IV. LA OPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.
Aduce que: (i) el recurso de anulación fue interpuesto de manera extemporánea, dado que el laudo arbitral fue proferido el 27 de diciembre de 2019 y la impugnación se presentó el 9 de enero de 2020, como quiera que la oportunidad eran los días 24, 26 o 27 de diciembre de 2019; (ii) el tema de la «continuación de la vigencia» de los artículos no denunciados de la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2016, no es de competencia de los árbitros como quiera que se trata de un aspecto regulado en la ley, y (iii) comparte que la cláusula de obsequio de productos deba ser anulada, pues en su recurso también se lo solicitó a esta Corte.
V. CONSIDERACIONES
En lo atinente a que el recurso de anulación interpuesto por la organización sindical SINTRACARNES es extemporáneo, olvida la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. que las partes del conflicto colectivo, solicitaron adición y aclaración del laudo arbitral, lo que implica que el término para interponer el recurso extraordinario se cuente desde el día siguiente de la notificación de la providencia que resuelve sobre tales remedios procesales, que en el presente asunto se surtió el 7 de enero de 2020 y si la impugnación del sindicato se presentó el 9 de enero siguiente, quiere decir, que fue formulada de manera oportuna.
En lo que corresponde a los reproches del sindicato se tiene:
Competencia de la Corte
Es doctrina de esta Sala que las precisas facultades que le concede el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social-recurso de anulación-, se limitan a verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario. Ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y cobijen la totalidad de los que son materia del diferendo; a verificar que el pronunciamiento del Tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; y, de manera excepcional, a disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas. Todo lo anterior, dentro del marco de las potestades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos.
Derechos y facultades de los protagonistas sociales
Ha enseñado esta Corte con profusión, que los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son: (i) los reconocidos en la Constitución Política, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquéllos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; (ii) los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público son irrenunciables; y respecto del empleador los que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y director de la empresa y establecimiento, y (iii) en relación con los convencionales son aquéllos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que por no haber sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo.
La Corte no puede dictar pronunciamiento de reemplazo en el recurso de anulación
Cuando la Corte anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento de reemplazo, por cuanto los conflictos intereses se resuelven en equidad, no en derecho. La competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención colectiva o el pacto colectivo o laudo arbitral vigente, o por las normas legales en vigor (sentencia de anulación CSJ SL, 27 oct. 2009, rad. 41497).
Esta Corporación, en fallo CSJ SL12303-2016, explicó:
dentro del marco de sus competencias, la Corte no está autorizada para reemplazar la decisión arbitral por otra que considere más ajustada a la equidad o más conveniente, como lo pide el recurrente. La Sala ha señalado al respecto:
[…]
las fórmulas construidas por los árbitros, para reflejar la salida más equilibrada y justa del conflicto colectivo, no pueden ser sujeto de un juicio de legalidad por esta Sala, para, por ejemplo, tergiversarlas, modificarlas o sencillamente imponer otra medida de justicia diferente. Ello con la salvedad de que se advierta una vulneración de derechos o facultades exclusivas de las partes, consagrados en la Constitución o la ley, se excedan los límites de la competencia de la justicia arbitral o se prohíje una solución manifiestamente inequitativa, que no puede ser meramente especulativa, sino que debe estar debidamente soportada en el proceso, casos en los cuales, vale decir, la decisión de la Corte tampoco puede ser la imposición de su propia medida de justicia, sino la anulación, o solo excepcionalmente, la modulación de las decisiones arbitrales. (CSJ SL14391-2015).
En el mismo sentido, mediante sentencia CSJ SL8157-2016, reiterada, entre otras, en las providencias CSJ SL7779-2017 y CSJ SL3325-2018, la Sala adoctrinó:
En estas condiciones, de entrada, se advierte la improcedencia de la petición del sindicato, pues debido a las competencias regladas de esta Sala, no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación dictar fallos de reemplazo o remitir el expediente al tribunal.
Es preciso recordar que la Corte termina su gestión al declarar la anulabilidad o no anulabilidad de las determinaciones del laudo, sin que sea procedente adoptar decisiones subsiguientes a estas; y, adicionalmente, la devolución del expediente al tribunal tiene lugar en aquellos eventos en que existe una omisión de los árbitros en la resolución de algunos puntos que debieron ser objeto de pronunciamiento o cuando el laudo contiene decisiones inhibitorias, razón por la cual, el debate no se sitúa en el ámbito de la validez de las decisiones arbitrales, sino de la competencia de la justicia arbitral para solucionar determinadas cuestiones.
Es más, teniendo en cuenta que la decisión de los árbitros fue expresamente desestimatoria de lo pedido en el pliego –a excepción del art. 13-, no existe un objeto anulable, es decir, una disposición o un texto normativo retirable del ordenamiento jurídico. Ahora, si en gracia de discusión se dijera que el objeto anulable es precisamente la decisión de los árbitros de negar las peticiones del pliego, ello a nada conduciría, pues de todas formas la Corte no podría entrar a emitir una decisión de reemplazo como tampoco a devolver el expediente al tribunal.
3. Devolución al tribunal de arbitramento
Únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si el tribunal de arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017).
Por lo explicado es que, ante decisiones inhibitorias, quien recurre en anulación debe perseguir no la anulación del laudo sino su devolución al tribunal para que este decida un tema de su competencia (CSJ SL 8157-2016).
4. La modulación o condicionamiento, una labor excepcionalísima de la Corte
Tal como se recordó en el fallo de anulación CSJ SL, 25 nov. 2008, rad. 37482, la competencia de la Corte de anular o no anular las disposiciones del laudo, fue atenuado por la Sala a partir de la sentencia CSL SL, 15 de may. 2007, rad. 31.381, en el sentido de considerar permisible cierta modulación de los efectos del laudo arbitral que, sin sustituir con ello la orientación esencial de la voluntad de los árbitros, permita alcanzar a través de éstos un verdadero contenido en términos de equidad.
En efecto, en dicha providencia, se asentó:
[…] Bajo esta premisa ha sido tradicional la postura de la Sala de comprender dentro de los juicios de regularidad jurídica del laudo, aspectos de contenido económico, cuando se advierten situaciones de ostensible inequidad.
La justicia material que se pretende con esta postura, alcanza un mayor grado de realización, si los juicios de legalidad o de equidad no sólo son aquellos que sirven para fundamentar la elección entre el blanco y el negro, sino para diferenciar los matices entre ellos.
De esta manera, la Sala corrige su postura tradicional de pronunciarse en sede del recurso de homologación contra un laudo arbitral que resuelve un conflicto colectivo sólo en los términos de declarar escuetamente su exequibilidad o la nulidad, y en su lugar admitir la posibilidad de hacerlo condicionadamente, introduciendo precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa, en aras de salvar las garantías o beneficios que ofrece el Tribunal de Arbitramento; esto es, preservar y no sustituir el sentido principal de la voluntad de los árbitros.
Ahora bien, recuérdese también que las facultades de un tribunal de arbitramento, como lo ha reiterado la jurisprudencia, se circunscriben a resolver los conflictos de intereses que hubieren surgido y no resuelto en un conflicto colectivo, cuyo objeto se particulariza con el contenido de la denuncia de la convención colectiva cuando hubiere una vigente, y con el pliego de peticiones de los trabajadores o de sus organizaciones sindicales; le es ajeno entonces a la competencia del tribunal la resolución de controversias distintas a las así señaladas.
De manera que, de una mirada a lo asentado, aflora, a las claras, que no se encuentra dentro de las competencias que la Corte «incorpore al resuelve del laudo el clausulado no denunciado por SINTRACARNE de la CCT 2013-2016 y no debatido en la etapa de arreglo directo, por estar conforme a derecho», como lo pretende la agremiación sindical, por lo que se rechazará, por improcedente, tal solicitud.
Empero, no sobra memorar que, en virtud del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se presenta una denuncia parcial de una convención colectiva de trabajo, frente a los puntos no denunciados opera, mediante la presunción de iure, la figura denominada tácita reconducción, esto es, su prórroga automática. Dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea, las normas convencionales no denunciadas se prorrogan automáticamente por ministerio de la ley, sin que sea necesario que ello se diga o plasme en el laudo arbitral o en la convención colectiva de trabajo.
Sin embargo, nótese que el tribunal de arbitramento fue enfático en advertir que:
únicamente tendrá competencia respecto de los puntos en los cuales no existió acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo y no será objeto de discusión, lo que previamente estaba acordado entre la empresa y la organización sindical o los puntos con los que no existe controversia, pues lo que no fue denunciado (sic) por las partes tiene plena validez para regular las relaciones entre la organización sindical y la empresa Alimentos Cárnicos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, contenida en sentencia C-1050 de fecha octubre 4 de 2001, M.P. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, cuando consideró: "Los efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son limitados: primero, no le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención continua vigente; segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene término legal fijo; tercero, la continuidad de la convención está supeditada a que se firme una nueva convención, lo cual supone un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de la imposición unilateral de condiciones laborales diferentes. [...]" Negrillas fuera de texto.
En cuanto a la cláusula de obsequio de productos, se estudiará más adelante, junto con los motivos de reproche de la sociedad Alimentos Cárnicos S.A.S.
VI. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA SOCIEDAD ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.
El descontento de la recurrente con el laudo arbitral fustigado gira en torno a cuatro ejes: (i) el haberse emitido por fuera del término legalmente establecido; (ii) el tribunal de arbitramento excedió su competencia al pronunciarse sobre aspectos no solicitados en el pliego de peticiones; (iii) el tribunal de arbitramento excedió su competencia al pronunciarse sobre aspectos netamente legales y administrativos de la empresa, y (iv) el cuerpo arbitral incurrió en protuberante inequidad en los beneficios generados en el laudo, lo cual deviene en un rompimiento a la igualdad.
Según informe secretarial la organización sindical no presentó escrito de oposición.
El laudo arbitral se emitió por fuera de tiempo
Afirma que es claro que el tribunal de arbitramento se instaló el 24 de mayo de 2018. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Sustantivo de Trabajo, «Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Las partes podrán ampliar este plazo».
Ahora bien, el tribunal de arbitramento no solicitó ninguna prórroga a las partes para emitir el laudo arbitral; empero, tal y como se puede evidenciar, este fue emitido el 23 de diciembre de 2019, es decir, seis (06) días después del término legalmente establecido para emitirlo, pues la norma señala lo siguiente:
Artículo 17. Decreto 2279 de 1989
El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que el árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de la misma, hasta cuando sea resuelta y sin que se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad. Igualmente, se suspenderá el proceso arbitral por inhabilidad o muerte de alguno de los árbitros, hasta que se provea su reemplazo. El tiempo que demande el trámite de la recusación, la sustitución del árbitro impedido o recusado, la provisión del inhabilitado o fallecido, se descontará del término señalado a los árbitros para que pronuncien su laudo.
Expone que dicha norma es aplicable teniendo en cuenta lo previsto por esta Sala, en unas providencias que no identificó.
Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, es claro que solo las partes están autorizadas para otorgar un plazo superior a 10 días para proferir laudo, sin embargo, ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. ni SINTRACARNE autorizaron la misma, lo cual conlleva a que el laudo se hubiese expedido por fuera de tiempo, situación que genera que se deba anular el fallo emitido en su integridad.
Asevera que, en ese sentido, es claro que la jurisdicción de los árbitros que conforman el tribunal de arbitramento se encuentra supeditada a resolver el conflicto colectivo surgido entre las partes, el cual se agota con la finalización de dicho proceso.
Así las cosas, el hecho de haber emitido un laudo arbitral por fuera de término, conlleva a que los árbitros no tuvieran jurisdicción en dicho momento para haberlo emitido, puesto que no contaban con la respectiva autorización del Ministerio del Trabajo o sin haber constituido un documento entre las partes que lo permitiera, de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Sustantivo de Trabajo, lo cual genera la inexistencia del mismo.
VII. CONSIDERACIONES
Desde el umbral se exhibe insoslayable memorar lo asentado por esta Corporación en sentencia CSJ SL1739-2019, en cuanto a que el trámite del arbitramento obligatorio, tiene su régimen legal en el capítulo VI del Código Sustantivo del Trabajo, y en cuanto al procedimiento arbitral, aquél se encuentra regulado en los artículos 456 a 461 ibídem, en concordancia con el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que si bien no traen la forma cómo deben sesionar los árbitros, y otros aspectos puntuales propios de un proceso regular, resulta razonable, que los árbitros frente a un planteamiento como la recusación acudan a la regulación del Código General del Proceso, estatuto adjetivo que, en su artículo 145, dispone:
SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN. El proceso se suspenderá desde que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad.
Cuando se hubiere señalado fecha para una audiencia o diligencia, esta solo se suspenderá si la recusación se presenta por lo menos cinco (5) días antes de su celebración.
En el asunto bajo escrutinio se tiene lo siguiente:
1º) El tribunal de arbitramento fue convocado e integrado por el Ministerio del Trabajo, mediante Resolución 1474 del 16 de abril de 2018.
2º) El tribunal de arbitramento se instaló el 24 de mayo de 2018.
3º) Ese mismo día, 24 de mayo de 2018, el tribunal de arbitramento dio traslado al árbitro William Efraín Páez Romero, «para que en el término de dos (2) días hábiles se pronuncie, respecto de la recusación presenta (sic) por parte del representante legal de la sociedad Alimentos Cárnicos S.A.S. en fecha 09 de febrero de 2018».
4º) El 29 de mayo de 2018, en la segunda sesión celebrada, el tribunal de arbitramento declaró «fundada y procedente la recusación formulada por la empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. contra el laudo designado por el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y LA LECHE “SINTRACARNE”, doctor WILLIAM EFRAIN PÁEZ ROMERO». En la misma providencia se dispuso: «Oficiar a la Organización SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y LA LECHE “SINTRACARNE”, para que, en los términos del artículo 133 del CPTSS, designe un nuevo árbitro que integrará en su representación al Tribunal de Arbitramento Obligatorio […] Informar a las partes y al Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, sobre las actuaciones realizadas por este Tribual hasta la fecha».
5º) En virtud de lo anterior, el Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución 4572 del 30 de octubre de 2019, modificó la Resolución 1474 del 16 de abril del mismo, e integró un nuevo tribunal de arbitramento.
6º) El nuevo tribunal de arbitramento se instaló el 10 de diciembre de 2019 y profirió el laudo arbitral el 23 de diciembre de 2019.
Puestas en ese escenario las cosas, en sentir de esta Corte, el laudo arbitral no es extemporáneo, pues el término de 10 días que, según el artículo 459 del Código Sustantivo del Trabajo, tienen los árbitros para proferir el laudo arbitral se suspendió desde el 24 de mayo de 2018, pues fue en esta fecha, cuando se instaló el tribunal de arbitramento, que los árbitros tuvieron conocimiento de la recusación, es decir, desde el primer día de la instalación, recusación que fue resuelta el 29 de mayo siguiente.
Ahora, una vez instalado el nuevo tribunal de arbitramento, 10 de diciembre de 2019, el laudo arbitral fue proferido el 23 de diciembre siguiente, esto es, dentro de los 10 días de su instalación. Aquí memórese que según la providencia CSJ SL3258-2019 «el término legal de diez (10) días a que se refieren los artículos 459 del Código Sustantivo del Trabajo y 135 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social debe entenderse representado en días hábiles».
Por último, de entenderse que el trámite se suspendió desde el 9 de febrero de 2018, fecha en que se dice la empleadora presentó la recusación, incluso cuando el tribunal de arbitramento aún no se había integrado por parte del Ministerio del Trabajo, que lo fue mediante Resolución 1474 del 16 de abril de 2018, tampoco es dable pregonar extemporaneidad en la emisión del laudo arbitral, precisamente por lo acabado de explicarse.
Así las cosas, la acusación no sale avante.
b) El tribunal de arbitramento excedió su competencia al pronunciarse sobre aspectos no solicitados en el pliego de peticiones
1. Bonificaciones (esta cláusula también fue atacada por inequidad manifiesta)
Pliego de peticiones
PETICIÓN No. 5 - BONIFICACIONES-
a. La empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. entregará a los trabajadores afiliados a SINTRACARNE SUBDIRECTIVA SECCIONAL BARRANQUILLA a razón de PRIMAS
EXTRALEGAL DE JUNIO el monto de un
salario mensual promedio del semestre a
más tardar el 30 de junio de cada año.
b. La empresa ALIMENTOS CARNICOS
S.A.S. para el 20 de diciembre de cada año,
entregará a los trabajadores afiliados a
SINTRACARNE SUBDIRECTIVA SECCIONAL BARRANQUILLA una prima extralegal de diciembre, consistente en un mes de salario promedio
1.2 Laudo arbitral
En consecuencia, la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S, entregará a los trabajadores afiliados a SINTRACARNE Subdirectiva Seccional Barranquilla, a razón de primas EXTRALEGALES DE JUNIO, ocho días (8) de salario diario, liquidado con el salario base del trabajador. Esta prima no constituye salario."
1.3 Argumentos del recurrente
Dice que se evidencia que el laudo arbitral otorgó un beneficio extralegal completamente distinto al solicitado por el Sindicato, pues SINTRACARNE pidió el reconocimiento de la bonificación en salarios mínimos, «no obstante, se hizo un reconocimiento por los árbitros de "ocho días (8) de salario diario", desconociendo que SINTRACARNE no solicitó el reconocimiento en días, sino en montos fijos de dinero». En sustento de su argumentación cita apartes de las sentencias CSJ SL3944-2019 y CSJ SL11654-2015.
Acota que con este beneficio otorgado en el fallo arbitral no sólo se extralimitó en su competencia el tribunal de arbitramento, sino que es indeterminado pues no señala la fecha de pago ni la vigencia
Afirma que este «beneficio es inviable para la Compañía, en tanto representa una ruptura al principio de equidad, pues, representa el siguiente costo $1.500.000 de pesos»
Añade que, frente a esta norma, es evidente que al interior de la Compañía este reconocimiento tendría un efecto económico superior, pues no es una disposición de aplicación exclusiva a SINTRACARNE, situación de conocimiento de los árbitros quienes además de la exposición requirieron copia de los acuerdos colectivos existentes en la Empresa.
En esa medida es preciso reiterar lo dispuesto y acordado al interior de ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., a saber:
Pacto Colectivo: Clausula 4 "IMPUTABILIDAD", la cual dispone:
"[...] En el evento de que [...] establezcan algunos de los beneficios, por encima de lo consagrado en el presente Pacto Colectivo de Trabajo, estos dejarán de aplicarse y reconocerá la norma más favorable para el empleado, aplicada en su integridad, continuando el pacto colectivo vigente en cuanto a las demás clausulas. En ningún caso se sumarán beneficios legales a los beneficios extralegales establecidos en el presente pacto"
• Convención Colectiva SINTRALIMENTICIA, parágrafo 2 de la Cláusula Tercera:
"PARÁGRAFO 2o: Favorabilidad. En los eventos en los cuales la Empresa establezca alguna mejora o cree nuevas prestaciones o beneficios extralegales que se incluyan en cualquier acuerdo colectivo de trabajo y que no sean equivalentes a los que aquí se consagran, éstos se extenderán en igualdad de condiciones a los trabajadores afiliados a la Organización Sindical Sintralimenticia. La norma aplicada lo será en su totalidad y no procederá la aplicación de beneficios parciales y en ningún caso, se acumularán beneficios ni se repetirán o duplicarán los mismos. En todo caso, las bonificaciones, incrementos, beneficios, contemplados en la presente Convención Colectiva de Trabajo, son y serán imputables a los que pudiere llegar a corresponder al trabajador(a) por cualquier causa".
• Convención Colectiva SINALTRAINBEC, parágrafo 1 de la Cláusula Tercera:
"PARÁGRAFO 1o. En todo caso y en el evento en que la Ley o las normas de seguridad social establezcan algunos de los beneficios, por encima de los consagrados en la presente Convención Colectiva de Trabajo, estos dejarán de aplicarse y se reconocerá la norma más favorable al trabajador, aplicada en su integridad, continuando vigente la Convención Colectiva de Trabajo en cuanto a las demás cláusulas. En ningún caso se sumarán beneficios legales a los beneficios extralegales establecidos en la presente Convención".
"PARÁGRAFO 2o: Favorabilidad. En los eventos en los cuales la Empresa establezca alguna mejora o cree nuevas prestaciones o beneficios extralegales que se incluyan en cualquier acuerdo colectivo de trabajo y que no sean equivalentes a
Desconoció el Tribunal la estructura de beneficios de la empresa, la cual, ya contempla beneficios de los cuales además se beneficia los afiliados a SINTRACARNE, pues, los mismos están multiafiliados en un 100% a SINTRALIMENTICIA, respecto de quienes existe un acuerdo colectivo vigente que estable las condiciones acordadas y acordes a la situación financiera de la empresa.
[…]
Ahora bien, está probado dentro del expediente la equidad y como esta empresa, al recibir esta decisión arbitral se ve afectada por una inequidad manifiesta, toda vez que no puede incrementar sus costos operativos, ni administrativos, como quiera que cada vez tiene menos clientes; además este beneficio arbitral impactará el plan de inversión de la empresa y pondrá en riesgo su funcionamiento, pues mucho de lo previsto debe ser revisado y reestructurado afectado con ello a más de 2.477 trabajadores.
VIII. CONSIDERACIONES
1º) La Corte no comparte el argumento de la recurrente en torno a que el beneficio reconocido en el laudo arbitral es totalmente diferente al del pliego de peticiones, pues de su lectura se puede inferir que la organización sindical solicitó por la prima extralegal de junio «un mes de salario mensual promedio del semestre», mientras que el tribunal de arbitramento concedió «ocho días (8) de salario diario, liquidado con el salario base del trabajador», luego salta a la vista que los arbitradores decidieron escoger un punto medio, y adoptar tal beneficio manteniendo la congruencia con lo solicitado y discutido.
2º) En cuanto a la indeterminación de la norma arbitral, debe recordar la Corte su doctrina atinente a que la justicia o injusticia abstracta de las normas debe ser evaluada pensando en la generalidad de los casos. Los aspectos grises, las dudas o indeterminaciones suscitadas por casos excepcionales, como el planteado por la empresa, deben ser solucionados a través de los métodos y principios de la hermenéutica jurídica, los cuales deben servir de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas (sentencia CSJ SL5295-2018).
Con este razonamiento, esta Corporación ha rechazado anular disposiciones normativas por dudas interpretativas planteadas por los recurrentes en anulación. En cambio, ha insistido en que esos aspectos indeterminados, derivados del análisis de los enunciados normativos del laudo, deben ser resueltos naturalmente por las partes y los jueces laborales según los criterios y herramientas interpretativas más extendidas en el mundo jurídico. En palabras de la Corte: «es difícil concebir una norma que adolezca de algún grado de indeterminación, que por medio de la interpretación jurídica no pueda ser determinada. Como también es difícil concebir una disposición oscura que a través de un ejercicio hermenéutico no pueda ser clarificada. Lo anterior y por, sobre todo, si se tiene de presente que la indeterminación o vaguedad semántica es una característica potencial de toda norma jurídica» (CSJ SL5887-2016, reiterada en CSJ SL14879-2016).
Entonces, cualquier inexactitud o equivocidad de las normas arbitrales no es la que conduce a su anulación, sino aquella que se exhibe como insaneable y, en este caso, no se considera que la disposición arbitral sea insuperable por la circunstancia de que no se señale la fecha de su pago, pues por tratarse de una prima extralegal de junio, el intérprete puede acudir a la norma legal que estatuye la fecha de pago de la prima de junio, que incluso coincide con el querer del sindicato en el pliego de peticiones que solicitaron fuera satisfecha a más tardar el 30 de junio. En consecuencia, esa indeterminación o imprecisión que se achaca resulta superable.
Aunado a lo anterior, repárese en que el tribunal en sus consideraciones dejó claro «el otorgamientos (sic) de unas primas extralegales en el mes de junio», de donde fácilmente se infiere que la intención fue que este beneficio se pagara en el mencionado mes de junio.
3º) Referente a la vigencia de la disposición, debe decirse que los árbitros establecieron una general de dos años, empero no debe olvidarse que es la propia ley laboral la que suple cualquier vacío al respecto. Luego, tampoco hay mérito alguno para su anulación.
4º) Dentro de los argumentos que tuvo en consideración el cuerpo arbitral se destacan:
teniendo teniendo en cuenta los estados financieros a cierre 31 de diciembre de 2018, reportados en la revista semana edición 1934, aportada al expediente, alusivos a las 100 empresas más grandes de Colombia, advertimos que la empresa cárnicos dentro del grupo de los negocios de alimentos ocupando el puesto No. 6, con unas utilidades netas de $97.519 millones. De igual manera, se tuvo en cuenta el Informe Integrado Grupo Nutresa 2018, y la exposición de la situación financiera realizada por el joven Sebastián López, en su calidad de Coordinador Estratégico del Grupo Nutresa. Así mismo, lo señalado por el artículo 28 del CSTSS, en el cual se contempla la posibilidad que el trabajador pueda participar de las utilidades o beneficios de su empleador, en cuanto precisa que: "Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas." Conforme a lo anterior, y bajo los parámetros del principio de la equidad, tenemos que la empresa «se encuentra en capacidad y respaldo patrimonial de incrementar los beneficios de los trabajadores representado en el otorgamientos de unas primas extralegales en el mes de junio, pues analizadas las variables económicas y el impacto en las finanzas de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. no es posible acceder en un 100% a la petición realizada por la Organización Sindical, sin embargo, consideramos procedente acceder a unas primas EXTRALEGALES DE JUNIO, correspondiente a ocho días (8) de salario diario básico.
De suerte que, el tribunal de arbitramento, sin hesitación ninguna, tuvo en cuenta la situación financiera de la empleadora y la repercusión de esta prebenda.
La sociedad recurrente no acredita fehacientemente con los elementos de juicio que obran en el expediente cómo el otorgamiento de estas primas le acarrearía dificultades financieras que eventualmente pueda poner en peligro su estabilidad económica.
Incluso repárese en que afirma que este «beneficio es inviable para la Compañía, en tanto representa una ruptura al principio de equidad, pues, es (sic) representa el siguiente costo $1.500.000 de pesos».
Así mismo, se impone advertir que la empresa desde el momento en que le fue presentado el pliego de peticiones debió cuantificar razonablemente el impacto de las obligaciones contingentes, como consecuencia de la iniciación del conflicto colectivo y así crear las condiciones básicas para la gestión de las provisiones y pasivos contingentes. Luego ese hecho pasado (presentación del pliego de peticiones), conduce, inexorablemente, a una obligación presente (laudo arbitral), que debe ser asumida por la impugnante.
5º) La circunstancia de que la sociedad recurrente, en desarrollo de la autocomposición, hubiese acordado en otros instrumentos colectivos que cualquier beneficio que se pacte se extiende a todos los trabajadores, lo que refleja es, sin duda alguna, que fue consciente de las implicaciones económicas de dicho pacto, lo que no puede traducirse, per se, en un límite o techo para las negociaciones colectivas de otras organizaciones sindicales.
En lo que respecta a la multiafiliación más adelante se dará respuesta.
2. Obsequio de productos
2.1 Pliego de peticiones
La empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. entregará a final de cada mes, a los trabajadores afiliados a SINTFRACARNE SUBDIRECTIVA SECCIONAL BARRANOUILLA los siguientes productos: Tres (3) unidades de jamón sándwich por 500 gr.
Tres (3) paquetes de salchicha Suiza. Cinco (5) paquetes de butifarra caribe por 500 gr.
2.2 Laudo arbitral
"Se accede parcialmente a la solicitud de los trabajadores que adquieran, a "precio de costo", mensualmente y en las cantidades indicada a continuación, los siguientes productos de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.
Tres (3) unidades de jamón sandwich, por 500 gr.
Tres (3) paquetes de salchicha suiza.
Cinco (5) paquetes de butifarra caribe por 500gr'
2.3 Argumentos de Alimentos Cárnicos S.A.S.
a) De la lectura del pliego de peticiones, es claro que la solicitud de SINTRACARNE era el reconocimiento a los afiliados de forma exclusiva de un beneficio en especie, no la fijación de una tarifa preferencial para todo trabajador que adquiera esos productos.
b) Existe una extralimitación de competencias por parte del tribunal de arbitramento, como quiera «que con esta concesión de (sic) dispone de los bienes de la empresa», no es competencia de los árbitros, y dentro de esto se incluye los bienes producidos por esta. Pero, además de lo anterior, es menester poner de presente que es inequitativo, y pone en riesgo el negocio mismo de la sociedad, desconociendo que la empresa cuenta con 2.477 trabajadores.
c) Lo dispuesto genera condiciones de desigualdad entre los distintos trabajadores de ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. y, en todo caso, impone una carga excesiva que rompe la equidad por parte de los árbitros, quienes el 11 de diciembre de 2019, recibieron explicación y copia de los acuerdos colectivos, donde claramente se evidencia lo siguiente:
Pacto Colectivo: Clausula 4 "IMPUTABILIDAD", la cual dispone:
"... En el evento de que ... establezcan algunos de los beneficios, por encima de lo consagrado en el presente Pacto Colectivo de Trabajo, estos dejarán de aplicarse y reconocerá la norma más favorable para el empleado, aplicada en su integridad, continuando el pacto colectivo vigente en cuanto a las demás clausulas. En ningún caso se sumarán beneficios legales a los beneficios extralegales establecidos en el presente pacto"
Convención Colectiva SINTRALIMENTICIA, parágrafo 2 de la Cláusula Tercera:
Es así como este beneficio, resulta abiertamente inequitativo, pues en razón a lo ya existente y la estructura de beneficios dentro de la Compañía, se observa que del mismo se beneficiarían 2.477 trabajadores , lo que significa que la compañía daría a precio de costo 27.247 productos al mes y 326,964 al año, situación que conllevaría a dificultades económicas a la empresa, sumadas estás las del mercado por el alto porcentaje de competidores en el mercado y el nuevo formato de los almacenes relacionados […]
Además, resulta preciso poner de presente que SINTRACARNE, representa si bien a 4 afiliados a la fecha, desconoció que los mismos están multiafiliados e igualmente que con dicho reconocimiento se crearía una situación de ostensible inequidad, pues son onerosas para la empresa toda vez que dar a precio de costo 326,964 al año resulta en una pérdida […]
2.4. Argumentos de Sintracarne
El sindicato aduce que el tribunal de arbitramento «fue excesivamente inequitativo» porque respecto «al punto 7 del pliego de peticiones, se solicitó la entrega de 6 productos de manera gratuita a los afiliados a SINTRACARNE. Los afiliados a SINTRACARNE y el resto de los trabajadores de Alimentos Cárnicos S.A.S. vienen con la garantía de poder hacer compras de todos los productos, sin exclusión alguna, con un 10% de descuento sobre el valor de venta al público, en el punto de venta de la empresa; pero este laudo frente a este tema desarrolla una postura regresiva y (sic) inequitativa, en el sentido que tan sólo otorga un beneficio y más para 3 productos y con la duda si el costo que denuncia la empresa sea superior o inferior al 10% de descuento aquí comentado. No se observa en el tema argumentativo del laudo el análisis cuantitativo de precios de los productos solicitados por Sintracame, con respecto a los variables precios por costos, por lo que no quedó claro ¿a qué valor de costo se está haciendo referencia, si son los valores de los costos fijos o costos variables, o el valor de los costos de producción? costos de administración».
IX. CONSIDERACIONES
Al rompe, se observa que los árbitros desbordaron su competencia al otorgar este beneficio a todos los trabajadores de la empresa toda vez que no aparece razonable, ya que, en principio, la extensión de los derechos convencionales corresponde definirlas conjuntamente a las partes y está prevista legalmente, por ejemplo, en los casos en que el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores-artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, que no es este caso. De allí que no se encuentre justificado que se imponga a la empresa el reconocimiento de este beneficio a todos los colaboradores de la sociedad recurrente.
En puridad de verdad, lo precedente es suficiente para anular la cláusula bajo estudio, sin que sea necesario estudiar los demás argumentos expuestos por las partes.
El tribunal de arbitramento excedió su competencia al pronunciarse sobre aspectos netamente legales y administrativos de la empresa
1. Procedimiento disciplinario
1.1 Pliego de peticiones
PETICIÓN No. 3.- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. -
Cuando un trabajador incurriere en falta que pueda ocasionarle una sanción disciplinaria o el despido con justa causa, LA EMPRESA se ceñirá a este procedimiento:
a) LA EMPRESA, por conducto de la División de Recursos Humanos, pasará una comunicación por escrito al inculpado, indicando en ella la presunta falta cometida, y la fecha y hora en que debe presentarse a una diligencia de descargos, relación de los medios probatorios y anexar las pruebas que lo acusa y/o demás documentos que en ese momento se tengan como medios de prueba, dejando la posibilidad de entregar las restantes o sobrevinientes medios probatorios al momento de inicio de la diligencia de descargos
Si después de cinco (5) días hábiles, contados desde el conocimiento de la presunta falta por parte del jefe inmediato y si LA EMPRESA no ha comunicado el inicio de la investigación disciplinario o no ha llamado a descargo al trabajador, se entiende que ha desistido de la acción disciplinaria.
La diligencia de descargos no podrá realizarse el mismo día de la notificación, ni dos días después; y se realizará antes de vencerse los diez (10) días hábiles, contados desde la notificación.
b) El trabajador citado podrá presentarse a los descargos asesorado, si lo desea, por dos (2) miembros de la organización sindical a la cual pertenece, escogidos por El. Si no concurre a la diligencia por razones justificadas, tales como incapacidad médica, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, el día de regreso al trabajo deberá presentarse ante el Director de Recursos Humanos, con el objeto de que se le reprograme la diligencia.
De los descargos presentados por el trabajador deberá elaborarse la correspondiente acta, donde se plasmarán las intervenciones de quienes asisten y la cual deberá ser suscrita por los asistentes a dicha diligencia.
c) Con base en los descargos y en las pruebas que se logren aportar al proceso, LA EMPRESA decidirá si hay lugar o no a la aplicación de la sanción o el despido, lo cual deberá comunicarse por escrito al trabajador, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de la diligencia de descargos. Si en este término no se notifica la deciden al trabajador, se entenderá que LA EMPRESA desiste de aplicar acciones disciplinarias contra él.
d) Cuando el trabajador no estuviere de acuerdo con la determinación de LA EMPRESA, podrá interponer el recurso de apelación ante la Gerencia de la EMPRESA, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. Este recurso deberá ser resuelto en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la interposición del recurso. Si no se interpusiese recurso dentro del término indicado, LA EMPRESA fijará fecha para hacer efectiva la sanción.
Parágrafo: Prescripción de antecedentes disciplinarios.
Al estudiar los antecedentes del trabajador inculpado contra el cual se proponga sanción, no se tendrán en cuenta las faltas leves, a menos que por su frecuencia constituyan una sistemática inejecución de sus obligaciones para con LA EMPRESA. Estas faltas prescriben a los dos (2) meses. Las faltas graves prescriben a los seis (6) meses.
1.2 Laudo arbitral
Cuando un trabajador incurre en falta que pueda ocasionarle una sanción disciplinaria o el despido con justa causa, LA EMPRESA seguirá el siguiente procedimiento:
a) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho o del conocimiento de este cuya ocurrencia no haya sido superior a ciento ochenta (180) días; LA EMPRESA, por conducto de la División de Recursos Humanos o quien haga sus veces, pasará una comunicación escrita al inculpado, indicando en ella la (s) presunta (s) falta (s) cometida (s), las normas del Reglamento Interno de Trabajo que la consagre (n) y la fecha y hora en que debe presentarse a la diligencia de descargos, en compañía de dos miembros del sindicato al que pertenezca o dos compañeros de trabajo, que él escoja. De igual manera, anexará las pruebas de la (s) presunta (s) falta (s), dejando la posibilidad de entregarle al trabajador otras pruebas hasta el inicio de la diligencia de descargos.
Vencido el término de los diez (10) días indicados en el párrafo anterior sin que LA EMPRESA haya llamado a descargos al trabajador, se entiende que ha desistido de la acción disciplinaria por los hechos originarios de la misma.
En ningún caso, la diligencia de descargos se realizará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del llamamiento a dicha diligencia como tampoco después de los diez (10) días hábiles de habérsele entregado la comunicación de llamamiento a descargos.
b) El trabajador citado, si lo desea, podrá presentarse a los descargos asesorado por dos (2) miembros de la organización sindical a la cual pertenece, escogidos por él. Si no concurre a la diligencia por razones justificadas, tales como incapacidad médica, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, se entiende que queda suspendido el término señalado en el literal a), el cual se renovará el día que el trabajador reinicie sus labores, para lo cual deberá presentarse ante el Director de Recursos Humanos, con el objeto de que se le reprograme la diligencia.
De los descargos presentados por el trabajador deberá levantarse un acta, en la que quedarán registradas las actuaciones que se surtan dentro de la diligencia, incluyendo las intervenciones de quienes asisten. Esta deberá ser suscrita por los asistentes a la misma.
c) Escuchados los descargos del trabajador o cuando este no los presente en la fecha indicada por LA EMPRESA sin justificación alguna, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de dicha diligencia, con base en los descargos y las pruebas practicadas, LA EMPRESA decidirá y comunicará por escrito al trabajador lo resuelto. Si en este término no se notifica la decisión al trabajador, se entenderá que LA EMPRESA desiste de aplicar la sanción disciplinaria o el despido correspondiente.
