Por último, advirtió que el trámite administrativo por el reajuste pensional culminó con la expedición de la Resolución n.° 152 del 8 de mayo de 2012, por lo que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda el 10 de octubre de 2018 (folio 24) y, en consecuencia, no habría reajustes susceptibles de reconocimiento con posterioridad al 31 de julio de 2010, momento de la pérdida de vigencia de las condiciones pensionales más favorables contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados.
En apoyo de su decisión citó, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional CC C-387-1994, CC C-110-2206, CC C-089-1997, CC C-155-1997, CC C-111-2006, CC C258-2013, CC SU555-2014, CC SU210-2017, CC T073-2019 y las de esta Corporación CSJ SL, del 25 de nov.2011, rad. 4055, CSJ SL1846-2016, CSJ SL1917-2019, CSJ SL1428-2018.
Así, confirmó el fallo de primera instancia.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión proferida por el juez de primer grado y, en su lugar, «acceda a las pretensiones formuladas en la demanda. Se provea así mismo sobre las costas en ambas instancias y las del recurso de extraordinario».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.
VI. CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia recurrida, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos «16 numeral 2º, 467, 479, 480 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación de medio); 1 (Parágrafo 3) de la Ley 4ª de 1976; 14 de la Ley 100 de 1993» Así mismo, el «Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 3º, Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, Parágrafo 3º; artículos 13 y 53 de la Constitución Nacional [sic]».
Como errores evidentes de hecho relaciona los siguientes:
No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, FUE INCORPORADA, en su integridad, a la Convención Colectiva de Trabajo, 1976-1977, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, como fuente autónoma de derechos, de manera plena e incondicionada y sin perjuicio de la vigencia del referido texto legal.
DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, NO FUE INCORPORADA, en su integridad, a la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, como fuente autónoma de derechos, de manera plena e incondicionada y sin perjuicio de la vigencia del referido texto legal.
DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta NO se plasmó la voluntad de las partes contratantes, de incorporar en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR su vigencia.
NO dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta, SE plasmó la voluntad de las partes, de incorporar en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de mantener su vigencia, sin sujeción de la vigencia del referido texto legal.
NO dar por demostrado, estándolo que el Acto Legislativo 01 de 2005, NO desconoció los derechos adquiridos de los pensionados.
DAR por demostrado, sin estándolo que el Acto Legislativo 01 de 2005, desconoció derechos adquiridos de los pensionados.
DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que las Convenciones Colectivas de Trabajo, celebradas entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con posterioridad a la suscrita el 23 de marzo de 1976, NO conservaron la vigencia de la Cláusula 15 de esta última, pese a que las mismas establecen que los derechos convencionales no modificados continuaban vigentes.
NO DAR por demostrado, ESTÁNDOLO, que las Convenciones Colectivas de Trabajo, celebradas entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con posterioridad a la suscrita el 23 de marzo de 1976, MANTUVIERON la vigencia de la Cláusula 15 de esta última, al establecer que los derechos no modificados continuaban vigentes.
Asevera que los mencionados yerros provienen de la apreciación errónea de las «Convenciones Colectivas de trabajo allegadas al proceso con la respectiva constancia de depósito en el Ministerio del Trabajo».
Después de transcribir apartes de la sentencia impugnada, aduce que el juzgador concluyó de manera desatinada que no «existió incorporación normativa puntual de un derecho al reajuste pensional bajo la metodología establecida en el artículo 1º de dicha ley y el límite del quince por ciento (15%) consagrado en el parágrafo tercero (3º) de este artículo, porque la norma no reprodujo o incorporó derechos legales concretos al texto convencional, no regula la permanencia de los beneficios como derecho autónomo, más allá de la vigencia de la ley», pues la «génesis del Estado Social de Derecho consiste en la sujeción de los asociados al orden jurídico establecido, sin que sea menester la manifestación expresa de cada uno de ellos de su acogimiento al mismo, su exteriorización escrita de aceptación, o que realice la inclusión de las leyes en cada uno de los negocios jurídicos que celebra, por consiguiente, no es obligatorio, necesario, conveniente, ni tampoco se exige que al celebrar una convención colectiva de trabajo, las partes contratantes indiquen que darán cumplimiento a una ley».
Explica que la inclusión en un contrato colectivo de una ley, bien sea transcribiéndola literalmente, en forma total o parcial, o haciendo mención o remisión a ella, con la anotación de que se le dará aplicación, implica la incorporación de ésta como derecho autónomo que, a partir de su inclusión en el contrato colectivo sigue las consecuencias propias de la Convención Colectiva de Trabajo y no las de la norma jurídica de carácter legal, pues pugna a la lógica y a la hermenéutica jurídica considerar que tal actuación no tiene ninguna significación ni implicación, porque la ley de por sí es obligatoria para las partes contratantes, además, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura al devenir de la Convención Colectiva de Trabajo, con independencia de las consecuencias que corra la norma jurídica, cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo.
Afirma que, en contravía de los precedentes jurisprudenciales y del principio de favorabilidad, del in dubio pro operario, cuya aplicación no es optativa, sino imperativa, como expresamente lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política, la sentencia gravada desconoce el carácter vinculante que tiene «la convención colectiva de trabajo para las partes, pese a la REMISIÓN inequívoca a la Ley 4ª de 1976, que hace a través de la cláusula 15 de la Convención Colectiva 1976-1977».
Asevera que el fallador al producir la absolución de la parte demandada con base en la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, que limitó la vigencia de los pactos convencionales que establecían prerrogativas pensionales contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados hasta el 31 de julio de 2010, desconoció los derechos adquiridos que, si bien su cuantificación económica se declaró prescrita, a partir del 10 de octubre de 2015, teniendo en cuenta la presentación de la demanda el 10 de octubre de 2018, no se puede, en derecho, desechar la incidencia de los citados incrementos pensionales, de origen convencional, desde el 1º de enero de 2005 hasta el 31 de julio de 2010, fecha en que cobró vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, ni sus efectos económicos posteriores a dicha fecha, negando el reconocimiento del derecho pensional a los reajustes adquiridos durante la vigencia del artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, causando con ello un perjuicio evidente.
VII. RÉPLICA
El escrito de oposición se puede sintetizar así:
Sobre la demanda de casación, afirma que el cargo se encuentra indebidamente formulado, puesto que «lo que realmente se censura no es que el ad quem haya incurrido en un error determinado por la aplicación de una norma a un hecho no previsto en su supuesto fáctico, sino a una interpretación errónea materializada, de acuerdo con sus argumentos, en la asignación de un sentido o alcance diferente a las disposiciones en comento […]», de manera que, la vía correcta de ataque era la directa.
Por otra parte, precisa el recurrente que si bien la línea de pensamiento de esta Corporación, ha entendido que un aparte legal no vigente puede seguir produciendo efectos, al haber sido incluido en una convención colectiva; ello solo puede tener lugar, cuando tal voluntad se extracta, de forma inequívoca, del acuerdo convencional.
Añade que, de la lectura al artículo 15 del acuerdo colectivo, no puede extractarse la voluntad de «incorporar» o «adoptar el contenido» sino de dar cumplimiento al texto legal, a lo que agrega, el no incluirse «[…]una reproducción de la fórmula de reajuste en ella prevista ni se dijo que la misma se incorporaría o aplicaría con independencia de su vigencia».
Relata como hecho relevante, el momento histórico en que se adoptó la Convención Colectiva 1976-1977, el que obligaba a prever la necesidad de darle cumplimiento a la Ley 4ª de 1976, lo que por demás era entendible, dada la proximidad de su promulgación con la fecha en que se suscribe el texto convencional. De ahí que, lo único a derivarse, es un compromiso de la Universidad de dar aplicación a una norma que en su momento estaba vigente.
Indica que, un incremento del 15% anual desbordaría cualquier «sistema de pensiones y sería contrarió[sic] a los principios que rigen el Sistema de Seguridad Social en pensiones, tales como el de unidad, solidaridad, eficiencia y, principalmente, sostenibilidad, que rigen el sistema de seguridad social».
Propone que, si en gracia de discusión se considerara que las previsiones de la Ley 4ª de 1976, se traducen en el reajuste pensional, lo cierto era que no son aplicables al caso en estudio, por cuanto el accionante adquiere la calidad de pensionado solo hasta el año 1997 y en el artículo 15 del acuerdo colectivo, no fue incluido el derecho al reajuste pensional para quienes se pensionaran después de su suscripción.
Agrega que, la interpretación que se extiende en las instancias a la cláusula convencional, no pugna con el sentido común que de ella deviene, y en sustento de tal afirmación, trascribe la providencia que identifica como «del 22 de noviembre de 2004. Radicado 23302».
Finaliza al expresar que, atendiendo las previsiones consignadas en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el carácter de orden público de las normas que integran el sistema general de seguridad social en pensiones, al expedirse la Ley 100 de 1993, que prevé los aumentos a materializarse ante la existencia de dicha normativa, «la cual rige incluso frente a los pensionados bajo el rigor de la Ley 4ª de 1975[sic], no es viable pretender la protección de un supuesto derecho adquirido que es contrario a las leyes[…]».
VIII. CONSIDERACIONES
En lo atinente al reproche de orden técnico que aduce la réplica, habrá de decirse que no se encuentra llamado a prosperar, por cuanto en la línea de pensamiento de esta Corporación, ha examinado las convenciones colectivas de trabajo, dado su contenido probatorio, bajo el amparo de la de la causal primera de casación. De manera que, al predicar los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente jurídica a la vez (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), nada impide que, como en el caso en estudio, se acuda a la vía indirecta para cuestionar el entendimiento que se le otorga a un aparte convencional y pese a que el contenido del embate, cuente con algunas apreciaciones jurídicas.
Resuelto lo anterior, al descender al caso en estudio y pese a dirigirse el cargo por la vía indirecta, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) el señor Isidro de Jesús Gallego Agudelo prestó sus servicios a la Universidad de Antioquia entre el 29 de octubre de 1984 y el 19 de diciembre de 2004, y (ii) mediante Resolución n.° 003 del 20 de enero de 2005, la Universidad de Antioquia le reconoció pensión de jubilación, a partir del 20 de diciembre de 2004, con fundamento en el Acuerdo Colectivo 1976-1977.
El juez de segunda instancia para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, indicó, en estricto rigor, que en la cláusula 15 del texto convencional, no se consagró de manera puntual un derecho al reajuste pensional, dado que las partes no dispusieron la incorporación de la Ley 4ª de 1976, pues «solo puede inferirse que el querer de quienes suscribieron la referida convención, fue el de hacer una simple remisión normativa a la Ley 4ª de 1976, mas no una consagración puntual de un derecho al reajuste pensional bajo la metodología establecida en el artículo 1º de dicha ley».
De manera que, le corresponde a la Sala, determinar si el colegiado incurrió en un error protuberante de hecho, al considerar que, la interpretación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4ª de 1976, no debe aplicarse a la pensión que disfruta el accionante.
Sobre este particular, recordemos que la Corte ha doctrinado que la finalidad del recurso de casación no es la de establecer el sentido de las normas convencionales, sino el determinar si el juez de segunda instancia incurrió en un error de derecho o hecho en su apreciación, es decir, dando por acreditado un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir una determinada solemnidad para la validez del acto, como es en el caso del depósito, o al cometer un error de valoración probatoria flagrante, grosero y evidente, al dar por probado un hecho, sin estarlo, o no darlo por probado, estándolo, como consecuencia de la pretermisión o valoración equivocada de prueba calificada, entre ellas, los acuerdos colectivos debidamente depositados. (CSJ SL1240-2019)
Y es por lo anterior, que se ha consentido por esta Sala que, para resolver conflictos relacionados con la interpretación a cláusulas convencionales, se acuda a la aplicación del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para determinar la existencia o no de un error de hecho, es decir, respetando la facultad de libre apreciación de la prueba, que se regula por los principios de razonabilidad y reglas de la experiencia, aun cuando no esté de acuerdo con la decisión del colegiado, pues dicho precepto garantiza la autonomía e independencia judicial, como elementos estructurales del Estado de derecho, conforme a los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
En ese horizonte, tenemos que el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, nos indica lo siguiente:
Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.
PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.
Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.
PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).
Pues bien, en torno a su interpretación, esta Corporación, recientemente, en un caso de idénticos contornos al hoy sometido a estudio, mediante la sentencia CSJ SL1149-2022, reiterada en la CSJ SL1945-2022, sostuvo:
[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.
Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.
De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.
Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.
De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:
El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.
Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.
Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.
Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.
Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.
(…)
Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.
Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).
Al atender el anterior lineamiento jurisprudencial, cambiando lo que haya que cambiar, resulta desacertada la interpretación que el colegiado le extendió al aparte convencional antes trascrito, para con ello inferir que, al accionante, no le era aplicable el reajuste pensional que aparece previsto en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
De esta manera, recapitulando lo dicho en la mentada providencia CSJ SL1149-2022, y en especial, para dar respuesta a la réplica:
[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.
Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.
En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».
Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por el recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquél se encuentra pensionado desde el año 2004, a través de la Resolución n.° 003 del 20 de enero de 2005 (folios 28 y 29), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que ésta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo establecido en el plurimencionado acuerdo colectivo.
De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor del accionante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación -2004-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido, la acusación sale avante y, en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación, dada su prosperidad.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría de la Sala se oficie a la Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 20 de diciembre de 2004 y, en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
Asimismo, se oficiará a Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez al demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de octubre de 2020, en el proceso ordinario que promovió ISIDRO DE JESÚS GALLEGO AGUDELO contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por Secretaría de la Sala, se oficie a:
1.- La Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 20 de diciembre de 2004 y, en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
2.- Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez al demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
Sin costas en casación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR