, en la medida en que la situación jurídica de estos es diferente a la de los trabajadores no afiliados a un gremio profesional.
En consecuencia, no se anulará, en este aspecto, el laudo arbitral impugnado.
6. Cláusula Novena: LABOR ACADÉMICA
6.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 16. SOBRE LA LABOR ACADÉMICA. A los trabajadores docentes de planta, de tiempo completo se les asignará hasta un máximo de 12 horas semanales de docencia y sólo en aquellos casos en los que no estén realizando funciones de investigación, extensión y/o administración. En todo caso, solo podrá asignarse a cada trabajador docente dos actividades de las mencionadas. El tiempo completo implica una dedicación de 40 horas semanales de trabajo universitario. A cada hora de docencia se contabilizarán dos (2) horas adicionales de preparación de clase. Adicionalmente, por cada seis (6) horas semanales de clase se contabilizará una (1) hora semanal de calificación de trabajos. Cada dirección de tesis contabilizará como una (1) hora semanal.
A los trabajadores docentes de planta de medio tiempo se les asignará un máximo de 6 horas semanales de docencia y sólo en los casos en que no esté realizando actividades de investigación, extensión y/o administración. En todo caso, solo podrá asignarse a cada docente dos actividades de las mencionadas El medio tiempo implica una dedicación de 20 horas semanales de trabajo universitario.
A los profesores de horas cátedra se les aplicarán las mismas normas establecidas para los profesores de planta, en cuanto a la asignación de carga académica se refiere.
A los docentes se les permitirá hacer parte de la selección de sus cursos, acorde con su formación, experiencia y reconocimiento por su saber hacer. De esta manera, no será potestad de los coordinadores o el Decano asignar el curso de forma exclusiva a su parecer.
PARAGRAFO I: Los planes de trabajo se elaborarán de acuerdo con el máximo de horas establecido y sólo se podrán elaborar metas y objetivos en consonancia con el tiempo asignado correspondiente.
PARAGRAFO II: Toda labor a partir de las 18:00 o los días sábados, domingos o festivos será reconocida con recargos nocturnos a partir de las 18:00 y como festivo si las clases se dictan en el segundo caso. La UNIVERSIDAD contará como parte de la jomada laboral del profesor, la participación en FOROS, SEMINARIOS, CAPACITACIONES al interior de la Universidad y organizados en el devenir propio de la INSTITUCION, así como las ponencia (sic) so presentaciones realizadas.
6.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 9. PARÁGRAFO. LABOR ACADÉMICA.
Toda labor a partir de las 18:00 horas los días sábados, domingos o festivos será reconocida con recargos nocturnos.
6.3. Argumentos de la recurrente
Afirma que esta Corte ha sostenido que los árbitros no tienen competencia para modificar la jornada de trabajo e imponer al empleador cargas que contraríen las normas, pues en efecto, «la fijación del horario de trabajo, el número de horas en que deben laborar los trabajadores semanalmente, y el sistema de descansos, hacen parte del derecho que tiene el empleador de organizar y direccionar su empresa con miras a poder cumplir su objeto social». (sentencias CSJ SL, del 12 dic. 2012, rad. 55.340 y CSJ SL, del 14 de feb. 2012, rad. 53.095).
Adicionalmente, acota que los aspectos relacionados con la «jornada y/o los recargos nocturnos, también se encuentran estipulados en la reglamentación interna de la Universidad y en la propia ley, generándose con ello un factor de inequidad, frente a los demás trabajadores y un incremento financiero no soportable de un 25.37%».
Finalmente, imponer un pago adicional durante los trabajos en domingos y festivos, no solo representa una modificación a la ley, sino que impone un pago no previsto en los artículos 173 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo, sino de paso se modificaría el artículo 160 ibídem, modificado por la Ley 1846 de 2017, artículo 1º.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Tiene asentado esta Corporación, por mayoría, que el tribunal de arbitramento sí tiene competencia para definir en equidad este asunto del pliego de peticiones, por cuanto la organización sindical con esta prerrogativa pretende que el recargo del trabajo nocturno se reconozca por más horas de las que establece el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto en este precepto se indica que la jornada nocturna está comprendida entre las 9:00 p.m. y las 6:00 p.m., es decir, 9 horas en las que se causaría el citado incremento, mientras que con la propuesta se aumenta el periodo en el que se originarían los aumentos por trabajo en jornada nocturna, porque ellos se generarían a partir de las 18:00 horas los días sábados, domingos o festivos, lo que significa que se amplía el rango dentro del cual a los trabajadores se les debe pagar el recargo por labores en horas de la noche (sentencia SL2488-2019).
Esta Sala, sobre la posibilidad que tienen los árbitros de resolver sobre cualquier asunto que objetivamente favorezca la situación de los trabajadores, en sentencia CSJ SL3325-2018, advirtió:
Como se explicó en líneas precedentes, los árbitros tienen competencia para pronunciarse sobre cualesquiera reivindicaciones en los campos individual, colectivo y de seguridad social, al margen si determinados derechos se encuentran en la ley, pues lo fundamental es que lo reclamado contribuya objetivamente a mejorar la situación de los trabajadores. En otras palabras, el límite sustancial al arbitramento no deriva de la circunstancia de que un derecho u obligación este regulado en una norma jurídica, ya que bien puede suceder que la intención del sindicato sea superarlo o fortalecerlo, sino de si lo reclamado lesiona un derecho o la facultad reconocida a las partes.
Nada encuentra la Corte que objetar en la decisión del Tribunal, por ende, no se anulará.
7. Cláusula Décima: LICENCIAS
7.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 18. LICENCIAS. La Universidad concederá a petición del trabajador administrativo licencia no remunerada hasta por noventa (90) días, por una vez al año, según lo dispuesto en el artículo 51 numeral 4 del C.S.T.
7.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 10. LICENCIAS. La UAN concederá a petición del trabajador administrativo licencia no remunerada hasta por noventa 90 días, por una vez al año, según lo dispuesto en el artículo 51 numeral 4 del C.S.T. La petición elevada por el trabajador a la UAN deberá presentarse por lo menos con quince días hábiles de anticipación, a la fecha a partir de la cual pretende se le conceda la licencia.
8. Cláusula Décima primera: PERMISOS
8.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 19. PERMISOS. La Universidad concederá a todos sus trabajadores permiso remunerado durante ocho (8) días en caso de fallecimiento o enfermedad grave de sus padres, hijos, cónyuge o compañera (o) permanente.
8.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 11. PERMISOS. La UAN concederá a todos sus trabajadores permiso remunerado durante un día adicional a los cinco que otorga el artículo 57 del C.S.T., en caso de fallecimiento o enfermedad grave de sus padres, hijos, cónyuge o compañera (o) permanente.
8.3. Argumentos comunes de la recurrente
Indica que los árbitros desbordan la competencia, «cuando obligan a la Universidad a que cualquier trabajador administrativo tenga derecho a una licencia de 90 días al año, con la sola condición de pedirla dentro de los quince días anteriores», ello por cuanto «ningún trabajador administrativo se encuentra afiliado al Sindicato, por lo que desbordan los árbitros su competencia, al imponer esta carga a trabajadores no comprometidos en el conflicto colectivo […] lo que resulta más arbitrario e ilegal, es que una facultad potestativa del empleador, conforme señala el Artículo 51 del CST, se convierta EN UNA IMPOSICIÓN Y OBLIGACIÓN LEGAL, QUE DE CONTERA, RESTRINGE LA FACULTAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD, IMPONE LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS E IMPONE UNA CARGA PRESTACIONAL EN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE UNA TERCERA PARTE DEL AÑO, SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA».
Añade que los permisos consagrados en la cláusula décima primera, numerados en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, también se «apartan del normativo legislativo al imponer días adicionales, sin justificación alguna a los impuestos por la ley, PERO ADICIONALMENTE, HACIÉNDOLOS EXTENSIVOS A LA ENFERMEDAD GRAVE DE PADRES, HIJOS O CÓNYUGE, CUANDO EL ARTÍCULO 57 JAMÁS LOS IMPONE».
IX. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Esta Corte recogió su añeja tesis de que el tribunal de arbitramento no puede conceder permisos remunerados o licencias de la misma índole, y les ha reconocido a los árbitros esa competencia, siempre y cuando tales permisos sean justificados, razonables, proporcionales y, desde luego, no afecten el normal desarrollo de la empresa, atributos de los que no se aprecia desdigan los permisos que decidió conceder el cuerpo arbitral a los trabajadores, si se tiene presente que tienen que ver con contingencias que afectan a la familia, cuya protección integral deben garantizar el estado y la sociedad, según el artículo 42 superior; que además convocan la solidaridad entre las personas, sobre la que está fundada la República al tenor del artículo 1 constitucional (CSL SL18150-2016).
De manera que los permisos remunerados concedidos en la cláusula atacada cuando se presenta una situación anormal como lo es la enfermedad grave de los familiares más cercanos o integrantes del núcleo familiar, no se muestra irracional o inequitativos, pues, tal como lo precisó la sentencia referenciada, corresponden a un elemental sentimiento o compromiso de solidaridad con las personas que hacen parte del tejido social más próximo y que mantiene en pie la estabilidad emocional del trabajador.
Cuanto hace a las licencias no remuneradas, está Corte en sentencia CSJ SL495-2019, recordó que, en igual sentido a lo asentado sobre los descansos remunerados, se exhibe palmario que el Tribunal tiene competencia para regular este tipo de beneficio, como una prerrogativa adicional a la establecida en la ley. Claro está, que esa concesión también debe seguir reglas de proporcionalidad y objetividad, que no afecten la operatividad de la empresa, pues de lo contrario resultaran manifiestamente inequitativas.
Se aclara que tanto los permisos como las licencias pueden afectar la prestación del servicio; sin embargo, para solventar traumatismos el empresario puede adelantar gestiones administrativas encaminadas a garantizar el normal desarrollo de su actividad, mediante la programación anticipada de los mismos (sentencia CSJ SL3063-2019).
