RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2022 › SL207-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL207-2022

Pensión de sobrevivientes

Fecha
26 de enero de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL207-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Son compatibles la pensión de sobrevivientes de origen laboral y la de origen común cuando ambas derivan de la muerte del mismo afiliado?

  2. ¿Procede aplicar el principio de favorabilidad para reconocer ambas prestaciones?

Reglas

  1. Las pensiones de sobrevivientes de riesgos laborales y del sistema general de pensiones son incompatibles si tienen origen en el mismo evento, porque cubren la misma contingencia.

    «ante igual acontecimiento, como es la muerte o la invalidez, no pueden percibirse de manera simultánea pensiones de ambos subsistemas»
  2. La protección de invalidez o muerte corresponde al subsistema definido por el origen laboral o común de la contingencia.

    «ante un mismo evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la protección según el origen de la contingencia»
  3. Cuando se reconoce la prestación por origen laboral, el sistema pensional complementa esa protección con la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, según el régimen del afiliado.

    «de proceder la prestación de origen laboral, se establece de manera coordinada y complementaria el derecho a recibir la indemnización sustitutiva o devolución de saldos en el pensional»
  4. La favorabilidad no opera si no existe duda sobre cuál fuente normativa gobierna la controversia.

    «no existe duda en la aplicación o interpretación de una o más fuentes formales de derecho que regulen en forma diferente la materia debatida»

Decisión

La Corte no casó la sentencia del Tribunal que negó la pensión de sobrevivientes de origen común, pues la prestación laboral ya cubría la muerte del afiliado; mantuvo las costas impuestas a la recurrente.

Parte resolutiva

XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 5 de febrero de 2020, en el proceso que instauró SANDRA PATRICIA CASTRO PADILLA en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL207-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

26 de enero de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL207-2022

Radicación n.° 88500

Acta 02

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SANDRA PATRICIA CASTRO PADILLA en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 5 de febrero de 2020, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

AUTO

Reconocer personería adjetiva a la sociedad Arellano Jaramillo & Abogados S.A.S. con NIT. 900.253.759-1 como apoderada general de la sociedad Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos de la escritura pública obrante en el cuaderno de la Corte.

Reconocer personería adjetiva a la doctora Rosalba Chica Córdoba, con c.c. 31.230.646 de Cali y tarjeta profesional n.° 13.763 del Consejo Superior de la Judicatura, como procuradora sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos del poder conferido obrante en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Sandra Patricia Castro Padilla, en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB, demandó a Colpensiones para que se declarara que les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, desde el 20 de septiembre de 2015, por el fallecimiento de su esposo y padre dado que es compatible con la pensión de sobrevivientes otorgada por la ARL; los intereses moratorios; la indexación de cada mesada; lo que resulte probado extra y ultra petita, y las costas y agencias en derecho.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que Sandra Patricia Castro Padilla contrajo matrimonio con César Helbert Cerón, quien falleció el 20 de septiembre de 2015, como consecuencia de un accidente laboral; que de dicha unión procrearon a los menores AAA y BBB; que al momento del fallecimiento el causante se encontraba afiliado a la entidad demandada, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte y había cotizado un total de 808,14 semanas y en los 3 años anteriores al deceso 134,35 semanas; que la ARL Positiva les reconoció pensión de sobrevivientes derivada del accidente laboral; que la llamada a juicio les reconoció la indemnización sustitutiva; y que agotaron la reclamación administrativa.

Colpensiones, al contestar el escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, incompatibilidad de las pensiones de sobrevivientes, ausencia de la demostración de los elementos fácticos que sustentan la aplicación de una norma dentro del trámite administrativo y judicial, no procedencia de los intereses, prescripción y las que denominó innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 22 de enero de 2019, condenó a la convocada a la pensión de sobrevivientes cuya «suma actual a pagar $8.634.291, las siguientes mesadas que se vayan causando deberán ser indexadas por Colpensiones»; declaró no probadas las excepciones, y a la parte vencida le impuso costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y el grado jurisdiccional de consulta, mediante la providencia del 5 de febrero de 2020, revocó la decisión proferida en primera instancia y, en su lugar, absolvió a la accionada. Impuso costas en las dos instancias a cargo de la parte demandante.

El colegiado estimó que debía resolver dos problemas jurídicos: (i) si la pensión de sobrevivientes derivada del sistema de pensiones -origen común- deprecada por la parte accionante es compatible con la pensión de sobrevivientes de origen laboral que les fue reconocida por la ARL, y (ii) en caso afirmativo, si son procedentes los intereses moratorios estatuidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Sobre la compatibilidad de las pensiones de sobrevivientes

Sostuvo que la pensión de sobrevivientes de origen laboral es incompatible con la de origen común, dado que opera la exclusión consagrada en el parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 puesto que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho a la pensión de vejez, condición necesaria para que procediera la compatibilidad pensional.

Luego se refirió a las características de cada uno de los subsistemas de pensiones y riesgo laboral, y sobre la compatibilidad entre las pensiones propias del sistema de riesgos profesionales y las derivadas del sistema de pensiones, asentó que la jurisprudencia de esta Corporación ha venido predicando que ambos beneficios pueden percibirse de manera simultánea, desde que los posibles beneficiarios acrediten las exigencias legales, dado que dichas pensiones mantienen causas, fuentes de financiación, finalidades y regulaciones diferentes, tal como se adujo desde la sentencia CSJ SL, 1 dic. 2009, rad. 33558, que fue retomada en las providencias CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 33265 y CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 40560.

Enseguida trajo a colación el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, que estableció una regla por parte del legislador según la cual en los eventos en que el sistema de riesgos laborales entre a cubrir prestaciones de invalidez o de sobrevivientes como consecuencia de un accidente de trabajo, el sistema de pensiones debe proceder a la devolución de saldos, si el afiliado se encontraba vinculado al régimen de ahorro individual o a la indemnización sustitutiva si lo estaba al régimen de prima media con prestación definida.

Agregó que, no obstante, estas normas no pueden entenderse de manera aislada, sino dentro de una lectura sistemática, conjunta y armónica de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, puesto que, según los artículos 37 y 66 de esta normatividad, la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos solamente proceden como garantías subsidiarias en caso de no haberse cumplido las exigencias legales para acceder a la pensión de vejez, bien sea en el régimen de prima media o en el de ahorro individual, puesto que, en caso de que un afiliado acredite la totalidad de requisitos, el sistema de pensiones deberá otorgar de manera imperativa la prestación correspondiente al tratarse de un derecho causado y consolidado.

Acotó que esta Corte, en la sentencia CSJ SL4399-2018, explicó que la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva por parte del sistema de pensiones, prevista en los artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776 de 2002, para cuando el régimen de riesgos laborales otorgue las prestaciones de invalidez o de sobrevivencia, solo es viable en los casos en que el afiliado no tenga ya causada la pensión de jubilación o de vejez en vida por no haber cumplido edad y tiempo de servicios, puesto que, en tal evento, se habría configurado un derecho adquirido en el patrimonio del titular y que, en esa medida, el sistema de seguridad social está llamado a salvaguardar, de modo que, causada la pensión, no podría el sistema otorgar, en su lugar, los saldos existentes en la cuenta individual o la indemnización sustitutiva, pues ello sería atentar contra el mandato previsto en el artículo 58 de la Constitución Política y la teoría de los derechos adquiridos.

Tras referirse a la sentencia CSJ SL1954-2019, concluyó que las pensiones resultaban incompatibles pues el causante no satisfizo los requisitos para acceder a la pensión de vejez y, en ese orden de ideas, lo que les corresponde a los beneficiarios es la indemnización sustitutiva.

Así, dispuso revocar la sentencia apelada y, en su lugar, absolver a la llamada a juicio de la pensión de sobrevivientes, por lo que, se relevaba de estudiar el segundo problema jurídico atinente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. A la parte vencida le impuso costas en las dos instancias.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la parte recurrente que la Corte case la sentencia recurrida y como «consecuencia de la casación de la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, objeto del presente recurso, solicito a la Honorable Sala de Casación Laboral, adicionar la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda inicial y condene a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales se estudiarán conjuntamente dado que pretenden idéntico fin.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de violar la ley sustancial, por vía directa,

[E]n la modalidad de FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 13, 25, 29, 48, 53 y 243 de la Constitución Política, en relación con el parágrafo 2° del artículo 10 de la ley 776 de 2002 y los artículos 10, 13 literal C, 31, 46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993.

Aduce que el dislate se produjo al:

[…] No aplicar debiendo hacerlo, las normas enlistadas de la ley 100 de 1993, en tanto el régimen de pensiones no limita la posibilidad de adquirir la pensión bajo el cumplimiento de los requisitos vigentes.

4.2.2.2. No aplicar debiendo hacerlo, las previsiones normativas del régimen de pensiones bajo el principio de favorabilidad, en tanto el sistema de la ley 100 de 1993 permite adquirir la pensión con el cumplimiento de los requisitos y el parágrafo 2° de la ley 776 de 2002 limita dicha posibilidad.

Afirma que se trata de determinar cuál es el sentido de la aplicación de los artículos mencionados de la Ley 100 de 1993, con respecto de los cuales se regula el régimen de pensiones, aplicable a la pensión de sobrevivientes y las normas restrictivas de que trata el artículo 10° parágrafo 2° de la ley 776 de 2002.

