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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1882-2020

Fecha
27 de mayo de 2020
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1882-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 24 de enero de 2018, en el proceso que TULIA BEATRIZ BARRERA MONTAÑEZ adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1882-2020

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

27 de mayo de 2020

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL1882-2020

Radicación n.° 81572

Acta 18

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación que interpuso TULIA BEATRIZ BARRERA MONTAÑEZ contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 24 de enero de 2018, en el proceso que adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

La citada actora promovió demanda laboral contra la accionada para que reliquide su pensión de vejez, con el 75% del promedio de todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios, junto con el pago de los reajustes, la indexación, los intereses moratorios, las costas del proceso y lo que se encuentre probado ultra y extra petita.

En respaldo de sus pretensiones, refirió que laboró al servicio de Acerías Paz del Río S.A. desde el 25 de abril de 1974 hasta el 27 de noviembre de 2003; que el 27 de octubre de 2005, el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones le reconoció la pensión de vejez a partir del 22 de octubre de 2004, mediante Resolución n.° 006127; que dicha prestación se calculó conforme al ingreso base de liquidación de los diez últimos años de aportes; que el promedio mensual de lo percibido entre noviembre de 2002 y octubre de 2003 correspondió a $1.896.273, suma que al aplicarle una tasa de reemplazo de 75% arroja una mesada inicial de $1.422.047 y al indexarse asciende a $1.769.447, y que, no obstante, la administradora de pensiones reconoció la prestación en cuantía de $1.272.410 (f.º 4 a 10).

Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso al éxito de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que las cotizaciones al sistema se hicieron a través del empleador Acerías Paz del Río S.A., el reconocimiento de la prestación, el ingreso base de liquidación que se tuvo en cuenta para calcular la pensión y el monto de la misma.

En su defensa, propuso las excepciones de mérito que denominó prescripción, inexistencia del derecho reclamado y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe de la entidad demandada, pago y/o compensación, «imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal», no pago de los intereses moratorios, «no configuración de derecho al pago del I.P.C. ni pago de indexación o ajuste alguno», imposibilidad de condena en costas, «innominada o genérica» y «declaratoria de otras excepciones» (f.º 30 a 43).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de sentencia de 10 de agosto de 2016, el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la convocada a juicio de todas las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a cargo de la demandante (f.° 85 CD n.º 5).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de la actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión de primer grado (f.° 129 CD no. 6).

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal señaló que le correspondía establecer si a la demandante le asiste o no derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con base en el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

A continuación, indicó que no es objeto de discusión (i) que la demandada le reconoció a la actora una pensión de vejez en cuantía de $1.272.470 con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y (ii) que para obtener dicha suma tuvo en cuenta un ingreso base de liquidación de $1.413.789 y una tasa de reemplazo de 90%.

Asimismo, consideró que no es posible reliquidar la prestación de la accionante conforme a lo devengado en el último año de servicio, toda vez que el Acuerdo 049 de 1990 -norma bajo la cual se concedió el derecho-, no contempla ese IBL, aunado a que no podía hacerse una mixtura entre dicha disposición y las leyes 71 de 1988 y 33 de 1985.

Igualmente, estableció que si lo que pretendía la convocante era que se liquidara su pensión conforme al ingreso base de liquidación consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, ello tampoco era posible dado que el régimen de transición consagró que se aplicaría la norma anterior únicamente en cuanto a la edad, semanas de cotización o tiempo de servicios y monto, pero no el IBL que se calcula conforme a la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de lo cotizado durante los diez últimos años de servicio, el tiempo que a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social le hiciere falta para causar el derecho o el promedio de toda la vida laboral, según corresponda, para propender por la sostenibilidad financiera del sistema y el principio de igualdad.

Resaltó que ese es el criterio de esta Sala, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional tal como quedó plasmado en las sentencias CC C-258-2013, CC SU-230-2015 y CC SU-395-2017.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado para que, en sede de instancia, «profiera sentencia condenatoria contra la demandada, en la cual se acceda a las pretensiones de la demanda y se ordene a la demandada la reliquidación de la pensión de vejez de acuerdo al 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios».

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica dentro del término legal.

CARGO ÚNICO

Acusa la decisión de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Para sustentarlo, aduce que si bien el Tribunal determinó que la accionante era beneficiaria del régimen de transición que consagra dicha norma, lo cierto es que no le dio la intelección adecuada a los incisos 2.° y 6.° ibidem, pues no tuvo en cuenta que esa disposición contempla que el ingreso base de liquidación hace parte integrante del monto y, en tal medida, si aquel se incrementa este también.

Refiere que con esa interpretación el ad quem vulneró el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, pues las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, las leyes 71 de 1988 y 33 de 1985, eran más benévolas.

Sostiene que el sentenciador de alzada vulneró el artículo 58 Superior al no darle aplicación al «derecho adquirido a la transición», pues al momento de la entrada en vigencia de la norma de seguridad social, a la actora le faltaban 11 días para cumplir el tiempo de servicio necesario para adquirir la prestación. Para sustentar lo anterior, citó apartes de la sentencia CC C-789-2002.

OPOSICIÓN

Al oponerse al cargo, Colpensiones manifiesta que la demanda de casación adolece de deficiencias de orden técnico, pues, en primer lugar, el alcance de la impugnación se formuló mal toda vez que no se le indicó a la Corte cómo debe actuar en sede de instancia; esto es, si modificar, confirmar o revocar la decisión de primer grado.