Aunado a que no hay que soslayar que son dos los trabajadores que actualmente se benefician del laudo arbitral.
Para dar respuesta a la afirmación según la cual «ningún trabajador administrativo se encuentra afiliado al Sindicato, por lo que desbordan los árbitros su competencia, al imponer esta carga a trabajadores no comprometidos en el conflicto colectivo», la Sala se remite a lo explicado en el Capítulo XVIII.
De suerte, que no hay méritos para anular los cánones arbitrales.
9. Cláusula Décima segunda: INCAPACIDADES
9.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 20. INCAPACIDADES. La Universidad pagará el 100% del salario al trabajador cuándo éste se encuentre incapacitado por cualquier enfermedad.
9.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 12. INCAPACIDADES. La UAN pagará al trabajador que se encuentre incapacitado por enfermedad común una suma de dinero equivalente a la diferencia entre el valor reconocido por la EPS y el 100 % de su salario, por el tiempo que dure la incapacidad.
9.3. Argumentos de la recurrente
Expone que esta Corte ha señalado que son las partes involucradas en el conflicto, quienes pueden convenir libremente, si además del subsidio económico que cubren las entidades de seguridad social por incapacidades, el empleador debe reconocer y pagar sumas adicionales (sentencia CSJ SL, del 4 dic.2012, rad.55.501).
Es que el reconocimiento y su pago, se debe realizar « POR EL TIEMPO DURE LA INCAPACIDAD", GENERÁNDOSE UNA CLÁUSULA INCUANTIFICABLE E INDETERMINADA, POR FUERA DE LO PREVISTO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PUES AL NO LIMITARLA EN TIEMPO ALGUNO, UNA INCAPACIDAD, DE ORIGEN COMÚN Y/O PROFESIONAL PODRÍA SER INDEFINIDA EN LOS AÑOS, COMO POR EJEMPLO, EL CASO DE UN DERRAME CEREBRAL A UN TRABAJADOR, QUE DURE INDEFINIDAMENTE EN COMA».
X. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Ciertamente la Corte en el fallo traído a colación por la recurrente sostuvo que el tribunal de arbitramento carecía de competencia para definir aspectos de seguridad social, concretamente en lo que respecta al pago de incapacidades médicas; empero, el actual criterio defiende la tesis contraria en el sentido de que los árbitros gozan de dicha facultad.
Por ejemplo, esta Sala en sentencia CSJ SL8157-2016, reiterada, entre muchas, en las CSJ SL12219-2017, CSJ SL4458-2018 y CSJ SL3063-2019, adoctrinó:
[…] los árbitros tienen competencia para fijar en cabeza del empleador la obligación de sufragar en favor de los trabajadores las diferencias dinerarias no pagadas por incapacidad por la EPS, de modo que se garantice el pago íntegro del salario, como si el empleado incapacitado estuviera efectivamente laborando. Y por ello, es válido que la obligación económica de la EPS, durante los primeros 90 días, de entregar un auxilio monetario equivalente a las dos terceras (2/3) partes del salario, sea complementada, mediante la imposición al empleador de la obligación de pagar la tercera (1/3) parte restante, a fin de que el trabajador reciba una incapacidad equivalente al monto total de su salario. O que el empleador concurra después del día 90 a cancelar el 50% del salario, para que junto con el otro 50% a cargo de la EPS, el trabajador perciba un sueldo completo. Al fin y al cabo, es innegable que estas fórmulas comportan una superación de los derechos mínimos previstos en la legislación y su previsión normativa está lejos de vulnerar el orden jurídico social.
Por estas razones, los árbitros sí tienen competencia para fijar en cabeza del empleador la obligación de sufragar en favor de los trabajadores las diferencias dinerarias no pagadas por incapacidad, pues es de resaltar que no se trata de prestaciones limitadas por el Acto Legislativo 01 de 2005.
Los demás argumentos de la recurrente no pasan de ser suposiciones o conjeturas, no admisibles en este recurso extraordinario.
En ese orden de ideas, resulta palmario que la acusación tampoco progresa.
10. Cláusula Décima tercera: SALARIOS
10.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 26. SALARIOS:
a. La Universidad incrementará el salario de sus trabajadores en 12% para la vigencia de la Convención.
b. La Universidad nivelará el valor del salario de los docentes en todos sus tipos de contratación, de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra teniendo en cuenta lo establecido en las universidades que reconocen un mayor valor.
Para ello, se revisará la categorización docente que se encuentra en el régimen docente de la Facultad. Para lo cual la Universidad deberá reconocer junto con el grupo docente un escalafón coherente y equitativo que tenga en cuenta los títulos obtenidos y la producción de investigación académica, c. La Universidad adicionará a los contratos de los profesores catedráticos las horas remuneradas necesarias para la preparación de clases, la realización de evaluaciones y la participación en reuniones.
10.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 13. SALARIOS: La UAN incrementará el salario con retrospectividad a la fecha de presentación del pliego (13 de enero de 2018) y hasta el 31 de diciembre de 2018 en un 4%, e incrementará el salario con retrospectividad al 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, en un 5.2%. a fin de corregir el desequilibrio económico presentado a los afiliados del sindicato durante ese lapso. Y por los meses restantes de la vigencia del laudo la UAN incrementará el salario en un porcentaje igual a la inflación causada durante el año 2019.
10.3. Argumentos de la recurrente
Sostiene que son muchos los aspectos, que desbordan la competencia, la inequidad y la ilegalidad por parte de los árbitros en esta cláusula.
El primer aspecto a tener en cuenta, «es que los árbitros en un claro abuso y desvío de poder y, claro está, de competencia, deciden imponer la retrospectividad de los salarios del primer año de vigencia, A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2018, es decir, que sin ni siquiera haberse presentado el pliego de peticiones, ni aprobado el mismo, la Universidad adquiere la obligación de realizar los incrementos».
El segundo, hace referencia a la arbitrariedad e inequidad en la aplicación de la retrospectividad, «pues conforme al desarrollo jurisprudencial, la retrospectividad tiene como fundamento corregir un desequilibrio económico entre los sindicalizados y no sindicalizados, por virtud de las diferencias en los incrementos salariales».
Dice que en nuestro caso, «no entendemos, como (sic)los señores Árbitros desconocen las pruebas presentadas por la Universidad, mediante las cuales se demuestra que a todos y cada uno de los profesores y trabajadores, incluidos los dos sindicalizados, se le hicieron los mismos incrementos realizados para la totalidad de nuestros funcionarios desde el año 2016, hasta el año 2019. Efectivamente, obra dentro del expediente según requerimiento de los árbitros, la tabla de salarios e incrementos realizado por la Universidad a los profesores, donde figura que en el año 2016 se les incrementó el 5.50%, para el año 2017 el 5.30%, para el año 2018 el 3.00% y para el año 2019, el 4.20%».
Agrega que conforme a los documentos mencionados, «jamás existió inequidad, ni mucho menos desequilibrio económico alguno, entre los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, pues durante el término de duración del conflicto colectivo, TODOS GOZARON DE LOS MISMOS INCREMENTOS. Así las cosas, no se dan los presupuestos para la eventual retrospectividad. Pero lo que resulta más desbordado, inequitativo e ilegal, es que, en la Cláusula atacada, los señores Árbitros, decidan realizar los incrementos, sin tener en cuenta los incrementos antes mencionados, mucho menos tenerlos como imputables, generando un desbordado, desmedido e injustificado incremento para los sindicalizados».
Evidentemente, «si se aceptara para el año 2018 el incremento del 4%, más el 3% realizado por la Universidad, el incrementos para estos sindicalizados sería del 7%, retrospectivo, y para el año 2019, el 9.4%. Insistimos en que es totalmente desproporcionado, inequitativo e ilegal el mencionado incremento pues el IPC para el año 2018 fue de 3.68% y lo corrido del año 2019 el 3.15%, lo que equivaldría a incrementos superiores al IPC mas (sic)cinco puntos».
Que no decir, «H Magistrados, del tercer incremento decretado por los árbitros en el Laudo Arbitral correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y 7 días de mayo de 2020, en donde en forma arbitraria, desmedida, claramente inequitativa y desproporcionada, deciden realizar un nuevo incremento tomando la inflación causada durante todo el 2019, cuando hipotéticamente y en el peor de los casos, debería ser proporcional a estos meses».
Un tercer punto que refuta en esta cláusula, «es el relacionado con la imposibilidad financiera de realizar incrementos retrospectivos, pues dada nuestra naturaleza social y sin ánimo de lucro, LOS RECURSOS Y PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2018 Y 2019, YA FUERON CONSUMADOS Y REINVERTIDOS DE LAS NORMAS VIGENTES Y CONFORME A LOS MANDATOS CONNTENIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EN LO ORDENADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Por lo anterior, nos encontramos imposibilitados jurídica y financieramente para disponer de nuevos recursos y/o retrotraer los gastos e inversiones ya realizados».
Acota que conforme «se acreditó en el expediente, los recursos destinados a nómina comprenden el 66% de los ingresos institucionales. El nivel de los excedentes de reinversión que maneja la Universidad es cercano al 5.3% de sus ingresos, el cual es apenas justo para todas las necesidades de inversión de sus diferentes sedes a nivel nacional. Por ello, no resulta posible, financiera y equitativamente REALIZAR INCREMENTOS A SALARIOS DIFERENTES A LOS YA EFECTUADOS POR NUESTRA INSTITUCIÓN, MUCHO MENOS, PENSAR EN UNOS INCREMENTOS SUPERIORES AL IPC MAS CINCO PUNTOS. Incrementar las tarifas de la matrícula, tampoco sería una opción viable para la Universidad, pues por la regulación existente y por el segmento de población que estudia en la Universidad, el cual es el más vulnerable, no nos resulta posible hacerlo».
Finalmente, en su sentir, «el fenómeno de la retrospectividad, ha sido diseñado y entendido por la jurisprudencia, como un desfase entre el momento de la expiración y/o terminación de la convención colectiva y la firma de una nueva convención, TODA VEZ, QUE LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE LA CONVENCIÓN, VENÍAN SIENDO FAVORECIDOS POR INCREMENTOS ANUALES, QUE SE VEN SUSPENDIDOS Y/O ALTERADOS DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. Por ello, en tratándose del primer pliego de peticiones y la firma de la primera Convención Colectiva y/o Laudo Arbitral, NO PODRÍA APLICARSE RETROSPECTIVIDAD ALGUNA, AL NO EXISTIR NINGÚN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO, MUCHO MENOS UN PERIODO DE VACANCIA DE INCREMENTOS SALARIALES, PUES HISTÓRICAMENTE, JAMÁS HAN EXISTIDO».
XI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El tribunal de arbitramento, en el acta 6, al estudiar la cláusula 26, dejó consignado los motivos de su decisión en estos términos:
“El árbitro designado por Sinties propone frente a la cláusula 26, incrementar el salario con retrospectividad a la fecha de presentación del pliego y hasta el 31 de diciembre de 2018 en un 4% a fin de corregir el desequilibrio presentado a los afiliados del sindicato durante este lapso, y un incremento del 5.2% para el año 2019 y con efecto retrospectivo a 1 enero del mismo año. T por los meses restantes de la vigencia del laudo la inflación causada durante el año 2019. Se recuerda que dicho incremento no pondría en dificultades a la solidez financiera que tiene la UAN, en razón a que la mayor parte del aumento ya ha sido cuantificado y reconocido por la universidad conforme a la documentación allegada; la que da cuenta que para el año 2018 la UAN incremento (sic) el salario de sus trabajadores en un 3% y para el año 2019 en un 4.2% esto significa que la propuesta impactaría en un porcentaje muy inferior al 1% los gastos de nómina, dado que los efectos retrospectivos solo resultan aplicables a 2 afiliados del Sinties y que a partir de la expedición del laudo y hasta el 31 de diciembre de 2019, solamente cobijará al número de afiliados del Sinties, lo cual dada la baja tasa de afiliación sindical, tendrá unos efectos económicos mínimos para la UAN . Adicionalmente, la UAN, a través de sus representantes, informó al tribunal que durante los cinco últimos años la parte empleadora ha obtenido excedentes que le han permitido realizar inversiones por una suma aproximada de treinta mil millones de pesos, lo cual, aunado a sus estados financieros, es manifiesto que la UAN tiene solvencia económica suficiente para sumir sin ningún traumatismo los incrementos propuestos. El presidente del tribunal corrobora los porcentajes indicados y el efecto retrospectivo del laudo en esta materia salarial, a fin de corregir el desequilibrio económico presentado desde de la fecha de presentación del pliego y durante el trámite del conflicto, donde no hubo incremento salarial alguno, perdiendo los trabajadores el derecho fundamental a la movilidad salarial”
Del texto arriba transcrito se desprende con nitidez que fueron varios los argumentos que expuso el cuerpo arbitral para tomar la determinación de incrementar el salario, así como que lo fuera de manera retrospectiva.
En ese contexto, no se vislumbra en la decisión de los arbitradores, una inequidad manifiesta, al disponer el incremento salarial moderado en 1% adicional al reconocido por la universidad y tener como parámetro la inflación, toda vez que realmente consulta un verdadero equilibrio entre las partes en conflicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo.
A la Corte, en sede de anulación, no le es dable injerir en las determinaciones de los árbitros en materia salarial, a menos que la decisión de estos resulte abierta, clara y notoriamente inequitativa, o que desconozca derechos mínimos de los trabajadores, o se vulneren derechos constitucionales y legales, circunstancias que en este asunto no acontecen.
Nótese, en complemento, que resulta válido que cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un tribunal de arbitramento, se decreten los incrementos salariales de manera retrospectiva y no retroactiva, decisión que al depender de las circunstancias específicas del conflicto sometido a su conocimiento, se debe adoptar esencialmente en equidad, como en efecto aquí lo hizo, al disponer dicho aumento para los años 2018 y 2019.
Al punto, esta Corporación en providencia de anulación CSJ SL, del 20 oct. 2015, rad. 69720, reiteró que:
Frente a tal cuestionamiento, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido, con insistencia, que los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que, solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un «efecto retrospectivo» a sus disposiciones salariales. Ha entendido esta Corporación que esa medida se amolda perfectamente a la función primordial del Tribunal de encontrar la fórmula que resulte más equitativa para la resolución del conflicto. En la sentencia CSJ SL, 26 jul 2011, rad. 50469, se dijo al respecto:
Amparado en criterios de equidad, el Tribunal de Arbitramento consideró viable la aplicación de la cláusula de vigencia y de los incrementos salariales a partir del 1º de mayo de 2010, posición de la que disiente el recurrente.
No obstante, esta Sala ha sido pacífica en torno al punto traído a discusión y ha señalado que aun cuando en principio el laudo arbitral tiene efectos hacia el futuro, a partir de su expedición, se ha aceptado su retrospectividad, cuando quiera que el conflicto colectivo de trabajo no se termine mediante arreglo directo y sea necesaria la definición a través de un Tribunal de Arbitramento, como aconteció en el sub lite, a fin de corregir el desequilibrio económico que pueda surgir en ese lapso.
Justamente, esa facultad ha sido conferida a los árbitros para que, en cada caso particular ponderen si es viable la aplicación retrospectiva de las cláusulas referidas a los aumentos salariales, y se ha considerado que aquellos no se encuentran atados a una decisión en torno a este específico aspecto, de manera que les está permitida su definición, en el marco de los criterios de equidad a los que se hizo referencia anteriormente.
Dado lo anterior, es pertinente aclarar que es perfectamente lícito y jurídico que la decisión arbitral se expida con carácter retrospectivo en los eventos en que se pretenda por primera vez la firma de una convención colectiva de trabajo, es decir, que a los árbitros les está permitido determinar el reconocimiento de reajustes del salario entre el momento en que se presentó el pliego de peticiones y la calenda de expedición del fallo arbitral, luego la nueva normativa que surja del laudo puede, por consiguiente, comprender los reajustes inherentes al tiempo transcurrido entre esos dos extremos. Tesis que encuentra venero en la Constitución Política puesto que esta determina la naturaleza vital y, por consiguiente, móvil de la remuneración salarial, aspectos que, se itera, constituyeron el soporte de la decisión.
Memórese ahora, por la pertinencia del precedente, la sentencia de anulación citada CSJ SL7808-2016, en la que se expuso que los incrementos salariales impuestos con posterioridad a la entrada en vigencia de un laudo arbitral, son viables dado que si este tiene como una de sus finalidades la de fijar para el futuro las condiciones de los contratos de trabajo, el aumento de salarios puede cobijar todo el tiempo de su vigencia, por lo que no resulta manifiestamente inequitativo, ni los arbitradores exceden sus facultades legales al ordenar tal incremento. En ese contexto, si los árbitros pueden disponer que los incrementos salariales sean retrospectivos, con mayor razón pueden decidir que lo sean en vigencia del laudo arbitral.
No es cierto que los árbitros soslayaron la situación general de la universidad, pues solo basta recordar lo afirmado por el Tribunal en cuanto a que decidió sobre todos los puntos contenidos en el pliego de peticiones teniendo en consideración: (i) que si bien es cierto la Universidad Antonio Nariño, por su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro (ESAL), no puede reportar utilidades en el ejercicio de su objeto social, «también lo es que el resultado de su operación puede arrojar importantes excedentes que pueden ser reinvertidos en su objeto social, como es la situación que se ha venido presentando en sus últimos años en dicha empresa, situación que igualmente se expresa en sus estados financieros»; (ii) que analizó el conflicto colectivo de trabajo, su marco de competencia «y basado en la información suministrada por la universidad sobre la situación financiera, analizó la viabilidad de acceder a cada punto de lo pedido por el Sindicato. Todo, dentro de los parámetros de la equidad y justicia, sin afectar derechos o facultades de las partes, teniendo como límite el pliego de peticiones y ponderando los documentos e informes suministrados por las partes, la normatividad vigente, la jurisprudencia y los principios fundamentales de equidad en búsqueda del equilibrio justo entre las peticiones de los trabajadores y la condición financiera de la empresa»; (iii) que tiene competencia para conocer y decidir el conflicto, «tomando como parámetro los puntos del pliego de peticiones, los cuales tienen por finalidad la creación, modificación o supresión de derechos y normas jurídicas laborales, y que expresan las aspiraciones económicas de los trabajadores»; (iv) que respetará y tendrá también como límite para el conocimiento y decisión del conflicto «el artículo 69 de la Constitución Política, que garantiza la autonomía universitaria, vista como la facultad o libertad académica, administrativa y económica, y tendrá en cuenta la misión social y la función institucional de la UAN. Para decir el Tribunal tendrá en cuenta los preceptos legales y constitucionales que regulan el derecho a la educación y la autonomía universitaria»; y (v) que observará el principio de congruencia en su triple implicación.
También debe insistir la Corte que no obran elementos de persuasión que puedan conducir a la certeza de una grave situación financiera de la empresa que no le permita asumir las obligaciones laborales, sin pasar por alto el número tan reducido de beneficiarios del laudo (dos).
En tal sentido, como los árbitros actuaron dentro del marco de su competencia al disponer los incrementos salariales en forma retrospectiva, no trasgredieron precepto legal o constitucional alguno, además, que acogieron los lineamientos jurisprudenciales antes transcritos, así se impone concluir que no existen razones para variar tal posición. De ahí que no se accederá a la anulación de las citadas cláusulas.
No puede ser de recibo el argumento de la recurrente según el cual se encuentran «imposibilitados jurídica y financieramente para disponer de nuevos recursos y/o retrotraer los gastos e inversiones ya realizados», toda vez que la universidad desde el momento en que le fue presentado el pliego de peticiones debió cuantificar razonablemente el impacto de las obligaciones contingentes, como consecuencia de la iniciación del conflicto colectivo y así crear las condiciones básicas para la gestión de las provisiones y pasivos contingentes. Repárese, en que uno de los rubros del estado de situación financiera presentado por la universidad (folio 82) corresponde a «pasivos estimados y contingencias» e inclusive hay otro denominado «beneficios a empleados». Luego ese hecho pasado (presentación del pliego de peticiones), conduce, inexorablemente, a una obligación presente (laudo arbitral), que debe ser asumida por la impugnante.
Por último, debe quedar muy claro que el empleador tiene el respaldo legal al momento de cumplir con lo ordenado en el laudo, de tener en cuenta los incrementos de salario que hubiese efectuado durante el conflicto, para no incurrir en doble incremento y no afectar el «espíritu de coordinación económica y equilibrio social», así como para tal efecto tener en consideración los periodos de vacaciones.
En lo que sí le asiste razón a la recurrente es que el tribunal de arbitramento, pese a que fue enfático en advertir que el incremento salarial de manera retrospectiva lo sería a partir del día en que el sindicato presentó el pliego, esto es, 12 de febrero de 2018 (cd, folio2), incurrió en el error al ordenarlo desde el 18 de enero de 2018.
Mas, dicho desacierto no conduce a la anulación de la disposición arbitral, toda vez que le corresponde a la Corte, en virtud de la facultad de modulación que le asiste en el ámbito del recurso de anulación, y en aras de salvaguardar beneficios concedidos a los trabajadores, ajustar el precepto (excepcionalmente, la Corte puede hacerlo cuando hay un pronunciamiento afirmativo de los árbitros que amerite ser saneado para preservar su vigencia CSJ SL495-2019- CSJ SL17703-2015). En consecuencia, conlleva a la intervención de la Sala, a efectos de modular este punto, en el sentido que «La UAN incrementará el salario con retrospectividad a la fecha de presentación del pliego (12 de febrero de 2018)».
11. Cláusula Décima cuarta: PRIMA DE VACACIONES
11.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 27. PRIMA DE VACACIONES. La Universidad se obliga a pagar a todos sus trabajadores una prima de vacaciones que consiste en treinta (30) días de salario por año laborado o proporcional al tiempo de servicio en el respectivo año. Esta prima se pagará cuando el trabajador entre a disfrutar de sus vacaciones.
11.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 14. PRIMA DE VACACIONES: La UAN pagará al trabajador una prima de vacaciones equivalente a tres días de salario o proporcional al tiempo de servicio en el respectivo año, la cual será cancelada en la fecha en que entre a disfrutarla.
12. Cláusula Décima quinta: PRIMA DE NAVIDAD
12.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 28. PRIMA DE NAVIDAD. La Universidad se obliga a pagar a todos sus trabajadores una prima de navidad que consiste en treinta (30) días de salario por año, o proporcional al tiempo de servicio en el respectivo año, pagaderos en el mes de diciembre de cada año o al momento de su liquidación definitiva.
12.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 15. PRIMA DE NAVIDAD: La UAN pagará al trabajador una prima de navidad equivalente a seis días de salario por cada año o proporcional al tiempo de servicio en el respectivo año, pagaderos en el mes de diciembre de cada año o al momento de la terminación de la relación laboral.
13. Cláusula Décima sexta: PRIMA DE ANTIGÜEDAD
13.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 29. PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0 QUINQUENIO. A partir de la firma de la presente Convención, la Universidad pagará una prima de antigüedad mensual a los trabajadores que hayan cumplido dos (2) años de servicio a la Institución y que será equivalente a 1% sobre el salario mensual básico por cada año de servicio. Esta prima se pagará y ajustará al cumplirse cada aniversario del ingreso de cada trabajador.
13.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 16. PRIMA DE ANTIGÜEDAD: A partir de la expedición del laudo la UAN pagará a los trabajadores que hayan cumplido dos años de servicios, una prima de antigüedad equivalente al 1% del salario básico y cada vez que el trabajador cumpla un año de servicios.
14. Cláusula Décima séptima: AUXILIO DE NATALIDAD
14.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 31. AUXILIO DE NATALIDAD. Para el primer año de vigencia, la Universidad pagará un auxilio de natalidad por la suma de quinientos mil pesos m/cte. ($500. 000.oo). Este auxilio se pagará por separado a cada trabajador.
14.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 17. AUXILIO DE NATALIDAD: La UAN pagará al trabajador un auxilio de natalidad equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, por el nacimiento de un hijo del afiliado, nacido durante el año siguiente a la expedición del presente laudo, sin que esta prestación pueda superar 30 salarios mínimos.
14.3 Argumentos comunes de la recurrente
Afirma que estas cláusulas, resultan totalmente inequitativas y desde el punto de vista financiero, no resultan ser adecuadas, mucho menos, posibles de cancelar para nuestra Institución.
Expone que en efecto, «nos remitimos a la sustentación presentada en el incremento de salarios, en la que se confirma la imposibilidad financiera y jurídica para disponer de estos recursos económicos. No obstante lo anterior, las Cláusulas resultan contradictorias e imposibles de aplicar desde el punto de vista fáctico, jurídico y de equidad».
Efectivamente, la prima de vacaciones, «conforme al semestre académico que se maneja en la Institución, resulta totalmente impracticable, ya que la causación fijada por los árbitros hace referencia a un año, cuando nuestro período académico y lectivo, según el semestre, es realmente de cuatro meses. Los árbitros, fueron perfectamente informados de la forma y funcionamiento de nuestra Universidad, por lo que resultaría inequitativo pagar por todo un año, cuando se labora tan solo cuatro meses».
Añade que «igual situación se presenta con las primas de navidad y antigüedad, agregando resultan inaplicables e incongruentes, ya que se requieren dos años de servicio y que el trabajador cumpla un año adicional, resultando una sumatoria de tres años para su eventual pago, cuando la vigencia es tan solo de uno».
Dice que «resulta incongruente la forma de cuantificación de la prima de antigüedad, pues no se menciona si el tiempo debe ser continuo o discontinuo ni mucho menos si ese incremento del 1 % corresponde a un pago mensual y/ o anual, disfrazándose veladamente in incremento de salario».
En cuanto al auxilio de natalidad, reprocha que «resulta incongruente que se pague un año después de la expiración del Laudo Arbitral y más inequitativo y desproporcionado que se pueda aspirar a un pago de 30 salarios mínimos por nacimiento, pues resulta confusa y desafortunada la redacción de si se debe o puede optar por medio salario mínimo y/o hasta 30 salarios mínimos, cuantía millonaria que desborda y desfasa cualquier cálculo financiero, en esta o cualquier otra Entidad».
XII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Naturalmente, si, tal como quedó visto, la universidad debió establecer las contingencias contables desde el momento en que le fue presentado por parte de la organización sindical el pliego de peticiones, no puede ser excusa la circunstancia financiera planteada por la recurrente.
Tampoco existe mérito para anular las decisiones arbitrales en torno a las primas de vacaciones y de navidad, porque la Sala no encuentra ambigüedad alguna en las disposiciones arbitarles pues en la forma como fueron redactadas fácilmente se puede inferir que su reconocimiento también emana en proporción al tiempo laborado y no por periodos completos de un año como lo hace ver la recurrente.
Cuanto a la prima de antigüedad, por ejemplo, si se debe reconocer por años continuos o discontinuos, se impone traer a colación la sentencia CSJ SL495-2019, que reiteró la CSJ SL17368-2015, en la que se explicó que:
[…] la palabra antiguo presenta un uso recurrente en nuestro idioma y se emplea para indicar diversas cuestiones. Así, en materia del trabajo, la figura de la antigüedad laboral, pese a que no existe legalmente, se ha utilizado para hacer referencia al tiempo de vinculación ininterrumpida, de una persona, dentro de una misma unidad económica, con independencia de los cargos que haya desempeñado.
Ahora bien, la antigüedad en el servicio, encierra una gran importancia para ambos sujetos de la relación laboral, pues para el trabajador, puede, eventualmente, ser motivo de una retribución adicional, mientras que para el empleador, puede, entre otros, generar un ambiente de confianza frente a su subordinado, en consideración al tiempo que éste le ha dedicado a las labores que aquél le ha encomendado y que se entiende, ha desempeñado a cabalidad, pues de no ser así, probablemente el vínculo contractual se habría extinguido. […]
De suerte que, en sentir de la Corte, no hay razón para anular la claúsula de la prima de antigüedad.
En lo que atañe al auxilio por natalidad, la disposición es cristalina en cuanto a que por el nacimiento de un hijo del afiliado al sindicato, durante el año siguiente a la expedición del laudo (no expiración), se debe reconocer medio salario mínimo legal mensual y los árbitros determinaron un tope de 30 salarios mínimos legales mensuales, luego, se insiste, su texto no genera ambigüedad alguna.
Sobre la presunta incongruencia o, como lo entiende la Corte ambigüedad, de las cláusulas controvertidas, en sentencia CSJ SL5887 – 2016, se enseñó:
En cuanto a la excesiva indeterminación y oscuridad de las cláusulas como factor de anulación, esta Corporación ha admitido, por una parte, la posibilidad de excluir del ordenamiento convencional las disposiciones que sean extremadamente indeterminadas, confusas o insuperablemente oscuras (CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867; CSJ SL SL8693-2014, CSJ SL8869-2015), y por otra ha dicho que la interpretación de las normas convencionales corresponde «en primer lugar a las partes generadoras de las mismas y, en su defecto, al juez ordinario laboral» (CSJ SL8694-2014; CSJ SL10179-2015).
Estas dos ideas a simple vista parecen irreconciliables, pues es difícil concebir una norma que adolezca de algún grado de indeterminación, que por medio de la interpretación jurídica no pueda ser determinada. Como también es difícil concebir una disposición oscura que a través de un ejercicio hermenéutico no pueda ser clarificada. Lo anterior y por sobre todo, si se tiene de presente que la indeterminación o vaguedad semántica es una característica potencial de toda norma jurídica.
Sin embargo, si se las mira con mayor detenimiento, no existe tal disociación o contraposición entre estas dos reflexiones. Ello debido a que la anulabilidad de las cláusulas arbitrales, la ha reservado la Corte de forma excepcional y para aquellos casos en que la oscuridad presente en la disposición es insuperable, o su indeterminación es excesiva, de modo tal que su puesta en marcha pueda constituir un factor de conflictividad en la empresa o rayar con la equidad en las relaciones de trabajo.
Al respecto, esta Corte en sentencia CSJ SL13016-2015 señaló:
El hecho de que un determinado texto convencional pueda generar distintas interpretaciones, no conlleva necesariamente a su anulación, porque precisamente una de las características de los enunciados normativos es su vocación para generar dudas razonables en los intérpretes, bien sea por razón de los distintos significados que pueda atribuírsele (ambigüedad), su complejidad, indeterminación o relaciones de implicación, o también por la multiplicidad de los métodos interpretativos y presupuestos teóricos empleados en su lectura. Ante situaciones como estas, son las partes o el juez laboral los llamados a imprimirle el sentido a las normas de conformidad con la Constitución y la ley.
Sin embargo, cuando una determinada disposición sea insalvablemente oscura o extremadamente indeterminada, confusa o equivoca, puede llegar a invalidarse para evitar situaciones indeseables en la empresa, que puedan afectar la armonía y las relaciones con sus empleados, tal y como en algunas oportunidades lo ha hecho esta Sala (CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867; CSJ SL SL8693-2014, CSJ SL8869-2015).
En este orden de ideas, no es cualquier rastro de inexactitud o equivocidad de las normas convencionales la que conduce a su anulación, sino aquella que se exhibe como insaneable, pues si, en efecto, el texto convencional admite, de acuerdo con los métodos de interpretación y análisis del lenguaje, acepciones o significados enteramente compatibles con el orden jurídico y la equidad, no hay lugar a su exclusión, sino más bien, a su interpretación por las partes y los jueces.
Es tradicional el criterio de esta Corporación según el cual las decisiones de los árbitros deben interpretarse de buena fe y con la racionalidad propia de la intelección de los contratos (CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 48395 y CSJ SL 15499-2015), para la Sala no existen argumentos para acceder a la petición en cuanto a anular las disposiciones en estudio, por motivos de incongruencia.
Por último, teniendo presente que son dos el número de trabajadores afiliados al sindicato parte del conflicto, variable a tener en cuenta, no es palmario que se vaya a precipitar un desequilibrio económico para la entidad educativa y, en estas condiciones, no resiente la estabilidad económica de la universidad.
Como colofón, no se anularán las cláusulas arbitrales controvertidas.
De suerte que la norma dice que para acceder a la prima de antigüedad el tiempo de servicio es continuo. En cuanto a su monto equivalente al 1% del salario básico y se debe reconocer cuando el trabajador cumpla dos años y, a partir allí, cada año.
En lo que respecta al auxilio por natalidad, la disposición es cristalina en cuanto a que por el nacimiento de un hijo del afiliado al sindicato, durante el año siguiente a la expedición del laudo (no expiración), se debe reconocer medio salario mínimo legal mensual y los árbitros determinaron un tope de 30 salarios mínimos legales mensuales, es decir, que hipotéticamente la universidad solo estaría obligada a reconocer el auxilio por el nacimiento de los primeros 15 hijos de los beneficiarios del laudo, eso sí, siempre y cuando el mismo se produzca dentro del año siguiente a la vigencia de la sentencia arbitral. No es que por el nacimiento de un hijo deba pagar 30 salarios mínimos legales mensuales, como equivocadamente lo cree la recurrente.
No sobra recordarse que no es el acto jurisdiccional de anulación el que sugiere una solución o que tenga que prever todas suposiciones o hipótesis que emanen de las cláusulas arbitrales, los protagonistas sociales tendrán los mecanismos que la ley les otorga para que el laudo arbitral se cumpla.
Por último, teniendo presente que son dos el número de trabajadores afiliados al sindicato parte del conflicto, variable a tener en cuenta, no es palmario que se vaya a precipitar un desequilibrio económico para la entidad educativa y, en estas condiciones, no resiente la estabilidad económica de la universidad.
Como colofón, no se anularán las cláusulas arbitrales controvertidas.
15. Cláusula Vigésima primera: FUERO SINDICAL
15.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 41. FUERO SINDICAL. La Universidad reconocerá fuero sindical a cualquier miembro del Sindicato que sea elegido en la Junta Directiva Nacional y a dos (2) miembros de la Comisión de Reclamos a nivel nacional, hasta por tres (3) meses más de lo establecido legalmente.
15.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 21. FUERO SINDICAL. La UAN reconocerá fuero sindical a cualquier miembro del Sindicato que sea elegido en la Junta Directiva Nacional y a dos (2) miembros de la Comisión de Reclamos a nivel nacional, hasta por tres (3) meses más de lo establecido legalmente.
15.3. Argumentos de la recurrente
Asevera que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corte respecto a que los árbitros no tienen la facultad para ampliar los fueron sindicales, ni mucho menos el período de protección consagrado en la ley. En efecto, es el legislador el que debe regular los fueros sindicales, en cuanto a su número, personas y período de protección, sin que puedan los árbitros modificar la ley y/o arrogarse funciones legislativas para ampliar los mismos.
XIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Esta Corte, en sentencia CSJ SL3941-2019, recordó que bien puede ocurrir que un derecho a pesar tener fuente legal, sea objeto de pronunciamiento por parte de un tribunal de arbitramento cuando la petición del sindicato se encamine a mejorarlo o complementarlo. De hecho, si la función de la negociación colectiva es superar los pisos mínimos legales, a través de la creación de un derecho ex novo o la complementación de lo que ya existe (CSJ SL5887-2016), el argumento de que un asunto «está en la ley» cae al vacío por su propio peso.
Revisada la cláusula atacada se observa con total nitidez que los árbitros no extendieron la garantía del fuero sindical a trabajadores no contemplados en la ley ni en número superior a lo que ella dice, sino que ampliaron el término por tres meses más el periodo de protección y únicamente para aquellos trabajadores que por ley gozan del fuero sindical, lo que no se aleja de lo dispuesto por esta Sala en la providencia citada CSJ SL3941-2019, en el sentido de que el tribunal de arbitramento sí es competente para mejorar lo que la ley laboral establece.
De donde emerge, entonces, que la disposición no se anula.
16. Cláusula Vigésima segunda: PERMISOS SINDICALES
16.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 42. PERMISOS SINDICALES. La Universidad reconocerá permiso sindical remunerado a los trabajadores que sean elegidos en Junta Directiva Nacional o Comisión de Reclamos, conforme a la elección que haga la Asamblea General de los Sindicatos o sus Juntas Directivas, por un término de quince (15) días al mes, con el objeto de atender funciones de carácter sindical.
16.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 22. PERMISOS SINDICALES: La UAN reconocerá permiso sindical a dos representantes del sindicato por cinco días al mes a cada uno, conforme a la elección que haga la asamblea general del sindicato o su junta directiva, con el objeto de atender funciones de carácter sindical.
17. Cláusula Vigésima tercera: ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
17.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 43. ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La Universidad concederá permiso sindical remunerado a los trabajadores que resulten elegidos como Delegados para asistir a la Asamblea Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Instituciones de Educación -SINTIES- tanto ordinaria como extraordinaria y a quienes sean negociadores del pliego de peticiones. El número de Delegados será de un (1) delegado por cada veinte (20) trabajadores. La Asamblea Nacional anual ordinaria de Delegados tendrá una duración de tres (3) días.
La Universidad no desmejorará las condiciones de trabajo de su personal, ni ejercerá represalias contra ninguno de sus trabajadores debido a la presentación y negociación del pliego de peticiones.
PARÁGRAFO. La Universidad otorgará permiso remunerado a los afiliados de SINTIES para asistir a tres (3) Asambleas en la respectiva Seccional o Sede en el año y a las extraordinarias, tantas veces como se convoquen. El horario se fijará por acuerdo entre las partes
17.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA23. ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La UAN concederá permiso remunerado a los negociadores del pliego de peticiones designados por el sindicato por el tiempo de duración del conflicto y a los trabajadores que resulten elegidos como delegados para asistir a la asamblea nacional de SINTIES, tanto ordinaria como extraordinaria, por el termino de tres días en cada caso.
PARÁGRAFO: La UAN otorgará permiso remunerado a los afiliados del SINTIES para asistir anualmente a dos asambleas del sindicato en cada seccional o sede, conforme sean convocadas por SINTIES.
17.3. Argumentos comunes de la recurrente
Aduce que estas cláusulas «desbordan los principios de equidad y razonabilidad, pues resulta totalmente arbitrario e ilegal que con dos trabajadores afiliados al sindicato, de un total de más de 2.200 trabajadores, se le puedan conceder cinco días al mes a cada uno de ellos, sin especificar el procedimiento, ni mucho menos el objeto y/o función a desempeñar. Obsérvese, que dada la función social y docente que presenta la Universidad, dejar sin clases a los estudiantes por diez días al mes (cinco y cinco), afecta el objeto social de la Institución y de nuestros alumnos».
Asevera que lo que «más resulta incongruente, es que el presunto permiso, queda desvirtuado, en la medida que la cláusula no consagra la forma y procedimiento para la solicitud del mismo y delega en el sindicato, mas no en el empleador la facultad de concederlo, afectándose el ius variadi y la facultad contractual derivada del mismo. Merece especial reparo, que no se indica en el supuesto permiso cuál es la labor que debe desempeñar el representante sindical, pues conforme a lo informado por SINTIES, el día en que se presenta el pliego de peticiones a las dos únicas afiliadas, las nombran como integrantes de la comisión de reclamos, por lo que carece de sentido, que si su función es asistir a sus compañeros en las actas de descargos, puedan ausentarse sin justificación alguna a atender asuntos que no son propios de sus funciones sindicales».
En igual sentido, «se observa en la Cláusula 23 el desborde de los principios de equidad y razonabilidad, pues por una parte, ya se cumplió la negociación del pliego de peticiones, cualquier permiso para la negociación ya fue concedido y superado. Pero lo que constituye una inequidad y desproporción total, es que el permiso renumerado se solicite de manera indefinida e incuantificable "POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONFLICTO", pues es sabido, que en tratándose de tribunales de arbitramento la definición del mismo y su período de duración, es indeterminable y por ende incuantificable, constituyéndose en una obligación casi irredimible para la Universidad. (…) De todas formas, carece de sentido que si la asamblea se realiza en un día, se puedan conceder tres días para la misma, en tratándose de asambleas extraordinarias o seccionales».
XIV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Atinente a los permisos sindicales, el criterio de la Sala gravita en que se trata de una facultad de los árbitros, siempre que su concesión se muestre proporcional y razonable.
Sin duda, la necesidad del reconocimiento del permiso sindical es evidente, dado que la garantía de un adecuado ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores, no puede quedar al arbitrio de quien, precisamente, es su antagonista dentro la dialéctica de la relación capital-trabajo, sino que a los directivos sindicales se les debe brindar la oportunidad de reunirse con el objetivo de organizarse en defensa de los intereses de los afiliados, dentro de un marco de razonabilidad y sin que se desvirtúe uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo como lo es la prestación personal de servicio a favor de un empleador (sentencia CSL SL10918-2016).
La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de esta Corporación, ha sido unánime en cuanto el deber que el ordenamiento colombiano impone al empleador de conceder los permisos sindicales, «pero eso sí dentro de ciertos y precisos límites» (sentencia CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 36147); por cuanto «el uso de los permisos sindicales debe estar apoyado en los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad» (sentencia CC T-464/10).
Los permisos remunerados, que fijaron los árbitros para asistir a la asamblea general de delegados, tienen una estrecha relación con el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical. Por tanto, la decisión se ajusta a los criterios de racionalidad y proporcionalidad y, además, no tienen el carácter de ser permanentes, no afectan el desarrollo normal de la gestión empresarial.
Sobre los permisos de los negociadores del pliego de peticiones, la Corporación en fallo CSJ SL, del 5 de agos. 2015, rad. 67936, reiterada, entre otras, en los CSJ SL12506-2016 y CSJ SL987-2019, explicó que dichos permisos encuentran justificación en la necesidad de otorgar a los miembros del sindicato -en este caso aquellos que fueron designados por la Asamblea General como miembros de la comisión negociadora-, el tiempo necesario para realizar la gestión que le ha sido encomendada por la organización sindical que representan.
La Sala añadió que tal beneficio resulta necesario y pertinente, cuando se encuentra en trámite una negociación colectiva y, por supuesto, mientras ella persista, pues lo lógico es entender que este permiso tiene justificación únicamente mientras duren las negociaciones, esto es, durante el tiempo que requiere la comisión para estudiar o discutir el pliego de peticiones o atender el desarrollo de las conversaciones y demás actuaciones hasta que se decida el conflicto, pues de no llegarse a un acuerdo y ser convocado el tribunal de arbitramento, los negociadores quedan despojados de su función, por cuanto será aquél el que decida lo propio.
En esa perspectiva, halla la Corporación que el otorgamiento de los permisos sindicales está dentro de la órbita de los árbitros, pues su regulación es propia del ámbito de la negociación colectiva y gozan del amparo del ordenamiento jurídico.
En lo que atañe a la decisión de los permisos estatuidos en la cláusula 22 de cinco días mensuales para cada uno de los miembros del sindicato, rebasa los límites de la proporcionalidad y, aun, de la razonabilidad pues si se parte de la base que solo son dos los miembros de la organización ello equivale a 10 días por mes, 120 días por año y 240 días por los dos años de vigencia del laudo arbitral.
A pesar de lo anterior, es insoslayable que la fuente normativa de los permisos sindicales se encuentra en el artículo 39 de la Constitución Política, cuando consagra «Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión», en armonía con los convenios 87, 98 y 151 de la OIT, este último para el sector público.
Así, conforme a lo expresado, es evidente que el precepto glosado (cláusula vigésima segunda) se anulará. Los demás se mantendrán.
18. Cláusula Vigésima cuarta: VIGENCIA
18.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 47. VIGENCIA DE LA CONVENCION. La presente convención tendrá una vigencia de un (1) año contados a partir del 1 de junio de dos mil dieciséis (2016) de) y su aplicación será a nivel nacional.
18.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA24. VIGENCIA. El presente laudo tendrá un año de vigencia a partir de su expedición. Sin embargo, los incrementos salariales concedidos tendrán efectos restrospectivos, a partir del 13 de enero de 2018 y 1 de enero de 2019. en los términos en que fue concedido el punto en la CLAUSULA 13 del presente laudo.
18.3. Argumentos de la recurrente
Afirma que resulta totalmente incongruente, ilegal y desproporcionado, «que los árbitros hubieren impuesto una vigencia diferente a la determinada en el pliego de peticiones y, lo que es peor aún, imponiendo a su arbitrio la vigencia que se les vino en mente. Además, de remitirnos a toda la sustentación que hicimos al comienzo de este Recurso, queremos adicionar los siguientes puntos: 1. La vigencia queda por fuera de competencia de los árbitros, quienes las fijan para efectos de salarios a partir del 13 de enero de 2018, fecha en la cual, ni siquiera había sido presentado el pliego de peticiones. 2. Omiten los árbitros precisar que el Laudo mencionado, tan solo podía aplicar a los trabajadores sindicalizados».
XV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Justamente, ha sido criterio uniforme de la Corte los siguientes aspectos: (i) que en virtud de lo estatuido en el numeral 2º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, los Tribunales de Arbitramento tienen competencia para determinar la vigencia de un laudo en un periodo que «no puede exceder de dos años» (sentencias CSJ SL7808-2016, del 18 de may. 2016, rad. SL del 66575 y CSJ SL17769-2016, del 23 nov.2016, rad. 75450); y (ii) un fallo arbitral puede señalar un término de vigencia distinto al aspirado en el pliego de peticiones, siempre que no supere el señalado por la ley (ver sentencia CSL SL, del 18 de abr. 2006, rad. 28.770).
De suerte que los árbitros no se excedieron en sus facultades, ya que instituyeron la vigencia del laudo por dos años, es decir, dentro del límite permitido en la ley.
En lo que atañe a la aplicación del laudo arbitral se explicará más adelante.
Ahora bien, tal como se dijo en el capítulo XI, la Sala también modulará este precepto en el sentido de entender que la retrospectividad salarial es a partir del 12 de febrero de 2018.
c) Anulación parcial de las siguientes cláusulas:
19. Cláusula Primera: RECONOCIMIENTO SINDICAL
19.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 1. RECONOCIMIENTO SINDICAL. La presente convención colectiva de trabajo obliga de una parte a la UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO en todas las sedes o seccionales existentes en el país, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD y de otra parte al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN - SINTIES -, con domicilio en Bogotá, D.C. inscrito bajo resolución No. 002073 del 29 de mayo de 1992, quien en adelante se llamará EL SINDICATO, a cumplir estrictamente las disposiciones establecidas en la presente convención; por ello las disposiciones aquí contenidas se convertirán en cláusulas obligatorias y harán parte integrante de los contratos individuales de trabajo existentes y los que se celebren en el futuro. En consecuencia, será nulo todo acuerdo entre la Universidad y los trabajadores en contradicción con esta Convención y las disposiciones de la misma sustituirán automáticamente dichos acuerdos. Esta nulidad podrá ser invocada en cualquier tiempo por cualquiera de las partes.
LA UNIVERSIDAD reconoce como representante de los trabajadores a nivel nacional a la Organización Sindical de primer grado y de rama de actividad económica, denominada: SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN - SINTIES - quien es el único titular de la Convención Colectiva vigente, con la potestad de denunciar sus cláusulas de acuerdo con la ley.
PARÁGRAFO. Según los términos de la presente Convención la Universidad se abstendrá de poner en práctica una política de persecución de tipo sindical, política, regional, profesional, religiosa y de sexo, así como cualquier acto que atente contra el derecho de asociación.
19.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 1. RECONOCIMIENTO SINDICAL. Serán partes de este tribunal la UAN y el SINTIES. No tendrá efecto alguno todo acuerdo entre la universidad y trabajadores que desconozca el presente laudo.
20 Cláusula segunda: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
20.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 2. EMPLEADOR. Siempre que en esta convención se mencione UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO, Institución, Universidad, Fundación, Institución de Educación, Institución Universitaria, se entiende que se trata del Empleador de los Trabajadores de la UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO
PARAGRAFO: Siempre que en esta Convención se nombre trabajador o trabajadores, se entiende que se trata de los empleados administrativos o docentes de la UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO.
20.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 2.IDENTIFICACION DE LAS PARTES. Las partes la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION -SINTIES- en adelante serán identificadas por sus siglas, así: UAN y SINTIES.
20.3. Argumentos comunes de la recurrente
Explica que «como lo ha reiterado esta Corporación, el campo de aplicación está consagrado por la ley y de conformidad con el mismo, la Convención y/o Laudo mayoritarios, se aplica su extensión. Al imponer los árbitros que la Universidad no puede realizar acuerdos individuales y/o colectivos que desconozcan y/o diferentes al presente Laudo, restringe los otros tipos de negociación colectiva, llámese pacto, manual de beneficios y/o acuerdos extralegales, todos permitidos y amparados por la ley. La propia legislación laboral consagra las acciones para exigir el cumplimiento de las convenciones colectivas, por lo que, el desconocimiento que imprimen los árbitros ya tienen sus consecuencias legales y administrativas».
Por lo anterior, solicita que se deberá «REVOCAR PARCIALMENTE esta Cláusula respecto al texto que indica: "No tendrá efecto alguno todo acuerdo entre Universidad y trabajadores que desconozca el presente Laudo"».
En lo que corresponde a la segunda cláusula dice «que por disposición legal, las partes involucradas en un conflicto colectivo, corresponde a la Universidad Y A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL SINDICATO SINTIES. Por ello, tanto en la Cláusula primera, como en la Cláusula Segunda, en forma sutil, pero ilegal, los árbitros pretenden que el Laudo se aplique a todos los trabajadores».