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de aquella, el trabajador podrá interponer contra la decisión de LA EMPRESA, recurso de apelación ante el superior jerárquico de quien la impuso. Este recurso deberá ser resuelto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha posterior a su interposición. Si no se interpusiese dentro del término antes indicado, LA EMPRESA fijará fecha para hacer efectiva la sanción disciplinaria o el despido de manera inmediata o, a más tardar, dentro de la semana siguiente a la notificación de la decisión. LA EMPRESA dará copia de todas las actuaciones surtidas dentro del trámite disciplinario tanto al trabajador como a la organización sindical.
Parágrafo 1.: Prescripción de antecedentes disciplinarios.
Al estudiar los antecedentes disciplinarios del trabajador contra quien curse investigación tendiente a sancionarlo, no se tendrán en cuenta las faltas leves a menos que por su frecuencia constituyan una sistemática inejecución de sus obligaciones para con LA EMPRESA. Estas faltas prescriben a los dos (2) meses. Las faltas graves prescriben a los seis (6) meses.
Parágrafo 2.: Ineficacia de las sanciones o del despido.
No producirá efecto jurídico alguno la sanción disciplinaria o el despido que se imponga con violación del procedimiento de cargos y descargos descritos en esta cláusula.
1.3 Argumentos del recurrente
El tribunal de arbitramento excedió su competencia al pronunciarse sobre temas que son parte de las facultades de administración del empleador y de los derechos que como empresa tiene, «puesto que no tiene la competencia legal pues en relación con la "prescripción de sanciones disciplinarias o del despido", ya la corte se ha pronunciado en relación con eliminar registros de antecedentes disciplinarios». Cita la sentencia CSJ CSL6108-2017.
Expone que se ha establecido que dentro de las competencias de los árbitros no está la facultad para determinar términos de caducidad y prescripción para el ejercicio de la acción disciplinaria.
Agrega que «limitar la acción disciplinaria al conocimiento a la ocurrencia del hecho, resulta en una limitación y restricción al ejercicio de la potestad del empleador, e igual atarlo esto a un plazo reducido, cuando lo cierto es que la presunta falta se puede conocer mucho después de su ocurrencia. En esa medida es importante solicitar la anulación y obtener la misma pues en los términos dispuesto por los árbitros se restringe de manera desproporcional y superando las competencias de los árbitros la facultad de ALIMENTOS CARNICOS S.A. de disciplinar a sus trabajadores ante el Incumplimiento de sus obligaciones laborales».
Finalmente, es importante precisar que los árbitros en el marco de un proceso disciplinario califican como sanción al despido, estableciendo una restricción a la terminación del contrato de trabajo
X. CONSIDERACIONES
1º) Tal como como se recordó en la sentencia CSJ SL3063-2019, los árbitros sí están investidos de facultades para establecer un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones, e incluso a la terminación de la relación laboral con justa causa, en tanto ello garantiza el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción y la estabilidad en el empleo, postulados todos de orden constitucional.
En dicha providencia también se rememoró que, desde antaño, tal y como lo dejó sentado en la sentencia de homologación del 18 de mayo de 1988, Gaceta Judicial V. 194 – 2433, reiterada en la CSJ SL 35927, 15 jul. 2008 y, recientemente, en la CSJ SL3269-2014, la Sala adoctrinó:
Respecto a la implantación de un proceso disciplinario, para la Compañía que pertenece al sector privado, debe decirse que no constituye una extralimitación de los árbitros, dado que no implica una restricción a la potestad que tienen los empleadores de sancionar las faltas disciplinarias de sus servidores o de poner fin a sus contratos de trabajo con justa causa, como tampoco de terminar sin justificación su vinculación laboral, con la obligación de pagar la indemnización correspondiente. En rigor la disposición sólo persigue que frente a la eventual imposición de sanciones o de la determinación del despido motivada, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son pilar fundamental del derecho del trabajo. Medida que además no perjudica al empleador, dado que por el contrario puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación, que le permite incluso evitar perjuicios de orden económico derivados del despido que a la postre resulte injustificado.
Y, en sentencia CSJ SL, 12 dic. 2012, rad. 55340, puntualizó:
En cuanto a la petición contenida en el art. 10 tendiente a obtener un <Procedimiento para aplicar sanciones y despido por justa causa>, considera la Sala que respecto de ella no puede existir ningún impedimento legal para que los arbitradores se pronuncien, puesto que expresamente el art. 106 del C.S. del T. establece que si bien al patrono corresponde elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención alguna, puede disponerse en contrario <en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores> (subraya la Sala). Y también de modo expreso el art. 108 ibídem manda que en dicho reglamento estén contenidas disposiciones normativas sobre la <Escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ellas> (ord. 16). De aplicar los artículos 106 y 108 ordinal 16 del C. S. del T. resulta claro que sí es procedente que mediante fallo arbitral se estatuyan disposiciones normativas como las que busca Sinterban con el pliego de peticiones.
Observa la Corte que el cuerpo arbitral consagró un trámite detallado, garantista, para que el trabajador asuma su defensa e incluso para que el empleador, luego de valorar los diferentes elementos de persuasión, tenga suficiente claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se le imputan al trabajador, sin que ello, de ninguna manera, restrinja su facultad de imponer las sanciones pertinentes y terminar el contrato de trabajo con justa causa, cuando se encuentre demostrada la falta que así lo permita.
De suerte que, se itera, la forma como quedó redactado este artículo cumple con la finalidad que esta Corte ha sostenido en cuanto a que sólo persigue que, frente a la eventual imposición de sanciones o terminación de la relación laboral, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son pilar fundamental del derecho del trabajo. Medida que además no perjudica al empleador, dado que por el contrario puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación, que le permite incluso evitar perjuicios de orden económico derivados de la determinación que a la postre resulte injustificado. Sin que el término de 10 días hábiles que tiene el empleador para dar inicio al procedimiento disciplinario se muestre manifiestamente inequitativo, puesto que dicho término es razonable para que la empresa recopile las pruebas pertinentes y cite al trabajador a la diligencia de descargos.
Ahora bien, ante la comisión de una falta, puede que no exista certeza sobre quién es el autor de la conducta, caso en el cual son necesarias auditorías, investigaciones y pesquisas adelantadas internamente y, algunas veces, por entidades externas; de ahí que sea razonable que el término de ejercicio de las acciones disciplinarias se cuente desde que se tiene conocimiento. Pero sucede que, en otros casos, el empleador sabe con certeza las condiciones de tiempo, modo y lugar de la presunta falta, por ejemplo, cuando se sorprende al funcionario en el momento de comisión de la conducta o cuando hay confesión, supuestos en los cuales el mencionado término se cuenta desde la ocurrencia de los hechos (sentencia CSJ SL3063-2019).
2º) Esta Corte tiene definido que los árbitros no tienen competencia para establecer restricciones temporales a los llamados de atención y antecedentes disciplinarios que reposen en las hojas de vida de los trabajadores. Así lo expuso en sentencia CSJ SL17654-2015, reiterada en las CSJ SL1049-2017 y CSJ SL6108-2017, en las cuales se dijo:
Las limitaciones temporales para adelantar e imponer sanciones disciplinarias, son de reserva legal, del resorte exclusivo del empleador, o del acuerdo entre las partes, de modo que no puede estar sujeta a las consideraciones de los árbitros, fundamentalmente porque tiene dos finalidades de vital importancia en el campo empresarial: (i) conocer el itinerario laboral de sus trabajadores y (ii) reestablecer el orden en la relación de trabajo, en aquellas situaciones en que se considere que la conducta del empleado puede afectar el cumplimiento de los fines de la empresa. En estas condiciones, se equivocó el Tribunal al fijar un límite temporal -6 meses- para iniciar un proceso disciplinario, así como al imponerle a la empresa retirar de la hoja de vida las llamadas de atención o sanciones disciplinarias que tengan una antigüedad superior a 34 meses. (Resalto de la Sala)
Refuerza lo anterior, lo dicho por esta Sala en sentencia CSJ SL, 12 sep. 2007, rad. 32464, reiterada recientemente en CSJ SL13002-2015, cuando al efecto se señaló:
Mas, en lo concerniente al parágrafo, sí cabe razón a la impugnante, pues el limitar al empleador a solo tener en cuenta la historia laboral del trabajador en los últimos seis meses, comporta una vulneración a la facultad de sancionar disciplinariamente o de despedir, radicada en el empleador, para la cual, tiene pleno derecho a estimar el itinerario laboral del trabajador, no solamente en su parte negativa sino también en la favorable al destinatario de la medida. El conocimiento o estimación del precedente laboral del laborante no puede ser, en consecuencia, objeto de restricción respecto del empresario, quien legalmente lo podrá utilizar como elemento de juicio objetivo al ponderar una decisión a tomar respecto de aquél (sic). Habrá de anularse, entonces, el parágrafo de marras.
No obstante, bien precisa señalar que las facultades del empleador no son absolutas, dado que al efecto debe cumplir con unos principios básicos, a saber: (i) debido proceso, tal como lo ordena el art. 115 del C.S.T; (ii) contemporaneidad que no siempre corresponde a la inmediatez, en tanto pueden cometerse faltas que el empleador conoce con posterioridad, e inclusive pueden darse eventos en que los procesos de investigación ameriten tiempo considerable; (iii) proporcionalidad, esto es, la sanción aplicada tiene que tener coherencia con la falta cometida por el trabajador; (iv) transitoriedad, es decir, tiene que tener un límite en la fecha que inicia y en la que termina, sin que en ningún caso exceda los previstos en el art. 112 ibídem o por el reglamento interno de trabajo; y (v) imposibilidad de una doble sanción, esto es, un trabajador no puede ser sancionado disciplinariamente dos veces por la misma falta, tal como la ordena el art. 29 de la C.P., o utilizar una falta para imponerle una sanción disciplinaria y la misma para despedirlo.
Véanse también las providencias CSJ SL4478-2020 CSJ SL4827-2020, proferidas en el mismo sentido.
Así las cosas, se anulará el parágrafo primero de la cláusula arbitral bajo estudio. Lo demás permanece incólume.
d) El cuerpo arbitral incurrió en protuberante inequidad en los beneficios generados en el laudo, lo cual deviene en un rompimiento a la igualdad
Sede sindical
Pliego de peticiones
PETICIÓN No.- 8.- SEDE SINDICAL-
La empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. dentro de los seis meses siguientes a la firma de la convención colectiva de trabajo o del laudo hará entrega a la organización sindical SINTRACARNE SUBDIRECTIVA SECCIONAL BARRANQUILLA de un bien inmueble (oficina o casa) que estará ubicado en Barranquilla o Soledad en un barrio de estrato 3.
Laudo arbitral
Por lo anterior, se accederá parcialmente a la petición, respetando el derecho a la libertad sindical y se ordenará que la empresa entregue a SINTRACARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA, la suma de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. ($28.800.000.oo) para la sede sindical y gastos operativos del sindicato, durante la vigencia el laudo arbitral. La empresa entregará a SINTRACARNE, estos dineros a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la promulgación del laudo.
Pliego de peticiones
PETICIÓN No.- 9. AUXILIO SINDICAL-
La empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. entregará SINTRACARNE SUBDIRECTIVA SECCIONAL BARRAQUILLA, al quinto (5o) día de cada mes, la suma de dos millones de pesos m.l. ($2.000.000.oo), para gastos de administración, papelería, transporte, pago de servicios públicos, sostenimiento de sede sindical, pago de asesores, entre otros.
Laudo arbitral
Las pretensiones de la Organización Sindical relacionadas en este punto, se asemejan a los contenidos en el numeral octavo, en consecuencia, para este particular, nos atenemos a lo accedido en el numeral octavo.
1.5 Argumentos del recurrente
1º) Sostiene que, de la lectura del pliego de peticiones, es claro que la solicitud de SINTFRACARNE era el reconocimiento en especie de un bien inmueble, mas no la entrega de dinero al sindicato y, en todo caso, de aceptar que existe una solicitud de auxilio sindical, se observa que la misma es por un monto de $2.000.000 de pesos por cada mes del año de vigencia solicitado, en consecuencia, el valor reconocido es superior al solicitado, situación que desborda las competencias de los árbitros.
2º) El tribunal de arbitramento, rompe la equidad, genera el beneficio económico desconociendo que solo 4 de los trabajadores son afiliados a SINTRACARNE y, además, los mismos se encuentran multiafiliados en un 100% a SINTRALIMENTICIA, por lo que este reconocimiento no es equitativo, razonable ni proporcionalidad.
XI. CONSIDERACIONES
Como lo enseña la añeja doctrina de esta Corte la existencia de sindicatos y la permanencia de los mismos es una necesidad transcendente dentro de la organización democrática de un Estado, y es el resultado del derecho de asociación, pues son el motor del esfuerzo para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores a través de convenciones colectivas de trabajo y de laudos. Sin ellos se rompería el equilibrio social en las relaciones entre trabajadores y empleadores. No hay duda alguna que uno de los modos más importantes para contribuir a la subsistencia de los sindicatos son la creación de las cuotas sindicales que deben dar quienes se benefician con las funciones y ejecutorias de estas asociaciones, y los auxilios económicos sindicales a cargo del empleador por pacto convencional o disposición arbitral (sentencia CSJ SL, 29 oct. 1988, Radicación 9120).
Descendiendo al asunto bajo estudio, entiende la Corte que lo otorgado por el tribunal de arbitramento en la presente cláusula fue fruto o resultado del análisis de dos peticiones del sindicato, cuales son, sede sindical y auxilio sindical, dicho en breve, integró las dos disposiciones.
Y siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, no se evidencia que el tribunal hubiese desbordado su competencia, al otorgar al sindicato $28.000.000 no solo para la sede sindical, sino también para cubrir gastos operativos, durante la vigencia del laudo, pues, como ya se dijo, está dentro de las facultades de los árbitros acoger total, parcial o bajo una presentación distinta las peticiones del pliego e incluso adoptar determinadas modulaciones.
Así las cosas, la Sala estima que el presente auxilio económico no se exhibe inequitativo o injustificado, teniendo en cuenta los propósitos u objetivos que persigue.
De otra parte, se tiene que de vetusta tiene adoctrinado esta Corte que si bien es viable jurídicamente que un trabajador pueda ser parte de varios sindicatos, en caso de que existan diversas convenciones colectivas suscritas por las organizaciones que integra, y de las cuales un mismo trabajador sea beneficiario de todas ellas, ello no significa que pueda aprovecharse simultáneamente de cada una, pues la libertad sindical debe entenderse para tales efectos, como que el asalariado debe escoger entre los distintos convenios aquel que mejor le convenga a sus intereses económicos, ello con el fin de evitar que el trabajador reciba duplicidad o más beneficios convencionales.
De manera que, se exhibe palmar que los trabajadores no pueden recibir duplicidad o multiplicidad de beneficios, sino sólo aquellos de la convención que libremente escojan y que mejor les convenga a sus intereses económicos, pues la amplitud que hoy les ofrece la legislación positiva no puede convertirse en una carga excesiva para los empleadores, destacando que de acuerdo al artículo 1º del C. S. del T., la finalidad del estatuto sustantivo laboral es el de lograr «la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social», principio que se vería afectado y vulnerado si se permitiese la aplicación de todos los convenios colectivos de trabajo en su integridad a un trabajador que es afiliado a las varias organizaciones sindicales que suscribieron tales acuerdos» (sentencia CSJ SL, 29 de abr. 2008, rad. 33988).
También debe memorarse que el sistema de pluralidad sindical que en la actualidad rige en Colombia, permite a cada asociación sindical iniciar autónomamente un conflicto colectivo y conquistar derechos idénticos o diferentes, mejores o superiores a los de otras organizaciones gremiales. Así, el diseño legal, tal cual como está, le otorga autonomía a cada conflicto colectivo y a los instrumentos normativos producidos en él (CSJ SL4458-2018).
Esta Sala, en providencia CSJ SL3430-2018, igualmente explicó:
En punto a la controversia de la empresa fundamentada en que los directivos sindicales ya gozan de permisos otorgados en otros instrumentos colectivos, y que, por tanto, su imposición no es necesaria ni proporcional, la Sala no encuentra en el plenario prueba alguna que permita inferir tal aserto.
No obstante, si lo que pretende poner de presente el impugnante es una eventual multiafiliación de los trabajadores y/o la proliferación de normas colectivas producto de la multiplicidad de organizaciones sindicales, la Sala se permite reiterar la ilustración que en punto a la coexistencia de varios sindicatos y a la posibilidad de los trabajadores de afiliarse a varias de ellas, ha expuesto reiteradamente, esto es, que en tales eventos, aquellos solo podrán beneficiarse solo de un instrumento colectivo.
Por último, no debe perderse de vista que las organizaciones sindicales son diferentes, luego los ingresos para el desarrollo de sus objetivos deben ser tratados como entes independientes que lo son.
De modo que, esta cláusula tampoco se anulará.
2. Permiso y auxilio económico para preparación de pliego de peticiones
2.1 Pliego de peticiones
La empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. concederá a cada integrante de la comisión negociadora de SINTRCARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA diez (10) días hábiles de permiso remunerado, para la preparación del pliego de peticiones. Estos permisos se concederán dentro de los términos de ley, es decir dentro del término de vigencia de la presentación de la denuncia y el pliego de peticiones, y serán escogidos por el sindicato, dando comunicación a la empresa con una antelación no mayor a 72 horas de anticipación a los días de permiso. A los vendedores se les tendrá en cuenta el salario promedio del último mes, para el pago de este permiso. Una vez se inicie este permiso, la empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. entregará al sindicato, dentro de los cinco (5) días siguientes, la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M.L. ($15.000.000, oo), para costear los gastos de preparación de pliego, como son pago a los asesores, viáticos y estadías, alimentación, estudios, entre otros.
2.2 Laudo arbitral
El Pliego de Peticiones constituye un derecho para las organizaciones sindicales, a través del cual se materializa el derecho fundamental a la libertad sindical y negociación colectiva, en consecuencia, su elaboración implica unos costos económicos y dedicación por parte de las Organizaciones Sindicales y sus afiliados. Por lo tanto, se accederá parcialmente a la concesión de esta petición y se dispondrá que la Empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. disponga para SINTRACARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA tres (3) días de permisos sindicales a máximo (3) tres de sus miembros.
La organización sindical designará a los miembros de la organización sindical que concederá estos permisos, y comunicará a la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. con 72 horas de antelación la toma de dichos permisos.
De igual manera, La empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. entregará a SINTRACARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA, un auxilio económico por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($10.000.000.00) para la preparación del pliego de peticiones.
Este auxilio se entregará a más tardar 60 días antes del vencimiento del Laudo Arbitral.
2.3 Argumentos del recurrente
Acota que teniendo en cuenta que la suma reconocida no es proporcional ni razonable a la actividad de elaboración del pliego de peticiones, sumado al hecho que no es un hecho cierto y determinado la elaboración del mismo, pues para ello supone de una decisión democrática, es más, lo cierto es que la elaboración del pliego no está atada a los 60 días previos al vencimiento del laudo arbitral o convención colectiva.
XII. CONSIDERACIONES
La cláusula bajo estudio consagra «tres (3) días de permisos sindicales a máximo (3) tres de sus miembros» y, además, un auxilio de $10.000.000 para la preparación del pliego de peticiones.
El reproche de la sociedad recurrente apunta a la anulación del auxilio.
La Corte halla que la disposición arbitral luce desproporcionada e irrazonable, por cuanto se trata de una suma de $10.000.000 que la empresa deberá asumir para la preparación del pliego de peticiones desconociendo no solo el estipendio de $28.000.000, reconocido en las cláusulas precedentes, con el que se pretende ayudar a la organización sindical en sus diferentes costos, sino también resulta insoslayable, para este precepto en concreto, la circunstancia de que son 4 trabajadores los que pertenecen a la organización sindical –SINTRACARNE- de un total de 2477 colaboradores, por lo que, en los términos fijados por el Tribunal, este beneficio no consulta el número de trabajadores afiliados al sindicato.
En consecuencia, se anularán las expresiones «De igual manera, La empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. entregará a SINTRACARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA, un auxilio económico por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($10.000.000.00) para la preparación del pliego de peticiones».
Lo demás no se anulará.
Sin costas.
XIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
XIV. RESUELVE
PRIMERO: ANULAR del laudo arbitral del 23 de diciembre de 2019, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y LA LECHE –SINTRACARNE- y la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., el beneficio denominado Obsequio de productos, el parágrafo primero del Procedimiento disciplinario y de la cláusula Permiso y auxilio económico para preparación de pliego de peticiones, las expresiones «De igual manera, La empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. entregará a SINTRACARNE SUBDIRECTIVA BARRANQUILLA, un auxilio económico por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($10.000.000.00) para la preparación del pliego de peticiones». No se anula en lo demás, en los términos indicados en la parte motiva.
SEGUNDO: RECHAZAR, por improcedente, la solicitud del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y LA LECHE –SINTRACARNE- en torno a que la Corte «incorpore al resuelve del laudo el clausulado no denunciado por SINTRACARNE de la CCT 2013-2016 y no debatido en la etapa de arreglo directo, por estar conforme a derecho».
TERCERO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
Ausencia justificada
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Recurrente: Alimentos Cárnicos S.A.S.
Demandado: Sindicato Nacional de la Industria de la Carne y la Leche – Sintracarne.
Radicación: 87686
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena.
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, salvo el voto parcialmente respecto de los argumentos que abordan el tema relativo a si el Tribunal de arbitramento trasgredió o no el principio de inequidad manifiesta, en el recurso de anulación que presentó la empresa y que se exponen en las consideraciones generales y al analizar los artículos del laudo en relación con las bonificaciones -petición n.º 5-, sede sindical -petición n.º 8-, auxilio sindical -petición n.º 9.
Asimismo, me apartó de la decisión de la Sala en relación con las consideraciones expuestas en la misma vía para anular por «desproporcionada e irrazonable» la cláusula dirigida al permiso y auxilio económico para preparación del pliego de peticiones, en lo que respecta al reconocimiento pecuniario que consagró.
Lo anterior, porque pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.
Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.
Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.
De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
Así las cosas, considero que no era procedente anular por «desproporcionada e irrazonable» la cláusula dirigida al permiso y auxilio económico para preparación del pliego de peticiones, en lo que respecta reconocimiento pecuniario que consagraba, en tanto el fundamento que se emplea corresponde al análisis sobre la posible inequidad manifiesta de dicha concesión, lo que a mi juicio no corresponde a una causal para recurrir en anulación.
Dejo así sustentado mi salvamento parcial de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado