Ficha de la providencia
Sentencia SL940-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL940-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL940-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
9 de marzo de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL940-2022
Radicación n.° 91379
Acta 08
Bogotá D.C, nueve (09) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por la apoderada del SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS, SINTRAOFAN contra el laudo arbitral del 9 de agosto de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el MUNICIPIO DE VENECIA (Antioquia) y la organización sindical recurrente.
I. ANTECEDENTES
El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 0220 del 29 de enero de 2020, modificada por la 1489 del 2 de julio de 2021, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios del Departamento de Antioquia y de los Entes Descentralizados- SINTRAOFAN- y el municipio de Venecia (Antioquia).
II. LAUDO ARBITRAL
El respectivo laudo arbitral fue emitido el 9 de agosto de 2021.
Los árbitros sostuvieron que al proceso se le dio el trámite que legalmente corresponde y siendo la oportunidad de proferir el correspondiente laudo, a ello se procede tomando en cuenta que se tiene competencia para ello, la que surge de la resolución de convocatoria, la cual al no haber sido objeto de recurso alguno por la parte interesada goza entonces de la presunción de legalidad. En consecuencia, el mandato dado allí a los árbitros debe cumplirse, estando, además, dentro del término de la prórroga concedida por las partes.
III. RECURSO DE ANULACIÓN
Fue interpuesto por la apoderada de la organización sindical Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios del Departamento de Antioquía y de los Entes Descentralizados- SINTRAOFAN-.
Según informe secretarial, el municipio de Venecia no presentó oposición alguna.
La organización sindical pretende la devolución al tribunal de arbitramento de los siguientes puntos del laudo arbitral: (i) Aumento de salario, y (ii) Vigencia.
Aumento salarial
Pliego de peticiones
ARTÍCULO SÉPTIMO: AUMENTO SALARIAL. A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, el Municipio de Venecia –Antioquia y para las vigencias propuestas inicialmente, incrementará los salarios a sus trabadores de la siguiente manera: A. Para la primera vigencia, es decir, la comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el incremento será de seis (6) puntos por encima del incremento realizado por el gobierno nacional, sobre lo devengado a 31 de diciembre de 2017. B. Para la segunda vigencia, es decir, la comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el incremento será de seis (6) puntos por encima de lo incrementado por el Gobierno Nacional sobre el salario mínimo en el País, sobre lo devengado a 31 de diciembre de 2018.
Laudo arbitral
AUMENTO SALARIAL. Los incrementos salariales, se realizarán de la siguiente manera. A partir del 1 de enero de 2022, el salario básico se incrementará en el porcentaje que determine el Gobierno para los trabajadores oficiales más un (1) punto. A partir del 1 de enero de 2023, el salario básico se incrementará en el porcentaje que determine el Gobierno para los trabajadores oficiales más cero puntos cinco (0.5).
1.3. Argumentos del recurrente:
Aduce que realizando una comparación y examen entre lo solicitado en el artículo 7° del pliego de peticiones y lo decidido en el laudo arbitral se observa un vicio al interior del mismo ocasionado por la incongruencia que se extrae a primera vista cuando se observa que el sindicato estaba pidiendo aumentos salariales para las siguientes vigencias:
Para el año 2018 del 1 de enero al 31 de diciembre -Para el año 2019 del 1 de enero al 31 diciembre Y lo concedido por el Tribunal fue: -Para el año 2022 aumento desde el 1 de enero -Para el año 2023 aumento desde el 1 de enero. Es decir, que el Tribunal de arbitramento no se pronunció en lo absoluto sobre los aumentos salariales del año 2018, 2019, de acuerdo a lo solicitado en el pliego de peticiones y tampoco se pronunció sobre el año 2020 y 2021, dado que hasta este año fue que se convocó e instaló el Tribunal de acuerdo a la Resolución N° 0220 del 29 de enero de 2021 proferida por el Ministerio del Trabajo y la Resolución N° 1489 del 2 de julio proferida por el mismo, en la cual se ordenó instalar nuevamente el Tribunal, lo cual constituye una extralimitación notoria en las facultades que le han sido otorgadas por la ley al Tribunal, debido a que si bien es cierto que el principio esencial de los tribunales de arbitramento en materia laboral es fallar en equidad, así como fue destacado por la Corte Constitucional en la sentencia T- 046 de 2002 […] También es cierto que no debe de extralimitarse de manera desproporcionada de acuerdo a lo que estaba en el pliego de peticiones y por lo tanto se constituye en una causal para anular lo decidido en relación con este punto del pliego de peticiones denominado AUMENTO SALARIAL.
IV. CONSIDERACIONES
1º. Por regla general, los laudos arbitrales rigen a partir de su expedición
Esta Corte ha explicado, con profusión, que según brota de las elocuentes voces del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, en su naturaleza y efectos normativos, el laudo arbitral se asimila a la convención colectiva de trabajo. Los dos instrumentos son fuentes formales del derecho, de los cuales emanan normas jurídicas reguladoras de las condiciones de empleo y de trabajo. Dado esta similitud, la Sala ha entendido que, así como la vigencia de la convención inicia con su suscripción por los interlocutores sociales, artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo, el laudo arbitral debe igualmente empezar a regir a partir de su firma o, lo que es lo mismo, desde su expedición (CSJ SL3063-2019).
En esta última sentencia se memoró la providencia CSJ SL, del 15 de may. 2007, rad. 31381, en la que la Corte expuso «que por regla general el laudo arbitral tiene efectos hacía el futuro, esto es, a partir de la fecha de su expedición, por cuanto la convención colectiva denunciada rige hasta cuando se firme una nueva o se expida un nuevo laudo que haga sus veces conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 14 del Decreto 616 de 1954 que subrogó el artículo 479 del C. S. del T.».
En ese horizonte, la Corporación también en el fallo CSJ SL, del 4 de sep. 2007, rad. 32741, precisó que «la fecha de inicio de la vigencia del laudo arbitral no es de elección de los árbitros, sino la que resulta de la expedición del fallo» y, en reciente decisión CSJ SL15705-2015, reiterada en CSJ SL11486-2016, tras descartar la equiparación de laudo y sentencia judicial, recordó que por «regla general [aquel] produce efectos hacia el futuro desde el momento de su promulgación, con fuerza y talante de convención colectiva».
Entonces, por regla general, los incrementos salariales impuestos por un tribunal de arbitramento deben tener efectos con posterioridad a la entrada en vigencia de un laudo arbitral, toda vez que el acto regulador de las condiciones de trabajo rige hacía el futuro y, en principio, a partir de la fecha de su expedición (sentencia CSJ SL14391-2015). Pero las partes, en la convención colectiva, y en ejercicio de la autocomposición, pueden convenir que la vigencia empiece antes de su firma.
De suerte que no existe razón alguna para anular la cláusula bajo estudio, dado que el tribunal de arbitramento se avino a la ley y a la línea de pensamiento de esta Sala.
2º. La retrospectividad del aumento salarial, no es un deber de los árbitros sino una mera facultad
La jurisprudencia de esta Corte, a partir del fallo de 19 de julio de 1982 proferido por la Sala Plena de Casación Laboral, ha aceptado que los aumentos salariales puedan tener efecto retrospectivo con el fin de corregir el desequilibrio económico que eventualmente puedan sufrir los trabajadores con la prolongación de la solución del conflicto colectivo, cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un tribunal de arbitramento, mediando incluso en algunos casos la huelga (Sentencia de 6 de mayo de 2002, rad. 18380).
Sin embargo, ello no comporta una camisa de fuerza, sino que corresponde a una potestad de los árbitros, quienes no están obligados a decretar en forma automática en todos los casos incrementos salariales retrospectivos, sino que tal decisión dependerá de las circunstancias específicas del conflicto sometido a su conocimiento, deberá adoptarse esencialmente en equidad, y en esa óptica puede analizar aspectos tales como el conjunto de prerrogativas otorgadas en el laudo, la situación salarial de los trabajadores y la disponibilidad económica de la empresa.
Al punto, esta Corporación en providencia CSJ SL 14391-2015, reiteró que:
Frente a tal cuestionamiento, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido, con insistencia, que los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que, solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un «efecto retrospectivo» a sus disposiciones salariales. Ha entendido esta Corporación que esa medida se amolda perfectamente a la función primordial del Tribunal de encontrar la fórmula que resulte más equitativa para la resolución del conflicto. En la sentencia CSJ SL, 26 jul. 2011, rad. 50469, se dijo al respecto:
Amparado en criterios de equidad, el Tribunal de Arbitramento consideró viable la aplicación de la cláusula de vigencia y de los incrementos salariales a partir del 1º de mayo de 2010, posición de la que disiente el recurrente.
No obstante, esta Sala ha sido pacífica en torno al punto traído a discusión y ha señalado que aun cuando en principio el laudo arbitral tiene efectos hacia el futuro, a partir de su expedición, se ha aceptado su retrospectividad, cuando quiera que el conflicto colectivo de trabajo no se termine mediante arreglo directo y sea necesaria la definición a través de un Tribunal de Arbitramento, como aconteció en el sub lite, a fin de corregir el desequilibrio económico que pueda surgir en ese lapso.
Justamente, esa facultad ha sido conferida a los árbitros para que, en cada caso particular ponderen si es viable la aplicación retrospectiva de las cláusulas referidas a los aumentos salariales, y se ha considerado que aquellos no se encuentran atados a una decisión en torno a este específico aspecto, de manera que les está permitida su definición, en el marco de los criterios de equidad a los que se hizo referencia anteriormente.
Entonces, el fallo arbitral pone fin al conflicto económico planteado entre el empleador y el sindicato de sus trabajadores, y sus efectos, por regla general, como cualquiera otra disposición en el ámbito del derecho del trabajo, rigen hacia el futuro, dado la íntima relación que en el tiempo deben tener el conflicto y su solución. Por eso, excepcionalmente, los arbitradores pueden incrementar los salarios de manera retrospectiva. Pero de ahí a entenderse, como lo sugiere la organización sindical recurrente, que la excepción se haya convertido en una regla, en puridad de verdad no consulta lo dictado por la ley o lo dicho por la jurisprudencia.
En el sub examine, debe concluirse que no se evidencia que la decisión arbitral, al decretar el incremento salarial sin retrospectividad, sea contraria al equilibrio económico que debe regir todas las relaciones laborales individuales como colectivas, para el caso las de las partes implicadas en la presente negociación colectiva, por ende, no es procedente la devolución en los términos implorados por el sindicato.
Vigencia
2.1 Pliego de peticiones
ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA La presente convención Colectiva de Trabajo, tendrá una vigencia de 24 meses contados a partir del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Las situaciones jurídicas y convencionales establecidas en anteriores convenciones y Laudos Arbitrales para las que no se ha propuesto modificación en todo o en parte, continuaran vigentes y se reitera la obligación de su estricto y cabal y oportuno cumplimiento.
Laudo arbitral
VIGENCIA. La vigencia del presente laudo será de dos (2) años contados a partir de la expedición.
2.3. Argumentos del recurrente
Acota que igualmente una comparación y examen entre lo solicitado en el artículo 8° del pliego de peticiones y el laudo arbitral se observa que también se configuran dos vicios al interior del mismo: el primer vicio ocasionado por la incongruencia entre lo decidido en el laudo y lo solicitado por el sindicato, «debido a que en el artículo 8° del pliego el Sindicato se pide una vigencia de 24 meses contados a partir del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019 y la vigencia consagrada en el Laudo arbitral es de dos (2) años contados a partir de la expedición, es decir, a partir del día 9 de agosto de 2021, fecha en la cual fue expedido el Laudo, generándose una extralimitación notoria en las facultades que le han sido otorgadas por la ley al Tribunal debido a que no debe de extralimitarse de manera desproporcionada de acuerdo a lo que estaba en el pliego de peticiones debido a que se debió abordar el tema de la vigencia en los tiempos solicitados y especificados en el pliego de peticiones y por lo tanto se constituye en una causal para anular lo decidido en relación con este punto».
En segundo lugar, si atendemos a lo establecido en el artículo 136 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde se establece que el laudo arbitral deberá acomodarse en lo posible a las sentencias que dicten los jueces en los juicios del trabajo, significando que todas las decisiones deben estar suficientemente motivadas,
[Y] se observa como la decisión adoptada en el Laudo, en este punto específico relacionado con la VIGENCIA no trae ningún tipo de motivación o de consideración, constituyendo una omisión que debe de ser subsanada de acuerdo con los principios constitucionales, legales y la equidad y por ello se constituye en una causal adicional para anular lo decidido. 4. En relación con el artículo 8° del pliego de peticiones denominado VIGENCIA se configuró una omisión al interior LAUDO ARBITRAL diferente a la planteada en el hecho anterior, y se configura debido a que en este artículo se solicita dentro del inciso segundo lo siguiente: “Las situaciones jurídicas y convencionales establecidas en anteriores convenciones y Laudos Arbitrales para las que no se ha propuesto modificación en todo o en parte, continuaran vigentes y se reitera la obligación de su estricto y cabal y oportuno cumplimiento.” y vemos como al interior del LAUDO ARBITRAL no existe ningún pronunciamiento en relación con esta solicitud, y por tal motivo se constituye en una causal para anular lo decidido.
V. CONSIDERACIONES
Como se recuerda, el juez arbitral dispuso: «VIGENCIA. La vigencia del presente laudo será de dos (2) años contados a partir de la expedición».
Al punto, ha sido criterio uniforme de la Corte los siguientes aspectos: (i) que en virtud de lo estatuido en el numeral 2º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, los Tribunales de Arbitramento tienen competencia para determinar la vigencia de un laudo en un periodo que «no puede exceder de dos años» (sentencias CSJ SL7808-2016, y CSJ SL17769-2016); y (ii) un fallo arbitral puede señalar un término de vigencia distinto al aspirado en el pliego de peticiones, siempre que no supere el señalado por la ley (ver sentencia CSL SL, del 18 de abr. 2006, rad. 28.770).
En ese horizonte, los árbitros no se excedieron en sus facultades, ya que establecieron la vigencia del laudo por dos años, es decir, dentro del límite permitido en la ley.
De otra parte, la solicitud de la organización sindical de incorporar en el laudo arbitral las expresiones «Las situaciones jurídicas y convencionales establecidas en anteriores convenciones y Laudos Arbitrales para las que no se ha propuesto modificación en todo o en parte, continuaran vigentes y se reitera la obligación de su estricto y cabal y oportuno cumplimiento», es a todas luces inane pues es simple repetición vacua de lo que ya está en la Constitución y la ley. Dicho en otras palabras, su falta de inclusión no es impugnable en anulación.
Entonces, no es mediante la convención colectiva, pacto colectivo o laudo arbitral que se asegura el cumplimiento a la ley, pues ella, como declaración de la voluntad soberana del Estado, constituye un mandato imperativo, que no requiere del consentimiento de los particulares para que les sea aplicable (CSJ SL, 18 feb.2005, rad. 25731).
Tampoco sobra memorar lo dicho en la sentencia CSJ SL1829-2021, en cuanto a que, en virtud del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se presenta una denuncia parcial de una convención colectiva de trabajo, frente a los puntos no denunciados opera, mediante la presunción de iure, la figura denominada tácita reconducción, esto es, su prórroga automática. Dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea, las normas convencionales no denunciadas se prorrogan automáticamente por ministerio de la ley, sin que sea necesario que ello se diga o plasme en el laudo arbitral o en la convención colectiva de trabajo.
Es que ni la Constitución ni las normas laborales les imponen a los arbitradores el deber de conceder en todos los casos al pie de la letra lo implorado por el sindicato o por los trabajadores que provocan el conflicto colectivo de trabajo.
Por último, debe recordársele a la recurrente lo enseñado en las sentencias CSJ SL17551-2016 y CSJ SL6476-2017, en cuanto a que el laudo arbitral al tratarse precisamente de una providencia en equidad, su fundamentación es distinta a la que se requiere para las sentencias que resuelven conflictos jurídicos. En efecto, mientras que en estas se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto y bajo estos parámetros actuó el tribunal de arbitramento.
Por lo explicado no brotan razones para modular el laudo, en los términos solicitados por la organización sindical.
Sin costas, dado que no hubo réplica.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NO ANULAR NI DEVOLVER el laudo arbitral del 9 de agosto de 2021, proferido por el Tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS, SINTRAOFAN y el MUNICIPIO DE VENECIA (Antioquia), en los términos solicitados por la organización sindical.
SEGUNDO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
ACLARACIÓN DE VOTO
Empresa: Municipio de Venecia - Antioquia
Sindicato: Sintraofan
Radicación: 91379
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que aclaro el voto toda vez que, si bien estoy de acuerdo con la decisión de no devolver el laudo para resolver la cláusula primera -aumento salarial-, no comparto que para ello se haya argumentado que el aumento salarial sin retrospectividad decretado por el Tribunal no es contrario al equilibrio económico que rige entre las partes.
Nótese que el sindicato argumentó que el Tribunal concedió el incremento por unos periodos diferentes a los solicitados en el pliego, de modo que su ataque estaba enfocado a demostrar la vulneración del principio de congruencia.
Así, la Corte ha debido precisar que ese ataque era improcedente, pues aún considerando la extralimitación del Tribunal, anular ese punto del laudo hubiese sido más gravoso para el sindicato porque hasta esa determinación -la anulación de la cláusula- llega la competencia de la Sala, sin que haya lugar a gestiones posteriores como el reestudio de la cuestión o la devolución a los árbitros.
En efecto, la jurisprudencia ha establecido pacíficamente que la devolución opera cuando los árbitros declaran su falta de competencia bien de forma explícita o implícita, o se inhiben de adoptar una decisión a pesar de estar facultados para resolver de fondo. Por tanto, si conceden o niegan total o parcialmente un punto, no procede su devolución; y en caso de que la Corte anule, ahí termina su competencia, sin que haya lugar a pronunciarse en equidad pues ello sería usurpar la competencia que se le asigna a los árbitros.
Ahora, a mi juicio también era admisible entender que lo que pretendía el sindicato era que el Tribunal se pronunciara sobre los aumentos salariales solicitados para el 2018 y 2019, 2020 y 2021, que es lo que me parece que entendió la mayoría de la Sala al resolver este punto.
Sin embargo, en ese caso no era pertinente elucidar sobre si la decisión del Tribunal de disponer el incremento salarial sin retrospectividad era contraria o no al equilibrio económico, como lo hizo la Sala. Lo correcto era, según la jurisprudencia de la Corte, indicar que al ser concedida parcialmente la petición del pliego, la Sala no podía anularla ni devolverla con el fin de obtener un reexamen de la misma, de modo que no era dable acceder a lo pretendido.
Dejo así sustentado mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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