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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1891-2020

Pensión de vejez

Fecha
17 de junio de 2020
Magistrado ponente
Luis Benedicto Herrrera Diaz
Citada por
20 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1891-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La demandante conservó el régimen de transición hasta 2014 pese a no contar con 750 semanas al entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005?

  2. ¿El límite temporal al régimen de transición vulneró sus derechos adquiridos y los principios de progresividad y confianza legítima?

Reglas

  1. El régimen de transición se conserva si sus requisitos pensionales se cumplen antes del 31 de julio de 2010; si no, se extiende hasta 2014 para quien tenía 750 semanas al entrar en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005.

    «se contaba con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, circunstancia en el cual se conservará el régimen de transición»
  2. La transición legislativa mitiga los efectos negativos del cambio normativo para quienes venían construyendo el cumplimiento de los requisitos de una prestación.

    «la finalidad de una etapa de transición es la de mitigar los efectos negativos generados por un cambio legislativo»
  3. El límite al régimen de transición no vulnera la progresividad cuando prevé un plazo para cumplir requisitos y protege expectativas legítimas, con miras a la sostenibilidad financiera.

    «la variación constitucional no se dio de manera arbitraria e inconsulta, sino que tuvo en cuenta los derechos adquiridos y planeó una fórmula de extinción paulatina del régimen de transición»
  4. La calidad inicial de beneficiario del régimen de transición no es un derecho adquirido a conservarlo más allá de las condiciones y plazos constitucionales.

    «la condición para conservarlo hasta el año 2014 no la cumplió, condición que fue la que introdujo la normativa superior de 2005»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que confirmó la absolución de Colpensiones. Impuso costas a la recurrente.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso promovido por EVANGELINA TIERRADENTRO DE ACEVEDO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES). Costas en el recurso extraordinario como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1891-2020

Magistrado ponente: Luis Benedicto Herrrera Diaz

17 de junio de 2020

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

SL1891-2020

Radicación n.° 75213

Acta 21

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por EVANGELINA TIERRADENTRO DE ACEVEDO, contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2016 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso seguido por la recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

ANTECEDENTES

Evangelina Tierradentro de Acevedo promovió proceso ordinario laboral en contra de Colpensiones, con el fin de que se declarara que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con su correspondiente retroactivo, conforme al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que se le condene a pagar dicha prestación a partir del 1º de enero de 2014, los intereses moratorios, la indexación, las costas y agencias en derecho y se falle ultra y extra petita.

Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones relató que nació el 18 de octubre de 1952, por lo que cumplió 55 años el mismo día y mes de 2007, que durante su vida laboral estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida, donde cotizó más de 1.055,17 semanas y que su último pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones lo efectuó como trabajadora independiente el 30 de diciembre de 2013, que el 26 de marzo de 2014 presentó reclamación a Colpensiones, la que le fue negada, y que cumple con el requisito de edad exigido por la ley.

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó se denegaran por considerarlas infundadas y sin respaldo fáctico. Respecto de los hechos, admitió los relativos a la fecha de nacimiento de la actora, su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, semanas cotizadas, la reclamación de la pensión de vejez y la respuesta adversa a la solicitud de reconocimiento de la prestación.

En su defensa, propuso las excepciones de ausencia de la obligación reclamada a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), buena fe, prescripción, no se deben intereses moratorios y las de oficio que resulten probadas.

SENTENCIA DEL JUZGADO

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, en sentencia del 1º de octubre de 2014, absolvió a la demandada de todas las pretensiones e impuso costas a la parte actora (fls.56 a 59).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por sentencia de 25 de abril de 2016, confirmó la decisión del a quo e impuso costas a la parte demandante.

Expresó que el problema jurídico consistía en determinar si la demandante mantuvo el régimen de transición, y de ser así, si es beneficiaria de la pensión de vejez. Seguidamente manifestó que la tesis sostenida por el Tribunal consistía en que «si bien la demandante fue beneficiaria del régimen de transición, lo perdió el 31 de julio de 2010, cuando entra en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, pues no cotizó las semanas requeridas para que su beneficio se extendiera hasta el 2014».

Explicó que la demandante fue beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia de la misma contaba con más de 35 años de edad, además, el 18 de octubre de 2007 cumplió la edad exigida por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, pero las semanas cotizadas no le alcanzaban, «pues en los últimos 20 años anteriores a la edad mínima solamente cotizó 298.69 semanas».

Anotó que a la entrada en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 la actora tenía 580.15 semanas de cotización, no alcanzado las 750 requeridas para conservar el régimen de transición, razón para que su beneficio solo lo tuviera hasta el 31 de octubre de 2010, momento para el cual sumaba en total 786.64 semanas, razón suficiente para afirmar que no cumple con los requisitos del Decreto 758 de 1990.

En relación con el argumento del apelante sobre la confianza legítima, adujo que dicho principio no se encuentra transgredido, para lo cual se apoyó en lo expuesto por la Corte en la sentencia SL17447-2014.

Finalmente, consideró que la actora tampoco podía acceder al beneficio pensional a la luz del artículo 9°. de la Ley 797 de 2003, por cuanto acredita un total de 1.018 semanas cotizadas, lo cual no es suficiente, puesto que se requieren como mínimo 1.300 semanas de cotización para el año 2014.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado, y en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito y por la causal primera de casación formula un cargo, que fue replicado y que pasa ser examinado por la Corte.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia recurrida por «VIOLACIÓN DIRECTA de la ley sustancial, en la modalidad de INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con los artículos 53, 58 y 93 de la Constitución Política; los artículos 2, 9 y 11 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, (incorporados a la legislación interna mediante la Ley 74 de 1968); el artículo 4 y numeral 1 del artículo 9 del PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICO, SOCIALES Y CULTURALES, “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR (incorporado a la legislación interna mediante la Ley 319 de 1996) y el artículo 26 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”, lo que condujo al Tribunal a APLICAR INDEBIDAMENTE la ley 100 de 1993, artículo 33 y el Parágrafo Transitorio No. 4 del Acto Legislativo No, 01 de 2005».

En la demostración del cargo censura al Tribunal por haber negado el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, «bajo el argumento que la recurrente perdió su régimen de transición en consideración a que no cotizó un número mínimo de 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005», lo que significa «desconocer el Régimen de Transición como derecho Adquirido y el Principio de Progresividad y no Regresividad en materia laboral».

Manifiesta que la regla contenida en el parágrafo 4º del Acto Legislativo 01 de 2005, encuentra inaplicación por contradecir otras disposiciones constitucionales, como el artículo 58 superior que garantiza los derechos adquiridos y el mismo cuerpo normativo del Acto Legislativo No. 01 de 2005, que en tres oportunidades habla de preservar los derechos adquiridos, como quiera que aquellos sujetos que al 01 de abril de 1994, que hubieren cumplido con algunos de los dos requisitos que exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de transición, consolidan una situación individual y subjetiva que se ha creado y definido bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, configurándose así el régimen de transición como un derecho adquirido, por lo que no existen razones de derecho para que una ley posterior en forma retroactiva invierta la voluntad del constituyente, desmejorando la mentada situación consolidada.

Aduce que el Acto Legislativo en mención, además viola el artículo 48 superior que establece que la seguridad social es irrenunciable. Y agrega: «El artículo 1 superior que caracteriza a Colombia como un Estado Social de Derecho y el artículo 93 constitucional que determina la prevalencia de los Convenios y Tratados Internacionales y que los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales se materializan en el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social, previsto en el artículo 9 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES y la garantía de que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que le imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa […]».

En adición expresa que el Tribunal también ha debido inaplicar el parágrafo 4º del referido acto legislativo en razón a que vulnera el principio de progresividad de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales (DESC) en especial el derecho a la pensión y la prohibición concomitante de la regresividad de estos derechos que se encuentran consagrados en el artículo 48 de la Constitución Política.

Posteriormente transcribe los artículos 2 y 11,1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el 4º del Protocolo de San Salvador, para señalar que cuando un afiliado que cumple los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, adquiere un determinado nivel de protección constitucional, «en este caso el derecho al régimen de transición» no puede ser desconocido por normas posteriores, pues el régimen de transición es un derecho adquirido.

RÉPLICA

Señala que el cargo no tiene vocación de prosperidad por cuanto no desarrolla un argumento fundado en normas sustantivas de alcance nacional, sino que la argumentación se asemeja más a un alegato de instancia. En ese orden expresa que las críticas que eleva el recurrente son orientadas al legislador más que a los jueces, en tanto el Acto Legislativo 01 de 2005 es producto de una reforma constitucional, frente al cual los juzgadores no tienen otro camino que aplicarlo.

Aduce que no es posible considerar que en el presente caso exista una antinomia o colisión entre los artículos 48 y 58, ni mucho menos entre el mismo artículo 48 y su acto reformatorio 01 de 2005, pues el hecho que se haya impuesto al régimen de transición unos requisitos de densidad de semanas, ello en nada viola la progresividad en materia de seguridad social.

Respecto de lo que pretende el recurrente, relativo a que se haga un examen de la validez del Acto Legislativo, considera que la Sala de Casación no tiene esa función.

CONSIDERACIONES

En virtud a la senda por la cual orientó su ataque la censura, que lo fue la de puro derecho, no hay controversia sobre los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal: (i) que la actora a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad; (ii) que los 55 años de edad exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, los cumplió el 18 de octubre de 2007; (iii) que en los últimos 20 años anteriores a la edad mínima para acceder a la pensión cotizó 298.69 semanas; (iv) que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la demandante había sufragado 580.15 semanas; y (v) que al 31 de julio de 2010 registraba 786.64 semanas sufragadas y 1.018 en toda su vida laboral.

Lo anterior condujo al ad quem a concluir que si bien era cierto que la demandante inicialmente era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo era que al momento de entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, por no alcanzar las 750 semanas de cotización requeridas su beneficio no se extendió hasta el año 2014. Tampoco la actora podía acceder al beneficio pensional a la luz de la Ley 797 de 2003, por cuanto acredita un total de 1.018 semanas, inferior a las 1.300 requeridas.

Pues bien, la Corte en reiteradas oportunidades ha expresado que la finalidad de una etapa de transición es la de mitigar los efectos negativos generados por un cambio legislativo a personas que, por determinado espacio temporal, vienen construyendo el cumplimiento de requisitos para ser beneficiados con el reconocimiento de una prestación conforme a la norma derogada por la nueva normativa.

Ahora, el parágrafo 4º del Acto Legislativo 01 de 2004 dispuso:

Parágrafo transitorio 4°: El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizados al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

Al examinar la norma transcrita, en lo referente a las condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 lo conservaran, la Corte ha precisado su alcance. Así, en sentencia SL636-2020, que reiteró lo expuesto en sentencias SL19568-2017 y SL-1291-2019, expresó:

Así las cosas, ante la modificación introducida por la aludida preceptiva, se tiene que existen dos situaciones en las que los beneficiarios del tránsito legislativo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pueden acceder a su prerrogativa pensional amparados por el mismo.

La primera, cuando se cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones, previstos por el régimen anterior a 31 de julio de 2010, caso en el cual se mantiene la situación pensional conforme a este y no se afectan las condiciones para acceder derecho, así no se haya reclamado la pensión. La segunda, cuando a pesar de no acreditar los presupuestos legales, conforme a la norma pensional anterior antes del 31 de julio de 2010, al momento de entrar en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2005, se contaba con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, circunstancia en el cual se conservará el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de diciembre de 2014.

Aduce la recurrente que la norma en cita viola el principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, en especial el derecho a la pensión y la prohibición concomitante de la regresividad de estos derechos. Al respecto esta Sala ha considerado que a la luz del principio de progresividad se entiende que una reforma beneficia a la generalidad de la población, tanto a nivel de cobertura como de protección individual, así lo explicó en la sentencia SL4650-2017:

Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, en concordancia plena con las normas de derecho internacional ratificadas por nuestro país, en especial el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, los sistemas de derechos sociales, económicos y culturales deben ser progresivos. Implica de manera general, dando aplicación al postulado de universalidad, que cuando se logra una determinada cobertura del servicio público, esta no puede ser disminuida posteriormente. En lo individual, los requisitos de acceso a las prestaciones otorgadas por el servicio público, en principio, no pueden ser agravados por la acción estatal, pues tales per se materializan el nivel de protección social alcanzado. Toda imposición de requisitos más exigentes para el acceso a las prestaciones es sospechosa de regresividad y, por tanto, pero sólo en principio, inconstitucional. No es que los sistemas de derechos sociales y económicos no puedan ser regresivos en un momento determinado, lo pueden ser; pero para que el Estado pueda contrariar el postulado de progresividad debe fundamentar su decisión en poderosas razones derivadas de cambios sociales o económicos que amenacen la viabilidad del sistema de derechos.

A la luz del principio de progresividad se entiende que una reforma, siempre beneficia a la generalidad de la población, tanto a nivel de cobertura como de protección individual. La aplicación de principios, que permitan la aplicación retroactiva de la ley, solo se justifica en razones de favorabilidad, dada la presunción de progresividad, lo que en términos más simples, implica no expulsar a quienes, dada su situación concreta, ya están siendo protegidos, en caso de que con la nueva normativa se vea disminuido su nivel de protección individual.

En ese orden, cabe destacar que el cambio normativo al que se viene haciendo referencia no se dio de manera abrupta, en tanto consagró un término para que los afiliados pudieran cumplir con los requisitos para causar la prestación y, de esa forma, proteger el principio de confianza legítima y salvaguardar sus expectativas. En ese sentido, dijo la Corte en la sentencia SL4442-2019:

Por último, la Corte ha indicado que la expedición del Acto Legislativo no. 1 de 2005 no aparejó una vulneración de los principios de progresividad y no regresividad o el quebrantamiento de los instrumentos internacionales en los que se apoya la censura, pues la variación constitucional no se dio de manera arbitraria e inconsulta, sino que tuvo en cuenta los derechos adquiridos y planeó una fórmula de extinción paulatina del régimen de transición, teniendo en cuenta las expectativas legítimas de ciertos afiliados, además de que estuvo justificada en la necesidad de lograr la sostenibilidad financiera del sistema pensional, fruto de lo cual, contrario a lo dicho por la censura, debe prevalecer el interés general sobre el particular.

En la sentencia CSJ SL841-2019, la Corte explicó al respecto:

Ahora bien, en cuanto al argumento de la recurrente según el cual, la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, va en contra del principio de progresividad y vulnera lo establecido en los instrumentos internacionales, la Corte ha manifestado que ello no es así, puesto que la implementación del cambio normativo no se dio de manera abrupta, en cuanto consagró un término para que los afiliados pudieran cumplir con los requisitos para causar la prestación y, de esa forma, protegerles el principio de confianza legítima y salvaguardar sus expectativas.

Es reiterativa la recurrente en que el régimen de transición que la arropó inicialmente constituía un derecho adquirido, y que por virtud del principio de progresividad no podía ser desconocido por normas posteriores, sin embargo, debe anotarse que, contrario a lo afirmado por la censura, la reforma constitucional no desconoció ningún derecho de esa naturaleza respecto de la demandante, pues si bien contaba con el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en su favor, lo cierto es que la condición para conservarlo hasta el año 2014 no la cumplió, condición que fue la que introdujo la normativa superior de 2005, como en efecto aconteció.

Así las cosas, queda en evidencia que el juzgador de segundo grado no se equivocó al confirmar el fallo del a quo, por lo que el cargo no prospera.

Costas en casación a cargo de la recurrente y a favor de la parte opositora, en su liquidación inclúyase la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000) por concepto de agencias en derecho.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso promovido por EVANGELINA TIERRADENTRO DE ACEVEDO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Costas en el recurso extraordinario como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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