Asimismo, señala que la acusación se orienta por la vía indirecta pero la modalidad de violación es la interpretación errónea que es exclusiva de la senda jurídica y tampoco indica los errores de hecho en los que incurrió el sentenciador de alzada ni las pruebas no apreciadas o erróneamente valoradas.

Igualmente aduce que, en la sustentación del cargo, el recurrente tampoco refiere cuál fue la interpretación equivocada que el ad quem le dio a la norma, pues simplemente se limita a plantear un «posible yerro».

Por otra parte, establece que aun si se pasaran por alto dichas falencias la demanda no saldría avante, dado que conforme a la jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional el régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 mantuvo la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo de la norma anterior, pero no el ingreso base de liquidación, pues este se calcula conforme al inciso 3.° ibidem o al artículo 21 de la ley de seguridad social. Para sustentarlo, trajo a colación las sentencias CSJ SL 33851, 27 en. 2001 y CSJ SL5480-2014.

Del mismo modo, considera que tampoco es posible, como lo solicita la recurrente, que se le apliquen las exigencias del Acuerdo 049 de 1990 para causar la pensión, pero se calcule el ingreso base de liquidación conforme a lo consagrado en la Ley 33 de 1985, pues ello iría contra el principio de inescindibilidad de las normas, dado que no es viable tomar de cada una lo más conveniente.

CONSIDERACIONES

Si bien, tal como lo indicó la opositora, la impugnante no le señala a la Corte qué hacer en sede de instancia; es decir, si confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, es posible concluir que su intención es obtener su revocatoria al solicitar que «en sede de instancia profiera sentencia condenatoria contra la demandada, en la cual se acceda a las pretensiones de la demanda», toda vez que aquella fue absolutoria.

Por otra parte, respecto al reproche de Colpensiones en cuanto a que la censora, a pesar de orientar el cargo por la vía indirecta, plantea como modalidad de violación la interpretación errónea que es un concepto exclusivo de la senda del puro derecho, debe advertirse que del desarrollo del cargo es posible determinar que la intención de la recurrente es atacar la sentencia de alzada por la vía directa, pues prescinde totalmente de argumentos fácticos; en consecuencia, para la Sala dicha alusión no es más que de un simple lapsus scribae que no tiene la virtualidad de descalificar la demanda de casación.

Ahora bien, le corresponde a la Corte establecer si erró el ad quem al determinar que el IBL de la pensión consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe calcularse conforme a su mandato o si, por el contrario, ha de establecerse según lo previsto en el régimen anterior o, en su defecto, en otra disposición, como las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988.

De entrada, debe precisarse que el Tribunal no cometió ningún error dado que su decisión acompasa con la línea jurisprudencial reiterada, uniforme y pacífica de esta Sala de la Corte (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 43336, CSJ SL, 10 may. 2011, rad. 37929, CSJ SL3272-2014, CSJ SL12845-2015, CSJ SL9808-2016, CSJ SL4693-2017, CSJ SL12419-2017, CSJ S L3106-2018, CSJ SL3278-2018, entre otras), según la cual el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo conservó a sus beneficiarios lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto porcentual de la prestación; los demás aspectos, tales como el ingreso base de liquidación, quedaron sometidos al imperio normativo de la nueva ley de seguridad social; por tanto, para tal efecto, no es posible acudir a disposiciones precedentes.

Al amparo de esta construcción jurídica, ha dicho la Sala que el concepto «monto» hace referencia únicamente al porcentaje o tasa de reemplazo que se aplica, mas no a la base reguladora de la pensión o a los ingresos en que se fundamenta la liquidación. Es decir, aunque el monto y el ingreso base de liquidación son dos conceptos que están íntimamente ligados para cuantificar la pensión, son diferentes.

Consecuente con lo anterior, esta Corporación también ha puesto de relieve que el ingreso base de liquidación de la pensión de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3.° del artículo 36 ibidem, y para aquellos que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo.

Sobre el particular, esta Corporación en sentencia CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343 reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 31711, CSJ SL15602-2014, CSJ SL6476-2015, CSJ SL12998-2015 y, recientemente, en CSJ SL8563-2016, CSJ SL9808-2016, CSJ SL2510-2017, CSJ SL4093-2017, CSJ SL13184-2017, CSJ SL1901-2018 y CSJ SL2010-2018, adoctrinó:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales (…)

(…)

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Así las cosas, es posible concluir que la norma aplicable en este asunto en materia de ingreso base de liquidación es la Ley 100 de 1993 y no las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 y, mucho menos, como lo pretende la demandante, el consagrado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, pues la prestación se concedió conforme a los postulados del Decreto 758 de 1990, y no es viable tomar de cada régimen los presupuestos que más le convengan, en cuanto ello sería desconocer el principio de inescindibilidad de las normas.

Por lo anterior, no incurrió el juez ad quem en ningún error, en razón a que la base salarial de la pensión de vejez de la demandante se liquidó con fundamento en la nueva ley de seguridad social, tal como lo encontró acreditado el Tribunal en el sub examine.

Por último, es claro para esta Colegiatura que el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, no es aplicable en tanto que el mismo parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, mientras que, en el presente caso, existe norma especial que regula específicamente la forma de calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición. De manera que, al existir ese precepto legal vigente que regula la situación de forma unívoca, es el único aplicable.

A la luz de lo discurrido, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4’240.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 24 de enero de 2018, en el proceso que TULIA BEATRIZ BARRERA MONTAÑEZ adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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