XVI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
En puridad de verdad frente a las cláusulas primera y segunda, los árbitros se limitaron a precisar e identificar las partes de la negociación que resultaban vinculadas con el laudo arbitral- UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION -SINTIES - y no construyó alguna regla que estuviera por fuera de sus competencias, por modificar temas regulados en la Constitución o en la ley, como el que tiene que ver con la estructura de los sindicatos o la extensión de la convención colectiva de trabajo. (CSJ SL, 8 jul. 2003, rad. 21913, CSJ SL5693-2014 y CSJ SL3258-2019).
Lo que no hace el laudo arbitral, es definir reglas de aplicación o extensión de los beneficios a todos los trabajadores como lo pretende hacer ver el recurrente, pues sin hesitación ninguna, este asunto está regulado por ley y, en consecuencia, es ajeno a las potestades de los árbitros (CSJ SL17703-2015, CSJ SL12506-2016, CSJ SL2893-2017). Por ello, en este asunto, no hubo extralimitación de las competencias del tribunal. En estos términos, y salvo lo dispuesto en los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, el laudo solo es aplicable a los miembros sindicalizados y a los que posteriormente se afilien. Ahora, si la empresa motu proprio decide extender los beneficios a todos sus empleados, ello será producto de su voluntad, no de una imposición arbitral.
Empero, en lo que sí acompaña la razón al recurrente es que ciertamente el tribunal carecía de facultades en torno a que «No tendrá efecto alguno todo acuerdo entre la universidad y trabajadores que desconozca el presente laudo», toda vez que el determinar las consecuencias jurídicas de un pacto en tal sentido es un aspecto rigurosamente de derecho, vedado, por ende, al radio de acción del cuerpo arbitral.
En ese horizonte, se anularán dichas expresiones.
21 Cláusula octava: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
21.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 11. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: La
Universidad ofrecerá, sin exclusión alguna, capacitación a los trabajadores con el fin de mejorar su desempeño laboral y social. La capacitación se ofrecerá durante el horario de trabajo, con excepción de aquellos programas, cursos, seminarios o talleres en los que no fuere posible por los requerimientos especiales de la capacitación.
La Universidad garantizará los derechos que tienen los trabajadores docentes, como son los de asistencia a eventos académicos y el disfrute de comisiones de estudio y años sabáticos, dando cumplimiento al Estatuto Docente sin que se presenten discriminaciones. Se solicita que el rubro de capacitación docente del presupuesto de la Universidad se apropien los recursos necesarios y suficientes para este fin.
La Universidad brindará permanentemente apoyo para la participación en eventos académicos locales, nacionales e internacionales a los trabajadores docentes sin ningún tipo de discriminación.
La Universidad reglamentará los apoyos a la capacitación académica en forma de posgrados para los trabajadores docentes.
Adelantará la capacitación de los trabajadores docentes en áreas de la pedagogía y la docencia universitaria mediante cursos especiales, maestrías o doctorados.
Las reuniones por parte de Decanatura serán operativas, en las que se trabaje en temas de relevancia académica, que orienten a resolver necesidades del plan operativo anual. No pueden ser usadas para regaños, escarnio público, ni represión a los docentes. En caso de tener un particular con los maestros se hará por medio de los conductos regulares y de ley.
21.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 8. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. La UAN adelantará anualmente un curso a los trabajadores docentes de actualización en pedagogía y docencia universitaria.
21.3. Argumentos comunes de la recurrente
Arguye que tal «como se acreditó dentro del expediente, la Universidad realiza capacitaciones y actualizaciones a los docentes, aclarando que una de las negociadoras y beneficiarias del petitorio se le ha otorgado un plan para formación internacional. Así mismo, la Universidad cuenta con un plan de formación denominado PFAN dentro del cual se han dado 42 planes internacionales y 28 nacionales para un total de 70, bajo estas consideraciones, resultaría inequitativo y totalmente discriminatorio que si a una de las afiliadas ya se le otorgó un plan en el exterior con pagos cuantiosísimos, se imponga anualmente este tipo de cargas, generándose inequidad entre los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados».
XVII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Los términos en que se encuentra redactada la disposición arbitral cumple con los objetivos del conflicto colectivo dado que se refiere a una materia que es propia de la contratación laboral, individual o colectiva, si se tiene en cuenta que se trata de cursos de actualización en pedagogía y docencia universitaria, lo que implica una mayor capacitación propia de las actividades y funciones que desempeñan.
Ahora, atinente a la competencia de los tribunales de arbitramento para crear o mejorar derechos, tiene adoctrinado esta Corte que, por medio del conflicto colectivo y la dinámica que le es propia, lo que los trabajadores buscan es precisamente la defensa y la mejora de sus derechos laborales, bien sea superando los establecidos en la ley o en algún otro acuerdo previo suscrito con el empleador, o, ya sea creando nuevos derechos. Esa finalidad de mejoramiento de los derechos y beneficios de los trabajadores, que apareja la negociación y el conflicto colectivo, se replica a los arbitradores, quienes, para decidir en equidad, igualmente pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación o adición de los ya existentes (sentencia de anulación CSJ SL15705-2015), luego la mera circunstancia de que el empleador cuente con un plan de formación, no limita la competencia para pronunciarse en torno al deber del empleador en la capacitación de los trabajadores, como tampoco implica una manifiesta inequidad.
En otro orden de consideraciones la aplicación de los beneficios del laudo exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, no transgrede el principio constitucional de igualdad, en la medida en que la situación jurídica de estos es diferente a la de los trabajadores no afiliados al organismo sindical (sentencia CSJ SL5296-2018). Así lo ha sostenido la Corporación, entre otras, en providencia CSJ SL5887-2016:
A juicio de la Sala, tal circunstancia no constituye un trato discriminatorio infundado, debido a que los trabajadores afiliados al sindicato no se encuentran en la misma situación jurídica de quienes no están sindicalizados. La ley laboral autoriza a los primeros a promover conflictos colectivos y adelantar negociaciones orientadas a la suscripción de convenciones colectivas para mejorar sus contratos de trabajo. De forma que, si en uso de esta posibilidad de negociación y suscripción de acuerdos colectivos, un trabajador sindicalizado obtiene un valor agregado en sus condiciones de empleo a diferencia de otros trabajadores no asociados, ello no es ilegítimo; por el contrario, el Derecho lo permite y, más aún, lo promueve en el marco de la política de estímulo a la libre asociación sindical, concertación laboral y trabajo decente.
Por esto, en estos eventos podría decirse que existen dos factores de diferenciación objetivos y razonables, que operan sincrónicamente. El primero consiste en la afiliación o pertenencia a una organización sindical que tienen unos a diferencia de otros, como acto jurídico que por antonomasia habilita el acceso a los beneficios que otorga privilegiadamente la calidad de sindicalizado. El segundo, consiste en que es la ley, de manera objetiva, la que consiente estas diferencias en favor del grupo de los trabajadores asociados y beneficiarios de convenciones colectivas.
En este orden de ideas, la percepción de beneficios convencionales que deriva de la calidad de sindicalizado y que, en cierto momento, pueda generar diferencias remuneratorias en relación con trabajadores no asociados, no constituye un trato discriminatorio injustificable, pues unos y otros, desde el punto de vista jurídico, están situados en un plano desigual. Por estas mismas razones y en lo que hace al presente conflicto, la percepción en favor del único trabajador sindicalizado de un incremento salarial, que de facto lo ubique en una mejor condición remunerativa con respecto a los demás empleados de la empresa, no constituye un trato inadmisible, pues la situación del primero es diferente a la de los segundos, y su justificación estriba en la calidad de asociado de uno y la de no asociado de otros.
De manera que no puede asegurarse que el tribunal desbordó los límites de su competencia, por lo que no se abre paso la acusación.
22 Cláusula Décima octava: AUXILIO DE ANTEOJOS
22.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 32. AUXILIO DE ANTEOJOS. La Universidad pagará por una vez al año, un auxilio para anteojos previamente formulados por médico a todos los trabajadores en la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) m/cte.
22.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA18. AUXILIO DE ANTEOJOS: La UAN pagará al trabajador una suma equivalente a 0,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por una única vez, por concepto de auxilio para anteojos, previa prescripción médica.
23 Cláusula Décima novena: DISFRUTE DE SEMANA SANTA
23.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 35. DISFRUTE DE SEMANA SANTA. La Universidad otorgará a todos los trabajadores descanso remunerado los días hábiles de semana santa
23.2. Laudo arbitral
CLÁUSULA 19. DISFRUTE DE SEMANA SANTA: La UAN otorgará al trabajador descanso remunerado durante los días hábiles de Semana Santa.
24 Cláusula Veinte: COMEDOR
24.1. Pliego de peticiones
CLÁUSULA 40. COMEDOR. La Universidad adecuará un sitio dentro de sus instalaciones con el fin de que los trabajadores tomen tos alimentos, durante el tiempo comprendido para tal efecto.
24.2. Laudo arbitral
ARTÍCULO 20. COMEDOR: La UAN adecuará en cada una de sus sedes un sitio con el fin de que los trabajadores tomen sus alimentos, durante el tiempo comprendido para tal efecto.
24.3. Argumentos comunes de la recurrente
Plantea que «tal como se demostró en el expediente y se le sustentó a los árbitros, la Universidad cuenta con unas instalaciones para que los trabajadores tomen sus alimentos y dentro de la semana santa, se les concede la semana en forma remunerada sin imputárselo a vacaciones, bajo estas dos premisas, se debe aclarar parcialmente en el Artículo 20, que no obstante contar en todas las sedes con sitio de alimentos, dado que las únicas afiliadas residen en Bogotá, no se puede hacer extensivo a sitios y/o personas que no están comprometidas en el conflicto. Finalmente, el auxilio de anteojos, resulta inequitativo, pues la Universidad cuenta con una Facultad de Optometría la cual ofrece exámenes y facilita la adquisición de anteojos con tarifas especiales, resultando más beneficioso para los trabajadores el descuento en consulta y exámenes, generándose una inequidad y una discriminación odiosa, por ello se deberá revocar parcialmente el valor correspondiente al auxilio de anteojos».
XVIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
En el asunto, encuentra la Corte que lo que dispusieron los árbitros, en lo que concierne al comedor fue reiterar la prestación de un servicio que con anterioridad existía.
Al respecto la recurrente le respondió al tribunal de arbitramento: «en todas las sedes de la Universidad, hay dispuesto un espacio para que los colaboradores tomen sus alimentos», por lo tanto, a buen seguro, no se evidencia alguna afectación grave de las condiciones económicas de la recurrente, al otorgar en el laudo una prebenda que ya venía reconociendo.
Ahora bien, para dar respuesta al planteamiento según el cual «bajo estas dos premisas, se debe aclarar parcialmente en el Artículo 20, que no obstante contar en todas las sedes con sitio de alimentos, dado que las únicas afiliadas residen en Bogotá, no se puede hacer extensivo a sitios y/o personas que no están comprometidas en el conflicto», solo basta acudir a lo asentado por la Sala en la sentencia CSJ SL1604-2019, en cuanto a que «el argumento sobre la utilidad del auxilio, dado que no existen trabajadores en una de las plantas de producción, como se advirtió en líneas anteriores, cuando se analizó el auxilio de alimentación, es una cuestión ajena al recurso de anulación, ya que tal cuestionamiento debió plantearlo a los árbitros como mecanismo de persuasión en la forma de consagración del beneficio. Por lo demás, el reconocimiento o no de la prerrogativa extralegal, depende del cumplimento de los requisitos, y obviamente de la existencia de beneficiarios, en consecuencia, un alegato a priori, sobre su incidencia o utilidad a futuro, no demuestra inequidad». Así mismo, es la propia ley laboral la que regula quiénes son beneficiarios de un laudo arbitral.
De otra parte, se avista que la universidad no solicitó ninguna aclaración a los árbitros, como ahora lo pretende, quedando conforme con el contenido de las cláusulas atacadas, luego tal pedimento se torna extemporáneo, máxime que tampoco se observa ambigüedad en su formulación.
Y es que, como de manera constante lo ha dicho la Sala, «corresponde a las partes en el escenario de la concertación, o en el espacio de discusión que ofrecen los árbitros en sus sesiones, poner de presente todas las novedades de la empresa y el sindicato, por ejemplo, el número de sedes o plantas de producción existentes, los estudios sobre la necesidad de algún elemento de trabajo o los planes de alimentación, etc., pues ese es el momento y el espacio de reflexión que le permite a los árbitros conceder y ajustar las exigencias de los trabajadores, ya que la Corte no se encuentra habilitada para reabrir esa etapa, y luego considerar si determinada prerrogativa es o no acertada, conveniente o no, o si puede aplicar a ciertos trabajadores o tampoco» (sentencia CSJ SL1604-2019).
Tocante a la cláusula de semana santa, la recurrente no la objetó por falta de competencia del tribunal de arbitramento, sino que se limitó a decir que «dentro de la semana santa, se les concede la semana en forma remunerada sin imputárselo a vacaciones», por tanto, permanece incólume.
Memórese que en razón de la naturaleza jurídica del recurso de anulación, es deber del impugnante concretar y sustentar los puntos cuya anulación pretende, pues la Corte no puede actuar oficiosamente y suponer las objeciones concretas de la parte interesada a partir de afirmaciones abstractas, vagas e imprecisas (CSJ SL11979-2017).
Nada mejor que traer a colación lo expresado en sentencia CSJ SL8157-2016, en cuanto a que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 712 de 2001, el antes denominado «recurso de homologación» pasó a ser un recurso extraordinario orientado a la anulación de los laudos arbitrales, lo que significa que su nueva caracterización presupone dos cosas: (i) la necesidad de concretar los motivos de anulación; y (ii) el carácter dispositivo de su argumentación, en cuya virtud se deben aportar las razones de la solicitud de anulación y la Corte debe ceñirse a las causales invocadas (anulación del laudo arbitral; devolución del expediente al tribunal de arbitramento; modulación o condicionamiento del laudo arbitral).
El auxilio de anteojos, no es inequitativo por el mero hecho de que la «Universidad cuente con una Facultad de Optometría la cual ofrece exámenes y facilita la adquisición de anteojos con tarifas especiales, resultando más beneficioso para los trabajadores el descuento en consulta y exámenes», pues, aunque los anteojos se ofrecen con tarifas especiales, precisamente dicho auxilio, sin duda alguna, constituye una ayuda económica para adquirir el mismo, eso sí previa prescripción médica.
Por último, no sobra recordar lo asentado en sentencia CSJ SL1604-2019, en torno a que el hecho de que el empleador, de manera unilateral, o como lo señaló la recurrente, por mera liberalidad, tenga previsto el reconocimiento para todos los trabajadores de la empresa dichas prestaciones, y que los árbitros hayan dispuesto su consagración en el laudo, en razón a que se trató de unas peticiones no acordadas en la etapa de arreglo directo, en momento alguno habilita su anulación. Contrario a ello, si el Tribunal plasmó allí estas prerrogativas, significa que a través de ese instrumento quedarán dotadas de fuerza jurídica, en caso de que el propio empleador deje de reconocerlas de manera autónoma, pues al haber hecho parte de un proceso de negociación y cuya final solución se da a través del laudo arbitral, los trabajadores pueden hacer exigibles dichos derechos, a través de los instrumentos previstos en la Ley.
Ahora, que en el laudo estén consagradas esas prerrogativas, y que el empleador las venga reconociendo por mera liberalidad, no implica que aquél deba hacer un doble pago a sus beneficiarios, sino que, a partir de la vigencia del laudo arbitral, que tiene la misma fuerza de una Convención Colectiva, proceder a cumplir con los términos en que quedaron establecidas las garantías extralegales, abandonando el reconocimiento unilateral que traía consigo.
Por lo discurrido, no se anularán las cláusulas fustigadas.
d) Devolución de otras cláusulas que exigen pronunciamiento del tribunal de arbitramento
Señala que en la «parte resolutiva numeral 3o, se indica que se ha accedido total o parcialmente a 25 cláusulas. Sin embargo, el Laudo tan solo contiene 24 cláusulas, quedando pendiente por resolver la cláusula No. 33, por lo que se deberá devolver a los árbitros el Laudo Arbitral para que se pronuncien sobre la misma y exista así concordancia entre lo indicado en la parte resolutiva y el contenido final de la misma».
XIX. CONDIDERACIONES DE LA CORTE
Únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si el tribunal de arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017).
La cláusula 33 del pliego de peticiones reza: «SISTEMA DE PAGO. La Universidad en caso de consignar el salario de los trabajadores en cuanta de ahorros o en cualquier entidad bancaria, se compromete a asumir los costos de la cuota de manejo de la tarjeta débito correspondiente a la cuenta de nómina de cada empleado en la respectiva entidad financiera».
En la sesión celebrada el 7 de mayo de 2019, el tribunal de arbitramento dispuso: «los árbitros por consenso niegan el punto 33, por no contar con ningún parámetro para cuantificarlo».
En las consideraciones el tribunal consignó que «no tiene competencia para conocer, en algunos casos por concenso (sic) y en los demás por mayoría, de los puntos 3, 4, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 34, 36, 44, 45 y 46 del pliego, en atención de tratarse de puntos de derecho o que solo persiguen la aplicación de la ley, o corresponder a la autonomía de las partes. En consecuencia, el Tribual limitará el estudio a las cláusulas del pliego: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,13,16,18, 19, 20,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, y 40, 41, 42, 43 y 47. Se presentó de parte de la árbitro designada por la UAN, en los siguientes artículos salvamento de voto así: de la competencia, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 41, 42, y 43; de asuntos económicos, 11, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 40, y 47».
A su vez en la parte resolutiva del laudo arbitral señaló: «I. Abstenerse de estudiar y decidir las peticiones plasmadas en las cláusulas 3, 4, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 34, 36, 44, 45 y 46 del pliego, por carecer de competencia. II. Denegar íntegramente las peticiones contendidas en las cláusulas 9, 13, 23, 24, 25, 30, 33, 37, 38 y 39 del pliego. III. Acceder total o parcialmente a las cláusulas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, y 47 del pliego de peticiones […]».
Como se aprecia de los extractos que viene de realizare, si bien, la parte II y III exhibe una incongruencia, lo cierto es que ese defecto o deficiencia de orden material, no amerita la devolución del laudo como lo pretende la recurrente, dado que auscultado el pensamiento o el querer del tribunal de arbitramento dimana que no fue otro que negar la cláusula 33 del pliego de peticiones, puesto que durante las sesiones explicó de manera cristalina que esa decisión la adoptaría «por no contar con ningún parámetro para cuantificarlo».
En definitiva, no existe motivo que amerite la devolución del laudo arbitral.
Sin costas.
XX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR del Laudo Arbitral del 7 de mayo de 2019, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN –SINTIES- y la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, las cláusulas tercera, cuarta, quinta, sexta, vigésima segunda, y de la cláusula primera las expresiones «No tendrá efecto alguno todo acuerdo entre la universidad y trabajadores que desconozca el presente laudo».
SEGUNO: NO ANULAR las demás disposiciones atacadas del Laudo Arbitral del 7 de mayo de 2019, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN –SINTIES- y la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO.
TERCERO: MODULAR las cláusulas trece y vigésima cuarta del Laudo Arbitral del 7 de mayo de 2019, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN –SINTIES- y la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, en el sentido que «La UAN incrementará el salario con retrospectividad a la fecha de presentación del pliego (12 de febrero de 2018)».
CUARTO: NO ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN del Laudo Arbitral del 7 de mayo de 2019, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN –SINTIES- y la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO.
QUINTO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Ministerio del Trabajo, para lo de su cargo.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
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FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
SALVO VOTO PARCIAL