En ese horizonte, dice, es palmario que el Tribunal al revocar la sentencia de instancia, no aplicó el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 superior y optó por aplicar la norma restrictiva de la Ley 776 de 2002 y, ello es así, por cuanto en caso de comparación de varias normas vigentes, laborales, aplicables, debe optarse por la que más beneficie al pensionado, afiliado o beneficiario, ya que se trata de un sistema de aseguramiento en el cual Colpensiones ha recibido las cotizaciones y debe reconocer las prestaciones que otorga el sistema bajo el cumplimiento de las normas aplicables ya que las prestaciones y garantías del sistema de pensiones de la ley 100 de 1993 comparado con el sistema de riesgos laborales de que tratan el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, tienen:

1) fuente de financiación diferente; 2) reglamentación diferente; 3) cotizaciones diferentes; 4) contingencias diferentes, 5) causas y finalidades diferentes y; 6) fuentes diferentes. Tampoco aplicó los artículos 13, 25 y 48 superiores, ya que consagran el trato igual, el derecho al trabajo; el inciso 8° del artículo 48 no fue aplicado para determinar el alcance de las normas anotadas de la ley 100 de 1993 para el reconocimiento pensional, ya establece que los requisitos y beneficios de la pensión de sobrevivientes son los determinados en por el sistema general de pensiones. Los artículos 10, 13 literal C, 31, 46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993, consagran claramente los beneficios, garantías y requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes, los cuales cumple a cabalidad la demandante y se tuvieron como probados en las dos instancias. Para este caso, los artículos 10 y 13 garantizan el reconocimiento y pago de las prestaciones por las contingencias derivadas de la muerte del afiliado y en favor de sus beneficiarios. El artículo 31 establece que los afiliados o beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones que consagra la ley y lo previsto en el Título I de la ley 100. Y finalmente, los artículos 46 al 48 consagran los requisitos, beneficiarios y monto de la pensión de sobrevivientes, los cuales son aplicables al caso de la demandante.

VII. SEGUNDO CARGO

Ataca la sentencia de violar la ley sustancial, por vía directa, «en la modalidad de FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 53, 93, 94 y 243 de la Constitución Política, en relación con el artículo 9 de la ley 319 de 1996 y los artículos 10, 13 literal C, 31, 46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993».

Afirma que los errores se dieron al:

[…] No aplicar debiendo hacerlo, el artículo 9 de la ley 319 de 1996 que garantiza la aplicación de las normas a favor de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado.

4.2.1.2. No aplicar debiendo hacerlo, los artículos anotados de la ley 100 de 1993, que consagran el derecho al reconocimiento de las prestaciones que otorga el sistema pensional bajo el cumplimiento de los requisitos consagrados en el mismo estatuto.

Explica que la finalidad de las normas que están al nivel de la Constitución Política en aplicación de los artículos 53, 93 y 94 superiores, permite el reconocimiento progresivo y efectivo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que en aplicación de las normas mencionadas de la Ley 100 de 1993, sin que brote restricción alguna, sobre todo cuando se cumplen los requisitos enlistados de manera previa en la ley.

Agrega que ante el sistema de aseguramiento de la seguridad social, acontecido el infortunio de la muerte del causante y habiendo probado el cumplimiento de los requisitos, a pesar de que la Ley 776 de 2002 limita la posibilidad de adquirir la pensión bajo el régimen general de pensiones, «dicha restricción es odiosa ya que la protección debe recaer sobre la familia y beneficiarios del afiliado, en relación con el cual su empleador y él mismo, cubrieron el pago de la cotización; lo consagrado en la ley permite el enriquecimiento sin causa justa de la entidad y la negación de los derechos y garantías de los beneficiarios».

En su sentir, el artículo 53 superior «consagra el principio de situación más favorable en caso de aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Este principio se desconoció, por cuanto el Tribunal solo otorgó un alcance a la norma de la ley 776 de 2002 sin auscultar la finalidad de las normas que permiten el disfrute de los DESC. En conclusión, la infracción directa consiste en que el Tribunal no aplicó las normas superiores al deber interpretar el artículo de la ley 776 de 2002».

VIII. TERCER CARGO

Controvierte la sentencia de violar la ley sustancial, por vía directa, «en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 10 parágrafo 2° de la ley 776 de 2002, en relación con los artículos 29 y 53 de la Constitución Política».

Asevera que el Tribunal incurrió en el yerro de:

No interpretar favorablemente ni aplicar acertadamente, el artículo 10 parágrafo 2° de la ley 776 de 2002, en tanto, deben tenerse en cuenta no que este artículo consagra la pensión de invalidez y no prescripciones aplicables a la pensión de sobrevivientes, violando el principio de in dubio pro operario al beneficiario de dicha prestación.

Expone que el artículo 10 parágrafo 2° de la Ley 776 de 2002, instituye el monto de la pensión de invalidez a favor del afiliado trabajador que dado el cumplimiento de los requisitos, tenga derecho a su reconocimiento, «al estimar que no con acumulables –en gracia de discusión-, las pensiones por invalidez de riesgo común y riesgo laboral en la modalidad de FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 13, 25, 29, 48, 53 y 243 de la Constitución Política, en relación con el parágrafo 2° del artículo 10 de la ley 776 de 2002 y los artículos 10, 13 literal C, 31, 46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993».

Asegura que esa interpretación de la norma, hecha por el Tribunal, «resulta la menos favorable a la beneficiaria, cuando tal proceder está en contra del principio de interpretación a su favor, ya que recuérdese que las normas restrictivas deben ser taxativas y no es permitida la interpretación por analogía. En este caso, la técnica normativa de interpretación no permite tomar una prescripción restrictiva a un supuesto que no corresponde, ya que a pesar de afirmar que se aplica la interpretación sistemática, esta debe obedecer a la interpretación más favorable o beneficiosa y no para restringir su alcance creando desigualdades injustificadas a quienes como la demandante, aspiran a alcanzar su derecho prestacional».

IX. RÉPLICA A LOS TRES CARGOS

La entidad opositora, aduce, en esencia, «que en vista que el causante señor CESAR HELBERT CERON, falleció en accidente laboral, es a la ARL a la cual está afiliado el causante la competente para resolver la solicitud de pensión de sobrevivientes, como efectivamente la ARL la concedió, el día 11 de noviembre de 2015, COLPENSIONES procedió a reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la ley 772 de 2002», por lo que el fallo no se debe quebrar.

X. CONSIDERACIONES

Dado el sendero elegido por la censura para controvertir el acto jurisdiccional fustigado, permanecen incólumes los siguientes supuestos fácticos: (i) que, a Sandra Patricia Castro Padilla, en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB, les fue reconocida pensión de sobrevivientes por parte de la ARL Positiva S.A., con ocasión del fallecimiento de su cónyuge y padre CÉSAR HELBERT CERÓN, ocurrido como consecuencia de accidente laboral el 20 de septiembre de 2015; (ii) que el causante se encontraba afiliado al ISS, en donde alcanzó a cotizar 134,35 semanas, y iii) se negó la pensión de sobrevivientes de origen común, a consecuencia del reconocimiento de la pensión por origen laboral y se les concedió la indemnización sustitutiva.

Puestas en esa dimensión las cosas, la controversia se contrae el elucidar si puede predicarse o no la compatibilidad de la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora Sandra Patricia Castro Padilla, en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB por el sistema de riesgos laborales, a través de la ARL Positiva S.A., con ocasión de la muerte de su compañero, con la implorada pensión de sobrevivientes de origen común.

Para dar respuesta a lo precedente, la Corte acude a la sentencia CSJ SL5092-2020, así:

Configuración del sistema integral de seguridad de social a partir de la Ley 100 de 1993

De conformidad con el artículo 48 de la Constitución se delegó en el legislador el establecimiento de las condiciones sobre las cuales operaría el sistema integral de seguridad social; y haciendo gala del margen de configuración normativa, bajo las reglas y principios constitucionales y los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación introducidos en el estatuto pensional consagró como su objeto el garantizar los derechos irrenunciables tanto de la persona, como de la comunidad de tener una calidad de vida en condiciones adecuadas, cuando ciertas contingencias la puedan afectar, a través de «la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios».

Valga en este punto aludir a la sentencia CC C-760-2004, que indica el alcance de los mismos y que, en cuanto a la integralidad, responde a la cobertura de aquellas contingencias que generan afectación a la salud, la capacidad económica y, en general, las condiciones de vida de todas las personas, las que, a la luz de la solidaridad y ayuda mutua, deben contribuir según su capacidad económica para materializar sus garantías; con ello bajo un modelo que articula las políticas, las instituciones, los regímenes, los procedimientos y las prestaciones que permitan concretar sus fines.

La sentencia dispuso:

La eficiencia es la mejor utilización social y económica de los recursos disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. La universalidad es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna distinción, en todas las etapas de la vida. La solidaridad es la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio de protección del más fuerte hacia el más débil; es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación, control y dirección del mismo. La integralidad es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de la población. Para este efecto cada persona contribuye según su capacidad y recibe lo necesario para atender sus contingencias. La unidad es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. La participación es la intervención de la comunidad a través de los beneficios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto.

Para lograr tal cometido, el legislador conformó el sistema de seguridad integral como un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, que concretan la acción protectora con los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios; cada uno de ellos consagró la contingencia objeto de protección, el ámbito personal, los requisitos para acceder a los servicios y prestaciones que de manera independiente contemplan.

Así, el subsistema de salud, que como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población mediante planes para tal efecto establecidos, a través de dos regímenes: el contributivo dirigido a los trabajadores, o personas con ingresos y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos, o que no cuentan con ellos.

En lo tocante con los subsistemas de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores de un lado, ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, que en la actualidad incluyen tanto a dependientes como a independientes.

Lo hasta acá descrito nos permite reafirmar que el sistema de seguridad social es integral, esto es, es uno solo que, a través de la interacción coordinada de sus subsistemas, busca la cobertura de los servicios y prestaciones, de acuerdo con la contingencia que pueda recaer sobre sus afiliados, de manera que se complementa entre sí para concretar la protección de las personas que lo requieran.

Debe resaltarse que las prestaciones definidas por el legislador dentro de cada subsistema, con base en los principios antes enunciados, parte de la realidad de existencia de recursos limitados para la cobertura de las contingencias a las que se ve expuesta la población, por ello, dispuso que estos debían ser utilizados de la forma más eficiente de manera tal que el acceso a la seguridad social sea adecuado, oportuno y suficiente bajo la dirección y control estatal, «evitando la duplicidad, o cruce de coberturas por los subsistemas».

En ese contexto, el legislador, en aras del principio de eficiencia, contempló que, en el sistema integral de seguridad social, una persona por un mismo evento se beneficie de una sola prestación, o de prestaciones diferenciales entre los subsistemas, mas no que se reconozcan de manera simultánea ante una misma contingencia o evento, y mucho menos si cumplen la igual función o finalidad.

Riesgo objeto de protección por parte del Subsistema de Riesgos Laborales e interacción con el subsistema pensional

Partiendo de lo expuesto, y teniendo en consideración una nueva mirada jurisprudencial, nos encontramos ante un solo sistema dentro del cual interactúan de manera armónica y coordinada sus subsistemas. En cuanto al de Riesgos Laborales, encontramos que el Decreto 1295 de 1994, vigente actualmente, lo definió «como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan»; algo importante es que dejó por sentado que formaba parte del sistema integral de seguridad social de la Ley 100 de 1993.

Al mismo tiempo, sumó a este subsistema, aquellas normas que en materia de salud ocupacional se relacionaran con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y aquellas relativas al mejoramiento de las condiciones de trabajo que para ese momento regían.

Dentro de su objeto incluyó, entre otros, el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de invalidez o muerte que se derivaran de accidente laboral o enfermedad del mismo origen y, contempló, en caso de procedencia de este tipo de prestaciones, en coordinación armónica con el subsistema pensional, que el pensionado se hacía acreedor de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos prevista por la Ley 100 de 1993.

Valga la pena aclarar que si bien el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, que contemplaba lo acá señalado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia CC C452-2002, la motivación de tal decisión se fundamentó en el exceso de la facultad concedida por el legislador; y, en todo caso, permitió que la misma mantuviera sus efectos hasta diciembre de 2002. Por esta razón, en la Ley 776 de 2002, se reprodujo en el artículo 15 igual disposición, e incluyó de manera expresa en el parágrafo 2º del artículo 10 - que regula el monto de la pensión de invalidez tratándose de afiliados- que no habría lugar al cobro simultáneo de la incapacidad temporal y pensión de invalidez y agregó la imposibilidad de recibir pensiones simultáneas por los subsistemas de riesgos y pensional originadas en el mismo evento; el parágrafo dispuso:

[…]

Parágrafo 2°. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.

El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente. (Negrita fuera de texto)

La disposición en cita evidencia que efectivamente el legislador estructuró diferentes garantías a sus afiliados, con base en el riesgo objeto de amparo de tal manera que toda circunstancia derivada del trabajo, sería objeto de las prestaciones del Subsistema de riesgos profesionales, y dado que la invalidez y la muerte también pueden ser consecuencia de hechos que no se relacionan en nada con la actividad profesional, estableció su amparo por el subsistema pensional, razón por la cual, ante un mismo evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la protección según el origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, las prestaciones por los riesgos anotados se tornan incompatibles, pues, se insiste, por el mismo suceso la finalidad de la pensión es la misma, es decir, amparar la contingencia del fallecimiento.

En línea con lo expuesto, dentro del sistema integral de seguridad social quedó expresamente regulada la coordinación armónica entre el sistema de pensiones y el de riegos laborales, pues se reitera ante igual acontecimiento, como es la muerte o la invalidez, no pueden percibirse de manera simultánea pensiones de ambos subsistemas y, en todo caso, de proceder la prestación de origen laboral, se establece de manera coordinada y complementaria el derecho a recibir la indemnización sustitutiva o devolución de saldos en el pensional, según el régimen al que perteneciera el afiliado.

Es de señalar que la situación en precedencia es diferente a la línea de pensamiento mayoritaria que ha sido pacífica y reiterada por parte de esta Sala relativa a la posible compatibilidad pensional, como quiera que estas pensiones mantienen causas, fuentes de financiación, finalidades y regulaciones diferentes, como por ejemplo se explicó en las sentencias CSJ SL17477-2017 y CSJ SL4399-2018.

Así como difiere también en el trato en relación con los pensionados por el Sistema General de Pensiones, que nuevamente ingresan o se mantienen dentro del mundo laboral, puesto que la misma Ley de riesgos laborales contempla la obligatoriedad de cotización al sistema de riesgos laborales de los pensionados, razón por la cual, en el evento de acaecer una nueva enfermedad, o un accidente por el riesgo creado por la nueva labor desempeñada habrá lugar a la prestación correspondiente en riesgos laborales. Hasta aquí la mencionada providencia CSJ SL5092-2020.

Caso concreto

Se recuerda que el señor César Helbert Cerón, falleció el 20 de septiembre de 2015 como consecuencia de un accidente laboral y, por esta contingencia, le fue reconocida a la parte demandante la pensión de sobrevivientes dentro del Subsistema de Riesgos laborales aspecto que está fuera de discusión.

En ese escenario acaecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, mediante el cual se crean el sistema integral de seguridad social con sus subsistemas, el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, que consagran de manera clara que el subsistema de riesgos laborales se encarga de las contingencias de invalidez y muerte originadas con ocasión del trabajo, últimas bajo las cuales, de darse el amparo de origen laboral por invalidez o muerte, generaba en el subsistema pensional la posibilidad de obtener la indemnización sustitutiva, o la devolución de saldos; no les asiste derecho a la señora Sandra Patricia Castro Padilla, en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB, por el mismo hecho que es la muerte, obtener una segunda pensión de sobrevivientes en el sistema pensional. En la colaboración armónica y unificada del sistema, la prestación procedente era la indemnización sustitutiva de la pensión de origen común.

Valga recordar que, por sustracción de materia, en el subsistema pensional, no se amparan contingencias derivadas del origen laboral, y su acción protectora se activa por efectos de contingencias ajenas a la labor profesional, lo cual, a no dudarlo, hubiera excluido la cobertura por la muerte del causante dentro del mismo.

Con sustento en lo expuesto, el Tribunal no incurrió en los dislates que la promotora del proceso le enrostra, por lo que, siendo coherentes con lo discurrido los cargos no salen victoriosos, toda vez que, se itera, dado que la acción protectora del sistema integral de seguridad social se generó por la muerte del señor César Helbert Cerón con ocasión al accidente laboral que este sufriera, no es dable aplicar el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 - modificatoria de la Ley 100 de 1993 -, que regula la pensión de sobrevivientes de origen común; más aún si por este evento a la parte demandante le fue reconocida la pensión de origen laboral y, con ello, dejó de lado el contenido tanto del parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, así como el 15 de la misma norma.

Por último, resulta menester advertir que no es dable la aplicación del principio de favorabilidad argüido por la censura, toda vez que, en puridad de verdad, no existe duda en la aplicación o interpretación de una o más fuentes formales de derecho que regulen en forma diferente la materia debatida, por cuanto, no hay vacilación en que la Ley 776 de 2002, específicamente el artículo 10º, es la que gobierna el asunto bajo escrutinio, normativa, por demás, que se destaca precisamente por su brillantez.

Reiteración del nuevo criterio jurisprudencial

A la luz de lo explicado, la Corte concluye que existe incompatibilidad entre las pensiones de sobrevivientes del sistema general de riesgos laborales y la del sistema general de pensiones, cuando el acto generatriz de la prestación emerge de un mismo evento, acontecimiento o suceso, por lo que la sala reitera la nueva línea de pensamiento adoptada en la sentencia CSJ SL5092-2020.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 5 de febrero de 2020, en el proceso que instauró SANDRA PATRICIA CASTRO PADILLA en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

(Aclara Voto)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Salva Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

No firma por ausencia justificada

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.° 88500

Referencia: Demanda promovida por SANDRA PATRICIA CASTRO PADILLA en nombre propio y en representación de sus menores hijos AAA y BBB contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito Aclarar el voto, en tanto, si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó en el sub judice, en tanto dispuso no casar la sentencia absolutoria del Tribunal, disiento del criterio expuesto para el efecto, específicamente, en lo atinente a incompatibilidad entre la pensión de sobrevivientes del sistema general de riesgos laborales y la del sistema general de pensiones, cuando el acto generatriz de la prestación emerge de un mismo evento, acontecimiento o suceso.

Frente a dicha postura, contrario a lo argumentado por la Sala mayoritaria, en mi juicio, es predicable la compatibilidad de las prestaciones debatidas, siempre y cuando el asegurado haya dejado causado el derecho a la de origen común, en razón a cumplir con la densidad de cotizaciones que la ley vigente al momento del fallecimiento exija para alcanzar la de vejez.

Al efecto, itero las motivaciones expuestas en el salvamento de voto, que hace parte integral del proveído CSJ SL5092-2020, en los siguientes términos:

Al ser la contingencia que cubren o amparan así mismo distinta, dado que una es de origen común, mientras que la otra es por causa de un infortunio de trabajo, tal situación implica una cotización separada a la seguridad social; además que poseen una reglamentación exclusiva y excluyente, y por lo mismo, tienen una fuente de financiación diferentes y autónomas, lo cual hace que se torne procedente el reconocimiento de cada una de ellas, por el respectivo subsistema.

En sentencia CSJ SL4399-2018, se sostuvo que en el Decreto 1295/94 y la Ley 776/02, el legislador fijó parámetros para los eventos en que el sub sistema de riesgos profesionales, hoy laborales, procediera a otorgar pensión de invalidez o sobrevivencia como consecuencia de un infortunio laboral, en cuyo caso el régimen de pensiones común, debía proceder a reconocer la indemnización sustitutiva o devolver los saldos, dependiendo si el asegurado estaba afiliado al RAIS o al RPM; no obstante, también se precisó allí, que tales disposiciones no podían analizarse de manera aislada, sino «dentro de una lectura sistemática, conjunta y armónica de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, puesto que, según los artículos 37 y 66 de esta normatividad, la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos solamente proceden como garantías subsidiarias en caso de no haberse cumplido las exigencias legales para acceder a la pensión de vejez, bien sea en el régimen de prima media o en el de ahorro individual, puesto que, en caso de que un afiliado acredite la totalidad de requisitos, el sistema de pensiones deberá otorgar de manera imperativa la prestación correspondiente al tratarse de un derecho causado y consolidado». (Negrillas fuera de texto original).

En similar sentido, se pronunció esta Corporación en la sentencia CSJ SL17477-2017, que reiteró la CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 34820, rememorada a su vez en la CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 40560, en la que al decidir un caso de similares características al que ahora ocupa nuestra atención, sostuvo:

‘Si una entidad administradora de riesgos profesionales recibe la afiliación de un trabajador subordinado, de un independiente o de un asociado, no puede sostener que no le cabe ninguna responsabilidad cuando se presenta un infortunio laboral, alegando una presunta incompatibilidad entre pensiones de diferentes regímenes que no contempla la ley, de modo que queda esa entidad obligada a cubrir las prestaciones por el riesgo ocasionado’.

Igualmente, debe señalarse que, según el literal K del artículo 4 del Decreto 1295 de 1994, la cobertura del Sistema General de Riesgos Profesionales, se inicia desde el día calendario siguiente de la afiliación. Así las cosas, dicha afiliación produce efectos desde el momento en que se cumplió la anterior condición, sin que le sea posible a la ARP sustraerse de las obligaciones derivadas de la correspondiente afiliación, apoyándose en una presunta incompatibilidad que no establece la normatividad que regula la materia, tal como se indicó anteriormente.’

‘De otra parte, en lo relativo al literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, valga recordar, la reciente sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, radicación No 33558, donde se dijo que éste prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y vejez en un mismo afiliado; sin embargo, al encontrarse ubicada dicha normativa en el libro primero de dicho ordenamiento, debe entenderse que no comprende lo concerniente a riesgos profesionales, que tiene su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. En ese orden, aún con el vigor jurídico que cobró la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de abril de 1994, las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común, entre otras cosas, por la potísima razón de que los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación independientes, toda vez que se cotiza separadamente para cada riesgo’.

‘De otro lado, si bien es cierto, el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, establece la incompatibilidad entre dos pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional, solo habrá lugar a ello cuando tengan origen ‘en el mismo evento’, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, toda vez que se trata de una pensión adquirida por el causante con base a un tiempo de servicio y una edad determinada en la ley y una pensión de sobreviviente originada en un accidente de trabajo ocurrido con posterioridad al estado de pensionado por vejez del fallecido’. (Negrillas fuera de texto original).

‘Así las cosas, considera la Sala, que las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional o, en su defecto, la de sobrevivientes de origen profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común o con éstas sustituidas en sus causahabientes-, por cuanto las primeras provienen de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, y las segundas se derivan de un riesgo común, la cual como lo ha sostenido esta Sala, no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador; además, éstas cubren contingencias distintas, tienen reglamentación diferente; los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación autónomas; y, se cotiza separadamente para cada riesgo’. (Negrillas fuera de texto original)

Y más recientemente, en la providencia CSJ SL1244- 2019, también se plasmó tal criterio doctrinal de compatibilidad entre estas dos pensiones, al analizar un caso en el que el causante falleció en el 2009, para cuando percibía una pensión de invalidez de origen laboral, que le fue sustituida a sus beneficiarios y estos también reclamaban la de sobrevivencia por riesgo común. En aquella oportunidad se dijo:

En el sub lite, como antes se dejó dicho, es un hecho indiscutido que la entidad de seguridad social reconoció a Mera Arango la pensión por incapacidad permanente parcial en un 30% por un periodo inicial de dos años (f.° 101 y 102); sin embargo, dicha prestación, según lo dispuesto en la norma en cita, se tornó en vitalicia como quiera que se prolongó en el tiempo hasta octubre de 2009, esto es, por espacio de 36 años, sin que el ISS la hubiere suspendido; dicho de otro modo, porque no cambiaron las condiciones para su otorgamiento.

Sin embargo, dicha condición de vitalicia no mutó su naturaleza a la de vejez, porque una y otra prestación -pensión de invalidez de origen profesional y pensión de vejez- son diferentes entre sí, en la medida que la primera cubre un riego de origen laboral mientras que la segunda ampara uno de origen común, tienen fuentes de financiación diferentes y pertenecen a regímenes protectorios distintos, de manera que no tienen la misma naturaleza ni finalidad, tal como en forma reiterada y pacífica lo ha adoctrinado esta Sala de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, si bien es cierto como lo afirma la censura, en el pasado esta Corporación sostuvo que las pensiones legales de vejez y de invalidez de origen profesional eran incompatibles por amparar el mismo riesgo, también lo es que tal criterio se revaluó a partir del fallo CSJ SL 33558, 1.° dic. 2009 y se mantiene vigente, como de ello da cuenta el precedente reiterado en múltiples providencias, tales como las sentencias CSJ SL 3153- 2014, CSJ SL9282-2014, CSJ SL10250-2014, CSJ SL17433- 2014, CSJ SL17447-2014, CSJ SL 2096-2015, CSJ SL12155 de 2015, CSJ SL18072-2016 y CSJ SL1764-2018, entre muchas otras.

En las citadas providencias, los derroteros de la Sala para definir la compatibilidad o incompatibilidad de dos pensiones son los siguientes: (i) el origen de la contingencia o riesgo que amparan –criterio principal-, ello siempre que no exista una normativa especial que prohíba la compatibilidad; (ii) la existencia de una reglamentación propia, y (iii) la autonomía de la fuente de su financiación.

En ese contexto, no erró el colegiado de segunda instancia a la luz del ordenamiento jurídico cuando confirmó la decisión de primer nivel, a través de la cual se condenó a la demandada a sustituir a la accionante la pensión de invalidez de origen profesional que en vida disfrutó su cónyuge, pese a que el extinto ISS también le sustituyó la pensión de vejez.

Ello, porque la prestación de origen profesional que le fue reconocida a Mera Arango fundamentada en el Decreto 3170 de 1964 adquirió su carácter vitalicio y es sustituible en los beneficiarios sobrevivientes, conforme lo previsto en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 vigente a la fecha de fallecimiento del causante y lo establecían los artículos 27 y 35 ibidem en favor del cónyuge supérstite, hijos bajo ciertas condiciones e incluso los ascendientes a falta de los anteriores, y la que según el artículo 37 ibidem comenzará a pagarse desde la fecha de fallecimiento del asegurado.

De hecho, la compatibilidad de la pensión de origen profesional con la de origen común, la estableció desde sus inicios el reglamento del Seguro Social en el artículo 35 del citado decreto según el cual, al fallecer un beneficiario de la pensión por incapacidad permanente parcial, sus causahabientes tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes bajo las reglas allí establecidas entre las que dejó plasmada, la posibilidad de recibir «también el derecho a la pensión de sobrevivientes en el seguro social de invalidez, vejez o muerte, en cuyo caso se acumularan las pensiones por los dos conceptos».

Criterio doctrinario que, en los términos descritos, es claro que, no contrarían los principios de integralidad y eficiencia que rigen el sistema integral de seguridad social, en los cuales ahora fundamenta la Sala, la incompatibilidad del derecho prestacional objeto de análisis.

Acorde a lo discurrido, aun cuando en el caso en concreto, el juez plural se equivoca al plantear la incompatibilidad de las prestaciones debatidas, esta mera circunstancia no da lugar al quiebre de dicho proveído, toda vez que, en instancia se llegaría a la misma conclusión absolutoria, en tanto, el causante solo sufragó 808.14 semanas, densidad insuficiente para dejar causado el derecho a la pensión vejez.

En los anteriores términos dejo consignado mi Aclaración de voto.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Sandra Patricia Castro Padilla en nombre propio y en representación de sus hijos menores AAA y BBB

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones

Radicación: 88500

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Pese a que en la respectiva sesión en la que se debatió el asunto anuncié que salvaría el voto, al revisar nuevamente el caso estimo que ello no es necesario, toda vez que advierto que el causante no dejó acreditada las semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, aspecto de suma relevancia, pues solo así podría entenderse que su sustitución en una pensión de sobrevivientes es independiente a la de sobrevivientes originada por la muerte de origen laboral, tal y como lo expresé al salvar el voto en la decisión CSJ SL SL5092-2020 y se extraía del precedente de la Sala establecido en las sentencias CSJ SL, 22 de febrero de 2011, rad. 34820, CSJ SL3153-2014, CSJ SL17477-2017, CSJ SL1044-2019 y CSJ SL 3342-2020.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL207-2022 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.